author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Lydia Rodríguez Pagan, demandante y recurrida, v. Departamento de Servicios Sociales y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Número: RE-89-441

      Resuelto: 3 de febrero de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y María Adaljisa Dávila, Procu-radora General Auxiliar, abogados del recurrente; José R. León Hernández, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Departamento de Servicios Sociales revi-samos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, que declaró inconstitucional la práctica establecida por dicho Departamento de denegarle a los' menores colocados por la referida agencia en hogares de crianza, pertenecientes a familiares de los mismos, el pago de subvención brindado a los menores colocados en hogares de crianza pertenecientes a personas extrañas a éstos.

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El 8 de diciembre de 1982, el Departamento de Servicios Sociales ubicó en el hogar de Lydia Rodríguez Pagán, aquí recurrida, a los menores Beny Rosario y Lumarie y Migda-lia Rodríguez Cornier. A base de los informes rendidos por el referido Departamento, el 17 de enero de 1983, el Tribunal de Distrito, Sala de Juana Díaz, le concedió la custodia provisional de los tres (3) menores a Lydia Rodríguez Pa-gán hasta tanto la madre de los niños recibiera trata-miento y estuviera en condiciones de asumir nuevamente la custodia de sus hijos. La señora Rodríguez Pagán es “tía paterna” de las menores Lumarie y Migdalia Rodríguez, pero no tiene relación de consanguinidad alguna con el me-nor Beny Rosario. A pesar de los limitados recursos econó-micos de la recurrida Rodríguez Pagán, ésta aceptó a los menores con la razonable expectativa de recibir la subven-ción mensual de cien dólares ($100) por cada menor que dispone el Reglamento del Departamento de Servicios So-ciales para los hogares de crianza.()

La Sra. Lydia Rodríguez Pagán solicitó de Servicios So-ciales el pago de la subvención relativa a sus dos (2) sobri-nos; el mismo le fue denegado. El Departamento funda-mentó su denegatoria en que la práctica establecida por ellos consiste en pagar la subvención únicamente a los me-nores colocados en un hogar de crianza perteneciente a personas que no son familiares del menor.

Ante tal situación, el 23 de mayo de 1985, la Sra. Lydia Rodríguez Pagán presentó demanda sobre Sentencia De-claratoria y Cobro de Dinero, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, en la que solicitó que se decre-tara la inconstitucionalidad de la antes mencionada prác-tica establecida por el Departamento de Servicios Sociales por, alegadamente, violar la misma la cláusula de igual protección de las leyes. En adición, solicitó del referido foro judicial que ordenara el pago retroactivo de la mencionada subvención a la fecha de ubicación de los menores en su hogar. Dicha demanda fue enmendada, el 5 de noviembre de 1985, para incluir a los menores como demandantes con el propósito de reclamar daños y perjuicios, valorados en veinte mil dólares ($20,000) por la privación de sus necesi-dades básicas en la vida cotidiana. Finalmente, se alegó que el Departamento demandado adeudaba a la parte de-mandante, a la fecha de la radicación de la demanda, la suma de nueve mil ciento sesenta y cinco dólares ($9,165) por concepto del cuido de los menores.

Celebrada la vista en su fondo, y luego que ambas par-tes presentaran memorandos de derecho, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que declaró inconstitucional la práctica establecida por el Departamento de Servicios Sociales de negarle los beneficios económicos a menores colocados en hogares pertenecientes a familiares. Deter-minó dicho foro que la misma violaba la cláusula sobre igual protección de las leyes. El tribunal a quo, en adición, ordenó al Departamento de Servicios Sociales efectuar el pago retroactivo correspondiente, a la fecha de ubicación de los niños en el hogar de la demandante, a razón de cien dólares ($100) mensuales por cada uno de los menores.

Inconforme, el Departamento recurrió ante este Tribunal. En el recurso de revisión que a esos efectos ra-dicó le imputó al tribunal de instancia haber errado al

... declarar inconstitucional la práctica del Departamento de Servicios Sociales estableciendo que los menores colocados en hogares de crianza pertenecientes a sus familiares (los cuales no están obligados legalmente a proveerles alimentos) no tie-nen derecho a la subvención mensual de $100.00 aun cuando se demuestre la necésidad de la subvención.

Expedimos el auto de revisión solicitado. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

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Nos enfrentamos a una situación en que se alega que, no obstante el estatuto en controversia ser uno neutral y constitucional de su faz, la aplicación o implantación del mismo —alegadamente en forma arbitraria, selectiva y discriminatoria respecto a una persona o grupo de perso-nas— por la agencia administrativa encargada de su im-plantación redunda en, o constituye, una violación al dere-cho a la igual protección de las leyes.

El planteamiento, dados los hechos específicos del caso, ciertamente no es uno frívolo. Como es sabido, una “ley, o parte de la misma, que de su faz resista el escrutinio judicial de su validez, podrá guardar vicio de inconstitucio-nalidad si sus efectos, en la interacción con otra legislación en el amplio campo del ordenamiento legal, operan en de-trimento y vulneración de derechos fundamentales de la persona”. (Enfasis suplido.) Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792, 800 (1981).()

La correcta solución del planteamiento ante nuestra consideración requiere, en consecuencia, que consideremos y analicemos: la responsabilidad del Estado Libre Aso-ciado, asumida bajo su poder de parens patriae, respecto a los menores de edad al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980() y bajo las disposi-ciones de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955;() las raíces constitucionales, y consecuencias jurídicas, del dere-cho de un menor a ser alimentado en su interacción con el derecho a la vida reconocido por nuestra Carta de Dere-chos, y la validez de la acción del Estado al establecer la clasificación aquí impugnada a la luz del criterio o escruti-nio constitucional correcto aplicable a esta situación en específico.

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El Estado Libre Asociado, en el ejercicio de su poder de parens patriae, reconoce su responsabilidad de velar por aquellos niños que son víctimas de maltrato, abuso y negligencia; la de proveerles a éstos los servicios necesarios para fortalecer la familia de donde ellos provienen, y, de ello no ser posible, ofrecerles a dichos menores un cuidado fuera del hogar en un ambiente saludable.() Para cumplir con esa responsabilidad, el Departamento de Servicios Sociales, a través del “Programa de Servicios a Familias con Niños de la Secretaría de Servicios a la Familia”, ofrece servicios de protección a menores y a sus familias. Los servicios de protección están encaminados a asegurar el bienestar del menor en situaciones donde, por acciones u omisiones de los padres o encargados, un menor es víctima o está en riesgo de ser víctima de maltrato físico o emocional.() Con el fin de lograr el bienestar del menor, el Departamento presta los siguientes servicios de protección dentro y fuera del hogar: orientación familiar, ama de llaves, cuidado diurno, colocación en un hogar de crianza o en otro establecimiento de cuidado, y la adopción.()

El Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños establece que el hogar de crianza es aquel que sustituye al hogar propio, donde el niño es tratado como hijo de familia y donde se le brinda “experiencias de la vida en familia que se consideran indispensables para alcanzar un buen equilibrio de la personalidad o para aminorar el impacto de problemas que pueden ser destructivos para el propio niño o para la sociedad”.() En el hogar de crianza se le ofrece al niño albergue, comida, ropa, recreación, atención médica, oportunidad de asistir a la escuela y a la iglesia, y el cariño de un núcleo familiar. A esos efectos, véase Hidalgo v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 605 (1991); véase, en adición, Smith v. Organization of Foster Families, 431 U.S. 816, 823 (1977).

A tenor con la Ley Núm. 3, ante, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 68 et seq., se le exige a todo hogar de crianza obtener una licencia expedida por el Departamento de Servicios Sociales para poder desempeñar esta función social. Los hogares de crianza, naturalmente, son supervisados por el Departamento de Servicios Sociales. Un trabajador social visita y orienta a los padres de crianza para mantener un buen nivel de servicios con relación, a los niños colocados; para verificar que los hogares mantengan los requisitos necesarios para el cuido del niño; para que la familia de crianza se sienta satisfecha; y para trabajar en el desarrollo del plan de permanencia del niño. El trabajador social supervisa, además, las relaciones entre los padres del niño, los padres de crianza y los niños. Todo lo relacionado con visitas a los niños, la salud y la educación de los niños debe ser discutido y planeado entre el trabajador social, los padres y los padres de crianza.()

El hogar de crianza puede ser subvencionado o puede ser gratuito.() En cuanto a los subvencionados, el Departamento paga una subvención mínima de cien dólares ($100) mensuales. Esta subvención proviene en su totalidad de fondos estatales los cuales son asignados al Departamento^) Dicha subvención es para cubrir los gas-tos de alimentación, ropa, artículos de uso personal, gastos mensuales, juguetes, juegos, recreación, efectos escolares, ropa de cama para el niño, servicios médicos de emergen-cia, transportación y gastos misceláneos.!) Si el niño tu-viese necesidades especiales que no se cubren con la sub-vención, el trabajador social puede solicitar que se le autorice a pagar una subvención mayor.!) Aunque el re-glamento establece y define los hogares de crianza subven-cionados y los gratuitos, no establece, sin embargo, cuándo y bajo qué requisitos es que un hogar tiene derecho a ser subvencionado.

Cuando un menor es removido de la custodia de sus padres por el Departamento de Servicios Sociales, el Estado asume una delicada y significativa función en la sociedad. El Estado, desde ese momento en adelante, es el único encargado de promover el bienestar de ese menor; todas sus acciones deben ir encaminadas a lograr ese fin. Schall v. Martin, 467 U.S. 253 (1984). Se observa que la agencia asume y retiene la responsabilidad por el niño cuando está en el hogar de crianza.() No debe perderse de vista, por otro lado, que constituye política pública del Es-tado Libre Asociado, a través de su Departamento de Ser-vicios Sociales, “[l]a provisión de servicios sociales y asis-tencia económica a personas o familias impedidas de proporcionarse por sí mismas los medios esenciales a una vida decente”; esto es, una responsabilidad básica del Gobierno. Sec. 1 de la Ley Núm. 95 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 1.

De ordinario, el deber de alimentar a un menor . recae en primera instancia sobre sus padres y ascendentes() Sin embargo, cuando una persona, en este caso el menor, entra en una relación especial con el Estado, como es la de custodia, el Estado asume una obligación afirmativa de asegurarle al individuo sus derechos constitucionales. Monmouth County Corn Inst. Inmates v. Lanzaro, 834 F.2d 326 (3er Cir. 1987); Escamilla v. City of Sant Ana, 796 F.2d 266 (9no Cir. 1986). Se ha reconocido que el Estado tiene una responsabilidad constitucional hacia los niños que custodia. Taylor by and through Walker v. Ledbetter, 818 F.2d 791 (limo Cir. 1987).

