author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Martín

text:
    Ana C. Rosario Vda. de Méndez, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de Ponce, Hon. Antonio J. Matta, Juez, demandado.

      Número: O-73-12

      Resuelto: 27 de septiembre de 1974

      Antonio V. Santiago, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un empleado público acogido al sistema de seguro de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico falleció sin haber hecho designación de beneficiario para su seguro de vida. Fueron declarados sus herederos cuatro hijos, tres de los cuales se procrearon en su matrimonio con la peticionaria. A falta de beneficiario designado, la Asociación consignó en el Tribunal Superior, la suma de $8,994.00, im-porte del seguro de vida. La distribución de esta suma entre los sucesores del empleado gubernamental, y a tales fines la determinación de la naturaleza ganancial o privativa de la misma, constituye la cuestión a resolver.

Este seguro de servidores públicos está regulado por la ley creadora de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado que es la Núm. 138 de 28 de junio de 1966 (3 L.P.R.A. secs. 862 y ss.) que entre otras facultades confirió a dicha entidad la de establecer un plan de seguro por muerte para beneficio de los funcionarios y empleados del gobierno de Puerto Rico. Queda por tanto fuera del ámbito del Código de Seguros que dispone: “Organismos excluidos . . . este título [Código de Seguros de Puerto Rico — 26 L.P.R.A. secs. 101 y ss.] no cubrirá ni determinará la existencia de operaciones, contratos, ni funcionarios, directores ni representantes de todo organismo hasta donde sus actividades relacionadas con seguros estuvieren prescritas o permitidas por otra ley expresamente votada al efecto_” 26 L.P.R.A. sec. 107.

Dicho seguro de vida gubernamental se sufraga con cuotas descontadas de los salarios del servidor público a razón de $6.00 mensuales para los que se acojan a la primera categoría y $3.00 mensuales para los que opten por la segunda. (3 L.P.R.A. sec. 862 (o) y (p).) A clara vista el empleado casado bajo el régimen de sociedad de gananciales establecido en el Código Civil compra un seguro para sus sucesores, el que paga en plazos mensuales con fondos pertenecientes a la sociedad, pues así están clasificados los salarios o sueldos afirmativa-mente en el Art. 1301(2) del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3641(2), y por exclusión en el Art. 1299 (31 L.P.R.A. sec. 3631).

Descansa la opinión disidente sobre la falsa premisa de que proveyendo la ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado en su Sec. 14 para la tramitación-de declaratoria de herederos en caso de no haber beneficiario designado, y repitiendo luego el vocablo “herederos” al decla-rar estos beneficios exentos de embargo o ejecución (3 L.P.R.A. sec. 863c), coloca estos fondos bajo la clasificación de “seguro de vida”, a pesar de que la letra clara del Código de Seguros de Puerto Rico excluye de su ámbito el de la Asocia-ción de Empleados (26 L.P.R.A. sec. 107).

La instancia sobre declaratoria de herederos no fija ni altera el carácter ganancial o privativo de los bienes. Lo que sí imparte naturaleza al bien es su adquisición onerosa con fondos gananciales. Así lo ha expresado Manresa:

“Seguros sobre la vida. — La cantidad satisfecha por una compañía aseguradora al fallecimiento del asegurado, ¿ debe con-siderarse ganancial? Este caso ha sido en Francia objeto de discusión desde el punto de vista de si debe considerarse como un bien mueble. Es claro que muchos de los argumentos allí aducidos en pro o en contra carecen en nuestra patria de razón de ser, por ser muy distinto el sistema legal que rige las rela-ciones patrimoniales entre los cónyuges.
Desde luego, el capital del seguro sustituye a las primas que hay que pagar, y el derecho a aquél se adquiere desde el mo-mento del contrato, pues desde él cabe la facultad de disponer, y si ocurre el fallecimiento puede exigirse el pago. Se trata, pues, de una adquisición a título oneroso hecha durante el ma-trimonio, aunque el plazo señalado para el cumplimiento de la obligación sea el de la muerte de uno de los cónyuges, hecho que extingue la sociedad. Así considerada la cuestión, puede decirse resuelta en los artículos 1.896 y 1.401. Si las primas se pagan con el capital privativo del marido o de la mujer, el capital del seguro le pertenece privativamente. Si se paga a costa del caudal común o no puede justificarse la procedencia del dinero, la adquisición es ganancial.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo IX, págs. 689-690, Sexta Ed., Madrid 1969.

Con gran respeto se citó por este Tribunal el criterio de este ilustre comentarista en Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, 37 (1921), y si no fue seguido se debió a que para aquella época reglaban el contrato de seguro de vida en Puerto Rico los Arts. 416 y 428 del Código de Comercio posteriormente derogados por el Art. 41.010 del Código de Seguros (26 L.P.R.A. sec. 101 (historial)). La aprobación del Código de Seguros trans-firió a Cádiz a nuestro acervo de derecho histórico.

En el caso que nos ocupa el empleado fallecido no hizo designación de beneficiario en favor de persona alguna. No mostró preferencia particular por una forma de distribuir su seguro de vida, a su alcance por el simple medio de llenar un impreso (3 L.P.R.A. sec. 862m), por lo que no expresó su deseo ni propósito de disminuir ni mucho menos eliminar la participación de su cónyuge en dicho seguro. En ausencia de provisión en la ley especial (Ley estableciendo la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, citada) en cuanto al método de distribución de este seguro inconcluso que como he-mos visto está excluido de regulación por el Código de Seguros de Puerto Rico (26 L.P.R.A. secs. 101 y ss.) hemos de recurrir al Código Civil como derecho supletorio, por así disponerlo su Art. 12 que citamos: “En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposicio-nes de este título.” (31 L.P.R.A. sec. 12.) Y el derecho suple-torio no es otro que el declarado en el Art. 1301 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3641) donde se expresa:

“Son bienes gananciales:
(1) Los adquiridos por título oneroso durante el matri-monio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
(2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos.
(3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.” Art. 1301 del Código Civil.

Tratándose de un bien adquirido por el marido mediante la inversión de fondos gananciales, sin que haya en la voluntad del comprador del seguro ni en ningún otro factor relevante germen de impugnación a la presunción de ganancialidad enunciada por el Art. 1307 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3647), debe considerarse el importe de esta póliza como parte del caudal de la sociedad de gananciales extinguida por muerte del asegurado y bajo esa premisa procederse a su distribución. Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21 (1966); Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972).

Se dictará sentencia dejando sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce, de fecha 21 de noviembre de 1972, y ha de devolverse el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión:

El Juez Asociado, Señor Dávila, emitió opinión disidente en la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual y Martín. El Juez Asociado, Señor Martín, emitió opinión disidente en la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Dávila y Torres Rigual.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1974

No comparto el criterio de la mayoría. Soy de opinión que la disposición que trata sobre los “beneficiarios” en la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (3 L.P.R.A. 862m suplemento 1973), resuelve la cuestión planteada en el presente recurso. Sus disposiciones son claras. Dispone así:

“Los asegurados deberán cumplimentar el impreso de Desig-nación de Beneficiarios que proveerá la Asociación, haciendo constar el nombre de la persona o personas a quienes corres-ponda recibir los beneficios del seguro en caso de muerte del asegurado.
En el caso del fallecimiento de un asegurado que no haya cumplimentado la designación de beneficiarios, el Secretario de Justicia ordenará al funcionario correspondiente para que proceda a tramitar el expediente de declaratoria de herederos sin cargo alguno, para serle remitido a la Junta de Directores a la mayor brevedad posible. Esta clase de expedientes se tra-mitarán por las cortes con toda urgencia sin necesidad de in-cluirlos en el calendario especial. Toda la tramitación de estos expedientes hasta su terminación y la expedición de certifica-ciones de los mismos, se harán libres de derecho de clase alguna.”

En el caso de que el asegurado no designe beneficiario, el producto de la póliza pasa a los herederos. No cabe sostener que es ganancial. Que no es ganancial lo demuestra el que si hubiera sido designado un extraño como beneficiario, la viuda no tendría derecho alguno al producto de la póliza. Sólo en caso de que no hubiere designación de beneficiario es que la viuda tiene participación en el producto de la póliza, como heredera en la cuota usufructuaria que le asigna el Código. El dictamen del Tribunal trae como consecuencia que si un asegurado designa beneficiario el producto de la póliza es privativo, pero si no lo hace se convierte en ganancial. No me parece que esto sea correcto.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 1974

Debemos resolver si la viuda de un asegurado bajo el plan de seguro de vida de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene alguna participación en el producto de dicho seguro a la muerte del asegurado, en el caso de que el asegurado no hubiere hecho designación de beneficiario.

El seguro de vida objeto de este caso fue establecido ori-ginalmente por virtud de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 1921, 3 L.P.R.A. (ed. 1965) secs. 831 et seq., según subsi-guientemente enmendada, que creó la “Asociación, Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico.” Posteriormente la mencionada ley fue susti-tuida por la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que es la Núm. 133 de 28 de junio de 1966, 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sees. 862 et seq., según ésta ha sido subsiguientemente enmendada. Ambas leyes facultan a sus organismos rectores para reglamentar y tomar los acuerdos y adoptar las resoluciones indispensables para lograr sus fines, entre los que se incluye el establecimiento de un plan de seguros para sus socios. 3 L.P.R.A. (ed. 1965) see. 850; 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sec. 862b. Dichas dos leyes contienen disposiciones similares con respecto a la designación de beneficiarios por el asegurado así como la forma y manera de efectuar el pago del producto de la póliza, concediendo al asegurado la libertad de seleccionar su benefi-ciario o beneficiarios. 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) see. 862m; c/r. Código de Comercio, 1886. Al efecto la ley original de la Asociación de Empleados, o sea, la Núm. 52 de 1921 dis-ponía en lo que es aquí pertinente que:

. . en caso de muerte de un empleado la cantidad que le corresponda por concepto de seguro, será entregada a sus beneficiarios designados como tales por el causante, siendo obli-gación de los empleados . . . hacer bajo juramento, en el impreso que al efecto deberá ser facilitado por la Junta de Directores, dicha declaración de beneficiarios, especificando el nombre de la persona o personas a quienes corresponda en caso de muerte del empleado asociado, recibir los beneficios del seguro . . . 8 L.P.R.A. (Ed. 1965) sec. 883.

