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      In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza
    Número: _

      Resuelto: 4 de febrero de 1982
   RESOLUCIÓN

Con fecha 21 de enero de 1982 los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín Baltazar Arraiza sometieron al Juez Presidente de este Tribunal, “en su carácter de Jefe de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, copia de una comunicación jurada el 12 de enero solicitando de la Oficina de la Administración de Tribu-nales “se sirva investigar y hacer las determinaciones que procedan con relación a la conducta del Honorable Juez Jorge Díaz Cruz, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, relativa a actuaciones dentro de su ministerio judicial”.

Dicho escrito relaciona la participación e intervención del Juez Asociado Señor Díaz Cruz en determinados casos y se aduce que ello infringió cánones de ética judicial.

El Juez Presidente dio conocimiento inmediato de la solicitud a todos los jueces del Tribunal y luego la sometió formalmente a la reunión del pleno del 22 de enero. Habiendo los referidos abogados presentado, además, la solicitud de investigación ante el Administrador de los Tribunales, el Tribunal acordó requerir de aquél el traslado del asunto a éste por tratarse de una cuestión de la incumbencia del Tribunal. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz, quien no intervino en la consideración del asunto, expresó su deseo de exponer por escrito al Tribunal unas observaciones al respecto, lo que le fue concedido. El memorando que circuló el día 1ro de febrero se une a esta Resolución. Apéndice I, infra.

Comoquiera que los tres planteamientos sometidos habían sido objeto de consideración por el Tribunal en el pasado, nos referiremos a la acción que entonces tomó el Tribunal al respecto.

Primeramente aludiremos al caso señalado en el párrafo primero del escrito (Ortiz Erazo v. Ortiz Erazo, R-80-574). En nuestra Resolución de 19 de enero de 1981, se enmendó nunc pro tune nuestra Resolución de 15 de enero de 1981, al advertir el error, cuatro días después, de no haberse hecho constar que el Juez Asociado Señor Díaz Cruz se había inhibido en la consideración del recurso, todo ello a pesar de que sobre la carátula del expediente aparece una nota en puño y letra del Juez Asociado Señor Martín que lee “El Juez Díaz Cruz inhibido”. Se üne a este dictamen copia de las mencionadas resoluciones. Apéndices II y III, infra. A pesar de los términos claros y definitivos de nuestra Resolución enmendatoria de 19 de enero de 1981, el Ledo. Fermín B. Arraiza, quien era abogado en aquel caso, y quien ahora suscribe la solicitud objeto del presente dictamen, presentó un escrito titulado “Escrito de Juris-dicción, etc.”, en el que pedía que el Juez Señor Díaz Cruz explicara la razón de su inhibición, lo que motivó nuestra Resolución de 29 de enero de 1981 explicativa del incidente de inhibición. Se une copia de dicha resolución a este dictamen. Apéndice IV, infra. El licenciado Arraiza insis-tió entonces en tres escritos adicionales sobre el incidente de la inhibición, los que fueron declarados sin lugar, siendo nuestra última resolución al respecto en 26 de junio de 1981. En vista de lo expuesto, este primer planteamiento carece de mérito alguno.

El segundo planteamiento cuestiona la participación del Juez Señor Díaz Cruz en la consideración del recurso de apelación Cr-77-41, Pueblo v. Casiano Vélez, 106 D.P.R. 464 (1977). Este planteamiento fue objeto de nuestra consideración y resuelto por nuestra resolución de 16 de marzo de 1978, que se une para que forme parte de este dictamen. Apéndice V, infra. Ver 106 D.P.R. 468. El referido caso criminal fue argumentado ante este Tribunal en vista celebrada al efecto por el Ledo. Héctor Lugo Bougal sin que éste solicitase la inhibición del Juez Señor Díaz Cruz. Cuatro meses después de la vista oral y de dictada la sentencia, se planteó ante este Tribunal por el Ledo. Luis Abreu Elias el asunto sobre la participación del Juez Señor Díaz Cruz en el referido caso. El Tribunal, sin la intervención del Juez Señor Díaz Cruz, volvió a consi-derar la cuestión planteada en dicho caso y unánimemente determinó que la participación previa del referido'magis-trado no había vulnerado el debido proceso de ley. El licenciado Lugo Bougal reproduce la misma cuestión resuelta casi cuatro años atrás. Es evidente que el plan-teamiento que ahora se reproduce carece de méritos.

Nos sorprende la actuación de los abogados Arraiza y Lugo Bougal al promover nuevamente estos asuntos.

En el tercer párrafo se solicita se investigue si el Juez Señor Díaz Cruz, durante su incumbencia como Juez Asociado de este Tribunal, ha poseído bonos de la Autori-dad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico y si ha intervenido en asuntos judiciales en que una de las partes ha sido dicha Autoridad. El Juez Señor Díaz Cruz posee bonos en corporaciones públicas, incluso de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, hecho que hizo constar al Pleno de este Tribunal desde el inicio de su incumbencia. Entendimos entonces, como ahora, que dada la naturaleza de la inversión del Juez Señor Díaz Cruz, la tenencia de bonos emitidos por la Autoridad de las Fuentes Fluviales, su intervención en litigios que envuelven reclamaciones a' favor o en contra de dicha corporación pública no viola los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico. Nos explicamos.

En Puerto Rico no existe norma específica sobre la intervención o descalificación de jueces por intereses financieros, como existe en la jurisdicción federal. El Canon XXI de los de Ética Judicial de Puerto Rico establece lo siguiente:

El Juez no debe utilizar su poder o el prestigio de su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. Tampoco debe tener relaciones de nego-cios que en el curso normal de acontecimientos razona-blemente previsibles puedan poner sus intereses personales en conflicto con el cumplimiento de sus deberes. La parti-cipación de cualquier Juez en negocios privados que no aparejen tales conflictos de intereses debe realizarse con la mayor cautela y prudencia a fin de evitar malas impresiones o la apariencia de conducta impropia. El Juez debe evitar particularmente dar base para la sospecha razonable de que pueda estar utilizando las prerrogativas o influencias de su cargo para su beneficio personal o el de otras personas.
El Juez no debe realizar gestión alguna ni permitir el uso de su nombre para recolectar fondos, no importa el propósito o destino de éstos. Dicha prohibición incluye solicitar dona-tivos o aportaciones de personas o entidades para el Colegio de Abogados de Puerto Rico o para organizaciones cívicas, benéficas, profesionales o de cualquier otra índole.

Examinado dicho canon, ciertamente la tenencia de bonos en una corporación pública no constituye una participación en negocios privados, ni requiere la inhibi-ción de un juez en la situación planteada.

En la esfera federal existen normas específicas sobre la no intervención de un juez, entre otras, por poseer intereses financieros en los negocios de una de las partes. 28 U.S.C. see. 455. Estas normas fueron adoptadas como resultado de las imputaciones contra la integridad e imparcialidad de jueces, lo cual movió a la creación de comités para investigar la ley entonces vigente a nivel federal sobre recusación judicial: Disqualification of Federal Judges— The Need for Better Guidelines, 13 Wake Forest L. Rev. 353 (1977). A tenor de lo anterior, la sec. 455 (28 U.S.C.), fue enmendada en 1974 para atemperarla a los Cánones de Ética Judicial de la Asociación Americana de Abogados.

La norma general en tal esfera es que un juez no deberá intervenir en un caso si tiene un interés financiero o de otra índole en la materia en controversia, que pudiera afectarse sustancialmente con los resultados del pleito. No todo tipo de interés financiero es motivo para la inhibición de un juez. Una de las excepciones a la norma general federal es la que trata de las inversiones de un juez en valores gubernamentales. Cuando se trate de esta situación rige la norma a los efectos de que se entenderá que existe un interés financiero solamente si el resultado del pleito puede afectar sustancialmente el valor de las inversio-nes. .

La Asociación Americana de Abogados, en su revisión del Código de Ética Judicial de 1979, mantiene y sugiere normas similares a la federal para la no intervención de jueces. Sobre la discusión y alcance de estas normas, véanse: E. G. Burg, Meeting the Challenge: Rethinking Judicial Disqualification, 69 Cal. L. Rev. 1445 (1981); Note, Disqualification of Judges and Justices in the Federal Courts, 86 Harvard L. Rev. 736 (1973); J. P. Frank, Commentary on Disqualification of Judges — Canon 3 C, 1972 Utah L. Rev. 377 (1972); G. L. Karl, Disqualification of Federal District Court Judges for Bias or Prejudice: Problems, Problematic Proposals, and a Proposed Procedure, 46 Albany L. Rev. 229 (1981); Comment, Disqualification of Federal Judges — The Need for Better Guidelines, supra; S. T. Jacobson, The Elusive Appearance of Propriety: Judicial Disqualification Under Section 4-55, 25 De Paul L. Rev. 104 (1975); P. J. Ryan, Judicial Disqualification Based on a Conflict of Interest, 12 Loy. L.A.L. Rev. 1057 (1979); T. J. Lacy, Disqualification of Federal Judges: Statutory Right to Recusal and the 197k Amendments to Title 28, 31 Southwestern L.J. 887 (1977).

Examinado lo anterior, y aun aplicando por analogía las normas de otros foros sobre no intervención de jueces por intereses financieros en los negocios de una de las partes, la inhibición del Juez Asociado Señor Díaz Cruz en casos de la Autoridad de las Fuentes Fluviales no es requerida.

