author: PER curiam: M t — ( Juez Asociado Señor Martín.

text:
    José Zayas Green, recurrido, v. Gerineldo Barreto Pérez, recurrido, Roberto Rodríguez Rodríguez v. Partido Popular Democrático, recurrentes; José J. Rodríguez Franco, recurrido, v. Gerineldo Barreto Pérez, v. Ángel León Martínez, v. Partido Popular Democrático, recurrente; Manuel Díaz Morales, recurrido, v. Gudelio Díaz Morales, v. Partido Popular Democrático, recurrente; José A. Rivera Díaz, recurrido, v. Pedro Padilla y Partido Popular Democrático, recurrentes.

      Números: O-81-3, O-81-4

      Resueltos: 9 de enero de 1981

      Pedro Ortiz Alvarez, René Muñoz Padín, José Antonio García, Guillermo Mojica Maldonado, Carlos A. Ortiz Morales, José Ariel Nazario Alvarez, Eudaldo Báez Galib, abogados del Partido Popular Democrático y de Roberto Rodríguez Rodrí-guez, Ángel León Martínez, Gudelio Díaz Morales y Pedro Padilla; César R. Vázquez Díaz, Nelson Pagan Rodríguez, Alex González, Héctor Ramos, Mario Arroyo Dávila, Eileen S. de Zayas y Andrés Salas Soler, abogados de José Zayas Green, José J. Rodríguez Franco, Manuel Díaz Morales y José Rivera Díaz.
   PER curiam:

Estos casos plantean una cuestión sencilla. Tras el conteo y recuento correspondientes, la Comisión Esta-tal de Elecciones certificó la elección de los señores Roberto Rodríguez Rodríguez, Ángel León Martínez y Pedro Padilla como alcaldes electos de Barranquitas, Juana Díaz y Trujillo Alto, respectivamente. Los candidatos perdidosos impugnaron ante la Junta Revisora Electoral las certificaciones expedi-das. La Junta suspendió los efectos de las certificaciones. Se ha recurrido ante este Tribunal de tal actuación.

La Ley Electoral, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3001 y ss.), provee clara contestación a los referidos recursos. Su Art. 6.015 (16 L.P.R.A. see. 3275) dispone en parte:

La radicación ante la Junta de una acción de impugnación del resultado de una elección, no tendrá el efecto de impedir que la persona sea certificada como electa y tome posesión del cargo y desempeñe el mismo. . . .

La Comisión Estatal de Elecciones, una vez efectuado el recuento de las papeletas, actuó dentro de ley al ex-pedir las certificaciones de rigor. Art. 6.011 (16 L.P.R.A. see. 3271). No existe base estatutaria para sostener que la Junta puede suspender los efectos de esas certificaciones por el simple hecho de su impugnación. Art. 6.015, supra. El citado Art. 6.015, así como el 6.014 y el 1.022, revelan que las personas certificadas deberán tomar posesión de sus cargos, pero que la Junta conserva jurisdicción para la ventilación de las impugnaciones interpuestas.

Los tres candidatos que sostienen la validez de la actua-ción de la Junta apoyan su contención en la resolución de este Tribunal, en auxilio de su jurisdicción, que suspendió los efectos de la certificación de un representante. El argumento es inmeritorio. La Ley Electoral distingue meridianamente entre la certificación de los senadores y representantes y la de otras personas electas. Ordena el Art. 6.015, a continuación de la parte antes citada:

... En el caso de los Senadores y Representantes, de haberse presentado a tiempo algún escrito de impugnación, no se cer-tificará la elección del candidato impugnado hasta que la Junta resuelva dicha impugnación. . . .

M t — (

La controversia entre los señores Manuel Díaz Morales y Gudelio Díaz Morales sobre la alcaldía de Aguas Buenas presenta un cuadro distinto de hechos. La Comisión Estatal de Elecciones no ha certificado al candidato electo. El procedimiento se halla en una etapa previa. En tales circunstancias, no se ha activado la disposición correspondiente del referido Art. 6.015 que aplica a los candidatos a alcaldes, por estar aún pendiente ante la Comisión la determinación sobre la elección del candidato.

Por los motivos expuestos, y en el ejercicio de la facultad conferida por la Regla 50 de nuestro Reglamento, se revocan las resoluciones de la Junta Electoral que suspendieron los efectos de la certificación de los señores Roberto Rodríguez Rodríguez, Ángel León Martínez y Pedro Padilla como alcaldes de Barranquitas, Juana Díaz y Trujillo Alto, respectivamente, y se confirma la resolución de la Junta en el caso de la alcaldía de Aguas Buenas, que ordena a la Comisión que no certifique como electo a ningún candidato a alcalde del Municipio de Aguas Buenas. En este caso, el actual incum- bente permanecerá en su cargo como custodio del patrimonio municipal, hasta tanto recaiga resolución final.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martín emitió voto explicativo.

—O—

Voto Explicativo del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981

Al rechazar el Tribunal el argumento de los tres candi-datos a alcalde que sostienen la validez de la actuación de la Junta, que deja sin efecto la certificación de elección de los candidatos del Partido Popular Democrático, basa su rechazo en la diferencia expuesta en la Ley Electoral entre la certifi-cación de legisladores y la de los otros candidatos electos. A los fines de reiterar mi posición sobre la mencionada diferen-cia que surge del Art. 6.015 de la Ley Electoral, me permito remitirme a mi voto disidente enmendado de 31 de diciembre de 1980 en el caso de Díaz v. Srio. Cámara de Representantes, 110 D.P.R. 547 (1980), referente al Distrito Representativo Núm. 12, en el que sostengo que la diferencia mayor entre ambas clasificaciones estriba en que las impugnaciones de los candidatos a legisladores deben resolverse por la Junta Revi-sora Electoral no más tarde del 1ro de enero siguiente a la fecha de la elección general, mientras que para los otros can-didatos a elección no hay fecha límite para su resolución, re-teniendo la Junta jurisdicción sobre los trámites de impug-nación, inclusive para ordenar una nueva elección en el pre-cinto o precintos afectados, si no pudiere decidir cuál candi-dato fue electo.

       Los candidatos de Barranquitas y Juana Díaz no habían sido certificados por la Comisión al radicarse ante la Junta la impugnación del resultado de su elección, mientras que el candidato de Trujillo Alto ya había sido certificado al momento de su impugnación.

       “Cualquier candidato que impugnare la elección de otro deberá presentar ante la Junta ... un escrito exponiendo bajo juramento la razón o razones en que fundare el mismo . . . que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección.” Art. 6.014.

      “En adición a cualesquiera otras facultades, obligaciones, y deberes dispuestos en esta ley o en sus reglamentos, la Junta tendrá las siguientes [facultades] : . . . (5) Investigar y resolver, en primera instancia, cual-quier acción de impugnación de resultados de una elección, conforme a lo dispuesto por el artículo 6.014.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    José R. Algarín y Carmen R. Algarín, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Sección II de Caguas, recurrido.

      Número: O-80-562

      Resuelto: 13 de enero de 1981

      Meléndez, Rey, Rodríguez & Moran, abogados de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La transición entre una nueva ley y la ley anterior que aquélla sustituye, siempre produce incertidumbre en torno a su efecto sobre realidades previas a la vigencia de la nueva ley. El problema se hace singularmente agudo cuando esa realidad ya se ha sometido a un proceso legal al amparo de la anterior ley y está en trámite al momento de producirse el cambio en la ley.

Corresponde al legislador disponer lo que estime prudente para facilitar la transición y garantizar los derechos adquiri-dos bajo la ley anterior. Al hacerlo, debe mantener presente un principio fundamental en todo sistema de ley: los ciuda-danos actúan confiando en el estado de Derecho vigente al momento de su actuación y de esa confianza depende en gran medida la armonía social que es objeto del Derecho. Al aplicar lo dispuesto por el legislador, los tribunales deben compartir la tarea de facilitar a los ciudadanos y a los abogados que los aconsejan la interpretación de cuál debe ser su proceder ante un cambio en el Derecho, y proteger los derechos adquiridos bajo el anterior estado.

Estas consideraciones son particularmente importantes en el área del Derecho Registral e Hipotecario, el cual precisa-mente pretende generar y garantizar jurídicamente la con-fianza pública en la existencia de determinadas realidades y derechos, a través de unos procesos sumamente técnicos y pre-cisos. En el presente caso, el recurrente se ha visto involu-crado en un estado de confusión con respecto al complejo pro-ceso registral, por razón de haber iniciado un trámite en los momentos en que se producía la transición entre la Ley Hipo-tecaria de 1893 (en adelante “la Ley Anterior”), 30 L.P.R.A. sec. 1 et seq., T. 6A, y la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (en ade-lante “la Nueva Ley”), 30 L.P.R.A. see. 2001 et seq., Supl. Acum. T. 7, 1980, que entró en vigor en 8 de agosto de 1980.

El 15 de mayo de 1980, cuando aún estaba vigente la ley anterior, el recurrente presentó para inscripción a la Sec. II del Registro de la Propiedad de Caguas una escritura de segregación de una finca. Al amparo del Art. 19 de dicha ley, 30 L.P.R.A. see. 44, el Registrador le notificó un defecto con-sistente en que la Ley Núm. 107 de 3 de junio de 1974 prohi-bía la segregación objeto de la escritura presentada por ser una lotificación de terrenos dedicados a fines agrícolas. Me-diante una carta dirigida al Registrador el 3 de julio de 1980, el presentante objetó la notificación de defecto que le comunicó el Registrador, por no ser dicha Ley Núm. 107 de aplicación a la segregación efectuada. El Registrador no actuó sobre la objeción del presentante por haberse ausentado de vacaciones, según surge de una comunicación oficial de la oficina del Registro. Estando así suspendido el trámite del documento presentado, entró en vigor la nueva ley el 8 de agosto de 1980. Desde entonces, el Registrador no actuó sobre el documento aludido. El recurrente interpuso recurso gubernativo el día 4 de octubre y el Registrador nos solicitó la desestimación.

Sostiene el Registrador que debe desestimarse el recurso por no haberse cumplido con los requisitos que debe reunir un recurso gubernativo ni bajo la ley anterior ni bajo la nueva ley. Acepta el Registrador que su comunicación del 10 de junio de 1980 (bajo la ley anterior) fue una mera notifica-ción de defecto que no constituía una denegatoria o suspen-sión que diere derecho a entablar recurso gubernativo bajo la ley anterior. 30 L.P.R.A. sees. 1771-1777. Por otro lado, sos-tiene que de entenderse que aquella notificación de defecto equivalía a una denegatoria bajo la ley anterior, el interesado tenía 20 días para instar el recurso, cuyo plazo había vencido desde el 30 de junio pasado.

Por otro lado, el Registrador sostiene que aun considerán-dose el recurso bajo las disposiciones de la nueva ley, el inte-resado debía reproducir su objeción a la notificación de de-fecto original para que la misma pudiera ser considerada como una solicitud de “recalificación”, para lo cual tenía 20 días a partir del 8 de agosto de 1980, fecha en que entró en vigor la nueva ley. 30 L.P.R.A. see. 2273. Señala el Registra-dor que al no haberse solicitado la recalificación, según lo re-quiere la nueva ley, no tiene obligación en ley de denegar la inscripción ni procede la interposición de un recurso guber-nativo. Añade el Registrador que la nueva ley contiene un plazo de caducidad de 60 días a partir de su vigencia para corregir el defecto señalado en la notificación original bajo la ley anterior, y, puesto que el término no se interrumpió por ninguna otra razón, el asiento de presentación caducó y así se hizo constar al margen del asiento.

