author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Marta Dones Jiménez y otros, demandantes y recurridos, y Luis G. Velázquez Grillo, tercero demandado y recurrido, v. Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: RE-90-93

      Resuelto: 6 de marzo de 1992

      Ramón I. Ortiz Palmieri, de Parra, del Valle, Frau y Limeres, abogado de la demandada y recurrente; Domingo Ríos Ro-mán, abogado del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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El 30 de octubre de 1984, Luis M. Laboy Ríos conducía su automóvil Pontiac Transam, modelo 1982, en dirección de Salinas a Ponce por la Autopista Las Américas. Lo acompañaba Marta Dones Jiménez. Aproximadamente a las 8:30 p.m., poco después de la Estación de Peaje locali-zada en el Barrio Coco, Salinas, en el Km. 59.2, impactó un toro negro que se le atravesó súbitamente. Laboy Ríos con-ducía a una velocidad aproximada de 55 m.p.h. No llovía. El vehículo se desvió y finalmente dio contra la valla de seguridad. Después, otros vehículos también impactaron al animal. Acudió al lugar una patrulla policíaca, quien pro-cedió a remover el auto. El toro murió esa misma noche.

El 10 de diciembre de 1984, Laboy Ríos y Dones Jimé-nez reclamaron daños y perjuicios en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico (en adelante la Autoridad) y el Sr. Luis G. Ve-lázquez Grillo, dueño del animal. La Autoridad negó res-ponsabilidad y, eventualmente, trajo a Velázquez Grillo como tercero demandado. El tribunal de instancia (Hon. Rafael Pereira Solá, Juez) dictó sentencia solidaria contra ambos, pero fijó en un veinte por ciento (20%) la responsa-bilidad de la Autoridad y el remanente a Velázquez Grillo.

Inconforme, a solicitud de la Autoridad, revisamos. En síntesis, nos argumenta que: (1) no puede controlar los ani-males que pastan en las fincas adyacentes a la autopista y prever en qué momento y manera alguno llegará a la au-topista; (2) es demasiado oneroso imponerle responsabili-dad; (3) no es un garantizador absoluto de la seguridad de los viajantes, pues sólo responde por los accidentes previ-sibles; (4) no tiene el deber de cercar los terrenos colindan-tes a la autopista para evitar el traspaso de animales, y (5) finalmente, el dueño del animal es el único y absoluta-mente responsable.

En contrario, los demandantes Laboy Ríos y Dones Ji-ménez, y el tercero demandado Velázquez Grillo arguyen que la Autoridad tiene el deber de proveer y mantener en buen estado las vallas que eviten el traspaso de animales, y de advertir a los conductores de su posible presencia en la autopista. Aducen que la Autoridad negligentemente violó estos deberes.

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Pertenece a un tratado de Historia Antigua la teoría que consideraba al Estado inmune a las reclamaciones que en su contra pudieran ejercer los ciudadanos. Hoy, el Estado moderno, como suplidor de innumerables servicios, responde por los daños causados negligentemente. Galarza Soto v. E.L.A. 109 D.P.R. 179 (1979). En materia de vías de carreteras, el Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422, “[c]onstituye el precepto especial a utilizarse para evaluar acciones por daños que se ocasionen a personas o propiedades en las vías públicas estatales, cuando los mis-mos fuesen motivados por [daños emergentes de desperfec-tos, falta de reparación o de protección suficientes]”. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 862 (1978).

Bajo dicho artículo, se consideran carreteras estaduales “todos aquellos caminos o vías públicas que hayan sido o puedan ser construidos y estén entretenidos en la actualidad o en lo futuro, con fondos estaduales ...”. (Enfasis suplido.) Art. 397 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 419.

La Autopista Las Américas es una vía pública construida con fondos estaduales y federales, que cae dentro de esa amplia definición. Sin embargo, se distingue por una importante característica: por su uso se paga peaje. Está bajo el control de la Autoridad, actualmente adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, Art. V del Plan de Reorganización Núm. 6, 1971 (3 L.P.R.A. Ap. III), creada por la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965 (9 L.P.R.A. see. 2001 et seq.). El propósito de la Autoridad fue “continuar la obra de gobierno de dar al pueblo las mejores carreteras, facilitar el movimiento de vehículos, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras del Estado Libre Asociado y para afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de tránsito que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva ...”. (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. see. 2002. Como tal fue autorizada a “[t]ener completo control y supervisión sobre cualesquiera facilidades de tránsito po-seídas, operadas, construidas o adquiridas por ella ... y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas ...”. 9 L.P.R.A. sec. 2004(d).

Cabe recordar que, en cuanto a la aplicabilidad del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, hemos resuelto que “las condiciones de peligro que deben existir en la vía pública para que el Estado responda con arreglo al 404 por los daños que se ocasionen debido a las mismas, constituyen una violación al deber de previsibilidad exigido por el [Art. 1802]”. Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 863. La diferencia primordial entre ambos artículos es que bajo el Art. 404 del Código Político, supra, no es necesario probar la culpa o negligencia del Estado, sin embargo, el reclamante siempre debe probar la relación causal entre los desperfectos en la vía pública y los daños. Id.; Pérez Piñeiro v. E.L.A., 105 D.P.R. 391, 396 (1976), opinión concurrente.

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Lo expuesto revela claramente el deber general de la Autoridad de mantener las carreteras públicas en buen es-tado y de tomar las medidas necesarias, de modo que las mismas no representen un peligro para los que transitan por ellas. Aunque coincidimos con la Autoridad en que no hay un precepto legal expreso que directamente le imponga el deber de instalar verjas o vallas en las autopistas, evi-dentemente el mismo está ínsito en su obligación general de mantener seguras las vías, y en armonía con el deber de actuar diligentemente. Sería contrario a la política pública fijada en su ley orgánica —evitar “en lo posible los peli-gros”— aceptar que las autopistas puedan convertirse en una carrera de obstáculos, cuya peligrosidad se deje exclu-sivamente al buen recaudo de los colindantes. La Autori-dad, como agencia gubernamental que ostenta el control, tiene que velar por su mantenimiento y, bajo unos paráme-tros de razonabilidad, garantizar la seguridad de los usuarios.

Aclarado este extremo, fácil es advertir que las autopis-tas son carreteras de acceso controlado, carentes de semá-foros e intersecciones. Son diseñadas para transitar a altas velocidades, de modo que fluya mejor el tráfico. Bajo esas circunstancias, de ordinario, los obstáculos inesperados son prácticamente imposibles de esquivar. La presencia súbita de animales en dichas vías es muy peligrosa, y constituye una causa directa de accidentes que pueden generar con-secuencias fatales. No es necesario elucidar que la seguri-dad de los usuarios de las autopistas requiere que se en-cuentren libres de obstáculos, o al menos, que se les advierta eficazmente de su presencia a los conductores.

En el contexto del caso, concluimos que la Autoridad, como parte del mantenimiento de las autopistas en condiciones de seguridad, tiene el deber afirmativo de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para evitar que reses u otros animales penetren la autopista, y en aquellas áreas en que sea inevitable debe advertir de su posible presencia.

La tarea no es imposible. Un modo de evitar el acceso de reses a la autopista es colocando verjas o vallas que así lo impidan. Según las determinaciones del tribunal de ins-tancia, a lo largo de la autopista Las Americas existen vallas. Incluso la Autoridad admitió contar con una bri-gada especial encargada de brindarle mantenimiento a las vallas y una estación en Salinas para tales propósitos. Sin embargo, si algo demuestra éste y otros recursos es que la existencia de esas vallas no es suficiente. Es necesario que las mismas sean adecuadas —en tamaño y fortaleza— para evitar el acceso del ganado. Nos explicamos.

Primeramente, en el caso de autos, según el tribunal sentenciador, la prueba reveló que las vallas en el lugar del accidente eran inadecuadas por dos (2) razones: (1) estado de deterioro (muchas se encontraban rotas); y (2) no eran suficientemente fuertes como para resistir la embestida de una res. Se estableció que el material de concreto utilizado para los postes era inadecuado pues el mismo tiende a de-bilitarse y romperse con los fuegos que a menudo ocurren debido al clima seco del área sur de la isla. Además, se demostró que debió utilizarse acero al construirse las va-llas por ser más resistente. Finalmente, se probó que los postes ceden con facilidad, pues no fueron enterrados con suficiente profundidad. Minuta de 26 de junio de 1989, pág. 3. Aun ante esta comprobada deficiencia, la práctica de la Autoridad ha sido, en vez de reemplazar los postes, esperar a que se rompan para sustituirlos.()

Segundo, la Autoridad faltó a su deber de alertar a los conductores de la posible presencia de animales. Ala luz de la prueba, y conforme sus propios argumentos, tenía am-plio conocimiento de la situación y de que la misma era repetitiva. Apéndice, págs. 11 y 15. La negligencia en no proveer avisos surgió al faltar a su deber de mantener las autopistas en condiciones seguras. Y es que, de ordinario, el conductor —que usa un peaje— tiene derecho a presu-mir que la autopista es segura. Ciertamente, salvo circuns-tancias extremas, ese conductor no tiene el deber de anti-cipar peligros extraordinarios sobre los cuales no ha sido advertido. Tiene derecho a confiar en que la carretera no estará obstruida por animales.

Y tercero, indiscutiblemente, la Autoridad sabía que las vallas existentes, potencialmente, eran inadecuadas. Cono-ció que en algunos terrenos colindantes a la autopista, en especial Salinas y Santa Isabel, pastaba ganado. Velázquez Grillo testificó que antes y después del accidente le notificó y solicitó a la Autoridad que atendiera el pobre estado de las vallas. Minuta de 26 de jimio de 1989, págs. 2-3. Tam-bién algunos dueños de las fincas adyacentes se quejaron constantemente.

