author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. José L. Torres Giménez y William J. Esparra Berrios, peticionarios.

      Número: CE-90-64

      Resuelto: 7 de diciembre de 1992

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido; Alfredo Ortiz Rivera, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El día 28 de julio de 1989 un magistrado adscrito a la Sala de Santa Isabel del Tribunal Municipal determinó causa probable para arresto, al amparo de las disposicio-nes de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, contra los aquí peticionarios José L. Torres Giménez y William J. Esparra Berrios por una supuesta infracción al Art. 15 —delito grave— de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. see. 3201 et seq.). El caso fue remitido a la Sala de Juana Díaz del Tribunal de Distrito de Puerto Rico para la celebración de la correspondiente vista preliminar esta-tuida por la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. III.

En vista de las cuestiones legales planteadas en el re-curso de certiorari hoy ante nuestra consideración, resulta necesario transcribir el texto de la denuncia a base de la cual se determinó causa probable para arresto contra los aquí peticionarios. La misma lee:

Los referidos acusados: WILLIAM J. ESPARRA BERRIOS Y JOSE L. TORRES GIMENEZ; allí y entonces ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente a sabienda[s], violaron lo dispuesto en la Ley 8 Artículo 15 de Ley Vehicular de Puerto Rico vigente. Consiste dicha violación en que en fecha, hora y sitio arriba indicado, éstos actuando en común y mutuo acuerdo, se apro-piaron de un FLAIR (sic.) el cual pertenece a un Jeep marca Zusuki (sic.) modelo 1988 con tablilla ARI-334 perteneciente al Sr. Wilbert Cintrón Rosa con residencia en el Bo. Peñuelas Ca-lle 3 # 66 de Santa Isabel.
Estos al momento de ser sorprendidos por el Gdia. Luis G. Gonzaga Santiago, placa 529 y el Gdia. Isael Rosario Ralat placa 13831 aderito (sic.) a dicho Distrito, transportaban dicha propiedad en el asiento trasero del auto Toyota Tercel modelo 1988 con tablilla AUH-536 el cual fue confiscado por orden de la fiscal Ivette Hernández de la Fiscalía de Ponce. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 1.

Celebrada, el 27 de septiembre de 1989, la vista preli-minar pautada ante el Tribunal de Distrito, Sala de Juana Díaz, dicho foro judicial determinó causa probable contra los aquí peticionarios “por el delito imputado”. En atención a ello, el Ministerio Público radicó un pliego acusatorio contra dichos peticionarios, el cual lee:

El referido acusado, WILLIAM J. ESPARRA BERRIOS, allá en o por el día 28 de julio de 1989 y en Santa Isabel, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico - Sala de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente poseyó, retuvo y /o dispuso de piezas de un vehí-culo de motor, marca Jeep-Suzuki Modelo 1988, tablilla ARI-334, consistentes de un “Flair” (sic.) lado derecho delantero per-teneciente a LUIS N. CINTRON COLON, a sabiendas de que habían sido obtenidas de forma ilícita mediante el delito de apropiación ilegal. Actuando en concierto y de común acuerdo con José L. Torres Giménez.
El referido acusado, JOSE L. TORRES GIMENEZ, allá en o por el día 28 de julio de 1989 y en Santa Isabel, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico - Sala de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y cri-minalmente poseyó, retuvo y ¡o dispuso de piezas de un vehículo de motor, marca Jeep-Suzuki, Modelo 1988, tablilla ARI-334, consistentes de un “Flair” (sic.) lado derecho delantero pertene-ciente a LUIS N. CINTRON COLON, a sabiendas de que ha-bían sido obtenidas de forma ilícita, mediante el delito de apro-piación ilegal. Actuando en concierto y de común acuerdo con William J. Esparra Berr[í]os. (Enfasis suplido.) Exhibit III, págs. 1-2.

Llegado el día señalado para el acto de lectura de acusación, y dentro del término solicitado por la defensa para hacer alegación, ésta radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, una solicitud de desestimación de la acusación, amparada la misma en las disposiciones del inciso (i) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 11.() Alegaron en dicha moción, en síntesis y en lo pertinente, que: a pesar de que en la denuncia radicada se hacía mención específica del Art. 15 de la referida Ley Núm. 8 de 1987 (9 L.P.R.A. see. 3214), el delito que verdaderamente se le imputaba a los acusados en el cuerpo o texto de la denuncia lo era una infracción al Art. 19 de la citada Ley Núm. 8 (9 L.P.R.A. see. 3218) en su modalidad menos grave\ y que siendo ello así, y habiéndose determinado causa “por el delito imputado”, el Fiscal no tenía autoridad para radicar dicho pliego acusatorio.

Habiéndose opuesto el Ministerio Fiscal a la solicitud de la defensa, y luego de que el tribunal de instancia eSCU-chara la argumentación oral que las partes tuvieron a bien hacer, dicho foro judicial declaró, en corte abierta, sin lugar la referida moción de desestimación. Inconformes, los acu-sados acudieron —vía certiorari— ante este Tribunal, im-putándole al foro de instancia haber errado al

...declarar sin lugar la moción radicada por la defensa al am-paro de la Regla 64(i) de Procedimiento Criminal, cuando lo imputado en la denuncia y determinación de causa fue una infracción al Artículo 19 (menos grave) y no el Artículo 15 de la ley para la protección de la propiedad vehicular; careciendo el Ministerio Público de facultad para acusar por una infracción al Artículo 15 de la referida ley. Petición de certiorari, pág. 3.

Le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico, el día 23 de enero de 1990, para que mostrara causa

...por la cual no debamos ordenar al ministerio público que presente acusación por el delito menos grave contemplado en el Art. 19 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1989.
Se paralizan los procedimientos en el tribunal de instancia, hasta tanto este Tribunal disponga lo contrario.

El Procurador General ha comparecido en cumplimiento de la referida resolución. En su comparecencia sostiene dicho funcionario, en síntesis y en lo pertinente, que la de-nuncia originalmente radicada contra los peticionarios im-putaba una infracción al citado Art. 15 de la referida Ley Núm. 8, por lo que la determinación de causa probable realizada por el Tribunal de Distrito, al amparo de las dis-posiciones de la mencionada Regla 23 de Procedimiento Criminal, “por el delito imputado” efectivamente “autorizó” al Fiscal a radicar una acusación por infracción al citado Art. 15 de la citada Ley Núm. 8. Sostiene el Procurador, sin embargo, que no conteniendo la acusación “el elemento ‘transporte’ ”, procede devolver el asunto al Tribunal Superior para que el Ministerio Fiscal solicite la enmienda de la acusación a esos efectos, ello al amparo de lo dispuesto por la Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; esto es, subsanación de defecto sustancial en la acusación. Resolvemos.