El Registrador tiene razón en cuanto a que estando pendiente de calificación final al entrar en vigor la nueva ley un documento sobre el cual ya se había hecho una notificación de defecto bajo la ley anterior, cobra nueva vida esa anterior notificación, tal como si fuera una notificación de falta bajo el Art. 69 de la nueva ley, 30 L.P.R.A. see. 2272, y, por tanto, son de aplicación los términos de la nueva ley en cuanto a la vigencia de los asientos de presentación pendientes. Art. 255 (30 L.P.R.A. see. 2821). Siguiendo ese razonamiento, el término de caducidad respecto al asiento de presentación que señala el Art. 52 de la nueva ley —30 L.P.R.A. see. 2255— comenzaría a correr en la fecha de vigencia de la nueva ley, y, por tanto, también comenzaría a correr en esa fecha el término para solicitar la recalificación dispuesto por el Art. 70 —30 L.P.R.A. see. 2273— con respecto a todos los documentos pendientes de inscripción, sin necesidad de que el Registrador hiciera una nueva notificación del defecto que ya había sido señalado. Pero en el caso de autos, estando pendiente al entrar en vigor la nueva ley la resolución de las objeciones planteadas por el presentante en 3 de julio bajo la ley anterior, el Registrador venía obligado a considerarlas como una petición de recalificación bajo el nuevo Art. 70 y resolverlas como tal.

El legislador dispuso que la notificación de defecto hecha antes del cambio de ley cobra eficacia como si fuera hecha bajo la nueva ley. Sin embargo, omitió expresar el efecto que tendría una oposición del interesado a dicha noti-ficación enviada mientras regía la ley anterior, y con respecto a la cual el Registrador no hubiese actuado al ocurrir la tran-sición entre las dos leyes. Es forzoso concluir, sin embargo, que si la “calificación” bajo la ley anterior es efectiva bajo la nueva ley, la oposición a dicha calificación debe equipararse con la petición de “recalificación” que exige la nueva ley, que requiere afirmativamente al Registrador que actúe sobre la petición. Si éste decidiere denegar, deberá hacerlo dentro de los 30 días de la solicitud, extendiendo en su lugar anotación preventiva sobre la finca afectada. Art. 71 (30 L.P.R.A. see. 2274). Es de esa acción del Registrador que el interesado puede radicar recurso gubernativo ante este Tribunal para lo cual tiene un plazo de 20 días desde la notificación de la dene-gatoria, Art. 77 (30 L.P.R.A. see. 2280). El Registrador, sin embargo, en lugar de resolver la petición de recalificación pendiente, se amparó erróneamente en la nueva disposición que declara la caducidad de los asientos de presentación sobre los que se haya notificado un defecto, salvo si el término queda interrumpido por las causas que enumera la Ley en el Art. 52, supra.

Al entrar en vigor la nueva ley, el Registrador tenía ante sí la carta del presentante en la que se oponía a la calificación y exponía los fundamentos legales de dicha oposición, cuya oposición equivalía, según dijimos antes, a una petición de recalificación. El recurrente podía, pues, confiar en que co-rrespondía al Registrador tomar la acción pertinente. En ausencia de una expresión al efecto, no podemos presumir que, en circunstancias como las aquí presentes, el legislador inten-tara requerir que el presentante sometiera nuevamente, bajo la nueva ley, un escrito oponiéndose a la calificación original, máxime cuando la consecuencia última de tal presunción equi-valdría, ante los hechos presentes en este caso, a dejar al pre-sentante sin protección registral, por caducidad del asiento de presentación.

El Art. 52, supra, dispone que la notificación de una solicitud de recalificación interrumpe el término de caducidad del asiento de presentación. Por tanto, si la solicitud de recalificación estaba aún pendiente de resolver al entrar en vigor la nueva ley, el término de caducidad quedaba interrumpido por dicha solicitud de recalificación que ya estaba ante el Registrador.

El Registrador venía, pues, obligado a recalificar y notificar por escrito su determinación final al presentante, según ordena el Art. 71, supra. Su negativa a calificar por motivos procesales sin que emitiera juicio por escrito, no pudo tener el efecto de una denegatoria definitiva.

En mérito de lo anterior, se ordenará al Registrador re-currido que cancele la nota de caducidad del asiento de pre-sentación, cancele cualesquiera asientos incompatibles que haya anotado desde la fecha de la nota de caducidad, consigne el rango correspondiente de aquellos documentos que no fue-ran incompatibles y proceda a recalificar la escritura pre-sentada dentro del término dispuesto por la Nueva Ley y su Reglamento.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

concurre en el resul-tado sin opinión.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

       Aunque el Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 dispone en su Art. 82.3 que la petición de recalificación deberá estar identificada con el número del asiento de presentación correspondiente, sería injusto entender bajo las circuns-tancias presentes, que por ello venía el presentante obligado a someter un nuevo escrito. Su escrito anterior cumple sustancialmente con los demás requisitos de la petición de recalificación.

       El Art. 66.3 del Reglamento dispone que si el Registrador no actuase sobre el documento dentro del término fijado por la ley, “podrá el interesado acudir en queja ante el Registrador concernido, y en caso necesario ante el Director Administrativo” para que éste lleve a cabo la investigación que corresponda.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Voto concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Elsa Milán Rodríguez, demandante y recurrida, v. Ensor Muñoz Gil de Lamadrid, demandado y peticionario.

      Número: O-80-445

      Resuelto: 15 de enero de 1981

      José Elias Zayas, abogado del peticionario; José E. Vilá Barnés, abogado de la recurrida; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A manera de trasfondo conceptual para la solución de este caso y con referencia a la evolución jurídica de la condición de la mujer, evocamos las siguientes palabras: “[l]os cambiados artículos suponen el reconocimiento, por el legislador, de unas realidades sociales que hasta ahora no habían trascendido al campo del Derecho (la norma, casi siempre en retraso frente a la vida) : la nueva identidad de la esposa, que no se define ya exclusivamente como madre y animal doméstico o de labor dentro de la casa, sino como ser con dignidad y libertad igua-les a las del varón, y por tanto con derecho a que, como regla general, se le deparen las mismas oportunidades y posibili-dades jurídicas”. J. L. Lacruz Berdejo, El Nuevo Derecho Civil de la Mujer Casada, Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1975, pág. 23. (Bastardillas nuestras.)

Manteniendo en mente las mismas, nos pronunciamos sobre la validez constitucional del Art. 109 del Código Civil —no tocado en esa reforma— que en lo pertinente reza:

Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con sufi-cientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos. 31 L.P.R.A. see. 385.

HH

Las partes se divorciaron por la causal de abandono. Du-rante el matrimonio no procrearon hijos. Subsiguientemente, Elsa Milán Rodríguez, en calidad de cónyuge inocente, solicito pensión alimenticia en virtud del transcrito artículo. Su ex-esposo, aquí peticionario, Ensor Muñoz Gil De Lamadrid, se opuso impugnando la constitucionalidad de dicho precepto por alegadamente representar una clasificación discriminatoria a base de sexo y privarle de la igual protección de las leyes, en contravención al primicial mandato plasmado en la Carta de Derechos de nuestra Ley Fundamental:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, o condición social, ni ideas jurídicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igual-dad humana. (Bastardillas nuestras.)

El planteamiento no prosperó y el ilustrado foro de ins-tancia negó la desestimación. En síntesis resolvió, “. . . que estamos obligados a suplir la omisión del Artículo 109 y ar-monizarlo de tal manera que no quede duda de que dicho Artículo no hace una distinción discriminatoria, porque aun cuando le impone la obligación al hombre de proveer alimen-tos a la mujer, no prohíbe que a su vez un Tribunal le imponga una pensión alimenticia a la mujer en favor de su ex-esposo cuando la situación de éste lo requiera y la situación de aqué-lla lo permita.” (Bastardillas nuestras.) Revisamos.

HH HH

La genealogía de la disposición que nos ocupa se remonta al Art. 177 del Código Civil de 1902 procedente, a su vez, del 160 del Código Civil del estado de Louisiana. A su amparo, desde principios de siglo reconocimos a la mujer el derecho a pensión post-divorcio, si ella demostraba hallarse en las circunstancias allí prescritas. La obligación recaía siempre sobre el esposo. Morales v. Rivera, 8 D.P.R. 463 (1905); Puigdollers v. Monroig, 26 D.P.R. 310 (1918); Sacarello v. Rubio, 44 D.P.R. 883 (1933); Meléndez v. Tribl. Superior, 77 D.P.R. 535 (1954); Suria v. Fernández Negrón, 101 D.P.R. 316, 318 (1973). En este último caso precisamos la caracte-rística dinámica que entraña el concepto de alimentos, expo-niendo que “se reclaman o se dispensan al ritmo de las cir-cunstancias cambiantes de alimentante y alimentista”. Pág. 320.

Debido a su antigüedad, carecemos de un Diario de Sesio-nes que de modo más científico nos permita investigar los motivos legislativos que impulsaron su redacción original. Aún así, de su lectura podemos extraer que la hipótesis central en que descansa es que la mujer se encuentra en condi-ciones de inferioridad económica. Este supuesto, posiblemente válido hace varias décadas, formaba parte del armazón y diseño jurídico que situaba a la mujer en una posición de es-tricta sumisión y absoluta fragilidad frente al hombre, lo que, a su vez, exigía una defensa legal superior y una protección económica mayor. Específicamente podemos detectar como tesis primaria que casi todos los ex-maridos, en contraste con las esposas, cuantitativa y cualificativamente, son de incues-tionable solvencia económica y autosuficiencia. De lo con-trario ¿cómo se explica el lenguaje que les impone para el solo beneficio de la mujer una pensión de hasta una cuarta (%) parte de sus ingresos?

Aceptamos que existe un interés apremiante y legítimo del Estado en la reglamentación de las relaciones familiares y alimentos entre parientes. Como atinadamente expone Manresa, citando a Arrazola:

“El ser humano, que viene a la vida con el destino que le señale su propia naturaleza, tiene un derecho a la existencia y al desarrollo de la misma según sus facultades; es decir, tiene un derecho absoluto a su conservación. En la organización actual de la familia y de la sociedad se halla impuesta, primero a los parientes y después al Estado, la obligación de proveer a dicha necesidad; y cada uno en su caso está en el deber de procurar al que por sí no podría cumplir dicho fin, los medios necesarios para su conservación y desarrollo: deber altamente social, que no de-pende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone a todos como una de las condiciones necesarias de la vida progresiva de la humanidad.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, Vol. I, págs. 782-783.

Resulta genuino el propósito gubernamental de que durante la vigencia del matrimonio, al igual que una vez rota esa unión, exista y subsista potencialmente la obligación de prestar alimentos al ex-cónyuge. Independientemente de que este deber esté o no basado en el derecho a la existencia proclamado por Arrazola, o fundado en otras razones tales como los sentimientos de cariño y afecto que nacen en el seno familiar, los principios filosóficos, éticos y morales de solidaridad humana, o en motivaciones de tipo religiosas —piedad o caridad— ciertamente se justifica el interés, la intervención y reglamentación del Estado en materia de prestación de alimentos bajo la premisa, incuestionablemente válida, de que sobre los fondos y el erario públicos no debe exclusivamente recaer la obligación de proveer para la subsistencia de los menesterosos.

