source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    Arturo Ramos Villanueva, demandante y recurrido, v. Juan Cintrón, Secretario de Comercio, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-81-137

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de los demandados y recurrentes; Noel Vera Mercado, abogado del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Confirmamos [a opinion del Tribunal Superior anulan-do en las circunstancias fácticas del caso de autos un despido por motivos polIticos. La tesis de los demandados recurrentes de que dicho despido es válido por razOn de que el cargo que ocupaba el recurrido Ramos Villanueva -Director para la regiOn de Aguadilla- era de confianza y participaba en la formulación de politica püblica, vulnera las garantIas básicas de nuestra Constitución, la Primera Enmienda de la Constitución federal y su mâs reciente jurisprudencia. Nos explicamos.

I

La ilustrada sala sentenciadora encontró probado que la cesantía de Ramos Villanueva se debió principalmente a su afiliación política. Aplicó entonces la norma establecida por el Tribunal Supremo federal en Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980), y determinó que el despido era nulo. Al así hacerlo, actuó correctamente.

En Branti, decisión basada en el derecho fundamental de libertad de asociación el Tribunal federal estimó que “si la Primera Enmienda protege a un emple-ado público de despido por lo que ha hablado, también debe protegerlo de separación basada en sus creencias. Bajo esta línea de análisis, a menos que el gobierno pueda demostrar ‘un interés superior’ de importancia vital que requiera que las creencias privadas de la persona coinci-dan con la autoridad nominadora, sus creencias no pueden constituir la razón única para privarlo de continuidad en el empleo”. Pág. 515. Citando a Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976), reconoció que la afiliación partidista podía ser “un requisito aceptable para algunos tipos de empleo en el Gobierno”, y por ende concluyó que “si las creencias políticas privadas del empleado interfieren con el descargo de sus deberes públicos, sus derechos de Primera Enmien-da deberán ceder al interés vital del Estado en mantener la eficacia y eficiencia gubernamental . . .”. En virtud de esos razonamientos resolvió:

En resumen, la indagación última no es si la etiqueta de “formulador de normas” o “de confianza” aplica a un puesto en particular, por el contrario, la cuestión es si la autoridad nominadora puede demostrar que la afiliación político-partidista es un requisito apropiado para el desempeño del cargo público envuelto. (Énfasis suplido.) Págs. 517-518.

De los pronunciamientos expuestos es razonable concluir que recae sobre la autoridad nominadora (el gobierno) desfilar prueba demostrativa de que la afiliación política particular del empleado es “requisito apropiado” para el desempeño efectivo del cargo en cuestión, o sea, le corresponde establecer la existencia de intereses gubernamentales que son de importancia y jerarquía superior a los derechos del empleado bajo la Primera Enmienda.

En este aspecto, en el caso de autos, fracasó el Estado. Surge del récord que la autoridad nominadora no presentó prueba alguna demostrativa de que la afiliación política del incumbente de la plaza que ocupaba Ramos Villanueva fuera requisito apropiado para el desempeño efectivo del cargo. Por el contrario, la Directora de Personal de la agencia manifestó “no tener conocimiento de que la afilia-ción política del incumbente de la plaza tuviera impacto alguno o en forma alguna fuera esencial al desarrollo de los programas de la agencia”. Su testimonio quedó corro-borado por la prueba del propio Estado en el sentido de que plazas análogas —la de los directores regionales de Guayama y Fajardo— “están clasificadas en el servicio de carrera sin que tal situación haya causado problemas de naturaleza alguna en el desarrollo de los programas del Departamento...”.

Para superar el impacto decisivo negativo de esa realidad, los recurrentes otorgan valor desproporcionado a una carta del 23 de junio de 1973, en la cual el entonces Secretario de Comercio, Sr. Damián Folch, informaba a la Directora de Personal, Sra. Milagros Guzmán, su acción de clasificar la plaza que ostentaba Ramos Villanueva en el “Servicio sin Oposición”. Un análisis detenido de su contenido, a lo sumo, refleja la siguiente visión de su autor: (a) que la persona a ocupar el puesto debería ser de la confianza del Secretario; y (b) que “tendr[í]a que tomar decisiones a iniciativa propia” para implementar la ley, esto es, participaría en cierto modo en la formulación de normas. A menos que por inferencia concluyéramos que la expresión al efecto de que ese funcionario “. . . me representa como Secretario de Comercio, a la vez que representa nuestro Gobierno”, engloba, comprende y ex-pone un reclamo de estricta afiliación partidista, no existe ninguna prueba que tienda a favorecer la tesis del Estado. Aun así, según hemos indicado, habría que descartar, sin justificación aparente, el testimonio directo no contradicho de la Directora de Personal en el sentido de que la afiliación política del incumbente no tenía “impacto alguno o en forma alguna [era] esencial al desarrollo de los programas de la agencia”. En otras palabras, el récord es contrario a las siguientes interrogantes: ¿Es necesaria una afiliación política particular para el fiel desempeño de las funciones del cargo? ¿Existen intereses gubernamentales de suficiente peso que justifiquen invadir los derechos constitucionales del incumbente? Repetimos, la evidencia presentada por el Estado sólo permite contestar estas preguntas en la negativa.

II

Aclarados los extremos de la prueba, fácil es advertir que la acción de la autoridad nominadora es una intromisión indebida en el derecho de Ramos Villanueva a no ser discriminado por razón de preferencias o ideas políticas consagrado en nuestra Constitución. Art. II, Secs. 1, 4, 6, 7. No cabe duda de la naturaleza sustancial de ese derecho —fundamental en un sistema de gobierno democrático y corolario de la dignidad, respeto e igualdad ante la ley. Aunque no es ilimitado y, en determinadas situa-ciones, puede ceder ante intereses colectivos de superior jerarquía —Hermina González v. Secretario del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 675 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 446 (1975); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968)— , en las circunstancias del presente caso —y expuesto a un análisis de estricto escrutinio judicial, Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980)— ese derecho debe prevalecer.

III

Para ultimar, esta decisión no pasa juicio sobre la validez per se de una clasificación de confianza, ni cuestiona la facultad de la autoridad nominadora, en tales instancias, para prescindir de los servicios de un incum-bente sin previa notificación, formulación de cargos y celebración de vista. Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195, 197 (1974). Tampoco prejuzga la posibili-dad de que en otros casos de despido, atribuibles única-mente a razones políticas, pueda legítimamente detectarse y demostrarse —a satisfacción del Poder Judicial— que el requisito de “afiliación política” está expresamente esta-blecido o implícitamente sumergido e incluido en la clasificación anterior, adoptada mediante acción legisla-tiva; ejecutiva o administrativa al crear un puesto bajo la categoría de confianza.

Nuestra decisión simplemente significa que el diseño constitucional prevaleciente reconoce y permite que, en determinadas circunstancias, pueda válidamente exigirse una particular afiliación político-partidista como requisito para obtener o mantener un empleo público. Sin embargo, en virtud de la excelencia que presupone y persigue un sistema de personal basado en el mérito, la continuidad y estabilidad mínimas en el funcionamiento gubernamental —independientemente de quién temporal-mente ostenta el mandato del pueblo— y la madurez y tolerancia democrática a que aspira nuestra Constitución, es razonable concluir que dichos casos constituyen la excepción y no la regla general. El caso de autos cierta-mente no es susceptible de ubicarse en la norma de singularidad contemplada.

Por los fundamentos expuestos, en estricta juridicidad y análisis constitucional, procede sentencia que confirme el dictamen del Tribunal Superior que decreta nulo el despido.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

_O-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Los hechos de este caso de despido están expuestos con claridad y en forma condensada en determinaciones ori-ginales, suplementadas por unas adicionales, de la Sala de Aguadilla, que transcribimos:

[Hechos probados] El Sr. Antonio [sic] Ramos Villanueva fue designado el 10 de julio de 1973 para ocupar el puesto de Director Regional del Programa de Comercio Local del Departamento de Comercio para la Región de Aguadilla. Su puesto, a la fecha de nombramiento era en el servicio sin oposición.
En tal capacidad, sus funciones eran de naturaleza eminentemente ejecutiva. Entre otras, incluía: a) asesorar al Secretario Auxiliar del Programa de Comercio Local en asuntos relacionados con la educación y adiestramiento de personal del comercio; b) planificar,, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades técnicas y administrativas relacionadas con los programas de desarrollo del comercio en la región; c) establecer métodos de trabajo que faciliten la consecución de los objetivos del programa; d) coordinación con otras agencias; e) asesorar al Secretario Auxiliar del Programa de Comercio Local en el campo de actividades del programa en la región.
Este puesto fue creado originalmente en el servicio por oposición. A solicitud del Secretario de Comercio a la Oficina de Personal en junio de 1973, fue transferido al servicio sin oposición. Se fundamentó la solicitud en que el incumbente a ser nombrado debía ser una persona de la confianza del Secretario. Además, que tal persona necesi-taría bregar con bastante independencia y tomar decisiones de iniciativa propia a los fines de llevar adelante el programa de la agencia.
Aprobada la nueva Ley de Personal de 1975, el puesto ocupado por el señor demandante, (ahora clasificado como Director Ejecutivo) fue incluido entre los puestos de con-fianza en el Departamento de Comercio. Tal clasificación fue aceptada por la Oficina de Personal de San Juan mediante memorando al Secretario de Comercio, fechado 28 de septiembre de 1976. Se hizo la correspondiente reasignación de la plaza en un puesto en el servicio sin oposición a puesto de confianza, efectivo el día primero de octubre de 1976.
Tras el cambio de administración ocurrido el día 2 de enero de 1977, se remitió comunicación al demandante fechada 3 de febrero de 1977 informándole que se le separaba del puesto por ser uno de confianza, siendo dicha separación el día 7 de febrero de dicho año efectiva.
Pocos días después de la separación del demandante, se designó a otra persona para ocupar el mismo puesto.
La prueba aportada nos convence fuera de duda que la cesantía del demandante y su sustitución se fundamentó en el criterio principal de afiliación política. El demandante es una persona plenamente identificado con el Partido Popular, que fue derrotado en las elecciones de 1976; su sustituto es una persona identificada con el Partido Nuevo Progresista, que ganó dichas elecciones.
A la fecha de su cesantía, el demandante llevaba 16 años continuos de servicios como empleado público y a base de su capacidad y mérito había ascendido desde un puesto de Auxiliar de Ingeniería en la Junta de Planificación hasta el de Director Regional del Departamento de Comercio a la fecha de su despido. No hubo prueba alguna, ni intento alguno de la parte demandada tendiente a desfilar prueba a los fines que el demandante no fuera una persona con la capacidad, conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar la plaza que ocupaba. Tampoco hubo prueba alguna demostrativa de que su afiliación política distinta a la del partido en el poder creara o pudiera crear problemas de clase alguna en la implementación de los programas de gobierno en ese departamento. Aún más, la Directora de Personal de la Agencia expresó no tener conocimiento de que la afiliación política del incumbente de la plaza tuviera impacto alguno o en forma alguna fuera esencial al desarro-llo de los programas de la agencia.
La prueba de la propia parte demandada demostró, además, que la plaza de Director Regional para las regiones de Guayama y Fajardo están clasificadas en el servicio de carrera, sin que tal situación haya causado problemas de naturaleza alguna en el desarrollo de los programas del Departamento para esas regiones. Tales hechos permiten concluir que la clasificación del puesto de Director Regional de Aguadilla como puesto de confianza, aún cuando consti-tuye una clasificación válida de conformidad con la Ley y Reglamentos vigentes, obedece más bien a una situación de conveniencias funcionales y administrativas del Departa-mento que a cuestiones de una necesidad imperativa en mate-ria de libertad absoluta para la selección del incumbente de la plaza. Es oportuno señalar que la decisión en cuanto a puestos a ser incluidos como de confianza la hace el propio jefe de la agencia. La intervención de la Oficina de Personal es solo a los efectos que tal asignación se ajusta a las normas aplicables de la Ley y el Reglamento de Personal.
[Conclusiones de hecho adicionales] El demandante, al momento de ser seleccionado Director para la Región de Aguadilla del Departamento de Comercio, ocupaba una plaza de maestro coordinador de área en periodo probatorio en el Departamento de Instrucción Pública, la que ocupó hasta el día anterior a iniciarse en la Plaza de Director Regional mencionada.
Por razones de conveniencia administrativa de las agen-cias su movimiento de una agencia a otra se hizo mediante el procedimiento de renuncia en el Departamento de Instruc-ción y nuevo nombramiento en el Departamento de Comer-ció, pero transfiriéndosele las diversas licencias acumuladas en el Departamento de Instrucción.
En su capacidad de Director Regional del Departamento de Comercio, el demandante era el responsable de poner en vigor en la región los diversos programas departamentales adoptando aquellas medidas y normas intrarregionales nece-sarias a tal fin.
El demandante era el representante del Secretario de Comercio en la región, con facultad para hacer cumplir aquellas políticas (policies) que se adoptaban al nivel de-partamental central.
Según consta de comunicación dirigida por el Secretario de Comercio al Director de Personal en ocasión en que se solicita un cambio de status de la plaza de Director Regional del servicio por oposición al servicio sin oposición de junio de 1973, el Director Regional debe ser una persona que goce de la confianza personal del Secretario de Comercio por ser la persona que le representa oficialmente en todos los actos oficiales en la región.

Con fundamento en estos hechos el Tribunal Superior concluyó que la característica de libre selección y remoción atribuida por la Ley de Personal a los empleados de confianza, 3 L.P.R.A. see. 1350, pierde toda eficacia por acción de la cláusula contra discrimen de la Constitución de 1952, Art. II, Sec. 1, si el ejercicio de la facultad de despedir por el jefe de agencia está contaminado con elementos de discrimen. Reconoció como excepción única a la acción paralizante de la proscripción constitucional del discrimen, la que se da en Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980), cuando la afiliación política del empleado es condición esencial al desempeño de peculiares funciones del cargo. Al recurrir el Secretario de Gobierno, notamos conflicto con nuestra decisión en Pierson Muller II v. Feijoó, 108 D.P.R. 261 (1978), y expedimos auto revisión.

El Tribunal Superior buscó apoyo para su decisión del caso en Branti v. Finkel, supra, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue el orden de razona-miento adoptado por este Tribunal en Pierson Muller II al expresar: “Si la Primera Enmienda protege un empleado público de despido por lo que ha hablado, también debe protegerlo de separación basada en sus creencias. Bajo esta línea de análisis, a menos que el gobierno pueda demostrar ‘un interés superior, de importancia vital’, determinante de que las creencias privadas de la persona coincidan con la autoridad empleadora, sus creencias no pueden constituir la razón única para privarlo de continuidad en el empleo público.” Branti v. Finkel, supra, págs. 515-516. Y ha-ciendo referencia a Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976), añade la opinión en Branti: “La afiliación partidista puede ser un requisito aceptable para algunos tipos de empleo en el Gobierno. Asi cuando las creencias políticas privadas del empleado interfieren con el descargo de sus deberes públicos, sus derechos de Primera Enmienda deberán ceder al interés vital del Estado en mantener la eficacia y eficiencia gubernamental. . . . En fin, la encuesta última no es si la etiqueta de ‘formulador de normas’ (policy maker) o ‘de confianza’ aplica a un puesto en particular; por el contrario, la cuestión es si la autoridad empleadora puede demostrar que la afiliación partidista resulta un requisito apropiado para el desempeño efectivo del cargo público envuelto.” (Énfasis nuestro.) Págs. 517-518.

En Pierson Muller II, supra, concluimos que el derecho de la mayoría democrática del pueblo a organizar el Gobierno, por surgir de la voluntad colectiva expresada en el sufragio de los más, tiene prioridad y preferencia, sobre el derecho del empleado de confianza a retener su empleo con entera abstracción de sus ideas políticas. En el inevitable choque que nace de la incompatibilidad de intereses protegidos por las cláusulas de poder político de la Constitución y este precepto de protección individual contra el discrimen, hemos resuelto que debe ceder el interés individual, en reconocimiento del predominante interés público en la eficiencia de la administración. La presente situación de conflicto es aún más definida que la planteada en Sucesión Capella v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974), entre el derecho a la vida íntima y el de culto religioso, toda vez que los derechos individuales allí afectados giraban en una órbita limitada de espacio y personas, mientras que el reclamo del demandante recu-rrido se proyecta con dimensiones de someter a su particular conveniencia el interés preferente en la eficaz realización del programa de Gobierno. “ ‘En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeto a las limitaciones estable-cidas por la ley con el único fin de asegurar el reconoci-miento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del BIENESTAR GENERAL en una sociedad democrática.’ ” Declaración Universal de los Derechos del Hombre (París, 10 Dic., 1948) citada en Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 675 (1978).

El administrador o jefe de agencia gubernamental tiene la encomienda y el deber de realizar un programa y de efectuar una política pública del modo más eficaz. Por necesidad, sus ayudantes inmediatos han de estar identi-ficados con esa gestión pública porque sobre ellos recae la orientación normativa de la misma, y de ahí la razón para que sean de libre selección y remoción por el jefe. La duración de su empleo la determina la confianza del jefe en su idoneidad y fidelidad para hacer efectiva la enco-mienda de gobernar. Este empleado de confianza no podrá oponer su libertad de expresión o de creencia para retener su puesto como disidente, pues con ello enervaría el superior interés del Estado en que los hombres llamados a gobernar puedan encauzar sus programas con óptima efectividad. Si a juicio del jefe de departamento la afiliación política del empleado de confianza lo coloca en plano de incompatibilidad ideológica con las normas y propósitos del administrador, éste siempre estará en entera libertad para prescindir de sus servicios. Si el jefe ha de responder al pueblo por su gestión de administrador, parte de su compromiso es evitar que disidentes ideológicos en posiciones sensitivas de decisión la obstruyan o la derroten. Generalmente, las ideas sobre planes y programas de gobierno forman el contenido de la afiliación política de la persona, especialmente en la tradición partidista del régi-men democrático, por lo que la licencia que confiere el superior interés público en materia de empleados de confianza no se detiene ante la protección del individuo contra discrimen provisto en nuestra Constitución. “Aun-que la afiliación política no ha de ser criterio decisivo para llenar puestos de menor jerarquía en el Gobierno, la razón para admitir criterios ideológicos en niveles significativos de política pública, tiene la suficiencia apremiante que resiste un ataque de Primera Enmienda.” Tribe, American Constitutional Law, 1978, pág. 706.

Tratándose de un cargo de confianza cuyo incumbente participa en la formulación de política pública y normas de gobierno, los hechos de este caso se rigen por la afirmación en Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195, 198 (1974), al efecto de que los Directores Regionales son álter egos del jefe de Departamento y como tales empleados de su estricta confianza sujetos a la facultad de libre selección y remoción. En sus propias determinaciones la sala de instancia revela la naturaleza esencial de confianza del puesto del recurrido desde que el anterior Secretario de Comercio, Sr. Damián Folch pidió que así se clasificara en carta a la Sra. Milagros Guzmán, Directora de Personal (25 junio, 1973) en que le notifica su acción de cambio del referido puesto de uno por oposición a uno de confianza con el siguiente texto:

A esa misma fecha incluiré en el Servicio sin Oposición el puesto número 236 del Director Ejecutivo I asignado a la Oficina Regional de Aguadilla. Este puesto, cuyo título funcional es de Director Regional, fue creado el 1ro. de julio de 1972 y desde entonces ha permanecido en el Servicio por Oposición.
Esta acción está basada en que el incumbente a nombrarse debe ser una persona de mi entera confianza como Secre-tario de Comercio. La Oficina Regional de Aguadilla, dada la situación geográfica, en parte, necesita bregar con bas-tante independencia, toda vez que el Director Regional tendrá que tomar decisiones a iniciativa propia con los fines de poder implementar y darle continuidad a la encomienda que por Ley se nos ha dado. En sus funciones él me representa como Secretario de Comercio, a la vez que representa nuestro Gobierno.

