author: per curiam; Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Juan Pizá Blondet y Carmencita Alvarado de Pizá, demandantes y recurrentes, v. Sailles Travel Agency, demandada y recurrida.

      Número: R-82-439

      Resuelto: 16 de marzo de 1983

      Federico Ramírez Ros, de Ramírez, Segal & Latimer, abogado de los recurrentes; José Guevara Fuertes, de Lloréns Santini & Guevara Fuertes, abogado de la recurrida.
   per curiam;

Los esposos Pizá Alvarado, dueños de un edificio localizado en la avenida Ashford en El Condado, instaron acción de desahucio para recobrar la posesión de un local comercial situado en el primer piso del edificio, cuyo local ha venido ocupando por varios años la deman-dada recurrida Sailles Travel Agency mediante contrato de arrendamiento de mes a mes. Se basó la causal en el propó-sito de los arrendadores de retirar el local del mercado de alquileres para dedicarlo a su propio uso. El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda. Concluyó que los demandantes no probaron su buena fe.

Los demandantes instaron recurso de revisión y el 14 de octubre de 1982, en resolución dividida cuatro a dos —un juez no intervino— denegamos la expedición del auto. Movidos por una muy bien fundamentada solicitud de reconsideración, expedimos resolución el 10 de noviembre en que concedimos plazo a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no debíamos reconsiderar la resolución del 14 de octubre, expedir el auto y revocar la sentencia recu-rrida. Su comparecencia no nos mueve a que cambiemos el criterio intimado en nuestra resolución sobre mostración de causa.

El local objeto de la acción de desahucio, donde la recu-rrida tiene su negocio, renta $300 mensuales y está sujeto a la intervención de DACO. En cumplimiento del Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables, en su inciso 6 (17 L.P.R.A. sec. 193(6)), los demandantes se dirigieron por carta a la demandada el 11 de agosto de 1981, le informaron su propósito de retirar el local del mercado de alquileres y le requirieron el desalojo, para lo cual le concedieron seis meses. Según declaró el demandante Pizá, su propósito era abrir en el local un negocio de bienes raíces de su propie-dad. No tenía otro local disponible para ello en el edificio, cuya primera planta se dedica a fines comerciales, y los otros pisos constan de apartamientos residenciales.

Luego de esta carta se iniciaron conversaciones entre las partes, conducentes a que Sailles Travel Agency, Inc. pudiera continuar ocupando el local. Varias cartas cursadas entre ellos y sus respectivos abogados demuestran que, entre otras cosas, se consideró reducir el local a la mitad, de manera que Sailles Travel ocupara la parte que da a la avenida Ashford y Pizá la parte posterior, y aumentar el canon a $450 mensuales, fijándose un término fijo al con-trato de arrendamiento, con aumentos en el canon de año en año. Sobre ello los demandantes llegaron a someter un proyecto de contrato escrito. La correspondencia indica que hubo cambio en la representación profesional de la deman-dada en el curso de las negociaciones, las cuales finalmente se interrumpieron, instándose la demanda en marzo de 1982.

Consideramos que estos hechos no desvirtúan la buena fe de los arrendadores al cursar su carta requiriendo desalojo. La robustecen. Convenimos con los recurrentes cuando expresan que, en última instancia, la decisión de retirar o no una propiedad del mercado de alquileres es económica y que tal decisión tiene por base la consideración de lo que produce el local estando arrendado, vis-a-vis lo que para el dueño puede implicar económicamente el uso que pueda darle. No puede perderse de vista que las disposiciones de la Ley de Alquileres que obligan a la prórroga del contrato constituyen limitaciones al derecho de propiedad del arrendador y no pueden tomarse livianamente. En el Puerto Rico de la presente década no existe la crisis de viviendas y locales para negocios que había en la década de los años 1940 y que motivó la aprobación de dicha ley. Véase la exposición de motivos, 17 L.P.R.A. sec. 181. Por el contrario, lo que vemos a diario —y el área del Condado no es excepción— son locales comerciales cerrados, sin uso alguno. Y el programa de viviendas a bajo costo en que por años se ha empeñado el Gobierno de Puerto Rico ha aliviado en gran manera lo que antes era un agudo problema de escasez de viviendas.

Es de notarse, además, que el requisito de acreditar la buena fe, que no puede tener hoy el alcance de otros tiempos, varía según se trate de una vivienda o de un local de comercio o negocio. Mientras el inciso 5 del Art. 12-A de la Ley, que se refiere a viviendas, requiere del arrendador que acredite su buena fe y señala específicamente situaciones en que no se presumirá, el inciso 6, que se refiere a locales comerciales o de negocios, guarda silencio sobre dicho requisito. Si el Legislador no le requiere al arren-dador de un local comercial probar su buena fe en la forma en que lo requiere al arrendador de una vivienda para negar la prórroga del arrendamiento, tampoco podemos requerirlo nosotros. La prueba de la buena fe en el primer caso no podrá estar sujeta a otros requisitos que los recono-cidos en casos civiles. En estos casos la buena fe se presume y quien alegue lo contrario es quien tiene la obligación de demostrarlo. Código Civil, Art. 364 (31 L.P.R.A. see. 1425).

Por lo expuesto, se reconsiderará y dejará sin efecto nuestra resolución de 14 de octubre de 1982. Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se dictará otra que declare con lugar la demanda de desahucio, con imposición de las costas a la demandada recurrida.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la que se unieron los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García.

Como resultado de la prueba ofrecida en juicio, la sala de instancia concluyó que los arrendadores demandantes no probaron su buena fe y desestimó la demanda de desahucio sobre un local comercial que renta $300 mensuales y que la inquilina demandada viene ocupando hace varios años mediante contrato de mes a mes. Al recurso de los deman-dantes denegamos la expedición del auto; solicitada la reconsideración una leve mayoría revoca la sentencia del Tribunal Superior y decreta el desahucio. Sus fundamentos, todos en pugna con la Ley, nuestra firme jurisprudencia y la realidad social del país, serán analizados en el orden en que se producen:

Io Que en el Puerto Rico de la presente década no existe crisis de vivienda y locales de negocio que había en el 1946 cuando se aprobó la Ley de Alquileres y por tanto la prórroga involuntaria es algo así como inoperante. En cuanto a estos últimos hay que mirar más allá del Condado, al resto de la Capital y a nuestros pueblos literalmente saturados de locales con renta inferior a $400 por mes; y en cuanto a vivienda el más reciente dato autorizado proviene del testimonio del Secretario de la Vivienda, señor Pierluisi quien declaró el 22 febrero, 1983 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara (fundado en el último censo decenal) que en Puerto Rico se construyeron 74,000 vivien-das clandestinas en la pasada década, y que la construcción continúa a un ritmo de 7,400 por año. Hay pobreza en el país que todavía necesita la limitada protección provista para los pequeños locales de comercio, y para los que viven en casa alquilada cuyo canon no excede de $200. Y en fin, si la Ley no conflige con la Constitución, sólo podrá derogarse por otra ley posterior, y no prevalecerá contra su observan-cia el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario. Art. 5 C.C. Sólo compete a la Asamblea Legislativa, cuya acción es genuino producto de la necesidad y el interés público, alterar o derogar los remedios provistos por la Ley de Alquileres.