La sentencia consigna que la Autoridad fue informada de que frecuentemente algunas reses penetraban a la vía. En su testimonio, el policía Almodóvar Correa indicó que las había visto brincando las vallas. Minuta de 28 de junio de 1989, pág. 2. Díaz Larrauri —jefe de la brigada a cargo del mantenimiento de las vallas— declaró que en varias ocasiones tuvo que ayudar a removerlas de la carretera, íd., pág. 4. Con anterioridad al accidente, la Autoridad ha-bía sido informada sobre numerosos accidentes causados por animales y con frecuencia recibía querellas sobre la presencia de reses en la carretera. Esta prueba nos per-mite concluir que era totalmente previsible que un acci-dente ocurriera al encontrarse súbitamente cualquier conductor y su vehículo con una res en la autopista. En resumen, la Autoridad actuó negligentemente al no tomar medidas para evitar que las reses penetraran a la carre-tera y por no alertar a los conductores de su posible presencia.

IV

La Autoridad alega que no se probó que el toro llegó a la carretera a través de un hueco en la valla. Ajuicio suyo, no se estableció un nexo causal entre la falta de manteni-miento y los daños. No tiene razón.

Aceptamos que los demandantes no conocían la manera exacta en que el toro penetró hacia la carretera. Sin embargo, presentaron suficiente evidencia circunstancial para justificar la determinación de que el pobre estado de las vallas y la falta de avisos fueron las causas que propiciaron que el animal llegara hasta la vía de rodaje. A fin de cuentas, en materia de daños y perjuicios, nunca hemos exigido una exclusión de todas las posibles causas, como tampoco probar con exactitud matemática la del accidente. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714, 725 (1971).

Así, aunque Díaz Larrauri atestó que la verja estaba en buenas condiciones cuando ocurrieron los hechos, también aclaró que al otro día del accidente se repararon ciento veinte (120) pies de verja. Varios días después se repararon las verjas localizadas en el Km. 60.2. Apéndice, págs. 11-12. Por su parte, Velázquez Grillo sometió en evidencia, para fines comparativos, unas fotos de las verjas tomadas en 1987, las cuales reflejaban la misma situación de dete-rioro que al ocurrir el accidente. Su testimonio no fue impugnado. Id.

V

Finalmente, hemos de aclarar que una determinación de responsabilidad al Estado bajo el Art. 404 del Código Político, supra, no impide la existencia de causas concurrentes. Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288 (1962).

El Art. 1805 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5144,() le impone responsabilidad al dueño o al que se sirva de un animal por los daños que cause a terceros. Se trata de una responsabilidad absoluta, la cual no está fun-dada en culpa, sino en el mero carácter de dueño o posee-dor del animal. Rivera Pagán v. López Santiago, 102 D.P.R. 400 (1974). La misma cesará cuando el daño sea causado por fuerza mayor o por la culpa del perjudicado. Rivera Pérez v. Cario Aymat, 104 D.P.R. 693 (1976). “El concepto ‘absoluto’ en el contexto jurisprudencial del Art. 1805 me-ramente significa que no hay que probar negligencia, pero en nada impide imponerle responsabilidad en forma concu-rrente al co-causante de un daño producido en parte por un animal.” Rivera Pagán v. López Santiago, supra, pág. 404.

En este caso no están presentes los elementos que exo-neran de responsabilidad al dueño del animal. En conse-cuencia, la Autoridad y Velázquez Grillo son co-causantes solidarios del daño.()

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente y de conformidad. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

— O —

Opinión concurrente y de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Convenimos con lo expresado en la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso a los efectos de que la Autori-dad de Carreteras de Puerto Rico debe responder por el accidente a que se refiere el presente recurso por cuanto la misma tiene “el deber general ... de mantener las carrete-ras públicas [(autopistas)] en buen estado y de tomar las medidas necesarias, de modo que las mismas no represen-ten un peligro para los que transitan por ellas”, (énfasis suprimido) opinión mayoritaria, pág. 120; deber y obliga-ción resultante no solo por lo preceptuado por el Art. 404 del Código Político de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 422, sino que, en especial, del hecho importante que en dichas auto-pistas se cobra un peaje a los automovilistas que transitan por las mismas.

Ahora bien, el voto de conformidad que le brindamos a la Opinión mayoritaria emitida está predicado en tres (3) importantes consideraciones, o condiciones, a saber: .

(1) que en casos en que se pueda determinar adecuada-mente quién es el dueño del predio de terreno de donde procedían, o pastaban a ciencia y paciencia de éste, los ani-males causantes del accidente —sea éste el dueño de los animales o no— dicha persona o corporación es también solidariamente responsable de los daños causados por dichos animales;

(2) que aun cuando es correcto el hecho de que no está ante nuestra consideración, por no haber sido planteado, la corrección de la proporción de negligencia que en el pre-sente caso decretara el tribunal de instancia —esto es, 80% para el dueño del animal y 20% para la Autoridad de Ca-rreteras— estimamos que dicha proporción es una correcta por cuanto no abrigamos duda de que la negligencia en que incurre el dueño del animal y, en los casos en que se pueda determinar, el dueño del predio en que pastaba el mismo, debe siempre ser una mucho mayor que la incurrida por la referida Autoridad, y

(3) que siempre estará accesible a los demandados en esta clase de casos la defensa referente a la negligencia en que pueda haber incurrido la parte demandante perjudi-cada (exceso de velocidad, embriaguez, etc.) y las defensas provistas al Estado por el citado Art. 404 del Código Polí-tico de Puerto Rico.

Sujeto a estas consideraciones y condiciones, repetimos, es que suscribimos y endosamos la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Limitaría el alcance de nuestro dictamen a los hechos particulares de este caso. Informada la Autoridad de Ca-rreteras (en adelante Autoridad) “que las vallas existentes eran inadecuadas” en el área dé la autopista en Salinas y que el ganado con frecuencia cruzaba la vía pública en ese sector, la Autoridad faltó a su deber de tomar las medidas correctivas pertinentes. Tampoco alertó a los conductores de la posible presencia de animales en esa parte de la autopista.

Sin embargo, no coincido con los pronunciamientos ver-tidos por la opinión mayoritaria a los efectos de que, al amparo del Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422, la Autoridad tenía un deber de instalar veijas en toda la autopista porque “está ínsito en su obligación general de mantener seguras las vías ...”. Opinión mayoritaria, pág. 120. Considerando que la distancia comprendida por las autopistas de la Autoridad es extensa, imponerle este de-ber a esa corporación pública es irrazonable y oneroso.

Por la razones anteriormente expresadas, confirmaría la sentencia recurrida.

       “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediarlos.”

      (2) Aunque en otro contexto, anteriormente hemos impuesto responsabilidad al E.L.A. por faltar a su deber de proveer vallas que eviten la ocurrencia de accidentes. En Díaz v. E.L.A., 118 D.P.R. 395 (1987), determinamos que el Estado era responsa-ble en un treinta por ciento (30%) por la muerte del conductor al caer su automóvil al Lago Carraízo. Señalamos como una de las causas del accidente la ausencia de ba-rreras o vallas. Véase, además, Román v. E.L.A., 116 D.P.R. 712 (1985).

      (3) “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los peijuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabi-lidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.” 31 L.P.R.A. see. 5144.

      (4) No está bajo nuestra consideración la corrección del por ciento de negligencia fijado por la ilustrada sala sentenciadora.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Hernández Denton.

license: Public Domain

text:
    Gilberto Miranda et als., demandantes y recurrentes, v. Sociedad Gineco-Obstétrica del Norte et als,, demandados y recurridos.

      Número: RE-90-67

      Resuelto: 6 de marzo de 1992

      Víctor A. Vélez Cardona y Efrén T Irizarry Colón, de Irizarry, Colón, Soler & Banuchi, abogados de los recurrentes; Juan E. Taboas Santiago y Graciany Miranda Marchand, abo-gados de los recurridos.
   SENTENCIA

Examinados los autos originales, prueba documental y transcripción de evidencia parcial, procede revocar el dic-tamen del Tribunal Superior, Sala de Arecibo (Hon. Luis R. Cruz Jiménez, Juez), que declaró sin lugar la demanda presentada por Gilberto Miranda et als., contra la Sociedad Gineco-Obstétrica del Norte.

El trasfondo de hechos nos mueve a concluir razonable-mente que la muerte de la Sra. Hilda Muñoz Matos fue causada por negligencia, consistente —según opinó el Dr. Walter J. Benavent— en que no era candidata idónea para una cirugía de liposucción. Se le removió una cantidad sus-tancial y exagerada de líquido en una sola intervención, todo ello en contra de la mejor práctica de la medicina. T.E. de 9 de octubre de 1990, págs. 11 y 17. Por último, fue dada de alta prematuramente. Id., pág. 17.

Se devuelven los autos originales para que el foro de instancia evalúe los daños.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlin-geri no intervinieron.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Presidente Se-ñor Andréu García.

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Estamos conformes con la Sentencia revocatoria de este Tribunal. Se trata de un caso de comprobada impericia médica. Veamos.

Para 1987, la Sra. Hilda Muñoz Matos, de cuarenta y cinco (45) años, con sobrepeso, decidió someterse al proce-dimiento de cirugía cosmética denominada liposucción. La liposucción o aspiración de grasa fue desarrollada por un cirujano plástico francés. Se lleva a cabo bajo anestesia y consiste en abrir una pequeña herida por la cual se introduce una cánula de metal —recta o curva al final— unida en uno de sus extremos a un tubo de polietileno que, a su vez, está conectado a una máquina de succión. El cirujano mueve la cánula en el área de la grasa rompiendo las co-nexiones de fibra trabecular. De ese modo, finalmente se absorbe la grasa. J.D. Robertson y W.T. Keavy, Plastic Surgery Malpractice and Damages, Nueva York, Wiley Law Publications, 1990, págs. 312-315; 4 Lawyers’ Medical Cyclopedia Sec. 31.27, págs. 544-545 (1980).