Tan explícito documento le niega base a la observación del juez sentenciador en cuanto a que la clasificación de confianza respondía más bien a arreglos administrativos, y que no estaba convencido de que la afiliación política del Director regional, distinta a la del partido en el poder, creara problema de clase alguna en la efectuación de programas de gobierno. El magistrado, sin embargo, rectificó esa apreciación en las determinaciones adicionales arriba transcritas que definen las funciones del Director regional recurrido como normativas, y de participación crítica en la realización de la política pública del Depar-tamento.

La naturaleza del cargo público de confianza del recurrido excluye inevitablemente su disidencia ideológica. La peculiar interpretación que de Branti v. Finkel hace la mayoría, resulta en derogación de dos explícitos mandatos de la Ley de Personal (Núm. 5 de 14 octubre, 1975) que en su Art. 5.10, inciso 4, expresamente incluye los directores regionales de agencias como empleados de confianza, y en el inciso 8 declara que “los empleados de confianza serán de libre selección y remoción”. En cercana perspectiva, esta decisión niega al país el servicio público de los mejores hombres y mujeres que nunca podrían organizar su departamento o su agencia con un personal de confianza impuesto por los que se aferran a su silla en deliberado desafío del veredicto electoral; o por injunction del tribunal que ampare su tozudez de rémora. Ninguna sociedad democrática es gobernable sin un número limitado de empleados de confianza que intervienen o colaboran en la formulación de la política pública y en la realización normativa de los programas de gobierno, que asesoran directamente o prestan servicios al jefe de la agencia. (Texto del Art. 5.10 citado, 3 L.P.R.A. see. 1350.)

La espada que blandió este Tribunal con justicia para los empleados municipales temporeros en Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), se ha convertido en ariete destructor de la efectividad en la administración pública. Ha engendrado la mayoría en errado concepto del principio de mérito, una figura de gobierno o administración cuyo servicio rehuyen los me-jores, y que de atraer a alguno mal informado se encon-trará dirigiendo una agencia con un personal de confianza inamovible. La total imposibilidad de funcionar la admi-nistración entrante con jefes y subjefes de agencias y demás personal de confianza del adversario derrotado en las elecciones es hecho de conocimiento general, notorio y a la vista ahora mismo en nuestro panorama político. El superior interés público en la organización del gobierno y en la eficiencia de la administración es patente en nuestro medio, no hay que sentar testigos para probarlo; ni Branti v. Finkel, ni la Primera Enmienda conducen a este resultado disolvente, ni el Tribunal Supremo de los E.E.U.U. sobrepondría la obstinación de un empleado, al valor y eficacia del sufragio.

La mayoría trae a Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo, supra, por los cabellos. Los allí protegidos por este Tribunal no eran directores regionales, ni asesores, ni ayudantes inmediatos que intervienen en la función nor-mativa de gobierno; eran capataces, empleados de nómina, pertenecientes a la clase de los más desvalidos, cuya incumbencia en nada podía entorpecer la eficiente admi-nistración del municipio. De ellos al recurrido Director regional hay una gran distancia, la que destaca la comuni-cación del Secretario de Comercio Folch, ante, al definir el incumbente Director Regional —de confianza según la Ley de Personal y Díaz González v. Tribunal Superior, supra— como la persona que le representa, y representa al Gobierno, al tomar decisiones independientes de su propia iniciativa en la consecución de la encomienda pública del Departamento de Comercio.

Es invitación al caos la abolición del concepto de empleado de confianza en nuestra Ley de Personal, inhe-rente en la prohibición de remover adversarios políticos enclavados en puestos de decisiva función normativa, porque siendo personas honestas, capaces y eficientes en cargos de confianza la única razón para negarles esa confianza radica en su discrepancia ideológica con el nuevo jefe.

Entre la interpretación sociológica, método de mayor prestigio en la época presente, y la literal abstracta, la mayoría ha preferido esta última en su adhesión a Branti, supra, y su repudio del Prof. L. Tribe. Se resigna al predominio de la ficción: los jefes de gobierno seguirán escogiendo su personal de confianza y separarán de esas posiciones a los que discrepen de su ideología política cuando ésta, como inevitablemente ocurre, sea obstáculo en su leal ejecución de los programas y planes que ordenó el pueblo en las urnas. Sólo que por no contravenir a la mayoría de este Tribunal ningún motivo darán para la remoción dejando a la especulación de la opinión pública si existe causa estigmatizante para el despido del empleado, como la prevaricación, la ineptitud, la indisciplina, etc. Hasta que un empleado de confianza así removido haga acopio de la prueba, que en estos casos está a la mano, y en la vista de un injunction demuestre hasta la saciedad que aunque su superior ocultó la verdadera razón con silencio de Esfinge, ésta no fue otra que discrepancia ideológica. Y vendrá entonces una sentencia imponiendo al jefe de departamento o de agencia como asesor, consultor y hombre de confianza al que bien pudo ser su más encarnizado adversario político y condenándolo al pago de indemnización. Hermosa manera de propiciar la efi-ciencia de un gobierno, y de respetar la voluntad mani-fiesta en el sufragio. Es hecho notorio que en Puerto Rico absolutamente todos los empleados de confianza en puestos normativos, de asesoramiento y colaboración en la función ejecutiva de un jefe, tienen los medios para probar en el tribunal que la única razón detrás de su despido fue la discrepancia en ideología política con el nuevo jefe. Morirá víctima de la ingenuidad el precepto de la Ley de Personal que declara estos empleados de libre selección y remoción. El auto de injunction y la sentencia en daños contra el funcionario discriminante —hoy fortalecidos por Acevedo Díaz v. Collazo [Srio. de Servicios Sociales], 112 D.P.R. 256 (1982)— se encargará de abolir la clasificación inserta en la ley, sin la cual simplemente no se puede gobernar. La situación nos recuerda el antiguo proverbio: El camino del infierno está empedrado de buenas inten-ciones. En mares de tormenta ya a la vista, sucumbirá la utópica premisa que hoy adopta el Tribunal, buena sola-mente para gobernar el Cielo.

Con estos antecedentes y fundamentos, revocaría la sentencia recurrida.

       Se extienden a Puerto Rico los derechos fundamentales protegidos por la Constitución federal y las normas jurisprudenciales definitorias de su contenido y alcance. Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980).

       En lo pertinente reza:
      “A esa misma fecha incluiré en el Servicio sin Oposición el puesto número 236 del Director Ejecutivo I asignado a la Oficina Regional de Aguadilla. Este puesto, cuyo título funcional es de Director Regional, fue creado 1ro de julio de 1972 y desde entonces ha permanecido en el Servicio por Oposición.
      “Esta acción está basada en que el incumbente a nombrarse debe ser una persona de mi entera confianza como Secretario de Comercio. La Oficina Regional de Aguadilla, dada la situación geográfica, en parte, necesita bregar con bastante independencia, toda vez que el Director Regional tendría que tomar decisiones a iniciativa propia con los fines de poder implementar y darle continuidad a la encomienda que por Ley se nos ha dado. En sus funciones él me representa como Secretario de Comercio, a la vez que representa nuestro Gobierno. ”

      Todo empleado, aun los empleados de confianza gozan de la protección contra el discrimen por razón de ideas políticas. En Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo, 100 D.P.R. 982, 987 (1972) expresamos:
      “La Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe en forma clara que ‘no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, . . . ideas políticas o religiosas’. La proscripción del discrimen es clara y terminante. Su texto no permite distinción alguna. Quiere decir lo que dice. Que el Estado en ninguna de sus múltiples funciones o servicios puede discriminar contra un ciudadano por el mero hecho de ser éste negro, ateo o por sus ideas políticas. Cualquier otra interpretación enervaría su eficacia. Fortalecerla y no enervarla es nuestro deber, como los principales custodios de la Constitución.”

       Recuérdese que la prueba incontrovertidamente estableció que los direc-tores regionales de Guayama y Fajardo estaban clasificados como funcionarios de carrera, mientras que la clasificación de Ramos Villanueva era de confianza. Lo menos que podemos afirmar es la incongruencia que ello representa en la implementación uniforme y científica de un sistema de méritos de personal.

       Puesto bajo juramento en toma de deposición, ¿qué otra motivación puede aducir el nuevo jefe?


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Efraín Espinet Pagán, acusado y recurrido.
    Número: O-80-158

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Martín González Vázquez, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

En el caso de epígrafe el tribunal de instancia ordenó la supresión de 9,500 libras de marihuana en posesión y custodia del acusado por el fundamento de que éstas se ocuparon en virtud de un allanamiento ilegal sin mediar orden previa. Originalmente confirmamos dicho dictamen mediante sentencia por estar igualmente dividido el Tribunal. Pueblo v. Espinet Pagán, 110 D.P.R. 70 (1980).

Posteriormente el Procurador General ha comparecido en moción de reconsideración. A los fines de evaluar los méritos de la moción interpuesta concedimos al acusado recurrido un término de 20 días para que compareciera a exponer lo que en derecho correspondiera y estimara pertinente. Éste no ha comparecido. Resolvemos.

I

Hemos analizado nuevamente la evidencia obrante en autos y las circunstancias particulares del caso y estamos convencidos que debemos reconsiderar. Nos explicamos.

La prueba presentada tendió a demostrar que en respuesta a dos confidencias sobre la estadía de un prófugo conocido por “Bengie” en la finca de los Pomales en el Barrio Pueblito del Carmen del Municipio de Guayama, varios agentes se personaron a la Carr. Núm. 115 desde donde se divisaba una estructura en dicha propiedad. Mediante la utilización de un telescopio lograron ver al aquí recurrido Espinet en los alrededores de dicha estruc-tura y de buena fe creyeron que éste era el prófugo Bengie objeto de la requisitoria. Movidos por esa impresión entraron a la finca pasando por entre unos alambres de púas y se dirigieron al lugar para proceder a efectuar el arresto del supuesto evadido. Al aproximarse al lugar, Espinet se percató de la presencia de los agentes y salió corriendo hacia el interior de la estructura. Uno de los agentes logró darle alcance, agarrándolo por las piernas, y al caer ambos sobre el balcón localizado frente a la puerta de entrada, que estaba abierta, el agente pudo observar cerca de la entrada dos sacos abiertos que conspicuamente contenían picadura y semillas de marihuana. Además percibió un fuerte olor característico de esa sustancia. Como consecuencia, inmediatamente los agentes proce-dieron a penetrar en la estructura encontrando un número sustancial de sacos con picadura de marihuana —en total 9,500 libras— y semillas regadas por el piso y otros utensilios propios relacionados con la preparación y distri-bución al detal del material delictivo (balanza y papel de estraza). Ante esa situación Espinet admitió que esa marihuana no era de él, que le habían pagado por cuidarla y, además, que en esa tarea tenía como compañero a un tal “Joe” y que éste había salido para un negocio en el Pueblito del Carmen.