La citada disposición fue refraseada en la nueva ley, o sea, la Núm. 133 de 1966, manteniendo la libertad de designación del beneficiario, en la forma siguiente:

• “Los asegurados deberán cumplimentar el impreso de Desig-nación de Beneficiarios que proveerá la Asociación, haciendo constar el nombre de la persona o personas a quienes corres-ponda recibir los beneficios del seguro en caso de muerte del asegurado.” 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sec. 862m.

En el evento de que el asegurado omita hacer la designa-ción de beneficiario conforme a la citada disposición legal, se procederá, a su muerte a la tramitación de la declaratoria de herederos conforme lo requiere la siguiente disposición de la Ley de Empleados de la Asociación existente desde el 1921:

“. . . disponiéndose, además, que en caso de que el empleado falleciere sin haber designado sus beneficiarios, el Secretario de Justicia de Puerto Rico ordenará al funcionario judicial co-rrespondiente para que proceda a tramitar el expediente de decla-ratoria de herederos . ...” 3 L.P.R.A. (Ed. 1965) sec. 833; 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sec. 862m.

La única finalidad de la tramitación de la declaratoria de herederos es la distribución del producto de la póliza entre aquellos que sean herederos. Tal trámite es el que dispone la ley para declarar quiénes son las personas con derecho a la herencia en la sucesión intestada. 32 L.P.R.A. sec. 2301; 31 L.P.R.A. secs. 2592, 2641 et seq. Y, es claro que el cónyuge viudo es heredero únicamente con respecto a la cuota usufructuaria viudal, 31 L.P.R.A. secs. 2411 et seq., excepto cuando no hubiere hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, en cuyo caso el cónyuge viudo sucede en todos los bienes del difunto. 32 L.P.R.A. sec. 2677.

Dichas dos leyes de la Asociación de Empleados contienen además disposiciones que protegen el producto del seguro per-teneciente a los beneficiarios o herederos legales contra cual-quier reclamación eximiéndolo de embargo o ejecución, a saber:

“Toda cantidad que por cualquier concepto pertenezca o haya de entregarse a cualquiera de los empleados con derecho a los beneficios de las sees. 831 a 859 de este título, o a sus benefi-ciarios o herederos legales, en su caso, se declara por la pre-sente totalmente exenta de impuestos, embargo o ejecución,... .” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. (Ed. 1965) sec. 857; véase dis-posición equivalente en 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sec. 863c.

Nótese la intención expresada por el legislador al efecto de que el producto del seguro habrá de entregarse a los here-deros legales en ausencia de beneficiarios al disponer que se entregará “a sus beneficiarios o herederos legales, en su caso.” Esta expresión reafirma la intención que revela el “disponiéndose” citado anteriormente en el sentido de que en ausencia de beneficiarios se procederá a la tramitación de la declaratoria de herederos.

Las disposiciones básicas de las leyes de la Asociación de Empleados que reglamentan el seguro de vida que ofrece dicho organismo y que hemos transcrito precedentemente son muy similares a las leyes que reglamentan el seguro de vida en general que se transcriben en el curso de esta opinión. Véase Código de Comercio de 1886, Arts. 416 et seq.; Id. Ed. 1932, Arts. 328 et seq., 26 L.P.R.A. (ed. 1955) secs. 1281 et seq.; Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. secs. 101 et seq.

Desde el 1886 en que empezó a regir nuestro Código de Comercio, el beneficiario de una póliza de seguro de vida tiene derecho al producto de la póliza a la muerte del asegu-rado, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase, El texto de la disposición que tal derecho concedía era similar tanto en el Código de Comercio de 1886 como en la edición de 1932, al expresar:

“Las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el. seguro a favor de aquélla.

En vista de la citada expresión legislativa este Tribunal ha dicho en el pasado que el contrato de seguro de vida está regido exclusivamente por el Código de Comercio el que esta-blece las condiciones del contrato de seguro, las relaciones de las partes y el destino que debe darse al producto de la póliza. Así dijimos en Espósito v. Guzmán, 45 D.P.R. 796, 801 (1933), que no habiéndose designado específicamente los beneficiarios debe entenderse, de acuerdo con el contrato de seguros, que éstos son los herederos; y concluimos además que el producto de la póliza no pertenece a la testamentaría del finado sino al beneficiario. Y, agregamos que cuando los herederos son los beneficiarios el producto se distribuye entre ellos de acuerdo con la ley, aunque el asegurado sea casado, ya que si el producto no tiene la condición de ganancial cuando le pertenece a los beneficiarios, tampoco la tiene cuando se trata de los herederos. También resolvimos en Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, 37 (1922), que una póliza constituida por el esposo a favor de sus hijos no es un bien ganancial.

En Cádiz, supra, reconocimos el derecho de un hijo natural reconocido vis a vis el derecho de la viuda a la luz de las disposiciones del Art. 1301 del Código Civil de 1930 .(31 L.P.R.A. sec. 3641) que reconoce el carácter de ganancia-les a los bienes “adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisi-ción para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.” Discrepamos allí del criterio del insigne civilista español Manresa que asume la posición de que el capital del seguro sustituye a las primas que hay que pagar, y que el derecho a aquél se adquiere desde el momento del contrato, por lo que concluye el tratadista que se trata de una adquisición onerosa hecha durante el matrimonio la que ha de reputarse ganancial si se paga a costa del caudal común o si no se justifica la procedencia del dinero. Resolvimos entonces que tratándose el seguro de un contrato mercantil éste se regía por los ar-tículos 416 y 428 del Código de Comercio de 1886, y no por el Código Civil.

En Espósito, supra, expresamos que nuestra solución pa-recía estar en pugna con el propósito fundamental en que se inspira la sociedad de gananciales; pero que habiendo el le-gislador autorizado la celebración de un contrato especial sin trabas de ninguna especie — refiriéndonos a las disposiciones regulatorias del Código de Comercio — no podíamos ir en contra de ello, a menos que se demostrara un propósito fraudulento contrario a los fines de la propia ley.

El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. secs. 101 et seq., Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, sustituyó al Código de Comercio respecto a la reglamentación del negocio de seguro de vida. Las disposiciones del Código de Seguros referentes a las cuestiones discutidas precedentemente mantu-vieron la naturaleza privilegiada del producto de una póliza de seguro que le concedía el Art. 338 del Código de Comercio, edición de 1932, al efecto de que corresponde íntegramente al beneficiario, con independencia de la condición de heredero o del cómputo ganancial. 26 L.P.R.A. sec. 1133; cfr. Cádiz v. Jiménez, supra; Schlüter v. Sucn. Diaz, 41 D.P.R. 884 (1931); Espósito v. Guzmán, supra; Oliver v. Oliver, supra; Asociación de Maestros v. Corte, supra.

Las disposiciones del Código de Seguros referentes a la cuestión discutida precedentemente son las siguientes:

“§ 1133. Exención de beneficios — Pólizas de vida
“(1) El beneficiario, cesionario o tenedor legal de una póliza de seguro de vida (que no fuere un contrato de rentas anuales), efectuada o que en el futuro se efectuare por una persona sobre su propia vida, o sobre la vida de otro, a favor de otra persona que no fuere él mismo, tendrá derecho a los beneficios y ventajas de la póliza, contra los acreedores y representantes del asegurado y de la persona que efectuare el seguro, y dichos beneficios y ventajas estarán también exentos de toda responsa-bilidad por cualquier deuda de dicho beneficiario, existente a la fecha en que los beneficios y ventajas se hicieren disponibles para su uso.
“(2) Las disposiciones del párrafo (1) se aplicarán:
“(a) háyase o no se haya reservado o permitido en la póliza el derecho de cambiar el beneficiario, y
“(b) háyase o no se haya hecho la póliza pagadera a la persona cuya vida se asegura, o a su sucesión, si el benefi-ciario, cesionario o tenedor falleciere antes que dicha persona, excepto que esta cláusula no se interpretará en el sentido de frustrar ninguna disposición de la póliza para disponer de los beneficios en otra forma, en caso de que el beneficiario falle-ciere antes que el asegurado.”

Es conveniente señalar además que ni dicho Código de Seguros ni el Código de Comercio que le precedió imponen li-nutaciones sobre quién puede ser beneficiario en una póliza de seguro de vida al disponer:

“§ 110 U. Interés asegurable, seguro personal
“(1) Una persona de capacidad legal competente puede ges-tionar y otorgar un contrato de seguro sobre su propia vida o persona a beneficio de cualquiera otra persona . . . .” (Énfasis suplido.) Véase además Código de Comercio, 1886, Art. 419; Ed. 1932, Art. 331 (26 L.P.R.A. (ed. 1955) sec. 1284).

Un análisis de nuestros pronunciamientos en que hemos declarado la naturaleza privilegiada del producto de la póliza de seguro de vida y su exclusión del caudal hereditario del causante revela que hemos juzgado que no son de aplicación a esta cuestión las disposiciones del Código Civil por estar el negocio de seguro de vida debidamente reglamentado por el Código de Comercio, antes, y luego por el Código de Seguros. Tanto las disposiciones sobre la libertad del asegurado para designar el beneficiario de su selección, como las que pro-tegen el producto de la póliza de los acreedores y aun de los herederos legítimos, nos hicieron concluir que el producto de la póliza no formaba parte del caudal hereditario del asegu-rado, ni tampoco formaba parte de los bienes gananciales.

Aunque la jurisprudencia citada precedentemente se re-fiere al seguro de vida en general y no concretamente al se-guro de vida que provee la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado — que es el envuelto en el caso de autos — la razón de ser de la jurisprudencia citada es de igual aplica-ción a este seguro ya que las disposiciones de la Ley de la Asociación de Empleados referentes al seguro de vida son similares a las de los Códigos de Comercio y de Seguros.

El hecho de que el seguro de vida de la Asociación de Empleados esté regulado por una ley especial y no por el Código de Seguros, no altera la naturaleza privilegiada del producto de la póliza. Se trata en esencia de una misma cosa, de un contrato de seguro de vida cuyos elementos básicos son los mismos bajo una ley u otra.

