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    Ellis Irving Rodríguez Cancel y Milagros Jusino Torres et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica, demandada y recurrente.

      Número: R-83-462

      Resuelto: 10 de junio de 1985

      Alberto Picó, de Brown, Newson & Córdova, abogado de la parte recurrente; César A. Hernández Colón, abogado de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En la madrugada del día 5 de enero de 1980 se desató un fuego en un poste propiedad de la Autoridad de Energía Eléc-trica de Puerto Rico al ocurrir una avería en un equipo de me-dición de la referida Autoridad instalado en el mencionado poste, el cual estaba situado en el patio del hogar donde residía el Sr. Ellis Irving Rodríguez Cancel y su familia, localizado el mismo en las Parcelas del Barrio Barinas, Yauco, Puerto Rico. Tanto los miembros del cuerpo de bomberos del referido pueblo que acudieron a apagar el incendio como el señor Ro-dríguez Cancel notificaron de ello a la Autoridad de Energía Eléctrica. Empleados de dicha agencia acudieron al lugar procediendo, alegadamente, a reparar la avería, autorizando a la familia Rodríguez Cancel a regresar a su casa.

Alrededor de las 8:00 A.M. del mencionado día —víspera del Día de Reyes— el menor de doce (12) años de edad Ellis Irving Rodríguez Jusino vino en contacto con un bajante a tierra, que era parte del citado equipo de medición y que ha-bía quedado energizado por motivo de la avería ocurrida, re-cibiendo una fuerte descarga eléctrica.

Testigo de la referida escena fue la Sra. Milagros Jusino Torres, madre del menor Ellis Irving. Ante los gritos de desesperación de la mencionada dama, vecinos de la familia acudieron al lugar procediendo a llevar al infortunado menor al Hospital de Área de Yauco, de donde posteriormente fue trasladado al Hospital de Damas de Ponce, Puerto Rico. Dada su crítica y delicada condición —agravada por el hecho de su-frir, inclusive, un infarto del miocardio— fue atendido en dicha institución hospitalaria por una docena de especialistas en distintas ramas de la medicina, permaneciendo recluido en la misma hasta el día 5 mayo de 1980. Al ser dado de alta, la condición de Ellis Irving era una de total invalidez, tanto desde el punto de vista físico como mental.

A raíz de la ocurrencia del accidente, los padres del me-nor, a nombre propio y en representación de la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos, así como de Ellis Irving y sus tres (3) hermanos, y los abuelos paternos de este último radicaron una demanda en daños y perjuicios contra la Auto-ridad de Energía Eléctrica ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce. Luego de varios incidentes proce-sales, la Autoridad —quien en el comienzo no sólo había negado responsabilidad por el accidente sino que negó la ocu-rrencia misma de éste— aceptó como un hecho no controver-tido la negligencia alegada, quedando limitada la controver-sia a la determinación y valorización por el tribunal de los daños sufridos por los demandantes.

El tribunal de instancia, luego de escuchar la prueba presentada por ambas partes, condenó a la Autoridad de Energía Eléctrica al pago de las siguientes sumas de dinero:

A. Por los sufrimientos y angustias mentales de los padres, abuelos paternos y hermanos del menor accidentado:

1. Ellis Irving Rodríguez Cancel (padre) . $100,000
2. Milagros Jusino Torres (madre) . 100,000
3. Ramón Rodríguez Muñiz (abuelo) .... 75,000
4. María Cancel Santiago (abuela) . 50,000
5. Yeroly Rodríguez Jusino (hermana) .. 15,000
6. Albert Rodríguez Jusino (hermano) .. 15,000
7. Felipe Rodríguez Jusino (hermano) .. 15,000

B. Por concepto de gastos especiales incurridos por la so-ciedad legal de gananciales compuesta por los padres del me-nor . $6,953

C. Al menor Ellis Irving Rodríguez Jusino:

1.Por las lesiones sufridas y las incapaci-dades físicas y mentales sufridas a con-secuencia de las mismas. $200,000
2. Por sus sufrimientos físicos y angustias mentales pasadas, presentes y futuras . 150,000
3. Por la merma permanente en su capa-cidad para generar ingresos. 416,708

En adición a lo anteriormente señalado, el tribunal de instancia estableció un innovador y abarcador plan de rehabi-litación bajo la supervisión directa de un médico coordinador, sujeto el mencionado plan a la periódica evaluación del tribunal. El referido facultativo tendría bajo sus órdenes un sin-número de médicos especialistas en distintas áreas de la medi-cina, todo ello con el propósito de “intentar” rehabilitar al menor Ellis Irving Rodríguez Jusino. A esos efectos, la sen-tencia dictada dispone para que la Autoridad preste “una fianza por la suma de Cien Mil Dólares ($100,000.00), la cual se mantendrá en vigor hasta tanto” el tribunal de instancia determine que “Ellis Irving haya derivado el óptimo bene-ficio que permita su condición del plan de rehabilitación”.

Inconforme con la sentencia dictada, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico acudió en revisión ante este Tribunal. Expedimos el auto solicitado. En el alegato que ra-dicara la Autoridad, pág. 4, plantea las siguientes “cuestio-nes” :

I — El Tribunal Superior exagera el estado de salud y la incapacidad del menor Ellis Irving.
II — La suma de $416,708.00 concedida por lucro cesante fue fijada a base de criterios erróneos que no son los que repetidamente ha establecido este Hon. Tribunal, y dicha cantidad es además a todas luces exagerada.
III — La indemnización por “lucro cesante” no procede en este caso y la verdadera indemnización deb[e] ser una suma de dinero por incapacidad física y mental del menor, incluyendo la posible disminución en su capacidad para generar ingresos, y los gastos médicos futuros que puedan anticiparse razonablemente.
IV — El Tribunal recurrido concedió partidas de daños por sufrimientos físicos y angustias mentales al menor y sus familiares que en total ascienden a $520,000.00, cantidad que es exageradamente alta y debe ser redu-cida por este Hon. Tribunal.
V — La condena adicional impuesta a la Autoridad deman-dada de sufragar un extenso plan de rehabilitación del menor sin término fijo es impropia y opresiva, y en su lugar los posibles gastos médicos futuros deben ser parte del total de la indemnización a que tenga derecho el menor demandante por incapacidad física y mental.
VI — No procede la condena a esta Autoridad en honorarios de abogados.
VII — El Tribunal Superior erró al aprobar, por concepto de costas, partidas excesivas e irrazonables.

Señalamientos I y IV

I. Como es de esperarse en casos en que un ser humano sufre una condición de anoxia cerebral —consecuencia ésta de un paro cardiorespiratorio, producido el mismo por una fuerte descarga eléctrica— el cerebro del menor accidentado resultó damnificado, afectándose tanto sus facultades mentales como las motoras. Sobre ello no difieren los testigos peritos presen-tados tanto por la parte demandante como por la parte de-mandada. Lo que sostiene y alega la recurrente Autoridad de Energía Eléctrica, mediante su primer señalamiento, es que la determinación que hiciera el tribunal de instancia a los efectos de que las “evaluaciones neurológicas, psiquiátricas y psicológicas que le fueran practicadas a Ellis Irving durante el 1982 revelan una incapacidad total en el presente, tanto por razones físicas como por razones mentales, pero principal-mente por [e]stas últimas” es una “inexacta y exagera-da” ; en otras palabras, su contención es de que la prueba pre-sentada en el presente caso resulta ser insuficiente para sos-tener la antes transcrita determinación.

Dicha determinación, naturalmente, está basada prin-cipalmente en la prueba pericial que fuera presentada y ad-mitida durante el proceso celebrado. Sabido es que en lo refe-rente a la evaluación y apreciación de la prueba médica peri-cial este Tribunal está en la misma posición que los tribunales de primera instancia. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Velazquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980).