Al declarar con lugar la moción de supresión el tribunal a quo esencialmente basó su razonamiento en que los agentes del orden público debieron haber obtenido, antes de entrar, una orden de allanamiento judicial y que la entrada al lugar con el propósito de arrestar al evadido Bengie fue tan solo un pretexto para eludir la exigencia de tal orden. Dicho foro, al dirimir la credibilidad de los testigos, dio gran importancia a algunas contradicciones y omisiones de los agentes que efectuaron el arresto y se incautaron del material, a saber: (1) que el Agente Pomales atestara que recibió personalmente al confidente, pero sus compañeros mencionaron en sus declaraciones que fue el Sargento Flores quien telefónicamente recibió la confidencia; (2) que los agentes se percataron de la requisitoria del prófugo, aun cuando un memo sobre la confidencia no mencionaba su nombre, y ningún agente mencionó haber visto otra requisitoria con la descripción parecida a la de ese prófugo; (3) que la requisitoria del prófugo tenía una fotografía imposible de distinguir por lo borrosa, y que de tan solo verla, concluyeron que se trataba del prófugo Bengie, a pesar de no traerla con ellos ni haberlo visto antes; (4) que los agentes llevaran un telescopio, sin explicar sus razones ni mencionarlo en sus declaraciones previas; (5) lo difícil que resultó distinguir unas personas situadas cerca de la estructura durante una inspección ocular celebrada, en contraste con la alegada percepción con que los agentes apreciaron el físico de la persona que se encontraba allí el día del registro; y (6) el que dichos agentes estuvieran adscritos a la Unidad de Drogas de la Policía.

No compartimos el criterio del tribunal de instancia. Las contradicciones de los agentes en cuanto a quién en realidad recibió la confidencia, si la hubo o no, y en cuanto a llevar el telescopio no convierten tales declaraciones en increíbles o improbables. Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 D.P.R. 842 (1971); Pueblo v. Maysonet Arroyo, 98 D.P.R. 60 (1969). Cabe señalar que el Ministerio Público explicó que esa confidencia la “recibió la policía en dos fechas distintas, el 14 de marzo por el Agente Pomales y el 16 de marzo de 1978 por el Sargento Flores”. (A. O., Memo 1 de mayo de 1979, pág. 6.) Tampoco milita en contra el que los agentes no llevaran la requisitoria al lugar del avistamiento. Ello no quiere decir que no podían identificar al evadido. Lo razonable es que los agentes, por ser personas preparadas y entrenadas en labores investigativas, al examinar las fotografías de Bengie —una de ellas completamente clara— retuvieran en sus mentes los elementos descriptivos más esenciales del sujeto.

En cuanto al aspecto de la inspección ocular, aunque importante, en las circunstancias en que fue efectuada, resulta de dudoso valor evidenciario. Ésta se efectuó en un día nublado y lluvioso, situación opuesta a cuando ocu-rrieron los hechos, en que estaba claro y soleado. Aun con estas diferencias adversas, no hubo impedimento para que la juez, el fiscal y el abogado de la Defensa pudieran en ocasiones visualizar y reconocer a una de las personas situadas en dicho lugar para fines de la inspección. (T.E., págs. 2-3.) Por consiguiente, la declaración de los agentes en el sentido de que con el telescopio pudieron ver en el lugar a una persona, y que ésta se les parecía a la que habían visto en la requisitoria, no debe ser descartada. Finalmente, el pertenecer los agentes a la Unidad de Drogas no era ni es impedimento legal para que se involucraran y participaran en la gestión.

Reiteradamente hemos proclamado el principio que obliga a este foro a respetar las determinaciones de hecho de un tribunal de instancia cuando éstas tienen apoyo en la prueba que tuvo ante sí. A pesar de lo sabio de esta norma, cuando se demuestra que un tribunal ha actuado con pasión, prejuicio, parcialidad o que ha errado al apreciar la evidencia, no hemos vacilado en dejar sin efecto sus determinaciones. Esta última es la situación del caso de autos. Aquí el tribunal erró al apreciar la prueba.

Una vez disipadas y superadas las anteriores discre-pancias, aflora como hecho demostrado el que respondien-do a dos confidencias, agentes de la Policía se personaron a la Carr. Núm. 115, y con un telescopio en un día completa-mente claro y soleado observaron que en la finca los Pomales de Guayama se encontraba una persona cerca de una estructura que en dicha finca existía, que en su aparien-cia y contextura física coincidía con el prófugo Bengie. Bajo estas circunstancias los agentes, actuando de buena fe, podían proceder, como lo hicieron, a penetrar en la finca para arrestar al presunto prófugo, aun cuando el que allí estaba en realidad resultó ser otro individuo: Espinet. Esas circunstancias, unidas al diligenciamiento de la orden de arresto previo contra Bengie convalidan la legalidad de la incursión, registro e incautación de la marihuana.

Más aún, presumiendo que parte de lo declarado por los agentes fuese falso no hay motivo para que se rechaze la totalidad de lo declarado. En Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359, 365-366 (1974), reconocimos que el que un testigo falte a la verdad en una parte de su testimonio no conlleva la aplicación absoluta de que deba descartarse el resto de la declaración. Añadimos, además, que la máxima falsus in uno, falsus in omnibus no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la verdad respecto a uno o más particulares. Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 449 (1964); Pueblo v. Nazario, 87 D.P.R. 130 (1963). En otras palabras, es imprescindible armonizar toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que a la misma deba concedérsele. No podemos resolver un caso por detalles que no van a la médula de la controversia. García Rivera v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823 (1962).

Como fundamento adicional para descartar el testimo-nio de los agentes, el tribunal estimó que la declaración, en el sentido de que dos sacos de marihuana estaban cerca de la puerta a la plena vista, era estereotipado. Discrepamos.

Un testimonio honesto no puede calificarse de estereotipado por el simple hecho de que exponga unas realidades tácticas que puedan formar parte del comportamiento usual y. de las reacciones de algunas personas al confrontarse con agentes del orden público. Ciertamente debemos evitar caer en la superficialidad de atribuirle a toda mente y conducta humana presunciones de un pro-ceder automático. Hay delincuentes que realizan el acto delictivo a plena luz del día, sin ocultarse, y otros de manera contraria. Ante determinado reclamo policial pue-den responder de distintas maneras: unos huyen; otros permanecen serenos con la mayor naturalidad; otros se desprenden, a como dé lugar, del material delictivo; otros espontáneamente admiten sin reservas sus actuaciones, etc. La dinámica de la conducta delictiva, aunque diferente en sus protagonistas, medios y en un sinnúmero de circuns-tancias, presenta en el fondo características básicas co-munes. Lo importante es detectar cuándo esas discrepan-cias, producto de las diferencias humanas, están presentes en determinada actuación. Con esta perspectiva en mente es que hemos evaluado el testimonio de los agentes en este caso. Así, el que se ateste que se ocupó la evidencia por estar a plena vista, o por haber sido abandonada o lanzada al suelo no conlleva que estemos ante un testimonio estereotipado que torne ilegal la misma. La calificación de que un testimonio es estereotipado, de ordinario surge cuando se ocupa evidencia en alguna de esas modalidades, y la declaración de los agentes se limita a probar los elementos mínimos del delito. Pueblo v. González Del Valle, 102 D.P.R. 374, 377 (1974). En el caso de autos esta no fue la situación. Aquí los agentes declararon la forma y manera en que tuvieron el acceso a la puerta de entrada. Además, atestaron sobre la existencia de un sinnúmero de otros objetos junto a los dos sacos de marihuana. Los detalles totales del caso, unidos a la localización de la estructura, impiden que el testimonio de los agentes pueda ser calificado de estereotipado. Pueblo v. González Del Valle, supra, pág. 378; Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979).

III

Finalmente, el tribunal a quo estimó que los agentes, desde el momento en que verificaron la presencia del supuesto prófugo, pudieron haber conseguido la corres-pondiente orden “sin poner en peligro su seguridad ni perder el rastro del sospechoso ya que pudieron establecer vigilancia del lugar”. No compartimos ese criterio.

En las circunstancias apuntadas era innecesaria la orden de registro previa, pues existía una de arresto contra el prófugo Bengie, que autorizaba a los agentes a adoptar las medidas conducentes a tal fin, inclusive penetrar en propiedad privada y forzar la entrada a una estructura. Regla 17 de Procedimiento Criminal. Es dudoso el aserto del tribunal de que la búsqueda de dicha orden era sin perjuicio de perder a Bengie. Éste era un prófugo. Se había dado a la fuga antes. Sus antecedentes criminales lo acreditaban como una persona peligrosa, por delitos tales como acometimiento y agresión grave, violación, infracciones de la Ley de Armas, fuga, daños maliciosos y hurto de uso. Es irrazonable ante este cuadro de hechos, y lo fluido e impreciso de la situación, especular y decidir después que no había riesgo de que escapara nuevamente.

Una vez encontrados los dos sacos de marihuana en la puerta, el registro de toda la casa fue razonable y necesario, pues, ¿cómo conocer si había otras personas que pudieran poner en peligro la vida de los agentes? Ninguna persona con cierta imaginación, sentido de prudencia y autoprotección hubiese actuado de otra forma. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971).