Es principio cardinal de nuestro ordenamiento jurídico que las materias especiales se rigen por sus leyes' especiales y por el derecho jurisprudencial que se va formando en torno a los estatutos. La Ley de la Asociación de Empleados de 1966 preservó el estado de derecho existente bajo las dispo-siciones del Código de Comercio que regulaban el seguro de vida, luego suplantadas por el Código de Seguros, en el sen-tido de que el producto del seguro de vida habría de pagarsé al beneficiario que designare el asegurado, y en ausencia de designación, a los herederos. Por ello nos es forzoso con-cluir que aún prevalece la jurisprudencia interpretativa de este Tribunal al efecto de que el producto de una póliza de seguro de vida no es un bien ganancial ni es parte de la he-íencia del causante.

Las normas que establecimos en el pasado al efecto de que el producto del seguro de vida no formaba parte del caudal hereditario, ni de la sociedad conyugal de bienes, estuvo ba-sada en nuestra interpretación de lo estatuido por el Código de Comercio de 1886 y su edición de 1982, cuyas disposiciones eran similares, según hemos explicado, a las contenidas en las dos leyes de la Asociación de Empleados referentes a los planes de seguro de vida. Tanto las disposiciones del Código de Comercio como las de las leyes de la Asociación de Empleados han estado vigentes simultáneamente, por lo menos desde que resolvimos el caso de Cádiz en 1922. No vemos razón alguna para alterar el estado de derecho que ha prevalecido por tantos años con respecto al seguro de vida sin que haya habido indi-cio alguno del legislador para darle un tratamiento distinto al seguro de vida ofrecido por un organismo del estado que al que tradicionalmente ha ofrecido la empresa privada. MaS al contrario, es evidente que el legislador quiso conceder el mismo tratamiento a ambas clases de seguro de vida. Donde la ley no distingue no debemos distinguir nosotros. ;

Finalmente pasamos a considerar el efecto de los actos de última voluntad de una persona para disponer de los bienes que componen su sucesión. Mientras el Código Civil exige que para disponer de los bienes en forma distinta a las disposi-ciones sobre sucesión intestada es necesario otorgar testa-mento de acuerdo con los requisitos prevenidos para la sucesión testada, la falta de cumplimiento de dichos requi-sitos en cuanto a la institución de herederos causará la nulidad de la voluntad testamentaria. Código Civil, Art. 621, 31 L.P.R.A. sec. 2126; Art. 636, 31 L.P.R.A. sec..2152.

• ' • Sin embargo, por vía de excepción a los requisitos sobre disposiciones testamentarias contenidas en el Código Civil, la Ley de la Asociación de Empleados específicamente permite hacer una disposición para tener efecto a la muerte del ase-gurado mediante la cual' el asegurado puede disponer, con una mera declaración de beneficiarios, la persona o personas a quienes habrá de corresponder el importe del seguro, quienes bien pueden ser herederos, su propia cónyuge, o cualquier otra persona. 3 L.P.R.A. (Supl. Acum. 1973) sec. 862m; 3 L.P.R.A. (ed. 1965) see. 833.

Igualmente, según hemos dicho precedentemente, ni el Código de Comercio ni el Código de Seguros contienen limita-ciones sobre quién puede ser beneficiario en una póliza de seguro de vida. Código de Comercio, 1886, Art. 419; Ed. 1932, Art. 331, 26 L.P.R.A. (ed. 1955) see. 1284; Código de Seguros, Art. 11.330, 26 L.P.R.A. sec. 1133. Tales disposi-ciones de la Ley de la Asociación de Empleados, del Código de Comercio y del Código de Seguros claramente constituyen excepciones a las disposiciones de última voluntad que re-quiere el Código Civil, por lo que debemos concluir que el legislador quiso permitir que se dispusiere libremente del producto de una póliza de seguro de vida. Más aún, la propia ley de la Asociación de Empleados así como las disposiciones del Código de Comercio, antes, y las del Código de Seguros, hoy, disponen expresamente que en el evento de que no hubiere designación de los beneficiarios de una póliza de seguro de vida el producto de la misma pertenece a los herederos. . .

En vista de lo anterior confirmaría la sentencia del tribunal de instancia que adjudica el producto del seguro de vida del causante a sus herederos y a la cónyuge supérstite, en cuanto a su cuota viudal usufructuaria, y modificaría la adjudicación de la suma de $924.48 por concepto de ahorros y dividendos para que la misma se distribuyera entre los here-deros legales, conforme lo dispone expresamente la propia Ley de la Asociación de Empleados. 3 L.P.R.A. sec. 863e (Supl. Acum. Tomo 1A, 1973) en la misma forma en que ha de distribuirse el producto de la póliza.

         El trámite de declaratoria de herederos siempre es necesario por-que los hijos concurren con la madre aun cuando los beneficios sean ganan-ciales.

       Dicho Art. 428 (sec. 7987, Est. Rev. 1911) disponía: “Las canti-dades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumpli-miento del contrato, serán propiedad de ésta, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla.” A diferencia del actual Código de Se-guros, no hacía excepción en favor de sistemas de seguros regulados por legislación especial como éste de empleados públicos.

       No es necesario resolver ahora cómo ha de distribuirse el seguro de vida de un empleado que ha designado beneficiario, cuestión al presente re-glada por la Sec. 14 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, enmendada (3 L.P.R.A. sec. 862m).

       Código de Comercio, 1886, Art. 428; Id. Ed. 1932, Art. 338, 26 L.P.R.A. (ed. 1955) see. 1291. Igual disposición encontramos en el Art. 428 del Código de Comercio Español. Véase Gay Montellá, Código de Comer-cio Español Comentado, Ed. Bosch, 1936, págs. 400-402.

       Id.

       Véanse Oliver v. Oliver, 57 D.P.R. 491, 494 (1940); Asociación de Maestros v. Corte, 66 D.P.R. 705 (1946). En el estado de Louisiana se ha establecido firmemente la doctrina de que el producto de una póliza de se-guro de vida no forma parte del haber hereditario del asegurado, por haber pasado a ser propiedad del beneficiario conforme a los términos de la propia póliza. La. Act 88 of 1916; Succession of Heading, 26 La. Ann. 326 (1874); Vinson v. Vinson, 105 La. 30, 29 So. 701 (1901), Succession of Emonot, 109 La. 359, 33 So. 368 (1902).

       Luego pasaron a ser los Arts. 328 y 338 respectivamente en la edi-ción de 1932 del Código de Comercio, supra.

       “Los beneficios netos que se obtengan por la Asociación, después de deducidos los gastos de administración, las reservas autorizadas y cual-quier cantidad que la Asamblea decida utilizar para cualquier empresa o transacción en beneficio de los asociados, deberán ser -acreditados como dividendos anualmente a los empleados, en proporción a sus respectivos ahorros al cierre de las operaciones del año fiscal correspondiente. Estos dividendos serán abonados a la cuenta de ahorros de cada asociado y le serán pagados junto con sus ahorros al cesar en su empleo por cualquier motivo y en caso de muerte a sus herederos legales.” (Énfasis suplido.)


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text:
    Alfredo Nazario y Otro, demandantes y recurrentes, v. Hull Dobbs of Puerto Rico, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-69-110

      Resuelto: 30 de septiembre de 1974

      Manuel Janer Mendía, Rafael A. Marzand Robles y Angel Alfonso Colón, abogados del recurrente; Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de los recurridos.
   per curiam :

El Secretario del Trabajo, en virtud de la far cuitad que le confiere la Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sees. 245 et seq), y la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sees. 3118 et seq.) radicó sendas querellas en representación de varios vendedores a comisión empleados de las querelladas reclamando el pago de vacaciones acumuladas y no disfrutadas cubriendo períodos desde el 1954 hasta el 1967 inclusive. En diciembre del 1960 entró en vigor un convenio colectivo aplicable a los empleados reclamantes que disponía que toda controversia entre la unión y la compa-ñía sobre la interpretación de las obligaciones de las partes bajo el convenio se resolvería mediante arbitraje. En diciem-bre del 1962 expiró dicho convenio y fue sustituido por otro con idéntica disposición que estuvo vigente hasta diciembre del 1965, en cuya fecha se celebró otro que tuvo vigencia hasta diciembre del 1968.

El tribunal de instancia, basándose en lo resuelto en el caso de Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), dictó sentencia parcial desestimando las reclama^-ciones que se referían a períodos posteriores al 25 de enero de 1963, sin perjuicio de que los querellantes se acogieran al procedimiento de arbitraje. Dicho tribunal determinó que la Regla de Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra, apli-caba si el período por el cual se reclamaba era posterior al 25 de enero de 1963, irrespectivamente si el convenio colec-tivo vigente para la fecha de la reclamación se celebrara con anterioridad a dicha fecha. No conforme con dicha determina-ción, el Secretario del Trabajo solicita la revisemos.

En el caso de Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra, resolvimos lo siguiente:

“. . . (1) que un patrono y una organización obrera pueden acordar válidamente en un convenio colectivo que las contro-versias sobre salarios y horas extra se ventilen y decidan me-diante el procedimiento de arbitraje acordado en el convenio, y (2) que bajo un convenio válido y una cláusula de arbitraje que exprese que todas las querellas o reclamaciones que surjan o que puedan surgir en relación con o con motivo de las dis-posiciones del convenio y de cuya cláusula de arbitraje no se excluya lo relativo a salarios, se pueden resolver y se resolverán ías controversias sobre salarios y horas extra mediante dicho arbitraje.” (A la pág. 129.)

Pero hicimos constar que:

“. . . Por entender que las cláusulas de arbitraje de los con-venios ya hechos no fueron redactados y aprobados por las partes teniendo en mente la regla que aquí enunciamos, el efecto de esta decisión será prospectivo solamente.”

El 2 de mayo de 1974 expedimos la siguiente orden para mostrar causa:

“Se concede a la parte recurrida un término de diez días a partir de la notificación de esta resolución para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto solicitado y una vez expe-dido, visto lo resuelto en Ceferino Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, (1968), modificar la sentencia en el sentido de solamente declarar sin lugar las querellas relacio-nadas con los períodos cubiertos por reclamaciones surgidas de convenios colectivos firmados con posterioridad a la fecha de la opinión emitida en Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, supra.

No siendo aplicable la norma establecida en Pérez a contror versias surgidas bajo convenios colectivos concertados con anterioridad a la fecha en que se resolvió dicho caso, se expide el auto solicitado y se modifica la sentencia recurrida en el sentido de solamente declarar sin lugar las querellas rela-cionadas con los períodos cubiertos por reclamaciones sur-gidas de convenios colectivos firmados con posterioridad al 25 de enero de 1963, fecha en que se resolvió Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, supra. Véase Martínez v. Com. Oil Ref. Co. Inc., 92 D.P.R. 693, 697 (1965).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Horacio Rodríguez González, acusado y apelante.