Un examen detenido y minucioso de toda la prueba pre-sentada en el presente caso —en especial, la de carácter peri-cial— nos convence de que la determinación que hiciera el tribunal de instancia a los efectos de que el menor accidentado estaba, a la fecha del proceso, total y completamente incapa-citado es una que está ampliamente sostenida por la referida prueba. Tan permanente e incapacitante, en opinión de los peritos, es el daño sufrido por el referido menor que práctica-mente todos ellos están acordes en que las posibilidades de re-cuperación de Ellis Irving son completamente inciertas, im-predecibles e improbables, no importa el tratamiento que se le brinde. Deseamos señalar respecto a este punto, por último, que hemos examinado la película que le fuera tomada al menor mientras éste almorzaba en unión a su familia inmediata en un restaurante público. La misma fue presentada en eviden-cia por la parte demandada con el propósito aparente de de-mostrar que la incapacidad del menor no era de la magnitud alegada. A nuestro juicio demuestra todo lo contrario; esto es, un niño que, a pesar de tener conciencia de lo que sucede a su alrededor, está condenado a no ser una persona normal el resto de su vida.

IV. Como certeramente expresáramos hace algunos años, la gestión judicial de estimación y valoración de daños es una difícil y angustiosa, no existiendo un sistema mecánico que nos permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975). El presente caso es un ejemplo vivo de lo anteriormente expresado. ¿Cómo medir y valorizar en términos monetarios el sufrimiento y la desesperación, presente y futura, de un niño de doce años que se da cuenta de que ya no puede, ni podrá, hacer lo que antes con tanta facilidad realizaba y que ahora le resulta difícil comprender lo que antes tan fácilmente captaba y entendía? ¿Qué valor en dinero le vamos a dar al dolor inmenso y desgarrador que días tras días sienten, y sentirán, ese padre y esa madre al tener que enfrentarse a la cruel y dura realidad de un hijo que ya nunca más será el que era y el que pudo haber sido?

No hay duda de que en relación con esta difícil y angustiosa labor de estimación de daños, los tribunales de instancia, de ordinario, están en una mejor posición que los tribunales apelativos para evaluar la situación por cuanto son los que tienen contacto directo con la prueba que a esos efectos presenta la parte que los reclama. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978). Ahí la razón para la norma de abstención judicial; esto es, de que este Tribunal no intervendrá con la decisión que a ese respecto emitan los tribunales de instancia a menos que las cuantías concedidas sean ridiculamente bajas o exageradamente altas, Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971), Urrutia v. A.A.A., supra, y de que la parte que ante este Tribunal solicita la modificación de las sumas concedidas a nivel de instancia viene obligada a demostrar la existencia de las circunstancias que hacen meri-torio el que se modifiquen las mismas. Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757 (1978).

A esos efectos, la parte demandada-recurrente nos señala y argumenta que las cuantías concedidas en el presente caso por concepto de angustias y sufrimientos mentales tanto al menor accidentado como a sus padres, abuelos y hermanos son “exageradamente altas”, sobre todo, cuando las mismas son comparadas con las cuantías concedidas y aprobadas por este Tribunal en casos “similares” anteriores. Como sabemos, no hay dos casos exactamente iguales; cada caso se distingue por sus propias y variadas circunstancias. Es por ello que —a pesar de que es aconsejable que los tribunales de instancia utilicen como guía o punto de partida las cuantías concedidas por este Tribunal en casos “similares” anteriores— la decisión que se emita en un caso en específico en relación con esta materia no puede ser considerada como precedente obligatorio para otro caso. Vda. de Silva v. Auxilio Mutuo, 100 D.P.R. 30 (1971); Baralt v. Báez, 78 D.P.R. 123 (1955).

Si bien es correcto, como señala la parte recurrente, que un análisis de nuestra jurisprudencia demuestra que nunca antes se han concedido sumas de dinero tan elevadas por con-cepto de sufrimientos y angustias mentales, no es menos cierto que el caso de autos es uno que presenta una situación excepcional en cuanto a la magnitud de los referidos daños. Hemos examinado cuidadosamente las determinaciones de hecho que a esos efectos realizara el tribunal de instancia. Las mismas están sostenidas por la prueba presentada. Dichas de-terminaciones nos llevan a la conclusión de que procede la con-firmación de las sumas de dinero concedidas por el tribunal de instancia al menor accidentado y a los padres y her-manos de éste por concepto de sufrimientos y angustias mentales, ya que las mismas no son “exageradamente altas”. Urrutia v. A.A.A., ante. No así las concedidas a los abuelos del referido menor; en cuanto a éstos, consideramos proce-dente reducir la suma concedida a Ramón Rodríguez Muñiz (abuelo) de $75,000 a $35,000 y la concedida a María Cancel Santiago (abuela) de $50,000 a $25,000.

Señalamiento V

La parte demandada recurrente plantea que la obligación que le impuso el tribunal de instancia de sufragar un plan de rehabilitación —sin término de duración fijo y de costo inde-terminado— es una “impropia y opresiva” y que los “gastos médicos futuros deben ser parte del total de la indemnización a que tenga derecho el menor demandante por incapacidad física y mental”. A estos últimos efectos, nos cita los casos de Irizarry v. Pueblo, 75 D.P.R. 786 (1954) y Corchado v. Fernández Carballo, 88 D.P.R. 100 (1963).

Es correcto que nuestra jurisprudencia, en situaciones como la del caso de autos, ha sido a los efectos de tomar en cuenta, o incluir, los posibles gastos médicos futuros en la fi-jación de la cuantía total de indemnización en dinero que finalmente se le ha concedido al reclamante. Véanse: Colón v. Gobierno de la Capital, 62 D.P.R. 25, 36 (1943); Irizarry v. Pueblo, supra, pág. 793; Lafontaine v. Municipio, 79 D.P.R. 583, 586 (1956); Acosta Vargas v. Tió, 87 D.P.R. 262, 280 (1963); Rodriguez v. N. A. Co. of America, 96 D.P.R. 874, 878 (1969); Rivera v. Rivera Rodríguez, 98 D.P.R. 940, 945 (1970), y Gallart v. P.R. Telephone Co., 100 D.P.R. 128, 130 (1971).

No es menos cierto, sin embargo, que bajo las disposiciones del Art. 1802 de nuestro Código Civil, aquel que como consecuencia de sus actos u omisiones culposas o negligentes le causa daños a otro viene obligado a reparar el daño causado; que la doctrina nos señala que la reparación puede verificarse de dos formas o maneras, a saber: (a) la reparación natural o reintegración en forma específica, o (b) la indemnización en dinero; que la mencionada primera alternativa, o sea, la de restablecer al perjudicado a la situación en que se hallaba antes de sufrir el daño, constituye la solución ideal; que únicamente debe acudirse a la indemnización en dinero si el restablecimiento de la condición original no es factible, y que la forma en que habrá de efectuarse la reparación la determinarán los tribunales tomando en consideración las características particulares de cada caso. Véanse: J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. IV, pág. 917; J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 253; J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1981, pág. 281 et seq.; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. III, págs. 189-190; A. De Cupis, El Daño, 2da ed. (A. Martínez-Sarrión, traductor), Barcelona, Ed. Bosch, 1975, págs. 588, 811, 812 y 826; H., L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil (L. Alcalá-Zamora, traductor), Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-Amériea, 1960, Yol. II, Parte II, pág. 395 et seq.; A. Borrell Maciá, Responsabilida-des derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, págs. 244-248; C. Rogel Vide, La res-ponsabilidad civil extracontractual en el Derecho español, Madrid, Ed. Civitas, 1977, pág. 112.

Ello no obstante, debe reconocerse que la aplicación de la norma sobre reparación in natura resulta en la práctica de difícil aplicación, lo que ha causado que los tribunales op-ten en muchas ocasiones por el “camino más fácil” de la indemnización en dinero. Como expresara Santos Briz en su obra La Responsabilidad Civil, op. cih, págs. 285-286, la “dificultad verdadera radica en que en muchos casos no es posible en supuestos de actos ilícitos extracontractuales una restitución al estado anterior al daño (lesiones corporales que dejen secuelas, sufrimientos morales, ganancias frustradas, causas hipotéticas del daño, etcétera). En estos casos únicamente tendrá lugar la indemnización en dinero”. En adición, debe mantenerse presente que, de ordinario, las dos alternativas de reparación de un daño son mutuamente excluyentes. Esto es, que allí donde ocurre la total reparación in natura, no cabe la indemnización en dinero, y, donde se indemniza en dinero la totalidad del daño sufrido, no procede la reintegración en forma específica. Como expresa Puig Brutau, el “resarcimiento o indemnización pecuniaria consiste en atribuir al perjudicado la cantidad de dinero suficiente para compensar su interés perjudicado. Es como una subrogación real en la que él dinero ocupará el lugar de los daños y perjuicios sufridos. Es una atribución pecuniaria que crea una situación patrimonial que equivale a la destruida por el daño causado”. (Énfa-sis suplido.) Y es que ello tiene que ser así; de lo contrario, podría haber un “enriquecimiento injusto” por parte del per-judicado. Véanse: De Cupis, op. cit., pág. 753, y H. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1980, Vol. I, pág. 8-2.

