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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Gilberto Maisonave Rodríguez, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-262

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Francisco J. Rodríguez Juarbe, abogado del recurrido; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Marjorie Rivera Ro-dríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Pautamos sobre el valor probatorio de los exámenes de histocompatibilidad para determinar la paternidad cuando el presunto padre no queda excluido por dichas pruebas. Resolvemos que el por ciento de paternidad relativa que puede obtenerse con dichas pruebas científicas es un ele-mento evidenciario más que debe ser considerado por los tribunales, junto con los demás elementos probatorios (tes-timonios de las partes, prueba documental, relaciones en-tre las partes, posibilidad de acceso carnal, parecidos físi-cos, etc.), para llegar a su propia conclusión en cuanto a si se ha establecido o no la paternidad del presunto padre. Claro está, siempre que se establezca que dichas pruebas fueron realizadas por peritos debidamente calificados si-guiendo las más estrictas normas en la realización de este tipo de análisis, y que se hayan observado las normas re-lativas a la cadena de evidencia en su presentación ante los tribunales. Veamos los hechos ante nos.

I

3 de marzo de 1985 la Sra. Lucy Barreto Bosques presentó una denuncia contra el Sargento de la Policía Gilberto Maisonave Rodríguez (sargento Maisonave), impu-tándole ser el padre de su hijo menor, Jayson Barreto, sin que aquél lo hubiera reconocido y cumplido con su obliga-ción de proveerle alimentos. Art. 158 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4241. Determinada la causa probable para el arresto o la citación, el caso fue remitido al Tribunal de Distrito para la celebración del juicio correspondiente.

Así las cosas, el 8 de mayo de 1985 el Ministerio Público solicitó que se ordenara al acusado someterse a un examen serológico de histocompatibilidad (H.L.A.). La defensa del sargento Maisonave se opuso y alegó que ordenar dicho examen constituía una violación a los derechos civiles y constitucionales de su defendido, y que el examen de his-tocompatibilidad no había sido perfeccionado, por lo que sus resultados serían dudosos “ya que, solamente son ex-cluyentes en favor del acusado en uno de los casos y en el resto de los casos no puede determinarse con certeza abso-lutamente nada con relación a la paternidad d[e u]n niño”. (Énfasis suplido.) Anexo II.

Luego que le fueran sometidos los memorandos como apoyo de las respectivas posiciones, el Tribunal de Distrito ordenó a las partes someterse a las pruebas de sangre.()

El 26 de agosto de 1985 las partes se sometieron a las pruebas de histocompatibilidad (H.L.A.) en el Laboratorio de Histocompatibilidad del Departamento de Patología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante Laboratorio).

El 6 de septiembre de 1985 el Laboratorio rindió su in-forme con los resultados del examen. En dicho informe se señaló que “el Sr. Gilberto Maisona[v]e Rodríguez no se puede excluir de ser el padre de Jayson Barreto ya que [é]l puede aportar el haplotipo A30,B39 presente en el niño. La probabilidad, relativa de que el Sr. Gilberto Maisonabe [sic] sea el padre es de 98.5%”. (Énfasis suplido.) Exhibit III.

Después de varios trámites procesales, se celebró la vista del caso el 16 de enero de 1986. La prueba de cargo consistió en el testimonio de la Sra. Lucy Barreto, su her-mana Carmen, su sobrina de catorce (14) años de edad, Elena Quiñones, y el perito médico, Dr. Eliud E. López, entonces Director del Departamento de Patología del Re-cinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (R.C.M.-U.P.R.). Además, el Ministerio Público presentó como evidencia el informe de las pruebas de histocompati-bilidad practicadas a las partes.

La Sra. Lucy Barreto declaró, en síntesis, que conoció al sargento Maisonave desde finales de 1981. Alegadamente, Maisonave le dijo que estaba separado de su esposa, pero ella no corroboró esta información. Luego de un buen tiempo de hablarle y conocerlo, comenzó a tener relaciones sexuales con él a mediados de mayo de 1982. Según ella, tenía relaciones sexuales con Maisonave tres (3) veces al mes, los miércoles —cuando se realizaban los círculos de oración en la iglesia— por la noche y en horas de trabajo del sargento Maisonave. Ella especificó que tuvo estas re-laciones en el Hotel Paraíso, la primera vez; la segunda, en un callejón del barrio Cuchillas de Moca; la tercera, en el Hotel Western y, la cuarta, en una casa en construcción del Sr. Héctor Colón. Durante estas relaciones sexuales no usó contraconceptivos. Salían en un automóvil de marca Maverick, propiedad de Maisonave.

La señora Barreto sostuvo que antes de tener relaciones sexuales con el sargento Maisonave no las tuvo con nin-guna otra persona. Señaló, además, que su última mens-truación fue, según su recuerdo, el 5 de mayo de 1982. El menor, Jayson Barreto, nació el 20 de febrero de 1983. Dijo que no supo que estaba embarazada hasta el 16 de noviem-bre de 1982 cuando su hermana, Carmen Barreto, vino de Nueva York, la notó gorda y le dijo que estaba embarazada. Su hermana Carmen se entrevistó con el sargento Maiso-nave y éste, alegadamente, le dijo “que ese niño no era de él y que esperara más tiempo”. Exhibit VII, pág. 4. Alega-damente, Maisonave le dijo que esperara tres (3) años para él reconocerlo.

Admitió que salió con el sargento Maisonave los días 12, 19 y 26 de mayo de 1982 y que se acordaba de todas estas fechas porque su otra hermana (Susana) “tenía un diario donde apuntaba todo esto”. Exhibit VII, pág. 4. Declaró que continuó saliendo con el sargento Maisonave hasta el 19 de junio de 1982, cuando se enamoró de Alberto González, también conocido por “Pilón”. En el contrainterrogatorio señaló que se hizo novia de Alberto el 19 de jimio de 1982 y se dejó de éste el 16 de noviem-bre del mismo año, una vez le informó que estaba embarazada del sargento Maisonave. Alberto la visitaba, pero desconocía su estado de embarazo. Nunca le ha reclamado el reconocimiento del niño a Alberto, pues nunca tuvo relaciones sexuales con él. Señaló que hubiera deseado que el niño fuera hijo de Alberto (“Pilón”).

En el redirecto, la señora Barreto señaló que, aun siendo una persona delgada, a los cinco (5) meses no se le notaba barriga. Sólo creía que estaba gorda. Era la pri-mera vez que quedaba embarazada.

La joven Elena Quiñones, de catorce (14) años de edad y sobrina de la Sra. Lucy Barreto, declaró que el sargento Maisonave le enviaba con ella mensajes “a Lucy [para] que bajara al pueblo”. Exhibit VII, pág. 6. Veía a Maisonave trabajando con uniforme por el día cuando éste le enviaba los mensajes a Lucy.

La Sra. Carmen Barreto, hermana de Lucy, atestó que cuando vino de Nueva York el 10 de noviembre de 1982 vio a su hermana demasiado gorda y rara, por lo que le pre-guntó qué le sucedía. Lucy le contó que ella salía con Maisonave. Cuando por fin la testigo le “sacó la verdad”, Lucy le dijo lo que estaba ocurriendo. Lucy, llorando, le dijo que “la regla no le venía hacía más de cuatro (4) meses y ... que [el niño] era de Maisonave”. Exhibit VII, pág. 7. Señaló la Sra. Carmen Barreto que fue al Cuartel de la Policía de Moca y allí encontró al primo de Maisonave, a quien le contó lo que sucedía y le pidió que le dijera a Maisonave que quería hablar con él. Sostuvo que Maisonave “apareció donde vivía Lucy” para hablar con la testigo. Esta le pre-guntó “qu[é é]l iba a hacer con el hijo que Lucy iba a tener” y él le dijo “que a él no le convenía por su profesión() lo que sucedía y que lo podían [b]otar del trabajo”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 6. Declaró que Maisonave le dijo que Lucy “se lo sacara” (abortara). Para ello le ofreció dinero.

En el contrainterrogatorio señaló que conoció a Alberto González, conocido por “Pilón”, cuando vino a Puerto Rico. Era novio de Lucy y lo conoció en la casa de su mamá. Admitió que no sabía si anteriormente pasó algo entre Lucy y Alberto. Lucy le dijo “que su problema era muy grande porque si ella tenía su novio y después tenía un hijo de otro y, le tenía que decir la verdad a Alberto. Que Alberto no la perdonó”. Exhibit VII, pág. 7. Finalmente, se-ñaló que se fue para Nueva York el 16 de noviembre de 1982. Para esa fecha, según ella, “Alberto no veía a Lucy”. Íd.

Como último testigo de cargo declaró el Dr. Eliud López Vélez, entonces Director del Departamento de Patología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Atestó el doctor López que el 26 de agosto de 1985 se examinaron en dicho departamento el sargento Maisonave, la señora Barreto y el menor mediante la prueba H.L.A. (Human Leukocyte Antigen).

Según el doctor López, mediante la prueba H.L.A. “se trata de establecer la paternidad o no paternidad de un supuesto padre biológico” —Exhibit VII, pág. 2— pues “se ha encontrado que hay ciertas características en los seres humanos que se transmiten de padres a hijos a través de los genes; se espera, pues, que una persona contenga un componente que proviene del padre y otro que proviene de la madre”. Íd., págs. 1-2. Explicó que en el procedimiento de análisis de las muestras

... los Tecnólogos toman la muestra, anotan las distintas reac-tividades de las pruebas, y analizan los resultados que luego someten en un informe. Que el informe consiste de cuatro reac-ciones genéricas, dos reacciones tipo A y dos reacciones tipo B; que una de las reacciones proviene de la madre y la otra del padre; que se comparan [e]stos marcadores biológicos y si el presunto padre los tiene se procede a determinar la frecuencia de [tales] marcadores biológicos y se hace un cálculo porcentual de la probabilidad relativa de que el supuesto padre en efecto lo sea; comparando cu[á]l es la probabilidad de que un hombre tomado al azar pueda aportar esos mismos marcadores aporta-dos por el presunto padre. Que esta relación estadística se le llama Probabiladad relativa de Paternidad [ (P.R.P. )].

