author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Bermúdez & Longo, Inc., demandante y recurrente, v. Puerto Rico Casting Steel Corp., etc., demandados y recurridos.

      Número: O-83-504

      Resuelto: 29 de noviembre de 1983

      Roberto Lefranc Romero, abogado de la peticionaria; Luis M. Co-rrea, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

A los fines de obtener sentencia sobre la rebeldía ya anotada, la Corporación recurrente ofreció una declaración jurada de su Presidente prestada ante el notario Lie. José A. Méndez Cortada quien es socio del bufete que representa a dicha parte aunque no interviene como abogado en el pleito, pues el caso está a cargo de otro de los socios Lie. Roberto Lefranc Romero. La sala de instancia, en extendida aplicación de nuestra anotación en Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750 (1983), al efecto de que no es precisamente correcto que el propio abogado, en función de notario, tome juramento a su cliente, rechazó la declaración jurada hasta no ser ratificada ante otro funcionario facultado para tomar juramentos, que no sea uno de los abogados del declarante. El efecto excluidor de la citada norma se detiene en el abo-gado a cargo del caso, el que de hecho ejerce la represen-tación legal del cliente, sin que necesariamente se extienda a la intervención en carácter de notario, de sus socios y compañeros de bufete en cualquier otra calidad. Está en orden consignar los fundamentos de la expresión que sólo fue un escolio en Pagán, supra, y delimitar su campo hasta donde lo permita la a veces inasible reducción a términos absolutos de la preceptiva ética, partiendo de la ineludible premisa de que el notario es funcionario público usualmente llamado a proteger el derecho de dos o más partes y aun el de tercero que no comparece ante él, en ejercicio de una neutralidad incompatible con la misión del abogado que es la de inclinar la balanza en activa promoción del interés de su representado.

El repudio de la función dual de abogado y notario en un mismo caso aparece limitada a la litigación contenciosa en dos precedentes jurisprudenciales:

En Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366, 370 (1906), cuyo objeto fue una petición de mandamus jurada por los promoventes ante su abogado, declaró este Tribunal:

La sección 6 de la Ley de mandamus prescribe que la soli-citud de auto de mandamus debe ser jurada en debida forma. La petición en el presente caso está jurada por los promo-ventes ante su abogado, Don José G. Torres, que también parece ser notario. Aunque no haya ninguna ley prohibiendo este proceder, no es una práctica muy propia y no debe ser favorecida. Los abogados que tienen que entablar demandas en las cortes no debían ejercer como notarios en dichos casos, para tomar juramentos, ni para otros fines. Tal proceder da lugar á sospechar en cuanto á la justicia y la propiedad que debe observarse siempre en la administración de los jura-mentos. Los Abogados debían evitar hasta las apariencias de lo malo, y especialmente en el ejercicio de la profesión ante las cortes, y conservar sus togas libres de toda posibilidad de contaminación.

Y en Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528, 537 (1911), confrontados con declaraciones juradas preparadas en el bufete del abogado del peticionario y juradas ante el mismo como notario público nos ratificamos en la calificación de mala práctica en la que no debe insistirse, con la adverten-cia de que la corte debió rechazar dichas declaraciones.

Existe tan manifiesta identidad entre abogado y cliente en lo que respecta al relato de los hechos sobre los cuales se pide remedio en la acción civil y tiene el abogado tanta libertad para escoger el lenguaje en que narra los hechos a él informados por el cliente, que en cualquier pleito —en el desarrollo de la controversia— puede surgir discrepancia entre abogado y cliente respecto al contenido de la alegación jurada y derivar en procedimientos lesivos a la fe pública de que es custodio el notario. La presencia de un tercero en función de autenticar el juramento es resguardo de esa fe en caso de conflicto y da reposo a la interrogante del cliente: Mi abogado me defiende de la parte contraria, pero ¿quién me defiende de mi abogado? Es tan real esta posibilidad de aparente conflicto de intereses que la intervención del notario neutral, no comprometido, sirve para despejar aun la apariencia de conducta impropia, en una profesión de complicada ética que exige de sus practi-cantes que sean tan honestos en la fibra íntima de su cons-ciencia como en la proyección exterior de sus actuaciones. El abogado debe evadir situaciones de aparente conducta irregular de las que sólo Dios y su consciencia sean testigos. Es aquí en la Tierra donde ha de mantener su toga limpia aun ante la limitada sabiduría de sus juzgadores, y por encima de la suspicacia de sus detractores.

La posibilidad de este desarrollo indeseable de la función dual de abogado y notario en el mismo caso se reduce a proporción y expectativa irrelevantes en los expedientes de jurisdicción voluntaria por su esencial naturaleza nocontenciosa. No vemos, por tanto, impropiedad en la práctica observada durante largos años por apreciable parte de los abogados postulantes —ya aceptada como costumbre del foro— de tomar y legalizar el juramento de su cliente en las peticiones comunes de licencia para portar arma, dispensa de parentesco, declaratoria de herederos, disposición de bienes de menores, cambio de nombre, divorcio por mutuo consentimiento, y demás gobernados por procedimiento ex parte, y dejamos al sano juicio del abogado la decisión en cuáles de éstos, por sus particulares circunstancias, deberá requerir de su cliente que jure ante otro notario o ante el Secretario del Tribunal.

En la acción civil la figura confusa de abogado y notario en el mismo caso debe ser proscrita como germen con potencialidad del serio conflicto ético a que nos hemos referido. Cf. Pagán v. Rivera Burgos, supra. No habrá dificultad para observar la norma en los bufetes pluralizados, ni aun en los simplemente integrados por más de un practi-cante, toda vez que siendo la responsabilidad del notario personalísima e indisoluble en la operación institucional del bufete colectivo, In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 777 (1976), bastará con que el cliente jure ante uno de los nota-rios de la firma o sociedad que no habrá de intervenir como abogado en la litigación o tramitación del asunto. Reite-ramos que puede haber situaciones que escapan a la regla-mentación y en las que para evitar aun la apariencia de conducta impropia, el buen juicio del bufete aconsejará prescindir de su propio notario. Toda norma de ética tiene un punto de resistencia inamovible, donde termina la tole-rancia. Ese punto no debe pasar desapercibido por el abo-gado cuya integridad profesional, sin la cual languidecerían los cánones de ética, le apartará instintivamente de la actuación incorrecta.

Se expedirá el auto y se anulará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Dávila disintió con voto al que se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto separado uniéndose al voto disidente emi-tido por el Juez Asociado Señor Dávila.

-0-

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

“Nuestros actos profesionales, como cualesquiera, y todos los actos humanos, son calificables moralmente, y es-tán sujetos al deber y a la sanción. Quedan fuera de toda discusión la unidad e integridad humanas, y por ello, como dice Corts Grau, es inaceptable la posición del hombre que habitualmente aísla en su propio ánimo varios compartí-mentos, y ahora piensa como filósofo, y ahora como cre-yente, y luego como moralista, y luego como Abogado (o como Notario), y nunca en su limpia integridad de hombre.” José M. Farre, Ética Profesional, 12 Anales de la Academia Matritense del Notariado 249, 250 (1961).

A base de esa visión, concurrimos con la decisión del Tribunal. Según expusimos en In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 750 (1978), la vigencia de una norma de incom-patibilidad de naturaleza ética no puede depender de que exista previamente un mandato legislativo

A tono con la misma, en In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 90-91 (1979), detectamos el deber general —im-plícito en toda sociedad de abogados (bufete)— que tienen todos los socios de velar por que la práctica general sea compatible con la deontología profesional. Allí también reconocimos que un abogado no debería sufrir las conse-cuencias de una conducta profesional impropia de su socio si no había tenido ninguna intervención.

Dijimos:

La cualidad medular que distingue al notario, preste sus servicios o no en una sociedad de abogados, es la de “ser imparcial y actuar en la colisión de intereses en plano superior al de las partes, como señor y árbitro de la lucha, con la mira puesta en los fines morales y lícitos”. G. Palomino, Derecho Notarial, pág. 262 (1948); en igual sentido, Fernández, Tratado de Notaría, Vol. I, pág. 297 (1895). Independien-temente de su jerarquía en una sociedad de abogados, nunca debe empañar su reputación y honor, pues “ningún Notario debiera doblegarse a que su función pueda ser instrumento de la mentira, de la injusticia o de la impertinencia social . . . .” M. Otero Peón, Algunos Problemas Deontológicos y de Otra Indole en el Notariado, 46 Rev. Der. Not., pág. 183 (1963). En todo momento viene obligado a actuar recta y escrupulosamente, rechazando toda noción de servilismo o condicionalismo de parte de los clientes o de sus propios socios. Jamás debe olvidar que es un “[tjestigo prácticamente inapelable de la verdad, así en el orden especulativo como el práctico, su competencia es fundamentalmente de orden ético”. J. Alonso Vega, citado por M. Guimera Peraza, Moral Profesional del Notario, 28 Rev. Der. Not., pág. 248 (1960). Esta búsqueda y observancia de la verdad juega un papel esencial para el Notario. Véanse, también, E. Díaz de Guijarro, La Fe Pública Notarial y la Interpretación de la Ley, 16 Anales de la Academia Matritense del Notariado 25, 27-28 (1968); J. Gastalver y Gimeno, La Formación de Notario, 4 Anales de la Academia Matritense del Notariado 479, 496-500 (1948).