Ahora bien, lo que plantea serias cuestiones en el caso de autos, claro está, es que el interés del Estado en el área de la prestación de alimentos post-divorcio parece operar en bene-ficio de un solo sexo, por cuanto es únicamente la mujer y no el hombre quien aparentemente puede solicitarlos. Estas dificultades se agudizan al percatarnos de que aparte de las diferencias innatas resultantes de la conformación anatómica y aquellas intangibles del campo sicológico sobre las cuales no nos es permisible especular —tales como cualidades afectivas, reacciones y otras— en el mundo cambiante de las realidades, claramente la necesidad de una persona recibir “alimentos y habitación” para subsistir con un mínimo de decoro, no es condición privativa del sexo femenino. Más bien es una cir-cunstancia neutral e inmanente que se origina en la natura-leza misma y que crudamente se proyecta, a cualquier edad, sobre toda la especie humana, sea varón o mujer.

En Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975), y Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980), —bajo el Art. II, Secs. 1 y 7 prohibitivas del discrimen por razón de sexo y la desigual protección de las leyes— resolvimos aplicar a casos de esta índole la fórmula de estricta supervisión judicial. En ambas decisiones advertimos la tendencia irreversible de la mujer a incorporarse a las diversas fases de la actividad económica, profesional y social de manera sustancial. Allí cuestionamos seriamente la validez de “premisas subjetivas, erróneas, tradicionales y estereotipadas que emanan de una visión masculina que consciente o inconscientemente tiene su razón de ser en la caracterización de la mujer como sexo débil”. Como resultado de ese análisis anulamos dos disposiciones legislativas, una en el ámbito laboral relativa a las condiciones del trabajo durante horas de almuerzo —Ley Núm. 105 de 6 de junio de 1967 (29 L.P.R.A. see. 458)— y otra que exigía la corroboración cualificada del testimonio de la perjudicada en procesos por delito de violación o tentativa de cometerlo (Regla 154 de Procedimiento Criminal).

Con esta perspectiva en mente, no es menester mucho es-fuerzo mental ni una exhaustiva elaboración para concluir que el esquema legislativo cristalizado en el artículo en cues-tión representa, de su faz y sin lugar a dudas, un trato dife-rente, injustificado y discriminatorio contra el hombre por razón de sexo, que al presente —bajo el prisma de un riguroso escrutinio judicial y a menos que oportunamente detectemos la cualidad de doble refracción— no puede prevalecer. Sus antecedentes demuestran que su texto —inalterado hasta la actualidad por más de cien años— más bien responde a una concepción arcaica y estereotipada de la función tradicional limitada que indefectiblemente se le atribuía en el antaño a la mujer: hogar y madre. El precepto refleja un enfoque que se ha quedado rezagado en la reforma y modernización de la con-dición jurídica de la mujer, que metódicamente ha llevado a efecto la Asamblea Legislativa en los últimos años, en su afán de nivelación y de darle vigencia al ideal de la Asamblea Constituyente de “reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del derecho, y a la igualdad de oportunidades con el hombre”. Zachry, pág. 280. Aclaramos que ninguna razón válida o de peso nos ha brindado el Estado para tan cruda diferenciación. Ninguna tampoco hemos encontrado que la justifique.

III

Establecido el carácter discriminatorio del Art. 109, resta examinar la corrección del dictamen de instancia sosteniéndolo bajo la fórmula de que el citado precepto extiende su protección tanto al hombre como a la mujer. A tal efecto, dicho foro razonó que “. . . la mujer fue prosperando social, intelectual y económicamente hasta llegar a la mujer de 1980. Con mayor oportunidad de educación, de competencia en el mercado de empleo. Con una Constitución que impide el discrimen por razón de sexo. El enfoque e interpretación de las leyes tiene que ser diferente. Hoy los dos tienen iguales oportunidades lo que implica deberes. Puede por circunstancias especiales una mujer tener la necesidad, llenando todos los requisitos de ley, [de] utilizar la protección que le ofrece el Artículo 109, y puede de la misma forma el hombre de hoy, al cual la mujer se ha equiparado en el campo social, intelectual y económico, verse en la necesidad de por razones muy parti-culares, y llenando todos los requisitos de ley, utilizar la pro-tección que el Artículo 109 le ofrece”.

Merece nuestra aprobación el resultado a que llegó la ilustrada sala de instancia. En materia de hermenéutica constitucional y ante estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por sub-inclusión, se reconoce la facultad de los tribunales de extender los beneficios estatutarios a aquellos grupos o clases excluidos. Orr v. Orr, 440 U.S. 268 (1979); Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973); Weinberger v. Wiesenfeld, 420 U.S. 636 (1975); Califano v. Goldfarb, 430 U.S. 199 (1977); Welsh v. United States, 398 U.S. 333, 361 (1970) —opinión concurrente Juez Asociado Señor Harlan. La regla es consustancial con el principio de que el Poder Judicial —en abono de una deferencia hacia el Poder Legislativo— debe esforzarse por lograr interpretaciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley. En su operación, a diferencia de éste, sin embargo, el impedimento constitucional podrá ser salvado, no mediante la interpretación del texto que por sus claros términos no es susceptible de serlo de otra manera, sino por la extensión de los beneficios a la clase excluida. El propósito legislativo, que quedaría frustrado con la anulación del esta-tuto, queda así en vigor y se supera el discrimen.

En esta tarea judicial, el criterio rector lo constituye, por tanto, la importancia “[d]el motivo legislativo presumido”. L. Kanowitz, “Benign” Sex Dscrimination: Its Trouble and Their Cure, 31 Hastings L.J. 1379, 1413 (1980). En esta misión de averiguar la mens legislativa hemos de evitar guiar-nos, en lo posible, por una mecánica literal y eludir mirar las palabras y frases con una óptica empañada, estereotipada o de clisé que adjudique a dicho Poder un interés a destiempo discriminatorio y excluyente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, al confrontarnos con la alternativa de anular el Art. 109 del Código Civil o extender su ámbito protector a la clase excluida, estimamos que ante la importancia del propósito legislativo en él encarnado, así como para superar todo discrimen injustificado por razón de sexo, y la urgencia de mantener incólume los beneficios que hasta ahora ha conferido la reglamentación sobre el deber de alimentos, la segunda opción es la única apropiada. Por ende, decretamos que la norma de derecho consignada en dicho artículo no prohíbe, en situaciones meritorias análogas a las allí visualizadas, que los tribunales impongan a una mujer divorciada el deber de prestar una pensión alimenticia para beneficio de su ex-cónyuge varón. Sostenemos su constitucionalidad.

Se dictará sentencia confirmatoria.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto concurrente al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, quien está, además, conforme con la opinión del Tribunal.

—O—

Voto concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 1981

Concurro exclusivamente en el resultado porque estimo que los fundamentos de decisión deben fluir de la norma jurídica de igualdad y universalidad enunciada en el Título Preliminar de nuestro Código Civil, las reglas de interpretación de las leyes contenidas en los Arts. 18 y 19 del Código y la vasta jurisprudencia patria.

El fin supremo del Código Civil, su principio inmanente, está declarado en el Art. 22 como: “La ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni de sexo”. La cláusula que a renglón seguido reconoce excepción para “los casos en que especialmente se declare lo contrario” plantea un conflicto interno en el mismo artículo que puede y debe resolverse sin llamar a la noche día, y sin confrontaciones constitucionales; simplemente identificando el propósito auténtico de la ley que es la igual protección de las personas y quitando toda coerci-tividad a la excepción. “[E]l Derecho tiene su fundamento en la moral, y las normas jurídicas son una derivación de las leyes éticas y morales.” “Una norma —dice Coviello— que no regule una relación por vía general abstracta no puede considerarse jurídica; siendo el Derecho una regla de coexis-tencia social, implica orden, igualdad, exclusión de arbitrio individual, y estos efectos suponen que la norma sea estable-cida como general y abstracta.” (Énfasis suplido.)

El Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 385, debe leerse como norma abstracta que brinda igual protección a ambos ex-cónyuges, reconciliada con la finalidad del orden jurídico proclamada en el Art. 22 del Código como ley igual para todos, sin distinción de personas ni de sexo.

La interpretación judicial puede, en caso de conflicto entre disposiciones de la ley, reivindicar su valor ético de esencial justicia, negando eficacia a la parte que resulta incompatible con el propósito legislado. Así lo acordó este Tribunal por voz del Juez Benjamín Ortiz al declarar: “Nuestra obligación fundamental, en estos casos, es la de imprimirle efectividad a la intención legislativa, aún hasta el punto de sustituir o eliminar judicialmente alguna frase específica estatutaria que, con diáfana claridad, haya sido incorporada a un esta-tuto por inadvertencia o error, hasta el punto de que esa frase derrote obviamente la intención legislativa que surja de la totalidad de la ley, ya que, en esos casos, debe prevalecer la manifiesta intención del legislador sobre la disposición literal del estatuto que esté en conflicto con esa intención”. Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 997-8 (1953). Cf. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 y ss. (1954); Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 120 (1944); Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib. y Sucn. Cautiño, 71 D.P.R. 248, 253 (1950); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 43-44 (1950); Calaf v. Sec. Hacienda, 76 D.P.R. 577, 584 (1954).

        Loyacano v. Loyacano, 358 So.2d 304 (1978). Es de notarse que el Art. 301 del Código Napoleónico concedía a ambos cónyuges, ante circuns-tancias imperiosas, el derecho a recibir pensión alimenticia en caso de divorcio. Este precepto no fue incorporado al Código Civil de Louisiana. Dicha jurisdicción evolucionó estatutariamente hacia el texto que se ha importado aquí. D. E. Ried, Note: Alimony and Equal Protection: A Search for Rational Relationships, 22 Loyola L. Rev. 1036-1060 (1976); Loyacano, pág. 312.

       Adviértase, además, que toda vez que la necesidad del alimentista se convierte en la obligación del alimentante de proveerlos, el interés del Estado en favor de la mujer divorciada opera, además, como carga exclu-siva sobre el hombre divorciado.