IV

Reiteradamente hemos resuelto que los casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más alto interés público. López v. Rodríguez, 121 D.RR. 23 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Key Nieves v. Oyóla Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985); Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981); Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253 (1958). La subvención económica que brinda el Departamento de Servicios Sociales, como antes indicamos, es “para cubrir los gastos de alimentación, ropa, artículos de uso personal, gastos mensuales, juguetes, juegos, recreación, efectos escolares, ropa de cama para el niño, servicios médicos de emergencia, transportación, gastos misceláneos”. Véase Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, pág. 63. Ese estipendio es para los gastos rutinarios que conlleva la crianza de todo niño y ayuda al sostenimiento del menor.

El Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 561, por su parte, define “alimentos” como

... todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.
Los alimentos comprenden también la educación e instruc-ción del alimentista, cuando es menor de edad.

Resulta evidente la similitud del concepto “alimentos” con el propósito que anima la subvención otorgada por el Departamento. Esta última se utiliza para cubrir parte de los gastos de alimentación del menor en el hogar de crianza. Ambos conceptos recogen todas las necesidades básicas de un ser humano, tanto físicas como intelectuales. Guadalupe Viera u. Morell, ante.

En Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, ante, pág. 72, reconocimos que la “obligación alimenticia ‘tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad’ ”. (Enfasis suplido y en el original.)!) Nuestra casuística, a su vez, ha reiterado que el “deber de alimentos se funda en principios umversalmente reconocidos de solidaridad humana generados por el derecho natural a la vida e imperativos de los vínculos familiares”. Martínez v. Rivera Hernández, ante, pág. 168 ; Milán Rodríguez v. Muñoz, ante; J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V., págs. 439-441. En Milán Rodríguez v. Muñoz, ante, págs. 613-614, nos hicimos partícipes de las palabras del comentarista Manresa, al declarar:

“El ser humano, que viene a la vida con el destino que le señale su propia naturaleza, tiene un derecho a la existencia y al desarrollo de la misma según sus facultades; es decir, tiene un derecho absoluto a su conservación. En la organización actual de la familia y de la sociedad se halla impuesta, primero a los parientes y después al Estado, la obligación de proveer a dicha necesidad; y cada uno en su caso está en el deber de procurar al que por sí no podría cumplir dicho fin, los medios necesarios para su conservación y desarrollo: deber altamente social, que no depende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone a todos como una de las condiciones necesarias de la vida progresiva de la humanidad.” J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, Vol. I, págs. 782-783.

La Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al redactar la frustrada Sec. 20 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 333,() reconoció “[e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. (Én-fasis suplido. )()

En Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985), expresamos que “[e]l destino incierto de la frus-trada Sec. 20 de nuestra Constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva frente al poder político creado. Véanse: Constitución de Estados Unidos de América, Emda. Art. IX; Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 19; Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 794-795 (1973). 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2530-2532, 2539-2543, 2575-2577”. La Asamblea Constituyente tuvo muy presente el alcance del concepto “vida” como derecho inalienable del hombre. A esos efectos, uno de los delegados expresó:

“... La palabra ‘vida’ contiene toda una serie de derechos aparte del de la simple respiración que no están incluidos necesaria-mente en la palabra ‘libertad’ ni en la palabra ‘propiedad’. O sea, de eliminarse la palabra ‘vida’ de esta frase tan consagrada en la historia de este gran derecho, se estaría haciendo un cam-bio fundamental en cuanto [a eso], principalmente ahora que se está expandiendo el área de los derechos humanos y ahora que se está reconociendo una segunda carta de derechos a la anterior clásica, tipo siglo XVII, y se están significando como dere-chos del hombre también en este documento, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un nivel adecuado . de vida.
Todos estos derechos que abonan y que son necesarios para el debido desenvolvimiento de la personalidad humana están comprendidos fundamentalmente en la palabra ‘vida’. Y es la cláusula de debido proceso de ley, ciertamente, el principal escudo histórico para su defensa. (Enfasis suplido.) (Hon. José Trías Monge), 2 Diario de Sesiones, supra, págs. 1503-1504.” (Enfasis en el original.) Amy v. Adm. Deporte Hípico, supra, págs. 421-422.

Se infiere de nuestra casuística, al igual que de nuestra Constitución, que el derecho a recibir alimentos de los me-nores es parte del derecho a la vida. Este es parte del de-recho inalienable del hombre, a su existencia y desarrollo. P. Beltrán de Heredia de Onís, La obligación legal de ali-mentos entre parientes, Salamanca, Ed. Anaya, 1958, pág. 33; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1982, T. II, V. II, Art. 142, pág. 30.()

El derecho a reclamar alimentos, como parte del derecho a la vida, tiene profundas raíces constitucionales. Este derecho fundamental se acentúa cuando están envueltos alimentos de menores y forma parte del poder de parens patriae del Estado. González v. Suárez Milán, 131 D.P.R. 296 (1992); Rivera Maldonado v. Cabrera Olivera, 130 D.P.R. 39 (1992); Robles v. Otero de Ramos, 127 D.P.R. 911 (1991); Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246 (1988); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante; Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986); Milán Rodríguez v. Muñoz, ante; Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976). En nuestra jurisdicción los menores tienen un derecho fundamental a. recibir alimentos. Este derecho fundamental a reclamar alimentos, cobija tanto a los menores que viven en hogares de crianza de particulares, así como a aquellos que son ubicados en hogares de familiares. No puede ser de otra manera.

Este Tribunal ha expresado que “[ajunque el estado no tiene el deber de proveer asistencia pública a todos los ciudadanos, una vez ofrece estos beneficios, los requisitos de elegibilidad no pueden ser arbitrarios ni pueden obligar a los ciudadanos elegibles renunciar a sus derechos fundamentales para poder participar en el programa ni penalizarlos por hacer valer sus libertades”. (Enfasis suplido.) Morales Morales v. E.L.A., 126 D.P.R. 92, 105 (1990). En el día de hoy reiteramos dichos pronunciamientos. Véase, en adición, K.M. Sullivan, Unconstitutional Conditions and the Distribution of Liberty, 26 San Diego L. Rev. 327 (1989).

V

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como derechos fundamentales del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Se reconoce además que: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley.” Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., ante, pág. 257. El propósito de dicha Sección es “fijar claramente como base consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano, y como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas las personas dentro de nues-tro sistema constitucional”. Informe de la Comisión sobre la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 14 de diciembre de 1951. La mencionada See. 7 del Art. II de nuestra Constitución, ante, nos garantiza que no se negará a persona alguna la igual protección de las leyes.

Al amparo de la cláusula sobre igual protección de las leyes, no se puede aprobar una ley o norma, o poner en vigor una práctica, que establezca un trato desigual para algunos ciudadanos a menos que exista una razón justificada para ello. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); Vda. de Miranda v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 11 (1983); Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986). En Puerto Rico, al enfrentarnos a una legislación o práctica que clasifica a los individuos o a los grupos, este Tribunal ha utilizado uno (1) de dos (2) criterios o escrutinios establecidos jurisprudencialmente en otras jurisdicciones. Estos son: el escrutinio estricto o el tradicional mínimo, conocido también como análisis racional. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).

Al analizar clasificaciones relativas a cuestiones sociales y económicas, consistentemente hemos aplicado el escrutinio tradicional. Como es sabido, al amparo de dicho escrutinio, las clasificaciones establecidas por el legislador no se declararán inválidas a menos que sean claramente arbitrarias y no afecten un interés legítimo que establezca un nexo racional entre la clasificación impugnada y el interés perseguido. León Rosario v. Torres, ante. Bajo este escrutinio, la ley impugnada goza de una presunción de constitucionalidad. Zachry International v. Tribunal Supe rior, ante; Wackenhut Corp. v. Rodriguez Aponte, 100 D.P.R. 518 (1972).

Cuando la clasificación legislativa o la práctica administrativa afecta derechos fundamentales del ciudadano o establece clasificaciones inherentemente sospechosas se aplicará el escrutino estricto. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, ante; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980). Este análisis es en extremo riguroso y bajo su interpretación la ley impugnada se presumirá inconstitucional. Ante dicho escrutinio la ley o práctica será sustentada únicamente si: (1) afecta un interés apremiante; (2) la clasificación es necesaria para lograr el propósito deseado; (3) no exista un medio menos oneroso para alcanzar el propósito perseguido, y (4) exista una estrecha relación entre la ley o práctica y el propósito que se persigue. Zachry International v. Tribunal Superior, ante; Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954); Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). Una vez se prueba que un requisito de un programa de asistencia pública afecta un derecho fundamental, corresponde al Estado demostrar la existencia de un “interés colectivo de superior jerarquía” y que la condición promueve su consecución. Morales Morales v. E.L.A., ante.

Un derecho fundamental es aquel que está reconocido expresa o implícitamente en la Constitución. San Antonio v. Rodríguez, 411 U.S. 1 (1973); León Rosario v. Torres, ante. La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como derechos fundamentales: la igualdad ante la ley, el derecho al voto, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a la honra y el derecho a la intimidad. González v. Ramírez Cuerda, 88 D.RR. 125 (1963); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984). Jurisprudencialmente se han adicionado, entre otros, el derecho a procrear, a viajar entre estados y a tener asistencia de abogado ante una acusación criminal. Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969); Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 353 (1963). Como doctrina general que gobierna esta situación, expone el Prof. Laurence H. Tribe: “Las clasificaciones legislativas deben someterse a un escrutinio estricto y su inconstitucionalidad decretarse en ausencia de una justificación gubernamental apre-miante si las mismas distribuyen beneficios, o cargas, de una manera incompatible con los derechos fundamentales.” (Traducción nuestra.) L.H. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1978, pág. 1002.

En el presente caso el Departamento ha establecido una práctica administrativa para distribuir los fondos de ali-mentos a los niños colocados en hogares de crianza que afecta su derecho fundamental a ser alimentados. El Es-tado alega que existe un interés apremiante, que justifica la práctica discriminatoria; esto es, el propiciar que apa-rezcan familias que estén dispuestas a cuidar los menores. La subvención dada por el Departamento es vista por dicha agencia como un incentivo. No podemos perder de perspectiva, sin embargo, que el propósito de la subvención es la de ayudar a la alimentación del niño. El interés de alimentar a los niños es de superior jerarquía que el de conseguir que personas, no familiares de los niños, se com-prometan a cuidarlos temporalmente. Los alimentos deben ser distribuidos de acuerdo con la necesidad de los menores. No le podemos negar el beneficio de la subven-ción a estos menores por tan sólo tener unos lazos afectivos previos con las personas que cuidan de ellos. La práctica del Departamento, de hecho, está, a su vez, en contra de los mejores intereses de los menores y de su estabilidad en el aspecto emocional, ya que propicia que éstos sean colocados en hogares de no familiares.