II

En la praxis forense puertorriqueña, en muchas ocasio-nes, las contestaciones a interrogatorios, requerimientos de admisión y otros documentos que las Reglas de Procedi-miento Civil exigen que sean juramentados, son en parte el producto final de una evaluación, reflexión y análisis entre el abogado y su representado como parte interrogada. Acla-ramos que esa participación activa del abogado no la visua-lizamos hecha con ánimo de alterar la sustancia, veracidad y legitimidad de las contestaciones. Se circunscribe a que sean adecuadamente responsivas y compatibles con la teoría del caso en controversia, o para objetar y cualificar aquellas que no son pertinentes.

¿Puede persuasivamente sostenerse, que la intervención del abogado, en su actuación como notario, se limita al jurafí La contestación es en la negativa. ¿Qué consecuencia tiene entonces esa práctica sobre la norma de incompatibi-lidad? La respuesta exige sentar una premisa, a saber, reconocer un potencial conflictivo entre el cliente y abogado que en esa instancia también actúa como notario. “No puede olividarse, en efecto, la naturaleza especial del Derecho objetivo, que no constituye una ciencia exacta, sino una ciencia estimativa, cuyos productos, aunque gocen de objeti-vidad, no pueden apreciarse sino a través del ángulo visual de los sujetos encargados de aplicar el Derecho. Siempre que en una cuestión se hayan sentado con cierta solvencia distin-tos criterios o se haya intentado la prevalencia de puntos de vista diversos, aunque uno de éstos haya tomado cuerpo y forma en una sentencia firme, no es ésta suficiente para exigir responsabilidad al funcionario perito en Derecho que ha aplicado un punto de vista opuesto. El notario en este caso se halla en el mismo caso del juez a quien le han revo-cado una sentencia; no incurre evidentemente, por este sólo hecho, en responsabilidad.” J. M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, págs. 344-345. (Énfasis nuestro.)

En estas circunstancias, favorecemos la continuidad de la regla establecida en Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 752 (1983), escolio 2, siguiendo a Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528, 537 (1911), y Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366, 370-371 (1906), con las salve-dades adoptadas hoy en los asuntos de naturaleza ex parte y al notario que no presenta conflicto potencial alguno. Frente a una norma irrestricta y rigurosa, hemos de refrendar aquella que mejor balance valorativo promueva. Las dificultades prácticas contadas, que pueda conllevar su observancia, no justifica su eliminación. Han sido reducidas a su necesaria expresión.

Finalmente, en cuanto a la objeción de que la norma crea incertidumbre, correctamente expresa la opinión, “puede haber situaciones que escapan a la reglamentación y en las que para evitar aun la apariencia de conducta impropia, el buen juicio del bufete aconsejará prescindir de su propio notario”. Debe recordarse, que “[n]o es que se trate de adoptar un relativismo moral o ético, condicionado por circunstancias externas transitorias, que pudieran con-siderarse como determinantes de diferencias esenciales en ese orden normativo, de tal manera que lo estimado otrora como cierto y verdadero pudiera considerarse después como falso o, cuando menos, dudoso, con lo que vendríamos a parar en aquella desconsoladora conclusión que Benavente pone en labios de uno de sus personajes, de que una verdad distinta en cada uno de los momentos diversos de la vida no viene a ser otra cosa que una mentira constante durante todo el curso de la vida. Es muy al contrario”. A. Álvarez Robles, Guión de un Ensayo sobre Deontología Notarial, 7 Anales de la Academia Matritense del Notariado 5, 20 (1953). Más bien se trata, de que toda “norma de ética tiene un punto de resistencia inamovible, donde termina la tole-rancia”. Pág. 813.

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Dávila

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López.

Disiento. Revocaría nuestras expresiones en Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 752 esc. 2 (1983); Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528, 537 (1911); y Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366, 370-371 (1906).

La norma expuesta en estos casos, al efecto de que un abogado que ostenta la representación de un litigio no debe tomarle el juramento de los documentos a utilizarse en el pleito, es de origen inglés. Al adoptarla y seguirla no se han expuesto las razones que la sustentan. Se apunta que han surgido dudas sobre la propiedad de la norma, pero dado el caso que se había actuado en esa forma por años, se ha per-sistido en ella. Nota, Affidavits — Authority of Affiant’s Attorney to Act as Notary, 19 Texas L. Rev. 346 (1941). Ano-tación, Oath or Acknowledgment Before Attorney, 74 A.L.R. 771 (1931). Las jurisdicciones norteamericanas están divi-didas en cuanto a seguir esta norma. Unas la condenan como impropia, otras no la siguen y hay algunas que las prohíben por estatuto específico a ese fin. Anotación, Attorney Taking Client’s Oath, 21 A.L.R.3d 483 (1968).

Debí haber hecho constar en Pagán v. Rivera Burgos, supra, que no veo impedimento alguno para que un abogado tome el juramento de un cliente relacionado con las contes-taciones a un interrogatorio y escritos a presentarse en un litigio en el que actúa como letrado de récord, a menos que lo prohíban específicamente las Reglas de Procedimiento. La función del notario al otorgar una declaración jurada se contrae a certificar o dar fe de los datos contenidos en el jurat, es decir, la identidad del otorgante, las circunstancias personales que describiere, lugar del otorgamiento y la fecha cierta. El notario ni siquiera da fe de los hechos o del acto suscrito por el compareciente En su función de abo-gado, la Regla 9 de Procedimiento Civil regula los hechos alegados bajo su firma, situación de gran delicadeza y en la cual un cliente también podría alegar conflictos en la ver-sión de hechos narrada por el abogado. Mas no por eso se va a abolir la función del abogado de firmar documentos judi-ciales. La responsabilidad de lo que en el documento jurado o suscrito se afirma, es del compareciente y si éste afirma algo contrario a lo que al abogado le consta, éste tiene la oportunidad de explicar al cliente la responsabilidad que asume. Si, por el contrario, el abogado del litigante, en su actuación como notario, toma el juramento cuando le consta que lo expresado no es cierto, asume la responsabilidad con-juntamente con el cliente, por no ceñirse a la conducta que debe guiar a todo notario.

Es de notar que este Tribunal, por voz de su entonces Juez Asociado Señor De Jesús, juez de gran experiencia en la práctica notarial, al considerar la impugnación de un afidávit de mérito que se acompañó a una moción de tras-lado jurado por la parte demandada ante su propio abo-gado, tímidamente hizo alusión a los casos de Rivera v. Cámara, y Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, supra, para concluir que el juramento no era nulo. Así se expresó el Tribunal en Soto v. Tesorero de P.R., 53 D.P.R. 950, 952-953 (1938):

(a) Se ha resuelto en esta jurisdicción, siguiendo la regla establecida en el Continente, que los abogados que ostentan la representación de alguna de las partes en un pleito no deben ejercer funciones de notario en relación con el mismo a los efectos de tomar juramentos a sus clientes o para otros fines, y se ha dicho que semejante práctica no es propia y no debe seguirse; pero nunca se ha dicho que un juramento así tomado sea nulo.

Resta considerar el argumento de que el notario pueda tener un interés en lo expuesto en el documento que ante él se otorga. Tal argumento incorpora una de las prohibiciones de la Ley Notarial, la relativa a los documentos públicos, que impide el otorgamiento de escrituras cuando el notario tiene un interés en el negocio. Es evidente que este docu-mento no podría ser otorgado ante el notario ni aun cuando las partes otorgantes no fueran sus clientes en un caso. Lo único que está ante nuestra consideración es si un abogado puede tomar juramento a su cliente en documentos a ser presentados en un caso, cuando no está prohibido por reglamento o por estatuto.