El doctor López señaló que el P.R.P. del señor Maisonave era de 98.5% y que, de acuerdo con las guías establecidas por el Comité Conjunto de la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Abogados {Joint AMA-ABA Committee), esa prueba genérica caería bajo el concepto de “muy probable” {very likely) de paternidad, y que tal resul-tado indicaría y/o sería favorable a la posibilidad de que el presunto padre sea el padre biológico, siempre que la otra prueba (testimonios, observación del parecido del menor con el padre, etc.) sea compatible con el resultado.

Sostuvo, además, que esta prueba es confiable en cuanto a excluir paternidad y tiene en la población puertorriqueña una probabilidad de 85% de exclusión de paternidad; esto es, que el 85% de la población puertorriqueña al someterse a la prueba podría estar sujeta a ser excluida con respecto a la paternidad de forma efectiva. Adujo que esto es así porque la prueba tiene muchos marcadores genéricos.

En cuanto al procedimiento de tomar la muestra, el doctor López admitió que una prueba como ésta debe mostrar que todos los factores son controlables para que sea satis-factoria, y que las personas que administran la misma es-tén capacitadas y certificadas para ello. De surgir algún problema con la muestra obtenida, siempre se procede a tomar muestras adicionales notificándose a las partes. A éstas se les solicita una fotografía para tener evidencia de que son quienes dicen ser.

Culminó su examen directo al señalar que la prueba H.L.A. no es conclusiva y no puede decir que una persona es el padre biológico, sino que la prueba determina que existe una probabilidad relativa X de que lo sea o no si la persona no ha sido excluida como padre.

En el contrainterrogatorio admitió que él, personal-mente, no efectuó las pruebas de sangre en este caso, pero que por las identificaciones de los documentos de la prueba realizada podía saber quién efectuó la misma y quiénes la supervisaron. Él entiende que en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Europa la prueba de H.L.A. no sólo se usa para excluir, sino también para establecer un por ciento de probabilidad relativa de paternidad. La prueba no es abso-luta; tiene que tener unos controles y se tiene que hacer con reactivos confiables y por personas profesionalmente adiestradas bajo la supervisión debida. Explicó que cual-quier hallazgo particularmente importante (ej. caracterís-ticas de antígenos raros que no pueden identificarse, etc.) se anota en el informe que rinde el departamento. Terminó su contrainterrogatorio reafirmando que la probabilidad relativa de paternidad de 98.5% en este caso no era arries-gada porque aquí se siguieron los procedimientos al reali-zar la prueba.

Presentada la prueba de cargo, el juez de distrito que presidió la vista (Hon. Francisco Gandarilla) tuvo la opor-tunidad de observar al niño, que entonces tenía dos (2) años y once (11) meses de edad, frente al sargento Maiso-nave y a la señora Barreto para comparar su parecido.

La prueba de la defensa consistió en los testimonios del ex policía Alberto Alicea, del policía Manuel Pérez y del acusado recurrido.

El señor Alicea declaró que era pensionado de la Policía, donde ocupó el cargo de capitán. Para la fecha de los he-chos prestaba servicios en el distrito policíaco de Moca donde conoció al sargento Maisonave y a Lucy Barreto. Se-ñaló que a principios de 1983 la señora Barreto fue al Cuartel de la Policía de Moca “a pedir una orientación, porque ella había tenido un hijo de un individuo que le decían Pilón ..Exhibit VII, pág. 7. Alega el testigo que le dijo a la señora Barreto que “llevara ese caso a la Corte, que presentara una querella para que se llevara al tribunal Íd., págs. 7-8. Sostuvo que cuando la señora Ba-rreto fue a hablar con él nunca mencionó el nombre del sargento Maisonave.

En el contrainterrogatorio, señaló que el sargento Mai-sonave trabajaba bajo su supervisión y que éste siempre desempeñaba sus funciones cuando tenía que trabajar. Aclaró que no podía dar fe de que Maisonave estaba en sus funciones todo el tiempo.

El policía Manuel Pérez testificó que trabajaba en el Cuartel de la Policía de Moca para el momento de los he-chos y que conocía a la señora Barreto. Atestó que a finales de 1981 y principios de 1982 vio a la señora Barreto en las “ruinas” de la playa de la Base Ramey acompañada de un señor grueso() que él no conocía. Luego la vio con ese señor dos (2) o tres (3) veces. Nunca vio a la señora Barreto con el sargento Maisonave.

En el contrainterrogatorio expresó que trabajó bajo la supervisión del sargento Maisonave y que lo considera su amigo. Tanto así que, si con su testimonio fuera a perjudi-car a su amigo, él no declararía.

Señaló que no sabía si la persona que él observó en com-pañía de la señora Barreto era hermano o pariente de ésta, ya que nunca dialogó con esa persona.

Finalmente, declaró el propio sargento Maisonave. Se-ñaló que trabajó en el Cuartel de la Policía de Moca entre seis (6) a siete (7) años. Durante los primeros dos (2) años conoció a Lucy Barreto cuando ésta fue al cuartel a presen-tar varias querellas. Afirmó que nunca salió con la señora Barreto, que nunca ha visitado moteles y que es casado. Expresó haber conocido a la Sra. Carmen Barreto cuando ésta vino a buscarlo al cuartel y le preguntó si había salido con su hermana Lucy. El le dijo que nunca lo había hecho. Adujo que la Sra. Carmen Barreto le dijo que Lucy había tenido un hijo y su novio (Alberto) le había dicho que no era de él. Que venía a hablar con el testigo para que lo recono-ciera como su hijo. La Sra. Carmen Barreto se marchó y regresó como a los tres (3) días. Le dijo “que Lucy había tenido un mucha[ch]o y que alguien se lo tenía que recono-cer: ‘te lo vamos a a achacar a ti a menos que t[ú] nos consigas diez mil pesos”’, porque ella necesita una casa para vivir y la casa costaba como mil pesos. Exhibit VII, págs. 9-10. No vio más a la Sra. Carmen Barreto hasta el día del juicio. Se reafirmó en que nunca ha tenido relacio-nes sexuales con Lucy y que muchas veces la vio con Alberto cerca del cuartel en un auto “Camaro” blanco. Adujo, además, que nunca puede abandonar su servicio porque su responsabilidad es asignar trabajo y velar por que sus ór-denes se cumplan. Finalmente, sostuvo que nunca le dio dinero a la Sra. Carmen Barreto a pesar de que, posterior-mente, ésta le pidió menos, como seis mil (6,000) dólares.

Según el sargento Maisonave, Lucy Barreto nunca se ha dirigido a él para discutir nada sobre el niño.

En el contrainterrogatorio señaló que conocía a la Sra. Lucy Barreto “porque ella iba al Cuartel a llamar por telé-fono y tomaba agua allí”; que identificaba el vehículo de “Pilón” y “estaba bien pendiente a lo que Lucy hacía, por-que su trabajo es el estar pendiente a todo lo que pasa, mayormente de noche”. Exhibit VII, pág. 10.

Esa fue la prueba testifical que tuvo ante sí el Tribunal de Distrito. Dicho foro encontró al acusado culpable del delito imputado y dispuso la suspensión de lectura de sen-tencia sujeta a que éste reconociera al menor y le pasara $15.00 semanales por concepto de pensión alimentaria.

Inconforme con el fallo, el acusado presentó un escrito de apelación ante el Tribunal Superior. Señaló como erro-res del Tribunal de Distrito el que: (1) no se estableciera su culpabilidad más allá de duda razonable; (2) errara en la apreciación de la prueba, y (3) permitiera el uso de la prueba de sangre en violación a su derecho a la no autoincriminación.

El Tribunal Superior dictó sentencia y revocó la dictada por el Tribunal de Distrito. Fundamentó su dictamen en la falta de crédito del testimonio de la madre del menor y en la insuficiencia del resultado de las pruebas de sangre para satisfacer el grado de prueba requerido para encontrar al acusado culpable, más allá de duda razonable, por viola-ción al Art. 158 del Código Penal, supra.

Acude ante nos el Procurador General para que revise-mos ese dictamen. Aduce El Pueblo que:

A. Erró el Tribunal Superior al intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Distrito que tuvo la oportu-nidad de ver y o[í]r a los testigos declarar.
B. Erró el Tribunal Superior al resolver que la prueba presen-tada en este caso no es suficiente para establecer la culpabili-dad del acusado más allá de duda razonable. Petición de certio-rari, págs. 5-6.

Mediante trámite de mostrar causa, ordenamos al recu-rrido que justificara el porqué no debíamos dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior. El recurrido compareció. Resolvemos según lo intimado.

J-H HH

Alcance de la función revisora del Tribunal Superior

El procedimiento para apelar las sentencias criminales dictadas por el Tribunal de Distrito ante el Tribunal Superior está reglamentado por la Sec. 19 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 122; la Regla 216 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior de 1 de octubre de 1979 (4 L.P.R.A. Ap. III-A).() Allí se establecen los requisitos procesales para tramitar la apelación. Véanse, además: Calderón y Rivé, Manual de Procedimientos Apelativos, 87 Rev. Jur. U.I.A. 235-244 (1987); I.N. Rivera, Las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior: un señalamiento de errores, 6 (Núm. 2). Boletín Judicial 2 (1984).

Ahora bien, al considerar en apelación una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, el Tribunal Superior está sujeto a las mismas limitaciones que tradicionalmente se ha impuesto este Tribunal con respecto a la apreciación de la prueba oral hecha por el foro recurrido. Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123 (1961); Mercado v. Hull Dobbs Corp., 90 D.P.R. 864, 867 (1964). Las determinaciones del tribunal de origen no deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de fundamento suficiente en la prueba presentada. Es doctrina reiterada por las decisiones de este Tribunal que los foros recurridos están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y, por tal razón, su apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Ríos Ádvarez, 112 D.P.R. 92 (1982). En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y error manifiesto, y a menos que la apreciación de la eviden-cia se aleje de la realidad fáctica o la prueba sea inheren-temente imposible o increíble, el tribunal apelativo debe abstenerse de intervenir con la apreciación de la evidencia hecha por el foro recurrido. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodovar, 121 D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734, 738 (1980); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581-582 (1961).

Ello no significa que el foro recurrido está inmune al error. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1982). Además, hemos revocado sentencias en las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas en la prueba aportada, no establecen la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971); Pueblo v. Díaz Just, 97 D.P.R. 59 (1969); Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963).