2 o Que la buena fe exigida del arrendador de un local comercial que desea retirarlo del mercado de alquileres, es menor y de distinto grado de la requerida al arrendador de una vivienda. Empezaremos por decir que el contenido ético y moral del concepto buena fe, como el concepto honradez, es de una sola pieza que resiste la fragmentación en grados o tonalidades. El texto básico o fundamental de las disposi-ciones de ley que regulan la prórroga involuntaria del con-trato es el mismo en ambas instancias. Veamos:

Art. 12-A. [17 L.P.R.A. sec. 193.] Excepciones a la prórroga del arrendamiento; acción de desahucio.
[Como excepción a la prórroga obligatoria], el propietario podrá negar la prórroga del contrato de arrendamiento y en su consecuencia promover la acción de desahucio solamente en los casos siguientes:
5. Por necesitar de buena fe la vivienda, para uso personal y ocupación inmediata como sitio de residencia.
6. Por necesitar para sí, de buena fe, el local de comercio o negocio.. .. (Énfasis nuestro.)

No es ésta la buena fe, que como norma protectora de la posesión y del título de propiedad recoge el Art. 364 C.C. —invocado por la mayoría como fundamento de derecho— en su prevención de que “al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba”. Así lo tiene resuelto este Tribunal:

La buena fe, cuando se usa en su acepción genérica, es una de las figuras del derecho justo (equidad) y por lo tanto nos obliga a examinar el modo como actúa una persona con el fin de determinar si sus actuaciones responden al concepto equi-tativo de la justicia como algo distinto al concepto estricto del derecho. Es aquella limpieza en el propósito que deja satisfe-cha la conciencia moral del juzgador. En el sentido en que la usa la Ley de Alquileres Razonables de Puerto Rico no es en el concepto jurídico que dicha figura tiene en el Código Civil de Puerto Rico, cuando se relaciona con la posesión, la contra-tación o la prescripción, sino en el concepto que tiene dentro de la jurisprudencia de la equidad. (Énfasis nuestro.) Roselló Hnos. v. Figueroa, 78 D.P.R. 261, 270 (1955).

3o Sobre la extraña aplicación del citado Art. 364 C.C. se edifica y se llega por mayoría a la nueva norma al afirmar: “En estos casos la buena fe se presume y quien alegue lo contrario [el inquilino demandado] es quien tiene la obli-gación de demostrarlo.” Tal inversión de la carga de la prue-ba contradice la Regla 10(A) y (B) de Evidencia que ordena:

Regla 10. Evaluación y suficiencia de la prueba
El tribunal o juzgador de hechos deberá evaluar la eviden-cia presentada, a los fines de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los siguientes principios:
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resul-taría vencida de no presentarse evidencia por ninguna de las partes.
(B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia.

El principio es tan común que ya no tiene equivalente en las reglas federales ni en los cuerpos modernos de reglas. Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. I, Evidencia, pág. 104. El peso de la prueba recae sobre el demandante. Galarza v. G. Llinás & Co., 71 D.P.R. 111 (1950); Ortiz v. Bermúdez, 70 D.P.R. 707 (1949); Trigo v. Pueblo, 51 D.P.R. 222 (1937); South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 89 D.P.R. 367 (1963); Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411 (1965); y los anotados en Digesto de Puerto Rico, 1974, T. 10, Evidencia, Sec. 52.

La presunción de buena fe en el dueño del local deman-dante, quien quedaría relevado de probar su caso, está rechazada en una invariable línea de precedentes en nues-tra jurisprudencia. “En casos como el presente [local de mueblería] ... la buena fe no se presume. Sobre el deman-dante recae el peso de probar por una preponderancia de la evidencia que desea recobrar la posesión del local de buena fe.” Sucn. Pérez v. Gual, 75 D.P.R. 385, 391 (1953). (Énfasis nuestro.) “La buena fe, desde luego, siendo un requisito para el desalojo del inquilino, debe ser probada por la parte demandante. Esa prueba debe convencer al juzgador de que el único propósito que le anima es el de obtener el local arrendado para uso propio, dentro de las normas jurispru-denciales apuntadas, y no meramente el de obtener, para cualquier otro propósito, el desalojo del inquilino.” (Énfasis nuestro.) Valentín v. Figueroa, 79 D.P.R. 444, 452 (1956). “[A]l demandante corresponde probar su buena fe.” Roselló Hnos., supra, a la pág. 269. “La buena fe consiste en demos-trar que el demandante no haya actuado motivado por cualquier intención que no sea la de obtener el local para establecer su negocio.” Marín v. Montijo, 109 D.P.R. 268, 273 (1979).

El requisito de probar buena fe no es oneroso para el arrendador como demuestra la experiencia de tantas demandas que han prosperado. Sería incomparablemente más difícil para el inquilino —sin derecho a descubrimiento en desahucio— acopiar los datos y elementos de prueba para demostrar la mala fe de su arrendador. Armado éste con formidable presunción, aun cuando controvertible, mal podría el demandado defender su derecho y hacerse oír en corte, restringido a extremo intolerable el debido proceso de ley.

Todavía quedan muchísimos puertorriqueños inquilinos de hogares humildes y locales modestos que bien merecen la reducida protección de la Ley. Ni podemos ni debemos arrumbar esta pieza de legislación social. Ni debemos ener-var nuestra jurisprudencia, mediante la revocación sub silentio de precedentes bien fundados, sin ofrecer un solo argumento contra su validez.