      E1 panorama legislativo demuestra irrefutablemente una clara inclinación a salvar todo discrimen contra la mujer, inclusive entre cón-yuges: vigente el matrimonio, durante un proceso de divorcio y con poste-rioridad. Los siguientes estatutos son reveladores de esta tendencia: Ley Núm. 21 de 6 de agosto de 1975, que prohíbe todo discrimen por razón de sexo en el servicio público; Ley Núm. 58 de 22 de junio de 1975, que autoriza expresamente al Secretario del Trabajo a investigar tales discrímenes; Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 enmendatoria de los Arts. 91, 93, 1308 y 1313 del Código Civil —y derogatoria de los Arts. 1312 y 1333 de dicho cuerpo— para disponer la co-administración por ambos cónyuges de la Sociedad Legal de Gananciales; Ley Núm. 99 de 2 de junio de 1976 en-mendatoria de los Arts. 152, 154, 162, 165, 233 y 237 del Código Civil para reconocer a ambos progenitores, como regla general, la patria potestad sobre sus hijos; Ley Núm. 100 de 2 de junio de 1976 que enmienda el Art. 107 del Código Civil a los fines de reconocer a cualesquiera de los padres la posible adjudicación de la custodia y patria potestad de los hijos menores después del divorcio; Ley Núm. 83 de 30 de mayo de 1976 que enmienda los Arts. 178 y 186 para prohibir todo discrimen por razón de sexo o parentesco en la selección de personas llamadas por ley a ser tutores de menores, locos o sordomudos; Ley Núm. 111 de 2 de junio de 1976 que enmienda el Art. 90 del Código Civil que exige que la mujer obedezca y siga al marido dondequiera que éste fije su residencia y para disponer que los cónyuges decidan, por común acuerdo, dónde establecer el domicilio y residencia en la consecución de los mejores intereses de la familia; Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976 enmendatoria del inciso 9 del Art. 96 del Código Civil, —causal de separación en casos de divorcio— que elimina el concepto de culpabilidad del marido; Ley Núm. 84 de 30 de mayo de 1976 que enmienda los Arts. 99, 100, 101 y equipara a ambos cónyuges en las medidas provisionales durante el procedimiento de divorcio para que no se discrimine por razón de sexo, y que las mismas sean también aplicables a los procedimientos sobre nulidad de matrimonio; Ley Núm. 112 de 2 de junio de 1976 que enmienda el Art. 100 del Código Civil y reconoce al marido los mismos derechos de pensión alimenticia a sufragarse por la

        mujer, durante los trámites de juicio de divorcio; Ley Núm. 10 de 21 de julio de 1977 que enmienda los Arts. 156, 157, 159, 160 del Código Civil para que la patria potestad respecto a los bienes de los hijos se ejerza por ambos padres conjuntamente o aquel que tenga bajo su potestad y custodia al menor; Ley Núm. 6 de 1 de febrero de 1979, que adiciona la Regla 154.1 de Procedimiento Criminal para prohibir admisión automática en evidencia de conducta previa a historial sexual de perjudicada en casos de violación y autoriza vista privada sin jurado a tales fines; y la Ley Núm. 1 de 27 de mayo de 1980, enmendatoria del Art. 152 del Código Civil que autoriza a cualesquiera de los padres, en caso de tratamiento médico y operación de emergencia de un hijo, a otorgar el consentimiento.

       Alegatos separados del Procurador General y de la demandante-recurrida Elsa ,M.ilán Rodríguez.

       En este caso el Tribunal Supremo federal decretó que un estatuto parecido al Art. 109 violaba la cláusula decimocuarta sobre igual protec-ción. Remitió el caso al foro de Alabama para que ellos determinaran si la disparidad era salvable reconociendo a los ex-maridos igual derecho. Los tribunales de dicho estado así lo hicieron. Orr v. Orr, 374 So.2d 895 (1979), cert. denegado 100 S.E. 993 (1980). Iguales soluciones proveyeron la Corte Suprema de Maine en Beal v. Beal, 388 A.2d 72 (1978), y la de New York en Thaler v. Thaler, 391 N.Y.S.2d 331 (1977).
      Sobre este tema en particular, consúltese: Nota: Orr v. Orr, 23 How. L.J. 559-575 (1980); Nota: Alimony Awards Under Middle — Tier Equal Protection Scrutiny, 59 Nebraska L. Rev. 172 (1980); Nota: Financial Equality in Marriage and Parenthood: Sharing the Burdens as Well as the Benefits, 29 Catholic Univ. L. Rev. 733 (1980); E. A. Hull, Sex Discrimination and the Equal Protection Clause: An Analysis of Khan v. Shevin and Orr v. Orr, 30 Syracuse L. Rev. 639 (1979); Nota: Alimony and Equal Protection: Mid Level Scrutiny of Gender-Based Classifications Continues, 25 Loyola L. Rev. 809 (1979); Nota: Constitutional Law, 18 Journal of Family Law 192 (1979-80); Cipen & Cipen, Alimony for Husbands: Is There True Equality, 52 Florida Bar Journal 201 (1978); Nota: Alimony for Men — The Changing Law, 7 Florida State Law R. 687 (1979); Male Alimony in Light of the Sex Discrimination Decisions of the Supreme Court, 6 Cumberland L. Rev. 589 (1976); Orr v. Orr: Predictable Result, Unpredictable Repercussions?, 10 Cumberland L. Rev. 531 (1979); Nota: Orr v. Orr, 13 Akron L. Rev. 175 (1979).

       Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., 1962, T. 1, Vol. 1, pág. 48.

         Mannuale di diritto civile italiano, Parte Generale, 2da ed., pág. 9, citado por Castán, op. cit., págs. 53-64.


author: per CURIAM:

text:
    Bautista Rivera Padilla y Otros, demandantes y recurridos, v. Cooperativa de Ganaderos de Vieques, demandada y peticionaria.

      Número: O-80-504

      Resuelto: 20 de enero de 1981

      Israel Delgado Ramos y José Orlando Grau, abogados de la peti-cionaria; Pedro A. Cintrón Rivera, abogado de los recurridos.
   per CURIAM:

Los obreros recurridos instaron contra la cooperativa peticionaria una reclamación para el pago de horas extras al amparo de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 271 et seq.). El patrono solicitó la desestimación del pleito por no haberse agotado los remedios que ofrecía el convenio vigente entre las partes por el período que abarcaba la querella. El Art. 7 del convenio establecía un procedimiento para resolver las quejas que pudiesen surgir entre las partes. Los obreros se opusieron a la desestimación aduciendo, en esencia, que su querella no se fundaba en una violación del convenio, sino en infracciones a la Ley Núm. 379, por lo que su reclamación no era arbitrable.

El tribunal de instancia denegó la moción para desesti-mar. En alzada, dictamos orden para mostrar causa por la cual no debe revocarse tal resolución.

En Estados Unidos existe conflicto de opiniones sobre si deben agotarse los remedios que ofrezca el convenio, antes de incoar demanda en los tribunales bajo la Ley Federal de Nor-mas Razonables del Trabajo. En los siguientes casos, entre muchos otros, se exige que se acuda primeramente al procedi-miento que provea el convenio. Beckley v. Teyssier, 332 F.2d 495, 497 (9th Cir. 1964); Donahue v. Susquehanna Collieries Co., 160 F.2d 661, 664 (3rd Cir. 1947); y State v. Berry, 434 P.2d 471 (Or. 1967). Para la posición contraria, consúltense: Thompson v. Iowa Beef Packers, Inc., 185 N.W.2d 738 (Iowa 1971), cert. desestimado por haberse expedido indebidamente: 405 U.S. 228 (1972); Phillips v. Carborundum Company, 361 F.Supp. 1016, 1020-21 (W.D. N.Y. 1973); Leone v. Mobil Oil Corporation, 523 F.2d 1153, 1155-58 (D.C. Cir. 1975). Compárese también la crítica a Leone en 10 Geo. L. Rev. 843 (1976) con la nota en 18 Wayne L. Rev. 1465 (1972). El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha favorecido el arbi-traje respecto a ciertos estatutos y en cuanto a otros no. Textile Workers Union v. Lincoln Mills of Ala., 353 U.S. 448, 451 (1956); United States Bulk Carriers v. Arguelles, 400 U.S. 351, 357 (1970); Alexander v. Gardner-Denver Co., 415 U.S. 36, 59-60 (1973); Gateway Coal Co. v. Mine Workers, 414 U.S. 368, 378-80 (1973). El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin embargo, no se ha expresado sobre este problema en el contexto de la Ley Federal de Normas Razona-bles del Trabajo.

El problema planteado en este pleito ha sido, por lo con-trario, motivo de resolución expresa en Puerto Rico. En Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 129 (1963), se trataba, como aquí, de una reclamación directa ante los tribunales por horas extras adeudadas bajo la misma ley in-vocada en este caso, la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 271 et seq.). También, al igual que aquí, existía un convenio que contenía un procedimiento de arbi-traje, al cual no se había acudido. Resolvimos, con carácter prospectivo:

(1) que un patrono y una organización obrera pueden acor-dar válidamente en un convenio colectivo que las controversias sobre salarios y horas extra se ventilen y decidan mediante el procedimiento de arbitraje acordado en el convenio, y (2) que bajo un convenio válido y una cláusula de arbitraje que exprese que todas las querellas o reclamaciones que surjan o que puedan •surgir en relación con o con motivo de las disposiciones del con-venio y de cuya cláusula de arbitraje no se excluya lo relativo a salarios, se pueden resolver y se resolverán las controversias sobre salarios y horas extra mediante dicho arbitraje.

Véanse también: Nazario v. Hull Dobbs of P.R., Inc., 102 D.P.R. 568 (1974); Sria. del Trabajo v. Hull Dobbs, 101 D.P.R. 286 (1973); Fernández, El Arbitraje Obrero-Patronal en Puerto Rico, 35 Rev. Jur. U.P.R. 7, 25, 38, 56-60 (1966). Adviértase que la cláusula de arbitraje envuelta en este caso es extraordinariamente amplia, tan amplia como las discu-tidas en Pérez y los otros casos aquí citados. Consúltese ade-más a Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846, 849 (1970).

Por las consideraciones expuestas, se expide el auto, se revoca la resolución recurrida y se desestima el pleito. Los demandantes-recurridos podrán acudir, si así lo desean, al procedimiento de arbitraje que dispone el convenio.


text:
    Queja contra el abogado Sr. Gilberto Álvarez Crespo.

      Número: MC-80-52

      Resuelto: 23 de enero de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lourdes del Carmen Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo de Puerto Rico; Pedro Malavet Vega, abogado del Ledo. Gilberto Álvarez Crespo.
   per CURIAM:

Este caso de conducta profesional trae causa teñida en represalia. El quejoso señor Valentín Calderón pro-movió cargos de mala conducta profesional contra el abogado Sr. Gilberto Álvarez Crespo, como segunda ronda de su pugna en la Autoridad de Carreteras de la que ambos eran emplea-dos, el abogado en calidad de técnico de laboratorio. Valentín Calderón acusó al abogado de fraude y al demostrar la in-vestigación administrativa la falsedad de la acusación, aquél fue destituido de su empleo. Ante el Procurador General for-muló cargos de mala práctica, consistente en que el abogado dedicaba parte del tiempo remunerado con su sueldo en dicha agencia, a labores y gestiones propias de la práctica privada de su profesión, de tal modo defraudando tanto al Estado Libre Asociado como al Gobierno federal que suplen los fondos de la Autoridad de Carreteras.

La investigación del Procurador General reveló, y así lo admite el querellado, que ha tenido una práctica ínfima y es-porádica de su profesión de abogado, compareciendo al tribunal en casos criminales todos menos graves, con excepción de uno por asesinato en que compartió la representación con otro abogado, en diez ocasiones entre 19 diciembre, 1977 y 17 agosto, 1979; y ha preparado documentación en algunos casos de Derecho de familia. Cinco de esas comparecencias fueron solicitudes de suspensión o alegación de culpabilidad, otra a una determinación de causa a las 8:30 de la noche, y otra a breve vista de un caso de tránsito. Su práctica forense es conocida por sus superiores en su empleo, que la permiten toda vez que no interfiere con sus horas regulares de empleo, ni disminuye el servicio público remunerado por la agen-cia.

La observancia por este abogado de las normas y reglas de su empleo con una agencia de la Rama Ejecutiva no es materia ante nosotros y aparece que ya fue adjudicada en favor del empleado. Hemos tomado el asunto para una deci-sión sobre un planteamiento latente o inarticulado: la in-compatibilidad, si alguna, entre el empleo del querellado como técnico de laboratorio, y la práctica de la abogacía.