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Con el propósito, o motivo, específico de combatir uno de los graves problemas delictivos que aquejan a nuestro País, el del hurto o robo de vehículos de motor, el legislador tuvo a bien aprobar la citada Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Se estimó que mediante la creación de delitos específicos, relativos a vehículos de motor, se podía ayudar a conjurar, de una manera más efectiva, dicha problemática situación.()

A esos efectos, y con esos propósitos, se legisló para im-ponerle la obligación de llevar a cabo ciertas y determina-das gestiones al Secretario de Transportación y Obras Pú-blicas de Puerto Rico (Art. 7 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3206); al Secretario de Hacienda de Puerto Rico (Art. 8 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3207); a la Autoridad de Navieras de Puerto Rico (Art. 9 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3208); a las compañías de seguro (Art. 10 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3209); a la Policía de Puerto Rico (Art. 11 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3210); a los manufactureros de llaves, mecánicos, hojalateros, pintores de vehículos de motor, operadores de centro de inspección, operadores de depósi-tos de chatarra y a operadores de negocios de alquiler de vehículos de motor (Art. 12 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3211), y a los dueños de los vehículos (Art. 13 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3212). Por otro lado, se le confirió a los agentes del orden público la autoridad para “detener e inspeccionar y retener para investigación”, por un período de tiempo razonable, cualquier vehículo de motor o pieza del mismo siempre y cuando ocurriera una o más de unas circunstancias que la Ley enumera (Art. 14 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. see. 3213).

En lo que respecta a la situación específica que plantea el recurso hoy ante nuestra consideración, mediante el citado Art. 15 de la Ley Núm. 8, ante, se intenta combatir y penalizar el “comercio ilegal” de vehículos y piezas de los mismos. A esos efectos, dispone el Art. 3 5 que:

Violaciones - Comercio ilegal de vehículos y piezas; sanciones Toda persona que posea, compre, reciba, almacene, oculte, transporte, retenga o disponga mediante venta, trueque o de otro modo algún vehículo de motor o pieza de un vehículo de motor, a sabiendas de que fue obtenida mediante apropiación ilegal, robo, extorsión o cualquier otra forma ilícita, será san-cionada con una pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija es-tablecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión aquí establecida o ambas penas. (Enfasis suplido.)

Como podemos notar de una mera lectura del transcrito artículo de ley, el mismo establece un delito grave que puede ser cometido de dos (2) maneras o formas principales. En primer lugar, se infringe dicha disposición legal al poseer, comprar, recibir, almacenar, ocultar, trans-portar y retener, un vehículo de motor, o pieza del mismo, a sabiendas de que dicho vehículo, o pieza, fue obtenido me-diante apropiación ilegal, robo, extorsión o cualquier otra forma ilícita. En segundo término, igualmente infringe dicha disposición legal la persona que disponga mediante venta, trueque o de otro modo un vehículo de motor, o pieza del mismo, a sabiendas de lo antes expuesto. Es de notar que dicha disposición legal se infringe, en cualesquiera de las dos (2) antes mencionadas modalidades principales, in- dependientemente del valor monetario del vehículo o de la pieza del mismo.

Mediante los Arts. 18 y 19 de la Ley Núm. 8, ante, 9 L.P.R.A. sees. 3217 y 3218, se castiga la apropiación ilegal en sí del vehículo de motor o de cualquier pieza del mismo. En lo que respecta a las piezas de un vehículo, establece el mencionado Art. 19 que:

Apropiación ilegal de pieza de vehículo
Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de alguna pieza de un vehículo de motor, pertene-ciente a otra persona, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal, si el valor de la pieza del vehículo de motor no llegare a cien (100) dólares. Si llegare o excediere este valor, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida po-drá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de me-diar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión. (Enfasis suplido.)

Como podrá notarse, mediante esta disposición legal se puede incurrir en la comisión de un delito grave o uno me-nos grave, ello dependiendo del valor de la pieza hurtada o apropiada ilegalmente.

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Una lectura de la denuncia que se radicara en el presente caso demuestra que el Estado, a pesar de que expresamente mencionó en la misma el citado Art. 15 de la Ley Núm. 8, ante, como el estatuto infringido, realmente le imputó a los aquí peticionarios en el cuerpo de la denuncia haber infringido tanto el mencionado Art. 15 como el antes citado Art. 19 de la Ley Núm. 8, ante. Como se puede notar, en el primer párrafo de la denuncia se le imputó la “apropiación” de una pieza del vehículo de motor en controver-sia, lo que constituye una infracción al Art. 19 de la Ley Núm. 8, ante, y en el segundo párrafo de dicha denuncia se le imputó la “transportación” de la pieza del vehículo de motor, lo que constituye una violación al Art. 15 de la Ley Núm. 8, ante. En otras palabras, la referida denuncia ado-lecía del defecto de imputar más de un delito, Regla 64(j) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y/o existía una indebida acumulación de delitos en dicha denuncia, Regla 64(k) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

El problema antes mencionado se complica en vista del hecho.de que el magistrado que presidió la vista prelimi-nar, que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, al determinar causa probable para acusar no especi-ficó el delito por el cual lo hacía, sino que hizo constar la frase “por el delito imputado”. Procede, naturalmente, pre-guntarse: ¿por cuál delito?; ¿por el Art. 15 o el Art. 19 de la Ley Núm. 8, ante?

Dicha anómala situación es el producto o resultado directo de la indeseable práctica de algunos jueces de instan-cia de no particularizar, al determinar causa probable bajo las disposiciones de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante, el delito específico por el cual determinan causa probable contra el ciudadano que es llevado ante su presencia. Exhortamos, e instruimos, a los señores jueces de instancia a abandonar la práctica de hacer constar que de-terminan causa probable “por el delito imputado” y, en su lugar, hacer constar el delito específico por el cual determi-nan dicha causa probable.

Dichos magistrados deben mantener presente que las disposiciones del inciso (c) de la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, les autoriza a determinar causa probable por el delito que ellos entiendan procedente, independientemente del “delito” especificado en la “denuncia” a base de la cual se le somete el caso. Deben mantener, igualmente, presente que el procedi-miento, hasta cierto punto sui géneris, que se establece en la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal, hace inne-cesario que el Estado venga obligado a solicitar que se en-miende la denuncia, al amparo de lo dispuesto en la Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en la situación de que la prueba presentada demuestre la comi-sión de un delito distinto al imputado en la “denuncia”.!) Dicho de otra forma, el magistrado que preside la vista preliminar está en completa libertad de admitir la prueba que tengan a bien presentar las partes y determinar causa probable por el delito que él entienda infringido, indepen-dientemente del que se imputa en la “denuncia”.

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Esta situación, no hay duda, impide que en el presente caso los peticionarios sean sometidos a juicio, sin ulterior trámite, bajo la acusación radicada ante el Tribunal Superior. Abora bien, el fundamento aducido por la defensa en apoyo de la solicitud de desestimación no es jurídicamente correcto. Como hemos visto, se solicitó la desestimación a base del inciso (i) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal; esto es, que el fiscal no tenía “autoridad” para radicar la acusación. La “autoridad” a que se refiere este inciso (i) es la inherente al cargo de Fiscal según expresado y definido en la ley. Véase D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 107; véase, en adición, Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702 (1990).