       El inciso 5 (17 L.P.R.A. sec. 193(5)) dice, en lo aquí pertinente:
      “5. Por necesitar de buena fe la vivienda, para uso personal y ocupación inmediata como sitio de residencia.
      “(a) El propietario vendrá obligado a acreditar su buena fe y la nece-sidad que tiene de recobrar la vivienda, presumiéndose las mismas no acreditadas, sin perjuicio de otros, en los siguientes casos:
      “(1) Cuando el propietario tuviere disponible alguna otra vivienda adecuada de su propiedad en la misma localidad en la cual pudiere fijar su residencia.
      “(2) Cuando, domiciliado en casa [de] vivienda adecuada, sita en la misma localidad, no estuviere obligado a desalojarla.
      “(3) Cuando en cualquier momento durante los seis meses anteriores a la notificación de desalojo indicada en el inciso 5(b) de esta sección se hubiera desalojado vivienda de características si-milares en edificio propiedad del propietario y éste no la hubiere dedicado, sin justa causa para ello, a residencia propia.
      “(4) Cuando, durante el año anterior a la referida notificación de desalojo el propietario hubiere vendidp, cedido o arrendado vivienda propia en la cual residía, a menos que pruebe a satis-facción del tribunal que al momento de efectuar tal transacción las circunstancias eran tales que no había razón para suponer el propietario que tendría necesidad de ocupar la casa que ahora trata de recobrar, por haber desalojado la que ocupaba.
      “(5) No vendrá obligado el propietario por lo dispuesto en el [pá-rrafo] (1) que precede cuando sea el arrendatario quien tuviere disponible alguna otra vivienda adecuada, en la misma loca-lidad, en la cual fijar su residencia, ya fuere de su propiedad o a título de arrendatario, siempre que, en este último caso la vivienda fuere substancialmente igual a la que se trata de reco-brar y la diferencia en el alquiler no exceda de un tercio.”
      El inciso 6 (17 L.P.R.A. sec 193(6)) dispone:
      “6. Por necesitar para sí, de buena fe, el local de comercio o negocio si no tuviere otro local en el mismo edificio. Para que prospere esta excepción será necesario que concurran las condiciones fijadas a continuación:
      “(a) El propietario deberá notificar por escrito en forma fehaciente al inquilino afectado la necesidad en que se halla de ocupar para sí el local, y le requerirá para que desaloje el mismo, todo ello con seis meses de antelación, por lo menos, a la fecha en que el inquilino re-ciba la notificación de desalojo.
      “(b) Si dentro de los noventa (90) días de ser desalojado el local y sin que medie justa causa éste no fuera ocupado y abierto al público por el propietario, el inquilino podrá obtener del propietario la indemni-zación que corresponda a los daños efectivamente sufridos por razón de desalojo, suma que nunca será inferior a tres mensualidades de renta, más las costas y honorarios de abogado del demandante. Si en cualquier momento durante los doce meses siguientes a la fecha en que el arrendatario desaloje el local el propietario la cediese o arren-dare a otra persona, indemnizará al arrendatario con los daños que se le hubieren causado, los cuales se fijarán en una suma que en ningún caso será inferior de doscientos (200) dólares o de seis mensua-lidades de alquiler, cualquiera de estas sumas que fuere la mayor, más las costas y honorarios de abogado del demandante, según los fije el tribunal. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad fi-jada al propietario en la see. 202 de este título.”

        El Nuevo Día, miércoles 23 febrero, 1983.

      La existencia de renta baja está reconocida por la deducción hasta un límite de $240 anuales que por la vivienda arrendada concede la Ley de Contri-bución sobre Ingresos. 13 L.P.R.A. sec. 3023(kk)(1).

       El “poseedor” visible en el arrendamiento es el arrendatario a quien favo-recería la presunción toda vez que hay que respetarle su apariencia o exterio-ridad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Naty Ibáñez Benítez, querellante y recurrida, v. Molinos de Puerto Rico, Inc., querellada y recurrente.

      Número: O-82-378

      Resuelto: 16 de marzo de 1983

      Francisco M. Ramírez Rivera, de Lespier, Muñoz Noya & Ramí-rez, abogado de la recurrente; Federico Rodríguez Pagan, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 1ro de julio de 1975, la Sra. Naty Ibáñez Benitez, de 60 años de edad, fue contratada por Molinos de Puerto Rico para trabajar como secretaria del Gerente del Departa-mento de Ventas, Sr. Frank Mathias. A los dos meses, coin-cidente con la celebración del Día del Trabajo, le fue conce-dido un aumento de sueldo. En adelante se consideró esa fecha como su “aniversario” en el empleo.

La señora Ibáñez llegó a desarrollar una muy cordial relación de trabajo con el señor Mathias, quien en todo momento se mostró complacido con su labor. De este modo transcurrieron dos años. En cada uno se le concedieron aumentos sustanciales de salario en la fecha de su “aniver-sario”.

Sin embargo, al llegar el mes de septiembre de 1978, no se le concedió un aumento por la cantidad que ella espe-raba. Se proyectó uno menor. Para esa fecha ella se encon-traba en los preparativos de un viaje a la Argentina durante sus vacaciones. Por tal razón entrenaba a una joven empleada de “Manpower”, como de 20 años de edad, para que la sustituyera temporeramente.

En vista de que la ausencia del aumento esperado entor-pecía en algún grado sus planes, el 22 de septiembre abordó el tema al señor Mathias. Éste le explicó que ese año no se habían concedido aumentos mayores. La señora Ibáñez replicó que ello no era cierto, por cuanto había visto en el documento de presupuesto (Salary Investment Plan) que otros empleados habían sido favorecidos con aumentos como el que ella había previsto. El documento en cuestión era altamente confidencial, pero no estaba fuera del alcance de la señora Ibáñez ni de otros empleados que, como parte de sus funciones, participaban en su redacción, transcribiendo ciertos datos a maquinilla. Ante la refutación de la señora Ibáñez, y posiblemente para evitar una discusión, el señor Mathias le suplicó que dejaran el tema, a lo cual ella accedió. La conversación se llevó a cabo en un tono amiga-ble y ninguno de los dos exteriorizó" ni dio señas de que el incidente hubiera afectado sus relaciones en el corto período transcurrido antes de comenzar sus vacaciones.

Pocos días después, la señora Ibáñez se marchó para Argentina a disfrutar de sus vacaciones. Durante su estan-cia en ese país le hicieron una oferta de empleo que rehusó, en vista de que gozaba de una mejor y más lucrativa posición en Puerto Rico.

Al regresar se reintegró a Molinos el 30 de octubre de 1978. Ese mismo día, a media mañana, el señor Mathias la llamó a su oficina. Le informó que había decidido prescin-dir de sus servicios, que le había ofrecido su puesto a la joven de “Manpower” y le entregó un sobre que contenía un cheque por una cantidad equivalente a tres meses de sueldo. Como razón para su despido le indicó que ella había sido desleal a la empresa al utilizar información confidencial para provecho propio. Le explicó, además, que no se lo informó antes porque tal decisión la había adoptado días después de su salida.