      Número: CR-74-15

      Resuelto: 30 de septiembre de 1974

      Juan Enrique Colón y Waldo Pierluisi, abogados del apelante; Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

La prueba de cargo fue al efecto de que el apelante conducía una guagua Chevrolet tablilla C96843 en dirección de Vega Baja hacia Arecibo. Según el agente que intervino con el apelante, el vehículo iba dando zig-zags, pasando de un carril a otro, llegando a invadir el carril de los vehículos que venían en dirección contraria. El agente le or-denó detenerse. Se detuvo cerca de un restaurante. Declaró el agente que el apelante despedía un fuerte olor a licor. Al requerirle que bajara del vehículo casi no podía hacerlo, se recostó del vehículo, casi no podía andar, hablaba incoherente-mente y tenía los ojos rojizos. Consintió en que se le tomara una muestra de orina para un análisis químico. El resultado de este análisis fue el equivalente a .30 centésimas del uno por peso de alcohol en la sangre.

La teoría del apelante fue al efecto de que él no conducía el vehículo. Su estado de embriaguez era tal que se lo impedía. La prueba presentada fue al efecto de que el apelante estaba bebiendo en el negocio que está situado cerca de donde su vehí-culo estaba estacionado; que ingirió mucho licor y estaba casi tirado en la mesa; que se cayó al suelo y lo tuvieron que llevar a la guagua; que al rato llegó la policía y entonces inter-vino con el apelante en la forma establecida por la prueba de cargo.

Terminada de desfilar la prueba anteriormente reseñada, el Juez que presidió la vista expresó:

“Hon. Juez:
Párese frente al estrado. El Tribunal va a ordenar que la oficina de Oficiales Probatorios haga una investigación sobre toda la conducta y voy a reservar el fallo para el día . . . una vez tenga ese informe. Algún reparo del abogado que sea así?
Lodo, de la Cruz Sierra:
No. Señor Juez.
Hon. Juez:
El fallo se va a dictar el día 18 de mayo. Usted tiene que estar aquí el 18 de mayo. El policía y los testigos, que pasen al frente Osvaldo González y el otro testigo. Alguacil todos los que decla-raron. Miguel Figueroa y Osvaldo González. Yo entiendo que alguien está mintiendo. Eso no pudo haber ocurrido como dice el policía o como dicen los testigos y este Tribunal no va a permitir que nadie absolutamente nadie le mienta. Yo voy a estudiar más detenidamente el informe. Ya yo haré mi determinación después que tenga el resultado de la investigación.
Hon. Fiscal:
Para que se aclare aquí hay un oficial de la policía, el sar-gento Anguita, que se cite.
Hon. Juez:
Está el sargento aquí?
Hon. Fiscal:
No está en Sala, Vuestro Honor.
Hon. Juez:
Pues, que se cite al Sargento Anguita para que comparezca aquí el día 18 de mayo. Ese sargento estuvo allí?
Hon. Fiscal:
No, Señor Juez, pero es la persona que se ha mencionado aquí que iba en la otra patrulla.
Hon. Juez:
Que se cite para que comparezca aquí para el 18 de mayo. Alguien ha mentido aquí porque si este acusado estaba y ustedes dos lo sacaron del negocio y lo pusieron sobre el carro y entonces es que llega este policía y se le para el carro detrás ahora si este policía venía persiguiendo a este carro y otro policía le pasó por el frente y este carro se detuvo allí ustedes dos están mintiendo. Eso es un desacato por perjurio.
Lcdo. de la Cruz Sierra:
Lo triste es que alguien seguirá mintiendo.
Hon. Juez:
Ah, bueno, eso lo voy a resolver yo.
Lcdo. de la Cruz Sierra:
Esperamos.
Hon. Juez:
Pase el acusado y todos los testigos a la oficina de Oficiales Probatorios para que se inicie la investigación que yo he orde-nado. Deberán estar aquí todos. Hágase constar los nombres de los testigos del Fiscal y del acusado para que estén aquí el 18 de mayo a las ocho y treinta de la mañana.” (Énfasis suplido.)

Un mes después de celebrado el juicio, se dictó sentencia condenando al apelante a pagar cien dólares de multa.

Es improcedente en derecho la actuación del juez en el presente caso. Si tenía dudas sobre cuál era la versión verdadera de lo acontecido debió haber absuelto al acusado. No procede condenar a un acusado a base de una investigación llevada a cabo a sus espaldas, sin la oportunidad de contrainterrogar a las personas con quien se entrevistó el Oficial Probatorio. Constituye una vulneración flagrante del debido proceso de ley. Como expresó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Turner v. Louisiana, 379 U.S. 466-472-473 (1965): “En su alcance constitucional, el juicio por jurado en un caso criminal necesariamente implica, como mínimo, que la ‘evidencia desarrollada’ contra un acusado provenga de la silla de los testigos en un tribunal público donde haya una completa protección judicial del derecho del acusado al careo, contrainterrogatorio, y asistencia de abogado.” Ver además, Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965); Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717 (1961).

Se revocará la sentencia apelada y se absolverá al acu-sado.

El Juez Asociado, Señor Rigau, no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Camilo Villalongo Torres, acusado y apelante.

      Número: CR-73-100

      Resuelto: 30 de septiembre de 1974

      Santos P. Amadeo y Agustín Pérez Rodríguez, abogados del ape-lante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

Camilo Villalongo Torres fue acusado de cuatro infracciones a la anterior Ley de Narcóticos consisten-tes en un cargo por violación del Art. 39 y por posesión y dominio, ocultación y transportación y venta de la droga nar-cótica conocida como heroína, 24 L.PR.A. secs. 975c y 974z. Los hechos imputádosle ocurrieron el 21 y el 31 de octubre de 1970 respectivamente.

Hizo alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. El juicio se celebró los días 21 y 22 de julio de 1971. El jurado rindió veredicto de culpabilidad en cada uno de los cargos por unanimidad.

Presentó una “Moción para diferir lectura de Sentencia”, y posteriormente una “Moción ampliada sobre nuevo Juicio”. El día 29 de diciembre de 1971, luego de una vista y discu-sión de dichas mociones el tribunal de instancia denegó la soli-citud de nuevo juicio y sentenció al acusado a cumplir de tres (3) a cinco (5) años de presidio por la violación al Art. 39, de cinco (5) a siete (7) años de presidio por la posesión y dominio, de cinco (5) a siete (7) años de presidio por la ocultación y transportación y de siete (7) a diez (10) años de presidio por la venta. Las sentencias se cumplirían con-currentemente con la de siete (7) a diez (10) años por el cargo de venta.

Apeló ante nos alegando la comisión de nueve errores que consideramos a continuación:

“Primer Error: El juez sentenciador erró al no instruir al jurado que éste podía absolver al acusado-apelante aun cuando éste fuera culpable de acuerdo con la prueba.
Segundo Error: El juez sentenciador erró al definirle al jurado lo que constituye duda razonable para los fines de deter-minar si el acusado-apelante es culpable o inocente de los delitos por el cual [sic] fue sentenciado.”

Discutiremos estos alegados errores conjuntamente por referirse a instrucciones al jurado. No fueron cometidos. En cuanto al primero, resolvimos contrario a la posición del apelante en Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974). En cuanto al segundo, hemos examinado cuidadosamente las instrucciones sobre duda razonable y encontramos que las mismas cumplen a cabalidad con las exigencias de la ley. Más aún las mismas no fueron objetadas ni se solicitaron otras adicionales aun cuando tuvo el apelante oportunidad de así harcerlo.

“Tercer Error: Los veredictos y las sentencias dictadas contra el acusado-apelante son nulos e ineficaces porque las instrucciones que el tribunal sentenciador dio al jurado no han sido aprobadas por la Legislatura de Puerto Rico de acuerdo con el Artículo Y, Sección 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Este planteamiento es frívolo. Las Reglas de Procedimiento Criminal fueron adoptadas y aprobadas sin que ocurriera desviación alguna del procedimiento que para ello establece la Constitución en su Art. V, Sec. 6. La número 137 específicamente señala que luego de los informes “el tribunal deberá instruir al jurado haciendo un resumen de la evidencia y exponiendo todas las cuestiones de Derecho necesarias para la información del jurado.” La Constitución no exige que las instrucciones en sí sean aprobadas por la Legislatura. Por el contrario, es facultad inherente al poder judicial complementar el estatuto procesal, particularmente ante situaciones de hechos que no pueden preverse para todos los casos. Véanse Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974); González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585 (1953).

“Cuarto Error: El Tribunal sentenciador erró al instruir al jurado que todo testigo se presume que dice la verdad.”

El apelante fue juzgado los días 21 y 22 de octubre de 1971. Aunque en Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253 (1973), resolvimos que esa instrucción es errónea, ordenamos su eliminación prospectivamente es decir, a partir del 1ro. de mayo de 1973.

“Quinto Error: Los veredictos del jurado son nulos e ine-ficaces porque de acuerdo con la evidencia no se probó que el acusado-apelante es culpable más allá de toda duda razonable, debido a la naturaleza conflictiva de la declaración del testigo principal de El Pueblo, Adalberto Vega Rodríguez.”

Si bien hubo algunas contradicciones en el testimonio del agente Vega Rodríguez, éstas recayeron sobre detalles no esenciales. En lo esencial, su testimonio fue consistente. Además, correspondía al jurado resolver cualquier contradicción y lo hizo, por unanimidad, declarando al apelante culpable. No hay base en los autos para que intervengamos en la apreciación de la prueba por el jurado. Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

“Sexto Error: Erró el Tribunal sentenciador al declarar sin lugar la Moción de Nuevo Juicio presentada por el acusado-apelante después de haber sido encontrado culpable éste por el jurado que intervino en su caso.”

La solicitud de nuevo juicio se basó, según expresa el apelante en: “Que una de las personas mencionadas en el transcurso del juicio contra el acusado en las causas del epí-grafe está dispuesta a ofrecer su testimonio, a fin de escla-recer ciertos ángulos que concurrieron durante el juicio, producto del cual fue convicto el aquí acusado Camilo Villa-longo Torres.”