Antes de su ingreso al hospital, a la señora Muñoz Ma-tos le practicaron pruebas rutinarias de sangre, orina, elec-trocardiograma y coagulación. Incluso, el 25 de mayo el Dr. Juan F. Rodríguez Acosta, internista, la examinó y certificó que estaba en buenas condiciones para someterse a dicha operación. El 30 de marzo donó trescientos (300) cc de su propia sangre.

El 10 de abril de 1987 fue operada en el Arecibo Medical Center. Bajo anestesia general, el codemandado Dr. Edwin Candelario Torres le removió tres mil doscientos (3,200) centímetros cúbicos de tejido adiposo, que incluye una mezcla de agua, sangre, suero y la solución para la anestesia. Se le administraron trescientos (300) cc de san-gre autóloga, doscientos (200) cc de plasma congelado fresco y dos mil (2,000) cc de otros líquidos, para un total de dos mil quinientos (2,500) cc. La cirugía duró dos (2) horas y quince (15) minutos. Después de estar durante cuatro (4) horas en la unidad de recuperación, fue dada de alta en aparente buen estado físico. Según el foro de ins-tancia, “tenía una hemoglobina de 7.9 gramos y 25 de he-matocritos, presión sanguínea post operatoria de 95/70, cuya presión es levemente baja pero que, sin embargo, en atención a otros signos vitales, señalaban que no había hi-potensión por lo cual se le dió de alta”. Apéndice a la solicitud de revisión, pág. 11. Las áreas operadas fueron cubiertas con vendajes plásticos y se le puso una faja quirúrgica. Recibió instrucciones de no remover sus venda-jes ni la faja especial, y de que debía ambular lo antes posible.

Durante los cuatro (4) días siguientes la señora Muñoz Matos se quejó de mareos a su esposo Gilberto Miranda. Por ello, el 13 de abril el doctor Candelario Torres ordenó un CBC que resultó normal. El 14, a las 2:15 p.m., una de sus hijas se comunicó con el Arecibo Medical Center y, con-forme la nota de la Enfermera Graduada Sylvia Ruiz, le indicó que tenía “fiebre constante y mareos. Continúa to-mando hierro según indicado, reh[ú]sa comer. Se notificará a Dr. Candelario para consultar”. Apéndice a la solicitud de revisión, pág. 73. No pudo localizarse al doctor Candelario Torres en su oficina, y su secretaria sugirió a dicha enfer-mera que llamara después de las 3:00 p.m. La enfermera Ruiz, a su vez, le comunicó a la hija en cuestión el resul-tado de sus gestiones. Subsiguientemente, esa misma tarde, previa comunicación telefónica al efecto, el doctor Candelario Torres le indicó al señor Miranda que llevara a su esposa al Arecibo Medical Center. Este requerimiento fue infructuoso. El señor Miranda le indicó que el Centro “era muy caro”. Tampoco quiso llevarla al Hospital Regional de Arecibo. Acordaron que la trasladaría directamente a su oficina. Cuando lo hacía, sufrió un desmayo. Llegó sin vida al Centro de Salud de Lares.

A raíz de su fallecimiento, no se realizó una autopsia completa. Sin embargo, se abrieron las cavidades toráxicas y se encontraron los pulmones “llenos masivamente de coá-gulos grasosos”. T.E. de 9 de octubre de 1990, pág. 44. El doctor Rodríguez Acosta, quien antes la había examinado, consignó en una nota de defunción que la muerte se debió a una “arritmia cardíaca”, o a un tromboembolismo pulmo-nar masivo. Apéndice a la solicitud de revisión, pág. 13.

El ilustrado foro de instancia concluyó, en síntesis, que no se demostró que la operación de liposucción fuera la causa de la muerte. Ajuicio suyo, el fallecimiento fue “con-secuencia de un problema de naturaleza cardiopulmonar de evolución rápida y aguda. La probabilidad mayor es que la paciente fallece de embolia pulmonar vascular súbita, el desarrollo de la cual pudo haber facilitado dicha paciente o aquel que le retiró la faja abdominal. El retiro de la faja abdominal crea un problema de falta de sostén de la pared abdominal y puede interferir con el retorno venoso, ha-ciendo éste menos eficiente lo cual es una de las causas principales de la condición conocida como trombosis venosa profunda (TVP)”. (Énfasis suplido.) Apéndice a la solicitud de revisión, pág. 16.

Ante nos, los demandantes recurrentes Miranda et ais. reiteran como error esa determinación judicial. Insisten en que el doctor Candelario Torres fue negligente durante el proceso de la liposucción y al dar de alta a la señora Muñoz Matos a pesar del precario cuadro clínico que ofrecía.

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Incidió el tribunal de instancia. El hecho de que la se-ñora Muñoz Matos saliera del quirófano con una presión arterial de apenas 95/70 y aproximadamente 7 gramos de hemoglobina, es indicativo de que su condición post opera-toria no era ciertamente la mejor. Máxime, que durante la intervención se le extrajeron 3,200 cc de fluido corporal (grasa y sangre).

El testimonio presentado por el perito de la parte recu-rrente, Dr. Walter J. Benavent —reconocida autoridad en cirugía plástica— corrobora que en este caso medió negligencia. Según su opinión, la señora Muñoz Matos no era una persona indicada para esta operación cosmética debido a su corta estatura, excesivo peso y alta presión arterial. En particular, puso en entredicho la naturaleza del procedimiento clínico a que fue sometida, mediante el cual se le aspiraron extensas áreas del abdomen, muslos y caderas. T.E. de 9 de octubre de 1990, págs. 10-11. En su informe escrito expresó: “El extraer 3200cc de aspirante y reponer tan sólo 500cc [entre sangre y plasma] es a todas luces insuficiente. Las pruebas de sangre revelan que hubo una pérdida substancial de sangre. Al salir de la sala de recuperación para trasladarse a su hogar a un punto tan distante como Lares, su presión arterial era de 95/70, lo que indica que la paciente estaba entonces en un estado de shock hipovolémico. El hecho que la paciente falleció al cabo de 4 días me hace sospechar que murió en un estado de shock crónico y complicado más aún por tromboembo-lismo pulmonar masivo, según informe del patólogo fo-rense, Dr. Francisco Cortés.” (Énfasis suplido.) Apéndice a la solicitud de revisión, pág. 31. Finalmente, en su decla-ración, el doctor Benavent relacionó directamente la liposuction con la muerte, a la luz del material encontrado en los pulmones. T.E. de 9 de octubre de 1990, págs. 23, 44 y 83-84.

El dictamen del foro de instancia se fundamentó en el testimonio del patólogo Dr. Ángel Román Franco.

El caso de autos es novel, pues se trata de un trata-miento quirúrgico selectivo, con fines estéticos, tratado como ambulatorio. El mismo, por regla general, está reco-mendado sólo para personas menores de cuarenta (40) años. Como riesgo, se reconoce que la muerte puede sobre-venir de una embolia o del “desbalance en el fluido causado por la remoción excesiva de grasa en una sola vez. La can-tidad segura a ser removida en una operación está entre 1,000 y 1,500 cc.”. (Traducción y énfasis nuestros.) Robertson y Keavy, op. cit., pág. 314. Véase, además, Report on Surgical Suction Lipectomy de 20 de enero de 1983, pág. 8.

Como concluye la Sentencia de hoy, pág. 128, los hechos expuestos nos mueven a concluir “razonablemente” que la “muerte de la Sra. Hilda Muñoz Matos fue causada por negligencia, consistente —según opinó el Dr. Walter J. Be-navent— en que no era candidata idónea para una cirugía de liposucción. Se le removió una cantidad sustancial y exagerada de líquido en una sola intervención, todo ello en contra de la mejor práctica de la medicina. T.E. de 9 de octubre de 1990, págs. 11 y 17. Por último, fue dada de alta prematuramente. Id., pág. 17”.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Surge de la prueba testifical y documental —y en particular de la información ofrecida por el perito de la parte recurrente, el Dr. Walter J. Benavent— que al concluir la operación la paciente había perdido mucha sangre y tenía una hemoglobina de 7.9 gramos, su condición post operato-ria era crítica y requería transfusiones de sangre para res-tablecer su volumen circulatorio. Al darle de alta sin pro-veerle un buen tratamiento post operatorio, se cometió impericia médica. Por esta razones, concurro con la senten-cia del Tribunal que revoca el dictamen recurrido.

       A saber, tensión excesivamente baja de la sangre en el aparato circulatorio.


author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Juan Pérez Mercado y Rosaura Martínez, demandantes y recurridos, v. Rosa M. Martínez Rondón, demandada, y Luis Díaz Ríos, interventor y recurrente.