En evitación de planteamientos similares que empañen la integridad de nuestros magistrados por ausencia de normas más definidas en nuestra jurisdicción sobre la descalificación de jueces por poseer interés financiero en un caso o los negocios de una de las partes y en otras situaciones análogas, procede que se inicien estudios para la adopción en Puerto Rico de las normas que se estimaren procedentes. A tal fin, se reinstala el Comité nombrado por este Tribunal mediante acuerdo de 17 de mayo de 1974, compuesto por el profesor de Derecho Raúl Serrano Geyls, el Ledo. Jaime Fuster y el Juez Superior Abner Limardo para revisar los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico a la luz de las últimas tendencias y desarrollos en este campo, estudiar los problemas jurisdiccionales y de pro-cedimiento correspondientes, los cuales no se prejuzgan en esta resolución, y oportunamente someter a este Tribunal las recomendaciones de rigor.

En virtud de lo expuesto precedentemente, no ha lugar a proveer ulteriores procedimientos en cuanto a la solicitud de los licenciados Héctor Lugo Bougal y Fermín Baltazar Arraiza.

Previa certificación de la señora Secretaria, deberá notificarse al Juez Asociado Señor Díaz Cruz y a los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín Baltazar Arraiza con copia de esta Resolución. Notifíquese, además, al Colegio de Abogados de Puerto Rico para su publicación.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria General. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz, salvo el memorando que sometiera el 1ro de febrero de 1982, no intervino ni participó en la deliberación y disposición de este asunto.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

APÉNDICE I

Memorando

Se pide a este Tribunal por los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín B. Arraiza que investigue y haga determinaciones sobre actuaciones judiciales de uno de sus jueces. Consideramos en orden las siguientes observaciones:

1. Respecto a mi alegada participación en el caso de Ortiz Erazo v. Ortiz Erazo, R-80-574, la resolución de 15 de enero de 1981 emitida en dicho pleito fue enmendada nunc pro tune cuatro días más tarde para subsanar una omisión en su texto, y reflejar el hecho real que el Juez Díaz Cruz se había inhibido desde el principio y que no tuvo participación en la decisión. Reiterada esta verdad al Sr. Arraiza en múltiples rechazos de sus mociones de reconsideración, su insistencia no es más que imputación de falsedad y encubrimiento a este Tribunal.

2. En cuanto a la queja y planteamiento ético referente a la tramitación y decisión del recurso de apelación Núm. Cr-77-41 del señor Casiano Vélez —cuyo mismo plantea-miento fue hecho entonces por el Lie. Luis F. Abreu Elias, uno de sus abogados— este Tribunal lo evaluó conjun-tamente con las otras cuestiones legales allí planteadas y concluyó mediante resolución de 16 de marzo de 1978, que la participación del Juez Díaz Cruz no lesionó el debido procedimiento de ley. Mi contacto con este caso cuando familiares del acusado me visitaron a principios de 1973 fue fugaz pues desde un principio les informé que no podía aceptar la representación, hallándome en proceso de cerrar mi bufete para ocupar la posición de Juez Asociado de este Tribunal. Me pidieron les sugiriera entonces otro abogado, y les mencioné entre otros, al Lie. Héctor Lugo Bougal. Cuando pasados cinco años formé tribunal para oír argu-mento oral en apelación, la previa lectura de alegatos no había relacionado en modo alguno el caso con la visita de familiares del acusado, antes dicha. Ignoro los motivos del abogado defensor Lie. Lugo para no haber advertido al Tribunal en ese momento de lo que consideraba partici-pación impropia de uno de sus integrantes. De la breve entrevista con parientes del acusado no recuerdo dato alguno que pueda vincularla con los hechos discutidos en la vista oral.

.3. Con referencia a mi inversión en bonos de corpora-ciones públicas —a diferencia de acciones— tal hecho fue informado al Tribunal desde mi llegada a este cuerpo y en vista de la naturaleza de la inversión, el Tribunal estimó que este factor no era motivo de inhibición; criterio en armonía con el Canon XXI de Ética Judicial de 1977 y Canon 5C del Código de Conducta Judicial ABA de 1979. No puede haber en esta inversión insignificante más apariencia de parcialidad que la concebible de nuestra participación en casos en que es parte el Gobierno que fija y paga el salario de los jueces. Ni en uno ni en otro caso hay interés personal en riesgo.

Mi tenencia de bonos de inversión de corporaciones públicas, parte infinitesimal de su pasivo, no inclina mi criterio, como tampoco me insta a disuadir mi esposa del cambio a gas como combustible alterno en nuestro hogar. Al votar o al inhibirme de participación en los casos en que he de emitir una decisión, siempre he guardado lealtad a mi recta consciencia y a la disciplina judicial. Hecha la decisión queda en mi ánimo la paz íntima que sólo conoce el hombre justo.,

(Fdo.) Jorge Díaz Cruz

Juez Asociado

APÉNDICE II

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 1981

A la solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

APÉNDICE III

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 1981

Se enmienda Nunc Pro Tune nuestra resolución de 15 de enero de 1981 para hacer constar que el Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

APÉNDICE IV

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1981

A los escritos de los interventores-recurrentes titulados “Petición Perentoria de Reconsideración y Solicitud de Audiencia” y “Moción en auxilio de jurisdicción sobre retención de Mandato” no ha lugar.

Al escrito titulado “Petición de Orden en Auxilio de Jurisdicción sobre ‘Enmienda Nunc Pro Tune’ respecto a la inhibición del Juez Asociado Señor Díaz Cruz”, no ha lugar. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió desde un principio y no ha participado en forma alguna en la consideración de este recurso. La enmienda nunc pro tune corrigió la omisión de referencia a su inhibición que debió insertarse en nuestra Resolución de 15 de enero de 1981.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

(.Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

APÉNDICE V

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 1978

Pasados cuatro meses de haberse celebrado la vista oral y haberse dictado sentencia confirmatoria en el caso de epígrafe, en escrito radicado el 13 de marzo de 1978, el apelante José E. Casiano Vélez solicita que se le absuelva por haber participado en la decisión el Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Funda su petición en una declaración jurada de su primo Nelson Meléndez Casiano quien afirma que el 13 de enero de 1973 visitó, en unión de otras personas, la oficina profesional del Lie. Jorge Díaz Cruz para solicitar “. . . sus servicios como abogado en un caso que se había presentado contra mi primo José Enrique Casiano Vélez y por el cual habían confiscado mi carro.”

La entrevista que se alega “. . . duró como una hora” se llevó a efecto casi cinco años antes de la vista celebrada en el presente caso. Semanas después de la entrevista, el Lie. Díaz Cruz fue designado a este Tribunal y juramentado el 16 de marzo de 1973. A pesar de que el magistrado ocupó su sitio en el estrado durante la vista pública celebrada el 17 de octubre de 1977 no se solicitó su inhibición por el abogado defensor Lie. Héctor Lugo Bougal. Es razona-ble concluir que debido al transcurso del tiempo y al factor memoria, tanto el Juez Señor Díaz Cruz como el Lie. Lugo Bougal no estaban conscientes ni relacionaron dicha vista con el caso de autos. En el cúmulo de asuntos judiciales, visitas, investigaciones de innumerables casos, es explicable que un abogado en el ejercicio de una intensa práctica pueda olvidar detalles de los innumerables asuntos en que ha intervenido y no tenemos duda de que éste ha sido el caso.

A la luz de lo expuesto, y en consideración a que nuestra opinión \_sic\ y sentencia confirmatoria del 3 de noviembre de 1977 representa el criterio de un Tribunal colegiado, la participación del Juez Asociado Señor Díaz Cruz no infringió el debido proceso de ley.

No obstante hemos considerado nuevamente la cuestión central planteada por el apelante en su recurso de apela-ción y ratificamos la sentencia confirmatoria emitida el 3 de noviembre de 1977 por entender que las circunstancias del caso no justificaban que se identificara al acusado en una rueda de detenidos. Los hechos por los cuales se acusó al apelante ocurrieron después de las cinco y media de la tarde y la identificación se llevó a cabo unas horas después.

En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), establecimos que la forma más confiable para identificar a un sospechoso por un testigo que no lo conocía de antemano era mediante la confrontación en rueda de detenidos, pero se reconoce que “[e]n ciertas ocasiones se puede dispensar de este requisito, como cuando la identificación se realiza poco tiempo después de ocurrido el acto delictivo, pues se reconoce que todavía está fresca en la memoria la imagen de la persona.” Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101-105 (1974); Bates v. United States, 405 F.2d 1104 (D.C. Cir. 1968).

En Norris v. Slayton, 540 F.2d 1241 (4th Cir. 1976), se consignó: “No hay prohibición alguna en contra de obser-var un único sospechoso en una rueda de un solo detenido cuando tiene lugar poco después del alegado acto criminal, pues esa observación, en vez de producir una identificación errónea tiende bajo algunas circunstancias a asegurar la exactitud de la identificación.”

Y como expresó el Juez Burger cuando pertenecía a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, la identificación “en circunstancias como éstas fomenta los deseables objetivos de una identificación reciente y exacta, la cual, en algunos casos puede inducir a poner en libertad inmediatamente a un sospechoso inocente y a la misma vez permitir a la policía reanudar la búsqueda del criminal en fuga mientras el rastro está fresco.” Bates v. United States, supra a la pág. 1106.