El señor Mathias ya había notificado de su decisión al jefe de personal de la empresa el 27 de octubre de 1978, o sea tres días antes de comunicarlo a la señora Ibáñez. Antes no había dado indicios de su decisión. Posteriormente, y luego de permanecer 2 semanas en la posición ocupada por la señora Ibáñez, la empleada de “Manpower” fue reem-plazada por otra secretaria de alrededor de 28 años de edad. Ésta permaneció en el puesto algún tiempo. Finalmente, también fue reemplazada por otra empleada de 57 años de edad. A la fecha del despido, 12 secretarias ejecutivas tra-bajaban en Molinos. Cinco de éstas tenían más de 40 años de edad.

A raíz de estos hechos, la señora Ibáñez radicó una demanda contra Molinos de Puerto Rico, Inc., alegando que su despido fue discriminatorio por razón de su edad, bajo la Ley Núm. 100 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq., y bajo el Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA), según enmendado, 29 U.S.C. sec. 621 et seq. Molinos contestó aduciendo que la cesantía estaba justificada a base del incidente mencionado. El tribunal de instancia no aceptó esa explicación y declaró con lugar la demanda. A solicitud de Molinos, revisamos.

II

La tesis central del alegato de Molinos es que el tribunal de instancia erró al apreciar la prueba, por cuanto la misma no sostiene las conclusiones de hecho y de derecho formuladas por dicho foro. El análisis apelativo refleja que le asiste la razón. No procedía equiparar la acción bajo el ADEA con lo dispuesto bajo nuestra Ley Núm. 100. Ese enfoque incorrecto ocasionó que se evaluara y diera un alcance errado a la prueba.

Para entender la naturaleza del error, examinamos separadamente las dos leyes y sus distintos efectos.

A. La causa de acción bajo el ADEA

El ADEA concede una causa de acción a toda persona, entre los 40 y 70 años de edad, que hubiere sido despedida o rechazada de un empleo por razón de su edad. Su ejercicio está minuciosamente regulado por el estatuto federal, el cual, entre otras cosas, concede jurisdicción con-currente a los tribunales estatales para dirimir una contro-versia a su amparo. 29 U.S.C. secs. 626(c), 216(b); Jacobi v. High Point Label, Inc., 442 F.Supp. 518 (1977). En el caso de Puerto Rico, no se requiere que se agoten todos los reme-dios estatales antes de acudir al que dispone esta ley. Véanse: Vazquez v. Eastern Air Lines, Inc., 405 F.Supp. 1353 (1975); Lugo Garces v. Sagner Inter., Inc., 534 F.2d 987 (1st Cir. 1976); y D. Engle, Age Discrimination in Employment Act-Resort to State Remedies as a Prerequisite to Federal Action, 44 Mo. L. Rev. 319 (1979).

En cuanto al aspecto procesal, las controversias bajo esta ley han sido equiparadas con otras surgidas bajo el Título VII del Civil Rights Act of 1964, 78 Stat. 253 (42 U.S.C. sec. 2000e et seq.). Como corolario, se ha decidido que los requisitos establecidos en McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973), para establecer un caso prima facie de discrimen racial son aplicables también a controversias bajo el ADEA. Loeb v. Textron, Inc., 600 F.2d 1003 (1st Cir. 1979); Hedrick v. Hercules, Inc., 658 F.2d 1088 (5th Cir. 1981); Douglas v. Anderson, 656 F.2d 528 (9th Cir. 1981); Schwager v. Sun Oil Company of Pennsylvania, 591 F.2d 58 (10th Cir. 1979); Cova v. Coca-Cola Bottling Co. of St. Louis, 574 F.2d 958 (3rd Cir. 1978); M. I. Schickman, The Strengths and Weaknesses of the McDonnell Douglas Formula in Jury Actions under the ADEA, 32 Hastings L.J. 1239 (1981); Note, Proving Discrimination under the Age Discrimination in Employment Act, 17 Ariz. L. Rev. 495 (1975); Annot., Proving that Discharge Was Because of Age, for Purposes of Age Discrimination in Employment Act (29 USCS secs. 621 et seq.), 58 A.L.R. Fed. 94 (1982), Sec. 3, y casos allí citados.

McDonnell Douglas Corp., supra, versaba sobre un ale-gado discrimen racial. La persona había sido despedida por una corporación, como parte de un plan general de reduc-ción de operaciones. Por motivo de su despido participó en varias manifestaciones contra la empresa, que entorpecían su funcionamiento. Posteriormente, al mejorar la situación económica, la empresa comenzó a contratar empleados, pero debido a su participación activa en las protestas no lo reemplearon. La acción judicial fue originalmente deses-timada. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó y expresó:

The complainant in a Title VII trial must carry the initial burden under the statute of establishing a prima facie case of racial discrimination. This may be done by showing (i) that he belongs to a racial minority; (ii) that he applied and was qualified for a job for which the employer was seeking applicants; (iii) that, despite his qualifications, he was rejected; and (iv) that, after his rejection, the position remained open and the employer continued to seek applicants from persons of complainant’s qualifications. Pág. 802.

Cumplidos esos requisitos surge un caso prima facie de discrimen, cuyo efecto es variar hasta cierto punto la prueba requerida de cada parte. En ese sentido, el caso prima facie de discrimen constituye una especie de presunción. 9 Wigmore, Evidence, Sec. 2494 (Chadbourn rev. 1981); M. A. Méndez, Presumptions of Discriminatory Motive in Title VII Disparate Treatment Cases, 32 Stan. L. Rev. 1129 (1980).

Normalmente el demandante tiene el peso de la prueba para demostrar su caso. Ello conlleva el peso de producir la evidencia, y convencer al juzgador. Véase, N. Hecht y W. Pinzler, Rebutting Presumptions: Order Out of Chaos, 58 B.U.L. Rev. 527 (1978). Según McDonnell Douglas Corp., una vez se establece un caso prima facie de discrimen, el peso de producir la evidencia se transfiere al demandado; el peso de convencer al juzgador permanece siempre sobre el reclamante. Board of Trustees v. Sweeney, 439 U.S. 24 (1978); Furnco Construction Corp. v. Waters, 438 U.S. 567 (1978); Texas Dept. of Community Affairs v. Burdine, 450 U.S. 248 (1981). Comment, Civil Rights, Defendant’s Burden of Proof in Title VII Disparate Treatment Cases, 21 Washburn L.J. 143 (1981); Note, Standard for Rebutting a Prima Facie Title VII Violation: Texas Department of Community Affairs v. Burdine, 23 B.C.L. Rev. 263 (1981); Note, Disparate Impact and Disparate Treatment: The Prima Facie Case under Title VII, 32 Ark. L. Rev. 571 (1978).

