author: PER curiam:

text:
      In re Eduardo Morales Soto, querellado.

      Números: CP-91-699
    AB-90-74

      Resueltos: 21 de enero de 1994

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Iván F. Fuster Lebrón y Reina Colón de Rodríguez, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo; Eduardo Soto Morales, pro se; David Urbina Urbina, abogado del querellado; José F Rodríguez Rivera, Comisionado Especial.

   PER curiam:

I

Según surge de los autos de este caso, particularmente de las determinaciones de hecho formuladas por el Comi-sionado Especial, a principios de 1990 Juan E. Díaz Váz-quez contrató al querellado, Ledo. Eduardo Morales Soto, para que éste procurara el cobro de $4,500 que Jesús Cruz Estrada le adeudaba, pactando verbalmente, además, el pago de $1,200 en honorarios de abogado. Luego de varias gestiones realizadas por el querellado, Cruz Estrada se comprometió con un plan de pago para finiquitar la obliga-ción, y el 2 de mayo de 1990 le entregó al querellado un primer cheque (Núm. 755) por la cantidad de $1,500. El mismo era pagadero conjuntamente a Díaz Vázquez y al querellado.

Luego de recibir el cheque aludido, y sin notificárselo a su cliente, el querellado procedió a endosarlo, firmándolo con su nombre y con el nombre de su cliente, sin estar autorizado para ello. El querellado cobró el cheque y retuvo el dinero recibido.

Posteriormente, Díaz Vázquez fue a la oficina del que-rellado y la secretaria de éste le dijo que tenía un cheque para él. Se trataba de un segundo cheque por $1,500 (Núm. 773) que el deudor Cruz Estrada había emitido, pagadero igual que el primero a nombre de Díaz Vázquez y del querellado. Como la secretaria no sabía sobre el resto del dinero adeudado, Díaz Vázquez llamó por teléfono allí mismo al querellado, quien le informó entonces a su cliente que le debía $300. Dicha cantidad era el remanente del primer cheque, ya que los otros $1,200 el querellado los había cobrado por su cuenta en concepto de honorarios de abogado. El querellado ordenó, entonces, a su secretaria que endosara por él este segundo cheque y se lo entregara, a Díaz Vázquez. El querellado no le pagó los $300 que ha-bía admitido le debía a su cliente.

Así las cosas, el 28 de noviembre de 1990 Díaz Vázquez juró una queja ante nos declarando, inter alia, que el que-rellado no le había pagado los $300 aludidos; que nunca había autorizado el plan de pagos a su deudor; que el que-rellado no le informó de los dos (2) cheques en cuestión al recibirlos; que nunca autorizó al deudor a emitir los che-ques conjuntamente a nombre suyo y del querellado; que no autorizó al querellado a endosar el primer cheque por él, y que el querellado no le mantenía informado de sus gestiones y trámites en este caso.

El 1 de febrero de 1991 referimos la queja aludida para investigación al Procurador General, resaltando la alega-ción de Díaz Vázquez de que su firma había sido falsificada en el endoso de un cheque expedido por Cruz Estrada. El 30 de agosto de ese año el Procurador General finalmente rindió el informe que le había sido requerido, a base del cual el 30 de septiembre de 1991 le ordenamos que proce-diera a formular la querella correspondiente contra el li-cenciado Morales Soto.

El 29 de octubre de 1991 el Procurador General formuló cargos contra Morales Soto, imputándole la violación de los Cánones 19 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Luego de examinar la contestación a la querella presentada por este letrado, el 6 de diciembre de 1991 nombramos al ex Juez Superior José Rodríguez Rivera como Comisionado Especial para entender en esta querella. Dicho comisionado rindió su informe el 30 de abril de 1992, determinando en esencia: (1) que el quere-llado endosó y cobró el Cheque Núm. 755 sin autorización o consentimiento de su cliente; (2) que a lo largo de las rela-ciones entre el querellado y su cliente “prevaleció una au-sencia consistente de información ... respecto a las gestio-nes profesionales encomendadas al querellado y llevadas a cabo por éste”. Expresó, además, el Comisionado Especial que no le mereció crédito la teoría y versión de los hechos del querellado.