Por los fundamentos expuestos, se declara con lugar la moción de reconsideración del Procurador General, se deja sin efecto nuestra sentencia del 20 de junio de 1980, y en su lugar se expide el auto y se revoca la Resolución del Tribunal Superior, Sala de Guayama, fechada 10 de enero de 1980. Se ordena la inmediata continuación de los procedimientos compatibles con lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

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Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Disiento por dos fundamentos.

A mi juicio el Tribunal descarta injustificadamente la apreciación de los hechos que hiciera el Tribunal Superior, y la sustituye por su propia apreciación. Aparte de las contradicciones y omisiones en los testimonios de los agentes, a las cuales este Tribunal resta importancia, pasa por alto que fue la juez de instancia quien vio y oyó declarar a dichos testigos y, además, estuvo personalmente en el lugar de los hechos al practicar una inspección ocular. La prueba que justifique a la Policía apartarse de los preceptos constitucionales que reconocen y ordenan garantizar el derecho a la intimidad y el derecho a protección contra registros y allanamientos irrazonables no puede considerarse livianamente. Dicha prueba tiene que ser aquilatada con mucho cuidado. No me satisfacen las explicaciones que se hacen en la sentencia de este Tribunal para revocar la apreciación que de dicha prueba hizo la honorable juez en instancia.

La Regla 17 de Procedimiento Criminal y el caso Payton v. New York, 443 U.S. 573 (1980), no son, a mi juicio, autoridad para sostener un allanamiento sin orden en las circunstancias aquí presentes. La Regla 17 autoriza la entrada a la fuerza a una edificación, para efectuar un arresto una vez se ha exigido la entrada. En Payton se atacó la validez constitucional de una disposición similar y se resolvió que la Enmienda IV, aplicable a los estados vía la XIV, prohíbe a la Policía penetrar a la casa de un sospechoso para hacer un arresto, si no se tiene una orden o no se obtiene el consentimiento para la entrada. Ex-presamente se señaló que no estaba ante la consideración del Tribunal la autoridad de la Policía para entrar a casa de un tercero a arrestar a un sospechoso. Esta decisión, en que concurrieron seis jueces del Tribunal Supremo federal limita considerablemente el alcance de nuestra Regla 17. Como puede apreciarse, las circunstancias aquí presentes distan mucho de lo preceptuado por dicha Regla.

Como final consideración, me parece arriesgado para nuestro sistema de justicia permitir que la entrada a una casa, sea una mansión o sea una modesta choza, se pueda dejar al arbitrio de la Policía a base de argumentos ingeniosos como los aquí presentes. El hecho de que el allanamiento efectuado tuviera el efecto de descubrir una gran cantidad de marihuana no puede justificar el afloja-miento de las garantías constitucionales. La invasión de un hogar y la validez de su registro no pueden dejarse a merced de los resultados.

Confirmaría la resolución recurrida.

        García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356 (1975); Ruiz v. San Juan Racing Assn., 102 D.P.R. 45 (1974); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Pueblo v. Ortega Otero, 97 D.P.R. 477 (1969); Pueblo v. Santos Cornier, 97 D.P.R. 193 (1969); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964); y Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961).

      “Por tanto, para propósitos de la Cuarta Enmienda, una orden de arresto fundada en causa probable [judicial] implícitamente lleva en sí autorización limitada para entrar a una vivienda en que el sospechoso vive si existe razón para creer que se encuentra allí.” (Traducción nuestra.) Payton v. New York, 443 U.S. 573 (1980).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Robert E. Schneider y Otros, querellados.

      Número: O-77-431

      Resuelto: 5 de abril de 1982

      Graciany Miranda Marchand, Raúl Serrano Geyls, Luis F. Camacho, y otros, abogados del querellante; Robert E. Schneider, pro se, abogado del querellado Héctor R. Ramos Díaz.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico se querelló ante este Tribunal contra noventa y nueve letrados que no habían satisfecho la cuota anual establecida conforme a ley. Dictamos orden de mostrar causa por la cual los querellados no debían ser separados del ejercicio de la abogacía.

Casi la totalidad de los querellados pagaron las sumas adeudadas. Dos querellados, los licenciados Robert E. Schneider y Héctor Ricardo Ramos Díaz, sostienen que la orden emitida por el Tribunal está reñida con la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Solicitaron término, el cual les fue concedido, para sustanciar sus alegaciones.

Los querellados plantearon, en esencia:

(1) que la Asamblea Legislativa carece de poder, por pertenecerle éste exclusivamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico, para establecer requisitos para el ejercicio de la abogacía;

(2) que no puede obligárseles a ser miembros del Colegio;

(3) que la disposición sobre cuotas de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.), es nula por infringir los derechos a la libre expresión y asociación; y

(4) que las cantidades recaudadas por concepto de la cuota requerida como condición para ejercer la profesión de abogado, así como las percibidas por razón de la compra obligatoria de sellos notariales y forenses, son impermisiblemente utilizadas para propósitos extraños a los deberes del Colegio.

Nombramos un Comisionado Especial para recibir la prueba que las partes interesasen presentar. El Comisio-nado rindió informe el 9 de septiembre de 1980. Acompañó una estipulación de las partes sobre las cuestiones envuel-tas, así como la prueba presentada. Los querellados no señalan específicamente las actividades del Colegio que objetan. Tras la presentación de los alegatos correspon-dientes, el caso quedó finalmente sometido en marzo de 1981.

Examinemos las numerosas cuestiones que este pleito entraña.

1. La estructura y reglamentación de la abogacía en Puerto Rico.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico se constituyó el 27 de junio de 1840, conforme al Real Decreto de 5 de mayo de 1838 y la Real Orden de 31 de diciembre de 1839. Todd, Datos Históricos del Rustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, Rev. Co. Abo. P.R., Vol. I, Núm. 1, pág. 81 (1935). La colegiación en España se conoció desde mucho antes. El Colegio de Madrid, por ejemplo, se fundó en 1596 y el 23 de noviembre de 1617 se dispuso por auto acordado que ningún abogado podría ejercer su profesión en Madrid si no era miembro del Colegio. Del Toro, Un Siglo de Vida, Rev. Co. Abo. P.R., Vol. V, Núm. 1, págs. 20, 21 (1940). La colegiación compulsoria de los abogados de Barcelona es de origen aun más antiguo. Carta del Rey Martín de 22 de abril de 1399, cuyo texto se reproduce en A. García-Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, 3ra ed. revisada, Madrid, Vol. II, pág. 145 et seq.

El Real Decreto de 5 de mayo de 1838, conforme al cual se establecieron el Colegio de Abogados de Puerto Rico y muchos otros en España y sus dominios, requería también la incorporación forzosa al colegio correspondiente de toda persona que interesase ejercer la profesión de abogado en la región concernida. La Junta de Gobierno determinaba la admisión de los solicitantes, sujeto a revisión por tribunal competente. El propio Colegio, mediante junta general, fijaba el presupuesto de gastos para cada año y precisaba la cantidad a satisfacerse por cada colegiado. La Junta de Gobierno poseía igualmente amplios poderes de disciplina, sujeto a revisión judicial. Para el texto del Real Decreto, véase: Biblioteca de Ultramar, Madrid, Imp. de Alegría y Charlain, 1844, T. 2, pág. 231 et seq.

La colegiación compulsoria existió en Puerto Rico hasta su supresión por el general John R. Brooke durante la gobernación militar de la Isla por Estados Unidos. General Orders and Circulars, 1898-1900, U.S. Department of War, G.O. 20 de 3 de diciembre de 1898. Se estableció en vez la Asociación de Abogados de Puerto Rico, pálida entidad de índole voluntaria que vivió precariamente hasta la creación del actual Colegio de Abogados por la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.).

El Colegio constituido por la Ley Núm. 43 fue decla-rado el sucesor de los dos cuerpos jurídicos que le prece-dieron. Su establecimiento se condicionó a su aceptación en referéndum por la mayoría de los profesionales con dere-cho a ejercer la abogacía ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Ley Núm. 43, aceptada en el referéndum dispuesto, le impone al Colegio de Abogados las obligaciones, entre otras, de “cooperar al mejoramiento de la administración de [la] justicia”, “evacuar los informes y consultas que el Gobierno le reclame”, “defender los derechos e inmuni-dades de los abogados”, y “sostener una saludable y estricta moral profesional entre los asociados”. 4 L.P.R.A. see. 772. Entre sus facultades se hallan las de adoptar, con la aprobación del Tribunal Supremo, los cánones de ética profesional que regirán la conducta de los abogados; instituir procedimientos de desaforo ante esta Corte; crear montepíos, sistemas de seguro y fondos especiales; organi-zar una fundación “para instrumentar [sic] sus programas de servicio a la comunidad y a la profesión”; y “ejercitar las facultades incidentales que fueren necesarias o conve-nientes a los fines de su creación ...”. 4 L.P.R.A. see. 773.

El Art. 3 de la Ley, 4 L.P.R.A. see. 774, dispone que “ninguna persona que no sea miembro del mismo [del Colegio] podrá ejercer la profesión de abogado en el Estado Libre Asociado”. El Art. 9 autoriza al Colegio a fijar la cuota anual que deberán pagar sus asociados, la cual deberá aprobarse por una mayoría de los miembros que asistan a una asamblea general de la institución. 4 L.P.R.A. see. 780. El Art. 10 provee que “Cualquier miembro que no pague su cuota y que en los demás respectos esté calificado como miembro del Colegio que-dará suspendido como tal miembro, pero podrá rehabili-tarse mediante el pago de lo que adeude por aquel concepto”. 4 L.P.R.A. see. 781.

Los fondos del Colegio de Abogados se nutren princi-palmente de la referida cuota anual, del sello forense que todo abogado debe adherir al primer escrito que presente en cualquier procedimiento judicial, 4 L.P.R.A. see. 783, y del producto de los sellos de impuesto notarial y otros sellos que adopte el Colegio conforme a la ley. Véase la Ley Núm. 115 de 6 de mayo de 1941 (4 L.P.R.A. see. 785).