En apoyo de su solicitud ofreció, en la vista que al efecto se celebró, el testimonio de Angel Luis López Figueroa. López Figueroa declaró que como confidente acompañaba al agente Vega Rodríguez y le presentó a un tal Lefty y al apelante; Lefty le vendió varias bolsas de supuesta heroína al agente, que resultaron contener otra sustancia; luego Lefty se au-sentó de Puerto Rico, y el agente le propuso “fabricarle un caso” a Camilo (al apelante), a lo que el testigo se negó. El abogado del apelante argumentó que no pudo conseguir ese testigo a tiempo para el juicio.

Una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas va dirigida a la discreción del tribunal sentenciador. Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968). Un tribunal no comete error al denegar tal moción si la prueba pudo ser obtenida y presentada en el juicio por el acusado mediante el ejercicio de una diligencia razonable. Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 D.P.R. 842 (1971); Pueblo v. Vázquez Izquierdo, supra; Pueblo v. Asencio Trinidad, 95 D.P.R. 473 (1967).

El apelante tuvo conocimiento de la existencia de un confidente desde que se celebró la vista preliminar. Durante el juicio se hizo referencia al confidente, nombrándosele por Luis, y dándose su dirección como calle Las Flores en Río Grande. Del testimonio prestado por el confidente surge que el apelante y él eran amigos y estudiaron juntos. No le hu-biera sido difícil al apelante conseguir al confidente y traerlo al juicio. Río Grande es una comunidad relativamente pe-queña y los que forman parte de la subcultura de la droga se conocen unos a otros. Véase Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974). Además el juez que oyó y vio declarar al confidente no le dio crédito. Ese mismo juez presidió el juicio, e hizo constar al resolver la moción, “No creo que su testimonio como testigo de defensa, hubiese cambiado el veredicto a que arribara el jurado en estos casos.” Véase Pueblo v. Vázquez Izquierdo, supra, a la pág. 157. Bajo las circunstancias de este caso no hallamos justificación para intervenir con la dis-creción ejercitada por el Juez sentenciador.

“Séptimo Error: Erró el Tribunal sentenciador al permitir que el Jurado se separase permitiendo que fueran a almorzar a sus casas sin haber obtenido el consentimiento de las partes en el proceso.”

Además de resultar tardío este planteamiento por no haber sido hecho ante el tribunal sentenciador, Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969), no tiene base en Derecho. Es facultad del tribunal que juzga el caso permitir que los miembros del jurado se separen durante el transcurso del juicio. Regla 138 de Procedimiento Criminal. La Regla no exige el consentimiento del acusado o del fiscal. Compárese Pueblo v. Meléndez Burgos, 90 D.P.R. 792 (1964).

“Octavo Error: Erró el Tribunal sentenciador al admitir en evidencia el Exhibit I de El Pueblo que no estaba firmado por la persona a quien Adalberto Vega Rodríguez — agente encu-bierto — se lo entregó, el Sr. Israel Laureano de Jesús, su Supervisor.
Noveno Error: Erró el Tribunal al permitir el testimonio de Ramón Chinea Rodríguez, Químico de la Policía, y quien inter-vino en el examen de los cinco decks de supuesta heroína que se le entregó en un sobre porque la cadena de evidencia se rompió en este caso contra el acusado-apelante, ya que de la faz de dicho sobre no aparece la firma de Israel Laureano de Jesús, como supuestamente se alegó, por lo cual el no haber sido recibido por él, no podía llegar a sus manos, y por lo tanto su testimonio era inaceptable.”

Ambos planteamientos son inmeritorios. Ciertamente el testigo Israel Laureano de Jesús, supervisor del agente que compró el material delictivo al apelante y quien lo recibió de aquél, admitió que había olvidado firmar el sobre oficial en que puso los cinco decks. Pero esa omisión no tuvo el efecto de interrumpir la cadena de prueba. Esta quedó establecida con su propio testimonio y el del químico. El supervisor recibió personalmente el material del agente que lo compró al apelante y personalmente lo entregó al químico. Su identificación quedó además plenamente establecida por el nombre, número de placa e iniciales del agente comprador y la fecha de la transacción, escritos en la envoltura en que fue entregado el material al supervisor y así pasó de éste al químico.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

       “Toda persona que acuerde, consienta a, negocie o en cualquier forma ofrezca para la venta, entrega, aplicación o donación cualesquiera de las drogas narcóticas comprendidas en este Capítulo y luego venda, done, entregue, traspase o administre engañosamente cualquier otra substancia, material o líquido haciendo creer que se trata del narcótico objeto de la transacción será condenada a sufrir una pena de reclusión no menor de un (1) año ni mayor de diez (10) años. Esta sección será aplicable para toda persona sin importar que la misma esté o no autorizada a realizar la transacción envuelta.” Art. 39 de la Ley de Narcóticos de 1959, 24 L.P.R.A. sec. 975c.


author:
(Fdo.) Angel G. Hermida Secretario
     Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Secundino Arroyo López, acusado y apelante.

      Número: CR-73-44

      Resuelto: 30 de septiembre de 1974

      P. Roldan Figueroa y Frances Berrios Agosto, abogados del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue acusado de mutilación y portar armas. Se alegó que con un machete le cercenó cuatro dedos de la mano izquierda a Rafael Diez. El jurado le absolvió del delito grave. El juez lo condenó en el menos grave.

La defensa del apelante estriba en que la portación del machete fue incidental. El dictamen del juez de instancia sosteniendo que no fue incidental está sostenido por la eviden-cia presentada. Los hechos ocurrieron en una vía pública. La contención del apelante es al efecto de que el perjudicado lo fue a provocar a su casa; que él tomó un machete de la marquesina de su casa; que el perjudicado tenía un cuchillo y terminó peleando en la calle, por lo que la portación del machete fue incidental. Sin entrar a considerar si la portación de un machete en esas circunstancias es incidental, la prueba de cargo fue en el sentido de que el acusado salió de su casa con el machete en busca del perjudicado y lo alcanzó dos casas más adelante donde lo agredió. Creída esta prueba por el juez sentenciador, la misma sostiene el veredicto rendido.

El otro error apuntado carece de substancia. Se queja el apelante de que el juez cometió error al no permitirle argu-mentar el caso menos grave por segunda vez — el abogado había argumentado el caso completo ante el jurado — antes del juez fallar. Por la naturaleza de los hechos, al argumentar el caso ante el jurado, tenía necesariamente que discutir lo relacionado con la portación del arma. Así lo admite el propio apelante.

Se confirma la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 16 de noviembre de 1966, pero se reduce a seis meses en virtud de lo dispuesto por la Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió en opinión separada con la cual concurre el Juez Asociado Señor Rigau.

(Fdo.) Angel G. Hermida Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

con el cual concurre el Juez Asociado Señor Rigau

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 1974

En Pueblo v. Cruz Collazo, 95 D.P.R. 651 (1968), este Tribunal analizó el Art. 4 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 414, y concluyó que se puede infringir dicha disposición en tres formas o modalidades, teniendo en cuenta para ello la clase de instrumento cuya posesión o portación allí se castiga y el uso dado al instrumento en cuestión.

Así, hay instrumentos cuya posesión o portación, sin más calificaciones o condiciones, es ilegal. Tal es el caso del black jack, la cachiporra y la manopla, expresamente señalados en dicho Art. 4. Son armas prohibidas per se. Su portación constituye la primera modalidad bajo la cual se viola el citado artículo.

La segunda y tercera modalidades se refieren a instru-mentos que son susceptibles de uso inocente. Su posesión y portación constituyen delito solo cuando se emplean ilegal-mente. Resolvió este Tribunal en Cruz Collazo que bajo estas dos últimas modalidades se incurre en el delito de portar armas (a) si el instrumento se porta, conduce y transporta en ocasión en que no se usa como instrumento propio de un arte, deporte, profesión, ocupación u oficio; y (b) si se usa contra otra persona en la comisión de un delito. El machete es uno de los instrumentos cuya portación puede ser castigada bajo cualquiera de estas dos modalidades.

Al igual que en Cruz Collazo, en la causa que nos ocupa se imputó en la acusación fiscal la violación del Art. 4 de la Ley de Armas en las dos modalidades que se refieren al uso del instrumento, que hemos señalado con las letras (a) y (b). Aquí la acusación alega que el acusado, en la fecha que expresa, “portaba, conducía y transportaba un machete similar a una daga siendo dicho machete un arma con el cual puede causarse grave daño corporal, cuyo machete, [sic] portaba, conducía y transportaba el acusado en este caso, en ocasión de usarl [síc] no como instrumento propio de un arte, deporte, profesión, ocupación u oficio, el que utilizó en la comisión de un delito de Mutilación.”

El apelante se sometió a juicio bajo esta acusación y al mismo tiempo bajo una acusación por mutilación a base de hechos que surgieron del mismo incidente y sostenidos con la misma prueba. Un jurado le halló no culpable del delito de mutilación y el tribunal a quo le absolvió de dicho delito. El juez, sin embargo, le condenó por portar el machete.

La acusación por portar armas claramente no podía soste-nerse a base de la tercera modalidad del Art. 4. Habiendo -determinado el jurado que el apelante no cometió el delito de mutilación quedó así juzgado que no usó el machete para co-meterlo. Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676, 690 (1972); Pueblo v. Cruz Collazo, supra.

A mi juicio, y con base en esa misma prueba, tampoco puede sostenerse el fallo condenatorio bajo la modalidad de portación “en ocasión en que no se usa como instrumento propio de un arte, deporte, profesión, ocupación u oficio.” Si el apelante no empleó el machete para cometer el delito de mutilación, ¿qué uso ilegal le dio? La acusación no alega ningún otro. La prueba tampoco lo estableció.

Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 D.P.R. 536 (1972), nos presenta el caso de una acusación bajo el Art. 4 de la Ley de Armas por “poseer, conducir y transportar ilegal, volun-taria, maliciosa y criminalmente una navaja de seguridad conocida como ‘Gem’ en ocasión de usarla no como instru-mento propio de su arte, deporte, profesión, ocupación u oficio.” (pág. 537.) Al acusado en dicho caso también se le imputó un delito de robo. La acusación por portar la navaja no especificó qué delito cometió o intentó cometer mediante su uso. Resolvió este Tribunal que dicha acusación no imputaba delito, ni pudo ser enmendada por la prueba por cuanto ésta “no subsana la ausencia en la acusación de los elementos esen-ciales del delito.” (pág. 538.)