El 27 de mayo de 1992 el querellado compareció ante nos objetando las principales determinaciones de hecho del Comisionado Especial y solicitando la inclusión de otras determinaciones de hecho.

hH

Un examen cuidadoso de todo el expediente de este caso, incluyendo la transcripción de la evidencia, las declaraciones juradas y otros documentos, revela que las determinaciones de hecho del Comisionado Especial están ampliamente sostenidas por la prueba que tuvo ante sí. Encaramos aquí una situación de evidencia conflictiva, ya que entre el querellado y el querellante y sus respectivos testigos existen versiones dispares sobre algunos de los he-chos principales. Pero el Comisionado Especial adjudicó expresamente la cuestión de credibilidad, descartando la versión del querellado, y éste no ha presentado nada ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o error manifiesto en las determinaciones del Comisionado Especial, que es en este caso el juzgador de instancia. Reitera-damente hemos resuelto que el juzgador de instancia es el que está en mejor posición para aquilatar la prueba testi-fical y que sus determinaciones merecen la mayor deferen-cia por parte del foro apelativo. Por ende, no debemos in-tervenir con las determinaciones del juzgador de instancia, salvo que medie prejuicio o error manifiesto. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983); Pueblo v. Barrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975); C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826 (1972).

En su testimonio ante el Comisionado Especial, el que-rellado declaró bajo juramento que antes de cobrar el primer cheque él habló por teléfono con su cliente Díaz Váz-quez y que éste lo autorizó a endosar dicho cheque por él y a cambiarlo para cobrar sus honorarios. Sin embargo, antes, en la respuesta a la querella formulada por el Procu-rador General, suscrita por el propio querellado, éste había admitido que al recibir el cheque en cuestión había tratado de llamar al cliente pero al no tener éxito en ello se personó al banco, endosó el- cheque por el cliente y logró cambiarlo sin haber recibido autorización previa del cliente para esta transacción. Esta admisión del querellado es enteramente consistente con el testimonio del cliente, quien reiterada-mente declaró que nunca autorizó que el querellado fir-mara el cheque por él o que lo cambiara y retuviese $1,200. Visto que el Comisionado Especial le creyó al cliente y no al querellado, y considerando además la previa admisión del querellado y otros elementos evidenciarios que constan en autos, es evidente que la determinación del Comisionado Especial sobre el asunto en cuestión está sostenida por la prueba.

Lo mismo puede decirse de la otra determinación esen-cial del Comisionado Especial sobre la falta de debida co-municación entre abogado y cliente. En el mejor de los ca-sos, lo único que surge del expediente es que las secretarias del querellado tuvieron una que otra conversación con Díaz Vázquez durante los varios meses que duró la relación profesional. No hubo entre el querellado y su cliente el con-tacto personal y adecuado que la relación presupone.

I — I I — I

Las violaciones del querellado de los cánones de ética profesional fueron serias. Por un lado, incumplió con su claro deber bajo el citado Canon 19 de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso, como lo demuestra el no haberle dado aviso a tiempo de los pagos que había efectuado el deudor del cliente. Reiteradamente hemos insistido en la importancia de que el abogado mantenga a su cliente debidamente enterado (In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978), cosa que el licenciado Morales Soto no hizo con Díaz Vázquez).

Por otro lado, mucho más grave, el querellado violó crasamente las disposiciones del Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, que le requieren darle pronta cuenta al cliente de su dinero y mantener una relación fundada en la absoluta honradez. Aquí el querellado endosó un cheque que le pertenecía a su cliente, sin su conocimiento o consentimiento, falsificando la firma de éste, y cobrando sus honorarios por su cuenta. Aun cuando fuera cierto, como parece, que el cliente había acordado pagarle al querellado $1,200 de honorarios tan pronto el deudor del cliente hubiese hecho algún desembolso sustancial, ello no justificaba cobrar los honorarios por su cuenta, sobre todo en la forma impropia e ilegal en que lo hizo. En casos aná-logos ya antes habíamos resuelto que tal actuación consti-tuye conducta gravemente impermisible de un abogado. In re Maldonado Soto, 83 D.P.R. 444 (1961). Véanse, también: In re Cardona Vázquez, supra; In re Félix, 111 D.P.R. 671 (1981); In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988).