Es inmeritorio el argumento de los querellados de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico carece de poder para ordenar, como hizo en 1932, la integración de nuestro foro. Es cierto, según hemos señalado repetidas veces, que la admisión al ejercicio de la abogacía es función inherente de este Tribunal y que la legislación aprobada sobre esta materia, tal como la Ley Núm. 43, “es puramente directiva, no mandatoria para esta Corte”. In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251 (1945); Guerrero v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, 60 D.P.R. 241 (1942); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 749-750 (1978) (opinión disidente, por otros motivos, del Juez Antonio Negrón García); Arroyo, Facultad de la Rama Judicial para Reglamentar la Profesión Legal, 20 Rev. Jur. U.P.R. 38 (1950). La preeminencia de la acción judicial en este campo, el cual incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre si debe unificarse o no el foro en una jurisdicción y bajo qué condiciones, no significa que la legislación sobre estos particulares que no conflija con las pautas que este Tribunal establezca sea nula. La Ley Núm. 43, en cuanto establece la colegiación compulsoria en Puerto Rico, es perfectamente válida.

La Ley Núm. 43 cumple legítimos propósitos públicos. Ella revivió una de nuestras más antiguas y preciadas instituciones, de incuestionable valor no sólo para el beneficio del estrecho interés de una clase, sino para el buen funcionamiento de la justicia en el país y el adelanto social de la comunidad. Instituciones como el Colegio de Abogados —y la Asamblea Legislativa ha extendido la afiliación obligatoria a muchos otros grupos— cumplen una función muy especial en nuestra sociedad. A distinción del carácter vigorosamente pluralista de la sociedad norteamericana, la nuestra ha sido tradicionalmente una sociedad de orden monolítico, sin la abundancia de voces independientes que tanto aportan a la salud del modo democrático de vida.

El concepto de la integración del foro en diversas partes de Estados Unidos ha vivido una historia diferente a la nuestra. El concepto se propagó en el siglo veinte, mas desde el 1921 hasta la fecha de presentación de este pleito treinta y dos estados, junto a las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia, han unificado sus foros y exigido la afiliación obligatoria. Reynolds, Compulsory Bar Dues in Montana: Two (and a Half) Challenges, 39 Mont. L. Rev. 268, 290 et seq. (1978).

La integración se ha realizado por acción legislativa en muchos Casos y en otros por regla de la corte estatal de última instancia, bien por poder expresamente conferido o en el ejercicio de su poder inherente. Para ejemplos de esta última modalidad, véanse: In re Integration of the Bar, 432 P.2d 887, 888 (1967); Application of the President of the Mont. Bar Ass’n, 518 P.2d 32 (1974); Petition of Rhode Island Bar Ass’n, 306 A.2d 199 (1973); Petition of Tennessee Bar Ass’n, 532 S.W.2d 224, 229 (1975); In re Washington State Bar Ass’n, 493 P.2d 1237 (1972); Jeffers, Government of the Legal Profession: an Inherent Power Approach, 9 St. Mary’s L.J. 385 (1978).

El poder inherente de los tribunales en este campo es de tal magnitud que, aun ante la existencia de un estatuto que prohibía expresamente la colegiación compulsoria, se ha ejercido el poder judicial para disponer exactamente lo contrario. In re Integration of State Bar of Oklahoma, 95 P.2d 113 (1939). Véase: Petition of Tennessee Bar Ass’n, supra. Se han anulado también estatutos que ordenaban el ingreso de las cuotas correspondientes a la colegiación en los fondos generales del Estado, sujeto a asignación específica por la Asamblea Legislativa. Sharood v. Hatfield, 210 N.W.2d 275 (1973).

No hallamos base alguna para negarle al poder legisla-tivo facultad para revivir el antiguo Colegio de Abogados de Puerto Rico, fundado hace tan largos años.

2. La constitucionalidad de la colegiación obligatoria.

Consideraremos en esta sección tan solo el problema escueto de la constitucionalidad de la colegiación compul-soria, sin referencia por el momento al asunto de la relación entre el uso de las aportaciones económicas obligatorias y el derecho a la libre expresión.

La colegiación obligatoria de los abogados, bien por acción de los parlamentos o de los tribunales, tiene amplia base constitucional, así como la imposición de cuotas. El poder de razón de estado, en el caso de las asambleas legislativas, y la facultad inherente de los tribunales dentro de nuestro ordenamiento jurídico para velar por 1a- buena marcha de la justicia han ofrecido amplia base para justificar la unificación del foro y la adopción de medidas para el sostenimiento de la institu-ción resultante. No se nos ha citado, ni hemos hallado en nuestra investigación independiente, decisión alguna que invalide el concepto de la colegiación compulsoria. Por el contrario, abundan los casos en Estados Unidos en que se rechaza la contención efectuada aquí de que no puede obligarse a un abogado a pertenecer a una asociación profesional cuyos fines él no apruebe. Véanse: In re Scott, 292 P. 291 (1930); Kelley v. State Bar of Oklahoma, 298 P. 623 (1931); Application of the President of the Mont. Bar Ass’n., supra. En Lathrop v. Donohue, 367 U.S. 820 (1961), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad del plan para la unificación del foro de Wisconsin.

Las singulares circunstancias sociopolíticas puertorri-queñas a que nos hemos referido antes apoyan aun con mayor fuerza la constitucionalidad de la Ley Núm. 43. Los intereses públicos en la creación de una sociedad vigoro-samente pluralista, en el mejoramiento de la abogacía y en la buena marcha del sistema judicial pesan decididamente más que las inconveniencias personales que pueda acarrear en ciertos casos la colegiación obligatoria. El derecho a la no asociación, derivable del derecho contrario consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 6, cede ante los intereses señalados, de naturaleza clara-mente imperiosa bajo la constitución puertorriqueña. En diversas ocasiones hemos considerado esta legislación y la hemos aceptado como “legislación satisfactoria para ayu-dar a esta Corte en la reglamentación de admisiones al foro y de la conducta de sus miembros” y hemos resuelto expresamente que “para poder gozar del privilegio que le conferimos a un abogado para ejercer en nuestras cortes ... debe pertenecer al Colegio . . .”. In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251-252 (1945). En Colegio de Abogados de P.R. v. Fajardo, 51 D.P.R. 528 (1937), suspendimos a varios letrados por falta de pago de sus cuotas hasta tanto procediesen a satis-facerlas.

Resolvemos que la Constitución del Estado Libre Asociado, vigente desde 1952, deja incólume el principio recogido en el Art. 3 de la Ley Núm. 43 (4 L.P.R.A. see. 774), al efecto de que ninguna persona que no sea miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico podrá ejercer la abogacía en esta jurisdicción. La obligación de pagar la cuota correspondiente es igualmente constitucional. Bosch y Fajardo quedan inalterados en lo que toca al tema particular que nos ocupa en esta sección. Estamos analizando hasta aquí la validez de la colegiación compulsoria y de las obligaciones de satisfacer determinada cuota y cancelar ciertos sellos. Más adelante nos ocuparemos de la cuestión relativa al uso a que se dediquen los fondos recaudados.

Antes de examinar esta distinción conviene que nos expresemos sobre el ámbito constitucional de acción del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

3. El ámbito de acción del Colegio de Abogados.

Consideramos esta cuestión únicamente a fin de colocar en el marco debido el problema que discutiremos más tarde, referente a la existencia o no del derecho de un colegiado a objetar el uso a que se dediquen los fondos que él personalmente aporta. Existe confusión, según se deriva de los alegatos, sobre qué es lo que puede o no puede hacer el Colegio y sobre la conexión entre este asunto y el derecho a objetar la utilización de fondos para determi-nado propósito. Debido a la insuficiencia del récord sobre este extremo, nos limitaremos a expresar los principios generales que gobiernan el campo, sin pretender definir la extensión completa del derecho a la libre expresión del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Debe señalarse en primer término que el rol histórico de varios antiguos Colegios que influyeron en el desarrollo de otros en la tradición civilista no fue el de simples gremios absortos en la defensa de sus intereses de clase. Por el contrario, en Francia, cuya experiencia repercutió en muchos países, el papel del foro fue eminentemente político desde tiempos remotos. El foro participó activa-mente en los movimientos políticos principales del país, antes y después de la Revolución. Se le suprimió el 17 de agosto de 1789 y cobró nueva vida en 1804. A. Young, A Historical Sketch of the French Bar, Edinburgh, 1869. Véanse: G. Massoniés, La Jurisdiction du Barrean, París, 1912; J. Gueydan, Les avocats, les défenseurs et les avoués de l’Union Francaise, París, 1954. Los colegios españoles fueron suprimidos en diversas ocasiones por gobiernos contrarios a las libertades que éstos profesaban. En las primeras décadas del siglo XIX, cada vez que se restau-raba el gobierno absolutista se suprimía generalmente la colegiación compulsoria. Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, Ed. Seix, s.f., T. VII, pág. 71.

Bajo nuestro régimen jurídico, es evidente que el Colegio de Abogados de Puerto Rico puede dedicarse a toda actividad autorizada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o por este Tribunal que esté racionalmente vinculada a los propósitos expresados en la Ley Núm. 43 ó en la orden que este Tribunal emitiese en su día, si así llegara a determinarlo a petición de parte o a iniciativa propia. El Colegio de Abogados, además, goza como entidad jurídica de amplia libertad de expresión bajo las disposiciones del Art. II, Sec. 4 de la Constitución, al menos tan extensa como la permitida en First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765 (1978). El Colegio no tiene que ser en el caso de Puerto Rico una entidad abstraída y recoleta, temerosa del uso de la voz que le otorga el propio objetivo pluralista que se supone que sirva, aunque tal no es su única razón de ser. En Bellotti se dijo a la pág. 784:

No hallamos apoyo, por tanto, en la Primera o Decimo-cuarta Enmienda o en las sentencias de este Tribunal para el principio que expresiones de otro modo amparadas por la Primera Enmienda pierden tal protección por el simple hecho que su fuente es una corporación que no puede probar a satisfacción de una corte, un efecto significativo sobre su negocio o propiedad.