Si bien es verdad que algunos tribunales han estable-cido reglas estrictas en cuanto al tiempo que debe trans-currir entre el hecho delictivo y la confrontación para dispensar la celebración de una rueda de detenidos, la norma generalmente aceptada es que la confrontación debe ocurrir dentro de un tiempo razonable que no debe extenderse más allá de las 24 horas. Stanley v. Cox, 486 F.2d 48 (4th Cir. 1973); Norris v. Slayton, 540 F.2d 1241 (4th Cir. 1976); People v. Hunt, 568 P.2d 376 (Calif. 1977); People v. Floyd, 464 P.2d 64 (Calif. 1970); People v. McKinley, 355 N.E.2d 324 (Ill. App. 1976); Nota, Due Process Considerations in Police Showup Practices, 44 N.Y.U.L. Rev. 377 (1969).

La identificación llevada a cabo en este caso es confiable pues los testigos tuvieron la oportunidad de observar al acusado a corta distancia, y se lo presentaron pocas horas después de ocurridos los hechos cuando todavía estaba fresca en sus mentes la imagen de lo que habían visto. Si a esto unimos el hecho de que los testigos de cargo identi-ficaron el automóvil en que viajaba el agresor como uno marca Falcon, convertible, color gris de capota negra y gomas de aro de magnesio y fue en vehículo que corres-ponde a esa descripción donde la policía vio poco después al apelante, no cabe duda de que la identificación es confiable.

En mérito de lo expuesto se ratifica la sentencia confirmatoria emitida el 3 de noviembre de 1977.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué están conformes con la determinación de que la participación del Juez Asociado Señor Díaz Cruz no lesionó el debido proceso de ley, pero se ratifican en el criterio expuesto en la opinión disidente de que en este caso debió utilizarse la rueda de detenidos en el proceso de identificación del apelante. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz no participaron.

{Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

In re: Solicitud de investigación formulada por los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín Baltazar Arraiza.

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1982

Evaluamos la moción suscrita el 8 de febrero de 1982 por los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín Arraiza, con referencia a nuestra Resolución de 4 de febrero. En síntesis, éstos argumentan que este Tribunal, al resolver el escrito original presentado por ellos referente al Juez Asociado Señor Díaz Cruz, infringió el debido proceso de ley por no haberles dado oportunidad de presentar prueba para sostener sus alegaciones.

Por las razones que a continuación exponemos, el señalamiento es inmeritorio, ya que la presentación de prueba para disponer de este asunto no era necesaria.

Sobre la alegada participación del Juez Díaz Cruz en el caso de Ortiz Erazo v. Ortiz Erazo, R-80-574, al Tribunal le consta que aquél no intervino ni en la consideración ni en la adjudicación de dicho caso. Así debió haberse hecho figurar, pero no advertimos el error hasta cuatro días más tarde cuando procedimos motu proprio a corregirlo mediante resolución aclaratoria nunc pro tune.

En cuanto a la alegación sobre la participación del Juez Díaz Cruz en el caso de Pueblo v. Casiano, Cr-77-41, tampoco era menester la presentación de prueba. En nuestra Resolución de 16 de marzo de 1978 se dio por sentado lo alegado en la moción radicada por el licenciado Abreu Elias, y concluimos que el período de tiempo transcurrido —casi cuatro años— había hecho desvanecer el recuerdo que el Juez Díaz Cruz y el licenciado Lugo Bougal pudieran haber mantenido del asunto. Aun bajo el supuesto de que se hubiese perfeccionado un contrato de servicios profesionales remunerado subsistiría nuestra razón de decidir.

Una vez el Tribunal y el Juez Díaz Cruz fueron advertidos de la relación inicial de éste con el acusado Casiano se produjo el retiro total y absoluto de dicho magistrado en el caso, seguido por la decisión del Tribunal de evaluar otra vez la apelación sin la intervención del mencionado Juez. El Tribunal ponderó nuevamente los méritos del recurso de apelación tal y como si lo estuviese considerando por primera vez, e incluso amplió su discu-sión sobre la doctrina referente a la identificación del acusado y concluyó —con los criterios disidentes reiterados del Juez Presidente Señor Trías Monge y del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué— que debía confirmar la sentencia apelada. El Tribunal unánimemente quedó entonces con-vencido, como lo reitera hoy, de que la participación del Juez Díaz Cruz no lesionó el debido proceso de ley. Así lo consignamos en nuestra Resolución de 16 de marzo de 1978.

En cuanto al tercer señalamiento de los abogados Arraiza y Lugo Bougal, reafirmamos nuestros pronun-ciamientos en la Resolución de 4 de febrero de 1982, en el sentido de que no existe disposición alguna en el Código de Ética Judicial aplicable a los jueces que poseen bonos de corporaciones públicas puertorriqueñas, y que aun bajo las normas de inhibición imperantes en la jurisdicción federal, éstos no impedían ni impiden que el Juez Asociado Señor Díaz Cruz intervenga en los litigios en que la Autoridad de Fuentes Fluviales fuere demandada. Aunque nuestro actual Código de Ética data de 1977 —hace poco más de cuatro años— a los fines de que la imagen de los jueces quede clara y limpia de toda duda, hemos reactivado una comi-sión de abogados para que haga los estudios y recomenda-ciones pertinentes sobre conflictos de intereses de los miembros de la Rama Judicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y acogida la moción de los abogados Héctor Lugo Bougal y Fermín Arraiza como una moción de reconsideración a nuestra Resolución de 4 de febrero de 1982, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

      28 U.S.C. sec. 455. ‘‘Disqualification of justice, judge, magistrate, or referee in bankruptcy

      (a) .
      (b) He shall also disqualify himself in the following circumstances:

      (4) He knows that he, individually or as a fiduciary, or his spouse or minor child residing in his household, has a financial interest in the subject matter in controversy or in a party to the proceeding, or any other interest that could be substantially affected by the outcome of the proceeding;

      (d) For the purposes of this section the following words or phrases shall have the meaning indicated:

      (4) ‘financial interest’ means ownership of a legal or equitable interest, however small, or a relationship as director, adviser, or other active participant in the affairs of a party, except that:

      (iv) Ownership of government securities is a ‘financial interest’ in the issuer only if the outcome of the proceeding could substantially affect the value of the securities.”

       En el escolio 4 de su escrito el apelante nos solicita vista oral para someter prueba demostrativa “de que luego el Hon. Jorge Díaz Cruz le solicita al Ledo. Héctor Lugo Bougal que el continu[ara] con el caso.” En virtud de los términos de la presente consideramos innecesaria la misma.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Raúl Rivera Rodríguez, demandado y peticionario.

      Número: O-81-571

      Resuelto: 5 de febrero de 1982

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la División de Apela-ciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del peticionario; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   SENTENCIA

El peticionario Raúl Rivera Rodríguez —acusado de escalamiento agravado (G-81-24) e infracción al Art. 172 del Código Penal (M-81-31)— previa renuncia al jurado, admitió y le fue aceptada alegación de culpabilidad por tentativa de escalamiento agravado e infracción al Art. 172.

El Tribunal Superior, Sala de Caguas, no accedió a que su caso fuera referido al Oficial de Probatoria para Adultos para jnforme pre-sentencia y ese mismo día, 27 de mayo de 1981, lo sentenció a una pena de uno (1) a tres (3) años en el caso de tentativa y a seis (6) meses de cárcel por infringir el Art. 172. Se dispuso que las sentencias fueran cumplidas concurrentemente entre sí y bajo el régimen de probatoria.

Posteriormente, el 27 de. agosto, la Sra. Ana Camacho de Fontánez, oficial de libertad a prueba, le comunicó al tribunal sus dudas de si en vista de haberse dictado la sentencia, el caso era para investigación de pre-sentencia o para supervisar. El tribunal le informó que el caso era referido para investigación pre-sentencia y que en su oportunidad se proponía enmendar la sentencia impuesta.

En vista celebrada el 3 de septiembre, el tribunal explicó que había incurrido en un error al concederle al acusado los beneficios de una sentencia suspendida sin el debido informe pre-sentencia y que una vez efectuado el mismo, por resultar negativo, procedía enmendar la sen-tencia en el caso de tentativa de escalamiento agravado, aumentando la pena de cuatro (4) a seis (6) años. Dejó al peticionario bajo el régimen de probatoria con una serie de condiciones especiales.

La representación legal del peticionario solicitó la reconsideración sobre la modificación de la sentencia argumentando su ilegalidad por razón de haber transcu-rrido el término de 90 días. El 8 de septiembre el tribunal reiteró su actuación.

Subsiguientemente, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal le impuso una fianza adicional de $6,000 en efectivo a base de que era un sospechoso de un caso de asesinato bajo investigación. Fue ingresado en una insti-tución penal. Otra vez la Defensa solicitó la reconside-ración. En vista del 8 de septiembre el tribunal reiteró sus dictámenes, declaró sin lugar la reconsideración haciendo constar “que cuando una persona es sentenciada se deja bajo la misma fianza, sin fianza o se le fija una fianza que es lo que se hizo en este caso”. Ese día también el Ministerio Público pidió la revocación de la probatoria. El tribunal dispuso que esa petición se hiciera por escrito y funda-mentada. El día siguiente, 9 de septiembre, el tribunal dejó sin efecto la fianza adicional impuesta el 4 de septiembre y ordenó la excarcelación del peticionario.

Al tramitarse el presente recurso de certiorari dirigido a cuestionar la modificación y aumento de la sentencia, estaba pendiente de dilucidarse la solicitud de revocación de sentencia suspendida. Concedimos al Procurador General término para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos dejar sin efecto la sentencia del 3 de septiembre que aumentó la pena a una de cuatro a seis años en probatoria por el delito de tentativa de escala-miento agravado y en su consecuencia reinstalar la dictada originalmente.

En su comparecencia el Estado elabora la tesis de que la primera sentencia era nula, ya que, al dictarse, el tribunal no tuvo ante sí el informe del oficial probatorio exigido por el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. sec. 1027) y reiterado en Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247, 249 (1947); Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964); y Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620, 625 (1972). Su posición es correcta.