Somos del criterio que el vehículo procesal que puede ser utilizado en el presente caso para corregir la anómala situación causada por el magistrado que presidió la vista preliminar lo es el inciso (p) de la citada Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; esto es, que se presentó contra los aquí peticionarios una acusación sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado "con arreglo a la ley y a derecho”. No podemos perder de vista, sin embargo, el hecho de que, independientemente de que no se pueda precisar el delito por el cual se determinó causa probable, en efecto hubo una determinación de causa probable, realizada la misma al amparo de la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal, ante; determinación que goza de una presunción de corrección, regularidad y validez. A esos efectos, véanse: Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.PR. 796, 799 (1973); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.PR. 454, 459-460 (1975). Esto es, no se puede anular, o dejar sin efecto, dicha determinación de causa probable sin la celebración de una vista formal.

IV

A la luz de todo lo antes expuesto, resolvemos que el foro de instancia deberá celebrar, al amparo de las disposicio-nes del citado inciso (p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, una vista con el propósito de determinar qué su-cedió en la vista preliminar celebrada por el Tribunal de Distrito; en otras palabras, dicho foro deberá determinar cuál fue la prueba que presentó el Ministerio Fiscal en dicha vista y, en consecuencia, por cuál delito fue que el ma-gistrado que presidió dicha vista preliminar determinó causa probable.()

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari” radicado y se dictará Sentencia revocatoria de la orden recurrida, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Disiento de la opinión del Tribunal, pues es innecesario devolver el caso al foro de instancia para que determine sobre qué delito se determinó causa probable en la vista preliminar. Obviamente dicha causa probable fue por el delito tipificado en el Art. 15 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (32 L.P.R.A. see. 3214), que es delito grave, y no por el menos grave tipificado en el Art. 19 de dicha ley, 32 L.P.R.A. see. 3218. En los delitos menos graves no se celebra vista preliminar. Lo que procede es permitirle al Ministerio Público enmendar la acusación presentada para que incluya el elemento de transportación del citado Art. 15, y se ordene nuevamente la celebración del acto de lec-tura de acusación.

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Las Reglas de Procedimiento Criminal establecen un método integral y sistemático para encauzar el proceso penal. Su interrelación nos permite determinar el alcance de los pronunciamientos judiciales en las distintas etapas del proceso. El caso de autos es vivo ejemplo de cómo dicha interrelación nos ayuda a entender el pronunciamiento de un juez instructor de causa probable.

La controversia ante nos trata de la aplicación de la conocida Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. see. 3201 et seq.).

El 28 de julio de 1989 se presentó una denuncia contra los aquí acusados peticionarios por alegadamente haber in-currido en la conducta tipificada como delito en el citado Art. 15 de la referida ley.

Sometida la denuncia a un juez instructor, éste deter-minó causa probable para el arresto de los peticionarios y les fijó fianza.

En vista de que el delito tipificado en el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, es grave, se remitió el asunto ante un juez de distrito para la celebración de la vista preliminar correspondiente. Celebrada la misma, el magistrado a cargo determinó “causa probable por el delito imputado contra ambos acusados” el 27 de septiembre de 1989.

El 17 de octubre de 1989 el Ministerio Público instó las correspondientes acusaciones contra los peticionarios.

El 13 de octubre de 1989 se celebró el acto de lectura de la acusación en el cual la defensa solicitó un término para hacer alegaciones de derecho en cuanto a las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.

El 24 de octubre de 1989 la defensa de los acusados presentó una moción de desestimación contra los pliegos acusatorios a tenor con la Regla 64(i) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Alegaba, en síntesis, “[q]ue el fiscal carecía de autoridad para presentar la acusación” por el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, “debido a que la alega-ción específica por lo que se determinó causa era la del Artículo 19” de dicha ley, en su modalidad menos grave. Además, sostenían que, “a pesar de que en la denuncia se incluyó el número 15 como el artículo de la ley 8 que se imputaba, el texto o cuerpo de la denuncia surge que no es el Artículo 15 el que se está imputando y por el que se encontró existencia de causa probable para el arresto”. Exhibit IV, págs. 1-2. Finalmente sostuvieron que aun cuando “[l]a determinación de causa probable para el arresto fue por haberse apropiado de un “flair’X) (sic.) de un Jeep”, de la denuncia “no surgfía] alegación en cuanto al valor del bien apropiado ilegalmente”. Exhibit IV, pág. 2.

El 29 de noviembre de 1989 el Ministerio Público pre-sentó su réplica en oposición a la desestimación de los plie-gos acusatorios. Era su posición que el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, tipificaba un delito grave que no requería el que se especificara en la denuncia “la cantidad o valor de las piezas que se posean”.

El foro de instancia celebró una vista para la discusión de la moción presentada por la defensa. Oídos los plantea-mientos de las partes declaró, en corte abierta, sin lugar la moción de desestimación fundamenta en la Regla 64(i) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Inconformes con dicha resolución, acuden ante nos los peticionarios solicitando su revisión y la paralización de los procedimientos ante el foro de instancia. Le imputan error a dicho foro

... al declarar sin lugar la moción radicada por la defensa al amparo de la Regla 64(i) de Procedimiento Criminal, cuando lo imputado en la denuncia y determinación de causa fue infrac-ción al Artículo 19 (menos grave) y no el Artículo 15 de la ley para la protección de la propiedad vehicular; careciendo el Mi-nisterio Público de facultad para acusar por una infracción al Artículo 15 de la referida ley. Petición de certiorari, pág.

II

Antes de entrar a la cuestión medular de este recurso se impone una aclaración en cuanto al vehículo procesal uti-lizado por la defensa para solicitar la desestimación del pliego acusatorio. La defensa solicitó dicha desestimación fundándose en lo dispuesto por el inciso (i) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra. Allí se dispone que:

La moción para desestimar la acusación o denuncia o cual-quier cargo de las mismas, solo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(i) Que el fiscal carecía de autoridad para presentar la acusación”. (Enfasis suplido.)

La “autoridad” a la que se refiere este inciso es a la inherente al cargo de fiscal según expresado y definido en la ley. Véanse: Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702 (1990); D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho 1980, pág. 85.

Aquí lo que la defensa cuestiona es que se haya presen-tado una acusación por un delito grave cuando ella en-tiende que la determinación de causa probable para acusar “fue por el delito menos grave”, que alegan también fue imputado en la denuncia. Lo que se está cuestionando no es, pues, la autoridad del Fiscal para acusar sino la com-petencia del Tribunal Superior para entender en un delito menos grave. Para ello, el vehículo procesal más apropiado para cuestionar el pliego acusatorio es lo dispuesto en el inciso (b) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, , a saber, “[q]ue el tribunal carece de juris-dicción para conocer del delito imputado”. Este fundamento considera la falta de competencia del tribunal como fundamento para proceder al traslado del asunto al tribunal competente. 4 L.P.R.A. see. 62; Regla 27 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. No procedería la des-estimación del caso ya que la falta de competencia del tribunal nunca es causa para ello sino para el traslado a la sala o sección correspondiente o la ventilación del juicio con la anuencia del juez y la sumisión de las partes. Pueblo v. De Jesús Gómez, 100 D.P.R. 629 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 80 (1971).