Por los fundamentos expuestos, procede que se suspenda al querellado del ejercicio de la abogacía por el término de un año.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Las Piedras Construction Corporation, demandante y recurrente, v. Municipio de Dorado, demandado y recurrido.

      Número: RE-93-216

      Resuelto: 28 de enero de 1994

      Diana López Feliciano y José Luis Vilá Pérez, abogados de los recurrentes; Jesús É. Palmer, abogado del recurrido; José A. Fernández Paoli, de Martínez, Alvarez, Fernández Mon-roig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado del amicus curiae, la Asociación de Contratistas Generales, ca-pítulo de Puerto Rico.
   PER curiam:

H-i

La Autoridad de Carreteras de Puerto Rico adjudicó a Las Piedras Construction Corp. (Las Piedras) la construc-ción de 3.85 kilómetros del proyecto Expreso De Diego que atraviesa el Municipio de Dorado. En junio de 1989 la Ofi-cina de Finanzas de dicho municipio le requirió el pago de un arbitrio sobre el valor total de la obra a realizarse. Se fundamentó en la Ordenanza Núm. 28 que impone un ar-bitrio sobre toda obra de construcción que se realice en Dorado.

No conforme, Las Piedras demandó al Municipio de Do-rado solicitando sentencia declaratoria a su favor. En sín-tesis, alegó que el pago del arbitrio constituía una doble tributación, pues estaría pagando un arbitrio más la pa-tente municipal. Adujo, además, que era irrazonablemente alto y excedía los límites establecidos por la Ley de Paten-tes Municipales. Finalmente, alegó que la ordenanza ado-lecía de vaguedad.

Ante la inexistencia de controversia de hechos, previo memorandos de derecho, el Tribunal Superior, Sala de Ba-yamón (Hon. Benigno Dapena Yordán, Juez) desestimó. Concluyó, en primer lugar, que nuestra Constitución facul-taba a la Asamblea Legislativa para autorizar a los muni-cipios a imponer y cobrar contribuciones. A esos efectos, indicó que el Art. 7.02 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. ant. see. 2054, permite imponer y cobrar arbitrios y contribuciones sobre materias que no hayan sido objeto de tributación por parte del Estado y, además, el cobro de patentes municipales. En virtud de esa disposición, el foro de instancia estimó que “el municipio posee la facultad de imponer el arbitrio en controversia y que el mismo-no constituye un ejercicio de doble tributación”. Apéndice, pág. 11. En segundo lugar, resolvió que la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico no estableció límite, sino que sólo dispuso que los arbitrios fueran razonables. Y, finalmente, sentenció que la Orde-nanza Núm. 28 no adolecía de vaguedad, pues establecía las obras sujetas al pago de arbitrios y cómo se calcularían.

Mediante orden de mostrar causa, a solicitud de Las Piedras, revisamos.!) Contamos con la comparecencia de las partes y de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico en calidad de amicus curiae.

II

Procede revocar. El arbitrio que origina esta controver-sia fue impuesto en 1989; por ende, resolvemos al amparo de la Ley de Patentes Municipales vigente a esa fecha.!) Veamos.

Sabido es que “[l]os municipios carecen de poder inherente para imponer tributos. Mediante mandato claro y expreso la Legislatura puede delegar esta facultad. Ru-bert v. Sancho Bonet, Tes., 58 D.P.R. 198 (1941). A tal efecto ... la Ley Orgánica de los Municipios —Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. sec.2001 et seq.)— como regla general, reconoce el poder de tributación municipal ... so-bre materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado mediante la Ley Núm. 113, [Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651]”. Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692, 696-697 (1988).

La Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 651c, impone el pago de una patente municipal a “toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio ...”. Su See. 7 (21 L.P.R.A. see. 65 lf) señala que la patente se computará tomando como fundamento “el volumen de negocios” que equivale a “los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la prestación de cualquier servicio, por la venta de cualquier bien, o por cualquier otra industria o negocio”, See. 2 (21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)). Por otro lado, mediante la Ordenanza Núm. 28 “[s]e imponen los derechos, arbitrios e impuestos que más adelante se detallan por concepto de erección, construcción, ampliación, alteración o mejora de cualquier obra, estructura y/o edificación, excavaciones, servidumbres en las calles, carreteras dentro de los límites territoriales del Municipio de Dorado”. Apéndice, pág. 157.

La Ley de Patentes Municipales computa el impuesto a base del ingreso bruto del contratista, equivalente a lo que le pagan por la obra, y la Ordenanza Núm. 28 que nos ocupa, también dispone que el impuesto se determinará en virtud del costo de la obra. Constituye, pues, un esquema de doble tributación al recaer ambos impuestos sobre el mismo evento económico, ya que el ingreso bruto que recibe el contratista está comprendido en el costo de la obra, concurriendo así los criterios que hemos esbozado para identificar este tipo de esquema: (a) misma propie-dad; (b) misma entidad gubernamental; (c) mismo período contributivo, y (d) para el mismo fin. Sucn. Giusti v. Tribl. de Contribuciones, 70 D.P.R. 117, 122-123 (1949); Monllor & Boscio, Sucrs, v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67, 69 (1942). Como expresamos en Maristany v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 300 (1967), “el nombre que se le da a una contribución carece de importancia, y la verdadera na-turaleza de la misma se fija más bien por su incidencia; y que cuando está en controversia el hecho de si una contri-bución contraviene derechos constitucionales garantiza-dos, no es la forma de la misma, ni su definición o inter-pretación lo que hace el caso, sino el efecto práctico o las consecuencias de dicha contribución como cuestión de rea-lidad, en su aplicación y funcionamiento”. Véase, también, C.H. Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94, 101-102 (1978).

Establecida la doble tributación, resolvemos que la misma no es válida en derecho. En Puerto Rico no existe prohibición constitucional a la doble tributación; sin embargo, al imponerse, la intención legislativa debe ser clara y explícita, ya que nunca se presume. Asoc. Hoteles y Turismo de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 814 (1992); San Miguel & Cía. v. Diez de Andino, Tes., 71 D.P.R. 344, 351-353 (1950); Sucn. Giusti v. Tribl. Contribuciones, supra, pág. 122.

No existe disposición en la Ley de Patentes Municipales que clara y explícitamente permita a los municipios establecer un esquema de doble tributación. El arbitrio es ilegal y el Municipio de Dorado está impedido de cobrarlo.

Se expedirá el auto y dictará sentencia revocatoria.

      (1) Discute los señalamientos siguientes:
      “A. La Ordenanza no impone arbitrio a la construcción de carreteras, ni señala al Recurrente como la persona responsable de pagar la contribución, si alguna fuera imponible. La Ordenanza debe ser interpretada a tenor con sus propios y expresos términos, no para extender sus disposiciones más allá del lenguaje usado o para incluir materias no específicamente mencionadas por la Asamblea Municipal.
      “B. Erró el Tribunal Superior al concluir que el Municipio tiene autoridad para imponer una contribución en exceso a lo permitido por la Sección 5 de la Ley de Patentes Municipales. El Municipio no puede validar una contribución, que como cuestión de realidad es ilegal, meramente cambiándole el nombre o describiéndola en forma diferente.
      “C. El Tribunal Superior no tomó en consideración que la Ordenanza impone arbitrio en exceso de lo expresamente permitido bajo la Sección 1.005 de la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987.”

      (2) Advertimos que mediante el Art. 2 de la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992, la Asamblea Legislativa enmendó la See. 3 de la Ley de Patentes Municipales del modo siguiente:
      “La facultad que por las secs. 651a a 652y de este título se confiere a los muni-cipios para imponer patentes sobre el volumen de negocios realizado por persona o entidades dentro de sus límites territoriales en forma alguna se interpretará que priva o limita las facultades de los municipios para imponer contribuciones, arbi-trios, impuestos, licencias, derechos, tasas y tarifas sobre cualesquiera otros renglo-nes, no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado, cuando los objetos y actividades sujetos a tributación se lleven a cabo dentro de los límites territoriales del municipio. La tributación de un objeto o actividad se considerará un acto sepa-rado y distinto no incluido o inherente al tributo que se impone sobre el volumen de negocios que sirve de base para imponer las patentes.” (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651b.


author: La Juez Asociada Señoea Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

text:
    Sonia Torres González, demandante y recurrida, v. Star Kist Caribe, Inc., demandada y recurrente.