La libertad de expresión del Colegio de Abogados, en representación de la mayoría de sus miembros, no puede coartarse por colegiados disidentes. Véase: Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). Éstos gozan de su propia libertad de expresión. El nexo entre la libertad de expresión de estos últimos y el modo de utilizar ciertos fondos del Colegio constituye un problema separado. Nos dirijimos a él en la sección que sigue.

4. El uso por el Colegio de Abogados de aportaciones obligatorias.

La primera cuestión a determinar sobre este extremo es si el récord de este caso plantea adecuadamente el problema constitucional de la relación entre el derecho a expresión de un colegiado disidente y el empleo de sus aportaciones para fines que él no aprueba.

El récord no revela las actividades específicas que los querellados objetan, ni la parte de sus aportaciones que se dedican a ellas. Consideramos, no obstante, que estas deficiencias no nos relevan de enfrentarnos al problema constitucional.

Tal ha sido la conclusión a que ha llegado el Tribunal Supremo de Estados Unidos en situaciones similares. En Lathrop v. Donohue, supra, donde se trató el asunto específico de la colegiación obligatoria de los abogados y la imposición de cuotas para el sostenimiento de la institución resultante, cinco jueces estimaron, a pesar del parco récord ante ellos, que no debía rehuirse el problema constitucional, aunque diferían entre sí en cuanto a su solución. Véase al efecto la referencia a Lathrop en Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209, 233 (1977). Véanse también: International Association of Machinists v. Street, 367 U.S. 740 (1961); Brotherhood of Railway and Steamship Clerks v. Allen, 373 U.S. 113 (1963); Railway Employers’ Dept. v. Hanson, 351 U.S. 225 (1956). En Alien se estimó suficiente la siguiente alegación general:

Sumas recolectadas bajo el convenio han sido y serán utilizadas continua y regularmente por las uniones quere-lladas para financiar actividades políticas directamente contrarias al libre arbitrio y voluntad de los demandantes. Pág. 118.

Las alegaciones de los colegiados disidentes en este caso son suficientes para plantear el problema constitucional.

Se nos ha citado a Lathrop como autoridad para la propuesta regla de que la libertad de expresión de una persona disidente no afecta en modo alguno la utilización por el Colegio de Abogados de los fondos aportados por ella. Lathrop constituye autoridad para la constitucionali-dad de la colegiación compulsoria, pero la pluralidad de jueces que suscribió la opinión del Tribunal rehusó expre-sarse sobre la cuestión constitucional que nos ocupa referente a la libertad de expresión. 367 U.S. 830, 845. Esta interpretación de Lathrop se confirma en Abood, supra, pág. 848.

En Abood, no obstante, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abordó directamente el problema que nos ocupa. Los apelantes en tal caso eran empleados gubernamentales que objetaban el pago de cuotas a una unión a la que tenían que contribuir bajo una cláusula de taller agencial, aunque objetaban la negociación colectiva en el .sector público y el uso por la Unión de sumas sustanciales para apoyar causas políticas. El Tribunal en Abood resolvió que la referida cláusula del convenio no violaba la libertad de expresión garantizada por las Enmiendas Primera y Decimocuarta, ni el derecho de asociación, mientras las cuotas se dedicasen a fines obreros. Si los fondos se utilizasen para fines políticos o de otra naturaleza ideoló-gica el Tribunal determinó que la Unión tenía derecho a hacerlo, pero que no podía constitucionalmente emplear los fondos aportados por aquellos que objetasen tales usos.

La norma en Abood no es ¡imitable a la situación laboral que tuvo el Tribunal ante sí. La norma es de índole más amplia y afecta la propia definición del ámbito de la Enmienda Primera a la Constitución de Estados Unidos. L. Tribe, Constitutional Law, The Foundation Press, Inc., 1978, págs. 589-590, 899. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha expresado directamente sobre el particular, varios comentaristas han señalado la conexión entre Abood y el uso para determinados fines de aporta-ciones obligatorias de miembros disidentes de foros inte-grados. Parker, First Amendment Proscriptions on the Integrated Bar: Lathrop v. Donohue Re-Examined, 22 Ariz. L. Rev. 939 (1980); Reynolds, Compulsory Bar Dues in Montana: Two (and a Half) Challenges, supra; Kamenshina, The First Amendment’s Implied Political Establishment Clause, 67 Cal. L. Rev. 1104 (1979).

Abood significa que la libertad de contribuir a causas políticas entraña la libertad de no contribuir. Cuando transponemos la frontera de las actividades más íntimamente relacionadas con la abogacía y la administración de la justicia nos adentramos en una zona de la libertad de conciencia donde el peso de los intereses envueltos cambia decisivamente. Resolvemos en consecuencia que la cláusula sobre libertad de expresión del Art. II, Sec. 4 de la Constitución de Puerto Rico no tiene un sentido más estrecho que el impartido a la Primera Enmienda en este contexto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La colegiación compulsoria es constitucional. La exigencia de aportaciones obligatorias, establecidas por la mayoría de los colegiados, como condición para ejercer la abogacía en Puerto Rico es constitucional también. El Colegio de Abogados puede constitucionalmente, además, expresarse sobre asuntos ideológicos. Los letrados que disientan sobre tales expresiones, aunque no los que se opongan a la realización por el Colegio de los fines que la ley expresa o que este Tribunal señale, gozan por otra parte, bajo la Constitución de Puerto Rico del derecho a objetar el uso de sus aportaciones o de porción de ellas para las actividades ideológicas que desaprueben. Tal desaprobación puede ser de índole general, según se expresó en Allen y Abood.

El reconocimiento del derecho de expresión de un colegiado disidente no resuelve de por sí la controversia aquí planteada. Aún falta confeccionar el remedio apro-piado dentro de las circunstancias envueltas para hacer valer tal derecho.

5. El remedio.

Street, Allen y Abood expresan algunas guías generales para diseñar el remedio debido, mas no se manifiestan en modo definitivo sobre este espinoso problema.

El estado del récord en este caso, el cual permite la discusión efectuada de los problemas constitucionales que hemos examinado, pero dificulta el moldeamiento del remedio, nos inclina a fijar un procedimiento que facilite a la par que promueva, dentro de ciertos parámetros, la forjación de un criterio por el propio Colegio de Abogados, como ocurrió en Abood a iniciativa de la propia unión concernida. A tal efecto dispondríamos:

a) No más tarde de la fecha reglamentaria para cobrar la próxima cuota anual, el Colegio de Abogados, tras oportunidad de expresión a su matrícula, diseñará un método para asegurar que las aportaciones de un colegiado disidente no se utilizarán para fines ideoló-gicos.
b) El método exigirá que toda objeción de tal naturaleza se exprese afirmativamente en la fecha de pago de la cuota. La ausencia oportuna de objeción se entenderá como autorización al Colegio para utilizar las aportaciones para ese año del Colegio conforme a su presupuesto general.
c) El método atenderá debidamente los principios sentados en Street, Allen y Abood.
d) El método incluirá la selección por la matrícula de una Junta compuesta de abogados de reconocido prestigio que, entre otras funciones que puedan asig-nársele, pase juicio, sujeto a revisión potestativa por este Tribunal, sobre la clasificación de las actividades del Colegio, la proporción entre las ordinarias y las de índole ideológica, la validez de las objeciones que algún colegiado pueda hacer a determinadas actividades y sobre toda otra controversia que surja sobre el remedio a disponerse y su aplicación.
e) El método deberá intentar lograr el debido equilibrio entre el derecho a la libre expresión de los miembros disidentes y la necesidad, de orden tan fundamental en Puerto Rico, de mantener un Colegio de Abogados vigoroso, fiel a su tradición y funciones históricas y económicamente saludable.
f) El método no permitirá que se viole por ningún asociado el Art. 10 de la Ley Núm. 43 (4 L.P.R.A. see. 781), u otras disposiciones de ley referentes a la organización y funcionamiento del Colegio de Aboga-dos. Todo colegiado, disienta o no legítimamente del uso de sus aportaciones o parte de ellas para propósitos ideológicos, deberá efectuar en las fechas requeridas las aportaciones que la ley exige o que este Tribunal pueda autorizar en su día. Tal pago no afectará en modo alguno su derecho al remedio a establecerse conforme esta opinión.
g) Hasta tanto se estructura el remedio a que hemos hecho referencia, los querellados deberán satisfacer las sumas que adeuden al Colegio dentro de quince días a partir de la notificación de esta opinión. De no hacerlo quedarán suspendidos del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico desde la fecha de expiración de tal término hasta el momento en que satisfagan las referidas deudas.
h) En atención, de otra parte, al derecho de expre-sión de los querellados, el Colegio de Abogados deberá, hasta tanto se estructure el remedio, depositar en una cuenta separada una cantidad equivalente a la propor-ción que exista entre las sumas destinadas a fines ideológicos, según se estime temporalmente el término por su Junta de Gobierno, y los gastos totales del Colegio. A esa suma se añadirá otra igual, proveniente de las aportaciones efectuadas conforme a ley por miembros que no hayan disentido, y la cantidad depositada resultante se utilizará exclusivamente para los fines ordinarios del Colegio. Se evitará así que se exija a los querellados contribuir desproporcionada-mente a los gastos ordinarios del Colegio.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Superados los debates, más o menos pausados o acalo-rados, que el asunto bona fide pueda suscitar, en estricta juridicidad científica hemos de reconocer la constitucio-nalidad de la colegiación compulsoria. Proponemos y sostenemos la visión de que la unidad institucional de abogados es un presupuesto legítimo para el ejercicio de la actividad forense imperativo, consustancial e inmerso en el axioma rector consagrado en el Art. V de nuestra Ley Fundamental que crea “un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administra-ción”. See. 2. Aunque ciertamente el legajo de la Asamblea Constituyente guarda silencio al respecto, el mismo refleja que todo el extenso debate en torno al Poder Judicial fue motivado y estimulado por el ideal de lograr una eficiente administración de la justicia. Diario de Sesiones, Tomo 4, págs. 2608-2614 (1961). Más aún, el Colegio de Abogados fue una de las organizaciones que más contribuyó, institu-cionalmente y a través de sus miembros, en la discusión, análisis y redacción de nuestra Constitución.