En la Ley Notarial de 1956 no hay prohibición alguna en este sentido, presumiendo que quisiera extenderse la apli-cabilidad de las prohibiciones de los instrumentos públicos a las declaraciones juradas o suscritas ante notario. Véase, 4 L.P.R.A. see. 1020.

La norma crea dificultades prácticas a los abogados y a los ciudadanos por éstos representados sin haber, a nuestro entender, razón meritoria que las justifiquen.

Además, la norma que hoy se establece por el Tribunal crea incertidumbre. Dispone en su parte final:

No vemos, por tanto, impropiedad en la práctica observada durante largos años por apreciable parte de los abogados pos-tulantes —ya aceptada como costumbre del foro— de tomar y legalizar el juramento de su cliente en las peticiones comunes de licencia para portar arma, dispensa de parentesco, decla-ratoria de herederos, disposición de bienes de menores, cam-bio de nombre, divorcio por mutuo consentimiento, y demás gobernados por procedimiento ex parte, y dejamos al sano juicio del abogado la decisión en cuáles de éstos, por sus par-ticulares circunstancias, deberá requerir de su cliente que jure ante otro notario o ante el Secretario del Tribunal.
En la acción civil la figura confusa de abogado y notario en el mismo caso debe ser proscrita como germen con potencia-lidad del serio conflicto ético a que nos hemos referido. Cf. Pagan v. Rivera Burgos, supra. No habrá dificultad para observar la norma en los bufetes pluralizados, ni aun en los simplemente integrados por más de un practicante, toda vez que siendo la responsabilidad del notario personalísima e indisoluble en la operación institucional del bufete colectivo, In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 777 (1976), bastará con que el cliente jure ante uno de los notarios de la firma o socie-dad que no habrá de intervenir como abogado en la litigación o tramitación del asunto. Reiteramos que puede haber situa-ciones que escapan a la reglamentación y en las que para evitar aun la apariencia de conducta impropia, el buen juicio del bufete aconsejará prescindir de su propio notario. Toda norma de ética tiene un punto de resistencia inamovible, donde termina la tolerancia. Ese punto no debe pasar desa-percibido por el abogado cuya integridad profesional, sin la cual languidecerían los cánones de ética, le apartará instinti-vamente de la actuación incorrecta. Págs. 812-813.

Se condena una práctica notarial, mas no se declara nulo el documento otorgado. No se extiende la norma a los inte-grantes del bufete que no sean abogados de récord. Éstos quedan en libertad de otorgar el documento, mas, al no haber una norma clara y definitiva, se les coloca en riesgo de incurrir en una falta notarial si el juicio del bufete es erróneo. Por otro lado, se permite la práctica cuando se trata de procedimientos ex parte, pero se advierte contra posibles infracciones en esos procedimientos. Pende contra los abogados una espada de Damocles y su única guía para evitarla es su buen juicio.

-o—

Voto separado emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López

uniéndose al voto disidente emitido por el Juez Asociado Señor Dávila.

En el caso de Págan v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750 (1983), hice constar, aun cuando no expresé los fundamen-tos, que disentía. Entendí en aquel momento que el ya famoso escolio número 2 de dicha opinión causaría no sólo furor dentro de la clase togada, sino un estado de desaso-siego completamente innecesario en la práctica privada de la profesión en Puerto Rico.

Los hechos ocurridos con posterioridad al 21 de enero de 1983, desafortunadamente, nos han dado la razón. Los tribunales de instancia rápidamente y con mucha lógica implementaron dicha norma, aplicándola a situaciones posiblemente no previstas por este Tribunal al emitir la ci-tada opinión. En cumplimiento de la misma, resolvieron que si el juramento no podía prestarse ante el abogado de récord del caso, tampoco podía ser prestado ante los socios ni subordinados de dicho abogado. Esto representó el que todos los abogados en Puerto Rico se vieran en la obligación de ir en busca de un compañero, dondequiera que la oficina del más próximo a ellos estuviera localizada, para que se pudieran juramentar adecuadamente los documentos per-tinentes.

En el día de hoy, en lugar de corregir el error cometido, la mayoría de este Tribunal insiste en perpetuar el mismo. Peor aún, la “nueva” norma que se establece en el día de hoy resulta discriminatoria en su aplicación. Ello es así, ya que la norma sigue afectando a aquellos abogados que practican la profesión en forma individual. Igualmente, afecta a los compañeros que trabajan en pequeños bufetes, por cuanto, por lo general, todos y cada uno de ellos se ven compelidos a participar, en una que otra ocasión, como abo-gado en todos los casos pendientes en su bufete. En resu-men, la “nueva” norma hoy decretada por la mayoría de este Tribunal sólo favorece a aquellos grandes bufetes que existen en Puerto Rico y que por contar con los recursos humanos necesarios pueden darse el lujo de tener abogados especializados por materia.

Por entender correcto el razonamiento hecho en el voto disidente emitido por el compañero Juez Carlos V. Dávila, y por los fundamentos adicionales arriba expresados, me uno a dicho voto disidente.

       Revocado sobre otros particulares en Sampedro v. Fournier, 69 D.P.R. 584, 588 (1949).

      Un cliente imputado de perjurio se volverá contra su propio abogado que puso las aseveraciones en su boca y se encontrará el abogado en difícil trance para descargar su responsabilidad social y proteger la fe pública en los instrumentos notariales.

       El fin limitado de la jurisdicción voluntaria es imprimir forma y fuerza jurídica a actos y manifestaciones consensúales de la voluntad privada, incluso a actos y manifestaciones unilaterales, a lo cual conviene atribuir sanción jurídica, mediante la intervención de la potestad pública. E. Escobar de la Riva, Tratado de Derecho Notarial, Ed. Marfil, S.A., 1957, págs. 27-28.

       Recientemente, en In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983), el Tribunal formuló una norma de incompatibilidad resultante en presidir una unión laboral y postular como abogado ante el patrono.

       La función del notario es distinta cuando comparece en un acta notarial o escritura pública. Véanse, Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 593 (1939); Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215 (1963); Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    José Manuel Vázquez, demandante y recurrente, v. Héctor Iván Morales, demandado y recurrido.

      Número: R-83-377

      Resuelto: 30 de noviembre de 1983

      Víctor J. Estrella Hernández y Juan J. Nolla Amado, abogados del recurrente; Maximiliano Trujillo González, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso se origina en el conflicto que genera la sucesión de leyes que rigen en tiempos distintos. La doc-trina científica identifica y atiende este fenómeno bajo la rúbrica de teoría del Derecho transitorio o intertemporal. Castán, consciente de que es “sumamente delicada la formu-lación de principios abstractos y generales”, la define “como el conjunto de reglas destinadas a determinar la eficacia de la ley en el tiempo, o, lo que es igual, a resolver los conflictos que pueden ocurrir entre la ley nueva y la anterior dero-gada por ella, adaptando los preceptos de la ley nueva a los estados de Derecho nacidos al amparo de la ley anterior”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. I, Vol. I, págs. 613, 614.

HH

El 5 de abril de 1978 José M. Vázquez, en calidad de titular de una propiedad, y Héctor I. Morales, como arren-datario, suscribieron un contrato de arrendamiento de un inmueble en que operaba una estación de gasolina al detal. Vencería el 16 de abril de 1983. Morales compensó al anterior arrendatario, Domingo Badillo, la inversión que éste tenía en dicha estación.

Transcurrieron los años. Al expirar el contrato, Morales formuló acción interdictal contra Vázquez con miras a impedir que le requiriera el desalojo y, en la alternativa, compelerlo a que le pagara el valor del negocio. Por su parte, Vázquez solicitó el desahucio.

El Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, consolidó las acciones. Oportunamente desestimó el desahucio y declaró académico el interdicto. Concluyó que la Ley de Alquileres Razonables aplicaba y prorrogaba obligatoriamente el arrendamiento.

Mediante el trámite de mostrar causa, a solicitud de Vázquez, revisamos.

II

En su versión original la Ley de Alquileres Razo-nables cubría el arrendamiento de estaciones de gasolina si el canon no excedía de $400 (17 L.P.R.A. sec. 181 et seq.). La Ley Núm. 14 de 10 de junio de 1965 amplió su cobertura al eliminar el criterio de cuantía. Sin embargo, con posterio-ridad, ese enfoque legislativo varió drásticamente. Median-te la Ley Núm. 155 de 20 de julio de 1979, con vigencia inmediata, se excluyeron las estaciones de gasolina. Esta última enmienda respondió a que el método utilizado para calcular el canon a pagar en los arrendamientos de esta-ciones de gasolina tenía un impacto inflacionario contrario al interés público. En igual fecha, se aprobó la Ley Núm. 156 que autorizó a DACO a reglamentar la fijación de alquiler del negocio de ventas de gasolina al detal bajo dis-posiciones más flexibles.