Examinados los hechos del presente caso a la luz de los principios antes enunciados, resulta forzosa la conclusión de que erró el tribunal de instancia al disponer para el estable-cimiento del mencionado plan de rehabilitación en la sentencia que emitiera. En primer lugar, debemos recordar que el refe-rido tribunal determinó, como cuestión de hecho, que el menor accidentado está total y completamente incapacitado, tanto desde un punto de vista físico como mental. Tan es así que dicho tribunal le concedió al referido menor por “las le-siones ... y las incapacidades físicas y mentales sufridas a consecuencia de las mismas” (énfasis suplido) la suma de $200,000. En otras palabras, el tribunal de instancia en-tendió procedente el reparar el daño sufrido por el menor accidentado mediante una indemnización en dinero; no era procedente, en su consecuencia, el ordenar adicionalmente la reparación in natura del mismo. De Cupis, op. cit., pág. 753. En segundo lugar, en vista de los hechos particulares del pre-sente caso, la indemnización en dinero es la alternativa pro-cedente en el mismo. Recordemos que la prueba pericial fue a los efectos de que las posibilidades de recuperación de Ellis Irving son inciertas, impredecibles e improbables. Ello hace, repetimos, que lo más aconsejable en el presente caso sea el que se le indemnice en dinero la incapacidad que sufre.

Resolvemos, en su consecuencia, que a pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico no existe barrera alguna para que en un caso apropiado un tribunal pueda disponer que el daño sufrido por el perjudicado, producto el mismo de un acto u omisión culposo o negligente, sea reparado en forma específica o in natura, el presente caso no es uno de ellos.

Señalamientos II y III

Mediante los señalamientos arriba mencionados, la parte recurrente ataca la concesión de la suma de $416,708 al menor accidentado por concepto de “lucro cesante”. Este Tribunal recientemente tuvo la oportunidad de expresarse respecto a esta materia en el caso de Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 306 (1985). Expresamos en dicho caso —ante la concesión por parte del tribunal de instancia de una suma de dinero por concepto de “lucro cesante” a un menor de edad que advino incapacitado debido a la negligencia del demandado— que cobijándole a los menores “las presunciones de una vida y desarrollo normal”, aun aceptando que “estamos en la dimensión de lo conjetural”, no hay duda de que “se ha destruido como ser humano su potencial de ingresos”, por lo que ante “la alternativa de negar toda compensación, creemos que ese daño —materialmente cierto— debe ser reparado, aun cuando sólo sea en mayor o menor grado de aproximación”. Aclaramos que la “compensación no va dirigida a sustituir ingresos —porque no los haya— sino a indemnizar mediante una suma global el potencial frustrado de generarlos ante la realidad de ese daño”. A esos efectos enfatizamos que en esta clase de situación no “procede, pues, la aplicación rígida e inflexible de fórmulas matemáticas”, enumerando los “factores apropiados” que los tribunales deben tomar en consideración al conceder la indemnización, en forma de suma global, por el concepto que denominamos “menoscabo del potencial de gene-rar ingresos”.

En vista de lo anteriormente expresado, procede la eliminación de la suma de $416,708 concedida en el presente caso por el tribunal de instancia al menor accidentado por concepto de lucro cesante. Dicha suma de dinero es el resultado de la aplicación de una fórmula similar a las utilizadas, y aceptadas por este Tribunal, en casos de adultos. La misma no “toma en cuenta el alto grado de especulación que, según hemos reconocido, existe en casos de menores”. Ruiz Santiago v. E.L.A., ante.

A la luz de lo resuelto en el citado caso de Ruiz Santiago v. E.L.A., ante, y en vista de los hechos específicos del pre-sente caso, analizados los mismos tomando en considera-ción los “factores apropiados” establecidos en la referida de-cisión, consideramos razonable la concesión de la suma global de $40,000 por concepto del “menoscabo del potencial de generar ingresos” sufrido por el menor Ellis Irving Rodrí-guez Jusino.

Señalamientos VI y VII

VI. La Autoridad de Energía Eléctrica solicita la elimina-ción de la condena en honorarios de abogado que le impusiera el tribunal de instancia en el presente caso, alegando, en primer término, que la misma es improcedente como cuestión de derecho en vista de las disposiciones de la Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 y lo resuelto por este Tribunal en Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983). En la alternativa, y como segundo fundamento, plan-tea que la condena en honorarios no puede sostenerse por cuanto ella no fue temeraria ya que “aceptó” la negligencia alegada por la parte demandante.

A. Es correcto que en el citado caso de Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, resolvimos, en lo pertinente, que sólo pudiendo una parte ser temeraria “una sola vez”, al amparo de las disposiciones de la Regla 44.3 (b) tanto el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como “sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial” no sólo están exentos de la imposición, por razón de temeridad, de intereses legales en pleitos sobre cobro de dinero y daños y perjuicios, sino también de la imposición de honorarios de abogado en ese tipo de litigios. Alega la Autoridad que siendo ella una “instrumentalidad” del Estado Libre Asociado, la condena en honorarios que se le impusiera es improcedente como cuestión de derecho. No le asiste la razón; veamos por qué:

En primer lugar, si bien es cierto que la Autoridad de Energía Eléctrica es, en el amplio sentido de la palabra, una “instrumentalidad” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no es menos cierto que ésta en realidad “es una corporación con existencia y personalidad legales separadas y aparte de la del Gobierno y de la de los funcionarios que la controlan”. 22 L.P.R.A. sec. 193. La recurrente es una “entidad pública-privada” por cuanto no obstante ser una corporación pública goza de la estructura corporativa de una privada, funcionan-do en forma totalmente independiente del Gobierno de Puerto Rico, cf. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), te-niendo facultad para “[d]emandar y ser demandada, denun-ciar y ser denunciada, querellar y defenderse en todos los tribunales”. Véase 22 L.P.R.A. sec. 196(e). En otras palabras, posee todos los derechos y deberes de una parte o litigante privado.

En segundo lugar, resulta sumamente interesante el hecho de que la Regla 44.4 (e) de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 —la regla equivalente a la vigente Regla 44.3(b)— eximía del pago de interés legal por temeridad al Estado Libre Asociado, a sus municipios, sus agencias y a las corporaciones públicas. Su terminología, como hemos visto, fue enmendada en las Reglas de 1979 al omitirse la referencia a las corporaciones públicas. Ello, a nuestro juicio, es indicativo de que en opinión del legislador las corporaciones públicas no deben gozar del privilegio de estar exentas del pago de honorarios de abogado y de intereses legales por razón de temeridad. Evidencia adicional de lo antes expresado, por último, lo constituye el hecho de que cuando el legislador ha querido eximir a una “corporación pública” del pago de dichos conceptos, así lo ha dispuesto expresamente. Ese es el caso, a manera de ejemplo, de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico. Véase Gil v. C.R.U.V., 109 D.P.R. 551, 556 (1980).

B. El segundo fundamento aducido por la Autoridad en apoyo de su contención de que resulta improcedente la con-dena en honorarios de abogado es igualmente inmeritorio. Si bien es correcto, como expresa la recurrente, que ella aceptó la negligencia que le fuera imputada, dicha aceptación fue con posterioridad a haber negado la misma en la contestación a la demanda que originalmente radicara, en la cual la recurrente, inclusive, negó la ocurrencia misma del accidente. En este sentido, su conducta fue temeraria. Cf. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983). Consideramos, sin embargo, que la suma impuesta por ese concepto debe ser redu-cida de $25,000 a $10,000.