En lo pertinente, el Art. 2 de la Ley Núm. 259 prescribe —entre los requisitos que deben concurrir para un tribunal dejar en libertad a prueba a un convicto— lo siguiente:

(3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de este informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad. (Énfasis suplido.)

Ante este claro mandato legislativo es imperativo concluir que la sentencia dictada originalmente era nula —como correctamente lo estimó el foro primario— y, por ende, el tribunal puede re-examinar la sentencia y la pena impuesta originalmente. Es evidente que el informe pre-sentencia es fundamental para mover la discreción del juez sentenciador para determinar la extensión del término a cumplirse en probatoria. En su consecuencia la sentencia impugnada es válida. Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650, 652-653 (1976).

No habiéndose cometido el error apuntado, se confirma la actuación del Tribunal Superior, Sala de Caguas, fechada el 3 de septiembre de 1981.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al cual se unió el Juez Presidente Señor Trías Monge.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

El 27 de mayo de 1981, luego de hacer alegación de culpabilidad por tentativa de escalamiento agravado, el peticionario fue sentenciado a una pena de uno a tres años de prisión bajo el régimen de sentencia suspendida. No medió un informe previo de un oficial probatorio. Poste-riormente, el 3 de septiembre de 1981, el juez dejó sin efecto su sentencia y dictó otra en que le impuso una pena de cuatro a seis años de prisión, a cumplirse en probatoria. Se basó en que no tuvo el beneficio de un informe pre-sentencia al dictar la primera y que, habiéndose presen-tado el mismo con posterioridad, resultó negativo al acusado y por ello debía dejar sin efecto la anterior sentencia y dictar la de cuatro a seis años, de que aquí se recurre.

Concedimos término al Procurador General para mos-trar causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari solicitado, dejar sin efecto la sentencia de 3 de septiembre y reinstalar la de 27 de mayo. La sentencia de este Tribunal acoge el planteamiento del Procurador de que la primera era nula por no mediar un informe del oficial probatorio antes de ser dictada. Se basa en lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. see. 1027). El citado artículo dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

(3) que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad. (Énfasis suplido.)

Cómo puede verse, dicho informe es requerido a los fines de disponer si se concede al acusado el beneficio de la sentencia suspendida. No es requisito para la imposición de la sentencia, que es una cosa distinta. La falta de dicho informe nada afecta la legalidad de la sentencia impuesta el 27 de mayo de 1981, pues a este caso no le aplica la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal. Sus hechos ocu-rrieron antes de la vigencia de la Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980, que adicionó dicha Regla 162.1 a los fines de requerir un informe antes de dictarse sentencia Dicha Ley dispone en su Art. 3:

Esta ley comenzará a regir a la fecha de vigencia de la Ley que establece la Sentencia Determinada en Puerto Rico. Leyes de Puerto Rico, 1980, pág. 360.

La Ley que establece el Sistema de Sentencia Deter-minada, Núm. 100 de 4 de junio de 1980 empezó a regir nueve meses después de su aprobación. Dice en su See. 4:

Esta ley comenzará a regir nueve meses después de su aprobación, y sus disposiciones serán aplicables a personas a ser juzgadas por hechos delictivos que se cometan a partir de la fecha de su vigencia. Leyes de Puerto Rico, 1980, pág. 298.

Por los fundamentos expresados, disiento de la sentencia de este Tribunal. Debería expedirse el auto y resolverse conforme a lo intimado en nuestra resolución sobre mos-tración de causa.

      La acusación imputa que los hechos ocurrieron el 1ro de diciembre de 1980.

       La nota al calce de la Regla 162 en el Suplemento de 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162 (para 1981) indica erróneamente que la vigencia de la citada Ley es “90 días después de Junio 4, 1980”.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carlos Figueroa Rosa, acusado y recurrido.

      Número: O-81-429

      Resuelto: 11 de febrero de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Heyda Vigil McClin, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En proceso seguido al recurrido bajo acusación de asesinato en primer grado por dar muerte a otro ser humano a puñaladas, luego de una hora de deliberación, el Jurado trajo un veredicto de asesinato en segundo grado, por votación de 9 a 3. La defensa, a cargo de la Sociedad para Asistencia Legal formuló moción de nuevo juicio sin más aseveración de fundamento que la expuesta en el párrafo 3o: “Que el veredicto rendido por el [JJuradó no constituye la expresión verdadera de la opinión del [JJuradó.” Acompañó ocho declaraciones juradas de miem-bros del Jurado que coinciden en la afirmación de que el veredicto no es su “verdadera expresión” pues su voto fue emitido con prisa porque se hacía tarde y estaban cansa-dos. Uno de los jurados que suscribió tal declaración fue la Sra. María Erazo Rivera quien en la vista sobre la moción de nuevo juicio —sin que se hubiese alegado en la moción— declaró que el penúltimo día del juicio, y durante la sesión, una persona que no identificó le dijo que “recordara que tenía un hijo por las calles de Río Piedras” por lo que se sintió “personalmente amenazada”. El juez de instancia desestimó correctamente el fundamento de prisa o festina-ción aducido en la moción, amparado en reiterada juris-prudencia de este Tribunal, destacando a Pueblo v. Lebrón, 47 D.P.R. 430, 431 (1934); y Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234, 272-273 (1936). Sin embargo, el propio magistrado, aun reconociendo que no tenía base para determinar que la amenaza hubiese afectado el voto de esta jurado (Resolu-ción, pág. 6) ordenó sua sponte la celebración de nuevo juicio.

El Procurador General recurrió en certiorari y luego de paralizar los procedimientos en instancia, en auxilio de nuestra jurisdicción, el 6 agosto, 1981, expedimos el auto.

El Pueblo recurrente alega como único error haber el juez concedido la moción de nuevo juicio sobre el incidente relatado por la señora Erazo, que debió excluir a tenor de la prohibición dispuesta en la Regla 42(C) de Evidencia, a saber:

Regla 42. Jurado cómo testigo
(A).
(B).
(C) En el curso de una investgación sobre la validez de un veredicto, un jurado no podrá declarar sobre lo ocurrido en el curso de las deliberaciones del Jurado ni sobre las razones que tuvo para emitir su voto, o el proceso mental conducente a ello. Sin embargo, un jurado podrá declarar sobre si se presentó a la consideración del Jurado materia impropia y ajena a la deliberación de éste.

El apelante, beneficiado con la concesión de un nuevo juicio por fundamento distinto al promovido en su moción, trata de revivir su propio fundamento de prisa que no amerita más discusión, vista la jurisprudencia acotada por el juez al descartarlo, especialmente en Pueblo v. Ramírez, supra, a las páginas 272-273:

“Y aun en aquellas jurisdicciones que todavía observan la antigua regla y generalmente admiten affidavits de jurados, la regla no se extiende hasta incluir affidavits en los que se alegue que los jurados entendieron mal las instrucciones de la Corte. Si ellos difieren en cuanto a las instrucciones de la Corte, deben volver al salón para que les sean repetidas; y si dejaren de hacer eso, no se les debe permitir alegar después cuáles fueron sus impresiones o puntos de vista con respecto a las instrucciones. Si fuese la costumbre recibir affidavits de jurados para explicar los fundamentos de sus conclu-siones, en casos disputados, pocos veredictos se sostendrían, pues podrían encontrarse jurados que alegasen como errores de derecho o de hecho, al dictar su veredicto, lo que en realidad no eran más que pensamientos posteriores, produ-cidos por conversaciones con las partes interesadas ....
“Por las mismas razones el affidavit de un jurado no puede ser recibido para impugnar su propio veredicto demostrando que interpretó mal la evidencia o cuáles fueron sus impresiones en cuanto al efecto de su veredicto, o que él tenía una intención diferente a la expresada por el veredicto. Ni pueden admitirse affidavits de jurados, explicando la teoría o fundamentos sobre los cuales basaron su veredicto, con el propósito de impugnarlo.”

Tanto el recurrente como la defensa dedican considerable argumento a la cuestión de admisibilidad del testimonio de la jurado Erazo, que es perdido esfuerzo, toda vez que el incidente ninguna repercusión tuvo en las deliberaciones del jurado y que no se trata de materia impropia y ajena a la deliberación que se hubiese presen-tado a la consideración del cuerpo, según dice la Regla 42(C) transcrita. La realidad que gobierna este recurso es que independientemente de la cuestión de admisibilidad, la propia resolución afirma que no recibió testimonio de jurado alguno tendente a establecer que su voto en el veredicto hubiese sido influido por la peculiar amenaza. Aun en el supuesto de que adoptáramos la norma de la concordante Regla 606(b) federal de que el Jurado podrá declarar en cuanto a cualquier influencia externa impro-piamente ejercida sobre cualquiera de ellos, queda la realidad factual, afirmada por el juez de que “[exami-nados los jurados sobre si habían sido coaccionados o intimidados sus testimonios establecen que su voto no fue objeto de coacción o intimidación alguna”. Resolución, pág. 2, in fine. ....