La tesis del arrendatario Morales, refrendada en la sentencia del tribunal de instancia, se funda en que tiene un derecho adquirido a la prórroga del contrato de arrenda-miento por haber contratado durante el año 1978, época en la cual el estatuto así lo reconocía. 17 L.P.R.A. sec. 192. Para sostenerla dicho foro invocó el Art. 3 del Código Civil y los casos de Luce & Co. v. Junta Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 470 (1943), y López v. South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238, 242 (1943), respecto a que las leyes civiles de carácter sustantivo no tienen efecto retroactivo a menos que se dis-ponga expresamente lo contrario, y en ningún caso perjudi-can derechos adquiridos. Erró.

III

El Art. 3 reza:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley per-judicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 31 L.P.R.A. see. 3.

El precepto cardinal de irretroactividad en materia de hermenéutica se inspira en la antigua “máxima de que las leyes miran a lo porvenir”. Q. M. Scaevola, Código Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. I, pág. 234. Sin embargo, es menester dejar sentado el marco conceptual dilatado de la expresión de “retroactividad”. Como afirma Castán, “[p]ue-de hablarse de una retroactividad de primer grado o débil, que somete a su imperio las relaciones jurídicas nacidas antes, pero no las consecuencias ya consumadas, y una re-troactividad de segundo grado o fuerte, que modifica o deja sin efecto hasta las consecuencias ya consumadas de hechos anteriores. Esta última es la más propia y verdadera retro-actividad”. Castán, op. cit, págs. 613-614; J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 184. La sentencia española núm. 24 del 12 de noviem-bre de 1958 distingue tres tipos de retroactividad: grado máximo o fuerte, grado medio, y grado mínimo o atenuado.

En apoyo del principio de irretroactividad se aducen tres fundamentos. Primero, la existencia de una política legislativa tendente a producir confianza y seguridad en los ciudadanos. Se admite “que no se puede exigir a los súbdi-tos un comportamiento cuyas consecuencias legales no son previamente conocidas. Con lo que evita la arbitrariedad del legislador y se da la seguridad a los ciudadanos de que no sufrirán perjuicio si ajustan sus actos a la ley establecida en el momento de su realización”. M. Albaladejo, Comenta-rios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1978, T. I, pág. 75. Segundo, se reconoce una justificación de moral humana que descansa en que “la libertad individual autoriza a los ciudadanos para poder realizar los actos no prohibidos por la norma y a moverse dentro de su margen”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3.ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. I, Parte General, pág. 125. Y tercero, “[u]na pro-funda corriente de psicología colectiva ha abonado este modo de pensar: las leyes deben mirar al porvenir y no al pasado, disciplinando sólo las relaciones jurídicas que caen bajo su égida temporal”. Puig Peña, op. cit., pág. 124.

Ahora bien, el dilema que en la práctica conlleva la apli-cabilidad absoluta del principio de irretroactividad lo expone Albaladejo así: “Pero la retroactividad es en muchas ocasiones indispensable y es precisamente un medio de transformación y progreso de situaciones pasadas que se consideren de conveniente remoción, y como la ley debe ser conveniente al lugar y al tiempo, no se puede renunciar de antemano a lo que es un instrumento para esa necesaria evolución cual acontece con la predicha retroactividad.” Op. cit., pág. 75.

Como veremos, nuestro sistema, producto del español, no está exento de tales complejidades. Aplicable al Puerto Rico contemporáneo son las siguientes palabras:

No es posible que el legislador ni el científico se acojan exclusivamente al principio de la retroactividad o al inverso de la irretroactividad de la ley. La absoluta retroactividad de ésta —advierte Simoncelli— sería la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica; la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del Derecho. Mas ¿cómo armoni-zar ambas exigencias? ¿Qué leyes o relaciones deben regirse por cada uno de estos opuestos principios? ¿Es el de la retro-actividad o, más bien, el de la irretroactividad, el que debe admitirse como regla general? Castán, op. cit. pág. 615; J. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 7ma ed., Madrid, Inst. Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 159.

Con esta perspectiva en mente, observamos que la glosa clasifica, agrupa y reduce las variadas modalidades doctri-nales a cuatro: (1) derechos adquiridos; (2) hecho jurídico cumplido y consumado; (3) sobre la función de la nueva ley; y (4) orientaciones modernas. Examinémoslas.

Teoría del derecho adquirido.

Recoge el punto de vista clásico en esta materia. Como tal, domina el escenario y pensamiento en Europa y América Latina durante la promulgación de innumerables códigos en los siglos XVIII y XIX. Entre éstos figura el Código español que heredamos.

[L]a irretroactividad de la ley tiene su fundamento y su límite en el respeto de los derechos adquiridos. Distinguiendo el derecho adquirido de las facultades legales y de las simples expectativas, considera esta teoría que el primero ha de ser regulado por la ley antigua, mientras que las segundas, por la ley nueva, porque sólo el primero se puede decir que ha entrado definitivamente en el patrimonio de la persona. Por derechos adquiridos se entienden, según la fórmula de Gabba (que es quien ha dado su más completa elaboración a esta teoría), todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho idóneo a producirlos en virtud de la ley del tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que han entrado inmediata-mente a formar parte del patrimonio de la persona, aun cuando la ocasión de hacerlos valer se presente sólo bajo la ley nueva.
[P]arece aceptada por el Código civil (como lo revela su dispo-sición transitoria preliminar), [y] es objeto hoy de muchas impugnaciones. Se la critica: l.° Por la dificultad de fijar el concepto del derecho adquirido y su diferencia de las simples expectativas. Porque la razón de la irretroactividad no es la de proteger derechos subjetivos, sino objetivamente rela-ciones jurídicas y hechos ya realizados, y aunque el respeto a éstos implique casi siempre el de los derechos adquiridos por ellos, no siempre sucede esto, y de un lado son protegidos hechos jurídicos que no atribuyen derecho subjetivo (por ejemplo, el testamento ya hecho, antes de que se abra la sucesión), y de otro, derechos plenamente adquiridos caen por el suelo (por ejemplo, los feudales, la esclavitud, etc.). 3.° Porque al concebir esta teoría el derecho adquirido como un derecho privado patrimonial, restringe sus dominios, ex-cluyendo de los mismos no sólo los derechos y relaciones públicos (en los cuales tiene también imperio el principio de la irretroactividad), sino aun las mismas relaciones jurídicas de carácter personal. Castán, op. cit., págs. 616-617. Véanse además, J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1978, T. I, pág. 228; Puig Peña, op. cit., págs. 127-128.

El precursor de esta doctrina fue Savigny y entre sus exponentes principales están Zacharie, Zoepf, Wippermann, Gabba, Laurent y Hue. La dificultad de esta teoría radica en “que muchas veces no puede distinguirse el derecho ya adquirido de lo que es mera expectativa de derecho”. Santos Briz, op. cit., pág. 228.

Teoría del hecho jurídico cumplido o consumado.

El énfasis radica en los hechos, los cuales no pueden regu-larse bajo la ley anterior.

Lo que importa indagar, según ellas, no es si un derecho ha sido adquirido (ius quaesitum), sino si un hecho ha sido cum-plido (factumpraeteritum). Castán, op. cit., pág. 617.

Según esta teoría, “la nueva ley en cuanto contiene otra regulación distinta de los hechos, no afecta a los hechos ya cumplidos o consumados; será distinta la solución si la nueva ley regula diversamente el hecho, no en su esencia, sino en los efectos que pretende modificar o evitar en lo sucesivo”. Santos Briz, op. cit., pág. 229. Se inició en Ale-mania por Von Scheurl y ha sido aceptada por civilistas de la talla de Ferrara, Stolfi, Chironi y Vereilles Sommieres. En su contra se aduce que esta teoría es de difícil aplicación a contratos de tracto sucesivo.

Teoría sobre la función de la nueva ley.

Esta tesis enfatiza la propia naturaleza de la nueva ley a base de distinguir entre las leyes favorables y las desfavora-bles. Aquéllas serán retroactivas, éstas no. Otra variante se funda en la clasificación entre leyes referentes al Derecho privado frente al Derecho público.

Orientaciones modernas.