La navaja de afeitar de seguridad está colocada en el Art. 4 en el grupo de instrumentos en que también está in-cluido el machete, que son susceptibles de uso inocente y se convierten en armas prohibidas cuando se dedican a un uso distinto al que sería propio de tales instrumentos en el arte, deporte, profesión, ocupación u oficio en que usualmente se emplean.

AI ser absuelto el apelante del delito de mutilación quedó la acusación trunca de la alegación esencial de que el machete fue utilizado en la comisión de un delito. Como en Pueblo v. De Jesús Rosado, la prueba no podía subsanarla supliendo el juez un elemento que fue descartado por el fallo del jurado, a saber, la comisión del delito de mutilación.

El machete es un instrumento de uso corriente en nuestros hogares para mil quehaceres de la buena y sana vida hogareña. Creo que a nadie se le ocurriría que viola el Art. 4 de la Ley de Armas una persona que, sin estar dedicada a un arte, deporte, ocupación u oficio para el que el machete pueda ser un instrumento apropiado, sea sorprendida empleando dicho instrumento en una faena de jardinería, o de cocina, o en una de las múltiples tareas que demandan la cotidiana atención de los padres de familia. Dudo igualmente que a nadie se le ocurriría que viola el citado artículo la persona que porte un machete para cualesquiera de dichos fines.

No pretendo que se sostenga que con la portación de un machete se infringe el Art. 4 únicamente cuando se emplea este instrumento en la comisión de un delito. La redacción del artículo es susceptible de interpretarse para que constituya delito, por ejemplo, portar un machete para fines de ataque o de defensa, o exhibirlo en público sin que al así hacerlo se persiga un propósito legítimo. Empero, el uso ilegal que se le dé debe ser alegado en la acusación para que ésta impute delito, y ese uso ilegal debe ser sostenido por la prueba para que se justifique una convicción.

Hace 42 años dijimos en Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741, 747 (1932): “Es cierto que el delito de portar armas prohi-bidas es malum prohibitum y no malum in se, pero debe haber la unión del acto y la intención. Esta intención no apa-rece cuando un hombre meramente de modo incidental penetra en la carretera sin intención de permanecer allí con su pis-tola.” Esta afirmación es tan cierta hoy como entonces, parti-cularmente si se aplica a la portación de un instrumento esencialmente susceptible de un uso inocente como lo es el machete. Su portación, sin más, no puede constituir delito. Pueblo v. De Jesús Rosado, supra.

El apelante tenía derecho, como cualquier otro jefe de familia, a tener un machete en su hogar. La prueba a que presumiblemente dio crédito el jurado, y por ello absolvió al apelante, estableció que éste fue provocado en su hogar por la alegada víctima, primero mediante el uso de lenguaje insul-tante, y luego avanzando hacia el balcón y la casa del apelante, armado de un cuchillo mientras a un tiempo hacía gestos indi-cativos de su intención de agredirlo. Fue entonces que el ape-lante se dirigió a la marquesina en que estaba el machete y se enfrentó al agresor para repelerle, resultando el agresor con la lesión que le mutiló varios dedos de la mano izquierda. Ante esa prueba no puede sostenerse que el apelante hiciera uso ilegal del machete. El juez de instancia tenía que respetar esa determinación hecha por el jurado en vista de lo resuelto por este Tribunal en Cruz Collazo, reiterado cuatro años después en Reyes Lar a.

El hecho de que el incidente entre el apelante y su agresor se corriera hasta la calle no puede tomarse para completar la prueba salvando el caso del Pueblo contra el apelante por el delito de portar armas. En primer lugar, el delito tipificado en el Art. 4 de la Ley de Armas no distingue lugares para su comisión. Lo mismo puede cometerse este delito en la vía pública que en propiedad privada. Lo importante es la inten-ción con que se porte el instrumento para que la portación sea ilegal. En segundo lugar, aquí la portación del machete se produjo como parte del incidente provocado contra el apelante e incidental a dicho evento. No se portó para cometer el delito de mutilación, que no se cometió, ni para cometer delito alguno.

A mi juicio la sentencia del tribunal a quo debió revocarse y decretarse la absolución del apelante.

       A continuación se citan Pueblo v. Trinidad Fernández, 93 D.P.R. 897 (1967); Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966); Pueblo v. Fagot, 92 D.P.R. 227 (1965).

       E1 artículo específicamente menciona la daga, que es definida en el Art. 44, 25 L.P.R.A. sec. 454(e), como que incluye el machete.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Juan A. Romero y Otro, demandantes y recurridos, v. Etanislao Canales y Otro, demandados y recurrentes.

      Número: R-73-354

      Resuelto: 3 de octubre de 1974

      Angel L. Tapia Flores y F. Ariel Avilés Rodríguez, abogados de los recurrentes; Arnaldo Sánchez Recio, abogado de los re-curridos; Migdalia Fratichelli Torres, abogada del Departa-mento de Asuntos al Consumidor y de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Etanislao Canales es usufructuario de una parcela de terreno ubicada en la comunidad de Hill Brothers en Río Piedras, En el 1964 Canales cedió en arrendamiento dicha parcela al recurrido Juan A. Romero por el canon de $115.00 mensuales para el establecimiento de un taller de reparaciones de automóviles. Romero ocupó la parcela hasta noviembre de 1970, fecha en la cual cesaron las supuestas re-laciones arrendaticias al dictarse sentencia en su contra en una acción de injunction instada por Canales. Desalojado ya Romero, acudió éste a la entonces Administración de Servicios al Consumidor, hoy D.A.C.O. para que le fijara renta al local donde estaba ubicado su negocio. Dicha agencia fijó el canon reduciéndolo de $115.00 a $15.75 mensuales retroactivo al 1964.

En virtud del canon fijado por D.A.C.O. Romero instó de-manda reclamándole a Canales el pago en exceso del canon de arrendamiento y una suma igual a tres veces el sobrepre-cio, conforme las disposiciones del Art. 8 de la Ley de Alqui-leres Razonables, 17 L.P.R.A. see. 188. El tribunal de instan-cia declaró con lugar la demanda condenando a Canales a pagar a Romero la cantidad de $19,868 y $1,000 en concepto de honorarios de abogado más las costas.

Canales nos pide la revocación de la sentencia señalando la comisión de tres errores. Basta, sin embargo, para revocar el relativo a la inaplicabilidad de la Ley de Alquileres Razo-nables.

En lo pertinente provee el Art. 76 de la Ley de Tierras Núm. 26, de 12 de abril de 1941, 28 L.P.R.A. see. 553:

“El usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el dere-cho de usufructo que se le conceda, ni la parcela de terreno sobre la cual se le concede dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio derivado del con-trato de usufructo; Disponiéndose, que cualquier violación de esta disposición no conferirá derechos legales de clase alguna a ningún supuesto adquirente, cesionario o acreedor, sino que, por el contrario, producirá, sin que medie declaración judicial al efecto, la confiscación a favor de la Administración de Programas Sociales del derecho de usufructo concedido al usufructuario sobre la -parcela . . . (Énfasis suplido.)

Como puede verse, dicho artículo prohíbe expresamente bajo pena de nulidad absoluta el arrendar la parcela objeto del usufructo. Más aun, niega derecho alguno al que en violación de ley se convierte en adquirente, cesionario o acreedor, hasta el punto de producir, sin intervención judicial, la confiscación del derecho del usufructo a favor de la Administración de Programas Sociales.

El propósito evidente de esta disposición es garantizar que se efectúe la política pública enmarcada en la Ley de Tierras de proveerles a las familias campesinas que viven como agregados un predio de terreno donde ubicar su casa permanentemente. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966). Romero no podía, pues, adquirir derecho alguno en virtud del supuesto contrato de arrendamiento. No se creó entre Romero y Canales las relaciones de arrendador y arrendatario que regula la Ley de Alquileres Razonables.

Por lo tanto, Romero no podía valerse de la protección de la Ley de Alquileres Razonables, y, por consiguiente, no podía beneficiarse de la acción de triple daño autorizada por dicha Ley.

Se dictará sentencia revocando la sentencia recurrida.

       Aparece del récord que todavía la Administración de Programas Sociales no ha aprobado la transferencia del usufructo al recurrente, quien lo adquirió por cesión del usufructuario original Antonio Matos Pérez.


author: (Fdo.) Angel G. Hermida Secretario

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cándido González Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-66-229

      Resuelto: 3 de octubre de 1974
   RESOLUCIÓN

Se enmienda nunc pro tunc la opinión emitida en el caso del epígrafe y que aparece publicada en 94 D.P.R. 686 para que el párrafo tercero que aparece a la página 689 lea como sigue:

“En la situación de hechos que presenta este caso la infrac-ción a la Sec. 5-201 requiere una prueba distinta a la necesaria en el caso por infringir la Sec. 5-801. En el segundo el caso que-daba establecido con meramente probar que el acusado conducía el vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En el pri-mero se requería que lo hubiera conducido atolondradamente o que mediante el manejo negligente le hubiera ocasionado daño a alguna persona.”

Se enmienda además el sumario número cinco de dicha opinión para que quede redactado en la siguiente forma:

“Para establecer el delito estatuido en la Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito es necesario probar que el acusado con-ducía un vehículo de motor en forma atolondrada o que mediante el manejo negligente se le ocasionó daño a alguna persona.”

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio no intervino.

(Fdo.) Angel G. Hermida Secretario


author: PER CURIAM:

text:
      In re Manuel A. Segarra.

      Número: O-72-306

      Resuelto: 4 de octubre de 1974

      J. F. Rodríguez Rivera, y Peter Ortiz, Procuradores Generales Interinos, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Federico Rodríguez Gelpí, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo; Manuel A. Segarra, por su propio derecho y Héctor Segarra Irizarry, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

Contra el Ledo. Manuel A. Segarra, admi-tido a la práctica de la abogacía por este Tribunal el 10 de noviembre de 1966, el Procurador General formuló una que-rella, con fecha 16 de octubre de 1972, alegando conducta inmoral e impropia, contraria a lo dispuesto por los cánones de Ética Profesional.