El hogar de la Sra. Lydia Rodríguez fue evaluado satis-factoriamente por el Departamento; los menores fueron co-locados en su hogar ante una situación de emergencia de protección de menores al amparo de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, ante. Los niños Beny Rosario, Lumarie y Migdalia Rodríguez Cournier tienen derecho a ser subven-cionados por el Departamento mientras vivan en un hogar de crianza y necesiten ayuda para su alimentación, inde-pendientemente del hecho que la señora Rodríguez sea o no familiar de ellos.

Resolvemos que la práctica del Departamento de Servi-cios Sociales de denegarle la subvención a los menores que viven en hogares de crianza, pertenecientes a familiares, es irrazonable e inconstitucional. La clasificación estable-cida, la cual afecta un derecho fundamental, no supera el criterio del escrutinio estricto, pues el Estado no ha demos-trado la existencia de un interés colectivo de superior je-rarquía que justifique la misma. Morales Morales v. E.L.A., ante. En consecuencia, se dictará sentencia confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia.

El Juez Presidente Señor Andréu García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado mediante una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlin-geri disintió sin opinión escrita.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Concurro con el resultado pero no con los fundamentos de la opinion de la mayoría por entender que no era nece-sario abordar la cuestión constitucional para resolver la controversia ante nos. A mi juicio, la práctica del Departa-mento de Servicios Sociales es ultra vires porque carece de autoridad en las leyes pertinentes o en los reglamentos que las implantan. Ni la Ley de Bienestar Público de Puerto Rico, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 1 et seq., ni la Ley Núm. 18 de 6 de julio de 1978, según enmendada, 8 L.P.R.A. see. 68 et seq., sobre instituciones para el cuidado de niños, ni la Ley de Protección a Menores, según enmen-dada, 8 L.P.R.A. see. 401 et seq., ni sus respectivos regla-mentos (Reglamento para el Licénciamiento y Supervisión de Establecimientos para Niños Núm. 4758 de 19 de agosto de 1992; Manual de Normas y Procedimientos para los Ser-vicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, Ser-vicios de Hogares Sustitutos, Revisión de 16 de marzo de 1984, Cap. VI) autorizan al Departamento a no subvencio-nar a aquellos menores bajo su custodia legal que coloca bajo la custodia de facto de hogares de crianza pertenecien-tes a sus familiares. Ante esta carencia de autoridad, en-tiendo que es innecesario dilucidar la constitucionalidad de una práctica que de por sí es ultra vires.

      (1) Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, Servicios de Hogares Sustitutos, Revisión de 16 de marzo de 1984, Cap. VI.

      (2) Reiteradamente hemos señalado que la interpretación administrativa de una ley por el funcionario encargado de ponerla en vigor y velar porque sus fines se cumplan merece gran peso y deferencia, A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.RR. 816 (1986); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987), siempre y cuando la interpretación y la implantación del estatuto o reglamento no afecte sustancialmente derechos fundamentales.

      (3) Ley de Protección a Menores, 8 L.P.R.A. see. 401 et seq.

      (4) Ley para la Licencia y Supervisión de Instituciones Privadas para Niños, 8 L.P.R.A. see. 68 et seq.

      (5) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980 (8 L.P.R.A. see. 401 et seq.).

      (6) Ley de Protección a Menores, supra, 8 L.P.R.A. see. 403.

      (7) Véase Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. IV, pág. 5.

      (8) Véase Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, pág. 3.

      (9) Véase Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, págs. 67, 87, 96 y ss.

      (10) Véase Mánual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, págs. 5 y 6.

      (11) El programa federal conocido como A.F.D.C.-F.C. (.Aid to Family with Dependent Children — Foster Care), regulado por la Sec. 408(a)(l)(2) del Social Security Act de 1935 (42 U.S.C. sec. 608(a)(l)(2)) provee una subvención a los menores colo-cados en hogares de crianza (Foster Care Homes). Esta ley fue interpretada en Miller v. Youakim, 440 U.S. 125 (1979); el Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretó que el programa (A.F.D.C.-F.C.) provee una subvención a los hogares de crianza que cualifiquen sin importar que dicho hogar estuviese compuesto por familiares del menor. En Lipscomb by and through DeFehr v. Simmons, 962 F.2d 1374 (9no Cir. 1992), el tribunal sostuvo la constitucionalidad de un estatuto similar al nuestro, de un planteamiento sobre el derecho de todo niño de asociarse con sus familiares.
      En el caso de autos, el pago de subvención que dispone el Reglamento provienen de fondos completamente estatales, por lo que no es de aplicación las regulaciones provistas por el programa federal para hogares de crianza.

      (12) Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, pág. 53.

      (13) Manual de Normas y Procedimientos para los Servicios del Programa de Servicios a Familias con Niños, ante, Cap. VI, pág. 85.

      (14) El Departamento de Servicios Sociales tiene la misión, y responsabilidad, de:
      “(2) Aceptar niños dependientes o abandonados, puestos bajo su custodia por el Tribunal Superior. También podrá aceptar, de padres o parientes, niños que después de la debida investigación se determine necesitan su cuidado. Los niños que así se reciban estarán bajo la dirección de la División y serán colocados en hogares de crianza, incluyendo hogares subvencionados y no subvencionados, y hogares adopti-vos, o en uno de los Hogares Estaduales para Niños. La División retendrá la custodia y la dirección de cada niño que reciba hasta que sea éste devuelto a sus padres o a uno de ellos; a sus parientes; puesto en libertad por no necesitar ayuda por más tiempo;

        adoptado o puesto por una Sala de jurisdicción competente bajo otra custodia o dirección.” (Enfasis suplido.) Sec. 10(d)(2) de la Ley Núm. 95 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 10(d)(2).

      (15) El Código Civil, en su Art. 143 (31 L.P.R.A. sec. 562), dispone lo siguiente:
      “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala la sección precedente:
      “1. Los cónyuges.
      “2. Los ascendientes y descendientes legítimos.
      “3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legítimos naturales e ilegítimos de éstos.
      “5. El adoptante y el adoptado.
      “Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean ute-rinos o consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral o por cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, compren-didos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.”

      (16) S. Torres Peralta en su artículo La ley especial de sustento de menores y el derecho de alimentos en Puerto Rico, 49 (Núms. 3-4) Rev. C. Abo. P.R. 17, 25 (1988), reconoce que el derecho de reclamar alimentos es uno de raíces constitucionales como parte del derecho a la vida.

      (17) Por la Resolución Núm. 24, aprobada por la Convención Constituyente, ratificada en el Referendum de 4 de noviembre de 1952, fue eliminada la Sec. 20 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Ira ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 731.

      (18) Merece señalarse, y enfatizarse, el hecho de que en la citada, y frustrada, Sec. 20 de la Constitución se hizo claramente constar que los “derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo dé la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recur-sos y un desenvolvimiento agrario-industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña”. (Énfasis suplido.) Art. II, Sec. 20, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 333-334.

      (19) En el Derecho español, al igual que en otros países, se ha discutido el al-cance de la responsabilidad alimenticia. Algunos autores sostienen que ésta surge del derecho a la vida, otros del vínculo parental o del interés público. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 5, Vol. II. Sánchez Román apunta que se acepta el derecho a la vida como fundamento de la prestación alimenticia, señalando que el hombre, como ser ético, tiene que cumplir un destino, cuya realización exige como condición primera y esencial la de su existencia y, por tanto, la posibilidad de la conservación de su vida; así, en los pri-meros años y aún después si sobreviven ciertas causas han de arbitraerse los medios para realizar el derecho a la vida y alguien ha de proporcionarle los alimentos nece-sarios a dicho fin ...”. Castán Tobeñas, op. cit., 2da ed., pág. 1203; Castán Tobeñas, op. cit.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

license: Public Domain

text:
    Enrique González y otros, demandantes y recurridos, v. Benigno Alicea y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-89-106

      Resuelto: 4 de febrero de 1993

      Jorge L. Martínez, de Goldman & Antonetti, abogado de los recurrentes; Marcos Ramírez Lavandero y José Enrique Colón Santana, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

per curiam:

p-H

El 25 de febrero de 1955 nueve (9) distinguidos ciuda-danos, entre ellos los abogados. A. Cecil Snyder, José Trías Monge y Félix Ochoteco, Jr., incorporaron la Sociedad para Asistencia Legal, Inc. (en adelante la Sociedad). Anclada en la Sec. 11 de nuestra Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, la Sociedad se organizó con el fin de “pro-mover la justicia para los insolventes económicos, facilitán-doles servicios de abogado para garantizar la igual protec-ción de las leyes y para alentar la fe en la justicia”. Artículo Cuarto de los Artículos de Incorporación de la Sociedad para Asistencia Legal, Apéndice, pág. 168 (en adelante Artículos de Incorporación). Véase J. Trías Monge, El sistema judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1978, págs. 236-238. Dicha Sociedad operaría como una corporación sin fines de lucro.()

En cuanto a los miembros que compondrían dicha Socie-dad, los Artículos de Incorporación dispusieron solamente “[q]ue las condiciones para la admisión de socios son: Ser persona de buena reputación; estar interesada en la buena y eficiente administración de la justicia; y pagar la cuota que se fije en el Reglamento”. Artículo Séptimo de los Artí-culos de Incorporación, supra. Por su parte, el Reglamento de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico esta-bleció tres (3) categorías de socios, a saber, regulares, pa-trocinadores y honorarios, y le impuso a los dos (2) prime-ros una cuota anual de $12 y $25, respectivamente.() Los honorarios no tendrían que pagar cuota alguna.

Finalmente, en los Artículos de Incorporación se limitó a nueve (9) el número de directores y se dispuso que:

El Reglamento de la Sociedad será aprobado y subsiguiente-mente enmendado por la Junta de Directores, la cual se com-pondrá de nueve socios. En la asamblea anual de socios se ele-girán para la Junta Directiva tres socios que sean funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tres socios que per-tenezcan al Colegio de Abogados de Puerto Rico, y tres cuales-quiera otros socios. Artículo Noveno de los Artículos de Incor-poración, supra, pág. 169.