Sin embargo, examinados los autos de este caso, no en-contramos las circunstancias que podrían justificar la re-vocación de la sentencia del Tribunal de Distrito por éste haber apreciado erróneamente la prueba ni que dicha prueba sea insuficiente en derecho para probar la culpabi-lidad del acusado más allá de duda razonable. Veamos.

HH

De la exposición narrativa de la prueba surge que las contenciones de las partes son totalmente irreconciliables y contradictorias; esto es, la prueba testifical del acusado tiende a negar la prueba de cargo. De suerte que el Tribunal de Distrito tuvo que creer la prueba de cargo para ha-llar al acusado culpable, pues de haber creído la del acu-sado, necesariamente tenía que absolverlo. El Tribunal de Distrito, quien vio y oyó a los testigos, dirimió el conflicto de credibilidad a favor de la prueba de cargo. Estando en mejor posición que el foro apelativo, tal determinación, al dirimir prueba conflictiva, debe prevalecer. Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 464 (1982). Examinados los testimonios de cargo, encontramos que los mismos tam-poco resultan increíbles o imposibles.

La prueba de cargo tendió a demostrar que el sargento Maisonave tuvo contacto carnal con la señora Barreto, del cual nació el menor Jayson. Tendió a demostrar, además, que el sargento Maisonave se niega a reconocer dicho niño y a cumplir con su obligación legal de proveerle alimentos. La prueba de defensa no rebatió el hecho de que Maiso-nave pudo haber tenido contacto carnal con la señora Ba-rreto durante sus horas de trabajo. El propio capitán Ali-cea, supervisor de Maisonave, no pudo dar fe de que éste no se ausentara de su trabajo durante las noches.

El hecho de que Maisonave fuera un hombre casado no niega que tuviera relaciones sexuales con la señora Ba-rreto durante hora y media a la semana. Tampoco resulta increíble que la señora Barreto no tuviera relaciones con su novio, quien la visitaba en su casa y con quien presumi-blemente se podía casar, y sí las tuviera con el sargento Maisonave. El carácter, la conducta y las motivaciones de la señora Barreto no podían ser cuestionadas por el foro apelativo. Para ello, la defensa de Maisonave tuvo la opor-tunidad de establecer cualquier impugnación que creyera pertinente durante el juicio.

En fin, erró el foro apelativo (Tribunal Superior) al va-riar arbitrariamente el criterio informado del foro recu-rrido (Tribunal de Distrito) por el suyo, pues están ausen-tes las circunstancias extraordinarias que justificarían rechazar la evaluación de la prueba hecha por el foro récurrido.

IV

En nuestro sistema de derecho es principio fundamental que todo ciudadano acusado de delito público tiene el derecho constitucional a que el Estado demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable() en un juicio público, justo e imparcial. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990); Pueblo v. Cabán Torres, supra. La duda razonable la hemos definido como aquella insatisfacción o intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado luego de desfilada la totalidad de la prueba de cargo. Pueblo v. Robles González, supra; Pueblo v. Toro Rosas, supra; Pueblo v. Cabán Torres, supra.

La prueba de cargo debe establecer todos los elementos del delito y la conexión del acusado con los mismos con prueba suficiente y satisfactoria; es decir, prueba que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 652; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988). Cf. Regla 10(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Veamos si en el caso de autos se cumple con estas exigencias.

El aquí recurrido fue acusado de infringir el Art. 158 del Código Penal, supra. Dicho precepto legal requiere, como uno de los elementos constitutivos de este delito, que debe ser probado por el Ministerio Público, más allá de duda razonable y con evidencia suficiente en derecho, que el acusado sea el padre del menor a favor de quien se reclaman los alimentos. Cf. Román v. Fattah, 109 D.P.R. 493 (1980); D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 275.

En los autos encontramos esa prueba. Aquí, el Ministe-rio Público trajo prueba testifical, pericial y no pericial, así como evidencia documental científica para establecer que el sargento Maisonave es el padre de Jayson. Veamos.

V

En el caso de autos, la señora Barreto afirmó que a me-diados de mayo de 1982 tuvo relaciones sexuales con el sargento Maisonave sin utilizar anticonceptivos y que su última menstruación, según su recuerdo, fue el 5 de mayo de ese año. El niño nació el 20 de febrero de 1983, esto es, a los nueve (9) meses de haber tenido esas relaciones. De-claró que se hizo novia de Alberto González el 19 de junio de 1982, pero que nunca tuvo relaciones sexuales con éste. Este testimonio fue creído por el foro recurrrido. La prueba de la defensa, que trató de vincular a Alberto teniendo re-laciones sexuales con la señora Barreto en las “ruinas” de la playa de la Base Ramey, no fue creída por el foro de instancia porque el propio testigo que hizo la insinuación (policía Manuel Pérez) señaló que no declararía si su testi-monio fuera a perjudicar a su supervisor y amigo Maisonave.

Lo que sí surge claramente de los testimonios vertidos en el Tribunal de Distrito es que el sargento Maisonave tuvo la oportunidad de tener acceso carnal con la señora Barreto.

Por otro lado, el juez de instancia tuvo la oportunidad de tener ante sí a la señora Barreto, a Jayson y al sargento Maisonave, y comparar el parecido físico. Jayson ya con-taba con dos (2) años y once (11) meses de edad.

Finalmente, el foro recurrido tuvo ante sí el testimonio pericial del Dr. Eliud López Vélez quien interpretó los re-sultados de las pruebas de sangre H.L.A.

En Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458, 462 (1979), al recono-cer el “progreso continuo que se evidencia en el campo de las investigaciones de las ciencias médicas en general y las ramas altamente especializadas de la inmunología y la se-rología —dentro de la rama de la hematología— en particular”, señalamos que los resultados obtenidos en las prue-bas de sangre utilizadas más frecuentemente reflejan una precisión y confiabilidad en grados suficientes para justifi-car su admisibilidad ante los tribunales como prueba con-cluyente de que un individuo a quien se le imputa la pater-nidad de una criatura no es el padre biológico.

Reconocimos, sin embargo, que “la tendencia más re-ciente en el área de la investigación de las pruebas seroló-gicas para la exclusión de la paternidad se orienta a demos-trar científicamente las probabilidades de que un individuo sea el padre de un niño”. (Enfasis suplido.) Ortiz v. Peña, supra, pág. 464.

Una de las pruebas de sangre que con mayor frecuencia se utiliza en estos casos, y donde la paternidad está en controversia, es el examen serológico de histocompatibilidad H.L.A. Ésta, como otras pruebas, es predominantemente de exclusión de paternidad, pero es posible mediante ella establecer un porcentaje de paternidad relativa. Dr. A. Rodríguez Trinidad, La sangre habla: las pruebas de exclusión de paternidad, 1 (Núm. 3) Forum 14 (1985); P.I. Terasaki, Resolution by H.L.A. Testing of 1,000 Paternity Cases not Excluded by ABO Testing, 16 (Núm. 1) J. Fam. L. 543 (1977-1978); M.R. Henry, F. Victoria y B. schwartz, Scientific Testing for Paternity Establishment, 6 (Núm. 2) Forum 21, 29 (1990); Verruno y Hass, Manual para la investigación de la filiación, Buenos Aires, Ed. Abe-ledo-Perrot, 1985. En síntesis, esta prueba consiste en que

... mediante pruebas de laboratorio, se determinan las carac-terísticas o haplotipos de las tres partes. Una vez determinado el de la madre, se compara con el del menor. Uno de los genes de la madre, que identificamos con un locus, debe ser idéntico a uno de los del haplotipo del menor. El otro gene es el que se llama gene obligatorio y tiene que estar presente en el padre biológico. Si el presunto padre no tiene ese gene obligatorio, entonces no puede ser el padre. Si lo tiene, habrá que determi-nar la probabilidad relativa de que lo sea .... Rodríguez Trinidad, supra, pág. 15.

Claro está, la confiabilidad y admisibilidad de estas pruebas dependen de que sean hechas por peritos debida-mente calificados que sigan las más estrictas normas exigi-das para esta clase de análisis y se observen las normas relativas a la cadena de evidencia en su presentación ante los tribunales. Ortiz v. Peña, supra, pág. 469; Regla 82(C) de Evidencia, supra.

Una vez la prueba es realizada por peritos debidamente calificados, siguiendo los procedimientos y las normas exi-gidas para su realización y presentación ante el tribunal, a estas pruebas H.L.A. se le reconocía en 1976 un grado de confiabilidad de 76 a 81 por ciento en la exclusión de paternidad. Joint AMA-ABA Guidelines, Present Status of Serologic Testing in Problems of Disputed Parentage, 10 (Núm. 3) Fam. L.Q. 247, 276 (1976). El doctor Rodriguez Trinidad considera que “[d]ados los últimos hallazgos en este campo, actualmente el grado de certeza podría ser mayor”. Rodríguez Trinidad, supra, pág. 17.

Pero, con esta prueba se ha encontrado que existe un 90% de probabilidad de que un presunto padre no excluido sea el padre biológico. Terasaki, supra, pág. 543. Claro está, esto es sólo una probabilidad relativa de paternidad. El doctor Rodríguez Trinidad señala:

Determinar la paternidad relativa a base de ésta [prueba H.L.A.] es un procedimiento más complicado que, como implica el término “relativa”, no puede llevar a conclusiones definitivas. El perito médico sólo puede hablar de probabilidad; no puede concluir. Toca al juez determinar la paternidad valiéndose de este elemento aportado por la ciencia en conjunción con todos los demás elementos de prueba que se presenten ante el tribunal: relaciones entre las partes, parecidos físicos, posibilidades de acceso carnal, etc., etc. (Énfasis suplido.) Rodríguez Trinidad, supra, pág. 16.