La observación a comentario anónimo —si lo hubo— que dijo escuchar la jurado Erazo sobre que “recordara que tenía un hijo por las calles de Río Piedras”, visto el veredicto producido, no da muestra de haber influido en el ánimo de los nueve jurados que lo emitieron; pues si la frase procedía de fuente identificada con la víctima, no impidió la rebaja de la calificación del delito de asesinato de primero a segundo grado; y si de la parte del acusado, tampoco detuvo la apreciación de la prueba conducente a la convicción. Además, fue única y exclusivamente esta jurado Erazo quien de improviso en la vista, dijo haberse sentido “personalmente amenazada”, mas como no dijo en qué forma había votado, tampoco hay medio de apreciar si el veredicto refleja o no indebida influencia. Quedan en el misterio cuáles fueren las alternativas del veredicto si ella no hubiese oído esa frase: ¿hubiera unido su voto a los nueve que votaron sin temor alguno, produciendo entonces un veredicto de 10 a 2? ¿Hubiera defendido, durante la hora de deliberaciones, un veredicto de primer grado, en vez de la rebaja acordada por mayoría? En la serie de especulaciones a que da lugar la tardía insinuación de temor como factor de peso en su voto personal, pues había permanecido muda cuando el juez, antes de aceptar el veredicto, preguntó sobre la voluntariedad del mismo, se pierde todo concepto de firmeza y garantía de justicia en el juicio por Jurado. El veredicto no puede ser alterado por razón de indebida presión o influencia a menos que haya prueba prima facie de que ese extraño elemento pervirtió la decisión de mayoría. Aquí no solo está ausente esa demostración de vicio en el veredicto, sino que la única miembro del Jurado que suscita la cuestión pone en tela de juicio su credibili-dad porque no solo permaneció callada en el momento en que el juez recibe el veredicto del Presidente del Jurado, sino que pasado el tiempo, cuando se le pide una declara-ción en apoyo de nuevo juicio, se limita a decir que el factor prisa fue determinante en su voto, y por segunda ocasión olvida y suprime toda información respecto al comentario o amenaza a que luego atribuye su personal estado de ánimo, sin que todavía nos diga si bajo esa presión optó por unirse a la minoría de tres, que usual-mente es recurso de los jurados para impedir la identi-ficación de su voto, especialmente en los veredictos condenatorios. El veredicto del Jurado, como la sentencia del juez, es acto investido con la alta dignidad de la magistratura en la función juzgadora de la conducta de los hombres, y no es para echarse a un lado con liviandad e indiferencia. Como demuestra el análisis de este in-cidente procesal el juez que dejó sin efecto el veredicto para conceder nuevo juicio no tuvo ante sí prueba alguna para concluir que la amenaza influyó el voto de la señora Erazo, y mucho menos de que fuese determinante en el voto de alguno de los nueve que constituyeron la mayoría en el veredicto rendido. Precisamente, evitar ' que el aislado proceder de un solo miembro abortara la unanimi-dad y anulara el esfuerzo y la labor colectiva del panel, fue razón práctica en el cambio a veredictos por mayoría de no menos de nueve. Ley Núm. 11 de 19 agosto, 1948 —hoy suplantada por la Regla 112 de Procedimiento Criminal.

No puede atacarse el veredicto bajo la premisa de prejuicio implícito, y sí debe demostrarse la existencia de prejuicio real. En Smith v. Phillips, 455 U.S. 209 (1982), ha resuelto el Supremo federal que el hecho de descubrirse durante el juicio por doble asesinato y atentado a la vida que uno de los jurados tenía en proceso y ante la consideración del fiscal una solicitud de empleo como investigador, no implicaba necesariamente que estuviese prejuiciado; que en la vista sobre moción para anular el veredicto el juez de instancia no encontró evidencia alguna de opinión formada de culpabilidad, ni motivo siniestro o deshonesto en la radicación por el jurado, durante la celebración del juicio, de la solicitud de empleo; y que el juez estimó esa actuación del jurado una indiscreción, mas no indicio de conclusión prematura sobre culpabilidad del acusado, ni de su incapacidad para pasar sobre la inocencia o culpabilidad de éste. Dice la opinión:

... el debido proceso no exige nuevo juicio cada vez que se coloca a un jurado en situación potencialmente compro-metedora. Si esa fuera la regla, pocos juicios serían consti-tucionalmente aceptables. Las salvaguardas de la imparcia-lidad del Jurado, como el voir dire e instrucciones protectoras del juez, no son infalibles; es virtualmente imposible aislar los jurados de todo contacto o influencia que teóricamente pueda afectar su voto. Debido proceso significa un jurado capaz y dispuesto a decidir el caso únicamente de acuerdo con la prueba, y un juez en constante alerta para evitar incidentes de prejuicio y determinar el efecto de esos incidentes cuando ocurran. Tales determinaciones pueden propiamente lograrse en la vista [de la moción para dejar sin efecto el veredicto]. Pág. 217.

El acusado que alegue error perjudicial no puede descansar en el precepto o la expresión dogmática. Deberá demostrar que la decisión o actuación objetada tuvo impacto y relieve perceptible en la objetividad del juicio. Cuando está ausente ese resultado de lesión a un derecho fundamental, no puede levantarse un edificio de error con simple referencia a decisiones emitidas en otros casos sin identificar los hechos. La insistencia del recurrido en la festinación como vicio del veredicto, no nos mueve a pensar que estos jurados fuesen capaces de enviar un hombre a presidio sólo porque se hacía tarde y estaban cansados, teniendo la opción responsable de informar al juez la necesidad de recesar, práctica común en las deliberaciones. A pesar de que el monótono estereotipo de sus declaraciones juradas limitan la expresión personal de cada uno de los declarantes, en ninguna se dice que hubiesen votado en forma distinta de haberse tomado más tiempo, ni que el veredicto respondiese a otra consideración que no fuese la apreciación de la prueba. Queda demostrada la sabiduría de la Regla 42(C), que excluye de encuesta sobre validez del veredicto lo ocurrido en el curso de las deliberaciones del Jurado, las razones que tuvo para emitir su voto, y el proceso mental conducente a ello. Nada valdría un veredicto susceptible a ataque de sus propios autores porque sólo deliberaron una hora o porque no se complació á alguno que deseaba ampliación de instrucciones, en fin, porque no se atendió su particular preferencia en alguno de los múltiples aspectos de la deliberación. La institución del Jurado perecería en semejante laberinto.

Con estos antecedentes y fundamentos, la resolución de 15 junio, 1981 de la Sala de San Juan, que concedió un nuevo juicio será anulada y se remitirá el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión.

      E1 privilegio del secreto en el cuarto de deliberaciones debe ceder si se demuestra prima facie que en dicho recinto ha ocurrido alguna anormalidad que afecte seriamente la realización de la justicia a fin de que pueda llegarse al esclarecimiento de la verdad. Bigio v. Corte, 46 D.P.R. 448, 463 (1934).

       Compete al acusado rebatir la presunción de que el Jurado basó su veredicto en la prueba, y no en hechos extraños o bajo indebida influencia o presión. Pueblo v. Prados Garda, 99 D.P.R. 384, 394 (1970).

       Como antes se ha dicho, el juez examinó los jurados y ninguno dijo que hubiera votado bajo coacción o intimidación. Esto explica por qué la moción de la defensa no encontró mejor base que la inocua prisa.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. National Packing Co., demandada.

      Número: O-81-627

      Resuelto: 23 de febrero de 1982

      Antonio F. Santos, abogado de la peticionaria; Manuel A. Núñez, de Curbelo & Núñez, y José A. Lebrón Tirado, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 9 de noviembre de 1981 la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico nos solicitó que pusiéramos en vigor un laudo de arbitraje dictado a favor del Congreso de Uniones Industriales y contra la National Packing Company. El laudo fue emitido el 21 de diciembre de 1979 por el árbitro Fernando Hernández Benitez del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El procedimiento fue regido por el siguiente acuerdo de sumisión:

Determinar si la Compañía violó o no el Artículo XIII del convenio colectivo, al no pagar los días feriados del 4 y el 25 de julio de 1979 y el Día del Trabajo de ese mismo año, a los empleados temporeramente suspendidos entre el día 1 y 4 de junio de 1979, por falta de trabajo.

El Art. XIII del convenio, que establece el pago por días feriados, dispone:

Sección 1 — Se pagarán ocho (8) horas consecutivas a tiempo completo a razón del tipo regular de paga por:
1. Año Nuevo 1 de enero
2.
3. Día del Trabajo
4. .......
7. Día de la Constitución 25 de julio
8. Día de la Independencia 4 de julio
Aunque no se trabajen, si:
a) El empleado tiene (1) año o más [de] antigüedad en la planta según lo establece el Artículo V, y
b) El empleado trabaja sus día [s-ic] regular de trabajo inmediatamente antes y después del día feriado a menos que haya excusado su ausencia, y
c) El empleado trabaja el día feriado si estaba progra-mado para trabajar, y
d) El empleado trabaja por lo menos un (1) período de siete (7) días calendarios de trabajo con anterioridad al día feriado.

El árbitro interpretó que la compañía había contraído la obligación de pagar a sus empleados los días feriados designados en el convenio sujeto a la satisfacción por éstos de ciertos requisitos y que en el caso de los empleados cesanteados temporeramente por falta de trabajo, al con-servar su status de empleados, tienen derecho al pago aunque no cumplan con todos los requisitos de elegibilidad. Estos requisitos de elegibilidad, según el árbitro, consti-tuyen una medida para evitar el ausentismo antes y después del día feriado, por lo cual solo son de aplicación cuando hay trabajo disponible para los empleados. •

El árbitro resolvió que los requisitos de los incisos ay b del Art. XIII son de aplicación tanto en el caso de que haya trabajo disponible como cuando no haya, por lo cual deben ser cumplidos por los cesanteados para tener derecho al pago. Estos requisitos se cumplen en el caso de los cesanteados si tienen un año o más de antigüedad en el empleo y trabajaron el día inmediatamente antes de comenzar el cese y el día inmediatamente después de terminar éste. A base de lo anterior resolvió que la Compañía violó el Art. XIII del convenio al no pagar los días feriados reclamados y ordenó el pago de los mismos.