En otras palabras, el efecto de un caso prima facie de discrimen es el de meramente imponer al demandado la obligación de “articular” (articulate) una explicación razo-nable, que, de ser creída por el tribunal, sería suficiente para justificar el despido. Para rebatir la presunción no es menester convencer al juzgador de que ésta fue la verdadera causa. Texas Dept. of Community Affairs, supra. Tam-poco precisa que esa explicación constituya, en estricto derecho, “justa causa” para el despido — cf. Loeb, supra; C. Sullivan, Federal Statutory Law of Employment Discrimination, N.Y., Bobbs-Merrill Company, Inc., 1980, Secs. 11.5(c) y 11.5(e)— sino que meramente sea suficiente para sostener la conclusión de que el motivo determinante no fue discriminatorio. Si el demandado es incapaz de producir esta evidencia, el juzgador vendrá obligado a concluir que el despido fue discriminatorio.

Ahora bien, aun si el demandado alega una justificación razonable no concluye la controversia. En esa situación debe dársele oportunidad al demandante de demostrar, mediante preponderancia de la prueba, que el motivo adu-cido constituye un mero pretexto y en realidad ha habido discrimen. Esto se puede hacer, entre otras formas, me-diante evidencia circunstancial o estadística de otros indi-viduos en la misma situación del demandante que, o bien se les ha discriminado por la misma razón, o bien han sido retenidos precisamente porque no pertenecen al mismo grupo minoritario. McDonnell Douglas Corp., supra. Véase, también, G. Harper, Statistics as Evidence of Age Discrimination, 32 Hastings L.J. 1347 (1981).

La adopción de esta norma evidenciaría tiene como fun-damento que el patrono demandado, por su posición más ventajosa, generalmente tiene mayor acceso a la evidencia del despido y puede probar la ausencia del discrimen con relativa facilidad. De otro lado, el empleado usualmente tiene que depender de evidencia circunstancial. En McDonnell Douglas Corp. se añade el caveat de que la doctrina no es de aplicación inflexible, sino que admite variaciones según los hechos de cada caso.

Esta doctrina ha sido elaborada posteriormente en otras decisiones del Supremo federal: Board of Trustees, supra; Furnco Construction Corp., supra; Texas Dept. of Community Affairs, supra. En el contexto de las acciones bajo el ADEA, los requisitos han sido interpretados como que el demandante tiene que demostrar: (i) que estaba dentro del grupo protegido por el estatuto, esto es, dentro de las edades especificadas; (ii) que fue despedido; (iii) que estaba calificado para ocupar el puesto; y (iv) que fue reemplazado por alguien más joven. Loeb, supra; Schickman, op. cit. Una vez se demuestra la concurrencia de estos factores, se presume que ha habido un discrimen por edad, a menos que el patrono produzca evidencia que, de ser creída, explique razonablemente el despido.

B. La causa de acción bajo la Ley Núm. 100

La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq., reconoce una causa de acción para toda persona que hubiese sido despedida o de otro modo se viere negativamente afectada en su empleo por motivo de su edad, raza, color, religión, origen o condición social. Esta ley, aunque menos detallada que su contraparte federal, sí contiene una disposición específica en cuanto a la presunción de discrimen. Su Art. 3 dispone:

Se presumirá que cualquiera de los actos mencionados en las secciones precedentes fueron cometidos en violación de las sees. 146 a 151 de este título, cuando los mismos hayan sido realizados sin justa causa. Esta presunción será de carácter controvertible. 29 L.P.R.A. see. 148.

Para determinar cuál es el efecto de esta presunción es necesario acudir a lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de 1979. A este respecto la Regla 14 reza:

Regla 14. Efecto de las presunciones en casos civiles
En una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evi-dencia para demostrar la no existencia del hecho presumido, el juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se pre-senta evidencia en apoyo de la determinación de la no exis-tencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presun-ción debe persuadir al juzgador de que es más probable la no existencia que la existencia del hecho presumido.

Su lectura pone de manifiesto que, contrario a la norma del caso prima facie de discrimen bajo la doctrina de McDonnell Douglas Corp., el efecto de la presunción es de transferir al demandado no sólo el peso de producir la evi-dencia, si que también el de persuadir al juzgador. 1 Práctica Procesal Puertorriqueña 118 (1979).

Nuestra regla constituye un enfoque de nuevo cuño. Antes, el efecto de una presunción se limitaba a transferir a la parte contraria el peso de producir la evidencia. Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603 (1962). A tenor con ese enfoque prevalecía entonces el mismo efecto que rige para un caso prima facie de discrimen bajo McDonnell Douglas Corp. Esta visión, asociada tal vez incorrectamente con el ilustre profesor Thayer, es comúnmente conocida como el “bursting bubble theory” debido a que la presunción que se crea es susceptible de ser derrotada con mucha facilidad. Por esta razón ha sido controvertible y severamente criti-cada, aun cuando predomina en la mayoría de las juris-dicciones de Estados Unidos, incluso la federal, donde se encuentra recogida en una de sus variantes, en la Regla 301 de Evidencia. Fed. Rules Evid., 28 U.S.C.; Weinstein’s Evi dence, New York, N.Y., Matthew Bender, 1982, Vol. 1, Sec. 301(02), pág. 301-28 et seq.; 21 Wright y Graham, Federal Practice and Procedure: Evidence, Sec. 5126 (1977).

La versión adoptada por nuestra Regla 14, originalmente propulsada por el también reputado profesor Morgan, persigue dar un efecto “fuerte” a la presunción, de modo que este mecanismo adquiera una eficacia plena en la práctica. La Regla 14 ocasiona que el peso de la prueba se desplace totalmente de una parte a otra como consecuencia de la presunción. El demandado viene obligado a probar la no ocurrencia del hecho mediante preponderancia de la prueba, esto es, a probar que la no ocurrencia del hecho es más probable que su ocurrencia. Regla 10 de Evidencia; McCormick’s Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1972, Sec. 339, pág. 794.