El argumento esgrimido en este caso por la defensa se circunscribe a señalar que el Juez de Distrito no hizo una determinación previa para acusar, sino que confirmó la he-cha por el juez instructor para arrestar y someter a los imputados a juicio por un delito menos grave. Para deses-timar el pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público debían acudir al inciso (b), y no al (i), de la Regla 64, supra.() Contrario a lo que sostiene la mayoría del Tribunal, tampoco procede acudir al inciso (p) de dicha regla, pues aquí hubo una determinación de causa probable conforme a derecho. No se nos ha demostrado que existía au-sencia total de prueba sobre uno de todos los elementos del delito por el cual se determinó causa o sobre la conexión de los acusados con ese delito. Cf. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989). No vemos cuál es el fundamento de la opinión mayoritaria para acudir a esta regla y decidir que procede devolver el caso al foro de instancia para celebrar una vista formal conforme a la misma.

Pasamos a analizar la ley aplicable al caso.

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Disposiciones legales aplicables

El Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, dispone:

Violaciones — Comercio ilegal de vehículos y piezas; sanciones
Toda persona que posea, compre, reciba, almacene, oculte, transporte, retenga o disponga mediante venta, trueque o de otro modo algún vehículo motor o pieza de un vehículo de motor, a sabiendas de que fue obtenida mediante apropiación ilegal, robo, extorsión o cualquier otra forma ilícita, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión aquí establecida o ambas penas. (Enfasis suplido.)

Su mera lectura refleja que sus elementos constitutivos son: (a) la posesión, compra, recibo, almacenaje, ocultación, transportación y retención, o (b) la disposición mediante venta, trueque o de otro modo, de un vehículo de motor() o pieza de un vehículo de motor, y (c) todo “a sabiendas”() de que fue obtenido mediante apropiación ilegal, robo, extor-sión o cualquier otra forma ilícita. Como se advertirá, éste es un delito especial de intención específica.

Por su parte, el Art. 19 de la Ley Núm. 8, supra, 9 L.P.R.A. see. 3218, dispone:

Apropiación ilegal de pieza de vehículo
Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de alguna pieza de un vehículo de motor, pertene-ciente a otra persona, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal, si el valor de la pieza del vehículo de motor no llegare a cien (100) dólares. Si llegare o excediere este valor, será sancio-nada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión. (Enfasis suplido.)

Este artículo tipifica como conducta delictiva la apropia-ción ilegal de alguna pieza de un vehículo de motor (a) sin violencia ni intimidación y (6) cuando dicha pieza perte-nezca a otra persona. El mismo contiene una modalidad grave: cuando el valor de la pieza llegue o exceda los cien (100) dólares, y una menos grave: cuando el valor no llegue a cien (100) dólares.

Se impone el examen de la denuncia y la acusación pre-sentada contra los imputados a la luz de estas disposicio-nes legales y los fines de la denuncia y acusación en el proceso criminal.

IV

La denuncia y la acusación

Reiteradamente hemos resuelto que en nuestro ordena-miento jurídico procesal penal la denuncia y eventual acu-sación tienen como propósito notificar, a toda persona im-putada de delito, la naturaleza y causa por la cual será procesada. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Reglas 5, 34 y 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). Ello es así ya que el debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito que se le imputa para que pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977). Este requisito se cumple con una acusación o denuncia que incluya una ex-posición de los hechos esenciales constitutivos del delito redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, para que pueda enterderla cualquier persona de inteligencia común. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). Para ello no se le exige al Ministerio Público ningún lenguaje estereotipado, técnico o talismánico en su redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el estatuto. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981). Sólo se le exige que el contenido, no el epígrafe, de la acusación o denuncia exponga todos los hechos constitutivos del tipo delictivo.

V

Examinada la denuncia en el caso de autos, sostenemos que la misma es suficiente y sirve de fundamento para la determinación de causa probable por el delito grave pre-visto en el Art. 15 déla Ley Núm. 8, supra. La misma con-tiene todos los elementos constitutivos del referido delito, a saber, la transportación de una pieza de vehículo de motor (fiare) y a sabiendas de que fue obtenido mediante apropia-ción ilegal. El hecho de que la denuncia dispusiera que dicho fiare pertenecía a un jeep Suzuki propiedad del Sr. Wilbert Cintrón Rosa le imputaba a los peticionarios el ele-mento de “a sabiendas de que fue obtenido mediante apro-piación ilegal”. Cualquier persona de inteligencia común así lo entendería. Más aún, la denuncia le imputaba a ellos el haberse apropiado ilegalmente de dicha pieza y haber sido “sorprendidos” en el acto. Aun cuando la apropiación ilegal sea elemento constitutivo del delito menos grave ti-pificado en el Art. 19 de la Ley Núm. 8, supra, no impide que esa conducta esté subsumida en el delito tipificado en el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, y sea considerada para establecer los elementos de éste. Ello no significa que deba imputársele el delito menos grave del citado Art. 19 si la prueba establece que en el curso de conducta delictiva ob-servada por los imputados también viola las disposiciones del Art. 15, supra.

Ahora bien, la confusión de los imputados se produce con la determinación de causa probable para acusar por el delito imputado en la denuncia. Ellos sostienen que la de-terminación de causa para el arresto fue por el delito menos grave del Art. 19 de la Ley Núm. 8, supra, y que, por lo tanto, la determinación de causa probable en vista prelimi-nar “podría interpretarse como una vista en alzada de la determinación de causa para el arresto” donde “el magis-trado confirmó la determinación hecha inicialmente” de causa probable por el delito menos grave. Exhibit IV, pág. 2. No tienen razón.

No podemos divorciar las determinaciones judiciales dentro del caso de la lógica procesal establecida por las reglas de procedimiento.

En el caso de autos se sometió la denuncia contra los imputados el 28 de julio de 1989. Ese mismo día un magis-trado determinó causa probable para sus arrestos, Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por viola-ción al Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, y se les fijó fianza. El caso fue remitido al Tribunal de Distrito para la celebra-ción de la correspondiente vista preliminar, Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Si la determi-nación de causa probable para arrestar hubiera sido, como insinúa la defensa, por el delito menos grave del Art. 19 de la Ley Núm. 8, supra, no era necesario remitir el caso al Tribunal de Distrito para celebrar la vista preliminar, pues sólo procedería remitir el caso para juicio. En los delitos menos graves no es necesario celebrar una vista preliminar. Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970).

Tampoco podía el Tribunal de Distrito celebrar una “vista en alzada de la determinación de causa para el arresto” pues, según las Reglas de Procedimiento Criminal, no es el foro apropiado para ello. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968); Alvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974).

Celebrada la vista preliminar, Regla 23 de Procedi-miento Criminal, supra, el Juez que la presidió determinó “causa probable por el delito imputado contra ambos acusados”. ¿Qué significó esa determinación judicial?

Aparte de que en el formulario preimpreso, en el cual dicho magistrado tomó sus notas de la vista preliminar, se especifica que el delito imputado era el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, su determinación no puede, a base de pura lógica procesal, tener otro significado que una determina-ción afirmativa de causa probable para acusar por el delito grave dispuesto en el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra. Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra. Para poder determi-nar causa probable por el delito menos grave dispuesto en el Art. 19 de la Ley Núm. 8, supra, tenía que expresamente así especificarlo en su determinación.