El 2 de diciembre de 1981 concedimos a la parte demandada la oportunidad de mostrar causa por la cual no debía ponerse en vigor el laudo de arbitraje. En su comparecencia la National Packing Co. plantea que el laudo adolece de varias causas de nulidad.

Primeramente señala que el laudo es nulo por haberse excedido el árbitro de la jurisdicción que se le concedió en el pacto de sumisión, porque no se le concedió autoridad para ordenar el pago de suma alguna. Plantea además que se excedió en su autoridad al modificar y restar a las cláusulas del convenio, en contravención de lo allí dis-puesto. Como otra causa de nulidad señala que el árbitro varió las cláusulas del convenio, violando así la política pública proclamada en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico que declara que los convenios colectivos son instrumentos para promover la política pública de dicha ley y no pueden ser variados unilateralmente.

Antes de considerar los dos planteamientos conviene apuntar que en el convenio colectivo se estableció que las decisiones del árbitro serán finales, firmes, inapelables y obligatorias para las partes. No se impuso la limitación de que tenían que ser conforme a derecho. En casos como éste la norma adoptada por este Tribunal es que aun cuando quizás hubiéramos llegado a una conclusión distinta si la cuestión estuviera sometida ante nosotros, “las partes que firman un convenio de esta naturaleza deben comprender que han sustituido al árbitro por las cortes para la determinación de todas las cuestiones de hecho y de derecho sustantivo”. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 800-801 (1949); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974).

El Tribunal ha adoptado la norma de autorrestricción judicial y solo anulará un laudo si están presentes algunas de las siguientes causales: fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley, violación de la política pública, falta de jurisdicción, o que el laudo no resuelva todas las cuestiones en controversia. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, pág. 800; J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195, 199 (1976).

A base de estos principios consideremos los planteamientos de la Compañía para impugnar el laudo. En cuanto al planteamiento de falta de jurisdicción resolvemos que el árbitro actuó dentro de la autoridad concedida por el acuerdo de sumisión. Éste claramente le concedía autoridad para determinar si los empleados cesanteados temporeramente tenían derecho a paga por los días feriados reclamados. Habiendo resuelto el árbitro que sí lo tenían, el remedio que correspondía era ordenar el pago. La tendencia moderna en el Derecho laboral es la de concederle amplia autoridad al árbitro para diseñar un remedio adecuado a su laudo. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 840-842 (1977); Steelworkers v. Enterprise Corp., 363 U.S. 593, 597 (1960); F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed. Washington, The Bureau of National Affairs, Inc., 1973, pág. 351.

La Compañía también impugnó el laudo a base de que el árbitro se excedió en su autoridad, pues en el convenio se estableció que ni el árbitro ni las partes tendrían autoridad para alterar, modificar, enmendar o restar a las cláusulas del convenio. Entiende que la actuación del árbitro al determinar que algunos de los requisitos para el pago de días feriados no eran aplicables modificó y restó disposiciones al convenio. No tiene razón. La función principal de un árbitro en el campo de las relaciones obrero-patronales es la de interpretar las cláusulas de los convenios colectivos. Elkouri, op. cit., pág. 296. Al ejercer esta función el árbitro no está limitado exclusivamente al contenido del convenio, sino que puede hacer uso de otras fuentes, siempre que no se aparte de la esencia del convenio. Steelworkers v. Enterprise Corp., supra, pág. 597. La libertad de interpretación del árbitro dependerá de la claridad de las cláusulas del convenio. Una cláusula cuyo lenguaje parece ser claro puede ser ambigua si admite que se le den interpretaciones conflictivas. Elkouri, op. cit., pág. 296. Dentro de estas limitaciones el árbitro tiene flexibilidad para hacer su interpretación.

El segundo fundamento para impugnar el laudo es que el árbitro violó la política pública al modificar y restar cláusulas del convenio, pues los convenios están revestidos de gran interés público, representan la ley entre las partes y al ser variados por el árbitro se frustra la política pública expresada en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Al discutir el fundamento anterior resolvimos que el árbitro actuó dentro del límite de su autoridad al interpretar la cláusula sobre paga por días festivos, por lo cual no procede la impugnación por este segundo argu-mento.

Por los fundamentos expresados resolvemos que el laudo es válido. En consecuencia, se ordenará a la National Packing Co. dar cumplimiento al mismo sin más dilación.

      A modo de ejemplo y sin que se entienda que estamos enjuiciando la corrección de la interpretación dada por el árbitro en el laudo impugnado en el caso Hemp & Co., 37 LA 1009, 1010 (1962), el árbitro distinguió entre una cláusula contractual que requería que el empleado trabajara su último día de trabajo programado antes del feriado y su primer día programado después del feriado, y una que requería que el empleado trabajara el último día programado antes del feriado, y el primer día programado después del feriado. En la primera situación el árbitro interpretó que los empleados cesanteados temporeramente tenían derecho a paga por los días feriados si habían trabajado hasta el último día antes de ser cesanteados y el primer día luego de finalizado el cese. En la segunda situación no se concedió derecho a paga, pues el convenio requería que se trabajara el día antes y después del feriado y los empleados cesanteados no podían cumplir con el requisito.


text:
    Violeta Enríquez Pérez y Violeta Camino Enríquez, demandantes y recurridas, v. Fernando Fernández, et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-79-111

      Resuelto: 23 de febrero de 1982

      Darío Padín Mimoso, abogado de la peticionaria Administración del Fondo de Compensación al Paciente; Samuel E. Polanco, abogado de las recurridas.
   RESOLUCIÓN

Mediante opinión y sentencia anulamos la Orden emi-tida por el tribunal de instancia que había rehusado remitir el presente pleito para vista al panel de arbitraje dispuesto por los Arts. 41.100 a 41.130 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sees. 4110 a 4113. Enríquez Pérez v. Fernández, 108 D.P.R. 674 (1979).

Nuestra decisión de entonces se fundó en una interpre-tación literal de dichos artículos. No resolvimos ni adju-dicamos controversia alguna relativa a la constitucionali-dad de dicho panel. Tan solo concluimos que a tenor con el texto de la ley, un juez no tenía discreción para retener un caso de impericia profesional médica, y no remitirlo al panel, aunque tal cosa dilatara la resolución del pleito. Enríquez Pérez v. Fernández, supra, a la pág. 679.

En su moción de reconsideración la parte recurrida, entre otras cosas, impugna la constitucionalidad del esta-tuto. En vista precisamente de que en Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981), resuelto el 16 de noviembr de 1981, resolvimos que las disposiciones de los referidos artículos del Código de Seguros relativos al esquema del panel de arbitraje son inconstitucionales, por la presente se deja sin efecto nuestra opinión y sentencia de 9 de mayo de 1979 y en su lugar se decreta la validez y procedencia de la orden recurrida.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente por los funda-mentos de su disenso en Vélez Ruiz v. E.L.A., supra, pág. 763 et seq. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria y recurrente, v. Autoridad de Energía Eléctrica, demandada y recurrida.

      Número: O-81-661

      Resuelto: 25 de febrero de 1982

      María Susana Márquez Canals, abogada de la peticionaria; Nelson Márquez Lizardi, José F. Irizarry González, y Julio Rodríguez Vilá, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Conforme el convenio colectivo vigente, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Unión de Empleados Profesionales sometieron a arbitraje una controversia sobre la reclasifi-cación de plazas de inspectores de soterrado. Se le en-comendó al árbitro decidir a tenor con el Plan de Clasificación de Plazas Profesionales y conforme a la evidencia presentada, si las plazas de Inspectores de Sistemas de Distribución Soterrada que desempeñaban cuatro empleados estaban correctamente evaluadas en los grados y puntuación asignada en los factores: (1) influencia sobre el trabajo de otros empleados, (2) condiciones de trabajo y (3) esfuerzo físico. La Autoridad había dado una puntuación de 0, 20 y 10 respectivamente.

El árbitro concluyó que a los empleados se les debió dar en la evaluación los siguientes puntos: 5, 30 y 15, respec-tivamente. Esta determinación significaba 20 puntos más que la evaluación original hecha por la Autoridad. Deter-minó además el árbitro que la plaza en cuestión debía ser reclasificada de acuerdo con el aumento en la puntuación.

Posteriormente la Autoridad solicitó del árbitro que fundamentara su decisión y éste accedió en una resolución en la que expuso sus fundamentos, pero, además, alteró la puntuación que le había adjudicado al factor III —esfuerzo físico— en el laudo del 31 de julio de 1979, aumentándola de 15 a 20 puntos por considerar que: “. . . estas funciones se realizan casi a diario en áreas de construcción donde las condiciones obligan a realizar un esfuerzo físico considerable que requiere estar continuamente de pie y cami-nando por áreas donde hay zanjas, excavaciones de distinto tipo, equipo pesado moviéndose de un lugar a otro, polvo y otras condiciones que al ser consideradas conjuntamente con las condiciones que se describen en las otras partes de este escrito nos llevan a concluir que el factor denominado Condiciones de Trabajo para la posición de Inspector de Sistemas de Distribución Soterrado es de grado D y por lo tanto su valor en puntuación es de 20 puntos. Este valor de puntuación corrige el de 15 puntos que inadvertidamente fijamos en nuestro laudo del pasado 31 de julio de 1979, puntuación ésta que no está contemplada en el Plan de Evaluación de Puestos Profesionales.”