No hay tal conflicto, que ni se define en ninguno de los Cánones de Ética, ni constituye infracción a la prevención general del Canon 38 contra la apariencia de conducta pro-fesional impropia. La esencial liberalidad de la profesión jurí-dica no está coartada porque su practicante sea además mé-dico, contador público, ingeniero o técnico de laboratorio. Las profesiones se enriquecen con la universalidad de conocimien-tos y vocaciones a que alcanza su ámbito académico, y la pro-fesión de abogado, como ninguna otra, extiende su ilustración a confines impredecibles. En nada disminuye el honor y la dignidad de la profesión que el abogado tenga y cumpla con otra profesión o empleo lícito. Esta actividad dual no implica sumisión de la conducta profesional al dictamen ético de los superiores en su empleo; los campos quedan claramente des-lindados y el de la agencia se circunscribe a lo reglado en la Ley de Personal. La tutela ética del abogado por este Tribunal, sin importar la intensidad o modestia de su práctica, no se comparte con funcionario ni organismo alguno.

Se palpa una tendencia a acudir a este Tribunal con quejas de conducta profesional, en realidad reclamaciones privadas contra abogados que propiamente tienen un foro adecuado en el Tribunal General de Justicia. El Tribunal Supremo que tiene una facultad de disciplina, pero también un deber de protección sobre la profesión jurídica, estará siempre alerta a quejas que con manto de ética tienden a disimular un conflicto de Derecho civil entre el abogado y su adversario.

Los Cánones de Ética son para aplicarse con la energía medular que sostiene una profesión limpia y digna de la con-fianza pública, sin caer en extremos que nos conviertan más que en foro ético, en instrumento de discrimen contra la pro-fesión de abogado. Ahora que la libertad de expresión, la reclamación de derechos y de remedio contra agravios con frecuencia sufren en su gran valía la distorsión de agentes mal informados o inescrupulosos, se yergue con austero relieve la previsora preceptiva de nuestra Constitución ai de-clarar que la dignidad del ser humano es inviolable (Art. II, Sec. 1), y que toda persona será protegida contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar (Art. II, Sec. 8).

La queja contra este abogado carece de toda legitimidad y debe rechazarse como uso espurio de los recursos provistos para investigar la conducta de los abogados. Archívese.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

       Cuando este empleado solicitó del Colegio de Abogados fianza para ejercer la notaría, su superior expidió el 1ro junio, 1977 la siguiente certificación:
      “Yo, Regis Deglans, Supervisor, Oficina Pruebas de Materiales por la presente certifico:
      “Que las funciones que desempeña el Ledo. Gilberto Alvarez Crespo, en la Autoridad de Carreteras en forma alguna confligen con sus funciones como notario bajo las leyes de Puerto Rico.”

       La See. 4.6(3) de la Ley de Personal del Servicio Público, ordena:
      “Cuando la conducta de un empleado no se ajuste a las normas establecidas, cada agencia deberá tomar las medidas correctivas necesarias. Entre otras medidas se podrán considerar la amonestación verbal, las reprimendas escritas, las suspensiones de empleos y sueldos, y las destitu-ciones. Tanto las suspensiones de empleo y sueldo como las destituciones deberán notificarse por escrito a los empleados, indicando los fundamentos.” 3 L.P.R.A. see. 1336(3).
      En opinión de 27 marzo, 1979 del Secretario de Justicia, se expresa:
      “El análisis detenido de la jurisprudencia, legislación y reglamenta-ción que procede, comprueba que no existe precepto legal, reglamentación o norma administrativa que prohíba o regule expresamente el ejercicio de la práctica privada de la profesión, incluyendo la notaría, por abogados que son empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno.
      “Como hemos señalado, la formulación de normas que regulen la materia que es objeto del presente estudio, compete a cada agencia. Vale decir, la fijación de normas que deberán regir el trabajo remunerado que realizan sus abogados, incluyendo el ejercicio de la notaría, dentro y fuera de las horas laborables, corresponde a cada agencia en particular.”


author: PER curiam:

text:
      In re Lic. Enrique Vázquez Báez, querellado.

      Número: O-77-477

      Resuelto: 23 de enero de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Yamil Galib, Hernán Longoria, Segismundo López Rodríguez y Rafoxl Vázquez Báez, abogados del querellado.
   PER curiam:

El Procurador General formuló contra el abogado Sr. Enrique Vázquez Báez cuatro cargos de conducta antiética imputándole en esencia:

I. Violación del Canon 8 de Ética Profesional al permitir que en su presencia su cliente en dos casos criminales influ-yera con un testigo de cargo para que cambiara su declara-ción;
II. Violación de los Cánones 9 y 38 consistente en:
1. Asistí [r] a los tribunales barbudo, desaliñado y vistiendo camisa sport y en chancletas.
2. Obstruir en repetidas ocasiones el acceso con su carro al área de estacionamiento de los jueces.
3. Asumir una actitud desafiante cuando se le menciona su forma de vestir por el Tribunal.
4. Entrar a las oficinas de los jueces sin solicitar permiso con una taza de café y un cigarrillo en las manos.
5. Sentarse en la mesa destinada a los fiscales mientras se dirigía al Tribunal en sesión, rehusando permanecer de pie por orden del Tribunal y luego invitando a pelear al juez. Estos hechos ocurrieron el día 8 de octubre de 1974. El Tribunal procedió a dictar sentencia por desacato criminal.
6. Interrumpir los procedimientos judiciales de vista pre-liminar celebrada el día 5 de septiembre de 1974 ante la Honorable Juez de Distrito Ardelie Ferrer de Rivera quien le impuso Desacato Criminal [sic].
7. No comparecer en casos criminales los días 27 de febrero de 1974, 8 de abril de 1974 ante el Tribunal de Distrito por lo cual el Tribunal le impuso cuatro desacatos criminales.
8. Proferir palabras obscenas contra la persona del Honorable Manuel Cruz Soto, Fiscal Auxiliar, porque éste pidió se investigara la conducta profesional del querellado.
9. Invitar a pelear al Honorable Víctor Calderón, Fiscal, mientras se celebraba una vista preliminar en el Tribunal de Distrito de Mayagüez, manifestando que él se había criado en los barrios bajos de Mayagüez y que resolvía sus casos con pelea.
III. Violación de los Cánones 8 y 35 al ocultar de una juez que no estaba firmada ni era firme la sentencia de divorcio de un cliente a quien acompañó frente a la magistrado a casarse con otra mujer.
IV. Violación del Canon 19 al no mantener una cliente informada del curso de una acción civil enterándose ella por iniciativa propia de la desestimación de su demanda.

El Tribunal designó Comisionado Especial al anterior juez superior Sr. Manuel A. Moreda ante quien tuvo el querellado una audiencia plena, y recibida toda la prueba del Procura-dor General y del querellado, formuló el Comisionado deter-minaciones de hecho sometidas en su Informe a este Tribunal de 12 septiembre, 1980. El 6 de octubre, 1980 el Procurador General radicó un pliego de comentarios al Informe en que discrepa de las conclusiones respecto al primero y segundo cargos, y “coincid [e] plenamente” con las expresiones del Comisionado al adjudicar los cargos tercero y cuarto.

En su Informe, el Comisionado especial llega a las siguien-tes conclusiones:

Cargo I. No hubo prueba que le permitiera concluir que en presencia del querellado el acusado Roger Rivera usase presiones indebidas sobre el testigo Frederick Rodríguez Mercado para inducirlo a cambiar su declaración o que el abogado tuviese conocimiento de anteriores gestiones de ese tipo. El citado Roger Rivera fue acusado en dos casos de escalamiento en primer grado en un almacén y una joyería y en ambos era testigo el nombrado Frederick. Al querellado se le designó por el tribunal para que asistiera al acusado en la vista pre-liminar, mas no lo representó en el juicio. El Comisionado resume así el incidente que dio lugar a este cargo:

Antes de las fechas señaladas para la celebración del juicio criminal, un domingo en la noche, a eso de las 7:00 P.M., el acusado Roger Rivera Velázquez y su abogado, el Ledo. Enrique Vázquez Báez, fueron a la residencia de Frederick Rodríguez Mercado. Como medio de transportación, usaron el automóvil del querellado, Ledo. Vázquez Báez.

En la acera, frente a la residencia de Frederick Rodríguez Mercado, en presencia del Ledo. Enrique Vázquez Báez, Roger Rivera Velázquez, le dijo a Frederick Rodríguez Mercado, que si lo podía acompañar para cambiar la declaración que había prestado ante el Fiscal. Frederick estuvo conforme. Abordó el automóvil del Ledo. Vázquez Báez y se hicieron gestiones para localizar a un fiscal. Primero trataron de hacer contacto con el Fiscal Víctor'Calderón. Al no poder localizar a éste, visitaron al fiscal Luis H. Rivera, en su residencia. Al enterarse del propósito de la visita, Rivera se negó a continuar atendiéndolos y lo citó para el día siguiente, en sus oficinas, en la fiscalía de Mayagüez.

Al día siguiente, Frederick Rivera Mercado ísic], visitó la oficina del Sr. Fiscal. Luego de entrevistarse con el mismo, desistió de sus propósitos de cambiar la declaración que había dado en la investigación preliminar de los casos. No obstante, algún tiempo después, prestó una declaración jurada ante un notario retractándose de la que dio en la investigación oficial y exonerando a Roger Rivera de toda culpa en los escalamientos.

Nada hay en la prueba que permita concluir que en presencia del Ledo. Enrique Vázquez Báez, Roger Rivera usase presiones indebidas sobre Frederick Rodríguez Mercado, para inducirlo a cambiar su declaración. Tampoco hay evidencia de clase alguna que demuestre que, el Ledo. Vázquez Báez, tuviese conocimiento de que con anterioridad se hubiesen usado presiones indebidas para inducir a Frederick Rodríguez a cambiar su declaración.

Fuera de acompañar a Roger Rivera y a Frederick Rodríguez, facilitando su automóvil y de la ayuda para localizar a un fiscal, nada hizo el querellado para inducir a Frederick Rodríguez a que cambiase algún extremo de la declaración que prestó en la investigación fiscal de los casos pendientes.

Cargo II. En este cargo encontró probado el Comisionado que el Lie. Enrique Vázquez Báez tenía hábito de desaliño en su apariencia personal exhibiendo barba hirsuta y pelo en “afro” descuidado, y de vestimenta impropia, presentándose en las oficinas del tribunal en camisa deportiva o informal, pecho al desnudo, calzando “chancletas” y así en ocasiones se sentaba con el público en sesión del tribunal; que ha mejo-rado su atuendo y apariencia general posteriormente, pero sigue usando el calzado liviano por problemas circulatorios relacionados con su diabetes, aunque las “chanclas” que usó ante el Comisionado no le parecieron detestables a éste.

En ocasiones el querellado entró al despacho privado de los jueces fumando, con taza de café en la mano, pero nunca se le reprendió por tal conducta.

El 8 de octubre de 1974 en la Sala del Juez Superior Sr. Rubén Fernández Vázquez, en Mayagüez, el querellado se encolerizó porque el juez le llamó la atención sobre la posi-ción de sentado o reclinado sobre una mesa en que se dirigía al tribunal y porque le suspendió un caso criminal para el día siguiente que coincidía con previos compromisos del de-fensor en Aguadilla. Relata el Comisionado que “el quere-llado se acercó al estrado y en voz baja le dijo al Hon. Juez que presidía la sala ‘que quería verlo no como juez, sino de macho a macho para arreglar nuestras cuestiones’ Fue condenado por desacato a reclusión en la cárcel, pena que luego el juez modificó y el abogado pagó una multa. Este fue un incidente más en la práctica del querellado ante el juez Sr. Fernández Vázquez, de continua provocación de situa-ciones lindantes en desacato.