Si en la determinación de causa probable para arrestar se determina causa probable por un delito grave, en la vista preliminar se puede determinar causa probable por un delito menos grave, pero el magistrado tiene que espe-cificar por escrito que, de acuerdo con la prueba, no existe causa probable por el delito grave por el cual el magistrado había determinado causa probable para arrestar y haber remitido el caso al Tribunal de Distrito para celebrar la vista preliminar, y sí por un delito menos grave (que puede estar incluido en el imputado o ser distinto). Ese no es el caso de autos. Cf. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra.

Sin duda que la confusión que se ha creado en este caso desaparecería si el juez de causa probable para acusar hu-biera hecho constar “el delito específico” por el cual deter-minó dicha causa probable. Pero en ausencia de ello, en casos como el de autos, la lógica procesal de las Reglas de Procedimiento Criminal nos permiten determinar el al-canee de su decisión. En autos la expresión del magistrado de “causa probable por el delito imputado contra ambos acusados” sólo puede interpretarse como una determina-ción afirmativa de causa probable por el delito grave (Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra) imputado en la denuncia. Des-pués de todo, ¿cuál era el delito imputado? Tenía que ser el delito grave que llevó el caso ante la consideración del Juez de Distrito para celebrar una vista preliminar y no el juicio. No podemos imputarle al magistrado que remitió el caso al Tribunal de Distrito para esos fines el acto fútil de remitir un delito menos grave para celebrar una vista preliminar.

VI

Una vez establecido que la determinación de causa probable para acusar fue por el delito grave dispuesto en el Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra, procede que examinemos la acusación para determinar si la misma es suficiente y se ajusta a la autorización que se le otorgó al Ministerio Pú-blico con la determinación afirmativa de causa en vista preliminar.

Una lectura del pliego acusatorio refleja que el Ministe-rio Público le imputa a los peticionarios la posesión, reten-ción y/o disposición del fiare perteneciente al señor Cin-tron Colón, a sabiendas de que había sido obtenido de forma ilícita, mediante el delito de apropiación ilegal. Se recordará que la denuncia, que dio base a que se determi-nara causa probable para acusar, sólo le imputaba a los acusados la transportación de dicha propiedad a sabiendas de que había sido obtenida mediante apropiación ilegal. Se notará, pues, que entre una y otra existen divergencias sobre el acto específico imputado. ¿Es ello un defecto de forma o uno sustancial del pliego acusatorio?

Sabido es que los defectos de forma son aquellas imper-fecciones u omisiones en el formato del pliego acusatorio que no afectan derechos sustanciales del acusado y que no hacen insuficiente el pliego ni el proceso posterior. Regla 36 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Se trata de un defecto subsanable en cualquier momento. Regla 38(9) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 76-77. Ejemplo de ello es la cita errónea en el cuerpo de la acusación en cuanto al artículo del Código Penal por el cual ha de responder el acusado, Vizcana Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156 (1965); la falta de especificación de la personalidad jurídica o natural de la persona a quien se le sustraen los bienes mediante apropiación ilegal, Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 844 (1942); el no especificar la naturaleza particular de la negligencia criminal, El Pueblo v. Piñero, 31 D.P.R. 1 (1922), entre otros.

Los defectos sustanciales, por el contrario, se refieren a los defectos sobre todos los hechos que es necesario probar para hacer del acto imputado un delito o, lo que es lo mismo, la falta de uno o más de los elementos constitutivos del delito imputado. Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. González, 91 D.P.R. 541, 543 (1969); Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 76. Cuando existe un defecto sustancial, el pliego acusatorio es insuficiente y, de no ser subsanado antes de recaer el fallo o veredicto, hará nula la convicción.

Consideramos que imputar en la acusación un acto o actos distintos a los imputados en la denuncia que dio base a la determinación afirmativa de causa probable para acu-sar, y que autorizó al Estado para que el Ministerio Público presentara la correspondiente acusación, es un defecto substancial del pliego acusatorio.

Ahora bien, la Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, supra, dispone que “si la acusación ... adolecier[e] de algún defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ven-tilare originalmente el proceso podrá permitir, en cual-quier momento antes de la convicción o absolución del acu-sado, las enmiendas necesarias para subsanarlo”. Oportunamente solicitada la enmienda, el tribunal tiene que concederla.

Aquí el Procurador General nos ha solictado, en su com-parecencia, que permitamos al Ministerio Fiscal enmendar la acusación “al efecto de incluir el elemento de transporte contenido en la denuncia original presentada contra los peticionarios”. Ese es el curso de acción a seguirse.

Estando en una etapa anterior al juicio, el único efecto de dicha enmienda es retrotraer los procedimientos al acto de la lectura de la acusación para que se le dé lectura a la acusación así enmendada y los acusados hagan alegación para luego continuar con el trámite normal del caso. Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, supra.

Por los fundamentos expuestos, expediría el auto y mo-dificaría la resolución recurrida para permitirle al Minis-terio Público enmendar la acusación presentada en el caso de autos a los efectos de que incluya el elemento de “trans-porte”, contenido en la denuncia original, en el correspon-diente pliego acusatorio que se presente contra los peticio-narios y se pueda celebrar nuevamente el acto de lectura de la acusación. Luego de ello, se continuarían los procedi-mientos en el foro de instancia.

Es por ello que no podemos estar conformes con el resul-tado al cual llega la mayoría de este Foro. Respetuosa-mente disentimos.

      (1) La citada disposición reglamentaria establece, en lo pertinente, que:
      “La moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(i) Que el fiscal carecía de autoridad para presentar la acusación.” (Enfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64.

      (2) Véase, a esos efectos, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987; véase, en adición, Pueblo en interés menor F.S.C., 128 D.P.R. 931 (1991).

      (3) Distinta, naturalmente, es la situación en que se está celebrando el juicio en su fondo y se alega, por la defensa, incongruencia entre la denuncia, o acusación, y la prueba que pretende presentar el Estado. Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663 (1978); Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

      (4) Si a juicio del magistrado de instancia la prueba que presentara el Estado durante la vista preliminar sostiene una determinación de causa probable por el delito de infracción al Art. 15 de la Ley Núm. 8, ante, la moción de desestimación deberá ser declarada sin lugar.

      P) El fiare es una pieza accesoria de lujo que se fija en los guardalodos del vehículo.

      (2) La profesora Nevares-Muñiz, en su Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1980, pág. 83, nos señala al respecto:
      “Entendemos que la situación en donde se juzga o intenta procesar a una persona sin una determinación previa para arrestar (en delito menos grave) o para acusar (en delito grave), es una situación de falta de jurisdicción y no propiamente de la falta de autoridad contemplada por la Regla 64(i); y tampoco cae bajo la Regla 64(p) (no se determinó causa probable conforme a la ley).”

      (3) El Art. 2(b) de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. see. 3201) define vehículo de motor como “todo vehículo movido por fuerza propia” que no caiga en ninguna de las excepciones de los ocho (8) subincisos allí especificados.