En cuanto a este particular, el Reglamento de la Socie-dad para Asistencia Legal de Puerto Rico, al igual que los Artículos de Incorporación, señalaba que los socios, en asamblea general, elegirían a los miembros de la Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (en adelante la Junta) —Art. 6 del Reglamento de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, Apéndice, pág. 254— pero le confirió a la Asamblea General de Socios la facultad para enmendar su contenido, a través de una convocatoria que incluiría el texto de la enmienda con no menos de treinta (30) días de anticipación. Art. 37 del Re-glamento de la Sociedad para Asistencia Legal, supra, pág. 249.

Luego, el 5 de noviembre de 1985, se enmendó el Regla-mento de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico en cuanto a los extremos siguientes, entre otros:

a. Se eliminó toda referencia a los socios de la corporación.

b. Se determinó que, en adelante, la Junta eligirá cada director por un término de tres (3) años. Art. 5 del Regla-mento de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto. Rico, según enmendado, Apéndice, pág. 271.

c. Se estableció que el reglamento sería enmendado por la Junta. Art. 36 del Reglamento de la Sociedad para Asis-tencia Legal de Puerto Rico, según enmendado, supra, pág. 288.

No obstante, los Artículos de Incorporación permanecie-ron inalterados en cuanto a estos aspectos.

Así las cosas, en y antes de 16 de diciembre de 1987, los sesenta y tres (63) demandantes solicitaron ser admitidos como socios de la corporación en conformidad con el Artí-culo Séptimo de los Artículos de Incorporación, supra, pág. 168. En sus cartas, cada uno señaló que era ciudadano de Puerto Rico, gozaba de buena reputación y estaba compro-metido con la buena y eficiente administración de la justicia. Además, se incluyó el pago de $12.00 para cubrir la cuota para los socios regulares de la Sociedad.

Cinco (5) días después, la Junta se reunió y resolvió en-mendar los Artículos de Incorporation.() La enmienda se presentó en el Departamento de Estado el 23 de diciembre, es decir, dos (2) días después de la reunión de los directores y una semana después de que los demandantes solicitaran su membresía. La medida enmendó el Artículo Séptimo, disponiendo lo siguiente:

SEPTIMO
La Junta de Directores tiene autoridad para invitar, según considere necesario y razonable, de tiempo en tiempo, personas para que sean miembros de esta Corporación. Los miembros serán personas de buen carácter moral y tendrán una buena reputación como personas públicamente preocupadas con una eficiente administración de la justicia. Las personas invitadas, de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Direc-tores, no podrán tener intereses, personalmente o de cualquier otra forma, contrarios a los propósitos o a la administración de la Corporación.
Los miembros constituirán el Consejo de Miembros de la So-ciedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. Noventa días des-pués de su establecimiento, el Consejo se reunirá y eligirá la Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal. El Consejo deberá celebrar una reunión anual durante la cual con-siderarán [sic] los asuntos traídos [sic] ante su consideración, si alguno. La Junta de Directores, según se considere necesario y conveniente, nombrará comités ejecutivos compuestos por miembros, que tendrán autoridad para dar consejos y recomen-dar asuntos a la Junta, según lo requiera la Junta de tiempo en tiempo. Certificado de Incorporación de Sociedad para Asisten-cia Legal de Puerto Rico, Inc., según enmendado, Apéndice, pág. 249.

El 4 de enero de 1988 el Ledo. Benigno Alicea Alicea, Director Ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (en adelante el Director), devolvió los cheques y giros, y rechazó las solicitudes a membresía, aduciendo que “(a) partir de 1985 y posteriormente, tanto el Regla-mento como los Artículos de Incorporación de la Sociedad sufrieron enmiendas, a tenor con la Ley General de Corpo-raciones, que dejaron sin efecto las disposiciones por [los solicitantes] citadas en su[s] carta[s]”.

No conformes, los solicitantes rechazados presentaron una demanda e interdicto preliminar y permanente contra el Director y el Presidente de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, Ledo. Arturo Negrón García.() Los demandantes cuestionaron la estructura interna de la So-ciedad y las actuaciones de su Junta. Alegaron, además, una ausencia total de fiscalización de los componentes de la Junta. También solicitaron que se ordenara su admisión como socios.

El Tribunal a quo celebró tres (3) conferencias prelimi-nares en las cuales fomentó el que las partes exploraran las posibilidades de llegar a un acuerdo. En la primera de ellas se recomendó que los demandados reconsideraran las solicitudes de los demandantes a ser socios en vista de que, al momento en que los demandantes solicitaron admisión, aún no se había efectuado la enmienda a los Artículos de Incorporación que le concedía facultad a la Junta para “in-vitar” a los miembros de dicha entidad. En la segunda con-ferencia con antelación a la vista, los demandados informa-ron que la Junta reconsideraría las peticiones de miembro que hicieron los demandantes.

El 7 de abril de 1988 los demandados presentaron una moción de desestimación, acompañándola de un memo-rando de derecho y una certificación del Director. Poste-riormente, el 30 de agosto de 1988, los demandados dene-garon nuevamente la solicitud para la admisión como socios de los demandantes y explicaron que la Sociedad estaba desarrollando el concepto de un cuerpo de socios compuestos por representantes de las instituciones con in-tereses y experiencias que de alguna forma intervienen con la labor de la Sociedad, consistente ella en brindarle repre-sentación legal a los indigentes.'

En la tercera conferencia sobre el estado del caso, el tribunal informó que si para el 15 de noviembre de 1988 las partes no habían llegado a un acuerdo, “se lo informa-ran [sic] al Tribunal por la vía telefónica y entonces el Tribunal entrará a analizar la Moción de Desestimación y Oposición que se ha presentado en este caso”. Minuta del 1ro de noviembre de 1988, Apéndice, pág. 313. Las partes realizaron un último intento de negociación que se exten-dió más allá de la fecha concedida por el Tribunal y, resul-tando éste infructuoso, se le informó al tribunal. Así, el 18 de enero de 1989, el juez de instancia (Hon. Gilberto Gier-bolini, Juez) resolvió la controversia por vía de sentencia sumaria. Ordenó, entre otras cosas, que todos los deman-dantes fueran admitidos como miembros regulares de la Sociedad y declaró nulas las enmiendas a los estatutos de 1985 que eliminaban el capítulo relativo a los socios. Pos-teriormente se denegó la reconsideración solicitada por los demandados.

No conformes, los demandados recurrieron en revisión ante nosotros. Plantearon cuatro (4) errores. De ellos, los recurrentes recalcaron dos (2) como los más importantes, a saber:

1. Erró el tribunal al emitir una sentencia sumaria-mente sin notificación previa.

2. Erró el tribunal al ordenar la admisión inmediata de los demandantes como miembros de la Sociedad sin una evaluación previa del cumplimiento de los requisitos de admisión.

Como consecuencia de la renuncia en pleno de la Junta, emitimos una Resolución el 22 de abril de 1992, en la que ordenamos la organización de una Junta provisional. Le concedimos todos los poderes y las facultades que le confie-ren los Artículos de Incorporación y los estatutos de la So-ciedad hasta tanto se constituya la nueva Junta conforme a lo que hoy resolvemos.

i — I

Alegan los recurrentes que al momento de emitirse la sentencia sumaria, ninguna de las partes había sido adver-tida de dicha intención del tribunal ni se había presentado una moción que la solicitara, ni se dio oportunidad a las partes para presentar evidencia en apoyo de sus respecti-vas posiciones.

Repetidamente, hemos dicho que el objetivo primordial del mecanismo de la sentencia sumaria, recogido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es el de resolver justa, rápida y económicamente los pleitos en que, por no existir una controversia real de hechos, resulta innecesario celebrar un juicio en su fondo. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 392 (1963). A pesar de su enorme utilidad, hemos advertido que, antes de resolver una controversia por

la vía sumaria, el juzgador habrá de discernir cuidadosa-mente al respecto, pues “mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del debido procedimiento de ley”. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). Sólo se debe dictar una sentencia sumariamente cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes a la controversia. Roth v. Lugo, supra, pág. 397.

Por ser un remedio realmente excepcional, los tribunales no deben resolver los pleitos mediante el mecanismo de la sentencia sumaria sin habérsele solicitado por alguna de las partes. Aunque es cierto que nuestras reglas no lo prohíben expresamente, poderosas razones de política pública fundadas en el debido proceso de ley hacen necesario que, antes de dictarse la sentencia sumariamente, se observe el procedimiento que detalla nuestra Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por la misma razón, la jurisprudencia que interpreta la Regla 56 de Procedimiento Civil federal (28 U.S.C.) —de donde procede la nuestra— señala que, de ordinario, los tribunales no emitirán una sentencia sumaria sua sponte (esto es, sin requerirlo alguna parte) o al menos hasta que el tribunal haya concedido a las partes una oportunidad razonable para responder a su intención de resolver el pleito sumariamente. 6 Moore’s Federal Practice Sec. 56.14[1], págs. 56-186 a 56-187 (1988). El tratado de Wright y Miller recoge la doctrina que se ha establecido en la jurisdicción federal norteamericana:

The major concern in cases in which the court wants to enter summary judgment without a Rule 56 motion by either party is not really one of power. As a practical matter, the court always can “invite” the appropriate party to move under Rule 56 when it thinks the case is ripe for summary disposition. Rather, the question raised by the court’s action is whether the party against whom the judgment will be entered was given sufficient advance notice and an adequate opportunity to demonstrate why summary judgment should not he granted. If the court pro-, vides this opportunity, there seems to be no reason for preventing the court from acting on its own. To conclude otherwise would result in unnecessary trials and would he inconsistent with ther objective of Rule 56 of expediting the disposition of cases. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 27.20, págs. 27-28 (1983).

En el presente caso, del expediente no surge que alguna parte solicitara que el pleito se resolviera mediante senten-cia sumaria. Sin embargo, la Minuta de 11 de marzo de 1988 recogió el sentir del tribunal sentenciador durante las etapas tempranas del pleito:

El Tribunal considera además, que dispuesto del remedio preliminar, no va a existir en el presente caso controversia de hechos, por lo tanto solicita a los abogados de las partes que vayan haciendo un examen de los hechos relevantes que sean estipulables para examinar la posiblidad de dejar el caso some-tido en base a [sic] la estipulación de hechos y a los memoran-dos de derecho que posteriormente radicarían [sic] las partes. (Énfasis suplido.) Minuta de 11 de marzo, Apéndice, pág. 291.