¿Cómo se determina la Probabilidad Relativa de Paternidad (P.R.P.)? Primero, “es obligatorio conocer la frecuencia con que las características o antígenos HLA de las tres partes [involucradas] se distribuyen en la población donde se plantea el problema ....() Una vez conocidas las frecuencias, se realizan los cálculos de pro habilidad relativa de transmisión genética de la madre y del presunto padre al menor. Finalmente, se compara la probabilidad de paternidad del presunto padre con las de un individuo escogido al azar que presente el mismo haplotipo obligatorio del padre biológico”. Rodríguez Trinidad, supra, pág. 6. De suerte que el resultado del P.R.P. “significa la probabilidad relativa porcentual de que un presunto padre sea el padre biológico en comparación con un indivi-dúo escogido al azar que presente el mismo haplotipo obligatorio del padre biológico”. íd. Por ejemplo, una pro-babilidad relativa de 98.5%, como la del caso de autos, indica que el presunto padre tiene un 98.5% de posibili-dades de ser el padre del menor frente a otro individuo escogido al azar y que tenga el mismo haplotipo obligato-rio que presenta el padre biológico, que sólo tiene un 1.5% de posibilidades. De acuerdo con Joint AMA-ABA Guidelines, supra, este resultado establece muy proba-blemente (very likely) la paternidad del presunto padre.()

El juez puede utilizar esta probabilidad como un ele-mento más para llegar a su propia conclusión, luego de aquilatada toda la prueba, sobre si el presunto padre no excluido por la prueba H.L.A. es o no el padre biológico del menor.

En el caso de autos, el resultado del P.R.P., en conjunción con los testimonios creídos por el Tribunal de Distrito que establecen la oportunidad del presunto padre de tener acceso carnal con la señora Barreto, así como la observación de dicho foro sobre el parecido físico entre las partes, eran prueba suficiente y satisfactoria (capaz de producir, como en nosotros produce, certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido) de que el señor Maisonave es el padre biológico del menor a favor de quien se reclaman los alimentos a tenor con el Art. 158 del Código Penal, supra( ) Ese ele-mentó constitutivo de delito fue establecido más allá de duda razonable por la prueba desfilada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Distrito. Erró el Tribunal Superior al determinar lo contrario. No era necesario estable-cer dicho elemento del delito con certeza matemática. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Cabe señalar que mediante la Ley Núm. 10 de 16 de julio de 1990 se en-mendó el inciso (C) de la Regla 82 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, con el propósito de hacer obligatorio para el tribunal el que requiera a todas las partes en las contro-versias sobre paternidad que se sometan a los exámenes de sangre si mediara una oportuna moción de parte a tales fines. Ello, con el fin de agilizar el establecimiento de la paternidad en dichos casos. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 67.

      (2) El policía Maisonave era un hombre casado. La disposición del Reglamento de la Policía de Puerto Rico aplicable a dicho agente considera como falta grave el procrear hijos fuera del matrimonio. Art. XIV, Sec. 14.5(26) del Reglamento de la Policía de Puerto Rico. La admisión de paternidad o reconocimiento de ese hijo ex-tramatrimonial podía sujetarlo a medidas disciplinarias que van desde la expulsión del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo y de sueldo.

      () Alberto González, conocido por “Pilón”, fue descrito por el sargento Maiso-nave como un hombre blanco y grueso.

      (4) Véase González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989), sobre el procedimiento apelativo del Tribunal de Distrito al Superior en casos civiles.

      (5) Corresponde al Ministerio Público alcanzar tal grado de prueba y así demos-trarlo al juzgador de los hechos con respecto a cada uno de los elementos constituti-vos del delito y de la conexión del acusado con los mismos. Esa función es indelegable. Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 163.

      (6) En Puerto Rico se utiliza la distribución de características H.L.A. preparado por E. Nettleship en su estudio The Role of H.L.A. in Transplantation and the H.L.A. Composition of Puerto Rican Population, publicado en el Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico en febrero de 1980. El doctor Rodríguez Trinidad advierte que si la muestra de sangre se envía a un laboratorio fuera de la isla, y en lugar de aplicar las frecuencias correspondientes a Puerto Rico aplican las de otros lugares, no sería recomendable utilizar los resultados de la Probabilidad Relativa de Pater-nidad (P.R.P.) para efectos de Puerto Rico. En el cálculo de P.R.P. se utilizan las leyes mendelianas de genética.

      (7) Estas guías establecen una gradación de probabilidades de paternidad con-forme a los resultados del P.R.P. Según la misma, de 99.80% a 99.90% la paternidad está prácticamente probada (practically proved)-, de 99.1% a 99.75% es extremada-mente probable (extremely likely)-, de 95% a 99% es muy probable (very likely)-, de 80% a 90% no se puede decidir (undecided), y menos de 80% no es útil para deter-minar paternidad (not useful). Joint AMA-ABA Guidelines, Present Status of Sero-logic Testing in Problems of Disputed Parentage, 10 (Núm. 3) Fam. L.Q. 247, 262 (1976).

      (8) En el caso de autos, el recurrido no cuestionó ante el Tribunal de Distrito la forma y manera en que se llevaron a cabo las pruebas de sangre ni cómo se presen-taron ante dicho foro (cadena de evidencia). En su escrito para mostrar causa, el recurrido sostiene que el laboratorio que realizó la prueba de sangre en este caso “no estaba preparado para certificar resultados concluyentes de paternidad. ... El perito que compareció al Tribunal, Dr. El[iud] López V[é]lez, no fue quien realizó las pruebas. No fue presentada ninguna otra prueba sobre la toma de las muestras de sangre, custodia de las mismas, o procedimiento efectuado, salvo lo declarado por el perito de su conocimiento general y los documentos sometidos, en ninguno de los cuales aparece su firma”. Escrito en contestación a orden para mostrar causa, págs. 6-7. Aparte de que, generalmente, no consideramos en apelación los señalamientos de error que no fueron levantados en el foro recurrido —Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 12 (1961); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965)- la prueba pericial de cargo estableció que en las pruebas realizadas a las partes se siguieron los procedimientos y las más estrictas normas exigidas para esta clase de análisis.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ángel Ríos Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-88-42

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Margarita Gómez Váz-quez, Rolando Hernández Rodríguez, Enrique Rivera Mendoza y Mark Anthony Bimbela, abogados del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Ordenamos la celebración de un nuevo juicio contra el apelante por considerar que el registro y la incautación realizados por la Sra. Norma I. Rivera Candelario —pro-motora del Centro Diamantino adscrito al Cuerpo de Vo-luntarios al Servicio de Puerto Rico— fueron irrazonables a la luz de los hechos que surgen de los autos. Estos hechos tampoco dan fundamento para la aplicación de la doctrina de evidencia a plena vista como justificación para tal regis-tro e incautación()

I

La Sra. Norma Iris Rivera Candelario era Promotora de Desarrollo Humano del Centro Diamantino, adscrito al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, en el Barrio Martín González de Carolina. El 13 de mayo de 1987, alrededor de las seis de la tarde (6:00 p.m.), la señora Rivera Candelario, en compañía de la Sra. María Isabel del Valle y uno de los voluntarios, realizaba una “ronda de cotejo” para verificar qué cantidad de voluntarios quedaba en el. Centro Diamantino para el fin de semana e infor-marle “un total al comedor”. La realización de la ronda de cotejo era una de las funciones de las promotoras del Cen-tro Diamantino.

Como parte de la ronda, llegaron las Promotoras Rivera Candelario y del Valle frente a la habitación que en ese momento el joven Ángel Ríos Colón (el apelante) ocupaba junto a otros dos (2) voluntarios. La puerta de la habitación estaba cerrada. La señora del Valle, sin tocar, sin identifi-carse ni anunciar el propósito de su entrada, abrió la puerta de la habitación. () La señora Rivera Candelario pudo observar, entonces, al apelante sentado en una silla con lo que aparentaba ser una caja de zapatos en las manos. Observó que el joven ocultó algo debajo de la cama y que en las manos aparentemente tenía unos papelitos blancos y algo color marrón. Para ella “aparentaba ser marihuana”, ya que “ella había observado cigarrillos de marihuana en unos adiestramientos que tomó en el Departa-mento de Servicios contra la Adicción [D.S.C.A.] durante dos días en el 1985, como parte de su práctica como Super-visora de Trabajo Social”. E.N.P., pág. 3. Admitió en el con-trainterrogatorio que “no sabía lo que era, pero aparen-taba” ser marihuana. (Énfasis suplido.) Id., pág. 4. Admitió, además, que en el curso que tomó en el Departa-mento de Servicios contra la Adicción mediante grabacio-nes y películas, “no palpó ningún tipo de droga ilegal” y “no tenía información de si Angel Ríos Colón [el acusado] uti-lizaba drogas o no”. (Énfasis suplido.) Íd.

En voz baja, la señora Rivera Candelario le informó a la señora del Valle lo que había observado y ésta procedió a pedirle al apelante, y a los otros dos (2) jóvenes que se encontraban con él en la habitación, que se levantaran y se sacaran lo que contenían sus bolsillos, Luego le pidieron al apelante que sacara lo que había ocultado debajo de la cama. Éste procedió a hacerlo y a colocar la caja de zapatos sobre la cama. Negó en todo momento que la caja fuese suya, alegando que le pertenecía a otro joven que en ese momento se encontraba de “pase”.

La señora del Valle cargó la caja de zapatos hasta su oficina y allí procedió a llamar a la Directora del Centro Diamantino, la señora Olmo. Ésta dio instrucciones para que se llamara a la policía y así se hizo. A la media hora llegó el policía Robles y procedió a ocupar la evidencia. Luego de llevarla a la División de Drogas y Narcóticos y practicarle los análisis de rigor, se encontró que, en efecto, el contenido de la caja era picadura de marihuana.

El apelante fue acusádo de posesión de sustancias con-troladas y, encontrado culpable de los cargos, se le senten-ció a cumplir dos (2) años de presidio.

Estos hechos son los que activán las normas que consti-tucionalmente protegen a todos los ciudadanos de esta so-ciedad contra registros y allanamientos que, como norma general, se presumen irrazonables cuando, como aquí, se realizan sin la garantía de una orden judicial previa de allanamiento. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; E.L.A. v. Coca Cola Bott: Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). Veamos.

HH h-1

Examinemos el derecho que se activa con la ocurrencia de estos sucesos.

Estamos frente a una inspección administrativa rutinaria donde se descubre evidencia utilizable en un proceso penal. Pagán Hernández v. U.P.R, 107 D.P.R. 720, 746 (1978).() Es de aplicación, pues, la garantía constitucional contra los allanamientos, los registros y las incautaciones irrazonables dispuesta en el Art. II, Sec. 10 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra. Véase Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). Este artículo, en lo pertinente, dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, alla-namientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirma-ción, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Const. E.L.A., supra, ed. 1982, pág. 299.