      Número: RE-90-548

      Resuelto: 9 de marzo de 1992

      Manlio Arraiza Donate, abogado de los demandantes y recu-rridos; Lorenzo G. Llerandi Beauchamp, abogado del inter-ventor y recurrente; Mark C. Jiménez, abogado de los in-terventores y recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de noviembre de 1986 los esposos demandantes Juan Pérez Mercado y Rosaura Martínez Morales, conjun-tamente con la demandada Rosa M. Martínez Rondón, otorgaron privadamente, por escrito y suscrito ante un no-tario, un contrato de opción mediante el cual esta última se comprometió a gestionar de la Administración de Regla-mentos y Permisos (A.R.Pe.) el permiso de segregación de un solar de mil (1,000) metros perteneciente a una finca ubicada en el Municipio de Hatillo, propiedad de dicha de-mandada, y a vender dicho solar a los demandantes por el precio de $22,000. De dicho precio éstos adelantaron a la demandada la cantidad de $10,000, habiendo acordado las partes que el balance se dividiría en dos (2) plazos iguales que habrían de ser pagados anualmente a partir del otor-gamiento de la escritura de compraventa. Tal balance sería garantizado mediante hipoteca sobre el solar objeto de la compraventa. Luego de que A.R.Pe. aprobara la referida segregación, el 28 de junio de 1988 los demandantes pre-sentaron su demanda en contra de la señora Martínez Ron-dón, en la cual alegaron lo siguiente:

CUARTO: —Que sin tener conocimiento!, l]os demandantes en-traron en estas negociaciones con la parte demandada, [sic] de que existía una hipoteca sobre la propiedad principal de la cual se segregaría el solar que ellos opcionaron con la demandada y a pesar de las gestiones que se han llevado a cabo con la insti-tución financiera acreedora de dicha hipoteca, dicha institución no ha querido liberar el solar que proponía segregar la deman-dada y vender a los demandantes. Escrito de revisión, Apéndice K, pág. 30.

Como único remedio, los demandantes solicitaron del tribunal que “condene a la demandada a satisfacer a los demandantes la suma de $12,562.79 más $3,000.00 en concepto de honorarios de abogado y le imponga a su vez la imposición [sic] de las costas, gastos, más los intereses le-gales a partir de la radicación de la presente demanda”. Escrito de revisión, Apéndice K, pág. 31.

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y coetáneamente con la presentación de la demanda, los demandantes soli-citaron y obtuvieron una orden provisional de embargo so-bre la finca propiedad de la demandada para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer a su favor, en monto suficiente para cubrir las cantidades reclamadas. Según se desprende de los autos originales de este caso, el correspondiente mandamiento para la anota-ción del mencionado embargo fue presentado a la sección apropiada del Registro de la Propiedad el 14 de noviembre de 1988. Curiosamente, la anotación hecha por el Registra-dor relativa a dicho mandamiento, se lee del modo si-guiente:

Anot. B. En el Tribunal Superior de Puerto Rico se ha radicado una demanda sobre una acción civil en el caso n[ú]mero CS 88-1066 Juan (Mercado) digo Pérez Mercado y su esposa Ro-saura Martínez Morales, demandantes versus Rosa Mar[í]a Mart\í\nez Rond[ó]n [sic] demandada. Se solicita el pago de la suma de $12,562.79 más $3,000.00 dólares de honorarios de abogado. As[í] resulta del Registr[o y] copia certificada de la demanda presentada a las 2:35 p.M.del d[í]a 14 de noviembre de 1988 al asiento 480 del diario 91. Arecibo a 28 de noviembre de 1988[.] Dros. 32.00L] Firma ilegible. Reg[J [sic] [.]() (Énfasis en el original.) Moción en solicitud se tome conocimiento judicial de certificación registral, Apéndice A, pág. 6.

La demandada fue emplazada mediante la publicación de edictos por alegadamente desconocerse su paradero, y habiéndose celebrado el juicio en rebeldía por no haber he-cho ésta alegación responsiva alguna, el tribunal dictó sen-tencia el 5 de julio de 1989 condenándola a pagar la suma reclamada de $12,562.79, más las costas e intereses legales a partir de la fecha de presentación de la demanda.

Habiendo advenido firme la sentencia, la parte deman-dante obtuvo una orden para su. ejecución mediante la venta judicial de la finca embargada. Celebrada la corres-pondiente subasta, el 15 de marzo de 1990 la finca fue ad-judicada a los mejores postores, Sres. Luis G. Román Torres, Gerardo Navas Cestero y Luis Rodríguez Mercado.

Mientras se desarrollaban los hechos antes relatados, mediante la Escritura Núm. 112 otorgada el 20 de mayo de 1988, ante el notario público Jorge A. Vera Vélez, la de-mandada Rosa María Martínez Rondón había vendido al interventor recurrente, don Luis Díaz Ríos, la finca antes mencionada por el precio de $36,000, de los cuales la ven-dedora recibió la suma de $6,000, habiendo retenido el comprador la cantidad de $30,000 para pagar la hipoteca que pesa sobre dicha propiedad. Desde entonces éste y su cónyuge han estado satisfaciendo los plazos mensuales en que se divide el pago de tal obligación.

Como puede verse, el otorgamiento de dicha escritura se llevó a cabo cinco y medio (5V2) meses antes de que se pre-sentara al Registro el mandamiento de embargo al cual hemos hecho referencia anteriormente. No obstante, la es-critura no fue presentada al Registro para su inscripción hasta el 24 de enero de 1989, o sea, con posterioridad a las fechas en que se presentó y anotó el referido embargo, pero con anterioridad a la fecha en que se llevó a cabo la men-cionada subasta y la resultante venta judicial.( )

Así las cosas, el 23 de marzo de 1990, el interventor Luis Díaz Ríos presentó al tribunal de instancia un escrito mediante el cual impugnó la referida venta judicial ale-gando que (1) había adquirido el dominio de la finca previo a la anotación de su embargo, (2) su título estaba pen-diente de inscripción en el Registro de la Propiedad a la fecha de la subasta, (3) no se le notificó de ésta y, por con-siguiente, (4) la ejecución de la propiedad constituyó una violación de su derecho a un debido proceso de ley. Luego de varios trámites procesales, el tribunal celebró una vista en la cual oyó a los adquirentes por subasta y al interventor recurrente, quienes presentaron evidencia de natura-leza documental y testifical.

Mediante la resolución de la cual se recurre, fechada 8 de junio de 1990, el tribunal de instancia declaró sin lugar la petición del recurrente y ratificó la venta judicial del inmueble en cuestión, en ejecución de la sentencia previa-mente dictada. El tribunal de instancia determinó que el contrato de compraventa en virtud del cual adquirió el re-currente la finca en cuestión resultaba nulo por razón de que siendo éste casado otorgó la escritura de compraventa como soltero y no realizó acto afirmativo alguno para que su esposa ratificara la mencionada escritura. Apoyó su re-solución en las disposiciones del Art. 149 de la Ley Hipote-caria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2473.()

Habiendo decidido revisar, el 6 de noviembre pasado ex-pedimos el auto correspondiente. Todas las partes en este litigio, con excepción de la demandada Rosa M. Martínez Rondón, han presentado sus correspondientes alegatos. A la luz de los hechos que hemos reseñado, procedemos a revocar la resolución de la cual se recurre.

I

Exposición del derecho aplicable

En el caso de autos es imprescindible, en primer lugar, distinguir los remedios provisionales estatuidos en las Re-glas 56.4 y 56.7 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). La primera de dichas reglas establece, en lo pertinente:

56.4. Embargo o prohibición de enajenar
Si se hubiere cumplido con los requisitos de la Regla 56.3, el tribunal deberá expedir, a moción ex parte de un reclamante, una orden de embargo o de prohibición de enajenar. En el caso de bienes inmuebles, tanto el embargo, así como la prohibición de enajenar se efectuarán anotándolos en el registro de la pro-piedad y notificándolos al demandado....

La Regla 56.7 de Procedimiento Civil, supra, en lo per-tinente, lee de la forma siguiente:

En una acción que afecte el título o el derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contesta-ción, o en cualquier tiempo después, cuando solicitaren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán previa notificación a la parte adversamente afectada, presentar para su anotación al registrador de la propiedad del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pen-diente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiere un derecho sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento.
El tribunal ante el cual se encuentra pendiente la acción ten-drá la facultad para ordenar la cancelación del aviso de cues-tión litigiosa pendiente, previa la celebración de una vista y la prestación de una fianza en la cuantía que estime razonable, tomando en cuenta la probabilidad de prevalecer la parte ac-tora, el valor de la propiedad o derecho envuelto y las demás circunstancias del caso.()

Ambas reglas forman parte del esquema de remedios provisionales de las Reglas de Procedimiento Civil que per-sigue el fin de asegurar que una sentencia futura sea ejecutada.() Debemos señalar que cabe la posibilidad de que los citados mecanismos procesales puedan parecemos similares, mas no es así. Ambos procedimientos tienen diferencias sustanciales, no sólo relativas a su naturaleza sino, más importante aún, a las consecuencias jurídicas que traen consigo.

Como hemos visto, la citada Regla 56.4 regula el mecanismo que debe utilizarse para llevar a cabo la anotación de embargo en aseguramiento de sentencia, mientras que la Regla 56.7, supra, establece el procedimiento que se ha de seguir en los casos de anotación de demanda. Ambos procedimientos convergen en un punto común: el Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad() medio a través del cual tienen acceso al Registro de la Propiedad. Dicho artículo establece, en lo pertinente:

See. 2401. Anotación preventiva — Quiénes pueden pedirla
Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el Registro:
1ro. El que reclamare enjuicio la propiedad de bienes inmue-bles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna ac-ción que afecte el título de propiedad inmueble, o sobre la vali-dez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos refe-rentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos registrábles.
2do. El que con arreglo a derecho obtuviere a su favor man-damiento de embargo, sobre bienes inmuebles del deudor.