VII. Mediante el último señalamiento, la Autoridad de Energía Eléctrica cuestiona la aprobación por parte del tribunal sentenciador del memorando de costas radicado por la parte demandante, en específico, las cuantías aprobadas por concepto de honorarios de peritos, tildándolos de “excesivos e irrazonables”.

Dicha materia, como es sabido, está regulada por las disposiciones de la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. El propósito de la misma es el resarcir a la parte victoriosa en un litigio los gastos necesarios y razonables en que tuvo que incurrir con motivo del mismo. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963); Ferrer Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516 (1973). Relativo al caso de honorarios de peritos, su compensación, como gastos, no es automática; el tribunal al pasar juicio sobre si pro-cede o no el pago de dichos honorarios, tendrá que evaluar su naturaleza y utilidad a la luz de los hechos particulares del caso ante su consideración, teniendo la parte que los reclama el deber de demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario para que prevaleciera su teoría. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976); Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16 (1983).

Examinados los honorarios concedidos a los peritos en el presente caso a la luz de los principios mencionados, somos del criterio que el tribunal de instancia no erró al conceder los mismos.

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la sen-tencia dictada en él 'presente caso por él Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, de acuerdo con lo arriba expre-sado, y así modificada se confirma la misma.

      El padre del menor accidentado, señor Rodríguez Cancel, había sa-lido de su hogar minutos antes hacia San Juan con el propósito de llevarle a su jefe una casa de muñeca que había construido para las hijas de éste como regalo del Día de Reyes.

       Condición que, como veremos más adelante, persistía al momento de celebrarse la vista en su fondo del presente caso ante el tribunal de instan-cia.

       Entre los que cabe destacar la radicación de una demanda de inter-vención del Hospital de Damas en cobro de los servicios médico-hospitala-rios que le prestara al menor accidentado.

       Hon. Delia Lugo Bougal, Juez.

      Dicha suma de dinero ya fue satisfecha por la Autoridad de Ener-gía Eléctrica.

       Véase la determinación núm. 4 de la Parte IV de la Sentencia emi-tida por el tribunal de instancia.

       Lo cual hace que la situación sea aun, si es que ello es posible, más trágica.

      Véanse: Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983); Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138 (1983); Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72 (1982); Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130 (1980); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978) ; Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971); Rodríguez v. N. A. Co. of America, 96 D.P.R. 874 (1969); Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709 (1965), y Berenguer López v. Gov. Employees Ins. Co., 90 D.P.R. 478 (1964).

       En adición a estar hospitalizado durante cuatro largos meses, la mayor parte de cuyo período el menor estuvo en estado de coma y durante el cual sufrió un infarto del miocardio, y a las limitaciones físicas y men-tales de carácter permanente que sufre dicho menor, la prueba demuestra que a la fecha del proceso el menor presentaba unos severos desórdenes de personalidad que lo habían convertido en una persona sexualmente agresiva habiendo, inclusive, atacado a una prima hermana suya. La prueba pericial presentada señala, adicionalmente, que existen grandes probabilidades que en un futuro el menor desarrolle una condición de epilepsia.

      La suma de $150,000.

       La suma de $100,000 a cada uno de ellos.

      La suma de $15,000 a cada uno de ellos.

       31 L.P.R.A. sec. 5141.

       Varios comentaristas, sin embargo, consideran la posibilidad de que en algunas situaciones el tribunal pueda conceder una “combinación” de ambas alternativas, en que una sea complemento de la otra. A. De Cupis, El Daño, 2da ed. (A. Martínez-Sarrión, traductor), Barcelona, Ed. Bosch, 1975, pág. 832; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Boseh, 1983, T. II, Vol. III, pág. 193; C. Eogel Vide, La responsabili-dad civil extracontractual en el Derecho español, Madrid, Ed. Civitas, 1977, pág. 112.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 191. Véase, en adición, De Cupis, op. cit., pág. 748.

       Determinación de hecho que entendemos está sostenida por la prueba presentada.

       En adición a la suma de $150,000 por sus sufrimientos físicos y angustias mentales; suma que, como vimos, hemos ratificado por no consi-derarla “exageradamente alta”.

       Suma de dinero que, dados los hechos particulares del presente caso, consideramos que es razonable.

       Ellis Irving Rodríguez Jusino, al momento de la ocurrencia del ac-cidente, contaba con doce años y cuatro meses de edad y cursaba el sexto grado de escuela, siendo el segundo de cuatro hermanos, productos de un matrimonio estable y feliz. Su récord escolar, hasta ese momento, era el de un estudiante promedio. Era un adolescente amigable, alegre, cooperador y cariñoso tanto en la escuela como en su hogar, gozando de perfecta salud. Su gran pasión lo era el deporte de la pelota (baseball), contando con gran habilidad para el mismo al extremo de haber recibido varios galardones y distinciones.
      En resumen, en palabras del tribunal de instancia, Ellis Irving era “un joven saludable, alegre, cooperador, amistoso, buen hijo y buen her-mano, con una capacidad intelectual normal y con una extraordinaria ha-bilidad en la práctica del béisbol”. (Determinación de Hecho núm. 7, Parte I.)

      Tipo de núcleo familiar, grado de estabilidad del hogar, edad, con-dición de salud física y mental previa, inteligencia, disposición, educación alcanzada, hábitos de estudio, habilidad en la escuela, talento, intereses es-pecíficos, entretenimientos y destrezas desarrolladas, grado de madurez, grado de experiencia, leyes de salario mínimo, promedio de ingresos en las variadas ocupaciones o profesiones prevalecientes, sistemas de retiros o edad promedio de retiro, indicadores de oportunidades para alcanzar destrezas o educación más avanzada; Ruiz Santiago v. E.L.A., ante.

      La suma de $25,000.

       Sec. 3 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, Ley Orgánica de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, antecesora de la aquí recurrente Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Véase Ley Núm. 57 de mayo 30 de 1979.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
      In re Thomas J. Rosario, querellado.

      Número: O-82-468

      Resuelto: 27 de junio de 1985

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, Eliadis Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo ; Thomas J. Rosario, pro se.

   per curiam :

El Procurador General formuló querella contra el abogado Thomas J. Rosario concebida en los siguientes términos:

El Lie. Thomas J. Rosario actuó en forma antiética en re-lación a su cliente la señora María N. Meléndez al no aten-der diligentemente el caso que ésta le encomendó y al no mantenerla informada sobre los asuntos que surgían en el desarrollo del caso. Los hechos que dan motivo al cargo son los siguientes: En síntesis la querellante contrató al quere-llado en agosto de 1978 para que le radicara una acción de daños y perjuicios; acordando que el abogado cobraría un por ciento de la sentencia. Que durante todo el tiempo desde la contratación del abogado ella estuvo en contacto con él y le suministró toda la información que él requería infor-mándole el querellado siempre que [sic] “que todo va bien”. Al perder comunicación con el abogado, la querellante visitó el tribunal para inquirir sobre su caso y allí se enteró de que el mismo había sido archivado desde el 30 de mayo de 1980. Dicha conducta viola los cánones 18 y 19 de los de Ética Profesional.

En su contestación el querellado alegó tener 29 años de edad y haber sido admitido al ejercicio de la abogacía en mayo de 1977. Desde entonces se dedicó a la práctica privada de dicha profesión, excepto por el período comprendido entre abril de 1981 y julio de 1982 en que ocupó el cargo de Vice-presidente y Jefe de la Oficina de Asuntos Legales y Relacio-nes Industriales de la Corporación de Crédito Agrícola del De-partamento de Agricultura. Informó haber recibido numero-sas distinciones públicas y haber ejercido varios cargos hono-ríficos en la comunidad, habiéndosele incluido en el 1979 en el Diccionario de Personalidades Puertorriqueñas de Hoy; que ha sido autor de numerosos artículos de historia publicados en revistas, periódicos y libros; que tiene su bufete en Vega Baja y es miembro de la Iglesia Asamblea de Iglesias Pente-costales de Jesucristo. Señaló que fue miembro de la Delega-ción de Bayamón del Colegio de Abogados y miembro de la Comisión de la Revista del Colegio de Abogados. Negó las ale-gaciones esenciales de la querella, específicamente en cuanto a haber violado los Cánones de Ética Profesional.