Los valores centrales protegidos por dicha garantía son la intimidad del ser humano y su dignidad innata. Pueblo v. Lebrón, 108 D.p.R. 324 (1979). Cf. Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523, 528 (1969). Adicionalmente, esta garantía ampara sus documentos y pertenencias e interpone la figura del juez entre los funcionarios del Estado y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, pág. 207; Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 429-431 (1976). Dicha protección carecería de valor si no tuviese como corolario fundamental el que todo registro, allanamiento o incautación que se realice sin orden judicial previa es irrazonable per se (E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, pág. 207), y la evidencia así ocupada no podrá ser utilizada en ningún proceso criminal contra el sujeto objeto del registro y del allanamiento. Nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución federal, expresamente así lo establece. Const. E.L.A., supra.

La Constitución reconoce que frente al Estado, organizado por ella, esa intimidad se la reservan los ciudadanos del cuerpo político como elemento indispensable a su individualidad y libertad. En esa zona sacra sólo prevalece, y debe prevalecer, la reglamentación autoimpuesta por la conciencia y el orden yalorativo del individuo, excepto cuando intereses públicos de mayor jerarquía estén pre-sentes y requieran urgente atención.

El aumento en el crimen y/o en el trasiego de drogas, así como la política pública en contra de dichos males no son, por sí solas, justificaciones suficientes para flexibilizar estas garantías constitucionales bajo cuyo manto quedamos cobijados todos los puertorriqueños. La democracia no se sostiene con la adopción de métodos antidemocráticos. La solución a tales males no es, pues, la derogación de facto de dichas garantías, puesto que existen medios razonables, legales y constitucionales para lidiar con los mismos. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327-328 (1979); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

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El Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Cuerpo de Voluntarios) es un programa gubernamental, adscrito a la Oficina del Gobernador, 18 L.P.R.A. sec. 1413, creado “para ayudar en la erradicación del alto grado de desempleo que impera actualmente en Puerto Rico, mediante la creación de oportunidades de estudio, adiestramiento, trabajo y desarrollo personal para los jóvenes puertorriqueños”. (Enfasis suplido.) 18 L.P.R.A. sec. 1412. Véase, además, 18 L.P.R.A. sec. 1415. Sus dos (2) orientaciones básicas son las siguientes:

En primer lugar, deberá organizar y desarrollar un programa vasto e innovador de actividades de formación del carácter y capacitación técnico-vocacional para el desarrollo integral de la juventud más necesitada del país que, desde talleres, campa-mentos, fincas u otros centros o recintos operacionales de estu-dio, trabajo y servicios, prepare a la juventud, tanto para el autoempleo por medio de pequeños negocios y cooperativas, como para el trabajo productivo remunerado en organizaciones y empresas, privadas y públicas. El Programa desarrollará ac-tividades de educación, adiestramiento, trabajo y servicios en los más diversos campos del quehacer humano, a los fines de crear nuevas fuentes de empleo en la manufactura, la agricul-tura, el comercio, la construcción, los servicios de manteni-miento y reparación, y cualquier otra fase de la actividad económica.
En segundo lugar, desarrollará un amplísimo programa de obras, servicios y acción comunal por los jóvenes participantes donde éstos contribuyan con su esfuerzo y trabajo a resolver problemas y mitigar necesidades de la comunidad en general, y en especial, de los grupos más necesitados, con el propósito de que obtengan, no sólo experiencias de trabajo, sino también conciencia de responsabilidad cívica, personal y social. A estos fines se incorporarán recursos y esfuerzos de otras entidades gubernamentales o cívicas, particularmente de aquéllas sin fines de lucro. (Énfasis suplido.) 18 L.P.R.A. sec. 1412.

El Cuerpo de Voluntarios es, pues, un programa emi-nentemente educativo en el área vocacional. La ley que lo crea define al joven participante del modo siguiente:

(h) “Joven voluntario o participante” significará cualquier ciudadano residente en Puerto Rico entre las edades de dieciséis (16) a veintinueve (29) años que se acoja a los beneficios del Programa como aprendiz o asistente para recibir adiestra-miento, educación, empleo o servicios. (Énfasis suplido.) 18 L.P.R.A. sec. 1414(h).

Para ingresar como participante en el programa, el jo-ven aspirante debe:

(a) Haber cumplido los dieciséis (16) años pero no los veinti-nueve (29) años de edad al momento de alistarse en el Programa.
(b) Requerir adiestramiento o readiestramiento avanzado o de tipo especializado que le facilite una oportunidad real de conse-guir empleo en el mercado de trabajo.
(c) Requerir educación, adiestramiento y orientación para po-der obtener y mantener un empleo significativo, participar con éxito en programas de educación regular o cualificar para otros programas de adiestramiento.
(d) Tener las aptitudes y aspiraciones necesarias para com-pletar y obtener los beneficios y servicios del Programa, y no padecer de problemas médicos o sicológicos de tal severidad que le impidan cumplir con los requisitos de conducta, disciplina, trabajo y participación con éxito en las actividades de grupo que exija el Programa.
(e) Satisfacer cualquier otro requisito o condición que por re-glamento se disponga y comprometerse a cumplir con todas las reglas y normas del mismo.
Con sujeción a los requisitos básicos antes mencionados, el Director establecerá por reglamento criterios de elegibilidad y permanencia, así como los procedimientos de admisión y cesa-ción de los diferentes componentes individuales del Programa, en consulta con el Consejo Iriteragencial y el Consejo Asesor de Ciudadanos.
En la medida que sea posible, el Director podrá adoptar por reglamento las normas y guías de selección de solicitantes a través de consultas con entidades y organizaciones, tales como grupos profesionales o laborales, agencias públicas de empleo, u organismos de acción comunal e individuos que tengan con-tacto con jóvenes por un período sustancial de tiempo.
Ningún joven será seleccionado como participante a menos que exista una posibilidad razonable de que dicho joven parti-cipará con éxito en actividades de grupo, y se comportará en una forma compatible con el buen funcionamiento del Programa.
En la selección de los participantes del Programa, no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.
Tampoco podrá discriminarse contra un joven físicamente impedido por razón de su condición cuando ésta no constituya una limitación para participar en las actividades del Programa. (Énfasis suplido.) 18 L.P.R.A. sec. 1432.

En el Reglamento Interno de Jóvenes Voluntarios Par-ticipantes del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Reglamento) de 3 de septiembre de 1986, adoptado por el Director Ejecutivo del programa, se dis-puso las reglas y normas de conducta y disciplina que de-bían observar los participantes. En lo aquí pertinente, se dispuso:

15. Conducta Impropia: La conducta que realiza un Joven Vo-luntario Participante en violación de las normas de este Regla-mento y/o de las normas que se dicten al amparo del mismo y/o de las normas y reglamentos de EL CUERPO y/o del personal del Recinto. (Énfasis suplido.) Art. 111(15) del Reglamento, pág. 3.

Como uno de los deberes del participante está “[e]l cumplimiento de las leyes del Estado Libre Asociado de Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Art. V(4) del Reglamento, pág. 4.

El Art. VI(A)(a) del Reglamento, pág. 5, dispuso como conducta intolerable que conlleva la suspensión sumaria del Cuerpo de Voluntarios:

(a) el uso, posesión, transportación u ocultación, dentro o fuera del recinto, de narcóticos o estupefacientes prohibidos por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y la posesión o uso de armas de fuego, o de cualquier naturaleza, prohibidas por ley ....

Es incuestionable que el Centro Diamantino,() adscrito al Cuerpo de Voluntarios, tiene el poder inherente y en ley para promulgar y poner en vigor normas para regular su funcionamiento, la disciplina en el programa y la conducta de los participantes con el fin de mantener un ambiente educativo propicio para el logro de los fines y objetivos que, como política pública, se ha trazado el programa. No cabe duda de que el programa va dirigido a que sus participan-tes se adhieran a las normas razonables de conducta y dis-ciplina adoptadas. Más aún, los empleados y funcionarios() del Centro Diamantino tienen la facultad de poner en vigor tales normas y de ejecutar sus deberes siempre que tal ejercicio de poderes, deberes y facultades sea compatible con las garantías constitucionales fundamentales que le asisten a sus supervisados. No hay duda de que eliminar el uso o tráfico de drogas en la institución es un fin legítimo que aquí no se cuestiona. Sólo está en contro-versia el medio utilizado en este caso en particular para lograr tal fin.

Aun cuando aceptáramos que en el caso de autos se trata de un registro realizado por una funcionaría del Estado,() cosa que no estamos haciendo —Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991)— en un centro educativo, al cual acuden a recibir enseñanza vocacional jóvenes de 16 a 29 años provenientes de los sectores económicamente menos privilegiados de nuestra sociedad, por el mero hecho de que estos estudiantes se sometan volunta-idamente a ese programa y a sus normas disciplinarias no significa que se les despoje de sus derechos constituciona-les al llegar a las puertas de la institución.() Aun a los confinados le hemos reconocido la protección contra regis-tros y allanamientos irrazonables, puesto que al pagar su deuda con la sociedad tras las rejas no dejan atrás su dig-nidad como seres humanos ni su derecho a la intimidad. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986). ¿Cuánto más no se le debe reconocer a quien permanece en la libre comunidad? El propio reglamento del Cuerpo de Volunta-rios reconoce como uno de los derechos de los participantes el que “se respeten sus libertades fundamentales como persona”. Art. IV(2) del Reglamento, pág. 3.

Así que al revisar cualquier intervención estatal de los funcionarios del Centro Diamantino debe balancearse el interés de estos estudiantes en mantener un espacio vital de intimidad, y que se les garantice su dignidad como seres humanos, con el interés de las autoridades del centro en mantener la disciplina, las normas y el ambiente educativo propicio para lograr su política pública, fines y objetivos. Cf. Moore v. Students Affairs Committee of Troy State Univ., 284 F. Supp. 725 (D. Ala. 1968).