Cabe apuntar que ambos asientos se caracterizan por su temporalidad; éstos son provisionales en virtud de la natu-raleza misma del Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Re-gistro de la Propiedad, supra. A este respecto, se ha dicho:

Todas las definiciones que se han ensayado de las anotacio-nes preventivas giran en torno a la provisionalidad y tempora-lidad del asiento. Se tratará siempre de publicar derechos im-perfectos o procedimientos que pudieran dar lugar a un asiento definitivo. L. Mojica Sandoz, Apuntes sobre el origen, efectos y extinción de las anotaciones de demanda y de embargo, 52 Rev. Jur. U.P.R. 451 (1983).

No obstante, debemos analizar los tipos de derechos que tienen acceso al Registro de la Propiedada través de cada una de estas anotaciones para comprender la verdadera diferencia entre ellos.

El Art. 112(lro) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2401(lro), se refiere a la llamada anotación preventiva de demanda, cuyo pro-pósito es el de dar aviso de pleito pendiente (lis pendens) sobre la titularidad o algún otro derecho real en relación al inmueble sobre el cual recae dicha anotación, propósito que es idéntico al del primer párrafo de la Regla 56.7, supra. La única diferencia existente entre la actual disposición del Art. 112(lro), supra, y el llamado aviso de pleito pen-diente (o de lis pendens) del primer párrafo de la Regla 56.7, supra, es que el primero exige la intervención judicial; o sea, requiere un mandamiento judicial para que la anotación sea practicada debidamente a menos que la ac-ción ejercitada tenga apoyo en un derecho real inscrito, como lo es la acción de ejecución de hipoteca, en cuyo caso bastará con presentar al Registro una copia certificada de la demanda. () De manera que se trata de acciones reales que versan sobre el título de derechos inscritos. A los efec-tos, explican Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill:

... La naturaleza jurídica de la anotación preventiva de de-manda es ser un asiento registral que publica el hecho de ha-berse interpuesto demanda que ha iniciado un proceso judicial, generalmente civil, en el que se ejercita alguna pretensión pro-cesal relativa al dominio o derechos reales sobre fincas. (Enfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolios omitidos.) R.M. Roca Sastre y L.M. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 1, pág. 38.

Por lo tanto, las acciones puramente personales no tienen acceso al Registro de la Propiedad a través del Art. 112(lro) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra.

Indudablemente las demandas judiciales en las que se ejer-cite una acción puramente personal o creditual, que no pueda conducir por virtud de su desenvolvimiento específico, a una modificación jurídica, real inmobiliaria a favor del demandante, no son susceptibles de la anotación preventiva que examinamos. (Énfasis y escolio omitidos.) Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 38.

Como dijimos anteriormente, el Art. 113 de la Ley Hipo-tecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2402,() es claro al hacer obligatoria la intervención judicial:

En el caso del número uno de la sección anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por pro-videncia judicial dictada a instancia de parte legítima y en vir-tud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su ano-tación en el Registro la presentación de copia certificada de la demanda.

El citado es el único mecanismo que procede cuando se pretende anotar preventivamente una demanda en el Registro de la Propiedad. Es imprescindible que el presentante cumpla a cabalidad con este artículo y conceda al Registrador el beneficio de tener los documentos necesarios para llevar a cabo la anotación. La falta de cumplimiento con este procedimiento conlleva la nulidad del asiento practicado. Fue este razonamiento el que nos condujo a declarar ineficaz el primer párrafo de la Regla 56.7, supra. Véase Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 571 esc. 5 (1982).

Por otro lado, el Art. 112(2do) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2401(2do), estatuye la llamada anotación preventiva de embargo. Contrario a la anotación de demanda regulada en el inciso primero, esta anotación no tiene que afectar o tratar sobre el título de un derecho inscrito. El Prof. Herminio Brau, refiriéndose al Art. 42 de la Ley Hipotecaria anterior (pre-decesor del vigente Art. 112, supra), nos explica en detalle:

Como corolario de las disposiciones de este artículo, la juris-prudencia ha sostenido que la anotación preventiva de embargo no crea ni declara derecho alguno a favor del anotante; no al-tera la naturaleza de las obligaciones, ni puede convertir en real e hipotecaria la acción que carezca de este carácter; no reserva rango como la mención. H.M. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 293 (1979).

Por lo tanto, la anotación de embargo en el Registro de la Propiedad se refiere a acciones que no conllevan modifi-cación o extinción de algún derecho inscrito.

La expuesta no es la única diferencia que existe entre ambas anotaciones. Como expresáramos anteriormente, los efectos jurídicos de la anotación de demanda (Art. 112(lro) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra) y la anotación de embargo (Art. 112(2do) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra) son completamente distintos. Es importante, particularmente en el caso de autos, conocer el efecto que las referidas anotaciones tienen sobre títulos anteriores o posteriores a la anotación de que se trate. Comparemos dichos efectos. Mojica Sandoz nos explica lo siguiente:

Quien reclama el cumplimiento de una obligación y consigue anotación sobre finca inscrita, es acreedor anotante. Quien re-clama la declaración de un derecho real y consigue anotación no es un acreedor, está pidiendo se le reconozca un derecho que él ya tiene sobre la finca .... Por eso han merecido siempre ser tratados en dos disposiciones distintas.
. . . . . . . .
De manera que en caso de anotación de embargo, si se pre-senta y registra un título anterior en fecha a la anotación, sur-girá del mismo registro la ineficacia del embargo. La anotación retendrá una existencia formal hasta que se ordene la cancela-ción, pero no podrá tener eficacia más allá de lo que la propia ley concede. Por tanto en caso de ejecución del embargo, la venta quedará sujeta a los títulos inscritos de fecha anterior a la anotación, si es que son compatibles con el dominio, y no podrá ser inscrita si los títulos inscritos son incompatibles. Re-cuérdese que el embargante no es tercero.
. . . . . . . .
Nótese que si el titular anterior en fecha, pero que inscribe con posterioridad ala anotación, lo es de un derecho compatible con el dominio, una hipoteca por ejemplo, atendido el Artículo 117, no se sentirá provocado a asistir al procedimiento que mo-tivó la anotación, sino que confiara [sic] en que no podrá nunca cancelarse su título en virtud de una anotación que de acuerdo con la misma ley no puede perjudicarlo.
. . . . . . . .
Por el contrario, si se trata de una anotación de demanda de propiedad, bajo el número primero del Artículo 112, los efectos son distintos. Ya no se trata de un acreedor, sino de un titular que llega al Registro como único puede, con una acción judicial. Merece los efectos publicitarios del Registro, y prevalecería aún sobre titulares anteriores en fecha a la anotación. Nos parece que no entenderlo así daría paso a situaciones claramente injustas. (Enfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido.) Mojica Sandoz, supra, págs. 459-460.

De igual forma se manifiesta Roca Sastre al sostener que un título anterior a la anotación de embargo prevalece sobre ésta, aunque se inscriba posteriormente en el Regis-tro de la Propiedad, sucediendo todo lo contrario cuando se trata de la anotación preventiva de demanda. A tales efec-tos, expresa:

...La anotación preventiva de embargo no surte los efectos propios de la hipoteca en trance de ejecución sino a los terceros poseedores, esto es, de los posteriores adquirentes a la anota-ción preventiva de embargo misma de la finca o derecho real, por cuya razón aquellos efectos no se dan contra los adquirentes de finca o derecho en virtud de título anterior a la expresada anotación preventiva de embargo, pero inscrito después de ésta.
Por consiguiente, dicho efecto propio de la hipoteca en ejecu-ción es negado en este caso a la anotación preventiva de embargo. El que haya adquirido la finca o derecho real antes de anotado preventivamente el embargo, no tiene la consideración de tercer poseedor y, por consiguiente, no puede afectarle dicha anotación preventiva en sí, una vez se inscriba su título adqui-sitivo anterior. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 127.

Al comentar sobre este particular, Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida resumen así los efectos de la anotación preventiva de embargo:

Efectos de la anotación de embargo son:
a’) La relativa ineficacia —es decir, en cuanto perjudiquen a los derechos del anotante— de las enajenaciones realizadas tras ella: no de las anteriores, aunque se inscriban después (arg., art. 44 Lh.).
b’) Tener el acreedor anotante, relativamente al inmueble anotado, la preferencia para el cobro establecida en el art. 1923 Ce., es decir, sólo en cuanto a los créditos posteriores (art. 44 Lh.). (Énfasis suprimido.) J.L. Lacruz Berdejo y EA. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, págs. 273-274.

En conformidad con lo antes expuesto, el párrafo inicial del Art. 149 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad() dispone lo siguiente:

Los que registren sus derechos con posterioridad a la anota-ción se entenderán notificados de la existencia del pleito para todos los efectos legales, y que han consentido la cancelación de sus asientos en caso de que sea vendida judicialmente la finca aunque sus títulos tengan fecha anterior a la anotación. (Énfa-sis suplido.)

Una simple lectura de la transcrita disposición legal a la luz de las otras disposiciones y los principios legales que hemos comentado, debe conducir inescapablemente a la conclusión de que ésta es aplicable exclusivamente a la anotación de demanda dispuesta por el Art. 112(lro) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra.

Como han dicho Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida en la obra citada:

La anotación es una advertencia a los posibles adquirentes de los bienes anotados. Su efecto consiste “en asegurar un rango al derecho real que como consecuencia del litigio pueda consti-tuirse, asegurando la retroactividad del mismo al momento de la anotación de la demanda frente a los terceros que hayan inscrito en el intermedio algún derecho” (Cossio). En principio, carece de los demás efectos, defensivos y ofensivos de una inscripción. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 269.

Una vez aclaradas las diferencias entre la anotación preventiva de demanda y la anotación de embargo, es ne-cesario exponer otros principios de Derecho aplicables a las controversias suscitadas en el caso de autos. Debemos ex-presarnos, en primer lugar, sobre la doctrina que regula la confirmación o ratificación de los contratos que son anula-bles, situación que se presenta en este caso.