      Número: RE-90-587

      Resuelto: 28 de enero de 1994

      Miguel A. Montalvo, abogado de la recurrente; Claribel Rabón Durant, abogada de la recurrida.
   La Juez Asociada Señoea Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso se recurre de una sentencia parcial en la cual el foro de instancia determinó que en relación con el derecho a reinstalación del obrero al amparo del Art. 5A de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmen-dada, 11 L.P.R.A. see. 7, “los períodos en los cuales el [Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.)] autoriza al em-pleado u obrero a regresar a su trabajo bajo tratamiento médico ambulatorio tienen un efecto interruptor de estos doce (12) meses”. A continuación reseñaremos los hechos que dieron lugar a la controversia.

En 1985 la Sra. Sonia Torres González comenzó a tra-bajar para la Star Kist Caribe, Inc. (en adelante Star Kist), en la tarea de limpiar pescado. Para el 6 de julio de 1987 comenzó a quejarse de que estaba sufriendo de una alergia en la parte superior de su pierna izquierda, por lo que acu-dió a la enfermería de la compañía. Allí fue evaluada por el médico, quien la mantuvo en tratamiento con un especia-lista de la piel. Ambos recomendaron que se le. cambiara del área de trabajo debido a que la humedad a la que es-taba expuesta continuamente podía empeorar su situación. Al no sentir mejoría, la empleada se reportó al Fondo del Seguro del Estado (en adelante F.S.E.) el 24 de febrero de 1988. Éste le ordenó que se mantuviera en descanso. El 17 de mayo de 1988 regresó a su empleo mientras recibía tra-tamiento médico (C.T.) del F.S.E.() El 8 de agosto de 1988, el F.S.E. le ordenó nuevamente descanso, lo cual hizo hasta el 26 de octubre de 1988, fecha en que regresó al empleo bajo tratamiento médico (C.T.). Finalmente, y por orden del F.S.E., la empleada estuvo fuera de su empleo durante el período de 9 de febrero de 1989 al 31 de agosto de 1989, fecha en la que se le dio de alta definitivamente. Cuando la empleada acudió a su trabajo, fue informada de que su puesto había sido ocupado debido a que, como había trans-currido un (1) año desde la fecha del accidente, el patrono no venía obligado a reservarle el empleo. El despido fue efectivo el 1ro de abril de 1989.

La señora Torres González presentó demanda contra la Star Kist por no haberla reinstalado luego de cesar su incapacidad. Ambas partes solicitaron que se dictara sen-tencia sumaria. La parte demandante alegó en su moción, que el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes te! Trabajo, supra, se refería a la reinstalación de emplea-dos que han estado incapacitados para trabajar por un pe-ríodo de más de un (1) año. La demandante distinguió su caso de esa situación, debido a que ella había trabajado durante varios meses, mientras recibía tratamiento mé-dico del F.S.E. (C.T.). Por su parte, la demandada Star Kist fundamentó su solicitud en el mismo artículo e indicó que cuando la demandante solicitó su reinstalación al empleo había transcurrido más de un (1) año desde que ocurrió el accidente del trabajo.

El tribunal de instancia dictó sentencia parcial orde-nando a la Star Kist a reponer a la señora Torres González en su empleo. Indicó que el período de doce (12) meses al que se refiere la ley ha de ser de vacante continua, lo que no sucedió en este caso. Expresó, además, que los acciden-tes intercurrentes tienen el efecto de interrumpir tal término.