Debemos entrar, pues, en el campo de la razonabilidad de la intervención a la luz de los hechos y de las circunstancias del caso. Cf. Piazzola v. Watkins, 442 F.2d 284, 287 (5to Cir. 1971). Para determinar si un registro es razonable debemos considerar si: del Estado tenía motivos fundados para intervenir, y si su presencia en el lugar dónde se encontraba la persona que sería registrada estaba justificada.()

(a) En su origen, la intervención con la persona en el lugar que sería registrado estuvo justificada. Aquí debemos examinar la expectativa razonable de intimidad del inter-venido en el lugar donde se encontraba y si la funcionaria

(b) Una vez superada esa justificación inicial, debemos examinar si el alcance o la amplitud del registro (como se condujo) estaba razonablemente relacionada con las cir-cunstancias que justificaron la intervención en primer lugar. Tal registro no puede ser excesivamente intrusivo en la persona que es registrada.() Aunque muchas veces sea difícil entenderlo, el resultado del registro no prueba su razonabilidad ni convalida una intervención ilegal o irra-zonable de los funcionarios del Estado con los ciudadanos —Pueblo v. Martínez Torres, supra; Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972)— pues “[e]n nuestro país la Constitución y las leyes no solamente protegen al ciuda-dano modelo, sino también al infractor ... [y] todo acusado tiene derecho a lá presunción de inocencia ... aunque se le sorprenda in fraganti”. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 503-504 (1982).

Este es el análisis que debe seguirse en estos casos. Cf. New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985).

IV

Debemos preguntarnos: ¿Tenían justificación las oficia-les gubernamentales para entrar a la habitación que com-partía el acusado con otros dos (2) estudiantes, sin llamar a la puerta que permanecía cerrada? Creemos que no. ¿Tenía el apelante una expectativa razonable de intimidad en su dormitorio cerrado? Resolvemos que sí la tenía.

Para determinar si la persona que es registrada tendría una expectativa razonable de intimidad, deben considerarse los criterios siguientes:

1. El lugar registrado o allanado.
2. La naturaleza y el grado de intrusión de la interven-ción policíaca.
3. El objetivo o el propósito de la intervención.
4. Si la conducta de la persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad.
5. La existencia de barreras físicas que restrinjan la en-trada o la visibilidad al lugar registrado.
6. La cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lugar registrado.
7. Las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado.

Véanse: Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Lebrón, supra; Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Wilkins, Defining the Reasonable Expectation of Privacy, 40 Vand. L. Rev. 1077, 1128 n. 3; J.A. Bush and R. Bly, Expectation of Privacy Analysis and Warrantless Trash Reconnaisance after Katz v. United States, 23 (Núm. 3) Ariz. L. Rev. 283, 288 n. 26 (1981).

La habitación del hogar de todo individuo en nuestra sociedad representa el corazón mismo de su intimidad, el resguardo de su individualidad. Como reconocimos en Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973), uno de los valores más preciados de la vida civilizada es “la vivienda, que sin ser fastuosa, sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea”. Tras la puerta de una habitación se resguarda el espacio vital necesario para estar con uno mismo en libertad. Es donde el individuo puede estar solo, consigo mismo y con su conciencia, en silencio y en paz, luego de un día aje-treado, lleno de ruidos y distracciones, pues “[e]l vértigo de la vida moderna deja libres muy pocos momentos para la reflexión sin la cual no habrá un cabal entendimiento de las libertades. [Ú]nicamente el hogar brinda esos momen-tos de serenidad en que además de partir el pan con los suyos pueda el hombre encauzar su existencia y la de su familia entre lo conocido y lo arcano que nos ofrece la vida. Sin esas oportunidad[es] para la serenidad y la reflexión que van reduciéndose paulatinamente ... la libertad de pensamiento se torna en burla, y sin libertad de pensa-miento no puede existir una sociedad libre. No concebimos derecho de posición preferente a la libertad de estar y sen-tirse tranquilo en su casa”. (Escolios omitidos.) Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20, 22-23 (1974). Enorme es, pues, la expectativa de intimidad de un indivi-duo dentro de la habitación de su hogar. Mucho mayor es tal expectativa cuando la puerta de la habitación está ce-rrada, pues ese hecho demuestra que los ocupantes de la misma no desean la intervención de terceros. La puerta cerrada es la afirmación por excelencia del derecho individual a estar protegido en la intimidad. Cf. Pueblo v. Luzon, 113 D.P.R. 315, 326 (1982).

La habitación de un participante del programa del Cuerpo de Voluntarios tiene, para propósitos prácticos, características que la asemejan al dormitorio de su hogar. Allí, el participante habita, estudia, medita y pernocta durante cinco (5) días de la semana, a veces siete (7), mientras termina su preparación académica. Allí tiene derecho a abrigar una expectativa razonable de que su intimidad se respete, y de estar y sentirse tranquilo. Claro está, ello no niega que la habitación del participante de este programa, así como de otros programas educativos, pueda estar sujeta a reglamentación válida en conformidad con la natu-raleza, los fines, los propósito y la forma de funcionar de la institución. Sin embargo, esa reglamentación debe ser ra-zonable, esto es, de su faz y en su implantación no puede interferir incisiva, caprichosa o arbitrariamente con la ex-pectativa razonable de intimidad del participante, según configurada por los criterios objetivos y subjetivos antes señalados, en las circunstancias particulares del caso.

Así, puede haber reglamentación institucional válida que permita la intervención de los funcionarios de la institución dentro de las habitaciones para garantizar la limpieza y salubridad, la seguridad, el orden y la disciplina, etc., ya que se trata de una habitación que no es exactamente la del hogar. Pero, cualquier intervención de los funcionarios del programa, a tenor con dicha reglamentación válida de su faz, queda sujeta al criterio de razonabilidad en su implantación. Ello, para protección de la ex-pectativa razonable de intimidad del participante.

En síntesis, un participante del Cuerpo de Voluntarios abriga una expectativa razonable de intimidad en las habitaciones de dicho recinto pues, aunque no es exactamente una extensión del dormitorio de su hogar, participa de características que lo asemejan. Por no ser el dormitorio de su hogar y por tener la institución un válido interés en su reglamentación, las habitaciones del programa pueden estar sujetas a normas válidas que permitan la intervención de los funcionarios de la institución para fines legítimos siempre y cuando de su faz sean razonables y en su implantación éstos actúen razonablemente.

La expectativa razonable de intimidad en este caso queda reflejada, además, por las circunstancias personales del participante. Este es un estudiante adulto (21 años de edad) cuya expectativa de intimidad es igual a la de cualquier adulto en su hogar, apartamento o cuarto de hotel. Cf. Smyth v. Lubbers, 398 F. Supp. 777 (D. Mich. 1975). Subjetivamente, no existe ninguna diferencia. Commonwealth v. McCloskey, 272 A.2d 271 (Pa. 1970).() Estos jóvenes, por su madurez, no requieren una supervisión tan incisiva como la requerida por los estudiantes de los grados primarios dentro de su ambiente educativo.() Cf. New Jersey v. T.L.O., supra. De suerte, que el interés de la institu-ción en cumplir con sus deberes rutinarios ó en mantener la disciplina no justifica una supervisión rigurosa o cuasi militar sobre estos jóvenes. Cf. Smyth v. Lubbers, supra, págs. 785-786; Keene v. Rodgers, 316 F. Supp. 217, 220 (D. Me. 1970).

En el caso de autos, el mero hecho del cotejo rutinario no facultaba a, la promotora a entrar sin tocar a la puerta, identificarse y exponer el propósito de su entrada. La autorización estatutaria para un registro o la deseabilidad de actuar por sorpresa están supeditadas a la regla general de irrazonabilidad de un registro sin orden. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra; Marshall v. Barlow’s, Inc., 436 U.S. 307 (1978); Pueblo v. Malavé González, supra.

Conforme a los criterios antes esbozados (pág. 19), aquí el apelante tenía una expectativa razonable de intimidad. La autorización reglamentaria, si alguna, para realizar el cotejo rutinario no facultaba a los funcionarios gubernamentales a entrar a las habitaciones que estuvieran cerradas sin antes tocar a la puerta, sin identificarse y sin exponer el propósito de su entrada. Es lo mínimo que toda persona en esta sociedad demo crática hace antes de traspasar el umbral de una puerta.() Más aún en este caso, ¿por qué no tocar a la puerta de estos estudiantes, identificarse y exponer el propósito de su entrada si preci-samente el fin de la ronda de cotejo era saber la cantidad de jóvenes que se habían quedado en sus cuartos para el fin de semana y así informarlo al comedor? No exigir ese mínimo sería asestarle un rudo golpe a la libertad que toda persona debe gozar en la intimidad de su habitación.() Sostenemos, pues, que la manera en que aquí se realizó la llamada ronda de cotejo rutinaria interfirió irrazonable-mente con el derecho a la intimidad del apelante. Registrar al apelante e incautarse de la droga en este caso, para eliminar su uso o trasiego en la institución, mediante la entrada irrazonable a una habitación cerrada resulta en el logro de un fin por medios injustificados. El fin no justifica los medios en nuestro sistema de gobierno.()

V

En el caso de autos, los funcionarios que intervinieron en primer lugar también carecían de motivos fundados para creer que el apelante estaba involucrado en el tra-siego o uso de drogas en la institución. El récord del ape-lante está carente de un historial académico que demues-tre tal desviación de las normas disciplinarias institucionales. Tampoco hay evidencia de que la actuación fuera la respuesta a una confidencia. Cf. Moore v. Student Affairs Committee of Troy State Univ., supra, pág. 728.

Aun cuando se justificara la intervención inicial, cosa que rechazamos, una vez observan al apelante no se cumple con los motivos fundados para intervenir sin orden de registro y de allanamiento ni los requisitos que configuran la excepción a la norma general bajo la doctrina de evidencia a plena vista. Pueblo v. Dolce, supra, pág. 436; Pueblo v. Malavé González, supra.