No cabe duda de que a partir de 21 de mayo de 1976 —fecha de vigencia de la Ley Núm. 51 aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual enmendó el Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3672 — son actos de disposición tanto la venta de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad legal de gananciales como la compra de dichos bienes, por lo que es necesaria la concurrencia de ambos cónyuges en la escritura de compraventa mediante la cual se adquieren tales bienes. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990), y casos allí citados. Sin embargo, la adquisición por compra de un bien inmueble, para la sociedad legal de gananciales, por uno de los cón-yuges sin el consentimiento por escrito del otro en violación a lo dispuesto por el Art. 1313 del Código Civil, supra, no constituye un acto nulo, sino anulable y, por lo tanto, ratificable. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra; Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967).

Sabido es que todo contrato nulo es inexistente en Derecho desde el momento mismo en que se otorga y, por lo tanto, nunca genera consecuencias de ley. Al contrario, el acto o contrato anulable produce efectos jurídicos mientras no se declare su nulidad. Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964).

Por otro lado, el Art. 1254 de nuestro Código Civil() establece:

Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obli-gados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las per-sonas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquéllos con quienes contrataron; ni los que causaron la intimi-dación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato. (Enfasis nuestro.)

De los principios antes expuestos podemos concluir, entonces, lo siguiente: la persona legitimada para impugnar la validez de un acto o contrato será aquella que esté obligada principal o subsidiariamente en virtud del mencionado acto o contrato. Definitivamente, en el caso de un contrato otorgado por un cónyuge sin la comparecencia del otro —en la eventualidad de que el consentimiento de éste resulte indispensable — () la única persona legiti-mada para impugnar dicho contrato será el cónyuge sin cuyo consentimiento se otorgó.

Expuesta la doctrina aplicable, sólo queda resumir los principios enunciados que servirán de apoyo para resolver las controversias ante nos:

1. Las Reglas 56.4 y 56.7 de Procedimiento Civil de 1979, supra, se refieren a mecanismos procesales que cum-plen cometidos distintos, aunque tienen acceso al Registro a través del mismo Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra.

2. La anotación preventiva de demanda tiene acceso al Registro cuando se reclaman derechos que tengan que ver directamente con el título inscrito y de algún modo pueden afectarlo. Esta anotación puede llevarse a cabo exclusiva-mente por mandamiento judicial o, en el caso de que se fundamente en un derecho real inscrito, por medio de copia certificada de la demanda.

3. La anotación de embargo tiene como fin asegurar el crédito de un acreedor del titular del bien inscrito. Sin embargo, no afecta de modo alguno el título del derecho inscrito.

4. La anotación preventiva de demanda amenaza poten-cialmente los títulos anteriores a la anotación y puede pre-valecer sobre los mismos. Es a esta anotación a la cual se refiere exclusivamente el Art. 149 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra.

5. La anotación preventiva de embargo no afecta los tí-tulos anteriores a la anotación, aunque los mismos hayan ganado acceso al Registro con posterioridad a la referida anotación.

6. La persona legitimada para ejecutar la acción de nu-lidad de un contrato otorgado por un cónyuge sin la concu-rrencia del otro es aquel sin cuyo consentimiento se otorgó.

HH HH

Aplicación de la doctrina a los hechos en el caso de autos

En primer lugar, a todas luces el Registrador de la Pro-piedad en este caso confundió los mecanismos de acceso al Registro de la Propiedad de ambas anotaciones (demanda y embargo). Basta una lectura a la anotación practicada para darnos cuenta. Surge de los autos el hecho de que el Registrador recibió del presentante un mandamiento de anotación de embargo y no una copia certificada de la demanda. Este mandamiento se hizo a tenor con las dispo-siciones de la Regla 56.4 de Procedimiento Civil de 1979, supra. Procedía, entonces, tomar la correspondiente anota-ción de embargo en los libros del Registro con el fin de asegurar el crédito personal de los demandantes reclamado en la demanda. Por tal razón, consideramos que el asiento practicado por el Registrador en este caso carecía de efica-cia jurídica alguna respecto al interventor recurrente como adquirente anterior de dicho inmueble.

El tribunal de instancia aplicó, por otra parte, el Art. 149 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, al resolver este caso, lo cual resulta improcedente. Una mera lectura a la referida disposición de ley nos lleva a la conclusión de que ésta es aplicable exclusivamente a la anotación de demanda realizada a tenor con el primer in-ciso del Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. No tratándose en este caso de este tipo de anotación, la referida disposición es inaplicable. Es por tal razón que el tribunal de instancia erró al ratificar la venta judicial, desconociendo de ese modo el título del aquí interventor recurrente. Este, según la exposición que de los hechos hiciéramos en la primera parte de esta opinión, otorgó una escritura de compraventa por medio de la cual adquirió el título de la finca en cuestión, previo a la anota-ción que del embargo se hiciera en el Registro. Según la doctrina expuesta anteriormente, dicho título prevalece so-bre el resultado de la venta judicial, a pesar del hecho de que dicho negocio jurídico ganó acceso al Registro con pos-terioridad a la anotación del referido embargo.

En su resolución, la juez de instancia hizo constar, entre otros que no merecen discusión por su obvia improceden-cia como fundamento para no reconocer validez al título del interventor recurrente, el hecho de que el señor Díaz Ríos compareció como soltero al otorgamiento de la escri-tura de compraventa, siendo éste casado y que dicho nego-cio jurídico no fue ratificado por su esposa. No estamos de acuerdo. La única persona legitimada para impugnar el mencionado contrato era la esposa del interventor. Esta no ha ejecutado dicha acción Siendo la señora Díaz la única persona legitimada para invocar el vicio del referido contrato, los adquirentes del inmueble en la subasta judicial, efectuada en ejecución de la sentencia dictada en este caso, estaban impedidos de impugnar su validez.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la reso-lución recurrida, de 8 de junio de 1990, y en su consecuen-cia se anula la venta judicial efectuada en este caso en eje-cución de la sentencia dictada originalmente, y se decreta, además, la cancelación del asiento practicado en el Regis-tro de la Propiedad mediante el cual se inscribió el título resultante de dicha venta judicial. Nada de lo aquí dis-puesto impedirá a doña Marta Díaz Figueroa otorgar la correspondiente escritura pública a los efectos de ratificar la compra hecha por su esposo, el interventor Luis Díaz Ríos, del inmueble objeto de este recurso, a tenor con lo dispuesto por el Art. 1313 de nuestro Código Civil, supra, y el Art. 1263 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3522.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió me-diante opinión escrita. Los Jueces Asociados Señores Her-nández Denton y Fuster Berlingeri no intervinieron.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Disentimos. “[L]o que se opone a lo verdadero es única-mente lo falso y lo que es verdadero para algunos debe serlo para todos.” C. Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, (L. Diez-Picazo, trad.), Madrid, Ed. Civitas, 1979, pág. 144.

En buena metodología adjudicativa, toda sentencia se da en un acto unitario e indiviso. Esta controversia ame-rita un cuidadoso estudio y tratamiento jurídico integral debido a sus múltiples componentes. Aquí el aspecto civil sustantivo se presenta amalgamado con el elemento proce-sal, el derecho inmobiliario registral pero, sobre todo, con lo ético y el principio general de la buena fe.

Para impartir justicia hace falta algo más que la mera aplicación técnica y aislada de preceptos legales. Reitera-mos “el axioma jurídico filosófico de que la ley es un instru-mento de la justicia, y no viceversa”. Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813, 815 (1975). Controversias como la de autos activan el instinto jurídico y ponen al juzgador sobreaviso. Sin lugar a dudas, coinciden unas cir-cunstancias que nos mueven a pensar que el interventor recurrente Luis Díaz Ríos —litigante favorecido por la opi-nión mayoritaria— no ha satisfecho el requisito de buena fe civil que empapa nuestro ordenamiento.

I

Hace aproximadamente una década llamamos la aten-ción sobre la existencia de una corriente doctrinaria que no le reconocía plena eficacia a la Reforma de 1976. Preocupa-dos por las repercusiones de algunas decisiones judiciales adscritas a esa corriente, expresamos:

El esfuerzo legislativo reciente de nivelar e igualar jurídica-mente a la mujer y al hombre en la dinámica socioeconómica del matrimonio a través del régimen de coadministración y ciertas restricciones a los cónyuges para disponer unilateral-mente bienes muebles o inmuebles, no sólo queda paralizado con la decisión de hoy, sino que retrotrae adversamente por medio siglo la evolución del feminismo lograda en esa dirección. Padró Collado v. Espada, 111 D.P.R. 56, 66 (1981).

La opinión y sentencia que hoy refrenda la mayoría de este Tribunal reconoce la trayectoria de equiparación de los derechos del hombre y de la mujer. Desde L. Dershowitz & Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976), y Aguilú v. Sociedad de Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977), había-mos respetado la voluntad del legislador que en 1976 em-prendió una reforma en tal dirección.

En consonancia con el nuevo estado de derecho —posterior al caso Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967), que la mayoría cita como uno de los preceden-tes— es obvio que el principio doctrinario general que ad-mite la confirmación tácita del negocio jurídico anulable, no puede prevalecer ante una norma específica que exige el consentimiento por escrito de ambos cónyuges para la com-pra o venta de bienes inmuebles. Así lo resolvió la jurispru-dencia subsiguiente a la reforma de 1976 y ratificamos re-cientemente en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990), al decidir que la adquisición de un in-mueble era un acto de disposición que requería para su validez y eficacia contractual el consentimiento escrito de ambos cónyuges.