En este contexto, la presunción establecida por nuestra Ley Núm. 100, contra discrimen, significa que el patrono demandado viene obligado a probar que el despido no fue discriminatorio. Nuevamente es preciso señalar la diferencia con la doctrina federal. En nuestra jurisdicción no es necesario que el patrono afirmativamente “articule” una explicación razonable para el despido, aunque en la práctica ésta sería la forma más certera y conveniente de destruir la presunción. Basta con que pruebe, aun mediante evidencia circunstancial, que la razón para el despido no fue discriminatoria para que la presunción quede destruida. Esto último, sin embargo, ha de hacerse mediante preponderancia de la prueba, lo que representa un quantum mayor de prueba que el exigido en la jurisdicción federal. Por otro lado, debe notarse que si el demandado efectiva-mente prueba la inexistencia de discrimen, concluirá la controversia y resultará innecesaria otra prueba adicional.

III

Aclarado el trasfondo evidenciarlo, concentrémonos en la solución del presente caso. Hemos visto que la Ley Núm. 100 y la federal difieren en cuanto al efecto de la presunción que el demandante tiene a su disposición en este tipo de caso. En este sentido, la legislación local le es más favorable que su contraparte federal. Requiere del demandado una prueba más vigorosa para rebatir la presunción. Por tal razón, es posible concebir que en algunas controversias el resultado dependa, en última instancia, de cuál de los dos estatutos gobierna la acción. En el de autos no es menester realizar esa incursión pues, bajo ambos, se impone un mismo resultado.

Bajo el ADEA, la señora Ibáñez cumplió con los requisi-tos de McDonnell Douglas Corp. para establecer un caso prima facie de discrimen. Demostró que: (1) pertenecía a la clase protegida (tenía 63 años); (2) estaba calificada para ocupar la posición; (3) fue despedida; y (4) fue sustituida por una persona más joven.

Una vez establecido el caso prima facie, el discrimen se presume y el patrono tiene la obligación de “articular una explicación razonable para el despido”, aunque no tiene que probarla mediante preponderancia de la evidencia. Molinos lo logró mediante la explicación brindada por el señor Mathias, de que la había despedido por su “falta de lealtad” al utilizar información confidencial de la empresa para sus propios fines.

Aunque en su sentencia el tribunal concluyó que el tes-timonio del señor Mathias no merecía crédito y su expli-cación constituía un mero pretexto, lo cierto es que la pro-pia señora Ibáñez confirmó la veracidad del incidente. En esas circunstancias el tribunal no estaba en libertad de des-cartar su testimonio sobre este particular. Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473 (1980); Alicea v. Sucn. F. Gil Rivera, 87 D.P.R. 789 (1963).

Lo mismo ocurre en cuanto a su conclusión de que la explicación era un pretexto para encubrir el discrimen. La misma era suficiente para rebatir la presunción. Sin embargo, el tribunal concluyó lo contrario, enfatizando que la empresa le había pagado a la señora Ibáñez la mesada correspondiente a un despido injustificado, a tenor con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a). A su juicio, ello era indica-tivo de que el despido realmente había sido injustificado. De esa apreciación dedujo que se trataba simplemente de un pretexto para ocultar el discrimen por razón de edad. Erró.

Hemos visto que la explicación requerida de un demandado para rebatir un caso prima facie bajo McDonnell Douglas Corp. no tiene que constituir justa causa en estricto derecho. Todo lo que se requiere es una explicación razonable que, de ser creída, demuestre que la causa del despido no fue discriminatoria. La explicación sometida por el señor Mathias satisface plenamente ese criterio.

Rebatida esa presunción, correspondía a la demandante probar, a través de preponderancia de la prueba, que el motivo aducido era un pretexto. De ordinario ello se logra mediante la presentación de otra evidencia, circunstancial o de otra índole, que apunte hacia la existencia del discrimen. En el presente caso, la prueba adicional aportada por la demandante no respalda esta conclusión. Más aún, sugiere lo contrario. Es forzoso concluir que no probó su caso bajo el ADEA.

Igual resultado se impone bajo la Ley Núm. 100. La situación bajo nuestro estatuto es distinta. Para activar la presunción se exige que el despido hubiera sido realizado sin justa causa. Bajo las definiciones del Art. 2 de la Ley de Despidos Injustificados, la señora Ibáñez cumplió con este requisito y tenía derecho a hacer valer la presunción a su favor.

Ahora bien, el efecto de esta presunción es de variar por completo el peso de la prueba, a tenor con la Regla 14 de las de Evidencia. Para rebatirla, Molinos tenía que probar que la existencia del discrimen era menos probable que su in-existencia. No era preciso, bajo este estatuto, probar la causa del despido. Sin embargo, el tribunal de instancia errónea-mente aplicó la doctrina de McDonnell Douglas Corp. a esta causa y exigió esa prueba.

La evidencia circunstancial presentada satisfactoria-mente descarta que el motivo determinante fuera la edad. Tenía 60 años cuando fue originalmente contratada. La empresa tenía una alta proporción de secretarias de más de 40 años. Ambos detalles son indicadores de que no existía una política discriminatoria de contratación fundada en la edad. Asimismo, la actitud del propio señor Mathias, quien en todo momento se mostraba complacido con su trabajo, al punto de recomendarla para recibir aumentos salariales, es significativa de que la edad de la señora Ibáñez no afectaba para nada su rendimiento en el trabajo ni su prestigio ante su superior. Además, la secretaria de “Manpower” fue a la empresa precisamente a sustituir temporalmente a la señora Ibáñez, que se iba de vacaciones. Ella misma la en-trenó. Esto refleja que antes del incidente en que la señora Ibáñez cuestionó la veracidad de la explicación brindada por el señor Mathias sobre su aumento de sueldo, no había intención ni interés alguno en sustituirla. Después del des-pido, la empleada de “Manpower” fue prontamente reem-plazada, y finalmente el puesto fue ocupado por una persona de 57 años. Todos estos datos, que no están en controversia, resultan incompatibles con la conclusión del tribunal sentenciador de que el despido se debió al deseo del señor Mathias de sustituir a la señora Ibáñez por una secre-taria más joven. No es sostenible que la edad fuera el motivo determinante. Si alguna inferencia cabe, sería que la verdadera causa fue el incidente.

Para contrarrestar esta evidencia la demandante des-cansa solamente en que la notificación del despido viniera abruptamente mes y medio luego de ocurrido el incidente. Interpreta que esto se debió a que el señor Mathias no tomó esa decisión sino hasta haberla comparado con la empleada más joven, prefiriendo a ésta. El argumento es especulativo. Hasta el momento del incidente en que ella cuestionó la veracidad de la explicación del señor Mathias, éste se había mostrado muy complacido con sus servicios. Los hechos tienden a sostener que no fue sencilla para él la decisión de despedirla. Surgió tras una honda reflexión. Tampoco es irrazonable pensar que esta desagradable decisión fue pos-puesta el mayor tiempo posible. El inminente regreso de la señora Ibáñez hizo su manifestación indispensable. No con-sideramos excesivo el intervalo transcurrido en el presente caso entre el incidente y la notificación. Bajo la Ley Núm. 100 tampoco se probó un caso de discrimen por razón de edad.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia y se revocará la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada 25 de marzo de 1982.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión. El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió.