La evolución del pensamiento contemporáneo, como respuesta ecléctica a las dificultades de formular y endosar principios absolutos y generales para disciplinar toda clase de conflicto y situación, rechaza el dogmatismo de las fórmulas doctrinales. El principio de irretroactividad, “[p]or su excesiva generalización y por su vaguedad . . . como precepto legislativo, no tiene más que un valor muy relativo”. Roberto De Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1979, T. I, pág. 172. Puig Peña recoge esta reciente vertiente:

Ya Ruggiero, apartándose de las fórmulas doctrinales, inició una orientación moderna de la cuestión estableciendo que, en cada caso, el legislador deberá dejarse llevar por diversas consideraciones, de oportunidad, de conveniencia o de justicia. La mayor o menor eficacia de la ley nueva sobre el hecho anterior deberá depender de la finalidad que persiga, de la fuerza social que le empuje. En nuestra Patria también De Buen, siguiendo en parte esta orientación, se inclina por “evitar la adopción de criterios generales”, sosteniendo que de lege ferenda es ésa la solución más correcta y la más eficaz desde el punto de vista de la práctica. Pues si bien, prima jacte, la irretroactividad de las leyes debe aceptarse, como basada en consideraciones de “utilidad y de conveniencia”. Ello no puede ser establecido como un principio siempre absoluto. Por esto el conceder o no conceder, en casos determi-nados, fuerza retroactiva a las leyes, es cuestión que ha de dejarse, en última instancia, “al tacto político del buen gober-nante”. Nosotros ampliamos esta tesis fijándonos no sólo en el legislador, sino en el Juez. Éste deberá también tener en cuenta no los criterios doctrinales de carácter general que se han establecido, sino consideraciones de justicia y de conve-niencia, de acuerdo con el fin propio de la norma nueva y la naturaleza y características de la relación jurídica que tiene bajo su control y decisión. O, lo que es lo mismo, que el pro-blema de la retroactividad o irretroactividad de la ley debe resolverse siempre en orden a los principios generales de la interpretación, y en tal respecto deberán concurrir los ele-mentos que la técnica exige para que aquélla se lleve a efecto. (Énfasis suplido.) Op. cit., pág. 130.

De Castro expone:

Se han levantado pequeños, grandes y hasta monumentales sistemas dogmáticos sobre el alcance de la retroactividad. Todos adolecen de igual defecto en su mismo punto de par-tida: creer que el único método apto para determinar la efica-cia temporal de una ley está en la calificación que obtengan dentro de una clasificación abstracta de tipos de normas, y olvidar que los motores que determinan la fuerza retroactiva de una regla jurídica está en el contenido social y político de las disposiciones en contacto, en la voluntad reformadora o res-tauradora que determine su finalidad. (Énfasis suplido.) F. De Castro, Derecho Civil de España, 2da ed., Madrid, Inst, de Estudios Políticos, 1949, T. I, págs. 640-641.

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Nuestra doctrina jurisprudencial interpretativa del Art. 3 del Código Civil no ha endosado ciegamente ninguna de las teorías dogmáticas antes expuestas. Ha estado inspirada básicamente en la doctrina de derechos adquiridos, sin descartar la de los hechos consumados. Así ha sido también en España, cuya jurisprudencia “con gran sentido realista coincide en partir del fin propuesto en la ley”. De Castro, op. cit, Ira ed., pág. 559.

Hemos resulto que no se le atribuye efecto retroactivo a una ley cuando el derecho invocado se origina en hechos realizados con posterioridad a su vigencia. Aguilar v. Vázquez, 6 D.P.R. 1, 9 (1904). También que la simple esperanza o expectativa de que una ley siga en su forma original jamás puede ser considerada como un derecho adquirido. Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 602 (1916).

Ahora bien, la intención de la Asamblea Legislativa al darle efecto retroactivo a una ley —por ser la excepción— debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto. Hernández Usera, Ex Parte, y Enjuto, Int., 52 D.P.R. 120, 134 (1937). Así ocurre en este caso. Dada la naturaleza de la Ley Núm. 155 y su texto, es evidente que disponía efectos retroactivos: “No se aplicarán las disposiciones de esta ley ... [a] las propiedades usadas en el negocio de venta de gasolina al detal.”

¿Qué consecuencia tuvo la Ley Núm. 155 al excluir los negocios de venta de gasolina al detal del ámbito de la Ley de Alquileres Razonables sobre el contrato? Obviamente esta ley no podía darlo por terminado ni afectar las condiciones —derechos y obligaciones— expresamente pactadas por las partes. Tampoco hacer que llegara a feliz término el arrendamiento. Sin embargo, no podemos convenir con el tribunal de instancia en que al vencerse, su duración se extendía cinco (5) años más en virtud de la prórroga obligatoria dispuesta en la Ley de Alquileres Razonables. Al expirar el contrato el 16 de abril de 1983, no aplicaba el estatuto que reconocía esa prórroga legal. Sin dificultad alguna concluimos que esa prórroga era de carácter eventual, más bien una expectativa que dependía directamente de la ley y no la voluntad de las partes. Como atinadamente opina Santos Briz, “para que pueda hablarse de derechos adquiridos propiamente tales es necesario que se trate de situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son determinados por un acto o negocio jurídico, no direc-tamente por la ley, que se limita a hacer posible la con-clusión de ese acto o negocio (un contrato, por ejemplo)”. Op. cit, pág. 228.

No podemos rubricar la tesis —revestida de interés público— de que contratos de arrendamiento sobre la industria de la gasolina puedan perpetuarse y prolongarse irrestrictamente a base de un estado de derecho inexistente. Se trata de una situación susceptible a la evolución y cam-bios legislativos. La ley simplemente gobierna los efectos futuros de unos derechos no adquiridos por las partes. No es de carácter retroactivo, pues no afecta los hechos acaecidos o consumados. Solamente surte efecto con posterioridad al nuevo estatuto, a saber, retirar de la Ley de Alquileres Razonables dicha relación y, por ende, la prórroga legal en los negocios de gasolina. Reiteramos, más que un derecho adquirido, el arrendatario Morales sólo tenía una expectativa o esperanza de prorrogar el arrendamiento. Ello estaba basado en la vigencia de la ley, que en este extremo se modificó.

Observamos además que, de prosperar su contención, el nuevo estatuto nunca tendría vigencia. La prórroga legal, de naturaleza automática, operaría a menos que la relación arrendaticia se disolviera por otras razones. Esa continui-dad frustraría el interés legislativo. Propiciaría que subsis-tiera el mal que se intentó remediar.

En virtud de lo expuesto, se dictará sentencia en que se revoque la del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, fechada 19 de julio de 1983 y se ordene la continuación de los trámites ante dicho foro.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre ,en el resultado con la siguiente expresión: “Sólo puedo concurrir en el resultado porque se deja a la inter-pretación judicial, casuística, el reconocimiento del efecto retroactivo de las leyes, sin decir que revoca a Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973), que para su aplicación se remite al contrato y no a las pres-taciones cumplidas; y que destaca como elemento de imprescindible ponderación la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. Art. II, Sec. 7, Constitución del E.L.A. Debió, además, distinguirse de Sutcliff v. Olavarría Franco, 105 D.P.R. 844, 847 (1977).” El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

       Informe Conjunto para el Senado de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Comisión de Asuntos al Consumidor del P. de la C. 1074 y 1075 fechado 18 de junio de 1979. Además, véase el Informe de la Comisión de Asuntos al Consumidor de la Cámara, P. de la C. 1074 y 1075, de fecha 4 de junio de 1979.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Mirna Colondres Vélez, demandante y recurrida, v. Hon. Vicente Bayrón Vélez, Alcalde Municipio de Maricao, Municipio de Maricao y Vicente Bayrón Vélez, demandados y recurrentes.

      Número: R-83-15

      Resuelto: 7 de diciembre de 1983

      Julio Irving Rodríguez Torres, abogado de la recurrida; Lorenzo O. Cabán Arocho, abogado de los recurrentes.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de Maricao ha recurrido contra sentencia que le condena a pagar a la demandante la cantidad de $35,000, precio pactado en la compraventa de un solar y edificio equipado para operar un cinematógrafo, más intereses por temeridad y honorarios de abogado. Alega que el contrato es nulo porque la vendedora no era la dueña del edificio y del equipo, y que la imposición de intereses por temeridad y honorarios de abogado no procede contra un municipio. Concluimos que la prueba sostiene cumplidamente las determinaciones hechas por el tribunal sentenciador en cuanto a la validez y obligatoriedad del contrato. Resolvemos que bajo la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil no procede la imposición de intereses por temeridad y honorarios de abogado a un municipio si, como en este caso, se trata de una de las acciones especificadas en dicha regla.