Designamos Comisionado Especial al Ledo. Martín Almodovar Acevedo, ex juez del Tribunal Superior de Puerto Rico para oír y recibir las pruebas de las partes e informar a este Tribunal. Así lo hizo. En su informe concluyó como probados los siguientes hechos:

El querellado Thomas J. Rosario fue admitido al ejercicio de la profesión de abogacía el 31 de mayo de 1977 y al nota-riado el 13 de junio del mismo año. Fue suspendido del ejer-cicio del notariado el 4 de febrero de 1982. Abrió su oficina de abogado en la calle José Julián Acosta de Vega Baja, P.R., donde se dedicaba a la práctica de su profesión en agosto de 1978.
En esta fecha fue visitado por su cliente, la señora María N. Meléndez Adorno, quien contrató sus servicios para que hiciera una reclamación de daños y perjuicios, por daños su-fridos por ésta. Le hizo una relación completa de los hechos y el querellado le ofreció su ayuda y que le cobraría hono-rarios a base de un por ciento de lo que se obtuviera por sentencia ó transacción.
El 9 de agosto de 1979 el querellado radicó una demanda bajo el número CS 79-3394 del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, casi 12 meses después que ésta lo visitara y de la ocurrencia de los hechos.
En el hecho segundo de la demanda se alega que el 10 de agosto de 1978, en horas de la tarde, la demandante María Meléndez Adorno se encontraba en el cuarto de baño de su residencia cuando sufrió un accidente como consecuencia directa de la negligencia de los demandados.
En el párrafo cuarto se alega que la demandante sufrió una herida visible en el rostro y su hombro además de otras lesiones que le ha ocasionado sufrimientos físicos y morales que deben ser compensados por los demandados y sus com-pañías aseguradoras desconocidas X, Y y Z.
En el párrafo quinto alega que la demandante no ha con-tribuido en forma alguna con la ocurrencia del daño y que el daño es responsabilidad absoluta de los demandados.
La demanda no expone ningún hecho atribuíble a ninguno de los demandados que pueda hacerlos responsables de daños.
Son demandados Masam Construction Corporation, Blan-co Enterprises, la Corporación de Renovación Urbana y Vi-vienda y tres compañías aseguradoras desconocidas.
Desde la fecha de la radicación de la demanda hasta el 14 de marzo cuando se dictó la orden para mostrar causa por la cual no debía archivarse el caso, hasta el 30 de mayo de 1980 cuando se decretó el archivo final, no se había em-plazado, ni se habían hecho gestiones de emplazamiento a Masam Construction Corporation, Blanco Enterprises, ni la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda.
Desde agosto de 1978 cuando la querellante visitó al abo-gado querellado por primera vez con la reclamación de daños y perjuicios hasta cuando se decretó el archivo, transcu-rrieron 21 mes [sic]. Durante este período de tiempo el abo-gado de la demandante no hizo ni estudio de título, no em-plazó a los demandados incluidos en la demanda, no incluyó al Banco de la Vivienda, quien según su declaración fue la entidad que vendió la propiedad a la demandante. No inves-tigó con el Banco de la Vivienda quien era el contratista que había construido la casa, ni hizo investigación de clase alguna con la entidad conocida con el nombre de Farmer Homes.
Durante el período transcurrido no mantuvo comunica-ción con su cliente; a pesar de que alega desconocer su direc-ción, de su propio testimonio y el de la querellante surge que era el abogado de los padres y otros miembros de la fa-milia de la querellante. Durante el tiempo transcurrido no hizo uso de ninguno de los medios garantizados por las Reglas de Procedimiento Civil para descubrimiento de prueba.
El 27 de enero de 1981 el querellado informó incorrecta-mente a su cliente que pronto se vería el caso; que el martes tenía una conferencia con el Juez; que se preparara para poder enfrentarse a los abogados de la parte contraria por-que estaban representados por un abogado grande de San Juan y había que trabajar duro para la demanda.
La demandante querellante trató en varias ocasiones de comunicarse con su abogado pero sus gestiones fueron in-fructuosas.
Finalmente, la señora María Meléndez Adorno se querelló en el Colegio de Abogados. Allí le sugirieron que fuera al Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, donde se enteró que el caso había sido archivado.
El querellado admite haber celebrado un contrato verbal de servicios profesionales con la querellante a base de repre-sentarla y cobrar por concepto de honorarios el por ciento máximo permitido por ley de lo que pudiera obtenerse por sentencia o transacción, más, la demandante querellante venía obligada a pagar todos los gastos que se incurrieran en el caso. Que el caso se archivó debido a que no se le pa-garon sus gastos montantes a la suma de $61.00 y la im-posibilidad de comunicarse con su cliente. Se comunicó en varias ocasiones por correo con la querellante y al no recibir contestación entendió que ella no tenía interés en el caso.
Al querellado se le imputa violar los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional.
El Canon 18 en lo pertinente dispone:
“Competencia del abogado y consejo al cliente. Será impropio de un abogado asumir una representación pro-fesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la jus-ticia.
“Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más pro-fundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y respon-sable.”
El Canon 19 lee como sigue:
“Información al cliente. El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en. el desarrollo del caso que le ha sido enco-mendado.”
Entendemos que la falta de diligencia por parte del que-rellado se debió principalmente a su falta de experiencia profesional entonces. Fue admitido al ejercicio* de la profe-sión en mayo de 1977 y los hechos ocurrieron en el período comprendido entre el 1978 y el 1980.
En cuanto al canon 19 no hay duda de que el querellado hizo algún tipo de gestión para comunicarse con su cliente pero no la tuvo siempre bien informada de los aconteci-mientos ocurridos en el desarrollo del caso que le había sido encomendado.
La explicación de que no había recibido compensación por los gastos no es excusa. Tampoco es excusa el que la corpo-ración demandada no apareciera debidamente inscrita en el Registro de Corporaciones. El emplazamiento a cualquiera de los otros co-demandados hubiera demostrado diligencia o impedido el archivo del caso.

El querellado formuló comentarios a dicho informe que hemos considerado. No desvirtúan las conclusiones del Comisionado Especial que tienen amplio apoyo en la prueba desfilada ante él. Coincidimos en que la conducta del querellado estuvo reñida con los Cánones 18 y 19.

Aunque el Comisionado no se expresó en cuanto a la personalidad e historial del querellado informados por éste en su contestación a la querella, consideramos que son factores que deben pesar al evaluar su conducta y disponer la sanción disciplinaria que su caso amerite. Consideramos, además, que el proceder de la querellante fue en alguna medida responsable del poco interés del querellado en proseguir su caso, que aparentemente carecía de méritos substanciales.

De ordinario la conducta de un abogado que desatiende la encomienda de su cliente amerita cuando menos una suspensión del ejercicio de la abogacía. Las circunstancias todas de este caso limitan nuestra sanción a una censura, conscientes de que el trámite de la querella y el tiempo trans- currido deben haber hecho meditar profundamente al quere-llado sobre los alcances de su actuación antiética y servirle esta experiencia para ser más cuidadoso en el descargo de sus responsabilidades profesionales futuras. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García disintieron por estimar que la sanción impuesta no es suficiente. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió porque impondría una sanción económica.


author: per curiam:

text:
    La Sociedad Legal de Gananciales constituida por Ramiro Gutiérrez Flores, etc., demandantes y peticionarios, v. Emilio Rodríguez Colón, etc., demandados y recurridos.

      Número: O-85-271

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Marvin Díaz Ferrer, abogado de los peticionarios; la parte re-currida no compareció.
   per curiam:

Con motivo de un choque entre dos auto-móviles, los aquí peticionarios instaron demanda ante el Tribunal Superior por alegados daños y perjuicios. Con el pro-pósito de asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, solicitaron orden para anotar embargo en el Registro de la Propiedad sobre solar y casa del matrimonio demanda-do, hasta la cantidad de $50,000. Nos solicitan que revisemos resolución que les requirió prestar fianza por $60,000 como requisito para autorizar el embargo.