       Compárese con la definición de presunción de la Regla 13(A) de las de Evi-dencia de 1979:
      “Una presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción. A ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se le denomina hecho básico, al hecho deducido mediante la presunción se le denomina hecho pre-sumido.”
      Véase también, E. Chiesa, Sobre la Validez Constitucional de las Presunciones, 14 Rev. Jur. U.I.A. 727 (1980).

       Así, para efectos de lo que podría constituir justa causa, es orientador lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley sobre Despidos Ilegales:

        “Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado de un estable-cimiento:
      “(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
      “(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del pro-ducto que se produce o maneja por el establecimiento.
      “(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razona-bles establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
      “(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento,
      “(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.
      “(f) Reducciones de empleos que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
      “No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capri-cho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” 29 L.P.R.A. sec. 186b.
      Véase, además, Wolf v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R. 537 (1958).

       Allí expresamos:
      “[E]l efecto de la presunción no es transferir al demandado el peso de la prueba en el sentido de requerirle que presente evidencia de mayor peso o valor probatorio que la ofrecida por el demandante; es simplemente requerirle la pre-sentación de prueba para evitar que se dicte sentencia a favor del demandante.” Págs. 613-614. Véase, sin embargo, Carrión v. Tesorero de P.R., 79 D.P.R. 371, 382 (1956).

       Esta teoría no es totalmente uniforme. Se han diseñado diversas variantes dirigidas a tratar de remediar su debilidad, pero sin llegar a concederle el efecto “fuerte” invocado por el profesor Morgan y otros tratadistas. Véase, por ejemplo, la exposición que hace de éstas C. Mueller en Instructing the Jury upon Presumptions in Civil Cases: Comparing Federal Rule 301 with Uniform Rule 301, 12 Land & Water L. Rev. 219 (1977).

      Para casos que reflejan distintas posturas sobre este aspecto, consúltense: McCormick’s Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1972, Sec. 345, pág. 819; 9 Wigmore, Evidence, Secs. 2490-2491 (Chadbourn rev. 1981); E. Cleary, Presuming and Pleading: An Essay on Juristic Immaturity, 12 Stan. L. Rev. 5 (1969); J. McBaine, Burden of Proof: Presumptions, 2 UCLA L. Rev. 13 (1954); E. Morgan y J. Maguire, Looking Backward and Forward at Evidence, 50 Harv. L. Rev. 909 (1937); A. Gausewitz, Presumptions in a One-Rule World, 5 Vand. L. Rev. 324 (1952); C. Laughlin, In Support of the Thayer Theory of Presumptions, 52 Mich. L. Rev. 195 (1953); Annot., Effect of Presumption as Evidence or upon Burden of Proof, Where Controverting Evidence is Introduced, 5 A.L.R. 3d 19 (1965).

       La versión final de la Regla 301 federal es distinta de las propuestas origi-nales del Tribunal Supremo y de la Cámara de Representantes. Ha sido también severamente criticada. Moore’s Federal Practice, 2da ed., New York, Matthew Bender, 1982, Vol.10, Sec. 301.04; C. Fornoff, Presumptions — The Proposed Federal Rules of Evidence, 24 Ark. L. Rev. 401 (1971); D. Louisell, Construing Rule 301: Instructing the Jury on Presumptions in Civil Actions and Proceedings, 63 Va. L. Rev. 281 (1977); Muller, op. cit.

      "Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo designado en lo sucesivo como el establecimiento, donde trabaje mediante remuneración de alguna clase, contratado sin tiempo determinado, que fuere des-pedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono en adición al sueldo que hubiere devengado:
      “(a) el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización;
      “(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.
      “Los años de servicio se determinarán sobre la base de todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que el empleado haya trabajado para el patrono antes de su cesantía, pero excluyendo aquellos que por razón de despido o sepa-ración ulterior, le hayan sido compensados o hayan sido objeto de una adjudicación judicial.”


author: PER CURIAM:

text:
    Hach Company, demandante y recurrida, v. Pure Water Systems, Inc. (Antes Agua Vida, Inc.), demandada y peticionaria.

      Número: O-82-516

      Resuelto: 18 de marzo de 1983

      Darío Padín Mimoso, abogado de la peticionaria; Dohanie Sepul-veda, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

Pure Water Systems, Inc., demandada en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, recurre de reso-lución que declaró sin lugar una petición de nulidad de procedimientos. Se trata de una acción en cobro de dinero por la cantidad de $22,588.87. Se emplazó a la demandada mediante edictos. La solicitud de la orden para emplazar por edictos estuvo acompañada de la siguiente declaración jurada del emplazador:

DECLARACIÓN JURADA
Yo, Rafael Saenz, mayor de edad, casado, vecino de San Juan, Puerto Rico, bajo juramento declaro.
1. Que mis circunstancias personales son las arriba ex-puestas.
2. Que no tengo interés alguno en el caso de referencia ni trabajo para los abogados que representan a la demandante en autos.
3. Que el martes 5 de mayo de 1981 a las once de la mañana me trasladé a la calle Guerrero Noble número 13-A Park Boulevard en Santurce para emplazar a uno de los Directores u Oficiales de la Compañía Pure Water Systems. Toqué el timbre y pregunté por algún oficial o director de la compañía. La persona que estaba adentro de la casa me informó que no había nadie y que volviera luego.
4. Que el viernes 8 de mayo de 1981 volví a dichas oficinas y éstas estaban cerradas. Al tocar el timbre abrió una ven-tana una joven y me informó que ella era la secretaria de la firma. Esta joven, cuyo nombre es Alma Sosa, no abrió la puerta y me informó que los oficiales y directores vivían en la isla de Tortola, que nunca venían a Puerto Rico y que se comunicaban con ella por teléfono solamente. Me informó además que no sabía la dirección ni el teléfono de ellos en Tortola ya que ella nunca los llamaba y ellos eran quienes la llamaban a ella.
5. Que lo anterior es la verdad y nada m[á]s que la verdad.
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1981.
Fdo. Rafael Saenz RAFAEL SAENZ

Los edictos fueron publicados y se envió copia de la demanda y del edicto por correo certificado con acuse de recibo a la dirección postal y a la dirección física de la demandada. Ésta rehusó el recibo de ambas notificaciones, según consta de las anotaciones hechas por el correo en los sobres.