En primer lugar, ya examinamos que los funcionarios gubernamentales no tenían justificación previa para estar en el lugar desde donde hacen las observaciones, pues violaron la expectativa de intimidad del estudiante al abrir la puerta cerrada de su habitación sin previamente tocar a la puerta, identificarse y anunciar el propósito de la entrada antes de entrar. En segundo lugar, la evidencia ocupada fue descubierta luego de registrar la caja de zapa-tos que el apelante mantenía cerrada debajo de su cama; no fue inadvertidamente. La primera percepción visual de la señora Rivera fue que el acusado “aparentemente” tenía en sus manos unos papelitos blancos y algo de color ma-rrón que “aparentaba ser marihuana”. El expertise de esta testigo se fundamentaba en una película que, en varias horas y durante dos (2) días, vio en 1985, o sea, dos (2) años antes de ocurridos estos hechos. En dicho entrena-miento nunca palpó físicamente drogas, ni parafernalia para su uso, de ningún tipo. La mera sospecha nunca ha sido suficiente para apoyar la intervención con un ciuda-dano por parte de un funcionario del Estado. Bajo tales circunstancias, resulta dudoso que la naturaleza delictiva de tales objetos surgiera de la simple observación de esta funcionaría. Esa declaración debía ser evaluada con especial rigor y sospecha. Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974).

Pero más aún, una vez hecha la observación inicial, el registro fue tan amplio y extremadamente intrusivo que se extendió no sólo al apelante y a las pertenencias que car-gaba, sino que las funcionarías hurgaron en sus pertene-cías personales y en las que cargaban sus otros compañeros.

Sólo cuando existen circunstancias de emergencia se justifica la entrada al dormitorio de los estudiantes sin tocar, identificarse y anunciar el propósito de la entrada. Morale v. Grigel, 422 F. Supp. 988 (D. N.H. 1976); Commonwealth v. McCloskey, supra, pág. 273; W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 3, pág. 193. En tales casos, la evidencia delictiva, que a plena vista encontrasen en la habitación los funcionarios de la institución educativa, podría ser admitida en evidencia y utilizada en un proceso criminal contra su poseedor. Aquí no existen tales circunstancias. El cotejo era rutinario.

En conclusión, bajo las circunstancias del caso de autos debió prevalecer el interés del apelante en que se respete su dignidad, intimidad y libertad en su dormitorio sobre el interés de la institución de instrumentar las reglas inter-nas sobre cotejo rutinario de la forma en que fue realizada por estas funcionarias.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el.caso al foro de instancia para la celebración de un nuevo juicio donde se encause al apelante por violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico una vez suprimida la evidencia fruto de este registro irrazonable. Pueblo v. Martínez Torres, supra.()

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Ángel Ríos Colón apela la sentencia de dos (2) años de reclusión que emitió el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Hon. Carmen Celinda Ríos, Juez), por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404.

Como denominador común en sus dos (2) señalamien-tos,() cuestiona la admisibilidad de la evidencia funda-mentándose en que fue el resultado de un registro ilegal.

Como los hechos son los que activan las normas de de-recho aplicables, y no a la inversa, expongámoslos.

Los hechos ocurrieron en el Centro Diamantino situado en el Barrio Martín González de Carolina, perteneciente al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico. Esta or-ganización gubernamental tiene como propósito desarro-llar diversos programas y actividades para la formación del carácter y la capacitación técnica-vocacional de la juventud más necesitada. 18 L.P.R.A. sec. 1412 et seq.

El viernes 13 de marzo de 1987, la Sra. Norma I. Rivera Candelario —Promotora de Desarrollo Humano en el refe-rido Centro— en horas de la tarde, procedió a entregar los pases correspondientes a los jóvenes que saldrían durante el fin de semana. Después, en unión a su compañera María I. del Valle, comenzó a realizar una “ronda de cotejó” por el área de los dormitorios para ver la cantidad de jóvenes que permanecerían, con el propósito de proveerles los servicios del comedor.

Oportunamente, en el descargo de esa tarea, abrieron la puerta y entraron en uno de los dormitorios ocupado por tres (3) jóvenes. Al entrar, la señora Rivera observó a Ríos Colón sentado en una silla frente a su cama con lo que aparentaba ser una tapa de caja de zapatos. Tan pronto el apelante las vio, procedió a ocultar algo debajo de la cama. La señora Rivera observó que en las manos tenía unos pa-pelitos blancos y algo de color marrón que aparentaba ser marihuana.

Ante esta situación, les ordenó a los jóvenes —incluso al que dormía y al otro que veía televisión— que se pusieran de pie y sacaran lo que tuvieran en sus bolsillos. Asimismo, le ordenó a Ríos Colón que sacara lo que había debajo de su cama. Al éste hacerlo, ellas ocuparon el material y unas tijeras pequeñas. Un examen químico posterior de lo ocu-pado dio positivo de marihuana.

HH h-í

Ante esa prueba, Ríos Colón argumenta que fue víctima de un registro ilegal e irrazonable. En su apoyo nos cita la doctrina jurisprudencial en torno a la protección contra ese tipo de registro consignada en el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Aduce que estamos ante una intervención gubernamental ilícita fundada en una simple sospecha en contravención con lo dispuesto en la Regla 12 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. A juicio suyo, no medió orden judicial previa de arresto, re-gistro e incautación, como tampoco se configuró un registro incidental a un arresto legal. Finalmente, nos señala que se violó su expectativa de privacidad y que no podía apli-carse la doctrina de “plena vista” establecida en Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). No tiene razón.

Todo análisis de controversia relacionado a la protección contra registros y allanámientos irrazonables exige, como requisito inicial, la determinación de la existencia de un registro. En ocasiones anteriores hemos aclarado que dicha determinación opera en función de la expectativa razona-ble de intimidad que albergue el ciudadano objeto de la intervención gubernamental. Así, en E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 402 (1983), citando a Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 331 (1979), aseveramos:

La cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso espe-cífico, la expectativa de que su intimidad se respete.” (Énfasis suplido.)

Contrario a lo que sugiere la opinión mayoritaria, la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables protege a las personas y no a lugares específicos. Pueblo v. Bogará, 100 D.P.R. 565 (1972); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). De esta forma, el mero hecho de que la intervención se hizo en un dormitorio no la convierte per se en un registro. Es imprescindible el análisis de otras circunstancias. Nuestra ponencia en Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 700-701 (1991), esbozó los criterios necesarios para la determinación de la existen-cia de una expectativa razonable de intimidad:

Primero, la persona debe haber exhibido una expectativa sub-jetiva de intimidad. Esta no es una simple reserva mental, sino que ha de estar acompañada de actos afirmativos que demues-tren, inequívocamente, la intención de alojar dicha expectativa. Segundo, la expectativa demostrada por el individuo tiene que ser una que la sociedad reconozca como razonable. Desde su opinión disidente en United States v. White, 401 U.S. 745, 986 (1971), el Juez Harlan había señalado que en este subcriterio se debe “apreciar la naturaleza de la práctica en particular y el alcance de su impacto sobre el sentido de seguridad del indivi-duo balanceado contra la utilidad de la conducta como técnica policíaca \law enforcement]”. (Traducción nuestra.) De esta forma el criterio se autoregula y, lejos de ser estático, se ajusta a las necesidades sociales cambiantes. (Cita omitida.)

HH I — I HH

Lo expuesto derrota la contención de Ríos Colón. Los hechos y las circunstancias particulares de la intervención de las señoras Rivera Candelario y del Valle no configuran un registro.

El Centro Diamantino no es un recinto cualquiera; está adscrito al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico. Su función principal es adiestrar vocacionalmente a jóvenes indigentes y algunos que han tenido problemas con la justicia. En este sentido, forma parte de la estructura gubernamental encaminada a la rehabilitación vocacional. Parte de su matrícula sé hospeda en dormitorios localiza-dos dentro del centro. El adiestramiento va más allá de lo estrictamente vocacional. Gran parte de su programa está orientado al desarrollo de la personalidad de sus voluntarios. Como es de esperarse, la disciplina es ingre-diente indispensable en la educación de los participantes.

Por ser la vida y la disciplina en los dormitorios un ele-mento tan crucial en la educación de los participantes, el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico tiene em-pleados que se desempeñan en funciones relacionadas con los dormitorios. La testigo señora Rivera Candelario ocu-paba la posición de Promotor de Desarrollo Humano.

Como tal, estaba asignada a cotejar los dormitorios para, naturalmente, ayudar a los participantes del pro-grama a adaptarse a la convivencia con otros jóvenes. Ese contacto directo requiere las inspecciones de limpeza y con-teo de matrícula. Podemos caracterizar esas funciones como de enlace entre los dormitorios y el resto de la comu-nidad vocacional.

No puede, pues, afirmarse que Ríos Colón exhibió una conducta que demostrara su intención de albergar una ex-pectativa de intimidad. Ríos Colón estaba llevando a cabo una actividad ilegal, a plena vista, en un dormitorio que compartía con otras personas que no estaban involucradas en dicha actividad. La puerta no estaba cerrada con seguro. La prueba estableció que el dormitorio estaba su-jeto a unas rondas de cotejo, lo cual inferimos forma parte de la reglamentación interna que, entre otras, regula los horarios de levantarse y acostarse, y claro está, inspección diaria y verificación nocturna para mantener la limpieza y el orden en las habitaciones.

Ante este cuadro, ¿cómo puede la mayoría sostener que los dormitorios del Centro Diamantino son similares a una habitación? Opinión mayoritaria, pág. 90. ¿Cómo equipar a los participantes del Centro Diamantino de las mismas li-bertades que retendría en su hogar? íd. ¿Cómo resolver que existe idéntica expectativa de intimidad? íd. ¿Cómo puede desnaturalizar y poner en jaque todo el programa y su imprescindible disciplina sosteniendo que por oscilar las edades de los estudiantes entre dieciséis (16) y veintiséis (26) años —jóvenes maduros— no se “justifica una super-visión rigurosa o cuasi militar ...” Íd., pág. 91.

IV

Desde Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976), hemos re-conocido que la incautación de evidencia a plena vista no requiere la obtención de una orden judicial previa. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 1, Sec. 2.2, pág. 240. Esta excepción goza de las garantías circunstanciales de confiabilidad que persigue el requisito de orden previa. Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971).

Para validar este tipo de incautación es suficiente que concurran los requisitos siguientes:

1) El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro.
2) El agente que observe la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse tal prueba.
3) Debe descubrirse el objeto inadvertidamente.
4) La naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Pueblo v. Dolce, supra, pág. 436.

El hecho de que la evidencia haya sido descubierta por una empleada gubernamental que no llevaba a cabo fun-ciones de mantener el orden público, no opera contra la aplicación de la doctrina. El material delictivo puede ser incautado si se descubre a plena vista durante el curso de un registro administrativo válido. Michigan v. Clifford, 464 U.S. 287, 294 (1984).