Al querellado le fue impuesto y pagó un desacato porque al prohibirle la Hon. Juez Ferrer en una vista preliminar que grabara el testimonio oral, el querellado “en forma violenta, tomó los expedientes de la mesa donde se encontraban, los tiró frente a los acusados y manifestó ‘esto es insólito, bús-cate otro abogado’. Acto seguido salió bruscamente de la sala..

Sus relaciones personales con los fiscales eran pobres, y estaban matizadas de vulgaridad y violencia. Hallándose en un grupo al que se acercó el fiscal Sr. Cruz Soto, el querellado lo ofendió, diciendo, “Yo no saludo a todo mierda”. En otro incidente con fiscales, relata el Informe: “En ocasión que el [Fjiscal Calderón atendía unas vistas preliminares, durante un receso, y sin provocación aparente, el Lie. Vázquez Báez en forma violenta, lo invitó a pelear, alegando que él se había criado en los barrios bajos de Mayagüez y arreglaba sus asuntos ‘a gaznatadas’. Aparentemente Vázquez Báez, enten-dió que el Fiscal Calderón estaba haciendo comentarios sobre su persona durante el receso”.

Su práctica de lo criminal, aceptando más casos que los que podía atender, fue objeto de repetidos desacatos por in-comparecencia del abogado y creó un verdadero problema para la administración de la justicia en el Tribunal de Dis-trito.

Cargo III. Quedó probado que el querellado vio el caso de divorcio de su cliente Ramón García Soto el 1 de septiembre de 1977 y el mismo día lo llevó a la presencia de la Juez Arde-lie Ferrer para que lo casara. Los blancos correspondientes se llenaron por la Secretaría del tribunal en presencia del abogado, ajustándose a la información que le dieron los con-trayentes. Y relata el Informe del Comisionado:

. . . Una vez terminado el trabajo clerical [síc] pasaron a la oficina de la Hon. Juez Ferrer. Sirvieron como testigos la Secre-taria Olga Iris Morales y el Ledo. Enrique Vázquez Báez. La ceremonia se celebró en la oficina que normalmente ocupa el Juez Rocco. Lo que allí se habló, estaba al alcance del oído del querellado. La Hon. Juez Ferrer interrogó, a los contrayentes, [a] García Soto [si] nunca antes había contraído matrimonio. A la Hon. Juez le extrañó, dada la apariencia física agradable y la edad del contrayente. Lo interrogó específicamente sobre ese extremo y García Soto se ratificó en la información previamente suministrada. Manifestó, “bueno, ahora me agarraron”.

No surge claro de la prueba, si el Ledo. Vázquez Báez oyó cuando García Soto dio esa información a la Secretaria del Hon. Juez Rocco. No hay duda de que sí oyó la conversación entre la Hon. Juez Ferrer y García Soto al momento de celebrarse la ceremonia matrimonial.

El Ledo. Vázquez Báez sabía que la información era falsa. Como cuestión de hecho ese mismo día el Ledo. Vázquez Báez había representado a García Soto en un caso de divorcio en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez. En dicho caso García Soto era el demandante y la demanda fue declarada con lugar en corte abierta. El Ledo. Vázquez Báez sabía que el Juez que presidió la vista en el caso de divorcio todavía no había firmado la sentencia.

El querellado trata de explicar su silencio, a base de su in-terpretación de las [d] isposiciones del Código Civil sobre esta materia. Señala, que a su juicio, una persona puede contraer matrimonio inmediatamente después del divorcio ya que no hay nada en ley que se lo impida. Entiende que el nuevo matrimonio así contraído es válido.

No consideramos necesario pasar juicio sobre la interpreta-ción legal que pueda tener el querellado sobre la validez del matrimonio que se celebraba. Sí estamos convencidos de que el querellado estaba obligado moral y legalmente a advertir a la Hon. Juez Ferrer, que la información que suplía su cliente era falsa, más aún, considerando que la información que dan los contrayentes para llenar la licencia matrimonial es bajo jura-mento, el querellado, con su silencio permitió, no sólo que se engañase al juez, si que también que el contrayente cometiese un posible delito de perjurio.

Cargo IV. La defensa del querellado en la falta de notifi-cación a su cliente Monsita Sierra sobre el progreso de su demanda de daños y perjuicios, al efecto de que nunca recibió de Secretaría la notificación de sentencia, aun dándole crédito el Comisionado, no salva a su juicio el largo tiempo durante el cual el abogado no mostró interés en informarse del estado del caso en el tribunal.

Fueron probados los cargos III y IV y el cargo II en sus incisos 1, 4, 5, 6, 8 y 9 que integran una conducta profesional infractora del Canon 9 de Ética Profesional que conmina al abogado a observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto; del Canon 38 que le instruye a esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, y a que evite hasta la apariencia de conducta profesional impropia, debiendo tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, conducirse en forma digna y honorable; del Canon 7, que declara altamente impropio de un abogado dar consejo legal para facilitar o encubrir un delito; del Canon 8, que advierte al abogado contra permitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos dentro de la relación de abogado y cliente, incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente; y del Canon 35 en su preceptiva de sinceridad y honradez, cuando declara que la conducta de cualquier miembro de la profesión jurídica ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada; y que no lo es el recurso a medios inconsistentes con la verdad, como tampoco debe inducirse al juzgador a error valiéndose de artificios o de una falsa relación de los hechos o del Derecho.

Los hechos probados muestran una fundamental incom-patibilidad entre el régimen de vida privada y profesional del querellado, y el decoro y dignidad esencial de la profesión de abogado. El Comisionado atribuye este conflicto a una rebel-día que el propio abogado dice lo lleva a ser agresivo en ex-tremo, y que “ni da ni pide cuartel”. Ninguna profesión brinda al hombre mejor oportunidad para luchar contra la injusticia y abrir brecha para eliminar las causas de legítima rebeldía, que la profesión de abogado, pero ello es obra de talento, de estudio, de comunicación civilizada entre adver-sarios, de habilidad e inteligencia empleadas limpiamente en la defensa de causas, y también de sensibilidad y cultura. A estos recursos es que responden los jueces y demás funciona-rios del sistema de justicia y de orden público, y no a la pre-sencia de una figura desagradable presta a envolver el foro de razón en campo de violencia.

Quizás la más grave de sus faltas ha sido su desafío vio-lento en pleno tribunal retando al magistrado a enfrentársele en combate. Nada debe estar más lejos de un hombre de ley que el amago o recurso a la violencia que es la antítesis y negación del orden jurídico. No debe estar en la profesión quien padece estos accesos de regresión a lo primitivo. Nues-tra patria tiene derecho a que sus instituciones, sus profe-sionales, sus gobernantes protejan la civilización de esta marea de violencia y falta de estilo que es carcoma de nuestra cultura.

El abogado que aspire a continuar ejerciendo la profesión que escogió, debe ser ejemplo de dignidad y de urbanidad, si es que vamos a conservar para la abogacía el prestigio que acompañó su nacimiento hace siglos. La judicatura de Puerto Rico es bastión de pureza que todavía sobrevive el ataque vi-cioso que es signo de la militancia contemporánea, y sobre el abogado recae principalmente la obligación de preservar el honor del magistrado en todos sus actos, no sólo en la tradi-cional fórmula de “Vuestro Honor” cuando a él se dirige en el tribunal. No podrá haber civilización si decaen la magistra-tura y la abogacía, brazos inseparables de la Justicia.

El Comisionado cierra su informe con las siguientes afir-maciones :

La formulación de los cargos fue una sacudida emocional beneficiosa para el querellado. Abandonó el ejercicio de la pro-fesión de abogado por algún tiempo, durante el cual se dedicó a atender un pequeño colmado. Al regresar a la práctica de la profesión, su comportamiento mejoró notablemente y en la ac-tualidad el mismo es aceptable. Se ha reconciliado con los jueces agraviados y hoy mantiene buenas relaciones de amistad y com-pañerismo con ellos. Ha cambiado su manera de vestir y cuida de su apariencia física. También se ha sometido a un régimen de vida que le permite mantener baj o su control su enfermedad.
RESUMIENDO, concluimos que los problemas de comporta-miento que presentaba han sido superados.

Concluye el Comisionado que los funcionarios a quienes el querellado agravió, le han perdonado y extendido una nueva oportunidad de ajustar su conducta a las normas de respeto y dignidad del foro judicial. En un procedimiento de desaforo la remisión de la culpa no surte efecto de inmersión en el río sagrado que lava el pecado porque el perdón es signo de nobleza en quien lo otorga, mas no necesariamente de enmienda en quien lo recibe. Sin embargo, podrá tomarse como atenuante en el grado de severidad con que esta sociedad, y la profesión jurídica en particular, deben ser desagraviadas. En el caso de este abogado, el perdón no alcanza a subsanar el dañoso efecto acumulativo de la serie de actos que informan su comportamiento.

Las faltas del querellado han sido de tal gravedad que sólo esa anunciada adquisición de autodisciplina y la esperanza de que arraigue e insufle en este abogado los principios de ética y civilidad, modera por ahora la inevitable sanción de su conducta.

Se decretará la suspensión del querellado en el ejercicio de la profesión de abogado. Cumplido un año y medio de sus-pensión el Tribunal consideraría su solicitud de reinstalación si en sus méritos garantizare a la sociedad puertorriqueña que el querellado ha reformado permanentemente su carácter y conducta, y si en verdad ha logrado reconciliar ésta con las normas éticas de la profesión.

El Juez Asociado Señor Negrón García separaría al que-rellado de la profesión indefinidamente.

       El caso fue visto ante jurado produciéndose un veredicto de culpa-bilidad en ambas acusaciones y sentenciado el reo a pena de reclusión. Este Tribunal Supremo confirmó las sentencias en apelación el 19 diciembre, 1977 (Cr-77-23).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Jeremías Cordero Rodríguez, acusado y peticionario.

      Número: O-80-411

      Resuelto: 27 de enero de 1981

      Eloy Verdejo Roque, abogado del peticionario, Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rosemary Corchado Lorent, ProcuradoraGeneral Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

Concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que compareciera a mostrar causa por la cual no debe-ríamos expedir el auto de certiorari solicitado por el peti-cionario Jeremías Cordero Rodríguez y oportunamente orde-nar el archivo de una denuncia por violación de la Ley de Sustancias Controladas (Distribución de Heroína).

El trasfondo fáctico procesal que origina este recurso es como sigue:

La denuncia contra Cordero Rodríguez fue radicada el 12 de septiembre de 1979. El 16 de octubre solicitó bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal unos documentos para la cele-bración de la vista preliminar señalada para el 2 de noviem-bre de 1979. Fue suspendida por no haberse cumplido con la orden bajo la Regla 95 y transferida para el 21 de diciembre de 1979, Ese día fue nuevamente suspendida ya que no com-pareció el agente Luzgardo Liciaga y señalada para el 8 de febrero de 1980, fecha en que también fue suspendida y seña-lada para el 11 de febrero de 1980. Otra vez la vista fue pos-puesta para el día 28 de marzo de 1980 y nuevamente sus-pendida por razón de no encontrarse presente la prueba de cargo.

El 28 de abril de 1980 se celebró la vista preliminar con un solo testigo del Ministerio Público, determinando el juez de instancia inexistencia de “causa probable . . . por falta de prueba del M [inisterio] P [úblico] ”.