Es decir, más de diez (10) meses antes de emitir la sen-tencia recurrida, el tribunal ya había revelado su intención de resolver la contienda a base de la prueba documental sometida y por someterse, sin necesidad de celebrar un juicio en su fondo. Estimamos que dichas expresiones constituyen un aviso suficiente de que el pleito se resolvería por la vía sumaria, brindándole así una oportunidad razonable a ambas partes para responder a la intención del tribunal() No encontramos, además, que existiera contro-versia sobre algún hecho material que impidiera que el tribunal sentenciador emitiera su decisión sumaria, por lo que estamos en posición de revisar en sus méritos el dicta-men recurrido.

HH HH HH

Plantean los recurrentes que el tribunal de instancia erró al ordenar la admisión de los demandantes como so-cios de la corporación. Compartimos con la sala sentencia-dora la preocupación que existe sobre la composición, es-tructura y funcionamiento directivo e interno de la Sociedad.() Sin embargo, no podemos concurrir con que la solución al pleito sea ordenar que los sesenta (60) deman-dantes() sean admitidos como miembros de la Sociedad. Veamos.

El dictamen recurrido señala en una de sus conclusio-nes de derecho lo siguiente:

Una vez un solicitante peticiona membresía, la función de la Junta de Directores es meramente determinar si cumplía o no con los criterios. En virtud de que los demandantes cumplían con los mismos, era mandatorio a la Junta aceptarlos. ... Por tanto el papel de la Junta de Directores era meramente proce-sal y ministerial. Opinión y sentencia, Apéndice, pág. 19.

Creemos que dicha conclusión es incorrecta.

En primer lugar, debe quedar claro que estamos ante una corporación con fines no lucrativos.() Aunque en Puerto Rico no existe un estatuto independiente de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956 (14 L.P.R.A. sees. 1101-2507), para regularlas, dicha ley contiene algunas secciones que específicamente se re-fieren a ellas.() Quizás la más importante de esas disposi-ciones, a los fines del presente recurso, es el subinciso (e) del Art. 401, que señala en parte que “[l]a dirección de los asuntos de cada corporación [con fines no lucrativos] que se organizare con arreglo a las disposiciones de este subtítulo, se regirá por lo prescrito en el certificado de incorporación”. 14 L.P.R.A. sec. 1401(e). De ello surge que la ley le ha con-cedido a estas entidades sin propósitos lucrativos mayor deferencia y flexibilidad en cuanto a su operación y direc-ción, salvo que la propia ley disponga algo en contrario.

Nuestra Ley General de Corporaciones no regula la admisión de socios o miembros de corporaciones sin fines de lucro. Sólo el subinciso (a)(4) del Art. 102 de dicha ley, 14 L.P.R.A. sec. 1102(a)(4), ordena que las condiciones requeridas de los socios de tales corporaciones se consignen en su certificado de incorporación o se estipule que dichas condiciones figuren en sus estatutos. Siguiendo la liberalidad que el legislador quiso conceder a ese tipo de corporación —según el Art. 401(e)— nos parece razonable concluir, como se ha hecho en otras jurisdicciones norteamericanas, que:

In the absence of charter or statutory restrictions, a nonprofit or nonstock corporation may determine who shall be admitted to membership, and how they shall be admitted. It may exclude any person whom it deems unfit for membership. Indeed, in the absence of restrictions, it may act arbitrarily, and exclude any persons it may see fit, and the courts have no power to interfere. (Énfasis suplido y escolio omitido.) 12A Fletcher Cyc. Corp. Sec. 5687, págs. 787-788 (Perm. ed. 1993).

De manera que, como regla general, una corporación con fines no lucrativos no puede ser obligada a aceptar como socio a todo aquel que solicite admisión. H.L. Oleck, Nonprofit Corporations, Organizations, and Associations, 4ta ed., Nueva Jersey, Ed. Prentice Hall, Inc., 1980, pág. 743.()

El lenguaje contenido en los Artículos de Incorporación vigentes al momento en que los demandantes solicitaron su admisión() no constituía un mandato para admitir a todo aquel que solicitara y cualificara de acuerdo con las condiciones. Dicha disposición sólo contenía los requisitos que todo solicitante debía reunir; no tenía el efecto de limi-tar el rol de la Junta de Directores a uno “meramente pro-cesal y ministerial”, como señala el ilustrado foro de instancia. ()

Desde el punto de vista del derecho de las obligaciones y los contratos, tampoco nos parece que el Artículo Séptimo de los Artículos de Incorporación, supra, estableciera un deber de dicha entidad a admitir como socio a todo aquel que cumpliera con las condiciones allí estipuladas. Como se sabe, en Puerto Rico las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos y de los actos y omisio-nes ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2992. De entrada, valga señalar que no estamos ante nin-guno de los dos (2) últimos supuestos. Tampoco se nos ha señalado ni hemos encontrado alguna ley que obligue a la Sociedad a admitir a los recurridos. Como ya dijimos, la Ley General de Corporaciones sólo ordena a los incorpora-dores a consignar en su certificado aquellas condiciones que se les requerirán a los socios o, en su defecto, estipular que las mismas se fijarán en los estatutos.

En cuanto al derecho de contratos, el Código Civil establece sus elementos —Art. 1213 (31 L.P.R.A. see. 3391)— y dispone que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituirle. Art. 1214 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3401. Cabe plantearse si el Artículo Séptimo de los Artículos de Incorporación, supra, constituía una oferta, de forma tal que la aceptación de los recurridos constituyera una obligación de la primera a admitir a los últimos.

La doctrina define la oferta como “ ‘una proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella un contrato. ... [S]ólo hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con la sola aceptación de la otra parte, sin necesidad de una ulterior declaración del que hizo la oferta’ ”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, pág. 178. Los requisitos de la oferta son: (a) que sea completa y (b) que dé a conocer al destinatario la voluntad de obligarse: “[s]i la propuesta se ha emitido con la reserva, expresa o implícita, de la prestación final de consentimiento por el oferente ... no se tratará propiamente de una oferta.” Id., pág. 179. Véase, además, F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, págs. 377-378.

Una lectura al Artículo Séptimo de los Artículos de In-corporación, supra, revela que el mismo no constituía una oferta, pues dicha cláusula nada ofrecía; a nada se compro-metía la corporación.( ) Solamente se expresaba de ma-nera expositiva las condiciones necesarias para los socios, conforme lo requiere nuestra Ley General de Corporaciones. Ya que ni el derecho corporativo ni el dere-cho de las obligaciones y contratos cobija doctrina o pre-cepto alguno que obligue a la Sociedad a admitir a los re-curridos como miembros, procede revocar la sentencia que ordenó la admisión de los sesenta (60) demandantes.

IV

En vista del resultado al cual hemos llegado, la Junta de Directores provisional procederá sin dilación a consti-tuir el Consejo de Miembros de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Certificado de Incorporación de la So-ciedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, según quedó enmendado mediante la Resolución de 21 de diciembre de 1987, cuyo Consejo se reunirá y eligirá la Junta de Direc-tores de dicha corporación en la forma provista en dicho artículo.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón está con-forme con las partes I, III y IV, y concurrió sin opinión escrita con la parte II. El Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía se inhibió.

      (1) La admisión y el ejercicio de la abogacía, así como de otras profesiones, están estrictamente limitadas mediante legislación y reglas a aquellos individuos que han sido autorizados a practicar dicha labor. Generalmente, se prohíbe que las corporaciones practiquen el Derecho. B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825, 827 (1980). Cf. Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 D.P.R. 193, 196-197 (1962). Se pre-tende evitar que, mediante el esquema corporativo, esas entidades controladas por personas que no son abogados, advengan al ejercicio de la profesión directa o indirectamente. Por no ser abogados licenciados, dichas personas estarían fuera del poder de regular la profesión que tiene este Tribunal. También se teme que la lealtad que ha de tener un abogado con su cliente se confunda con la fiducia que le debe a la corporación que lo emplea. Véanse: Anotación, Restrictions on Right of Legal Services Corporation or “Public Interest” Law Firm to Practice, 26 A.L.R.4th 614 (1983); 1A Fletcher Cyc. Corp. Sec. 112.10 (Perm. ed. 1993).
      No obstante, se ha permitido, como excepción, que se incorporen entidades con el propósito de proveerle ayuda legal a los indigentes. Este es el caso de la Sociedad para Asistencia Legal.

      (2) El Reglamento definid las tres (3) categorías de la manera siguiente:
      “(a) Regulares: Los que asistan a las reuniones para las cuales sean convocados y presten los demás servicios y ejerzan las funciones que por este Reglamento o por acuerdo de asamblea de socios les sean señalados.
      “(b) Patrocinadores: Lo serán quienes interesados en el sostenimiento de la Sociedad, contribuyan económicamente a la forma que más adelante se dirá; disponiéndose que con las excepciones descritas en este Reglamento, los derechos y obligaciones de los Patrocinadores serán las mismas de un socio Regular.
      “(c) Honorarios: Lo serán las personas así designadas por la Junta de Directores, motu propio [sic] o por recomendación de una asamblea general de socios, en ambos casos debido a destacados méritos ciudadanos afines con los propósitos de la Sociedad.” Art. 4 del Reglamento de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, Apéndice, pág. 252.

      (3) Alega la parte demandada que dicha enmienda no se aprobó con la intención de impedir que los demandantes lograran acceso a la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (en adelante la Sociedad) como miembros, sino que es el resultado de un largo proceso de reestructuración institucional que se inició en 1983. A esos efectos, incluyeron las correspondientes minutas corporativas que demuestran ese desarrollo.

      (4) El pasado viernes 10 de abril de 1992, el licenciado Negrón García y los restantes dos (2) directores de la Sociedad, renunciaron a sus puestos.

      (5) Además, la recurrida señala que se celebró una reunión en cámara el 3 de enero de 1989 —quince (15) días antes de que se emitiera sumariamente la senten-cia— durante la cual el tribunal a quo “expresó su opinión a los efectos de que no habiendo controversia de hechos, no teniendo las partes evidencia adicional que presentar, se dispondría del caso mediante sentencia sumaria. Ambas partes estuvieron de acuerdo con lo expresado ..Oposición a Solicitud de Recurso de Revisión, pág. 10. La resolución del tribunal de instancia que rechazó la moción de reconsideración presentada por los demandados, a los efectos de que “[e]n cámara las partes some-tieron el caso e informaron no tener prueba adicional”, apoya la contención de los recurridos.