Los cargos imputádosle son los siguientes:

“1. El querellado licenciado Manuel A. Segarra, allá en o alrededor del mes de marzo de 1969, incurrió en conducta inmoral e impropia de un abogado cuando vigentes las relaciones de abo-gado y cliente entre él y la querellante, Nélida Ramos Torres, se obligó e hizo creer a ésta que había pagado la deuda contraída por ella en concepto de gastos de los funerales de su esposo por la suma aproximada de $2,000 a $4,000, la cual obtuvo del cobro de una póliza de seguro por accidente y retuvo para esos fines y para el cobro de honorarios por sus servicios profesionales, cuando la realidad era que el susodicho abogado no había hecho efectivos dichos pagos, habiendo retenido indebidamente todo el dinero para sí.
2. El querellado, licenciado Manuel A. Segarra, allá en o para el 1 de mayo de 1969, observó conducta impropia, al expedir a sabiendas dos cheques personales, números 929 y 930 en las sumas de $668.00 y $150.00 a favor de David H. Curley Funeral Home y Raúl Rosario respectivamente para el pago de los gas-tos incurridos por la querellante en el funeral de su esposo, los cuales fueron rechazados por el Banco de San Juan, Sucursal de Bayamón, por falta de fondos que los respaldaran y sin que el querellado tomara acción alguna para remediar tal acción im-propia.
3. Constantes las relaciones de abogado y cliente anterior-mente señaladas el querellado, licenciado Manuel A. Segarra, observó conducta impropia de un abogado a negarse a man-tener informada a su cliente, la querellante Nélida Ramos Torres, sobre asuntos importantes que surgieron en el desarrollo de su causa, no obstante las frecuentes visitas que ésta le hiciera con el propósito de que se le informara sobre el caso y ante los perjui-cios que tales acciones del querellado le venían ocasionando a la querellante.
4. Constantes las relaciones de abogado y cliente anterior-mente señaladas el querellado, licenciado Manuel A. Segarra, incurrió en conducta altamente impropia de un abogado al aban-donar el caso de su cliente, la querellante, ausentándose perma-nentemente de esta jurisdicción, sin haberle informado a ella de su intención de así hacerlo.”

El querellado contestó el 3 de abril de 1974, a través de su representación profesional, negando los cargos y .ale-gando :

“1. Se niega el primer cargo de la querella y se alega en contrario que la relación profesional entre el querellado y la querellante comenzó en abril de 1969 y mediante las gestiones profesionales del querellado para el mes de mayo de 1969 se obtuvo el pago de una póliza de seguro por la suma total de $8,000.00 y de cuya suma después de descontados los honorarios y otros gastos la querellante recibió la suma de seis mil cuarenta y cinco dólares ($6,045.00).
2. Se niega el segundo cargo y se alega en contrario que lo que ocurrió fue que dichos cheques fueron girados contra valores aún sin cobrar, entonces, (uncollected funds) que una vez cobrados por el Banco respondían de los cheques girados.
3. Se niega el tercer cargo y se alega en contrario que el querellado fue diligente en el manejo del caso de la querellante porque habiéndose contratado los servicios profesionales del querellado durante el mes de abril de 1969 para el mes de mayo del mismo año la querellante había obtenido frutos positivos de las gestiones del querellado y había recibido el pago de las sumas expresadas en el hecho primero. Otras reclamaciones fueron referidas al Abogado del Estado de Massachusetts, George W. Arvantis, jurisdicción donde surgió la causa de acción y antes del mes de junio de 1969 se había radicado el caso y subsiguiente-mente el querellado se comunicaba con la representación profe-sional de aquel Estado y conforme recibía información del caso se lo hacía saber a la querellante.
4. Se niega el cuarto cargo, por cuanto la reclamación pen-diente estaba siendo atendida por el Abogado de Massachusetts, con quien el querellado mantenía correspondencia y quien según recibía comunicación relacionada con el caso se lo notificaba a la querellante, aún estando ausente de esta jurisdicción el querellado continuó haciendo gestiones con el Abogado de Massachusetts a favor de la querellante y en febrero de 1971 le notificó sobre el status de su caso según la información que se le había suminis-trado. El querellado fue relevado de su responsabilidad profesio-nal con, digo, mediante notificación hecha por el Ledo. Ramón A. Cestero, Hijo, quien le notificó con copia de un contrato de Ser-vicios Profesionales y se le indicó que el poder anteriormente conferídole había sido revocado.”

El 17 de enero de 1974, el tribunal nombró al Hon. Ramón Negrón Soto, Juez Superior, para que actuara como Comi-sionado Especial y formulara determinaciones de hecho, en la presente Querella. Dicho Comisionado radicó su Informe el 81 de mayo de 1974, habiéndose celebrado la vista de la Que-rella los días 3 y 4 de abril de 1974. El 4 de junio del año en curso, dictamos Resolución concediendo a las partes un término simultáneo de 20 días para presentar objeciones a la trans-cripción de evidencia o a las determinaciones de hecho. El Procurador General compareció solicitando la aprobación de los documentos y el querellado no compareció a presentar objeciones. Siendo así y estando sostenidas por la prueba docu-mental y la transcripción de evidencia, aceptamos como correc-tas las Determinaciones de Hechos del Comisionado Especial.

“1. Para el 14 de febrero de 1969 la Sra. Nélida Ramos Torres estaba casada con el Sr. Joaquín Rosario. Ese día el señor Rosario murió en un accidente automovilístico en el Estado de Massachusetts de los Estados Unidos de América.
2. A los efectos de hacer las reclamaciones correspondientes la señora Ramos Torres fue donde el Lie. Arturo Sánchez, abo-gado de Manatí, quien le recomendó al Lie. Manuel A. Segarra, a quien de ahora en adelante lo llamaremos el querellado. El 7 de abril de 1969 la señora Ramos hizo un Contrato de Servicios con el querellado, donde se comprometió a pagarle un 10% por la gestión que él hiciera del cobro de pólizas de seguro, beneficios de unión y otros beneficios similares. Dispone el contrato que el querellado “. . . descontará de sus honorarios la mitad de los gastos de viaje . . . que dió a Estados Unidos (Boston, Lawrence y New York) en esas gestiones a fines de abril y principios de mayo de 1969, para cuyos gastos la señora Ramos le anticipó la suma de $400.00. (Exhibit 1 de ambas partes.) El querellado le dió un recibo a la señora Ramos acreditando el haber recibido el 12 de abril de 1969 la suma de $400. (Exhibit 2 del querellante.)
3. Mediante Escritura Núm. 24 otorgada el 7 de abril de 1969 ante el Lie. Luis Arturo Sánchez Rodríguez, la señora Ramos Torres confirió un poder al querellado. (Véase Exhibit Núm. 8.)
4. Conforme a lo acordado el querellado se trasladó a los Estados Unidos, donde el 1ro. de mayo de 1969 recibió dos che-ques, por $4,000.00 cada uno, de la Connecticut General Life Insurance Company que cubrían todo el importe de la póliza de se-guro por accidente que tenía el señor Eosario para la beneficiaría, Sra. Nélida Eamos Torres. (Exhibit A del querellado.)
5. A su regreso a Puerto Eico el querellado le dió a la señora Eamos uno de esos cheques, conteniendo la suma de $4,000.00, más un cheque personal suyo por $2,045.00, lo que totalizó $6,045.00. El querellado retuvo la suma de $1,955.00, la cual des-glosó en $800.00 como pago a sus honorarios acordados en un diez por ciento (10%), $668.00 para el pago a Curley Funeral Home, y $487.00 para el Sr. Eaúl Eosario. (Exhibit 4 del quere-llante que es el C del querellado.)
6. Fechado el 1ro. de mayo de 1969 el querellado expidió su cheque personal número 929 girado contra la cuenta número 5030-803 del Banco de San Juan, Sucursal de Bayamón, a favor de David Curley Funeral Home por $668.00, el cual no fue pagado el 16 de mayo siguiente por haber sido girado contra fondos no cobrados (“Drawn Against Uncollected Funds”) - Ello fue notifi-cado el 27 de junio de 1969. (Exhibit 12 del querellante.)
7. En igual forma, fechado el 1ro. de mayo de 1969 el que-rellado expidió su cheque número 930 de igual cuenta bancaria a la orden de Eaúl Eosario por $150.00, el cual tuvo igual destino que el anterior. (Exhibit 13 del querellante.)
8. Eespecto al dinero retenido por el querellado para el Sr. Eaúl Eosario se presentó un recibo fechado el 1 de mayo de 1969 de donde surge que dicho señor Eosario recibió $487.00 del querellado, estando entre ellos una suma de $150.00. (Véase Exhibit U del querellado.) Ello también se desprende de una carta que le envió el querellado al Lie. George W. Arvanitis el 17 de marzo de 1971 donde dice que todo el dinero adeudado al señor Eosario había sido pagado. (Exhibit O del querellado.)
9. Contrario a lo anteriormente expuesto, surge de la prueba que la suma de dinero, que importa $668.00, perteneciente a David Curley Funeral Home no fue pagada por el querellado, quien la ha retenido para él indebidamente. El propio querellado señala en la carta que le envió al licenciado Arvanitis, el 17 de marzo de 1971, que la Sucesión del señor Eosario no debía pagar esa suma de dinero, por lo que le solicitaba que le preparara un cheque a nombre de él y de dicha funeraria, para entonces endo-sarlo y enviárselo a ellos en pago de lo adeudado, con cargo a los honorarios que le tocaren. (Idem., párrafo tercero.) En la vista celebrada el querellado aceptó que no ha pagado ese dinero, explicando que ello se debía a que tuvo conocimiento cuando llegó a Puerto Rico. Concluimos, en contrario, que ya para el 17 de marzo de 1971 el querellado tenía conocimiento de la deuda contraída por él con motivo de lo sucedido al cheque. No obs-tante, y con posterioridad a ello, la representación del Procura-dor General le comunicó al querellado, en carta del 16 de agosto de 1971, dichos hechos. (Véase Exhibit 14 del querellante.) En igual forma, señalamos que la querella de epígrafe, presentada el 16 de octubre de 1972, también le dió conocimiento al quere-llado de lo allí imputado al momento de emplazarlo.
10. El querellado no descontó de sus honorarios recibidos del pago de la póliza de seguro de $8,000.00, que fue el 10%, o sea $800.00, la mitad de los gastos del viaje dado. De la prueba pre-sentada, que en este aspecto resulta ser su propio testimonio, por lo menos surge que gastó más de $325.00. Tampoco se des-prende de toda la prueba que el querellado le hiciera a la señora Ramos Torres un resumen de sus gastos ni una liquidación de la suma de $400.00, que le fue dada como anticipo.”