Mediante sentencia en rebeldía del 10 de noviembre de 1981, el Tribunal Superior declaró con lugar la demanda. Para ejecutarla, se embargaron $22,588.87 de ciertos fondos que la Autoridad de Energía Eléctrica adeudaba a la demandada.

El 30 de abril de 1982 la demandada compareció, espe-cialmente, a fin de impugnar la jurisdicción del tribunal sobre su persona. Se celebró una vista en la que el tribunal recibió prueba documental y escuchó argumentación de ambas partes, luego de lo cual declaró sin lugar el plantea-miento de falta de jurisdicción.

En su recurso ante nos la peticionaria reproduce su re-clamo de falta de jurisdicción. Argumenta que la Regla 4.5 de Procedimiento Civil limita el uso del emplazamiento sus-tituto al caso de las corporaciones extranjeras que no tienen agente residente en Puerto Rico; y que ello es así porque la Ley General de Corporaciones de 1956 (14 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.) requiere que toda corporación doméstica tenga un agente residente para recibir emplazamientos, cuyo nombre y dirección debe constar en el Departamento de Estado. Admite, sin embargo, que si el agente residente y todos los directores, oficiales, gerentes y agentes de una corporación estuvieren fuera de Puerto Rico o no pudieren ser localizados luego de realizarse las diligencias perti-nentes, o se ocultaren para no ser emplazados, entonces se puede recurrir al método sustituto de publicación de edic-tos. Insiste en que éste no es su caso, pues su agente resi-dente reside en Puerto Rico.

Argumenta además la peticionaria, que la declaración jurada prestada por el emplazador es insuficiente para obtener una orden para emplazar por edictos, porque en ella solo se expresa una gestión mínima de dos visitas a la oficina de la demandada en que se le informó por la secre-taria de la oficina que sus oficiales y directores vivían en la isla de Tortola y no venían a Puerto Rico, que no sabía su dirección ni su teléfono allá; que no expresa otras diligen-cias hechas por el emplazador para investigar entre los vecinos de la calle, en el Cuartel de la Policía, el correo y la alcaldía, según lo requiere el debido procedimiento de ley, y que tampoco indica qué gestiones hizo el emplazador para conseguir al señor Lucas Boevé, agente residente designado por la corporación.

Por último, argumenta que no se intentó diligenciar el emplazamiento en la persona de la señora Alma Sosa, quien le indicó al emplazador que estaba a cargo de la oficina.

El 2 de septiembre concedimos a la demandante recu-rrida un plazo para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dejar sin efecto la sen-tencia dictada en rebeldía, para que el caso se ventile en sus méritos. La recurrida ha comparecido y su escrito nos persuade.

Como norma general un demandado debe ser notificado personalmente de la demanda para así garantizarle su derecho a ser oído. Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963). En el caso de una corporación, el emplazamiento personal se hace entregando copia del emplazamiento y la demanda a un oficial, agente administrativo o agente general o a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos. Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil. Únicamente en las cir-cunstancias que enumera la Regla 4.5 puede emplazarse por edictos.

El argumento de la peticionaria de que no procedía el emplazamiento por edictos, porque se trata de una corpo-ración doméstica que tiene el deber de designar un agente residente para recibir emplazamientos, es inmeritorio. Su agente residente designado es el señor Lucas Boevé, quien también es su presidente y quien, según la información ofrecida por su empleada, señora Alma Sosa, reside en la isla de Tortola. La peticionaria no podía impedir ser emplazada mediante su omisión de tener un agente resi-dente que resida en Puerto Rico.

La demandante recurrida cumplió cabalmente con los requisitos de la Regla 4.5. Primeramente acudió a la dirección donde radican las oficinas de la peticionaria. Esta dirección es la misma que consta en los records del Departamento de Estado. Ante las indicaciones de la empleada que se encontraba en esa dirección, quien se identificó por su nombre y el puesto que ocupaba, de que todos los directores y oficiales residen en la isla de Tortola, que no vienen a Puerto Rico, y que no conoce su dirección ni su teléfono porque ella no se comunica con ellos, sino que ellos la llaman, no era necesario que la demandante hiciera ninguna otra investigación para dar con el paradero de dichas personas, pues éstas se encontraban fuera de Puerto Rico. Véase, Danis v. Corte Municipal, 57 D.P.R. 830, 834 (1940).

Es de notar, además, que tratándose de una corporación, no era necesario hacer ninguna investigación en la comu-nidad pues, como tal, tenía la obligación, bajo la Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sees. 1301-1305, de informar en el Departamento de Estado la dirección y el nombre de su agente residente.

El planteamiento de que el emplazamiento pudo haberse entregado a la señora Alma Rivera de Sosa, secretaria de la oficina, tampoco tiene mérito. Los casos citados por la recurrente no apoyan su posición. En González v. Chávez, 103 D.P.R. 474 (1975), resolvimos que una corporación queda emplazada cuando el emplazamiento lo recibe una persona autorizada para ello por la compañía. Allí la demandada argumentaba que la persona que recibió el emplazamiento estaba autorizada para recibirlo, pero no a quedar emplazada. Para determinar si una persona es administradora o agente general de una corporación a fin de recibir emplazamientos para ésta, se debe atender a los deberes, funciones y autoridad de la persona y no a su título. No vemos cómo pueda argumentarse que la señora Alma Rivera de Sosa pueda ser considerada administradora o agente general de la recurrente, cuando ni siquiera conoce la dirección o el teléfono de sus oficiales y directores. Véase, Rios v. Niagara Mach. and Tool Works, 86 F.R.D. 383 (1980).

Por último, es de tenerse en cuenta que en este caso la recurrente tuvo una razonable oportunidad de enterarse del contenido de la demanda que le fuera enviada con el emplazamiento por correo certificado a la dirección que aceptó como correcta. Su actuación al rehusar recibir dicha correspondencia fue un obstáculo puesto por ella misma en el procedimiento. No puede quejarse de sus propias actuaciones.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia en virtud de la cual se expida el auto solicitado y se confirme la resolución recurrida.

       La Regla 4.5 de Procedimiento Civil dispone en su parte pertinente:
      “Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser emplazada, o si fuere una corporación extranjera sin agente residente, y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada, con expresión de dichas diligencias, y apareciere también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden disponiendo [sic] que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden disponiendo [síc] que el emplazamiento se haga por edicto.”