El 24 de mayo de 1985 expedimos la siguiente resolución, teniendo en cuenta la naturaleza del remedio solicitado por los demandantes y para evitar que pudiera frustrarse su pro-pósito de asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer.

Atendida la petición de epígrafe y al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento y en auxilio de nuestra jurisdic-ción se modifica provisionalmente la orden dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan el 27 de febrero de 1985 y se reduce la fianza a $10,000.00. Esta resolución se dicta sin menoscabo de que continúen los procedimientos ante el Tribunal de instancia, quedando a salvo el derecho de la parte demandada de cuestionar en su día la razona-bilidad de la fianza aquí dispuesta.

Conforme dispone la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, el embargo de bienes es una de las medidas provisionales a que puede recurrir un litigante que ha obtenido o que anticipa ha de obtener una sentencia a su favor y quiere asegurar su efectividad. En el primer caso, es decir, después de sentencia, y en otras circunstancias que no están aquí presentes —véase la Regla 56.3 de Procedimiento Civil— no se requiere la prestación de fianza. En la situación del caso de autos la prestación de fianza es mandatoria como requisito previo al embargo.

El propósito de la fianza es, como se expresa en el último párrafo de la citada Regla 56.3, que sea “suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del aseguramiento”. Véase Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980). Es natural anticipar que el embargo pueda ocasionar daños al dueño o poseedor de los bienes embargados. Lo que parece presentar alguna dificultad es la determinación de la suficiencia de la fianza, es decir, de la cuantía que debe requerirse.

En Vda. de Galindo v. Cano, 108 D.P.R. 277, 282 (1979) expresamos:

... Al fijar la fianza para el embargo, el tribunal debe pon-derar una serie de factores, entre los cuales pueden suge-rirse los siguientes: cuán fundamental es la utilidad que el bien a embargarse sirve al demandado; la solidez de los fun-damentos que prima facie sostienen la reclamación del de-mandante; y si el aseguramiento solicitado es el menos one-roso para garantizar la efectividad de la sentencia que pueda recaer. Todo esto atendiendo el mandato de la Regla 56.3 de estimar los posibles daños que se causarían al de-mandado y a la exigencia de la Regla 56.1 en cuanto prescribe que se dé consideración a los intereses de todas las partes según lo requiera la justicia sustancial. Mantenemos así un principio antiguo en esta jurisdicción, cual es, que se garanticen los derechos del reclamante de la manera menos gravosa para el demandado. Paz v. Bonet, 31 D.P.R. 68 (1922) ; véase Ley de 1ro. de marzo de 1902, 32 L.P.R.A. sec. 1072. (Escolios omitidos.)

Los factores que de manera general señalamos en Vda. de Galindo v. Cano, supra, requieren mayor especificación frente a los hechos que ahora atendemos. Son de particular relevan-cia “la utilidad que el bien a embargarse sirve al demandado” y “los posibles daños que se causarían al demandado”.

Mediante el embargo se afecta cierto bien a un proceso, se liga o traba de tal modo que no puede desvincularse de la relación del mismo; ya sea el embargo una mera afección ideal, como en la anotación preventiva de un inmueble, o una afección material como en el apoderamiento u ocupación fí-sica de bienes muebles. J. Guasp, Derecho Procesal Civil, 3ra ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977, T. 1, pág. 419. No estuvo planteado en Vda. de Galindo v. Cano, supra, la diferenciación para la fijación de fianza en las dos especies de embargo.

Es incuestionable que de ordinario se causa más daño cuando se priva a un litigante de la posesión de un bien mueble, cuya posesión tiene para, él una utilidad inmediata de tipo económico, que cuando meramente se anota un embargo sobre un bien inmueble en el Registro de la Propiedad. En el primer caso hay, como señála Guasp, un apoderamiento físico, que priva de su uso al dueño del objeto embargado y que por lo general trasciende al conocimiento de otras personas con el consiguiente impacto en la reputación y en las relaciones de dicha persona con sus vecinos y relacionados. Ejemplo de ello sería el embargo de un automóvil, que es por lo general objeto de uso diario necesario para su dueño y para su familia. Es de tenerse en cuenta que su posesión por un tercero expone el vehículo a deterioro en manos ajenas, aparte de las molestias que su privación causa a su dueño.

En el caso de un inmueble la situación es distinta. El dueño no es privado de su posesión. Y, a menos que se haga con prohibición de enajenar, su dueño no queda afectado de inmediato en relación con cualquier posible negociación a base de dicho inmueble.

De los autos ante nos no se desprende el razonamiento que movió al juez de instancia a fijar en $60,000 el importe de la fianza. La cantidad que en este caso se pretende embargar es $50,000. La única importancia que tendría dicha cuantía al determinar el importe de la fianza sería la dificultad que podría hallar el dueño del bien embargado para levantar el embargo. En el caso de un bien mueble su dueño tendría que prestar fianza por su valor, o por aquella suma que el tribunal considere adecuada teniendo en cuenta las circunstancias atinentes, pero en el caso de un bien inmueble, el afianzamiento por el demandado tendría que ser por la suma embargada. Regla 56.3, último párrafo. Aún así, el embargo de un bien inmueble no priva a su dueño de su posesión, como antes señaláramos, y la cuantía de la fianza siempre estaría sujeta a cambio, de demostrar el demandado que el daño que el mantenimiento del embargo le causa excede el importe de dicha fianza.

Debe tenerse presente al fijar la fianza, que su cuantía no sea de tal naturaleza prohibitiva que frustre el propósito del demandante de asegurar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer. En este caso, conforme indican los peticionarios, el costo de dicha fianza por una compañía fiadora sería de $1,206.

Por los fundamentos expresados, se expedirá el auto soli-citado, y se modificará la resolución recurrida al mantener la fianza en $10,000, sujeta dicha cuantía a revisión por el tribunal de instancia, de hacerse necesaria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión.

      La Regla 56.3 dispone:
      “Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza en cualquiera de los siguientes casos:
      “(1) Si apareciere de documentos públicos o privados, según definidos por ley, firmados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible; o
      “(2) Cuando se tratare de un litigante insolvente que estuviere expre-samente exceptuado por ley para el pago de aranceles y derechos de radica-ción y a juicio del tribunal la demanda adujere hechos suficientes para esta-blecer una causa de acción cuya probabilidad de triunfo fuere evidente o pudiere demostrarse, y hubiere motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que pudiera obtenerse resultaría académica porque no habría bienes sobre los cuales ejecutarla; o
      “(3) Si se gestionare el remedio después de la sentencia. En caso de que el tribunal conceda el remedio provisional sin la prestación de fianza conforme lo dispuesto en esta regla, podrá excluir en su orden determinados bienes.
      “En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación de una fianza suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del aseguramiento. Un demandado o querellado podrá, sin embargo, retener la posesión de bienes muebles embargados por un demandante o reclamante, prestando una fianza por tal suma que el tribunal estime suficiente para responder por el valor de dicha propiedad. El afianzamiento por el demandado de la suma embargada, dejará sin efecto el embargo.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Pescadería Rosas, Inc., demandante y recurrida, v. Osvaldo Lozada Rivera, demandado y recurrente.

      Número: O-85-96

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      José Cancel Mercado, abogado del peticionario; la parte recu-rrida no compareció.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Tomás Rosas Quiñones le vendió el 3 de junio de 1980 al Sr. Osvaldo Lozada Rivera una embarcación regis-trada oficialmente para la pesca. El señor Rosas se dedicaba principalmente al mercado de comestibles de mar al por mayor y al detal. Al señor Lozada no se le conocía como pes-cador. El récord no revela el oficio del señor Lozada, excepto que un testigo declaró que aquél le entregó la embarcación a un capitán para que la trabajara y el capitán le vendió pes-cado en dos ocasiones al señor Rosas.

El 26 de julio de 1980 el señor Rosas le vendió al señor Lozada combustible por valor de $854.70 y le prestó $2,530.18 para la reparación del barco vendido. El señor Lozada no sa-tisfizo ninguna de las dos cantidades.