No conforme, el Ministerio Fiscal acudió ante un Juez Superior. Allí el peticionario por primera vez solicita el archi-vo de la denuncia al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, aduciendo violación al juicio rápido y explicando que no levantó antes esa defensa en el Tribunal de Distrito debido a que su experiencia le indica que una vez se archiva el caso, se reabre el mismo. El fundamento no es válido. Tar-díamente invoca en otro foro el derecho que pudo reclamar, pero que no reclamó a tiempo y en forma efectiva.

Lo acaecido en el Tribunal de Distrito pudo muy bien ser motivo de archivo, pues no se justificó la ausencia e incompa-recencia del agente Liciaga, situación altamente reprobable y censurable. Ahora bien, debió plantear allí el peticionario que no renunciaba al trámite de juicio rápido. Su silencio abso-luto al respecto constituye una aquiescencia que derrota su posición ante el magistrado superior.

Recordemos:

Repetidamente hemos expresado que el derecho a un juicio rápido es fundamental, Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970); pero también se reconoce que el concepto “juicio rápido” es uno flexible que requiere tomar en cuenta las circunstancias que rodean cada reclamo de ese derecho. En Baker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), se cita Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77 (1905), al efecto de que “El derecho a un juicio rápido es una cuestión puramente relativa. Depende de muchísimas circuns-tancias y debe ajustarse a los consabidos aplazamientos. Garan-tiza los derechos del acusado; pero no excluye los derechos de la justicia pública”. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658, 660 (1977). (Énfasis nuestro.) Cf. Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 178 (1976).

Visto lo expuesto y la comparecencia del Procurador General, no ha lugar al certiorari solicitado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

(Pdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Voto disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 1981

La resolución de este Tribunal, negándose la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario, parte del supuesto que éste renunció a su derecho a juicio rápido al no solicitar el archivo de la causa al magistrado que entendía en la vista preliminar en primera instancia. Aparte de que no hubo tal renuncia, los incidentes de este caso informan una conducta oficial extraña, que permanece inexplicada en los autos ante nos.

Vamos a los hechos. El 16 de septiembre de 1979 se pre-sentó denuncia contra el aquí peticionario por una alegada infracción de la Ley de Sustancias Controladas. Citado para vista preliminar para el 2 de noviembre siguiente, el peti-cionario oportunamente presentó, el 16 de octubre, una mo-ción bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal, y se expidió orden el 19 de ese mes, bajo dicha regla, requiriéndose al fiscal que suministrara y permitiera al abogado del peticionario inspeccionar y copiar determinados documentos. No obstante que dicha orden se emitió y notificó más de dos semanas antes de la fecha señalada para la vista, el fiscal no la cumplió. Ello motivó la primera posposición, y un nuevo señalamiento para el 21 de diciembre. Llegada esa fecha no pudo celebrarse la vista preliminar por estar ausente el agente Luzgardo Li-ciaga, testigo de cargo. Siguieron otros señalamientos —2 y 11 de febrero y 28 de marzo— sin que pudiera celebrarse dicha vista preliminar, ora por incumplimiento de la orden bajo la Regla 95, ora por no estar preparado el fiscal. En todas dichas fechas el peticionario compareció personalmente y asistido de su abogado.

Llegó el 28 de abril de 1980. El fiscal anunció estar prepa-rado. Se juramentaron sus testigos, agente Rainel Reyes y su supervisor de la Unidad de Drogas de la Policía de Ponce, Luzgardo Liciaga. El peticionario anunció un testigo de de-fensa, cuya identificación no reveló en ese momento por tra-tarse del alegado confidente, a quien tenía disponible para prestar testimonio. Puestos los testigos bajo las llamadas “reglas del tribunal”, comenzó la vista con el testimonio del agente Rainel Reyes. Concluido su testimonio, se llamó a su supervisor Luzgardo Liciaga, y no apareció. Inexplicable-mente se ausentó del tribunal, sin autorización alguna. El peticionario accedió entonces a que se alterase el orden de la prueba y presentó la suya. Llegado el mediodía se recesó hasta las dos de la tarde para entonces oír el testimonio de Liciaga. Éste no se presentó y, pasadas las 2:30, sin que el fiscal pre-sentara tampoco prueba del análisis químico de la substancia controlada cuya distribución se imputaba al peticionario, se determinó no haber causa probable, quedando con ello exone-rado.

A esta fecha habían transcurrido 229 días desde que el peticionario fuera detenido el 12 de septiembre de 1979. Transcurrieron 36 días más y el fiscal entonces presentó “solicitud de Vista Preliminar en alzada” ante el Tribunal Superior, ordenándose su celebración el 30 de junio de 1980, es decir, 63 días después de haberse determinado que no había causa probable. El peticionario oportunamente presentó mo-ción de archivo y sobreseimiento de la nueva solicitud, invo-cando que se había violado su derecho a juicio rápido. Al lla-marse el caso el 30 de junio de 1980, se declaró sin lugar dicha moción. Pero no se celebró la vista. El agente Liciaga tampoco estaba presente entonces, diz que por enfermedad, y se transfirió la vista preliminar para el 24 de julio de 1980, es decir, trescientos diez y seis días (diez meses y medio) desde que el peticionario fuera detenido. En ese período hubo unos seis señalamientos a todos los cuales compareció el peti-cionario.

Señalamos en Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975), págs. 169-170:

El derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito. De otro modo ese derecho podría ser burlado prolongando sin justificación los trámites precedentes al juicio como ha ocurrido en este caso. En términos del derecho fundamental de todo ser humano a sentirse libre de la opresión y la preocupación martirizante que genera una acusación injusta, no hay diferencia apreciable entre la demora en someter la acusación al crisol depurante de la vista preliminar y la tardanza en celebrar el juicio para la decisión final sobre culpabilidad o inocencia. El derecho a juicio rápido, fundamental en nuestro procedimiento criminal, quedaría grave-mente afectado en su virtualidad y esencia si el Estado pudiera prolongar por término irrazonable la celebración de la vista preliminar. La Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, que faculta al tribunal a sobreseer la causa a instancia propia, es adecuado vehículo para proteger al acusado de la excesiva tar-danza en la celebración de la vista preliminar.

Se pretende que el peticionario renunció a su derecho a juicio rápido al no solicitar el archivo de la causa en el Tribunal de Distrito. No creo que así fuera, pues se trata de uno de los derechos constitucionales fundamentales, al que no se renuncia implícitamente. Su renuncia debe ser expresa y no presunta. Así lo señalamos en Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974), donde dijimos (págs. 415-416) :

A la luz de lo anterior, resolvemos que la moción de desesti-mación radicada por el acusado a base de violación a su derecho a un juicio rápido basta para invocar su derecho a un juicio rápido. La no objeción por el acusado del señalamiento efectuado posteriormente no constituyó una renuncia a tal derecho. Se revoca en este sentido la doctrina representada por Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970). Las renuncias a los dere-chos constitucionales fundamentales deben ser expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conoci-miento de causa. Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972). (Énfasis suplido.)

Más aún, en el supuesto de considerar que hubo una re-nuncia implícita válida del derecho a juicio rápido al no so-licitarse archivo en el Distrito, no puede entenderse con ello que se renunció a ese derecho para siempre. El peticionario invocó su derecho ante el Tribunal Superior, donde había de celebrarse la vista “en alzada” sesenta y tres días después de haber sido exonerado. No solamente se denegó su solicitud, sino que, además, se pospuso la vista para veinticuatro días más tarde. Bastó que el fiscal alegara que el agente Liciaga estaba enfermo. Este es el mismo testigo cuya ausencia no explicada había provocado varias suspensiones en el Tribunal de Distrito. Es el mismo testigo que el 28 de abril de 1980, sin autorización y sin explicación alguna, violó las “reglas del [tjribunal” al ausentarse después de haber sido juramen-tado y no presentarse más al tribunal. ¿Por qué se ausentó? ¿Qué acción se tomó contra dicho testigo para vindicar el respeto debido al tribunal? ¿Qué importancia, para la expli-cación de la conducta del agente Liciaga, podría tener que el alegado confidente es testigo de defensa del peticionario? ¿Por qué el fiscal, sin tener prueba del análisis químico, anun-ció estar preparado para la vista del 28 de abril de 1980, cuando por ese solo hecho era obvio que no estaba preparado? ¿Puede hacerse depender el proceso judicial, sobre todo en lo criminal, de tan inexplicable conducta oficial?

Por todas las consideraciones aquí expuestas, mantendría el criterio intimado en la resolución sobre mostración de cau-sa de este Tribunal de 14 de agosto de 1980, expediría el auto y revocaría la resolución que denegó la moción de archivo y sobreseimiento.


author: Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Cecilio Castro García, acusado y apelante.

      Número: CR-79-89

      Resuelto: 28 de enero de 1981

      Miguel T. Morales Adames, abogado del acusado; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Reina Colón de Rodrí-guez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo de Puerto Rico.
   SENTENCIA

La víctima, Aurelia Fuentes, y el apelante eran casados. Se separaron. Estando separados, Aurelia acudió a las fiestas patronales de Loíza en unión de dos amigas, Enid e Isabel Navarro. Declaró una de las amigas, que llegaron al pueblo como a las siete de la tarde y alrededor de las diez de la noche se les unió un amigo de nombre Miguel Solís. Éste, como a las doce, las invitó a un kiosko. Solís ordenó cerveza para los cuatro. Al momento entró el apelante “y sin previo aviso, súbitamente, empezó a hacerle disparos a Aurelia, cayendo ésta al piso”. “[E]ntre el apelante y su víctima no medió dis-cusión ni altercado alguno habiéndose producido el hecho ins-tantáneamente y sin tiempo para nada.” E.N.P., pág. 4.

Miguel Solís declaró que conoció a las tres damas esa noche; que sentía simpatías por Enid y que las convidó a tomar unas cervezas; que no oyó discusión alguna previa a los hechos imputados al apelante.

El dueño del establecimiento declaró que el apelante visitó el kiosko como a las nueve de la noche y al retirarse le dijo que volvería más tarde. Declaró, además, que al llegar Solís pidió cuatro cervezas “y mientras él las despachaba, sintió un disparo y cuando se incorporó vio al apelante disparando contra Aurelia Fuentes López, quien yacía en el piso, disparando el apelante varias veces más”. E.N.P., pág. 6. El forense de-claró que cuatro de los plomos recibidos por la víctima fueron por la espalda.

El apelante declaró explicando las relaciones entre él y su esposa y la separación surgida al cabo de algún tiempo de casados. Manifestó que la noche de los hechos estaba en las fiestas patronales de Loíza y al pasar por el kiosko decidió entrar. “Que al entrar al kiosko vio a su mujer sentada con un hombre . . . quien le tenía un brazo echado por el hombro y el otro brazo al nivel del muslo, como si tuvieran las manos cogidas. Que él se percató [de] que en el negocio [había] otras personas; que se [le] nubló su entendimiento, que per-dió noción del tiempo y de sitio, sacó su revólver y disparó”.

El fiscal presentó prueba de refutación al efecto de que el apelante, en ocasión anterior, le había propinado una bofe-tada a su esposa, que éste estuvo enfermo y que su esposa (la víctima) lo cuidó; que en otra ocasión el apelante le in-forma a una prima de la víctima que le iba a cortar la cara para que los estudiantes se rieran de ella y a otra persona le manifestó que “si él sabía algo de Yeya [la víctima], la mataba”. Los testigos de refutación estaban todos emparenta-dos con la víctima.

La defensa presentó el testimonio del apelante para re-futar esta prueba.