I — I

Para el año 1967 el Sr. Roberto Colondres usufructuaba un solar del Municipio de Maricao en que enclavaba una edificación de su propiedad. El señor Colondres tenía licen-cia como operador de cine y, con motivo de una incapacidad sobrevenida como consecuencia de un accidente del trabajo, le fue donado bajo el Programa de Rehabilitación Voca-cional equipo y maquinaria para la operación de un cine-matógrafo en dicho local. Así lo hizo por algunos años. En 1976 vendió la propiedad a su hija, la Srta. Mirna Colon-dres, quien en 1978 adquirió el solar por compra al Municipio.

En 1980 el Municipio se interesó en readquirir el solar, así como el edificio y el equipo y máquinas de cine. Se encargó su tasación a un tasador del Gobierno estatal, y éste tasó su valor en $35,000. La Asamblea Municipal autorizó la compra por ese precio mediante ordenanza y a su vez dispuso la correspondiente partida en el presupuesto. La transacción fue aprobada por el Departamento de Hacienda y por la Administración de Reglamentos y Permisos, y el 20 de octubre de 1980 se otorgó la correspondiente escritura de compraventa, y de ello se tomó razón en el Registro de la Propiedad. No se pagó el precio al otorgarse la escritura, haciéndose constar la autorización dada por la Asamblea Municipal mediante la referida ordenanza.

Como transcurriera tiempo sin que el Municipio pagara, y ante la negativa del alcalde a hacerlo, la señorita Colon-dres les demandó en septiembre de 1981. Reclamó el pago de los $35,000 al Municipio y, al alcalde, $10,000 de indem-nización por daños. Esta causa de acción fue desistida al ocurrir el fallecimiento del alcalde. Alegó el Municipio en oposición que la compraventa informada por la referida escritura es nula porque la vendedora y demandante no era dueña del equipo y máquinas de cine. Mantiene además que la venta hecha por el señor Colondres a su hija fue simu-lada, que no consta en documento alguno y que tampoco se acreditó el pago del precio.

Fue el pleito a juicio, recayendo sentencia que declaró con lugar la demanda contra el Municipio y le condenó a pagarle a la demandante $35,000, costas, intereses legales desde la fecha de la escritura, y $1,500 de honorarios de abogado. Inconforme, el Municipio nos solicitó auto de revisión que fue oportunamente expedido. Ordenamos, además, y hemos tenido ante nos, una transcripción de la prueba testifical aportada. Los planteamientos de la parte recurrente pueden resumirse así: nulidad del contrato de compraventa e improcedencia de la imposición de intereses por temeridad y honorarios de abogado al Municipio.

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El planteamiento sobre nulidad del contrato es inmeri-torio. Descansa en la alegada simulación de la venta hecha a la demandante por su padre y en que bajo los reglamentos del Programa de Rehabilitación Vocacional no podía ven-derse el equipo donado. De ser así, la demandante no era dueña del edificio y del equipo y no podía vender lo que no era suyo.

El problema del Municipio es que no aportó prueba de clase alguna, ni testifical ni documental, en apoyo de su defensa y la prueba aportada por la demandante sostiene cumplidamente las determinaciones de hecho del tribunal sentenciador.

La simulación no puede inferirse del hecho de que no se produjera un documento en que conste la venta, ni de que no haya constancia escrita del pago del precio. Un documento en que conste un contrato es la mejor prueba de la existencia del contrato así como de su contenido —Regla 69 de las Reglas de Evidencia de 1979— pero no es la única. Y aquí se probó, de manera incontrovertida, mediante prueba testifical, la existencia y condiciones del contrato. El precio fue pagado de una cuenta de ahorros que tenía la demandante en el Banco de Ponce, hecho que tampoco fue contradicho.

Conforme al Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375, “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Véanse, sobre el particular, G. Velázquez, Las obligaciones según el Derecho puertorriqueño, San Juan, Ed. Equity, 1964, Sec. 26, págs. 18-19; E. Vázquez Bote, Derecho civil de Puerto Rico, San Juan, FAS, Eds. Jurídicas, 1973, T. III, Vol. 1, pág. 442 y ss.; Quiñones Ramos v. Otero Roque, 89 D.P.R. 378 (1963); Cintrón v. Fernández, 22 D.P.R. 483 (1915); Abella v. Antuñano et al., 14 D.P.R. 498 (1908).

El Municipio recurrente tampoco cita disposición alguna de ley o reglamento para sostener que el equipo donado bajo el Programa de Rehabilitación Vocacional no pudiera ser vendido. Contrario a ello, la demandante y recurrida probó ante el tribunal de instancia, tanto mediante los testimonios vertidos como por prueba documental, que se consultó al Departamento de Servicios Sociales sobre la procedencia de la venta de dicho equipo. Por carta que obra en autos indicó el Secretario Auxiliar de dicho Departamento que la vida útil de dicho equipo había expirado y no se produjo excep-ción u oposición alguna a su venta.

Señalan los recurrentes que el solar a que nos referimos había sido vendido por el Municipio a la señorita Colondres por $800 y que dicho Municipio luego lo adquirió por $35,000 con sus accesorios. No se produjo en instancia prue-ba algúna sobre el valor de dicho solar en 1978, cuando se vendió. Cabe señalar que lo que se vendió fue la nuda pro-piedad, pues el usufructo sobre el mismo lo tenía la com-pradora. De otra parte, la compra por $35,000 se hizo a base del valor de tasación hecho por un funcionario del Gobierno e incluyó, además del solar, la edificación y el equipo del cinematógrafo.

III

El planteamiento sobre el pago de intereses por teme-ridad y honorarios de abogado no es de tan sencilla solución.

En Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959), analizamos la trayectoria histórica de la norma sobre imposición del pago de costas y honorarios de abogado al Estado. Concluimos, pág. 437, que hasta que se aprobó la Ley Núm. 69 de 1936 y la Ley Núm. 94 de 1937, enmenda-torias del Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, “la condena de costas [contra todo litigante] era dis-crecional e incluía los honorarios de abogado, a menos que el tribunal los excluyera en forma explícita”. Señalamos, pág. 437, que a partir de la aprobación de esas dos leyes, “se produce en Puerto Rico una disociación entre los conceptos de ‘costas’ y ‘honorarios de abogado’”. Desde el 1936 los honorarios de abogado no forman parte de las costas. La imposición de costas es mandatoria contra la parte perdi-dosa; la imposición de honorarios de abogado es discre-cional si dicha parte es temeraria al proseguir la acción.

Estas normas se mantuvieron vigentes al ádoptarse las Reglas de Procedimiento Civil en 1958, y continúan vi-gentes bajo la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. En lo aquí pertinente, que son sus incisos (a) y (d), la citada Regla 44.1 dispone:

44.1. Las costas y honorarios de abogados
(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en ape-lación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo con-trario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá con-ceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe reembolsar a otro.
(b)..
(c) .
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honora-rios de abogado.

La imposición de honorarios de abogado al Estado estaba expresamente prohibida en esta jurisdicción en virtud del Art. 5 de la Ley Núm. 76 de 13 de abril de 1916, que disponía: “Los honorarios de abogados, desembolsos y costas no serán nunca incluidos en una sentencia contra El Pueblo de Puerto Rico.” Nuestra jurisprudencia se ajustó todo el tiempo al principio de que la imposición de costas y honora-rios de abogado contra el Estado era improcedente en ausencia de un estatuto que expresamente lo autorizara. Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946); Martínez & Márquez v. Sancho, Tes., 76 D.P.R. 914 (1954).

Al aprobarse la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. secs. 3077 a 3084), se derogó la mencionada Ley Núm. 76 de 1916 y desde entonces la imposición de costas al Estado se rige por el “procedimiento ordinario” (Art. 8 de dicha ley, 32 L.P.R.A. sec. 3083), es decir, como si fuera una persona o empresa particular.

La citada Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado expresamente autoriza en su Art. 2 (32 L.P.R.A. sec. 3077) tres clases de acciones contra el Estado, que pueden resumirse así: (1) “por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad .. . causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”; (2) “para reivindicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre las mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios por los daños causados en dicha propiedad, o por sus rentas y utilidades y para deslinde de fincas rústicas”; y (3) acciones civiles “que se fun-den en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el Estado”.