No se precisa, pues, mucha elucidación para compren-der que la asociación compelida y la reglamentación de la profesión de abogados está inexorablemente atada a esa eficaz gestión pro la justicia. No es posible entonces divorciar una de la otra; el sistema judicial integrado es la médula de la dinámica operacional constitucional y tam-bién va de la mano con el régimen unificado de colegiación compulsoria. Forma parte y es congruente con ese manda-to y diseño parlamentario de mayor trascendencia que necesariamente ha de ceder al concepto, también impor-tante, de una libertad incondicionada de asociación.

La unicidad de la profesión jurídica es el medio garantizador de hacer viables los mejores postulados éticos. Está cimentada en el poder de policía del Estado de exigir el colegiado a quienes interesan y desean ejercer una profesión. Ante la evolución del pensamiento contem-poráneo no se discute ya la necesidad de que la admisión a la abogacía —al igual que a otras profesiones y ocupacio-nes— conlleva determinada educación, preparación, requi-sitos académicos y condiciones intelectuales y morales. ¿Cómo, entonces, objetar la obligación de colegiarse cuando el Poder Legislativo o Judicial así lo disponen en aras del interés público y como medio para lograr continuidad en esos atributos?

A base del diseño constitucional expuesto suscribimos la opinión del Tribunal, que sostiene la validez de la colegia-ción obligatoria dispuesta por la Asamblea Legislativa en la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.) —en función eminentemente auxiliadora al poder inherente de este Tribunal— “. . . para reglamentar en sus distintos aspectos la profesión de abogado. Innumerables decisiones antes y después de la aprobación de la Constitu-ción, sostienen ampliamente que . . la remoción, al igual que la admisión al ejercicio de la abogacía, es facultad inherente de la rama judicial. In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255 (1961); In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 121 (1959); In re Pagán, 71 D.P.R. 761, 763 (1950); In re Abella, 67 D.P.R. 229, 238 (1947); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381, 390-391 (1945); In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251 (1945); In re Arroyo Rivera, 63 D.P.R. 796, 798 (1944); Guerrero v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 241, 247-252 (1942); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); In re Tormes, 30 D.P.R. 267, 268 (1922). La razón fundamental para esta doctrina quedó claramente expuesta en In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910): ‘[l]a misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxiliar a la recta administración de justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes mismas’. Recientemente reiteramos que '[s]u misión como tal no se limita meramente a representar intereses privados —en este caso los suyos— sino a ser un instrumento leal y eficaz de la administración de la justicia y del orden en nuestra sociedad.’ Martínez Rivera v. Sears, Roebuck, 98 D.P.R. 641, 652 (1970)”. (Escolio omitido.) In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 748-749 (1978) —opinión disidente.

Como toda institución humana el Colegio de Abogados no es infalible. Las fallas del pasado o recientes en que haya podido incurrir, el desagrado de algunos de sus miembros a sus pronunciamientos públicos, no justifican su eliminación en una sociedad pluralista como la nuestra. Existen remedios suficientes y alternos para conjurar los excesos. Las guías adoptadas hoy por este foro forman parte de las distintas avenidas mínimas a seguirse en busca de ese derrotero y en protección de los criterios y aportaciones económicas de sus miembros disidentes, sean una mayoría o una minoría. Debe entenderse que las pequeñas rivalidades o pasiones políticas que se suscitan en una entidad de este género, el rechazo a los grupos que, a veces, con o sin razón se proclaman y autodenominan portavoces de toda la matrícula, son simplemente los riesgos inherentes y naturales en la dinámica de toda agrupación abierta a cualquier posición o crítica. No son razones de peso suficientes para la destrucción de una institución de hondo arraigo en la sociedad puertorriqueña, que históricamente se ha distinguido como foro abierto de libertad y en la protección de innumerables causas merito-rias.

Tampoco son razones para auspiciar y permitir su desaparición mediante el advenimiento inevitable de aso-ciaciones voluntarias, aglutinadas —no por el lema “Hon-rando la Toga”— sino a base de las distintas ideologías del repertorio político-partidista del país. Ello crearía serias dificultades y operaría en detrimento de las funciones de supervisión y fiscalización de este Tribunal, amén de causar una incisión más profunda en nuestra polarizada sociedad. La búsqueda de la verdad y soluciones se troncha cuando se cierran los cauces de discusión.

No debemos olvidar que en el libre intercambio de ideas se apoya todo sistema democrático de gobierno. La historia alecciona que allí donde se cercena este derecho ha mediado previamente una crisis de sentido común.
“¿Qué debe entenderse por crisis? ‘La crisis es un peculiar cambio histórico’, nos dijo Ortega. Es un cambio que consiste ‘en que el mundo en que se vivía se ha venido abajo: el hombre queda sin sus convicciones anteriores; sin mundo. Es un cambio que comienza por ser negativo —crítico—. No se sabe, qué pensar de nuevo —sólo se sabe, o se cree saber que las ideas tradicionales son falsas, inadmisibles — . Se siente profundo desprecio por todo o casi todo lo que se creía ayer; pero la verdad es que no se tienen aún nuevas creencias positivas con qué sustituir las tradicionales. Como aquel sistema de convicciones o mundo era el plano que permitía al hombre andar con cierta seguridad entre las cosas y ahora carece de plano, el hombre se vuelve a sentir perdido, azorado, sin orientación’. En las épocas críticas, el hombre ‘vive entre dos creencias, sin sentirse instalado en ninguna’. Heras, [Curso de Derecho Constitucional, 1957], pág. 177.”
La libertad es como el agua: advertimos su necesidad cuando nos falta, pero en exceso nos ahoga. Sólo la modera-ción conforta el espíritu y aprovecha al cuerpo. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 113 (1980), (opinión concurrente).

Ese llamado al sentido común, a la moderación, a la tolerancia y al respeto mutuo de quienes integran el foro togado, y en particular aquellos que participan con dedi-cación en sus asuntos internos —como ejemplo que debe irradiar y extenderse a toda nuestra sociedad— es el reto actual de las presentes y futuras generaciones de abogados. A medida que sigan incrementando los diplomados en leyes, mayor será ese reto y la necesidad de la matricula-ción obligatoria ante el Colegio de Abogados como denomi-nador común, y medio para desempeñarse en tan noble profesión, al igual que para poder descargar eficiente-mente este Tribunal su facultad disciplinaria por violacio-nes a la ética y administrar el sistema judicial unificado.

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Voto de inhibición del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 1982

En el día de hoy, por primera vez, el magistrado que suscribe adviene en conocimiento de que en los volumi-nosos autos del caso de epígrafe —iniciado el 21 de noviembre de 1977 mediante petición suscrita por su entonces presidente, Lie. Graciany Miranda Marchand, y que al día de hoy consta de dos (2) piezas de más de quinientas (500) páginas y anejos, en las cuales numerosos (treinta y siete (37)) abogados suscriben en distintas fechas diversos escritos— entre la lista de quince (15) abogados adicionales que aparecen al final en uno de los memoran-dos del querellante Colegio de Abogados de Puerto Rico, figura mecanografiado el nombre de su hermano, Arturo Negrón García. Únicamente en ese documento suscrito por los Lies. Graciany Miranda Marchand y Raúl Serrano Geyls, de modo aislado, plural e incidental es que se menciona su nombre. De ello no nos habíamos percatado.

Por no estar conscientes antes de ese detalle, como por tampoco tener previamente en ninguna de sus etapas o en algún momento el beneficio de una indicación expresa y oportuna de las partes u otra persona, participamos en la decisión en sus méritos y suscribimos separadamente una opinión concurrente a la opinión unánime del Tribunal en que sostuvimos la constitucionalidad de la ley sobre colegiación compulsoria. Además, intervinimos en los trá-mites posteriores de ejecución parcial.

Independientemente de nuestro firme y reiterado cri-terio constitucional al respecto, fundado en estricta y reflexiva juridicidad de consciencia —que rechaza toda noción, idea o situación ajena que no sea la de realizar ecuánime y objetivamente cumplida justicia y la cual supera nuestra condición de colegiado o cualquier vínculo familiar— siempre ha sido norma inalterada inhibirnos sua sponte cuando surge y conocemos de cualquier circuns-tancia que lo amerite o alguno de los protagonistas envueltos, directa o indirectamente, así lo justifica. Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205 (1982), voto de inhibición; Resoluciones de 15 de junio de 1982, casos 0-82-358 y 0-82-367, E.L.A. v. Pueblo International, etc. Fieles a ese espíritu, en aras de la pureza de los procedimientos y al amparo de una estricta interpretación de los Cánones de Ética Judicial, mediante la presente nos inhibimos de participar en la consideración de ulteriores incidentes en este caso.

La Secretaria General certificará y notificará inmedia-tamente la presente a los abogados de las partes y al Colegio de Abogados para su oportuna publicación.

      La idea se propuso originalmente por Herbert H. Harley, fundador de la Asociación Americana de la Judicatura, quien se apoyó principalmente en la experiencia inglesa y canadiense. Dakota del Norte fue el primer estado en unificar su foro (1921). J. Parness, Citations and Bibliography on the United Bar in the United States, American Judicature Society Report, Chicago, 1973.

      En virtud de haber sido emplazado durante horas de la mañana como miembro de este Tribunal demandado en una acción de sentencia declaratoria, injunction y daños radicada el 11 de junio de 1982 en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso Núm. 82-1459 promovido por Robert E. Schneider, Jr. y Héctor R. Ramos Díaz. En la misma, a la pág. 19, acápite 48(u) se expone: “Que todos los Jueces son miembros activos del Colegio, y por información y creencia, una mayoría de los Jueces, en algún momento, ha actuado en la Junta de Gobierno del Colegio, o de otro modo ha participado en sus asuntos y actividades. El Juez Asociado Antonio S. Negrón García, quien escribió una opinión separada en que concurre con la decisión del Tribunal Supremo, es hermano de Arturo Negrón García, guien aparece en la lista del alegato del Colegio como uno de sus abogados y es candidato a la presidencia del Colegio.” (Énfasis y traducción nuestros.)