Como puede observarse, el carácter espiritualista del Código Civil cede ante una norma especial que impone el requisito de la forma escrita para expresar el consenti-miento de ambos cónyuges. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra, ofreció unos hechos similares a los de autos; aunque se trataba de una dación en pago y no de una com-praventa de un inmueble. Allí distinguimos el negocio nulo del anulable y discutimos así los efectos de la ratificación escrita:

En nuestro ordenamiento jurídico rige la norma de que am-bos cónyuges son los administradores de la sociedad de gananciales. Art. 91 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 284. Por lo tanto, como regla general, es indispensable la concurrencia de ambos cónyuges tanto para enajenar como para adquirir bie-nes de o para la sociedad de gananciales. Padró Collado v. Espada, 111 D.P.R. 56 (1981); Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 868 (1981); Silva Ramos v. Registrador, 107 D.P.R. 240 (1978); Aguilú v. Sociedad de Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977).
Ciertamente la adquisición de un bien inmueble mediante una dación en pago es un acto de disposición que requiere para su validez y eficacia contractual el consentimiento escrito de ambos cónyuges. I. Picó Vidal, Sentido y alcance de la reforma de la administración de los bienes gananciales, 18 Rev. Jur. U.I.A. 241 (1984). Sin embargo, ese acto de disposición de bie-nes gananciales realizado sin el consentimiento inicial de Velma Hernández Vega no era nulo —como afirma Trabal Morales— sino anulable. Estamos ante un caso típico de negocio ratificable. Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967). El acta de ratificación otorgada el 20 de mayo de 1986 por Velma Hernández Vega purificó la dación en pago de ese vicio del que originalmente adolecía. De esta manera ella re-nunció expresamente a invocar la causa de nulidad. El hecho de que la ratificación se efectuara por los demandados recurridos Ruiz-Rosario en fecha posterior a la adquisición del inmueble en nada afecta la relación entre las partes que participaron en la dación en pago. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra, págs. 348-349.

Reconocemos que el interventor recurrente Díaz Ríos lo-gró probar la alegada adquisición del inmueble antes de la anotación del embargo. No obstante, no satisfizo el requi-sito del consentimiento escrito de su cónyuge Marta Díaz Figueroa. De ninguna manera la firma de ella en unos che-ques destinados al pago del préstamo garantizado con hi-poteca sobre la finca —como sugiere la mayoría, in fine, en el escolio 15— equivale a la ratificación escrita exigida por la ley. Y es que la exigencia del consentimiento escrito tras-ciende el aspecto de la mera formalidad y se interna en el campo de la política pública de equiparación de los sexos y la protección de un interés que tradicionalmente ha estado en desventaja. No estamos dispuestos a rubricar la vieja doctrina de que los contratos surten pleno efecto entre las partes y sus causahabientes como quiera que se hayan otorgado, sin que su constancia por escrito sea requisito para su validez; menos, desentendemos de que este prin-cipio cede siempre cuando se trate de darle eficacia frente a terceros.

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Estamos contestes con la opinión mayoritaria en cuanto al hecho de que en el Registro de la Propiedad se efectuó una anotación preventiva de embargo y no de demanda como lo resolvió el tribunal de instancia. Y, como está me-ridianamente claro en nuestro derecho positivo, una ano-tación preventiva de embargo produce efectos sólo en per-juicio de las adquisiciones posteriores. Las adquisiciones anteriores, aunque no constan inscritas, prevalecen contra la anotación. L. Mojica Sandoz, Apuntes sobre el origen, efectos y extinción de las anotaciones de demanda y de embargo, 52 Rev. Jur. U.P.R. 451 (1983); J.M. Mazuelos, Apuntes sobre las anotaciones de embargo y algunos de sus problemas, XXXI (Núms. 330-331 y 334-335) Rev. Crít. Der. Inmob. 657, 657-659 y 145 (1955 y 1956); J.M. Me-drano Cuesta, M. Ridruejo González y J. Márquez Muñoz, Sobre la naturaleza y efectos de las anotaciones preventivas de embargo — Algunos de sus problemas, Ponencias y comu-nicaciones precedentes al II Congreso Internacional de De-recho Registral, Madrid, Centro de Estudios Hipotecarios, 1974, págs. 418-443.

Ahora bien, como lo estimó el tribunal de instancia, el interventor recurrente Díaz Ríos tampoco cumplió con el requisito de la buena fe civil. Primero, a la fecha de adqui-sición del inmueble Díaz Ríos conocía que los señores Juan Pérez Mercado y Rosaura Martínez Morales tenían un con-trato de opción de compra() sobre la referida propiedad. Segundo, no sólo sabía ese hecho sino que fue advertido sobre el particular y las complicaciones surgidas debido a la negativa del acreedor hipotecario de liberar el inmueble segregado del gravamen. Tercero, afirmó en la escritura su soltería, cuando en realidad estaba casado. Y cuarto, su esposa Díaz Figueroa atestó que “no estaba de acuerdo con la compra”. Apéndice A, pág. 8. Esta situación no es similar ni comparable al caso del hombre casado que comparece solo al otorgamiento de las escrituras, como ocurrió en Tra-bal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra. Es decir, en el caso de autos Díaz Ríos mintió bajo juramento (perjuró) res-pecto a su verdadero status civil y a espaldas de su cónyuge intentó adquirir un inmueble.

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Los hechos expuestos reflejan además que existen cier-tas circunstancias que exigen una investigación sobre la conducta profesional del Ledo. Jorge A. Vera Vélez, notario autorizante de la escritura de compraventa. Aunque en esta etapa no estamos en condiciones de hacer un estudio exegético pormenorizado de los elementos éticos de su con-ducta, es menester apuntar que ello es absolutamente ne-cesario pues, previamente ante él, los esposos Díaz habían adquirido varias propiedades cuyas escrituras había nota-rizado, y en todas había comparecido la esposa de Díaz Ríos como otorgante.

Esta situación es susceptible de proyectarse como una seria violación de los cánones de ética de la profesión y la Ley Notarial de Puerto Rico. Incluso podríamos estar ante el umbral de un fraude inintencionalmente refrendado por una mayoría de este Foro.

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Finalmente, nos preocupa que todo el trámite judicial ante este Tribunal culmine ordenándole la cancelación del asiento en el Registro de la Propiedad a base de un título imperfecto de compraventa, de su faz anulable, y al cual implícitamente se le ha imputado una presunción de ga-nancialidad ficticia, aun cuando los hechos no contradichos y el derecho expuesto niegan esa cualidad.

Ello no es posible, pues la ratificación post trámite judicial atenta contra el principio de legalidad, piedra angular en que descansa nuestro derecho inmobiliario de que al Registro de la Propiedad sólo tienen acceso y pueden en-trar los títulos libres de defectos. “Es unánime la doctrina de que el principio de legalidad vigente en nuestro ordena-miento hace necesaria la calificación registral a fin de que solamente logren acceso al Registro títulos válidos y perfectos.” U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448, 465 (1989). Véanse: P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 D.P.R. 231 (1989); Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990).

Ese propósito se logra de dos (2) formas. Mediante la función calificadora del Registrador de la Propiedad y el mecanismo de notificación directa al presentante para la oportuna corrección de un defecto subsanable. “La califica-ción es la facultad por excelencia del Registrador que al ejercitarla realiza el propósito de que el Registro encierre sólo actos válidos y derechos perfectos. El relajamiento o demérito de esa facultad que adicionalmente es deber ... conduce a la desintegración de los principios de legitima-ción y de fe pública registral y con ello a la erosión de la garantía de verdad y seguridad para quien contrata sobre la base de lo que consta en el Registro.” (Énfasis suplido.) L. Dershowitz & Co., Inc. v. Registrador, supra, pág. 273. La otra forma es a través de la intervención de los tribu-nales adjudicando de manera definitiva los derechos de los litigantes. Bajo esta avenida, la judicial, el mandamiento al Registro tiene que estar basado en un título cuya validez haya quedado depurada en ese trámite; no como ha suce-dido en el caso de autos en que se da eficacia jurídica a una compraventa de su faz anulable.

En resumen, no podemos olvidar que la compraventa entró originalmente al Registro porque el interventor Díaz Ríos espúreamente compareció como soltero, siendo casado. Para validar ese título era previamente necesario que expresamente su esposa Díaz Figueroa la ratificara por escrito. Hasta el presente no lo ha hecho. ¿Cómo puede el Tribunal ignorar esta realidad, elemento lógico y crucial en su razón de decidir (ratio decidendi)?

Por los fundamentos expuestos, confirmaríamos la sen-tencia de instancia y ordenaríamos una investigación de la conducta del notario Jorge A. Vera Vélez.

       En su demanda desglosaron dicha suma así:
      “QUINTO: — Que los demandantes le han requerido a la parte demandada la devolución de los $10,000.00 en vista del incumplimiento del Contrato de Opción, y ésta se ha negado a devolver los mismos.
      “SEXTO: — Que en adición a los $10,000.00 que han pagado los demandantes a la demandada, éstos le han hecho abonos adicionales que ascienden a $1,562.79.
      “SEPTIMO: — Que de conformidad con la cláusula número Octava del Contrato de Opción que se acompaña con la presente demanda, existe una penalidad contra la demandada de ésta no cumplir con las disposiciones del Contrato de Opción al cual se obligó con los demandantes.
      “OCTAVO: — Que al día de hoy la parte demandada le adeuda a la parte deman-dante $12,562.79, deuda que es final, firme y ejecutoria.” Escrito de revisión, Apén-dice K, pág. 31.