El Art. 8 de dicha Ley Núm. 104 dispone en su primer párrafo, que es el que aquí nos concierne, lo siguiente:

Regirán para las acciones aquí autorizadas los términos prescriptivos fijados en las leyes aplicables. La sentencia contra el Estado no incluirá en ningún caso el pago de intereses por período alguno anterior a la sentencia ni concederá daños punitivos. La imposición de costas se regirá por el procedi-miento ordinario. (Énfasis suplido.)

Basándonos en el historial legislativo de la mencionada Ley Núm. 104, y en particular en una extensa cita del debate suscitado en la Cámara de Representantes al aprobarse el proyecto que se convirtió en dicha ley, y muy particularmente su Art. 8, concluimos en Sucn. Arroyo v. Municipio, supra, que en las acciones contra el Estado autorizadas por dicha ley no procede imponer al Estado el pago de honorarios de abogado.

Once años después de aprobada dicha Ley Núm. 104 se aprobó la Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1966, que adi-cionó a la vigente Ley Municipal, Núm. 142 de 21 de julio de 1960, los Arts. 96-A, 96-B y 96-C, para reglamentar “[l]as reclamaciones contra los municipios, por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de lá corporación municipal”. La cita es de la pri-mera oración del Art. 96-A (21 L.P.R.A. sec. 1603a).

El Art. 96-C de dicha Ley Núm. 142 (21 L.P.R.A. see. 1603c) es una copia literal de la segunda y la tercera oración del Art. 8 de la Ley Núm. 104 de 1955. Dice así:

La sentencia que se dicte contra cualquier municipio, de acuerdo con los Artículos 96-A y 96-B, no incluirá, en ningún caso, el pago de intereses por período alguno anterior a la sentencia ni concederá daños punitivos. La imposición de cos-tas se regirá por el procedimiento ordinario.

La conclusión es inescapable. De la misma manera que no procede la imposición de honorarios de abogado contra el Estado en acciones bajo la Ley Núm. 104 de 1955, tampoco procede la imposición de honorarios de abogado contra un municipio en acciones instadas al amparo de la Ley Núm. 142 de 1960. Como la única clase de acción regulada por la Ley Núm. 142 es la de daños y perjuicios por culpa o negligencia, a ese tipo de acciones está reducida la limitación del Art. 96-C que hemos transcrito.

La acción que en el caso ante nuestra consideración fuera instada contra el Municipio de Maricao, aquí recu-rrente, no es por daños y perjuicios por culpa o negligencia. Se reclamó el pago del precio convenido en la compraventa de un inmueble y sus accesorios. No le son aplicables a esta acción las disposiciones de la Ley Núm. 142 y en particular la limitación de su Art. 96-C.

La Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes dispone como sigue:

44.3. Interés legal
(a) Se incluirán intereses al tipo legal en toda sentencia que ordena el pago de dinero a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, sin incluir costas y honorarios de abogado.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a com-putarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcio-narios en su carácter oficial. Las disposiciones de este inciso serán aplicables a las causas de acción que hayan surgido a partir del 26 de mayo de 1967.

A base del inciso (a), al cual no le aplican las excepciones señaladas en el inciso (b) de esta regla, la imposición del pago del interés legal a partir de la fecha de la sentencia es mandatoria contra todo litigante perdidoso cuando dicha sentencia le ordena el pago de dinero. Al igual que la impo-sición del pago de costas, el pago del interés dispuesto en el apartado (a) de esta regla aplica contra el Estado y contra los municipios, como contra cualquier otro tipo de litigante.

El inciso (b) de esta Regla 44.3, sin embargo, prevé el caso de que el litigante perdidoso actúe con temeridad. Vemos que bajo nuestro ordenamiento procesal civil se sanciona la temeridad de un litigante perdidoso: (a) mediante la imposición del pago de honorarios de abogado bajo la Regla 44.1(d), antes transcrita, en todo tipo de acciones, pues dicha regla no hace excepciones, y (b) mediante la impo-sición de intereses al tipo legal, computados desde una fecha anterior a la de la sentencia, en dos clases de acciones, a saber, casos de cobro de dinero (se computan desde que surge la causa de acción) y casos de daños y perjuicios (se computan desde la presentación de la demanda).

Este apartado (b) de la Regla 44.3 se tomó de la Regla 44.4(e) de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, y fue a su vez incorporado a dicha regla, como apartado (e), por la Ley Núm. 68 de 26 de mayo de 1967. En buena hermenéutica legal no podríamos pasar por alto que el legislador era consciente del alcance del Art. 8 de la Ley Núm. 104 de 1955, según interpretado en Sucn. Arroyo, supra, resuelto en 1959, cuando en 1967 introdujo la enmienda a la entonces vigente Regla 44.4 que le adicionó ese apartado (e). Si al eximir al Estado del pago de intereses “por período alguno anterior a la sentencia”, que dice el Art. 8 en la Ley Núm. 104, quedó implícita su exención del pago de honorarios de abogado, no podría sostenerse que por la enmienda del 1967 se siguiera un propósito distinto. No puede haber una temeridad a los fines de la imposición de intereses computados desde fecha anterior a la sentencia y otra temeridad a los fines de la imposición de honorarios de abogado. Ello sería contrario a un ordenado y lógico sistema procesal de hacer justicia. Resolvemos, por tanto, que bajo la Regla 44.3(b), al eximirse al Estado, los municipios y demás entidades y personas allí mencionadas de la imposición de intereses por temeridad en pleitos sobre cobro de dinero y daños y perjuicios, también están exentos de la imposición de honorarios de abogado por temeridad en ese tipo de litigios. Cf. Gil v. C.R.U.V, 109 D.P.R. 551, 556 (1980).

Réstanos considerar si la causa de acción ejercitada contra el Municipio aquí recurrente es de las comprendidas en la mencionada Regla 44.3(b). Entendemos que sí. Aquí se trata de reclamar el pago de una cantidad de dinero adeu-dada como precio de una compraventa. El hecho de que se exija el cumplimiento de esa obligación al comprador no coloca la acción fuera del ámbito del cobro de dinero a que se refiere la Regla 44.3(b). La razón de la deuda no altera la esencia de la acción ejercitada.

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Por los fundamentos expresados se modificará la senten-cia recurrida para eliminar la disposición referente al pago de intereses y honorarios de abogado por temeridad y, así modificada, dicha sentencia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió de la parte número II sin opinión y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Por ser extenso omitimos la reproducción de dicho artículo. Omitimos, además, mencionar limitaciones que dicha ley contiene en cuanto al ejercicio de las acciones que el artículo autoriza, por ser innecesario reproducirlas aquí.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Autoridad Metropolitana de Autobuses, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida.

      Número: O-82-250

      Resuelto: 8 de diciembre de 1983

      Jaime Fieras, Jr. y Imís E. Cruz Santiago, abogados de la recu-rrente; María Susana Márquez Canals, abogada de la recu-rrida; Pedro Baigés Chapel y Luis M. Escribano, abogados de la Unión de Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Autoridad Metropolitana de Autobuses (la A.M.A.) y la Unión de Trabajadores Unidos de dicha Autoridad (la U.T.U.A.M.A.) vienen negociando convenios colectivos desde el 1972. En el convenio que firmaron en septiembre de 1976 incluyeron, por primera vez, una cláusula que, en lo perti-nente, dispone:

Salvo que otra cosa se disponga en otras disposiciones de este Convenio, el mismo entrará en vigor a la fecha de su firma y continuará en toda su fuerza y vigor hasta el día.... A su vencimiento seguirá en vigor día por día hasta tanto se negocie un nuevo convenio. (Énfasis suplido.)

En el 1978, las partes negociaron y firmaron un nuevo convenio colectivo con fecha de expiración de 8 de mayo de 1981. Dicho convenio contenía la antes transcrita cláusula. A principios de 1981, comenzaron las conversaciones con miras a la firma de un nuevo convenio colectivo. Hubo un “tranque” en las negociaciones.

El patrono notificó a la unión mediante carta de 16 de junio de 1981 que, en vista de una serie de incidentes cau-sados por ésta y en vista de la actitud inflexible asumida en la mesa de negociaciones por el comité negociador de la misma consideraba el convenio colectivo firmado en el 1978 como no vigente “desde el momento después que se inició la conducta antes descrita y en particular desde el inicio de labores del lunes, 15 de junio de 1981”.