La Autoridad se negó a cumplir el laudo y, en consecuencia, la Junta de Relaciones del Trabajo nos solicitó que lo pusiéramos en vigor y que le impusiéramos a la Autoridad la doble penalidad sobre el diferencial en salario que dejaron de percibir los empleados en cuestión al no ser reclasificados como dispuso el árbitro.

En su comparecencia a nues.tra orden sobre mostración de causa la Autoridad nos hace dos señalamientos: 1) que el laudo no puede ser puesto en vigor porque el árbitro, motu proprio y luego de ser final el mismo, reconsideró y alteró la puntuación del factor tercero y que tal actuación es una sin jurisdicción y en violación de la política pública; 2) que la doble penalidad no procede en este caso porque los empleados aquí en disputa son unos profesionales no cubiertos por el Art. 13 de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 282) y la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 246b(a)).

Como norma general, cuando un árbitro emite su laudo y decisión sobre la cuestión sometida a arbitraje queda impedido de pasar nuevamente sobre su dictamen. Su jurisdicción ha expirado por haber cumplido con su encomienda y cesa su facultad para ordenar la celebración de nuevas vistas, enmendar, interpretar en alguna manera el laudo emitido, o pasar juicio nuevamente sobre la cuestión, a menos que expresamente las partes así lo soliciten o la ley le conceda tal facultad. Esta es la doctrina de functus officio. Elkouri y Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed., Washington, The Bureau of National Affairs, Inc., 1973, págs. 239-241; C. Updegraff & W. McCoy, Arbitration of Labor Disputes, 2da ed., B.N.A., 1961, págs. 214-215, 36 A.L.R.3d 939; Banks v. Milwaukee Ins. Co., 247 Cal.App.2d 34, 55 Cal. Rptr. 139 (1966).

Se reconoce, sin embargo, que la doctrina de functus officio no impide que el árbitro corrija errores de forma o de computación matemática siempre que sean éstos obvios. Elkouri y Elkouri, op. cit., pág. 240; Updegraff, op. cit.; United Steelworkers of America v. Interpace Corp., 447 F.Supp. 387 (1978); School Board v. McGregor, 383 So.2d 694 (1980). En cuanto a la facultad de un árbitro para aclarar su laudo véase: La Vale Plaza, Inc. v. R. S. Noonan, Inc., 378 F.2d 569, 573 (1967).

El caso de autos trata de la corrección de un error involuntario al adjudicar una puntuación que no estaba prevista en el Plan de Clasificación de Plazas Profesionales. Dicho plan sólo provee las puntuaciones de 5, 10 y 20 puntos, por lo que la puntuación de 15 originalmente estimada por el árbitro no procedía. El árbitro sólo podía aumentarla a 20 puntos de los 10 que ya la Autoridad había aceptado, siendo, por tanto, un error matemático fácilmente corregible que no conlleva una modificación o alteración del juicio y razonamiento que sobre la controversia tenía el árbitro.

En cuanto al segundo apuntamiento, tiene razón la Autoridad. No procede el pago de una doble penalidad por tratarse de empleados profesionales. Cf. Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123 (1961). Notamos al respecto que la propia Junta abandonó esta reclamación en su alegato.

Se dictará sentencia que ponga en vigor la Decisión y Orden de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y en su consecuencia ordene a la Autoridad de Energía Eléctrica, sus agentes, sucesores y cesionarios, que sin excusa ni pretexto alguno y bajo apercibimiento de desacato procedan a dar cumplimiento estricto a lo siguiente:

“[A efectuar] la reclasificación de la plaza de Inspector de Distribución Soterrada tomando en cuenta la evaluación que hizo el Arbitro de los tres factores que se le sometieron a su consideración. ”


text:
    Housing Investment Corp., demandante y recurrida, v. Alberto J. Luna Quezada, demandado; Hipólito Vázquez, interventor y peticionario.

      Número: O-81-623

      Resuelto: 26 de febrero de 1982

      María Dolores Fernós, Frances Díaz Medina y June I. Ortiz, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogadas del peti-cionario; Madelaine Riefkhol Gorbea, de Fiddler, González & Rodríguez, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El deudor demandado Luna Quezada compró el 22 mayo, 1975 una casa vivienda y solar de 257.20 m/c identificado con el Núm. 2 del Bloque “JN” en Puerto Nuevo, y en la misma fecha, en garantía del precio de $53,750, intereses al 8y2% anual y plazos de amortización de $413.34 mensuales otorgó a favor de la recurrida Housing Investment Corp. primera hipoteca sobre el inmueble adquirido. Se desprende de autos que el comprador y deudor hipotecante añadió una segunda planta a la casa y la dividió en apartamientos, uno de los cuales dio en arren-damiento como al año y medio de la compra y por canon mensual de $180.00 al interventor peticionario Hipólito Vázquez. El arrendador y deudor hipotecario dejó de pagar los plazos, por lo que su acreedora Housing Investment instó acción ejecutiva por la vía sumaria, obtuvo sentencia el 27 febrero, 1981 y le fue adjudicada la buena pro en subasta el 24 septiembre, 1981. Requeridos por el Alguacil los inquilinos del deudor para que desalojaran el inmueble, el recurrente Vázquez formuló solicitud de intervención y paralización de procedimientos fundada en que no había sido notificado del procedimiento de ejecución de hipoteca ni había sido oído, en perjuicio de su derecho contractual. La sala de instancia denegó la intervención del inquilino y le concedió prórroga del término para desalojar, apercibido de lanzamiento. Contra dicha actua-ción, recurrió el arrendatario en certiorari esencialmente predicado en violación de la Ley de Alquileres Razonables y falta de debido proceso en la orden que dispone supresión de su posesión de arrendatario y lanzamiento sin previa audiencia. El 12 noviembre, 1981 expedimos el auto de certiorari, y sometido el alegato de oposición de la recu-rrida, el caso se halla listo para decisión en sus méritos.

Está planteada ante el Tribunal la cuestión de si el cambio de titular del inmueble arrendado como resultado de ejecución y venta forzosa resuelve y extingue el contrato de arrendamiento, o si la relación contractual arrendaticia subsiste a la pérdida de título y propiedad en el arrendador determinada por la ejecución de la hipoteca acordada y constituida por éste. El Art. 15 de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. see. 205, dispone en su apartado (b) que “[e]n todo caso de venta, cesión o enajenación de propiedad arrendada, el contrato de arrendamiento que el inquilino tuviera con el dueño anterior se entenderá subsistente y sujeto a la prórroga [involuntaria] que especifica [el Art. 12]”. El concepto “venta” equiparado en línea con actos de libre voluntad del dueño como lo son la “cesión” y “enajenación” de la propiedad, no incluye la venta forzosa en subasta pública. Nuestra decisión en Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 D.P.R. 88, 94 (1977), no es precedente en contrario porque el concepto allí interpretado del Art. 41 de la Ley de Propiedad Horizontal es el de “adquirente” y no el de vendedor o cedente.

Tanto la Ley Hipotecaria como la de Alquileres Razonables cumplen propósitos de gran valor social. En nuestra patria, particularmente, operan entrelazadas en el común objetivo de fomentar la adquisición de viviendas, en sí legítima ambición de nuestra gente encarnada en firme y perdurable política pública. Sólo el uso del crédito, dentro de la economía inflacionaria-recesiva que ha asentado su presencia, le permite al puertorriqueño de hoy hacerse de un hogar. Por otro lado, la Ley de Alquileres Razonables, aun limitada en su ámbito por la exención de su Art. 4, enmendado, excluyente de viviendas con canon de $200 o más por mes, y locales de negocio con canon de $400 o más; y en su razón de existir por los extensos cambios operados en nuestra economía nacional desde el año 1946 en que fue aprobada, todavía brinda protección a una clase de inquilinos, en vías de extinción, cuyos ingresos los descualifica para disfrutar una vivienda pública, sin que basten para sufragar el costo de la privada. A tal extremo el vigente régimen arrendaticio de fincas urbanas, aun cuando no es propiamente Derecho social, sino legisla-ción excepcional dirigida a atender una situación de necesidad cambiante, sí tiene un acentuado matiz social y pisa los umbrales de ese Derecho. Toda vez que nuestra ley, a diferencia de la española, nada provee sobre subsistencia del arrendamiento cuando la finca hipotecada es objeto de venta forzosa, en oposición a la final reali-zación del crédito hipotecario mediante toma de posesión del inmueble por el acreedor o adjudicatario en subasta, la interpretación judicial está llamada a llenar la laguna y suplir el puente de armonía entre la Ley Hipotecaria y la de Alquileres Razonables, pues dichos estatutos no se eliden y sí se complementan en un objetivo común de fomentar la adquisición y preservación de la vivienda. En vista de que nuestra legislación arrendaticia no tomó en consideración la posible extinción del arrendamiento por causa de resolución de la propiedad o titularidad del arrendador, hemos de acudir a la norma del Art. 12 del Código Civil: en las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones del Código, y así lo tiene resuelto este Tribunal en materia de arrendamientos urbanos. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975); Galiñanes Hnos. v. Tribunal Superior, 77 D.P.R. 881, 888 (1955). El Derecho civil, general o común, es supletorio, en relación con las demás ramas del Derecho, en todas las materias que se rijan por leyes especiales. El Tribunal Supremo de España también considera propio el recurso al Código Civil para remediar deficiencias de su Ley de Arrendamientos Urba-nos, cuando no proporcione solución la analogía ordenada en el Art. 8 (Ss. de 23 marzo, y 9 julio, 1953). En la actualidad la deficiencia de nuestra Ley de Alquileres Razonables es la misma que mostraba la española de Arrendamientos Urbanos antes de 1956 y que dio lugar al dictamen de Roca Sastre, de intocada validez en nuestro ordenamiento contemporáneo:

Pero como esto [la falta de provisión sobre extinción del arrendamiento por causa de resolución de la titularidad del arrendador] entrañaba una laguna y esta laguna no podía llenarse por el criterio de analogía que la ley especial de arrendamientos urbanos, anterior a la actual, establecía, debía de acudirse a las normas del Código civil, por exigirlo el art. 16 [Art. 12, P.R.] de este cuerpo legal. Y dado que en Derecho civil común hay que admitir la extinción de todo arrendamiento por resolución de la propiedad o titularidad del arrendador, conforme a la regla clásica resolutio iure concedentis, resolvitur ius concessum, de ahí que a través de la aplicación supletoria del Derecho civil común cabía sostener que la ejecución hipotecaria de una finca dejaba sin efecto el arrendamiento de la misma otorgado después de constituida la correspondiente hipoteca. Consecuencia de este criterio era que el arrendamiento otorgado por el usufruc-tuario de una finca quedaba resuelto al extinguirse el usufructo del arrendador, resultado que consagró reiterada jurisprudencia que aplicó el art. 480 [Art. 409, P.R.] del Código civil, cuya doctrina extendió al arrendamiento otor-gado por el fiduciario cuando después se defería el fidei-comiso al fideicomisario. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. 4, Vol. 2, pág. 1165.

Trasladando dicha doctrina a Puerto Rico, mantienen su vigencia el Art. 409 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1520, en la prevención de que podrá el usufructuario (dueño) arrendar a otro la cosa usufructuada, pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resol-verán al fin del usufructo; y el concordante efecto del Art. 1461 (31 L.P.R.A. see. 4068) que da acceso al comprador a la finca arrendada, por terminación del arriendo vigente al verificarse la venta.

A pesar de que el estado de derecho en Puerto Rico conllevaría la resolución de toda clase de arrendamientos, nos inclinamos a limitar dicho efecto a los concertados con posterioridad a la constitución del crédito hipotecario que provoca la ejecución. Moro Ledesma sostiene que en materia de arrendamientos urbanos el derecho del arrendatario debe resolverse si es posterior a la hipoteca que haya determinado en la ejecución forzosa la adquisición de la propiedad de la finca hipotecada. En Puerto Rico la legislación especial de alquileres razonables no enerva la acción propia de la regla de prelación hipotecaria, la cual en su efectividad ejecutiva provoca la purga, eliminación, liberación o extinción de todos los derechos reales, gravámenes o anotaciones posteriores. Hemos de concluir que en Puerto Rico el impacto de la legislación especial sobre la autonomía de los contratantes en el otorgamiento de un crédito hipotecario se limita a la subsistencia de contratos de inquilinato con renta regulada, otorgados con anterioridad a la constitución de la hipoteca. Se ajusta más este criterio ecléctico a nuestro sistema de Derecho civil orientado por una vigorosa presencia de derechos constitucionales. El acreedor hipotecario, los bancos, financieras y demás proveedores de crédito tienen facilidad para informarse si el inmueble ofrecido en garantía está ocupado en parte o totalmente por inquilinos, y si constante la relación arrendaticia controlada por DACO extendieren el préstamo, deben aceptar las consecuencias del gravamen en términos de la protección que a aquéllos brinda la Ley de Alquileres. De otra parte, el inquilino que informado por el Registro de la Propiedad de la existencia previa de una hipoteca, conviene el arrendamiento de la vivienda o local de negocio, se atiene por propia voluntad a la posibilidad de resolución del contrato, llegado el caso de ejecución o extinción de propiedad o titularidad en su arrendador.

El método más confiable para proteger la integridad del ejecutivo sumario o la acción civil de vía ordinaria es incluir los inquilinos como parte demandada desde un principio, mas si no lo fueren, deberá notificárseles con copia del mandamiento de ejecución o auto de posesión, con plazo razonable para intervenir y oponerse a la resolución del arrendamiento e invocar la prórroga involuntaria dispuesta en los Arts. 12 y 15 de la Ley, 17 L.P.R.A. sees. 192 y 205, o para desalojar y rendir su posesión al adjudicatario en subasta. La ejecución de vía ordinaria, como la efectuada en este caso, se rige, no por el Art. 230 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2730, sino por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, que específicamente salva los derechos de terceros que no hayan intervenido en el procedimiento —y los arrendatarios que anteceden la hipoteca son propiamente terceros— según el texto que transcribimos:

. . . Cuando una orden o sentencia dispusiere el traspaso de la posesión, la parte a cuyo favor se registre tendrá derecho a un mandamiento de ejecución previa solicitud al secretario. En todos los casos en que el tribunal ordenare una venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha orden tendrá la fuerza y efecto de un auto disponiendo la entrega física de la posesión, debiendo consignarse así en el fallo u orden para que el alguacil u otro funcionario actuante proceda a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida en el plazo de veinte (20) días desde el de la venta o subasta, sin perjuicio de los derechos de terceros que no hayan inter-venido en el procedimiento.

Si nuestra ley permitiera la subsistencia del arrenda-miento urbano concertado con posterioridad a la consti-tución de hipoteca sobre el inmueble arrendado, el deudor inescrupuloso podría frustrar la ejecución y toma de posesión por el comprador en subasta con simplemente dar el inmueble en arrendamiento por canon irrisorio dentro de los límites de $200 y $400 por mes que auspician la prórroga obligatoria y remitiendo al acreedor o comprador en subasta a la tolerancia de arrendamientos ruinosos, pues no tiene a su alcance el remedio provisto por la causa 12 del Art. 114 de la Ley española, ante, de acción resolutoria del arriendo, fundada en que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario (dueño) anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad.

La moción de intervención del arrendatario aquí recu-rrente, y que le fuera denegada por la sala de instancia, omite la fecha de comienzo de la relación arrendaticia que por lo afirmado en su petición de certiorari puede fijarse en año y medio después de constitución de la hipoteca. El recurrente resulta ser, por tanto, un inquilino post hipoteca en posesión precaria pues su contrato no subsistió la acción ejecutiva, extinguido el título de su arrendador; sin más derecho que un término adecuado para desalojar el apar-tamiento y dejarlo a la libre disposición de la recurrida.

Con estos antecedentes y fundamentos se anulará el auto por indebidamente expedido, y la resolución recurrida quedará confirmada.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      [En España la cuestión de extinción del arrendamiento por causa de resolución de la propiedad o titularidad del arrendador ha sido atendida en la ley de 1956 y en la actual refundida de 24 diciembre, 1964 (Medina y Marañón, Leyes Civiles de España, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1964, T. 2, pág. 899 y ss., nuevo ordenamiento que Roca Sastre explica así:
      “Pero en la ley especial vigente sobre arrendamientos urbanos, la causa 12 del art. 114 de la misma sólo faculta al arrendador para instar la resolución del arrendamiento otorgado por el usufructuario, una vez extinguido el usufructo, cuando el titular dominical pruebe que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad. En este precepto se contempla un caso típico de resolución del derecho del arrendador, pero en él se presupone la regla de subsistencia del arrendamiento concertado por el usufructuario a pesar de extinguirse el usufructo, y sólo por excepción se admite la resolución cuando se verifique aquella prueba de ser gravosas para la propiedad las condiciones pactadas en el arrendamiento.
      “Y como según el art. 8.° de la misma ley especial de arrendamientos urbanos los Tribunales deberán aplicar los preceptos de la misma por vía de analogía cuando la cuestión debatida, no obstante referirse a las materias reguladas en la propia ley, no aparezca expresamente en la misma una norma específica, de ahí que por aplicación analógica del criterio de subsistencia del arrendamiento a pesar de resolverse la propiedad o titularidad del arrendador, debe ser aplicado al caso concreto que aquí nos ocupa, sin más excepción que la expresada de un arrendamiento concertado en condiciones gravosas para la propiedad. Claro está que la sentencia de 23 de junio de 1951 declara no poderse aplicar por analogía un precepto que lleve consigo la pérdida de un derecho, pero entendemos que si se aplica el criterio de subsistencia del arrendamiento a pesar de resolverse la propiedad o titularidad del arrendador, también ha de aplicarse aquella excepción que puede implicar la resolución del arrendamiento pactado en condiciones gravosas para la propiedad. Estimamos que este mismo criterio es aplicable a los arrendamientos otorgados por el fiduciario una vez deferido el fideicomiso al fideicomisario o fideicomisarios.
      “De este modo hay que concluir que la ejecución hipotecaria por regla general no extingue el arrendamiento de la finca anteriormente hipotecada, pero que existe dicha excepción en el arrendamiento concertado gravosamente para la propiedad.” (Énfasis en el original.) Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 2, págs. 1165-1166.
      El texto refundido de la Ley española de 1964 en el articulado pertinente dice:
      Art. 114: “El contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local de negocio, podrá resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes:
      12. En los casos de extinción de usufructo, cuando el titular dominical pruebe que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad.”
      Art. 8: “En aquellos casos en que la cuestión debatida, no obstante referirse a las materias que esta Ley regula, no aparezca expresamente prescrita en la misma, los Tribunales aplicarán sus preceptos por analogía.”

       Citas de Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed., 1964, pág. 73.

       9 Anuario de Derecho civil 1325 (1956).

       Así ordenado en el Art. 210 de la Ley Hipotecaria, párr. 2 (30 L.P.R.A. sec. 2701).