      (2) Se despierta nuestra curiosidad por el hecho de que surge del talón de pre-sentación que obra en los autos y de una certificación del Alguacil de la Sala de Arecibo, que todo cuanto fue presentado en dicha fecha fue el mandamiento de embargo, al cual hemos hecho referencia anteriormente, y no una copia certificada de la demanda. No surge del expediente explicación alguna para esta incongruencia.

      (3) El título de dominio sobre la finca en cuestión quedó finalmente inscrito a favor del interventor, en virtud de la referida escritura, el día 1ro de agosto de 1989.

      (4) Además, el tribunal determinó que el recurrente no era un adquirente de buena fe, ya que supuestamente conocía del contrato de opción entre los demandan-tes y la demandada, tuvo que adelantar $3,000 a la demandada para que ésta pagara cierta reclamación entablada en su contra por razón de una alegada segregación de quinientos (500) metros practicada en la finca objeto de este litigio y porque desco-nocía el estado civil de la demandada. Aparte de que los demandantes no inscribieron su contrato de opción ni atacaron en su demanda el título del recurrente —razones por las cuales no está enjuego la figura del adquirente de buena fe en este caso— no sabemos, ni el tribunal lo explica, qué tienen que ver los hechos antes relatados con la controversia que motivó la resolución de la cual se recurre.

      (5) Recordemos que en el caso Rocafort v. Álvarez; 112 D.P.R. 563 (1982), este Tribunal se enfrentó a la real contradicción entre la Regla 56.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y el Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2401, resultando ser ésta la siguiente: respecto al aviso de pleito pendiente (lis pendens), regulado por la citada Regla 56.7, no se requiere, para su anotación en el Registro, la intervención judicial, siendo la voluntad de las partes el factor necesario para tal anotación. La situación bajo el Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, es distinta ya que el procedi-miento utilizado para llevar a cabo una anotación de demanda bajo el primer inciso de este artículo se rige por el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2402. Esta- disposición hace necesaria la presentación de una copia certificada de la demanda sólo “cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio” (Art. 113, supra), en los demás casos hará falta una providencia judicial al efecto.
      Dicha contradicción fue resuelta por el Tribunal al expresarse de la forma si-guiente:
      “El desarrollo y extraordinario avance de la facultad de interpretación judicial de las leyes por el método evolutivo histórico, también llamado sociológico, y el re-curso a la sistematización del Derecho, pueden ir en auxilio de la integridad de nuestro ordenamiento legal declarando ineficaz el primer párrafo de la Regla 56.7 y conservando su párrafo segundo que introduce el provechoso y justo recurso de fianza que permita al demandado que sufre la anotación de sus bienes liberarlos de este gravamen interino, pero aun así gravamen, mediante la prestación de adecuada fianza.” Rocafort v. Álvarez, supra, pág. 572.

      (8) Véase P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 D.P.R. 231 (1989), en cuanto al uso del embargo para asegurar la efectividad de una sentencia.

      (7) 30 L.P.R.A. see. 2401.

      (8) Continuamos llamando lis pendens a la anotación realizada con el propósito de dar publicidad a terceros de Una demanda que tenga que ver directamente con el título inscrito en el Registro de la Propiedad. Recordemos que el caso Rocafort v. Álvarez, supra, sólo aclara la forma en que se llevará a cabo tal anotación, la cual deberá hacerse mediante intervención judicial o copia certificada de la demanda. Sin embargo, el concepto lis pendens sigue siendo adecuado al referirnos a la mencionada anotación.

      (9) 30 L.P.R.A. see. 2402.

      (10) 30 L.P.R.A. see. 2473.

       “JvJq obstante lo dispuesto en la see. 284 de este título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles o inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.
      “Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cual-quiera de los cónyuges en contravención a esta sección, y los demás dispuestos en este título, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus herederos.
      “El cónyuge que se dedicare al comercio, industria, o profesión podrá adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, por justa causa, sin el consen-timiento del otro cónyuge. No obstante, será responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de gananciales. Esta acción se ejercitará exclusivamente en el momento de la disolución de la sociedad legal de gananciales.” 31 L.P.R.A. see. 3672.

      (12) 31 L.P.R.A. sec. 3513.

      (13) Véase Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982).

       Véase esc. 4.

       Sobre este particular, la juez de instancia hizo la determinación siguiente:
      “... Sobre su incomparecencia al otorgamiento de la escritura la señora Marta Díaz Figueroa atestó que no podía dejar solo el colmado en Hatillo porque ese día el único empleado que tenían había faltado, pero cuando llegara su esposo ella ratifi-caría la escritura. Su esposo retornó al negocio alrededor de las 7:00 de la noche y no le dijo que fuera a firmar. Nunca firmó. No estaba de acuerdo con la compra. Luego testificó que no había firmado porque el licenciado Vera Vélez, al cual conocía y había otorgado escritura en su presencia, [sic] no la había llamado. Más adelante testificó que no fue al oto[r]gamiento de la escritura porque su esposo le informó que ella no tenía que firmar. El [sic] Tribunal no le mereció credibilidad el [sic] testimonio de Doña Marta V[i]rgen D[í]az Figueroa, por las contradicciones incurridas para justi-ficar su incomparecencia al otorgamiento de la Escritura Número 112, no obstante haber testificado que en otras ocasiones que vendió y/o compró propiedad con su esposo siempre compareció al otorgamiento de la misma ante el Notario Público Jorge A. Vera Vélez.” Escrito de revisión, Apéndice A, págs. 8-9.
      Dicho testimonio tiende a explicar las razones por las cuales la señora Díaz no compareció en la escritura de compraventa al momento de su otorgamiento. No obs-tante, las razones que tuvo ésta para no hacerlo son inmateriales. Lo importante sobre este particular sería determinar si existe la manifestación voluntaria e inequí-voca de dicha cónyuge al efecto de ratificar el referido negocio jurídico mediante los medios que la ley señala. Por considerarlo innecesario a la luz del remedio provisto en este caso, no habremos de pasar juicio sobre dicho testimonio y su efecto a la luz de lo dispuesto en los Arts. 1261 y 1313 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3520 y 3672, sobre éste.
      Surge de los autos, además, que la señora Díaz testificó sobre el hecho de que ella misma expidió sobre su firma algunos cheques destinados a pagar los plazos de la hipoteca que grava el referido inmueble.

      (1) Tenemos algunos reparos en catalogar como opción de compra el contrato celebrado. Aquí tanto el objeto estaba definido como el precio se había estipulado (de hecho se había pagado una parte del precio). Sólo faltaba la entrega, porque Rosa M. Martínez Rondón no estaba en condiciones de efectuarla. Intuimos que más bien se trató de un contrato de compraventa sujeto a una condición suspensiva. Cumplida la condición —aprobación de la segregación— cobró plena efectividad el contrato. Véase M.J. Godreau, La opción de compra en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R. 565 (1984).


author: per curiam:

text:
      In re Algimiro Díaz Ayala.

      Número: 7204

      Resuelto: 10 de marzo de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Algimiro Díaz Ayala, pro se.

   per curiam:

El 15 de noviembre de 1991 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos rindió un informe sobre la obra notarial del abogado notario Algimiro Díaz Ayala. En dicho informe nos indica que el 27 de septiembre de 1985 autorizó al notario Díaz Ayala a trasladar sus Pro-tocolos a la Ave. Condado 609, Oficina 709, en Santurce. Desde entonces no ha tenido la Oficina del Director de Ins-pección de Notarías notificación alguna de que dicho nota-rio se haya mudado.

Tanto el formulario sobre la actividad notarial del abo-gado notario Díaz Ayala de 1990, como los índices notaria-les, reflejan esa misma dirección.

Continuó informándonos el Director de la Oficina de Inspección de Notarías que su oficina no ha podido comu-nicarse con dicho notario “a pesar de visitas periódicas y llamadas telefónicas que ha hecho al lugar en que radica su oficina y las notificaciones que le ha hecho por correo”. Los índices notariales del abogado notario Díaz Ayala re-flejan que éste ha tenido actividad notarial sujeta a inspección.

El 27 de noviembre de 1991 emitimos una resolución ordenándole al abogado notario Díaz Ayala que nos infor-mase su dirección actual y mostrase causa por la cual, a tenor con lo dispuesto en los Arts. 7 y 53 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. sees. 2011 y 2077), no deba ser disciplinado como notario.

El abogado notario Díaz Ayala ha comparecido y “acepta no haber cumplido con las disposiciones del Artículo 7 y 53 de la Ley Notarial de 1987, Ley número 75[, supra]”. Alega que su actuación no ha causado daño y que ésta se debió a una serie de problemas de índole personal. También nos informa que desde que vendió sus oficinas, aparentemente para el año 1989, “no [ha] podido ni [ha] tenido oficinas específicas en ningún lado y [ha] vivido como un nómada, mudándose de residencias alquiladas en por lo menos cinco ocasiones”.

De acuerdo con el abogado notario Díaz Ayala, las escri-turas que ha hecho las ha mantenido “dentro de un archivo especial, encuadernadas de conformidad, y dicho archivo [lo] acompaña en [sus] mudanzas para garantizar su cus-todia y seguridad”. Informó, además, su dirección actual.

Tomando en consideración que el abogado notario Díaz Ayala ha admitido no haber cumplido con las disposiciones de los Art. 7 y 53 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y las razones expuestas por éste para dicho incumpli-miento, se dictará sentencia suspendiendo al abogado no-tario Algimiro Díaz Ayala del ejercicio del notariado de forma indefinida hasta que éste acredite que sus circuns-tancias personales han cambiado y que está en posición de cumplir a cabalidad con todas las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico. Además, se ordenará al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de los Protocolos y registros de afidávit del abogado notario Díaz Ayala.