      (4) En cuanto al elemento “a sabiendas de que fue obtenido mediante apropia-ción ilegal”, 9 L.P.R.A. see. 3214, el Art. 16(8) de la Ley Núm. 8, supra, 9 L.P.R.A. see. 3215(8), dispone en lo aquí pertinente, que se podrá inferir que el imputado tenía conocimiento personal de que el vehículo o pieza había sido adquirido de forma ilícita cuando ocurriera una o más de las siguientes circunstancias:
      “(8) Cuando el vehículo o pieza se encuentre bajo la posesión y control de una persona que no puede probar su derecho a conducirlo o a tener posesión del mismo o misma, cuando haya sido informado como desaparecido, robado, apropiado ilegal-mente o de cualquier otra forma sustraído ilegalmente de la persona con títulos sobre ellos.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

license: Public Domain

text:
    Dimas Zayas et al., demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico Inc. et al., recurrentes.

      Números: RE-89-397
    RE-89-457

      Resueltos: 9 de diciembre de 1992

      Maritza I. Munich, abogada de la recurrente; H. Febus Ber-nardini, Efraín Maceira Ortiz y Héctor Lugo Bougal, abo-gados de la parte recurrida; Victoria Pierce y José Denis Rodríguez Morales, abogados del Municipio de Ponce y Fénnix de Puerto Rico, en comparecencia especial limitada.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso comparecen ante nos tanto la parte demandante, Dimas Zayas Maldonado y otros, como la parte demandada, Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc. (en adelante Levitt) con el fin de que revisemos la Resolución y Sentencia Parcial emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Tomás Torres Marrero, Juez) el 20 de junio de 1989. En la referida Resolución y Sentencia Parcial, el tribunal a quo le reconoció a los demandantes una causa de acción al amparo del segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124. Luego de analizar la men-cionada disposición de ley y la jurisprudencia interpreta-tiva de la misma, revocamos al tribunal de instancia. Concluimos que al amparo de dicho estatuto es esencial probar, en primer lugar, la existencia de un contrato de arrendamiento de obras y, en segundo lugar, que se haya violado alguna cláusula o especificación concreta del mismo.()

I

Los demandantes son propietarios de residencias adqui-ridas entre 1972 y 1973, ubicadas en la Urbanización Las Delicias en el Municipio de Ponce. Como resultado de unos alegados defectos de construcción que según surge de las alegaciones provocaron la ruina de sus residencias,() los demandantes instaron acción civil en la que solicitaron una indemnización contra varios codemandados.() Fundamentaron sus reclamos en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141 (daños y perjuicios), y en la acción decenal y quincenal dispuesta en el Art. 1483 del Código Civil, supra (vicios de construcción).

La codemandada Levitt, mediante unas mociones de sentencia sumaria, solicitó al tribunal de instancia que de-clarase la caducidad y prescripción de las reclamaciones de los demandantes. Basó su solicitud en que siendo este un caso sobre vicios de construcción, las reclamaciones fueron presentadas expirado el término de diez (10) años provisto en el Art. 1483 del Código Civil, supra. El tribunal a quo dispuso la celebración de una vista a los fines de considerar los planteamientos esgrimidos por la codemandada Levitt.

Celebrada la referida vista,() el tribunal de instancia desestimó las causas de acción bajo las disposiciones de los Arts. 1483, primer párrafo, y 1802, ambos del Código Civil, supra, luego de concluir que ambas causas de acción ha-bían sido presentadas fuera del plazo decenal.() Sin embargo, le reconoció a los demandantes la causa de acción que surge del segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra.

Inconform.es con la sentencia parcial emitida por el tribunal a quo, recurrieron ante este Foro los demandantes, Dimas Zayas Maldonado y otros, señalando la comisión de tres (3) errores por parte del tribunal de instancia.() De igual forma recurrió la codemandada Levitt alegando la comisión de un solo error.()

Este Tribunal, mediante Resoluciones de 10 de agosto y de 5 de octubre de 1989, decidió revisar la referida sentencia parcial. A esos efectos, ordenamos se consolidaran ambos recursos.()

Examinemos, en primer lugar, los planteamientos de error hechos por la demandante, Dimas Zayas.

I-H I — I

En su primer señalamiento de error, la parte deman-dante arguye que este Tribunal carece de facultad para expedir un auto discrecional cuando se encuentra funcio-nando en salas de tres (3) Jueces.() En apoyo a su conten-ción, la demandante cita el último párrafo de la Regla 3(a) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A,() para concluir que “[e]l lenguaje de la Regla 3(a) es mandatorio al efecto de que todas las solici-tudes que requieran la expedición o negatoria discreciona-les tienen que ser considerad[a]s por el tribunal en pleno y no por una Sala de despacho”. Alegato en revisión, pág. 9. Este argumento de la demandante es inmeritorio. Veamos.

La facultad de este Tribunal para actuar en salas le es conferida por la Constitución del Estado Libre Asociado. El Art. V, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356, dispone lo siguiente:

El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. (Enfasis suplido.)

Dicho mandato constitucional quedó plasmado en el re-glamento adoptado por este Tribunal. La Regla 3(b) del mencionado reglamento provee, en sus partes pertinentes, lo siguiente:

(b) Funcionamiento en Salas
El Tribunal podrá organizarse en una o más salas para el despacho de los asuntos civiles y criminales. La sala o salas de despacho no podrán tener menos de tres jueces. ...
Todos los jueces componentes de una sala deberán intervenir en el despacho y decisión de los asuntos sometidos a la misma. Para la expedición de un auto se requerirán los votos de por lo menos la mitad de los jueces que intervengan. Las resoluciones de sala se identificarán como originadas en la sala que las emite, haciéndose constar los jueces que la componen. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Una somera lectura de la anterior regla es todo lo que se necesita para percatarse de la facultad inequívoca que posee este Tribunal para funcionar en salas y, así constituido, expedir cualquier auto, sea éste discrecional o mandatorio. La única limitación constitucional concierne a la situación en la cual se ha de declarar inconstitucional una ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/) situación que no está presente en el caso de autos.

Cabe destacar que la parte demandante, de manera aco-modaticia, recurre al último párrafo de la Regla 3(a) del Reglamento de este Tribunal, supra, para apoyar sus argu-mentos, soslayando el hecho de que dicha regla aplica úni-camente cuando el Tribunal funciona en pleno y no en sa-las, como en este caso.

i i I — i

Pasemos ahora a discutir en conjunto el segundo y ter-cer señalamiento de error que hace la parte demandante recurrente. En síntesis, impugna la determinación del tribunal a quo de no reconocerle una causa de acción general por incumplimiento de contrato() y de daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra,() en adición a la causa de acción bajo el Art. 1483 del Código Civil, supra. Por las razones que a continuación hemos de exponer, re-solvemos que no le asiste la razón al recurrente.