En 1981 se incorporó la firma Pescadería Rosas, Inc. y el señor Rosas, su presidente, le traspasó a esta entidad el cré-dito contra el señor Lozada. Tras requerirle infructuosa-mente en diciembre de 1983 al señor Lozada el pago de la deuda, Pescadería Rosas, Inc. lo demandó en enero de 1984 para lograr su cobro. El señor Lozada alegó que la deuda es-taba prescrita. El Tribunal de Distrito resolvió que el plazo de prescripción aplicable es el de quince años dispuesto por el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. A igual conclusión llegó el Tribunal Superior. El señor Lozada recu-rrió a este foro alegando que se trata de un préstamo que debe reputarse mercantil, en cuyo caso la acción estaría prescrita. El 14 de marzo de 1985 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revisarse la sentencia. La parte recurrida no ha comparecido.

La primera cuestión a examinar es si las transacciones entre las partes deben o no reputarse mercantiles. La compraventa de la embarcación no es la que reclama la atención de este foro. Las operaciones pertinentes son las que generan la deuda alegadamente prescrita. Examinemos inicialmente el préstamo de dinero efectuado.

El Art, 229 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1651, dispone:

Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las cir-cunstancias siguientes:

(1) Si alguno de los contratantes fuere comerciante.
(2) Si las cosas prestadas se destinaren a actos de co-mercio.

Este artículo es copia exacta del Art. 311 del Código de Co-mercio español de 1885.

Las condiciones que enumera este artículo deben interpre-tarse en forma copulativa. De faltar alguna de ellas el Código de Comercio no es aplicable a la transacción. S. de 10 de febrero de 1950, núm. 78, nueva serie, 29 Jurisprudencia Civil 711, 722-723; S. de 18 de abril de 1896, núm. 164, 79 Jurisprudencia Civil 726; J. M. González de Echávarri y Vi-vanco, Comentarios al Código de Comercio y jurisprudencia española, 3ra ed., Valladolid, Imp. Casa Martín, 1945, T. III, págs. 419-421; Franceschi v. Rivera, 44 D.P.R. 664 (1933); Luengo v. Fernández, 83 D.P.R. 636 (1961).

Dado el estado del récord, asumamos que la primera condición que impone el Art. 229 se da en este caso y que el señor Rosas era un comerciante. La segunda condición pre-senta problemas aún mayores. ¿Se destinó a actos de comercio el dinero prestado? Es necesario en consecuencia examinar las formas principales de enfocar el concepto de acto de co-mercio dentro de nuestra tradición jurídica.

Dentro del llamado sistema subj'etivo el derecho mercantil es el derecho de una clase de personas: los comerciantes. El Código alemán de 1897, por ej'emplo, representa esta posición y entiende por “actos de comercio” los actos de un comerciante que pertenezcan a la explotación de su empresa mercantil. Dentro del sistema obj'etivo, el derecho mercantil pasa a ser más bien el derecho propio de una clase de actos, los actos de comercio, los cuales no son únicamente los realizados por los comerciantes en su carácter de tales. La atención se traslada de la persona al acto. Se desvincula el acto de comercio de la persona del comerciante. Los códigos francés y español se fun-dan supuestamente en esta segunda posición.

Dentro del sistema objetivo ha habido formas diversas de definir el acto de comercio. El código francés utiliza el sistema de enumeración específica. El Art. 2 del Código de Comercio español, exactamente equivalente al Art. 2 del nuestro, 10 L.P.R.A. sec. 1002, emplea un método distinto. Dicha disposición provee:

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se redi-rán por las disposiciones contenidas en él; y en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del derecho común.
Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Se advertirá que el artículo citado soslaya la enumeración, así como la definición doctrinal, como criterios para establecer lo que constituye un acto de comercio, y abre ancho campo a la evolución del concepto conforme a los cambios que ocurran en la realidad económica. Debe igualmente señalarse que al referirse a los “actos de comercio . . . comprendidos en este Código” el Art. 2 alude de por fuerza a dos tipos de actos: los regulados exclusivamente por el Código de Comercio y los reglamentados tanto por éste como por el Código Civil. Este segundo grupo, al que pertenecen el préstamo y la compraventa —figuras envueltas en este litigio— destaca con particular rigor las dificultades en la identificación del acto mercantil. Su análisis demuestra que el criterio de diferenciación es en efecto múltiple, entremezclándose elementos objetivos, subjetivos y de otra índole: Cada situación debe ser objeto de examen separado. No existe en nuestra tradición jurídica un concepto unitario del acto de comercio. Los factores definitorios de la naturaleza, comercial o civil, de una transacción varían de caso a caso. La índole de un préstamo, por ejemplo, se determina por normas propias, expresadas en el Código, no necesariamente aplicables a otras operaciones. Fuera de los requisitos particulares a distintos negocios existe, no obstante, un hilo conductor, un elemento común entre diversos actos mercantiles: su finalidad, su conexión con el tráfico mercantil, su habitualidad, su atención al valor permutable de las cosas. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1976, Vol. I, pág. 137 et seq.; R. Gay de Montellá, Código de Comercio Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1936, T. I, pág. 67 et seq.; González de Echávarri y Vivanco, op. cit., T. I, pág. 46 et seq.; L. Benito, Manual de Derecho Mercantil, 3ra ed., Madrid, V. Suárez, 1924, T. I, pág. 551 et seq. Véanse: Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109 (1911); Banco de P.R., Liquidador v. Rodríguez, 53 D.P.R. 451, 455 (1938); Barceló & Co., S. en C. v. Olmo, 48 D.P.R. 247, 249 (1935); Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258 (1926); Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863 (1935); Buena Vista Dairy, Inc. v. Aponte, 108 D.P.R. 657 (1979); J. Santa-Pinter, Acto de comercio y dualismo en el Código de Comercio Puertorri-queño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 98 (1963); A. González del Valle, Estudio económico-jurídico del acto de comercio, 28 Rev. Der. Puertorriqueño 355 (1968).

En el caso de autos consta una factura remitida al señor Lozada, de la cual se desprende que el préstamo en cuestión se otorgó para reparar la embarcación comprada por éste. ¿Basta ello para imprimirle a la transacción carácter mercantil y satisfacer el segundo requisito del Art. 229? El recurrente, señor Lozada, arguye que sí sobre la base del Art. 948 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1910, equivalente al 952 español. El artículo dispone en lo pertinente:

Prescribirán al año:
(1) Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos o dinero, para construir, reparar, pertrechar o avituallar los buques o mantener la tripula-ción. . . .

Este artículo se refiere claramente al segundo tipo de actos de comercio, los regulados bien por el Código de Comercio o por el Código Civil. El artículo no es aplicable a la reparación de toda clase de embarcaciones. El examen de la definición del término “buque” ilustra esta aseveración. Si bien existe con-troversia sobre el particular, el término abarca a todo género de embarcaciones destinadas a la navegación comercial. Gon-zález de Echávarri y Vivanco, op. cit., T. II, pág. 121 et seq. Compárese con: Benito, op. cit., T. I, pág. 284 et seq.; R. Uría, Derecho Mercantil, 11ra ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1976, pág. 867 et seq.

Para poder invocar el Art. 948 citado en el caso de un préstamo por una entidad no bancaria para la reparación de una nave, debe en consecuencia demostrarse que se trata de un acto mercantil, esto es, que la nave posee la condición jurídica de “buque” por destinarse a la navegación comercial. Del expediente de autos no surge con claridad el uso para el que se adquirió la lancha. La prueba oral del demandado-recurrente, limitada a su propio testimonio, se redujo a expresar que antes de 1979 —la embarcación se compró un año después— había sido instructor de pesca, que pescaba esporádicamente y que hasta 1980 había capitaneado un barco llamado “Antares”. La prueba del demandante y recurrido, señor Rosas, consistió básicamente en señalar que no se dedicaba usualmente a comprar o vender embarcaciones, que al señor Lozada no se le conocía como pescador de profesión y que el préstamo fue una transacción personal entre él y el demandado. De la relación del caso se desprende que en algún momento —se ignora cuándo— el señor Lozada le había entregado la embarcación a un tercero “para que la trabajara”.