La contención del apelante en su primer apuntamiento de que los hechos establecidos por la prueba de cargo no consti-tuyen el delito de asesinato en segundo grado y sí el de homi-cidio, carece de mérito. La actuación del apelante al disparar contra su esposa de súbito y sin que mediaran palabras o dis-cusión alguna no justificaba en forma alguna un veredicto de homicidio. Funda su contención de que hubo una provocación en la frágil base de que al llegar el apelante al kiosco donde se encontraban reunidos su esposa y unos amigos, encontró a ésta cogida de las manos con otro hombre, Aparte de que la prueba de cargo estableció que si algún interés romántico tenía el hombre que acompañaba a las damas era hacia Enid Navarro, este hecho no constituye suficiente provocación para convertir el acto criminal del apelante, quien disparó cuatro de las balas que atravesaron el cuerpo de la víctima por la espalda, en un homicidio voluntario. Lo que se estableció claramente fue un caso de asesinato. “Asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”, dispone el Art. 82 del Código Penal. Y los elementos constitutivos de esa ma-licia pueden concebirse en el momento mismo del ataque que causa la muerte.

Lo expresado dispone del segundo apuntamiento. Es claro que la prueba justificaba la inferencia de malicia pre-meditada. Nada en la prueba que tuvo ante sí el jurado jus-tificaba unas instrucciones sobre homicidio. Ver Art. 85 del Código Penal.

En cuatíto al tercer error —la improcedencia de admitir la prueba de refutación presentada por el Ministerio Público— basta decir que, aun si consideráramos que constituye error su admisión, el mismo no podía en forma alguna afectar el veredicto rendido, pues el propio apelante admite los hechos y sólo disputa la clasificación del delito. Siendo la prueba tan clara y directa, ciertamente no tuvo consecuencia alguna la admisión de la prueba de refutación.

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Rigau disiente en opinión separada.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 1981

Respetuosa y fraternalmente disiento. Cuando un juez se propone hacer justicia —propósito que para él debe ser coti-diano— y no interesa probar que es liberal o conservador, estricto o leniente, la forma en que ha de resolverse el caso dependerá mayormente de su interpretación de ios hechos.

Desde luego, la ley ha de aplicarse. Pero la ley está ahí, escrita, inmutable, uniforme, silenciosa, igual para todos. Es el caso, esto es, sus hechos particulares y la aplicación a esos hechos por el juez de la ley, lo que le dará a ésta vida, calor y vivencia. Ese proceso del juzgador es el que hace de la ley pna realidad en la vida humana. Rudolf Von Ihering lo ha expresado en esta forma: “[E]l Derecho existe para rea-lizarse., La realización es la vida y la verdad del Derecho; es el Derecho mismo. Lo que no pasa a la realidad, lo que no existe más que en las leyes y sobre el papel, no es más que un fantasma de Derecho, palabras vacías.”

A su vez, Castán lo expresa así: “[E]l Derecho es para la vida o, más exactamente, que tiene por fin la realización de la justicia en la vida.”

En el caso de autos están ahí presentes y disponibles dos disposiciones específicas de nuestra Ley Penal. La primera es la que define el delito de asesinato y la segunda define el delito de homicidio. Más adelante examinaremos sus textos específicos. ¿Cuál de esas dos disposiciones ha de sancionar la conducta del apelante? Examinemos esa conducta. Veamos los hechos del caso y eso nos llevará casi de la mano al fallo que, en justicia, entiendo que corresponde.

El apelante era policía. Llevaba 21 años en el servicio, con un récord limpio. Era casado y tenía dos hijos. Su esposa tenía un hijo de otro hombre, concebido antes de su matrimo-nio con el apelante. Él sabía eso, y a pesar de ello, se casaron y vivieron con normalidad, procreando los otros dos hijos del matrimonio mencionados antes. Pasando el tiempo, surgieron desavenencias entre los cónyuges. Se separaron. Aparente-mente él siguió tratando de reestablecer el hogar.

Estando así separados, en la madrugada de los hechos el apelante encontró a su esposa en un establecimiento público con otras personas y particularmente acompañada de un hombre con quien, todo parece demostrar, existía alguna rela-ción amorosa. Estaban sentados en una mesa, el hombre le tenía un brazo por los hombros a la señora y las manos cogi-das. El apelante disparó contra ella matándola. Antes de los disparos no mediaron palabras algunas.

El apelante fue acusado de asesinato en primer grado y convicto por un jurado de asesinato en segundo grado. Había testigos oculares y los hechos no están en controversia.

En apelación, se hacen los siguientes tres señalamientos de error: (1) Que la prueba desfilada no justifica un vere-dicto de asesinato en segundo grado y sí uno de homicidio; (2) que no procedía admitir la prueba de refutación presen-tada por el fiscal; (B) que no estaba justificado impartir ins-trucciones sobre asesinato, ya que la prueba no justificaba dicho delito.

En vista de la forma como la opinión mayoritaria dispone de los señalamientos de error segundo y tercero, no los vamos a discutir en aras de la brevedad, ya que no es indispensable hacerlo. A diferencia de la opinión mayoritaria, creemos que se cometió el primer error señalado, y a discutirlo nos limi-taremos.

El Código Penal dispone que asesinato es “dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”. Art. 82, Código Penal, 38 L.P.R.A. see. 4001. El Código define el delito de homicidio en los siguientes términos: “Toda persona que ma-tare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de diez años.” Art. 85, Código Penal, 33 L.P;R.A. see. 4004. (Énfasis suplido.)

Como los hechos demuestran, se trata de un crimen pa-sional, producto de la irreflexión y no de una premeditación calculada y fría. El saldo de los hechos es el siguiente: una mujer, madre de tres menores, muerta; tres menores huér-fanos y su padre sentenciado de 13 a 17 años de presidio.

Aunque no hay duda de que hay circunstancias en que el mero hecho de cometer la agresión mortal implica la malicia y la premeditación necesarias que constituyen el delito de asesinato, creemos que los hechos de este caso no demuestran premeditación alguna, sino más bien el arrebato de cólera, elemento constitutivo del delito de homicidio, según el Art. 85 antes citado. El acto del apelante fue la reacción inmediata, irreflexiva, ciertamente ilegal, pero no calculada ni precon-cebida, sino la acción producto del arrebato de cólera ocasio-nado por el sentimiento del honor ofendido.

Entendemos que ante una situación concreta y real como la que este caso plantea, se cometió sin lugar a dudas un ho-micidio voluntario. Hubo intención de matar a un ser humano, provocada, como dijimos, por la ofensa moral hecha al ape-lante pero sin que mediase la premeditación necesaria para que el acto constituyese asesinato. Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160 (1979); Pueblo v. Rodríguez Dapena, 35 D.P.R. 431 (1926).

A esa realidad es que hay que aplicar la ley, no mecánica-mente, sino atemperándola, sin violarla ni falsearla, a una situación humana y real. Eso es realizar la ley, esto es, hacerla realidad y justa; que no sea un mero “fantasma de Derecho”, como dice Ihering.

Por las razones expresadas anteriormente, yo rebajaría la calificación del delito a homicidio, el cual conlleva una sen-tencia de 1 a 10 años de prisión.

Bajo esa situación de derecho, el apelante sería elegible a una sentencia suspendida, si la ameritase.

Si recordamos a los tres menores huérfanos de madre y privados de la compañía y ayuda material del padre, tal vez la amerite. Sobre esto no estamos haciendo recomendación específica alguna, sino meramente señalando un factor que podría considerarse.

       El único testigo que declaró sobre este hecho lo fue el apelante; por otro lado el hombre que acompañaba a las damas declaró que “sentía simpatías amorosas por Enid [Navarro]”. E.N.P., pág. 5.

      Dispone así el segundo apuntamiento:
      “Que el Juez no estuvo justificado en impartir instrucciones sobre asesinato dado a que la prueba no justificaba la inferencia de malicia premeditada ni deliberación.”

       Sincera y enfáticamente declaro que no creo que la opinión mayori-taria obedezca a ninguno de esos móviles. Meramente estoy exponiendo mi sentir personal, como se verá en el curso de la Opinión.

        L’esprit du Droit romain dans les diverses phases de son développement, citado por Castán en su libro Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1947, pág. 11.

       José Castán Tobeñas, obra citada, pág. 11.


author: PER CURIAM:

text:
    Tomás Aponte Sutton et al., demandantes y recurridos, v. Puerto Rico Telephone Co., demandada y peticionaria.

      Número: O-80-672

      Resuelto: 29 de enero de 1981

      Cando, Nadal & Rivera y Ana Matilde Nin Torregrosa, abogados de dicha Asociación; Rafael Rodríguez Journet, abogado de la parte recurrida.
   PER CURIAM:

En trámite post sentencia dictada por esti-pulación, la parte actora, Tomás Aponte Sutton, obtuvo orden del tribunal (Ismael O’Neill Rosa, J.), que dispone el embargo de los activos y fondos de la recurrente, Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. No conforme dicha entidad acudió ante nos y en vista del mérito de la cuestión envuelta, concedimos término ál recurrido Aponte Sutton para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos revocar dicho dictamen.

El examen de los propósitos y motivos de la Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 —creadora de la Asociación de Garan-tías de Seguros Misceláneos, 26 L.P.R.A. see. 3806 et seq.— y su dinámica operational nos mueve a concluir que los fondos y activos de esa entidad, como regla general, no están expues-tos a trámite de embargo alguno, según se desprende de lo dispuesto en el Art. 40.130 del Código de Seguros, a saber, “ [e] n el curso del procedimiento de cobro en Puerto Rico o en cualquier estado recíproco, no se entablará ni mantendrá en el Tribunal de Puerto Rico ninguna acción o procedimiento de la naturaleza de embargo, orden para prohibir el uso, o de ejecución contra el asegurador deudor o su activo. Cualquier gravamen obtenido mediante tal acción o procedimiento den-tro de los cuatro meses anteriores a la iniciación de un pro-cedimiento de cobro, o en cualquier fecha posterior, será nulo en cuanto a los derechos que surjan en dicho procedimiento de cobro”, 26 L.P.R.A. see. 4013. Adviértase que este precepto resulta aplicable a los trámites de la Asociación en virtud de significado estatutario de “procedimiento de cobro”, esto es, . . cualquier procedimiento que se entable contra un ase-gurador con el fin de liquidar, rehabilitar, reorganizar o con-servar al mismo”. (Bastardillas nuestras.) 26 L.P.R.A. see. 4007(2). Véase Caribbean Insurance Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 919, 923 (1970). Dentro del diseño estatu-tario que nos ocupa, la Asociación sustituye al asegurador-deudor y queda cobijada por esta prohibición legal.

Independientemente de lo expuesto, acceder a lo solicitado por el recurrido Aponte Sutton sería ir contra la política pública establecida por la Asamblea Legislativa, pues ello mermaría los fondos disponibles en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de los reclamantes, en particular aquellos grupos de personas, tales como viudas necesi-tadas, menores de edad e incapacitados a las cuales el Legis-lador les otorgó prioridad para el pago. Propiciaría ante los tribunales una carrera y pugna de acreedores interesados en cobrar, mediante embargos, sus respectivos créditos, destru-yéndose así el ordenado desembolso de pagos y de prioridades contemplado en el Plan de Pago para la Liquidación de Recla-maciones contra la Commonwealth Ins. Co. establecido por la Asociación y aprobado por el Comisionado de Seguros.

Se expide el auto solicitado y se revoca la resolución de 28 de octubre de 1980. Se ordena al foro de instancia que adopte las medidas tendentes a recobrar los fondos en cues-tión.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.