Primero, debemos dejar claramente establecido que el presente caso trata sobre vicios de construcción. Así lo dis-puso el propio tribunal de instancia al señalar en su sen-tencia que “[e]n el presente caso los daños que se alegan y reclaman contra la codemandada Levitt son por vicios en la construcción de la urbanización de los demandantes ...”.() (Énfasis suplido.) Los propios demandantes recu-rrentes en su escrito ante este Foro así lo confirman, al alegar que “[e]l incumplimiento contractual de Levitt pro-dujo la ruina de las viviendas”() (Énfasis suplido.)

Una vez ha quedado establecido el hecho de que en el presente caso la controversia gira en torno a alegados vicios de construcción, corresponde ahora acudir a aquellas disposiciones de ley que de manera específica reglamentan este asunto.

Como sabemos, nuestro Código Civil contiene una disposición específica que le impone una responsabilidad especial a los profesionales de la construcción por los vicios o defectos de que adolezca la obra construida o supervisada por ellos. Dispone el Art. 1483 del Código Civil, supra:

Sec. 4124. Responsabilidad del contratista y del arquitecto de un edificio arruinado por vicios de construcción
El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tu-viere lugar dentro de diez (10) años, contados desde que con-cluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de la indemnización durará quince (15) años.

La citada disposición de ley es la que gobierna toda re-clamación por alegados vicios de construcción que ocasio-nen la ruina de un edificio.

Por otro lado, con el propósito de lograr uniformidad en las reclamaciones de esta naturaleza fue que adoptamos en nuestra jurisdicción la doctrina del plazo único. Véanse: Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962); Coop, de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718 (1976); Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978); Medina v. Inter’l Basic Economy Corp., 121 D.P.R. 898 (1988); Dicha doctrina predica que cualquier reclamación en daños al amparo del Art. 1483 del Código Civil, supra, tiene que ejercitarse dentro del plazo único de garantía y de caducidad que fija dicho precepto de ley. González v. Agostini, 79 D.P.R. 510 (1956). El mencionado artículo provee un plazo único de diez (10) años luego de finalizada la construcción, cuando la ruina se deba a vicios de la construcción o del suelo. En aquellos casos en que la causa de la ruina fuera la falta del contratista a las condiciones del contrato de obra, el término será de quince (15) años.

En Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, pág. 388, expusimos la sabiduría de la doctrina del plazo único en los términos siguientes:

Se ha criticado la doctrina del plazo único por razón de su rigurosidad. Puede caducar fácilmente la acción si la ruina del edificio ocurre o el vicio se manifiesta a punto de expirar los diez años de garantía. La contestación a este argumento es que la concepción estricta de la responsabilidad decenal como tér-mino de garantía y plazo de caducidad para instituir la acción se debe precisamente al deseo de determinar el momento exacto en que expira la responsabilidad, evitando las querellas que pudiesen surgir a gran distancia de la entrega sobre el origen preciso del perjuicio alegado. ... La doctrina del plazo único lo que produce en la práctica es un acortamiento del plazo de garantía, pero tal es la tendencia generalizada en los códigos modernos. La nueva legislación se inclina abrumadoramente a favor de recortar sustancialmente el plazo de garantía, a la par que fija en muchos casos términos de caducidad para la denun-cia del vicio y el ejercicio de la acción.

En virtud de lo antes expuesto, rechazamos las pretensiones del demandante recurrente de que se les reconozca una causa de acción de naturaleza contractual separada y distinta a la del Art. 1483 del Código Civil, supra. El acceder a dicho reclamo haría inoperante la regla del plazo único adoptada por este Tribunal. Frente a un reclamo similar como el del demandante en este caso, nos expresamos en los términos siguientes:

Consideramos irreal y poco sabia la teoría de añadirle a un plazo de garantía ya largo de por sí —fijado bajo otras circunstancias en el siglo XIX y conocido desde el Estatuto de Módena de 1327 A.D.— un plazo de quince años para el ejercicio de la acción, conforme al Art. 1864 de nuestro Código. Aun si se qui-siese añadir por jurisprudencia tan solo el plazo de un año, se estaría actuando en contra de la doctrina repetidamente enunciada por este Tribunal desde 1956, ... y, aún más grave, tendría que construirse la nueva doctrina sobre la endeble base de que la acción en estos casos es de naturaleza cuasidelictual. Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, pág. 390.

En suma, no se cometieron los errores señalados por la parte demandante recurrente.

IV

Pasemos por último a considerar el recurso interpuesto por la codemandada Levitt. Esta señala como único error el hecho de que el tribunal a quo le reconociera a los de-mandantes una causa de acción al amparo del segundo pá-rrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra. Entendemos que dicho error fue cometido. Veamos.

El Art. 1483 del Código Civil, supra, en su segundo pá-rrafo, dispone que cuando la ruina del edificio fuese a con-secuencia de “la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de la indemnización durará quince (15) años”. Dicho precepto de ley ha sido objeto de considera-ción por este Tribunal en una sola ocasión anterior.

En Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., Ill D.P.R. 96, 108 (1981), expusimos los criterios que deberán estar presentes a los fines de poder invocar el plazo de caducidad de quince (15) años provisto en el segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra. Allí señalamos lo siguiente:

Resolvemos que para poder invocar el plazo de caducidad mayor deberá probarse que la violación a una cláusula concreta del contrato o sus especificaciones fue la causa directa de la ruina del edificio. La carga de la prueba le corresponde al dueño o legitimado activo. ... Por tratarse de una cláusula punitiva, que tiene el extraordinario efecto de ampliar el plazo decenal, la prueba no podrá fundarse en simples inferencias .... La falta del contratista tiene que ser probada por el comitente. (Énfasis suplido.)

Resolvimos, además, que por ser una cláusula punitiva dicho segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra, debía aplicarse de forma restringida.

Sobre este particular, nos señala Herrera Cátena, apli-cado al segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra, que “sanciona contravenciones específicamente con-tractuales, constituyendo una ‘excepción punitiva’ al plazo de garantía establecido en el párrafo Io. del propio art. 1.591 [equivalente a nuestro Art. 1483]...”. J. Herrera Cá-tena, Responsabilidades en la Construcción: responsabili-dad decenal de técnicos y constructores, Granada, Ed. Grá-ficas del Sur, 1983, Vol. 1, Cap. 3, pág. 219. Por su parte, García Cantero reitera que el incumplimiento debe ser específico. Además, señala que “no bastaría cualquier clase de incumplimiento, sino el cualificado por su resultado, es decir, por haber originado la ruina del edificio construido; pero dicha ruina ha de provenir ... de la falta del contra-tista a las condiciones del contrato”. G. García Cantero, La responsabilidad por ruina de los edificios, ex artículo 1.591 del Código Civil, 16 An. Der. Civ. 1053, lili (1963).