Del primer cargo quedó probado que el querellado no pagó y retuvo para sí los $668.00 pertenecientes a David Curley Funeral Home y $150.00 pertenecientes a Raúl Rosario; que no presentó a la Sra. Ramos Torres una liquidación de los $400.00 que ella le adelantó para gastos y que cogió su 10% por servicios profesionales, sin descontarle la parte que le correspondía a él pagar por los gastos incurridos. Por lo tanto, violó el querellado el Canon 23 del Código de Ética Profesional, según aprobado el 24 de diciembre de 1970.

También quedó probado el segundo cargo, ya que el quere-llado tuvo conocimiento de que los cheques a los que ya hicimos referencia fueran girados contra fondos no cobrados y no tomó acción alguna para remediar esto, con lo cual violó la con-fianza depositada en él por su cliente, que esperaba que a nom-bre de ella, él hiciera dichos pagos. (Canon 23.)

En cuanto al tercer y cuarto cargo, el Comisionado llegó a las siguientes determinaciones de hechos:

“1. Según dijimos en el primer cargo, la señora Ramos con-trató los servicios del querellado mediante contrato firmado el 7 de abril de 1969. (Exhibit 1 ambas partes.)
2. Inmediatamente el querellado hizo las gestiones perti-nentes para cobrar la póliza de seguros por accidente en los Es-tados Unidos.
3. A los efectos de gestionar el cobro de cualquier suma de dinero como consecuencia del accidente en los Estados Unidos, y conforme al poder que le había conferido la señora Ramos el 7 de abril de 1969, el querellado gestionó y contrató los servicios del Ledo. George W. Arvanitis en Lawrence, Massachusetts, y del Ledo. Desimone.
4. Para abril de 1969 el querellado tenía oficina establecida en el pueblo de Vega Baja. En diciembre de igual año se ausentó de Puerto Rico para establecer su oficina en Chicago.
5. Mientras estuvo en Puerto Rico la señora Ramos visitaba frecuentemente la oficina del querellado, yendo la mayoría de las veces acompañada de su cuñado, el Sr. Flor Saenz Carrión. Tales visitas las hacían los sábados sin cita previa, y en más de una tercera parte de las veces, pudieron hablar con el querellado, quien la mantuvo siempre informada del desarrollo de su caso en Massachusetts.
6. Al irse para Chicago el querellado dejó en su oficina al Sr. Rogelio Bradley para que le informara a sus clientes de su paradero y les entregara los expedientes de los casos, en adición que refiriera algunos de ellos a otro abogado. El querellado noti-ficó al Colegio de Abogados su nueva dirección. El señor Bradley le informó a la señora Ramos que el querellado se había ausentado definitivamente para Chicago. El dueño del edificio donde estaba la oficina del querellado le dió la dirección del querellado en Chicago a la señora Ramos.
7. Entonces la señora Ramos le escribió al querellado a Chicago una carta en manuscrito, en la que omitió la fecha, pregun-tándole sobre el estado de su caso. (Exhibit 5 del querellante.) El 26 de noviembre de 1970 volvió la señora Ramos a escribirle al querellado otra carta con igual propósito. (Exhibit 3 del quere-llante) . Por primera y única ocasión, el querellado le contestó a la señora Ramos el 22 de febrero de 1971, informándole que den-tro de los próximos 15 días le enviaría un cheque con la liquida-ción final del seguro pendiente del Estado de Massachusetts. (Exhibit 9 del querellante, que es el D del querellado.)
8. Al no recibir ninguna otra comunicación del querellado, la señora Ramos fue al Colegio de Abogados un jueves del mes de agosto de 1971 a pedir información sobre el Ledo. Segarra, y a exponer su problema. Allí se entrevistó con el Ledo. Ramón Antonio Cestero Moscoso, quien trabajaba en el Programa de Servicios Legales del Colegio para personas indigentes. Como consecuencia de ello la señora Ramos hizo un contrato de servi-cios profesionales con el Ledo. Cestero. (Exhibit 6 del querellante, y F del querellado.) Mediante la Escritura número 8 del 9 de septiembre de 1971 fue revocado el poder que le había conferido la señora Ramos al querellado. (Exhibit 7 del querellante.) El Ledo. Cestero siguió haciendo gratuitamente todas las gestiones profesionales del asunto aquí tratado de la Señora Ramos hasta que entregó su expediente a la Comisión de Etica del Colegio de Abogados a fines del año 1972, o a principios del 1973. De hecho, la reclamación de la señora Ramos no pudo ser resuelta por el Ledo, Cestero, ni tampoco lo había sido a la fecha de la vista celebrada en esta querella.
9. El 14 de septiembre de 1971 el Ledo. Cestero le envió una carta al querellado pidiéndole le informara sobre las gestiones realizadas, e incluyéndole copia de su autorización de representa-ción profesional y de la revocación del poder, antes referida, la cual no fue contestada. (Exhibit G del querellado.) El 29 de agosto de 1972 el Ledo. Segarra se comunicó con el Ledo. Cestero. (Exhibit 10 del querellante y E del querellado.) En igual forma, se comunicó con él en cartas del 6 y 27 de noviembre de 1972 requiriéndole la contestación de la primera. (Exhibits R y S del querellado.) Estas cartas no le fueron contestadas por el Ledo. Cestero.
10. Explicó el querellado que él no hizo ninguna otra gestión luego de la revocación del poder, por razón de que entendía que el abogado de la señora Ramos, de ahí en adelante, era el Ledo. Cestero.
11. En resumen, concluimos que con posterioridad a la carta que le envió el querellado a la señora Ramos el 22 de febrero de 1971, éste no la mantuvo enterada de la tramitación del caso de Massachusetts y de las gestiones encomendadas por él al Ledo. Avanitis y al Ledo. Desimone.”

Surge de la prueba que el querellado no notificó por escrito, ni personalmente de su partida a la señora Ramos. Concluimos que una vez el querellado se trasladó permanentemente a Estados Unidos, violó el Canon 19 al no mantener debidamente informada a su cliente. Si bien es cierto que tenía derecho el querellado a trasladarse fuera de Puerto Rico, tenía la obligación para con la Sra. Ramos, así como con sus demás clientes, de notificarles inmediatamente su traslado y asegurarse que los intereses de éstos no se vieran afectados. En el caso de la Sra. Ramos no podemos perder de vista el hecho de que ésta le había conferido un poder, razón por la cual debió ver que se revocara el mismo, o debió ponerse en comunicación con ella antes de irse y hacerle saber que una vez radicado en Estados Unidos, continuaría haciendo las gestiones a favor de ella, hasta concluir la misma. Todo ello con la anuencia de dicha cliente. Al no hacerlo violó también el Canon 18 que le impone como deber del abogado, defender los intereses de sus clientes, diligentemente.

En el Preámbulo del Código de Etica que regirá la con-ducta de los miembros de la profesión legal de Puerto Rico (Práctica Forense Puertorriqueña, Tomo I, Sup. Acum., 1972, pág. 168; 99 D.P.R. 1002 (1970)), en parte lee así:

“En Puerto Rico, donde el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad y donde la fe en la justi-cia se considera factor determinante en la convivencia social, es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía.
La consecución de estos fines le impone a los miembros de la profesión jurídica, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad.

En particular, el logro de estos fines le exige al abogado:

(a) que entienda que el fin primordial de su función como jurista es el servicio a la sociedad, servicio que tiene que estar dirigido principalmente a lograr la existencia real de un orden jurídico íntegro y eficaz y que tiene que estar orientado esencial-mente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano que rigen la convivencia social en el país;
(b) que tenga presente siempre que las gestiones de su pro-fesión afectan de una manera sustancial los aspectos principales de la vida comunal;
(c) que reconozca que existe un imperioso interés social en que todo ciudadano que lo necesite tenga fácil acceso a los servi-cios legales de abogados cuya conducta sea siempre honrosa, diligente y educada;
(d) que esté consciente de la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia;
(e) que tenga un compromiso solemne e inquebrantable, no sólo de conducir su propia persona de acuerdo con los anteriores principios y los que siguen, sino también de velar porque la conducta de sus compañeros de profesión se rija igualmente por dichas exigencias.”

En dicho cuerpo legal y bajo el título “Deberes del Abo-gado para con sus clientes”, se expone el “Criterio General” que informa dicho Código de Etica, del modo siguiente:

“Criterio General
La relación de abogado y cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. Sujeto a las exigencias que surgen de las obli-gaciones del abogado para con la sociedad, las leyes y los tribunales, todo miembro del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez. El abogado debe poner todo su empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión profesional, y no debe dejar de cumplir con su deber por temor a perder el favor judicial o por miedo a perder la estimación popular.”

El Canon 23, al referirse al manejo de los bienes del cliente, en su párrafo segundo, expone:

“La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.”

El abogado debe tener siempre en cuenta, en el cumpli-miento de sus deberes y obligaciones, el altísimo honor en que nuestra profesión ha sido tenida y la autoridad atribuida a ella. Recuérdese que los romanos sentían por el derecho una vocación casi religiosa. En los momentos más graves, cuando se necesita afrontar los peligros o las responsabili-dades de una decisión suprema, acuden al abogado aun los que le atacan o critican. Son muchas las veces en que la palabra de un abogado en asambleas o consejos ha tenido el poder de reunir a su alrededor los consentimientos, de orientar sobre las metas que se persiguen, y de afirmarse como voz domina-dora. Los abogados, deben siempre afanarse, a través de sus claras actuaciones y limpio proceder, por mantener en la so-ciedad el sitial de respeto que se han labrado a lo largo de los años.

Estando las conclusiones del comisionado especial ampliamente sostenidas por la evidencia de autos; habiendo quedado probados los cargos imputados y apareciendo que la conducta inmoral e impropia del querellado fue perjudicial a la querellante, se le separa permanentemente del ejercicio de la profesión de abogado.

       A pesar de haberse radicado la Querella el 16 de octubre de 1972, debido a que el querellado reside fuera de esta jurisdicción no se le pudo notificar de la Querella hasta el 17 de abril de 1973. El 22 de mayo de 1973, radicó una Moción solicitando 30 días para contestar la Querella y al no hacerlo, le concedimos el 21 de septiembre de 1973, un término final de 30 días improrrogables para contestar.