      (6) No obstante, hemos notado que en Estados Unidos de Norteamérica, muchas corporaciones con fines no lucrativos tienen como cuerpo directivo una junta de directores que se autoperpetúa (self-perpetuating) y que frecuentemente elige a sus sucesores. Developments in the Law-Nonprofit Corporations, 105 (Núm. 7) Harv. L. Rev. 1578, 1582 n. 12 (1992).

      (7) Las Ledas. Margarita Cortijo y Margarita Coll desistieron de su reclamación el 11 de abril de 1988. Posteriormente, el Ledo. Heriberto Sepúlveda hizo lo mismo.

      (8) La misma se define como una corporación cuyos ingresos, si algunos, no podrán distribuirse entre sus miembros, directores y oficiales. Fletcher Cyc. Corp., supra, Vol. 1, Sec. 68.05, pág. 919. Generalmente, a una corporación sin fines de lucro no le es permitido emitir acciones, pagar dividendos o hacer distribuciones de sus ingresos a miembros, directores u oficiales. íd. Véase, también, Art. 102(a)(4) de la Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956 (Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 1102(a)(4).

      (9) Véanse, por ejemplo: los Arts. 102(a)(3), 102(a)(4), 102(b)(1), 401(e), 402(f) y 802(d)(2) de la Ley Núm. 3, supra, 14 L.P.R.A. secs. 1102(a)(3), 1102(a)(4), 1102(b)(1), 1401(e), 1402(f) y 1802(d)(2).

      (10) E1 comentarista Oleck señala que los tribunales han aprobado rechazos arbitrarios y que algunas veces, a manera de excepción, ordenan la admisión cuando el repudio se funda en el discrimen por razón de raza, color o creencia, o cuando están involucrados intereses de índole económica, como por ejemplo, cuando existe la ne-cesidad de pertenecer a la entidad para poder trabajar. Véase H.L. Oleck, Nonprofit Cortporations, Organizations, and Associations, 4ta ed., Nueva Jersey, Ed. Prentice Hall, Inc., 1980, pág. 743, y casos allí citados.

      (11) "SEPTIMO
      “Que las condiciones para la admisión de socios son: Ser persona de buena reputación; estar interesada en la buena y eficiente administración de la justicia; y pagar la cuota que fije el Reglamento.”

      (12) Para fundamentar su decisión, el tribunal a quo citó el caso Porterfield v. Black Bill & Doney Parks W. Users’ Ass’n, 210 P.2d 335, 337 (Ariz. 1949). En ese caso, el certificado de incorporación de una entidad que se dedicaba a suplir agua potable a ciertos lugares disponía lo siguiente:
      “ ‘Any natural person who qualifies under the provisions hereinafter set forth in the By-Laws of this association and is a bona fide resident of the community shall be elegible to membership in this association
      Por su parte, el estatuto corporativo señalaba que:

        “Any natural person, a bona fide resident or owner of real property in Black Bill and Doney Parks, and a person to whom the services of this association will be beneficial, may become a member of this association.”
      Surge claramente que el lenguaje del certificado de incorporación y del estatuto en el caso Porterfield v. Black Bill & Doney Parks W. Users’ Ass’n, supra, es marca-damente distinto al que motiva el pleito en el caso de autos. Mientras que en Por-terfield v. Black Bill & Doney Parks W. Users’ Ass’n, supra, el certificado y los esta-tutos disponen las condiciones para ser socio y establecen el compromiso de la entidad a conceder la membresía a todo aquel que cumpla con dichas condiciones, el certificado de la Sociedad para Asistencia Legal se limitó a establecer los requisitos. Resulta fácil entender por qué en Porterfield v. Black Bill & Doney Parks W. Users’ Ass’n, supra, la corte concluyó que el papel de la Junta de Directores en cuanto a la admisión de socios era meramente ministerial.

      (13) Véase ese. 12. Por las mismas razones, no estamos ante una estipulación a favor de tercero. Véanse: Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3374; A.L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964). Tampoco se trata de una declaración unilateral de voluntad. Sobre si esta última es fuente de obligaciones en Puerto Rico, quaere. Véanse: Ramírez Ortiz v. Gautier Benitez, 87 D.P.R. 497, 508 (1963); Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698 (1971); E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Ed. Equity, 1991, T.V, See. 3.3, págs. 98-102.


text:
    Industria Cortinera, Inc., demandante y recurrida, v. Puerto Rico Telephone Co., demandada y recurrente.

      Número: RE-89-182

      Resuelto: 4 de febrero de 1993

      Jay García Gregory y Charles Bimbela, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de la recurrente; Carlos Colón Marchand, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso se nos solicita que revisemos una sentencia sumaria dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que declaró con lugar la demanda presentada en este caso y condenó a la demandada, Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.), a pagar a la demandante la suma de ciento ochenta mil setecientos veintiún dólares con cuarenta centavos ($180,721.40), más intereses.

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Los hechos

El 30 de mayo de 1973, la demandante recurrida, Indus-tria Cortinera, Inc. (Cortinera), presentó una querella ante la Comisión de Servicio Público (Comisión) en la que re-clamó daños. Alegó que su teléfono no funcionaba, que le estaban cobrando por tal servicio, que su número telefónico había sido asignado a otra persona y que el sistema de hunting instalado tampoco funcionaba.

Luego de varias vistas, el 13 de septiembre de 1984 la Comisión dictó una Resolución y Orden en la que condenó a la P.R.T.C. a pagar la suma de ciento ochenta mil sete-cientos veintiún dólares con cuarenta centavos ($180,721.40). La resolución se notificó ese mismo día.

El 24 de septiembre de 1984, la parte demandada recu-rrente, P.R.T.C., presentó una moción en la que solicitó de-terminaciones de hechos adicionales, y el 28 de septiembre presentó una moción de reconsideración.

Tres (3) años más tarde, el 8 de octubre de 1987, Corti-nera presentó una petición de mandamus ante el Tribunal Superior, señalando, entre otras cosas, que no se habían resuelto las mociones presentadas por la P.R.T.C. ante la Comisión. La Comisión compareció presentando una mo-ción de desestimación en la que señaló, inter alia, que se-gún el derecho aplicable, el hecho de que ella emitiera o no una disposición sobre el recurso de reconsideración en nada afectaba el derecho de Cortinera de cobrarle a la P.R.T.C. la indemnización concedida. Nada expresó sobre la moción para solicitar determinaciones de hechos adicionales. Cortinera, en contestación a la moción de des-estimación, presentó una solicitud de desistimiento volun-tario, la cual fue concedida.

El 24 de marzo de 1988, Cortinera presentó ante el Tribunal Superior una acción de cobro de dinero contra la P.R.T.C. para hacer valer la determinación de la Comisión. La P.R.T.C. aceptó que hubo una resolución emitida por la Comisión, pero alegó como defensa afirmativa que la recla-mación era prematura porque quedaban pendientes de resolver ante la Comisión varias mociones; negó que la Reso-lución fuera final y firme.

Así las cosas, la parte demandante solicitó que se dic-tara una sentencia sumaria. Alegó que la Resolución era final, firme e inapelable, ya que la Comisión no podía enmendarla. La parte demandada se opuso. Planteó pri-meramente que, como consecuencia de no haberse resuelto las mociones de reconsideración y determinaciones de he-chos adicionales, se interrumpieron los términos para ir en revisión al Tribunal Superior. Por otro lado y en la alter-nativa, alegó que había prescrito el término para que Cor-tinera instara el pleito para obligar al cumplimiento de la orden de la Comisión.

El tribunal de instancia dictó sentencia a favor de la parte demandante Cortinera. La P.R.T.C. recurre a noso-tros señalando, inter alia, que el tribunal de instancia erró al concluir que no estaba prescrita la acción y que la mo-ción para solicitar determinaciones de hechos adicionales no interrumpió el término para ir en revisión al tribunal.

HH HH

Procedimientos ante la agencia

La parte demandante recurrida, Cortinera, sostiene que la resolución dictada por la Comisión el 13 de septiembre de 1984 es final y firme.() Alega que la Comisión no tenía facultad para acoger mociones de reconsideración y de de-terminaciones de hechos adicionales. De ser ello así, la causa de acción que presentó en marzo de 1988 estaría prescrita.

La determinación de los daños causados y los procedimientos a seguir para cobrar los mismos, se rigen por el Art. 20 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. see. 1107, que en la parte pertinente de su inciso (b) específicamente dispone que “la persona a cuyo favor se ordena se haga dicho pago, podrá radicar una acción judicial por su importe, y la misma se tramitará, cualquiera que fuere su cuantía, de acuerdo con la Regla 60 de Procedimiento Civil vigente”. (Énfasis suplido.) El inciso (c) a su vez establece que “[e]l pleito para obligar al cumplimiento de una orden para que se efectúe dicho pago deberá entablarse dentro de un año desde la fecha de la orden”. (Énfasis suplido.)

El término de un (1) año comienza a correr desde que la orden es final y firme. Ahora bien, si se solicita revisión, el tribunal puede disponer que el pago se haga sin tener que recurrir al recurso provisto por la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.

Luego de hacer un análisis del historial de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico y, en específico, sobre el Art. 20, supra, en Rovira Palés v. P.R. Telephone Co., 96 D.P.R. 47 (1968), resolvimos que la Comisión, y no los tribunales, es quien tiene jurisdicción original exclusiva sobre querellas y reclamaciones contra empresas de servicio público en cuanto a las relaciones entre éstas y sus consumidores.() Posteriormente, en Vera v. Pavesi, 116 D.P.R. 55, 58 (1985), expresamos:

... [DJicho precepto legal faculta a la Comisión de Servicio Público a conceder indemnización monetaria a un usuario de una compañía de servicio público, o porteador por contrato, úni-camente en aquellos casos en que éste se ve afectado o sufre daños: 1- al ser “víctima” de una tarifa, práctica puesta en vigor, acto, u omisión que (a) infrinja cualquier orden de la Co-misión, o (b) resulta injusta o irrazonable, o (c) establece dife-rencias o preferencias injustificadas o indebidas, y 2- cuando le es cobrada una tarifa que excede la radicada, publicada y vi-gente a la fecha en que se prestó el servicio. (Enfasis en el original y escolio omitido.)