Ante prueba tan débil sobre la cuestión de si el préstamo constituye un acto de comercio, tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal Superior concluyeron que la naturaleza del préstamo no fue mercantil, por lo que la deuda no está prescrita. No hallamos base en el récord para intervenir con esta conclusión. Quien invoque el Código de Comercio tiene la carga de la prueba sobre su aplicabilidad.

Respecto a la compraventa del combustible es innecesario en este caso adentrarnos en el análisis de la naturaleza civil o mercantil de la figura. Véase el Art. 243 del Código de Co-mercio, 10 L.P.R.A. sec. 1701; Buena Vista Dairy, Inc. v. Aponte, supra. Basta con señalar que median aquí las mismas dificultades, mencionadas respecto al préstamo, para la aplica-ción del Art. 948. Se considera por algunos que el suministro de combustible a un buque está sujeto a las disposiciones de este artículo —Gay de Montellá, op. cit., pág. 510— pero no se ha probado aquí fehacientemente, como hemos visto, que la nave en cuestión es jurídicamente un buque, lo que impide con-siderar la transacción como de naturaleza mercantil.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

       Este paso es decisivo para deslindar el campo del derecho mercantil del correspondiente al derecho civil. El derecho mercantil se ha definido como el derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios, un derecho regulador de actos de comercio, esencial-mente contractuales. R. Uría, Derecho Mercantil, lira ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1976, págs. 6-7.

      E1 Art. 311 sufre la influencia del Art. 387 del Código de Comercio español de 1829. Esta última disposición difiere del Art. 311 en que ambas partes tenían que ser comerciantes o al menos el deudor.

      Así se hacía constar expresamente en el Art. 387 del Código de Co-mercio español de 1829.

      Un caso nuestro, Costas v. G. Llinás & Co., 66 D.P.R. 730 (1946), ya afectado por Luengo v. Fernández, 83 D.P.R. 636 (1961), contraría la norma expuesta al asumir erróneamente que basta con que se cumpla el primer requisito para que el. préstamo sea mercantil. Costas v. G. Llinás & Co., supra, queda por la presente revocado en lo que toca al referido aspecto.

      E1 expediente no permite el análisis de si se conserva la condición de comerciante al efectuar actos distintos a los que se dedica usualmente el actor. Véanse: E. Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. I, págs. 308-310 y T. III, pág. 312; L. Benito, Manual de Derecho Mercantil, 3ra ed., Madrid, V. Suárez, 1924, T. I, págs. 620-623; R. Gay de Montellá, Código de Comercio Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1936, T. I, págs. 62-63 y T. III, págs. 120-122.

       Véase el Art. 343.

       Utilizamos el término “supuestamente” debido a que en el derecho español —véase el propio Art. 229, referente al préstamo— se entremezclan obviamente ambos sistemas. Véanse también: J. Garrigues, Curso de Dere-cho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1976, T. I, págs. 137-159; Langle y Rubio, op. cit., T. I, págs. 31-33.

       Sobre los préstamos bancarios, los cuales han generado gran con-troversia, no nos estamos expresando en esta ocasión. Véanse: Langle y Rubio, op. cit., T. III, págs. 312-315; S. de 9 de mayo de 1944, núm. 73, 2da serie, VI Jurisprudencia Civil 645; S. de 1ro de febrero de 1980, núm. 529, Aranzadi, 47 Jurisprudencia Civil 405; Contra: Banco de P.R., Liquidador, Etc. v. Rodriguez, 53 D.P.R. 174, 451 (1938).


text:
    Doris I. Gilormini Merle, demandante y recurrente, v. Juan F. Pujals Ayala, José Rexach García, Esgardo Lizardi, demandados y recurridos.

      Número: R-85-167

      Resuelto: 28 de junio de 1985

      Miguel Ángel Salicrup Cabello, abogado de la recurrente; Darío Padín Mimoso, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente demandó a Juan H. Pujals y otros por da-ños sufridos en un accidente automovilístico. El señor Pujals le entregó a la recurrente dos cheques, montantes en total a $870, en alegado pago de los daños ocasionados. El cheque por la suma mayor, emitido a favor del señor Pujals y endosado por éste, expresaba: “Páguese a Doris I. Gilormini Merle en saldo total transacción daños accidente de 6/17/83 en Ca-rretera 20 Km. 2.1, Guay. P.R.” (E.N.P., pág. 14.) En pre-sencia del señor Pujals, la recurrente tachó la frase “saldo total transacción daños” y añadió al dorso del cheque “Para el arreglo de ojalatería [sic], trasmición [sic], diferencial y [sic] in [s] talar componente”. (E.N.P., pág. 14.)

Más de un año después el señor Pujals y los otros deman-dados solicitaron sentencia sumaria por entender que había habido “una transacción y pago en finiquito”. (E.N.P., pág. 6.) La recurrente se opuso alegando que en presencia del señor Pujals ella aclaró que el pago no representaba el saldo total. El tribunal de instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda “por haber sido ya objeto de transacción y pago”. (E.N.P., pág. 18.) La señorita Gilormini Merle recurrió a este foro y el 2 de mayo de 1985 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revo-carse la sentencia recurrida.

La parte recurrida ha comparecido y argumenta que este caso se rige por la doctrina de accord ‘and satisfaction y que nuestra decisión en A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 D.P.R. 830, 833 (1973), justifica la sentencia sumaria dic-tada.

No nos detendremos a considerar si la doctrina de accord and satisfaction, importada a nuestro Derecho en 1943, debe gozar de continuada vigencia en Puerto Rico. Tanto bajo esa figura del Derecho común, como bajo figuras correspondientes del Derecho civil, se trabó en este caso una controversia de hecho no resoluble por el mecanismo de la sentencia t sumaria. En A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, sentamos el principio que no se puede aceptar un cheque en pago total de una deuda, a la par que se intenta alterar uni-lateralmente su naturaleza expresando que se acepta como pago parcial. En el caso de autos se plantea la cuestión de hecho de si el señor Pujáis aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso efectuados en su presencia, asunto que debe ventilarse en juicio plenario.

Se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Ortiz con-curren en el resultado sin opinión.

       En las primeras décadas de este siglo no se experimentó necesidad alguna, a pesar de la profusión de préstamos jurídicos que distinguió a aquellos años, de insertar en el cuerpo del Derecho civil la doctrina de accord and satisfaction, cuyas raíces se remontan a los primeros tiempos del Derecho común. Véanse: S. Williston, Accord and Satisfaction, 17 Harv. L. Rev. 459 (1904); F. B. Ames, Specialty Contracts and Equitable Defences, 9 Harv. L. Rev. 49, 54-56 (1895). En Abarca Sanfeliz v. Bank of Nova Scotia, 46 D.P.R. 931, 942 (1934), todavía este Tribunal expresaba dudas sobre la incorporación de esta doctrina a nuestro Derecho.
      En López v. South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238 (1943), fue que el Tribunal resolvió expresamente importar la doctrina. Dos razones moti-varon su decisión, según se desprende de la sentencia. El Tribunal se sintió obligado por City of San Juan v. St. John’s Gas Co., 195 U.S. 510, 521 (1904), en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó, vi et ar-mis, que la doctrina de accord and satisfaction era parte del Derecho civil de España y Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico quedó im-presionado, en segundo término, por el hecho de que Luisiana, sin precepto legal que lo sancionase, hacía varios años que estaba aplicando la doctrina.
      La base de ambas razones se ha desmoronado hoy. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no es el intérprete máximo del Código Civil u otras leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las decisiones en el estado de Luisiana, con su Derecho civil tan intervenido por el común, tam-poco poseen, en situaciones de este género, gran valor persuasivo.

        López v. South P.R. Sugar Co., supra, fue reafirmado luego, no obs-tante, en A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 D.P.R. 830 (1973) y H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 D.P.R. 236 (1983), factor de incuestiona-ble importancia para el análisis en su día del papel, si alguno, que accord and satisfaction debe jugar en nuestro derecho.