Por otro lado, aunque en Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., supra, no se señaló expresamente, re-sulta prudente que aprovechemos esta oportunidad a los fines de establecer que el “contrato” al que se alude en el segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra, se refiere al Contrato de arrendamiento de obras o de cons-trucción suscrito entre un contratista y el dueño de la obra. () Esta interpretación que adoptamos en el día de hoy ha sido sancionada por varios comentaristas españoles. Nos dice García Cantero: “Al hablar de ‘condi-ciones del contrato’, parece claro que se utiliza un término no técnico... con el que quiere aludirse al pliego de condi-ciones del contrato de obra” (Enfasis suplido.) García can-tero, op. cit. Por su parte, Del Arco y Pons señalan lo si-guiente: "... sin embargo ... esta prorrogación del plazo de garantía por el término común para la prescripción de las acciones personales, responde a la idea de adaptar el contrato de obra al tipo básico del art. 1.101 ....” (Enfasis suplido.) M.A. del Arco y M. Pons, Derecho de la Construc-ción, 2da ed., Madrid, Ed. Coimoff, 1980, Cap. XXV, pág. 385. En términos similares se expresa Fernández Hierro al comentar sobre cuando se infringe el segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra: “Creemos que siempre que se haya infringido cualquiera de las cláusulas del con-trato de obra o de los pliegos de condiciones a que haga referencia tales contratos.” (Enfasis suplido.) J.M. Ferrán-dez Hierro, La responsabilidad civil por vicios de construc-ción, 2da ed., Bilbao, Pubs, de la Universidad de Deusto, 1977, pág. 155. Véase, además, Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 719 (1987), y casos allí citados.

Por lo tanto, además de cumplir con los criterios fijados por este Tribunal en Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., supra, resulta indispensable probar la existencia de un Contrato de obras o de construcción para que surja una causa de acción bajo el segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra.( )

En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que el tribunal a quo incidió al reconocerle a todos los demandantes la causa de acción que surge del referido Art. 1483 del Código Civil. Las siguientes determinaciones de hechos realizadas por el tribunal de instancia avalan nuestra conclusión:

Aceptaron los demandantes no contar con ningún contrato de obra con la demandada Levitt ni tampoco conocer de contrato específico alguno de obra entre dicha parte demandada y otras personas o entidades ....
En este caso los demandantes aceptaron y reconocieron que no cuentan con contrato alguno de obra con la codemandada Levitt.C) (Énfasis suplido.)

Según señaláramos, el promovente de una causa de acción al amparo del segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra, tiene que probar violaciones concretas y específicas por parte del demandado a las condiciones del contrato de obras. En el presente caso, los demandantes al no poder producir contrato alguno de obra ante el foro de instancia, estaban impedidos de solicitar remedio alguno al amparo del referido artículo.

La decisión de instancia de “hallar una obligación aunque no se haya expresado en el contrato de compraventa, meramente por principios de razón y justicia”, contraviene los criterios fijados por este Tribunal en Federal Ins. Co. v. Dresser Ind., Inc., supra.()

V

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modi-fica la Resolución y Sentencia Parcial emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, a los fines de revocar aquella parte de la sentencia que le reconoció a los demandantes una causa de acción al amparo del segundo párrafo del Art. 1483 del Código Civil, supra. Así modificada, se confirma.

Se devolverá el caso para que continúen los procedimien-tos a tenor con lo resuelto en el día de hoy.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opi-nión escrita de las Partes III y IV de la opinión. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con las Partes I, II y IV de la opinión mayoritaria, pero disintió en cuanto a la Parte III de ésta por no estar conforme con la llamada "doctrina del plazo único”. También, coincidió con la posición disidente de los Jueces Irizarry Yunqué y Negrón García en Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384, 391 (1978).

      (1) En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4013.

      (2) Se alega en la demanda que la culpa y/o negligencia de los codemandados provocó asentamientos del terreno, ocasionando un surgimiento súbito de grietas, hendiduras y la separación y el desnivel de la tierra. Como consecuencia de lo anterior se produjo el agrietamiento de los pisos, las aceras, paredes, veijas, techos, y el hundimiento de pisos de las estructuras residenciales.

      (3) Además de Levitt and Sons of Puerto Rico, Inc., se incluyó como codemanda-dos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Junta de Planificación, a la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos, al Municipio de Ponce y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

      (4) La misma fue señalada para el 9 de mayo de 1989 y concluyó el día 22 del mismo mes.

      (5) Cabe destacar que el tribunal a quo únicamente desestimó los casos de los aquí recurrentes, Dimas Zayas y otros v. E.L.A. (CS-85-968) y el de Inés Albert y otros v. Levitt and Sons ofP. R. (CS-85-1982).

      (6) “A. Erró la Sala en receso de tres Jueces Asociados de este Honorable Tribunal al expedir el auto de revisión solicitado por la demandada recurrente Levitt & Sons.
      “B. Erró el Honorable Tribunal al no determinar la existencia de una causa de acción por incumplimiento contractual por virtud del contrato de compraventa sus-crito por Levitt & Sons, independientemente y en adición a la causa de acción al amparo del segundo párrafo del Artículo 1483 del Código Civil.
      “C. Erró el Honorable Tribunal al desestimar la causa de acción en daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sección 5141.” Alegato en revisión, pág. 6.

      (7) “Erró el tribunal al permitirle a los demandantes invocar la cláusula puni-tiva del segundo párrafo del Artículo 1483.” Alegato de la parte demandada recu-rrente, pág. 6.

      (8) RE-89-397: Dimas Zayas y otros (recurrido) v. Levitt & Sons of P. R. (recu-rrente), y RE-89-457: Dimas Zayas y otros (recurrente) v. Levitt & Sons of P. R. (recurrido).

      (9) Se refiere a la Resolución de 10 de agosto de 1989 emitida por este Tribunal donde se expidió el recurso presentado por la codemandada Levitt.

      (10) Dicha Regla 3(a), en su parte pertinente, dispone lo siguiente:
      “La expedición y denegatoria de todos los asuntos discrecionales y aquellos otros asuntos que se determine por el Tribunal, serán considerados directamente por el Tribunal en Pleno.” 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

      (11) En estos casos nuestra Constitución provee lo siguiente:
      “Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley.” Art. V, Sec. 21, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 356.

      (12) Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375.

      (13) 31 L.P.R.A. see. 5141.

      (14) Resolución y sentencia parcial, págs. 4-5.

      (15) Alegato en revisión, pág. 12.

      (16) En Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579-592 (1991), definimos el Contrato de Construcción en los términos siguientes:
      “En estos casos una parte, generalmente denominada “contratista”, se compro-mete a realizar y entregar una obra o construcción según la misma fue contratada, mientras que la otra parte, el dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la forma y el tiempo así pactado. El incumplimiento total o parcial de las prestaciones a las que se han obligado las partes sujetará las mismas a las sanciones que a esos efectos provee el Código Civil.”

      (17) “En el párrafo 2 del 1.591 expresamente se prevé que la responsabilidad surge cuando la causa de la ruina fuese la falta del contratista a las condiciones del contrato, en cuyo caso habría que traer al proceso este contrato.” (Énfasis suplido.) M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XX, Vol. 2, pág. 279.

      (18) Resolución y sentencia parcial, págs. 4 y 7.

      (19) Cabe destacar que los demandantes recurrentes únicamente produjeron ante el tribunal a quo un contrato de compraventa que ni siquiera estaba suscrito por éstos. De dicho contrato fue que el tribunal de instancia adujo que existía una obligación implícita de Levitt con los demandantes.