Ahora nos toca determinar si son o no de aplicación a los procedimientos ante la Comisión las Reglas 43.3 y 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que establecen que una parte tiene diez (10) días improrrogables para pre-sentar una moción de determinación de hechos adicionales y que su presentación en tiempo interrumpe el término para recurrir en alzada. La Ley de Servicio Público de Puerto Rico no contiene una disposición específica que rija este tipo de moción. () Sin embargo, nada impide que en casos apropiados se adopten normas de las Reglas de Pro-cedimiento Civil para guiar el curso del proceso adminis-trativo, cuando las mismas no sean incompatibles con dicho proceso y propicien una solución justa, rápida y económica. Pérez Rodríguez v. P.R. Park. Systems, Inc., 119 D.P.R. 634 (1987). Véanse, además: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 231 (1987); B. Schwartz, Adminis trative Law, 2da ed., Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1984, Sec. 531.()

Al interpretar la Ley de Servicio Público de Puerto Rico para resolver la controversia ante nos, debemos tener presente que el objetivo de la interpretación de cualquier estatuto es buscar y poner en vigor la intención legislativa, tomando en consideración los fines que el estatuto persigue. La interpretación debe ajustarse al fundamento racional o fin esencial de la ley y la política pública que la inspira. Art. 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19; Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.PR. 513 (1991); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.PR. 669 (1987); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.PR. 772 (1968). Es principio básico de hermenéutica legal que las distintas disposiciones de un estatuto deben interpretarse las unas con las otras para descubrir la intención legislativa:

En buena hermenéutica jurídica, el estatuto en su totalidad tiene que ser considerado para determinar el significado de cada una de sus partes. “Con ello se persiguen dos propósitos: aclarar ambigüedades y hacer de la ley un todo armónico y efectivo. Esto significa que toda ley debe ser examinada y com-paradas sus partes, de suerte que sean hechas consistentes y tengan efecto. Para ello, deben interpretarse las diferentes sec-ciones, las unas en relación con las otras, complementando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador. No se pueden tomar aisladamente los distintos apar-tados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o sea, íntegramente.” (Citas omitidas.) R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, pág. 315. Véanse, además: Orta v. Registrador, 60 D.PR. 789, 793 (1942); Pueblo v. Pérez Escobar, 91 D.PR. 10 (1964); P.P.D. v. Gobernador, 111 D.PR. 8 (1981); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 90 (1983); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983). Pueblo en interés menor L.R.R., 125 D.P.R. 78, 86 — 87 (1989).

El Art. 52 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1263, dispone que cualquier persona adversamente afectada por una decisión de la Comisión en un procedimiento en el cual haya sido parte, podrá solicitar la reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración no exime a la persona “de cumplir con u obedecer cualquier decisión de la Comisión, ni operará en forma alguna a modo de suspensión o posposición de la vigencia de la misma, a menos que medie una orden especial de la Comisión”. íd. El Art. 52, supra, también establece que la reconsideración no es un requisito previo para la revisión judicial “excepto en aquellos casos en que la parte que solicita la revisión se base en cuestiones de hecho o de derecho que la Comisión no tuvo la oportunidad de considerar”. Id. De esta forma se asegura que la Comisión haya tenido la oportunidad de considerar la cuestión antes de que se solicite la revisión judicial.

El procedimiento establecido en el Art. 52, supra, asegura además que la presentación de una moción de reconsideración no retrase la solución del asunto, proveyendo términos cortos para resolverla: treinta (30) días desde la presentación de la solicitud para concederla o denegarla. Ahora bien, si la Comisión estima que una nueva audiencia es necesaria, la reconsideración se resolverá dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que el asunto quedó sometido.

De otra parte, la revisión judicial de la decisión admi-nistrativa está regulada por los Arts. 55 a 59 (27 L.P.R.A. sees. 1266-1270). El Art. 57 específicamente dispone que ni la presentación de una solicitud de revisión ni la concesión de tal solicitud, tienen el efecto de suspender la decisión “a menos que, a solicitud de parte, el tribunal así lo ordene, previa determinación de que el peticionario sufrirá daños irreparables de no decretarse tal suspensión ...”. Este artí-culo también prohíbe la concesión de una suspensión ex parte.

Como podrá observarse, todo el procedimiento estable-cido para la reconsideración y revisión refleja la intención de que el proceso administrativo ante la Comisión sea un procedimiento expedito. Cualquier suspensión de la efectividad de una orden se hace a manera de excepción. Este procedimiento difiere del establecido en las Reglas de Procedimiento Civil, donde la mera presentación de un re-curso de revisión suspende el efecto de una sentencia y donde la expedición de una petición de certiorari suspende la efectividad de una sentencia u orden.

Igual propósito de aligerar los procedimientos tiene el inciso (b) del Art. 20 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, supra, cuando dispone que la acción judicial para el cobro de los daños que haya determinado la Comi-sión se regirá, no importa la cuantía, por lo dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esta regla establece un procedimiento sencillo y expedito para las reclamaciones.()

Bajo estas circunstancias, interpretar que las disposiciones procesales de las Reglas 43.3 y 43.4 de Procedimiento Civil, supra, son aplicables a los procedimientos ante la Comisión trastocaría todo su diseño de trámite sencillo y expedito. Determinamos, pues, que las Reglas 43.3 y 43.4 de Procedimiento Civil, supra, no aplican por ser incompatibles con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.

Al no ser de aplicación las Reglas 43.3 y 43.4 de Proce-dimiento Civil, supra, no se interrumpió el término para que Cortinera acudiera al foro judicial a solicitar que la P.R.T.C. cumpliera con la orden de la Comisión.

Pasemos ahora a considerar el procedimiento para po-ner en vigor una orden de la Comisión.

HH H-1

La solicitud de revisión y la solicitud para poner en vigor una orden de la Comisión

La solicitud de revisión y la solicitud de poner en vigor la orden de la Comisión no son análogas. En la primera el tribunal revisa la determinación de la Comisión y, en la segunda, una vez final y firme la determinación, se implanta la misma sin pasar juicio sobre su corrección.

En el foro administrativo, la Comisión tiene treinta (30) días para, previa audiencia, suspender, enmendar o revocar su determinación. 27 L.P.R.A. sec. 1262(a). Transcurrido este término sin que la Comisión haya actuado o la parte adversamente afectada haya solicitado la revisión judicial, la decisión adviene a ser final y firme y podrá solicitarse su implantación. 27 L.P.R.A. see. 1262a(f); Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En el caso de autos, la demandante tenía el período de un (1) año, a partir de ser final y firme la Resolución de 13 de septiembre de 1984, para presentar ante el tribunal el pleito para que se efectuara el pago ordenado por la Comisión. 27 L.P.R.A. sec. 1107(b) y (c). No habiéndose in-terrumpido el término para recurrir al foro judicial, al pre-sentar Cortinera su acción en 1988, ésta estaba prescrita. La parte demandante dejó perder su derecho a entablar el pleito para obligar al cumplimiento de la orden de la Co-misión concediendo daños. Cabe señalar, además, que acu-dió al tribunal en una acción de cobro de dinero, por la vía ordinaria, cuando a tenor con lo dispuesto en la ley tenía que tramitar su acción, cualquiera que fuese su cuantía, de acuerdo con la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. 27 L.P.R.A. sec. 1107(b). El foro de instancia equivocadamente determinó que el Art. 20(d), 27 L.P.R.A. sec. 1107(d), abre las puertas para recurrir a otros remedios civiles ordina-rios para cobrar la indemnización otorgada. Dicho artículo lee:

(d) No se instituirá acción alguna por razón de los daños y perjuicios a que se refiere esta sección, hasta que la Comisión hubiere determinado que la tarifa, acto u omisión de que se trate era injusto, irrazonable, o que establecía diferencias in-justas o preferencias indebidas o irrazonables, o en exceso de los precios contenidos en dichas tarifas, y tal acción se limitará a reclamar los daños y perjuicios que la Comisión hubiere ad-judicado y ordenado.()

Para interpretar correctamente la intención legislativa esbozada en el inciso (d) del Art. 20 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, supra, hay que acudir, por su valor persuasivo, al estatuto de Pennsylvania y a la jurisprudencia interpretativa del mismo, de donde proviene nuestra legislación.

La sección() de la ley de Pennsylvania de la cual toma-mos nuestra sec. 1107, en su primer párrafo sé refiere ex-clusivamente a aquellas situaciones en que la Comisión de Servicio Público determina, en un procedimiento sobre ta-rifas, que cierta cantidad de dinero que recibe una empresa de servicio público es injusta, irrazonable, que viola una orden o reglamento, o excede la tarifa aplicable. Luego de este procedimiento, dicha agencia tiene la autoridad para ordenarle a la empresa a compensarle lo pagado en exceso a personas en particular. En cuanto a la acción ante los tribunales para solicitar la compensación ordenada por la Comisión, expresa el segundo párrafo que la parte tiene un (1) año desde la orden de la Comisión para instarla.

Al incorporarse esta sección a nuestra ley, se le hicieron algunos cambios. En el Art. 28 de la Ley de Servicio Pú-blico de 1917 (27 L.P.R.A. ant. see. 77) se tradujo el título de la sección como “Reparación por precios excesivos; ac-ción judicial”() y añadió otras situaciones tales como actos, omisiones o prácticas que ocasionasen daños, puesto que la ley de Pennsylvania sólo consideraba, y considera, situa-ciones sobre reembolsos de tarifas excesivas, irrazonables, etc. Tenemos, pues, que la sección de la cual tomamos la nuestra sólo consideraba pleitos por compensaciones orde-nadas por tarifas excesivas, mientras que a la nuestra se le añadieron las compensaciones por daños por actos, omisio-nes o prácticas ilegales.