Es esta actuación del patrono la que tiene como desen-lace la Decisión y Orden Parcial emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico que hoy revisamos/ La referida junta resolvió, en síntesis, que en vista de que los términos de la antes transcrita cláusula son extrema-damente claros, el convenio colectivo firmado por las partes en el 1978 continuaba vigente hasta el día en que las partes negociaran y firmaran un nuevo convenio, sin tener facul-tad una de las partes'para unilateralmente rescindirlo antes de dicho día

I

Es correcto que hemos resuelto que un convenio colectivo es el contrato entre las partes, Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), y que cuando los términos de una cláusula en un convenio son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes hay que atenerse al sentido literal de dichas cláusulas. Luce & Co. v. Junta Relaciones del Trabajo, 82 D.P.R. 97 (1961).

Es un hecho incontrovertido, sin embargo, que los con-venios colectivos irrazonablemente largos nunca han sido favorecidos en este campo. Al respecto, al considerar el tema del convenio colectivo como impedimento de nuevas elecciones, hemos expresado que “ni la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ni la Junta de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico protegen la vigencia de convenios de duración irrazonablemente largos”. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509, 520 (1966).

Además, al tratar el tema de las cláusulas de renovación automática en los convenios, en J.R.T. v. A.F.F., 108 D.P.R. 818, 824-825 (1979), expresamos que dichas cláusulas “han sido consideradas en el ámbito federal como que establecen prórrogas de duración indefinida. [Citas.] Se ha resuelto que tales cláusulas no impiden que el convenio sea terminado por voluntad de cualquiera de las partes.” (Escolios omitidos.)

Es por ello que consideramos que la posición que ha asumido la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en el presente caso no es, en términos generales, saludable y correcta ya que la misma puede resultar, en primer lugar, en la situación indeseable de que unas partes queden atadas ad infinitum a un convenio colectivo en caso de que el impasse surgido en las negociaciones no pueda ser superado.

Además, la posición así asumida por la referida junta, socava un principio fundamental en materia de negociación colectiva, cual es el de la negociación colectiva libre. Ello es así, por cuanto niega a las partes la utilización de los meca-nismos de presión que éstas usualmente ejercen con el propó-sito de hacer valer sus demandas, a saber: la huelga econó-mica por parte de la unión y cerrar operaciones, por parte del patrono.

Dichos principios, obviamente, fueron la razón de ser de la vigente legislación federal relativa a este punto. En Puerto Rico, nuestra Asamblea Legislativa todavía no ha legislado al respecto. La instamos a que considere aprobar legislación similar a la federal respecto a este punto específico.

No nos cabe la menor duda de que legislación como la citada resultaría sumamente beneficiosa por cuanto en una serie de situaciones aplicables permite la prórroga de un convenio colectivo por un período de tiempo razonable evi-tando de esta forma que las partes queden sin la protección del mismo; fomenta el que las partes negocien de buena fe, ya que de antemano están apercibidos que de surgir un tranque en las negociaciones cualquiera de ellos podría dar por terminado el convenio colectivo vigente al finalizar el término provisto en la ley; una vez hecha la notificación a esos efectos, obliga a las partes a negociar intensamente durante ese término, ya que saben que de no llegar a un acuerdo se dará por terminado el convenio; lo que de así suceder, les permitirá a las partes la utilización de los mecanismos de presión tradicionales. En fin, dicho proce-dimiento promueve y fomenta la negociación colectiva libre.

II

Según surge de la relación de hechos que hiciéramos al comienzo de la presente ponencia, en el caso de autos no hay duda de que había surgido un serio impasse entre las partes, causado el mismo, principalmente, por la conducta y actitud asumida por la U.T.U.A.M.A. durante las negocia-ciones. Así surge de la Decisión y Orden del 18 de febrero de 1982 emitida por la junta. Véase, escolio núm. 1, ante.

Ante esa situación la A.M.A. entiende que tenía derecho a dar por terminado el convenio colectivo a la luz de los postulados generales que emanan de la citada See. 158 de la ley federal, por cuanto sostiene que, en ausencia de legislación local al efecto, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico debió “adoptar”, como lo hizo su ofi-cial examinador, los mencionados postulados. Es innecesa-rio, sin embargo, que resolvamos el punto.

Ello es así, por cuanto la actuación de la A.M.A., aun bajo la legislación federal, es constitutiva de violación del convenio colectivo. Recordemos que la A.M.A. notificó a la unión que estaba dando por terminado el contrato, no en un término futuro razonable, sino retroactivamente. Bajo esos hechos, no hay otra alternativa que confirmar la Decisión y Orden Parcial que emitiera la Junta de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico en el presente caso.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Negrón García concurren en el resultado sin opi-nión y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz no interviene.

       Es de rigor señalar que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, mediante Decisión y Orden del 18 de febrero de 1982, determinó que la U.T.U.A.M.A. había cometido una práctica ilícita del trabajo al amparo del Art. 8(2) (a) de la Ley, por cuanto había violado el convenio colectivo vigente al observar una conducta de intervención “demorando [sic] la salida de los autobuses, no utili-zando [sie] los procedimientos contractuales establecidos”.

       La orden emitida por la junta, en lo pertinente, dispone que:
      “La AMA, sus agentes, oficiales sucesores y cesionarios deberán:
      “1. Cesar y desistir-de violar el convenio colectivo vigente con la UTUAMA en todas sus disposiciones, a menos que con anterioridad a la firma del nuevo convenio, ambas partes acuerden rescindir la extensión del mismo.
      “2. Llevar a cabo las siguientes acciones afirmativas que propenden a efec-tuar los propósitos de la Ley:
      “a) Cumplir con todas las disposiciones del convenio colectivo vigente hasta la firma de un nuevo convenio, a menos que ambas partes acuerden rescin-dirlo antes, particularmente las cláusulas sobre taller cerrado; descuento de cuo-tas; garantía de trabajo; quejas, agravios y arbitraje; antig[ü]edad; licencia sindical; fondo educacional y recreativo; plan médico.
      “b) Notificar al Presidente de la Junta, dentro de los diez (10) días siguien-tes a la notificación, las providencias tomadas para cumplir con lo aquí ordenado.”

       Las partes firmaron un nuevo convenio colectivo el día 15 de julio de 1982 el cual, como dato sumamente curioso, contiene igualmente la antes transcrita cláusula. El presente recurso no resulta académico por cuanto durante el período de tiempo comprendido entre el 15 de junio de 1981 y el 15 de julio de 1982 el patrono no descontó las cuotas de la unión del sueldo de los trabajadores (check-off); no se condujo el procedimiento de quejas y agravios en la forma pactada en el convenio; y la A.M.A. hizo caso omiso de la orden emitida por la junta.

       Como hecho curioso, ésta fue precisamente la posición asumida por la pro-pia Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en un caso anteriormente dilu-cidado ante la junta entre las mismas partes: CA-5281, D-701 (1975).

       La Sec. 158 del Título 29 del U.S.C. dispone, en lo pertinente, que:
      “(d) For the purposes of this section, to bargain collectively is the performance of the mutual obligation of the employer and the representative of the employees to meet at reasonable times and confer in good faith with respect to wages, hours, and other terms and conditions of employment, or the negotiation of an agreement, or any question arising thereunder, and the execution of a written contract incorporating any agreement reached if requested by either party, but such obligation does not compel either party to agree to a proposal or require the making of a concession: Provided, That where there is in effect a collective-bargaining contract covering employees in an industry affecting commerce, the duty to bargain collectively shall also mean that no party to such contract shall terminate or modify such contract, unless the party desiring such termination or modification—
      “(1) serves a written notice upon the other party to the contract of the proposed termination or modification sixty days prior to the expiration date thereof, or in the event such contract contains no expiration date, sixty days prior to the time it is proposed to make such termination or modification;
      “(2) offers to meet and confer with the other party for the purpose of negotiating a new contract or a contract containing the proposed modifications;
      “(3) notifies the Federal Mediation and Conciliation Service within thirty days after 'such notice of the existence of a dispute, and simultaneously therewith notifies any State or Territorial agency established to mediate and conciliate disputes within the State or Territory where the dispute occurred; provided no agreement has been reached by that time; and
      “(4) continues in full force and effect, without resorting to strike or lockout, all the terms and conditions of the existing contract for a period of sixty days after such notice is given or until the expiration date of such contract, whichever occurs later ...”. (Énfasis suplido.)

       Como expresara la Corte de Distrito Federal para el Distrito de California en Local 350 v. Slayden, 91 L.R.R.M. 2272, 2273 (1975):
      “Giving of notice 60 days prior to the termination date, as the Union did here., is notice that the termination date of the contract will take effect at the conclusion of the 60-day period. The two month period gives both sides, faced with a collective bargaining agreement which is in extremis, a sufficient period during which to hammer out a new agreement and thus avoid the economic catastrophe of a strike.”