V

No se cuestiona persuasivamente que las funcionarías del Centro Diamantino, señoras Rivera Candelario y del Valle, penetraron al dormitorio ocupado por Ríos Colón y otros jóvenes en el descargo legítimo de sus funciones. En-traron a cotejar el número de jóvenes que usarían el servi-cio del comedor durante el fin de semana. En el desempeño rutinario de esa labor inherente a sus funciones adminis-trativas, fue la señora Rivera Candelario quien observó a Ríos Colón en posesión de lo que, según su adiestramiento, eran cigarrillos de marihuana. El que su experiencia pre-via fuera limitada no desvirtúa esa percepción visual y tampoco derrota la apariencia de ilicitud del material encontrado.

Recapitulando, Ríos Colón propiamente no fue objeto de un “registro o allanamiento”. En las circunstancias en que fue sorprendido con la marihuana no poseía una expecta-tiva de intimidad en el dormitorio común. Y es que, al ana-lizar lo ocurrido el 13 de marzo de 1987 en el Centro Dia-mantino, distinto a la contención de Ríos Colón, es manifiesto que la doctrina de prueba a plena vista es aplicable.

El análisis jurídico y racional “no puede sustituirse con una loa a la Carta de Derechos. No es cuestión de ser o no ser liberal’, es cuestión de elaborar jurisprudencia de frente a la realidad”. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 45 (1964), opinión disidente del Juez Asociado Señor Rigau.

Dictaríamos sentencia confirmatoria.

      (1) Son los hechos, sin duda, los que activan las normas de derecho aplicables y no a la inversa.

      (2) En el contrainterrogatorio la señora Candelario atestó que “quien abrió la puerta no fue ella, que fue la señora María Isabel del Valle, y que no tocó la puerta, simplemente entró

      (3) No estamos prejuzgando, por no estar presente ante nos, la admisibilidad de la evidencia ocupada en un procedimiento administrativo para expulsar al estu-diante del programa. Véase Smyth v. Lubbers, 398 F. Supp. 777 (D. Mich. 1975).

      (4) Este centro es un recinto del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Cuerpo de Voluntarios). El recinto se define como “[c]ualquier instalación, ... taller, finca, campamento, residencia, escuela, institución o [facilidad] de cualquier naturaleza de EL CUERPO, donde se adiestren, trabajen o estudien, o de cualquier forma participen, los Jóvenes Voluntarios Participantes”. (Énfasis suplido.) Art. 111(12) del Reglamento Interno de Jóvenes Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (en adelante Reglamento) de 3 de septiembre de 1986, pág. 2.

      (6) El Art. 8 de la Ley del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. sec. 1431, dispone que:

        “See. 1431. Organización del Programa

      “En el plano organizational, los componentes del Programa consistirán de las siguientes categorías básicas:

        “(1) funcionarios, empleados y otro personal asalariado o por contrato;
      “(2) personas voluntarias, ño consideradas como participantes, que ofrez-can sus servicios al Programa, sujetos a lo dispuesto en la see. 1434 de este título, y
      “(3) los Jóvenes Voluntarios o participantes que se alisten al Programa a los niveles de aprendiz o de asistente y que reciban los servicios de educación, adiestramiento, trabajo o servicios de orientación.” (Énfasis suplido.)
      El Reglamento crea la figura del “Promotor del Desarrollo Humano” como el funcionario encargado de recibir los informes de incidentes relacionados con la im-plantación del Reglamento. Art. 111(7) del Reglamento, supra.

      (6) Si los promotores del Cuerpo de Voluntarios son funcionarios públicos para propósitos de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, quaere. Sólo a los fines de la argumentación y para patentizar la irrazonabilidad del registro en el caso de autos, presumimos que estos funcionarios actuaban como agentes públicos, sin que se entienda que como cuestión de hecho o de derecho actuaban como tales; que podían intervenir con los participantes del programa si tenían motivos fundados para creer que éstos habían violado las reglas de la institución. Cf. Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991). De no ser así, tendrían que tener certeza de la comi-sión de un delito para intervenir. Regla 12 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Cf. People v. Fierro, 236 Cal.App.2d 344 (1965) (el gerente de un motel se consideró un oficial del Estado para el registro de naturaleza criminal realizado en un cuarto del motel); O Connor v. Ortega, 94 L.Ed.2d 714, 480 U.S. 709 (1987) (los registros y allanamientos realizados por los patronos o supervisores del Gobierno en la propiedad privada de los empleados públicos están sujetos a las restricciones de la Cuarta Enmienda).

      (7) Cualquier requisito del programa que obligue a estos estudiantes a renunciar a sus derechos constitucionales como condición para ser participantes queda sujeto a la doctrina de las condiciones inconstitucionales. Morales Morales v. E.L.A., 126 D.P.R. 92 (1990); M. Ramírez Lavandero, La doctrina de las “condiciones inconstitu-cionales” en Puerto Rico, 12 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 111, 120 (1977); Dickey v. Alabama State Board of Education, 273 F. Supp. 613, 618 (D. Ala. 1967); Moore v. Student Affairs Committee of Troy State Univ., 284 F. Supp. 725, 729 (D. Ala. 1969).

      (8) El concepto de “motivos fundados” se ha definido como aquella información o conocimiento que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido un delito, independientemente de que luego se establezca o no la comi-sión del delito. Véase Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).
      En este contexto, los motivos fundados se refieren a la creencia razonable de que el registro arrojará evidencia de que el estudiante violó o está violando la ley o las reglas de la institución.

      (9) En este contexto, la razonabilidad de la intrusión con el estudiante se debe medir a la luz de la edad, del sexo, de su historial en la escuela, de la naturaleza de la supuesta infracción cometida por él, del tipo de problema que enfrenta la escuela, de la oportunidad de previamente obtener una orden y de la existencia de una con-fidencia, así como de la confiabilidad de la información dada por el confidente. Cf. Interest of L.L., 280 N.W.2d 343 (1979).

      (10) El aquí apelante fue procesado y juzgado como adulto por violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

      (11) La situación de autos es análoga a los registros realizados en los dormitorios de instituciones universitarias. Sobre este tema confróntese a W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 3, Sec. 10.11(c); Armstrong, College Searches and Seizures: Privacy and Due Process Problem on Campus, 5 Crim. L. Bull. 537 (1969); R.J. Bacigal, Warrantless Search of a College Dormitory, 7 Akron L. Rev. 422 (1974); Bible, The College Dormitory Student and the Fourth Amendment: A Sham or a Safeguard, 4 U.S. Fla. Rev. 49 (1969); R. Delgado, College Searches and Seizures: Students, Privacy, and the Fourth Amendment, 26 (Núm. 1) Hastings L.J. 57 (1974); Nota, Search and the Single Dormitory Room, 77 (Núm. 6) Mich. L. Rev. 1540 (1979).

      (12) Distinto sería el caso si, luego de tocar a la puerta, uno de los compañeros del apelante la hubiera abierto. En Commonwealth v. McCloskey, 272 A.2d 271 (Pa.1970), el Tribunal Supremo de Pennsylvania determinó que era irrazonable el registro con orden realizado por miembros de la Policía en unión a las autoridades universitarias en el dormitorio del apelante, porque dichos funcionarios procuraron la entrada a la habitación cerrada de éste mediante una llave maestra sin antes tocar a la puerta, sin identificarse y sin exponer el propósito de su entrada. La conducta observada por el Decano de la Universidad de Elmira en People v. Haskins, 369 N.Y.S.2d 869, 870 (1975), de tocar a la puerta, identificarse y exponer el propó-sito de su entrada, permitió a la Corte Suprema del estado de Nueva York validar el registro que éste hizo de la habitación de uno de los estudiantes de esa universidad.

      (13) Tampoco nos convence el argumento de que al pertenecer voluntariamente al Cuerpo de Voluntarios, institución cuyos fines van dirigidos al desarrollo integral del carácter de los jóvenes más necesitados, el acusado implícitamente consintió la intervención de los funcionarios gubernamentales que los supervisaban. La autori-dad que le confiere las funciones del cargo a los supervisores no puede estar reñida con las garantías constitucionales que la propia institución debe salvaguardar a sus participantes. Cf. Smyth v. Lubbers, supra, pág. 785. La renuncia, si alguna, es insostenible. Cf. Piazzola v. Watkins, 442 F.2d 284 (5to Cir. 1971).
      Además, acoger tal posición sería dejar en manos y a la discreción del funciona-rio público la protección y garantía del derecho a la intimidad del estudiante. Preci-samente, la protección constitucional está para interponer la figura de un juez neutral que garantice mayor razonabilidad en la intervención que la que le puede garantizar dicho funcionario público interventor.

      (14) Rechazamos que las motivaciones subjetivas de las funcionarlas del Centro Diamantino sean relevantes en el análisis de la razonabilidad del registro. Aun cuando éstas actuaran guiadas por las más nobles motivaciones, las mismas no pue-den ser utilizadas como justificación para violar los derechos constitucionales de estos estudiantes. Lo que nuestra Constitución protege es la expectativa de intimi-dad del individuo y ésta no puede quedar sujeta a las motivaciones subjetivas del agente interventor. Además, aun cuando el propósito original de esta funcionarla no fuese el registrar para encontrar drogas, el hecho cierto es que su actuación culminó en el procesamiento criminal del apelante.

      (15) El aquí apelante fue sentenciado a cumplir dos (2) años de prisión, consecu-tivos. con cualquier otra sentencia dictada, el 22 de abril de 1988. Ya el 4 de febrero de 1988 el apelante había sido sentenciado a cumplir cuatro (4) años de prisión por el delito de robo, rebajado a tentativa. Aún está cumpliendo esa pena. El interés de verse liberado de la sentencia de dos (2) años por posesión de sustancias controladas es suficiente para emitir nuestros pronunciamientos en resguardo de las garantías constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos de esta isla.

      (1) Los expone así:
      “A. Erró el honorable tribunal de instancia al declarar no ha lugar la moción de supresión de evidencia.
      B. Erró el honorable tribunal de instancia al encontrar culpable al acusado con, una evidencia que es el producto de una intervención ilegal del Estado con el ciuda-dano aquí apelante. La acción del Estado est[á] en clara contravención con los esta-tutos constitucionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.”