De acuerdo con la ley de Pennsylvania de 1913, hay dos (2) procedimientos. Primero, aquel en que la agencia deter-mina si una tarifa es o no irrazonable o injusta, y es luego de esta determinación que puede entender en una petición para ordenar indemnización. Dentro del primer procedi-miento, la agencia no tiene autoridad para ordenar com-pensación alguna. Manning v. Newville Water Co., 169 A. 254 (1933). O sea, la causa de acción para reclamar la in-demnización surge cuando se determina que las tarifas son irrazonables. Como una consecuencia lógica de esto es que dispone el estatuto de Pennsylvania que no se puede acu-dir al tribunal hasta que, primeramente, la agencia haga la determinación de irrazonabilidad y luego ordene una indemnización. La acción para obligar al cumplimiento de la orden debe presentarse dentro de un (1) año desde la fecha de la orden. Este periodo de un (1) año ha sido considerado como un término prescriptivo. Manning v. Newville Water Co., supra; New York & Pennsylvania Co. v. New York Cent. R. Co., 150 A. 480 (1930); Borough of Greensburg v. Public Service Commission, 110 A. 750 (1920).()

La ley de Pennsylvania de 1913 fue sustituida por otras análogas en 1937 y 1978. La sección en cuestión fue titu-lada “Reembolsos” y fue enmendada a los efectos de que ahora sólo se refiere a reembolsos por tarifas cobradas en exceso. No utiliza el lenguaje “compensación” o “daños y perjuicios”. De esta manera se aclaró la causa de acción que provee. En cuanto al párrafo en controversia, éste cambió a los efectos de que ahora sólo y exclusivamente se refiere a acciones para solicitar el reembolso ordenado por la Comisión.()

De todo lo antes expuesto se puede colegir que el Art. 20(d) de nuestra Ley de Servicio Público, supra, no abre las puertas a una acción independiente. Dicha sección se re-fiere a las acciones o pleitos para obligar al cumplimiento de una orden y aclara las secciones anteriores en el sentido de que un tribunal no podrá obligar al cumplimiento a me-nos que ya la Comisión haya hecho una determinación de daños y haya ordenado una compensación. Es otra manera de decirnos que la Comisión tiene jurisdicción original ex-clusiva para entender en reclamaciones de daños y perjui-cios ocasionados por compañías de servicio público en cuanto a las relaciones entre éstas y sus consumidores.() Rovira Palés v. Tribunal Superior, supra; Optimum Image v. Philadelphia Elec., 600 A.2d 553 (1991); Morrow v. Bell Telephone Co. of Pennsylvania, 479 A.2d 548 (1984). El término de un (1) año para llevar la acción judicial es un término prescriptivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, se dictará sentencia revocando la sentencia sumaria emitida por el Tribunal Superior en la cual se ordenó el pago de la cantidad de ciento ochenta mil setecientos veintiún dólares con cuarenta centavos ($180,721.40) y se desestimará la acción presen-tada por estar prescrita.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., no es aplicable al caso de autos por ser posterior al proceso administrativo que dio lugar a esta revisión.

      (2) Allí también expresamos que “[c]on variaciones insignificantes de estilo, es-tas disposiciones son una reproducción [del Art. 28] de la anterior Ley de Servicio Público, Núm. 70 de 6 de diciembre de 1917 (Leyes, pág. 433), adoptada para implementar el Art. 38 de la Carta Orgánica Jones. Santiago v. Comisión de Servicio Público, 37 D.P.R. 500, 507-512 (1927). A su vez, [el Art.] 28 de la ley de 1917 [es] una traducción literal de la See. 5 del Art. Y ... de la Ley Núm. 854 de 26 de julio de 1913 del Estado de Pensilvania (Leyes, pág. 1374), que sirvió de modelo para la nuestra. Alers v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 701, 705 (1961)”. (Escolio omitido.) Rovira Palés v. P.R. Telephone Co., 96 D.P.R. 47, 51 (1968).

        La See. 5 del Art. V de la ley de Pennsylvania fue derogada varias veces y sustituida finalmente por una nueva sección, la cual se mantuvo esencialmente igual, pero añadió que el término de un (1) año se calcula desde la fecha de la orden de la Comisión o un tribunal. 66 Pa.C.S.A. see. 1312. Más adelante discutiremos esta sección más a fondo.

      (3) Aunque el Art. 51-A(f) de dicha ley, 27 L.P.R.A. sec. 1262a(f), provee que en las “apelaciones o revisiones y en lo aquí no provisto regirán las disposiciones contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil”, la misma es sólo aplicable al procedimiento judicial especial que se establece en el Art. 51-A, 27 L.P.R.A. sec. 1262a.

      (4) La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a su vez, expresa en su Exposición de Motivos que siendo la política pública del país inspirada en la eficiencia administrativa, la ley a su vez se inspira en el propósito de brindar a la ciudadanía unos servicios públicos de eficiencia y protitud, entre otros.

      () En las Reglas de Procedimiento Civil está limitado el procedimiento a recla-maciones de dos mil dólares ($2,000) o menos.

      (6) El juez del tribunal de instancia expresó lo siguiente:
      “La limitación de la ley establecida en el inciso (c), por ende se refiere a la reclamación del pago de lo debido efectuada mediante el trámite sumario del pleito de acuerdo a la Regla 60 de Procedimiento Civil, y no se refiere a la reclamación de una deuda de acuerdo al procedimiento ordinario supletorio que contempla el inciso (d) del mismo artículo de la Ley. Es forzozo [sic] notar que la Ley de Servicio Público no tiene poderes ni mecanismos sencillos para forzar al cumplimiento de sus dispo-siciones y sus órdenes para el pago de lo ordenado por ella, por lo que ante tal falta de dientes la ley delega en los tribunales para que se pueda recurrir a un procedi-miento simple, rápido y sumario como el dispuesto en la Regla 60, limitando a un (1) año el que se pueda utilizar ese mecanismo procesal especial, pero ello no impide que se puedan utilizar otros mecanismos en ley para cobrar la cuantía adeudada, y por ende, en otros períodos. Como bien apunta la demandante, por eso el legislador usa la palabra podrá, pues concede discreción al beneficiado por la orden para recurrir al pleito bajo las disposiciones de la Regla 60, así como puede recurrir a otros remedios civiles ordinarios en cobro de su acreencia.”

      (7) “If, after hearing, upon complaint or upon its own motion, the commission shall determine that any rates which have been collected, ... by any public service company complained of, ... were unjust and unreasonable ... the commission shall, upon petition, have the power and authority to make an order for reparation, awarding and directing the payment to any such complainant, petitioner, within a reasonable time specified in the order, of the amount of damages sustained in consequence of said unjust, unreasonable, or unlawful collections, ... of such public service company: Provided, That such damages have been actually sustained by such complainant petitioner.
      “No reparation, as herein provided, shall be awarded by the commission unless the complaint or petition shall have been filed with it within two years from the time when the cause of action accrued. A suit for the enforcement of an order directing such payment shall be filed in the said court of common pleas within one year from the date of the order, and not after.
      “No action shall be brought in any court on account of the wrongs or injuries referred to in this section, unless and until the commission shall have determined that the rate, regulation, classification, practice, act, or omission in question was unjust, unreasonable, or unjustly discriminatory or unduly or unreasonably preferential, or in excess of the rates contained in the said tariffs or schedules, and, then, only to recover such damages as may have been awarded and directed to be paid by the commission in said order.”

      (8) “Si después de celebrada audiencia mediante querella o de oficio, la Comisión determinare que cualesquiera precios que se hubieren cobrado, o cualesquiera actos que se hubieren realizado u omitido, o cualesquiera reglamentos, clasificaciones, o prácticas que se han hecho cumplir en relación con cualquier servicio prestado des-pués de estar en vigor esta parte, por cualquier compañía de servicio público, infrin-gían cualquier orden de la Comisión o eran injustas e irrazonables o establecían diferencias injustas o preferencias indebidas o injustificadas; o, declarare, que los precios cobrados de ese modo exceden los fijados en las tarifas de dicha compañía archivadas y publicadas según se dispone en la presente y que estaban vigentes y eran aplicables cuando se prestó el predicho servicio, la Comisión, a petición, tendrá poder y autoridad para dictar una orden disponiendo, adjudicando el pago al quere-llante y peticionario, dentro de un tiempo razonable, especificado en dicha orden, del importe de los daños sufridos en consecuencia de los cobros, actos u omisiones, re-glamentos, clasificaciones o prácticas injustas, irrazonables o ilegales de dicha com-pañía de servico público.
      “La Comisión hará constar en dicha orden sus conclusiones de hechos y la suma que deba pagarse.
      “Si la compañía de servicio público no cumpliere la antedicha orden para el pago de dinero dentro del tiempo que en aquella se fijare, la persona a la cual se ordena que se haga dicho pago, podrá demandar por el importe del mismo en cualquier sala del Tribunal Superior; y dicha orden, dictada por la Comisión, será prueba prima facie de los hechos constantes en ella, y de que la cantidad adjudicada se debe jus-tamente al demandante en dicho pleito, y no se permitirá a la compañía de servicio público demandada que utilice la defensa de que el servicio, como cuestión de hecho, fué prestado al demandante al precio contenido en su tarifa o relación vigente al tiempo en que se hizo y recibió el pago.
      “No se adjudicará indemnización alguna por la Comisión, a menos que la que-rella o petición se hubiere presentado dentro de los dos años contados desde la fecha en que surgió la causa de acción. El pleito para obligar al cumplimiento de una orden para que se efectúe dicho pago, se presentará en el antedicho Tribunal Superior dentro de un año contado desde la fecha de la orden.
      ‘No se instituirá acción alguna por razón de los daños o perjuicios a los cuales se hace referencia en esta sección, hasta que la Comisión hubiere determinado que el precio, reglamento, clasificación, práctica, acto, u omisión de que se trata era injusto, irrazonable, o que establecía diferencias injustas o preferencias indebidas o irrazo-nables, o en exceso de los precios contenidos en dichas tarifas o aranceles, pero únicamente para recobrar los daños que la Comisión hubiere adjudicado y ordenado.”

      (9) La sec. 3314(a) de la vigente Ley de Servicio Público de Pennsylvania, 66 Pa.C.S.A. sec. 3314(a), provee un límite de tres (3) años para cualquier acción bajo dicha ley, excepto que se provea otra cosa en contrario. En esta excepción se incluye la see. 1312, referente a los reembolsos. Suburban East Tires v. Pa. Public Utility, 582 A.2d 727 (1990).

      (10) A continuación transcribimos el párrafo en controversia, según lo tomamos para nuestra ley y según lee en la ley vigente.
      “No action shall be brought in any court on account of the wrongs or injuries referred to in this section, unless and until the commission shall have determined that the rate, regulation, classification, practice, act, or omission in question was unjust, unreasonable, or unjustly discriminatory or unduly or unreasonable preferential, or in excess of the rates contained in the said tariffs or schedules, and, then, only to recover such damages as may have been awarded and directed to be paid by the commission in said order.” (Énfasis suplido.) 66 P.S. sec.-511.
      “(c) No action shall be brought in any court for a refund, unless and until the commission shall have determined that the rate in question was unjust or unreasonable, or in violation of any regulation or order of the commission, or in excess of the aplicable rate contained in an existing and efective tariff, and then only to recover such refunds as may have been awarded and directed to be paid by the commission in such order.” (Énfasis suplido.) 66 Pa.C.S.A. sec. 1312(c).

      (11) En Liquilux Gas Corp. v. Martin Gas Sales, Inc., 771 F. Supp. 502 (D. P.R. 1991), el tribunal federal llega a similar conclusión al expresar que el Art. 20(d) de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 L.P.R.A. sec. 1107(d), inequívocamente limita el poder del foro judicial para adjudicar controversias.