Inconforme con la decisión, la demandada Star Kist pre-sentó recurso de revisión. Alegó, como único error, que el foro de instancia se equivocó al ordenar la reposición de la empleada en su empleo a pesar de haber transcurrido más de doce (12) meses desde que tuvo el accidente y fue despedida.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

II

Uno (1) de los principios establecidos en materia de des-pidos es su justificación cuando un empleado está incapa-citado física y mentalmente para realizar las funciones o para asistir regularmente a su empleo, por las razones que sean. J.L. Verdiales Morales y J.J. Santiago Meléndez, Re-serva de empleo al obrero incapacitado por accidente labo-ral: requisitos bajo el Artículo 5A de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 61 Rev. Jur. U.RR. 59 (1992); W.J. Holloway y M.J. Leech, Employment Termina tion: Rights and Remedies, Washington, Ed. B.N.A., 1985, págs. 262, 287-288; J.R. Redeker, Discipline, Policies and Procedures, Washington D.C., Ed. Bureau of National Affairs, 1983, págs.. 182-192.

Sin embargo, varias jurisdicciones norteamericanas han establecido una excepción para los casos en que un obrero se incapacita temporalmente por causa de un accidente o enfermedad ocupacional. Véase, en general, 2 Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 68.36(a) (1990). Esta protección está recogida en nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la cual instrumenta el derecho constitucional de todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protección contra riesgos para la salud e integridad personal —Art. I, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— eje central de todo el esquema jurídico establecido por el estado para la protección de éstos en sus talleres de trabajo. R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Pubs. Laborales P.R., 1989, pág. 187. Entre las medidas que dicha ley establece para proteger al trabajador está la disposición contenida en el Art 5a, supra,() el cual dispone dos (2) tipos de pro-tección para el obrero lesionado o enfermo. En primer lu-gar, el patrono está obligado a reservar el empleo que des-empeñaba el trabajador al momento del accidente o de la enfermedad/) y en segundo lugar, permite que el obrero solicite la reinstalación a su empleo, siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes:

1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite al empleado para trabajar;
2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley Núm. 45,supra;
3. que dentro de los quince (15) días de haber sido dado de alta definitivamente, autorizado a trabajar, el empleado solicite al patrono reposición en su empleo;
4. que dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los doce (12) meses de haber ocurrido el accidente o enferme-dad;
5. que al solicitar su reposición, el empleado esté física y mentalmente capacitado para desempeñarse en las funciones del empleo que ocupaba;
6. que dicho empleo subsista al momento en que el trabaja-dor solicita su reposición.

Todos estos requisitos tienen que cumplirse para que el trabajador esté protegido. Op. Sec. Trab. Núm. 1990-5.

El Art. 5a, supra, fue adicionado a la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo mediante la Ley Núm. 48 de 18 de abril de 1950, Leyes de Puerto Rico 127. El tér-mino establecido en dicha ley para solicitar reinstalación era de seis (6) meses. El 29 de marzo de 1971 se presentó el P. del S. 947 para eliminar por completo el término para solicitar reinstalación. 25 Diario de Sesiones de la Asam-blea Legislativa (Senado) 644 (1971). Bajo este proyecto, el empleado lesionado hubiese podido solicitar reinstalación en su empleo dentro de los quince (15) días “ ‘contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado sea notifi-cado por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado que ha sido dado de alta’ ”, sin límite de tiempo alguno. Verdiales Morales y Santiago Meléndez, supra, pág. 60. También se presentó el P. del S. 844 de 20 de abril de 1971, el cual iba dirigido a aumentar de seis (6) a doce (12) meses el período para solicitar reinstalación en el empleo, y con-cederle al obrero una causa de acción en daños y perjuicios, y el pago de los salarios dejados de devengar por el incum-plimiento del patrono de las disposiciones del Art. 5a, supra. Ninguna de las dos (2) piezas legislativas fue aprobada. Id.

El 8 de marzo de 1973 se presentó el P. de la C. 398, el cual se convirtió en la Ley Núm. 101 de 5 de junio de 1973, Leyes y Resoluciones de Puerto Rico 459. Dicha ley enmendó el Art. 5a, supra, para aumentar de seis (6) a doce (12) meses el término para solicitar la reinstalación al empleo y reconocer al obrero una causa de acción en daños y perjuicios por cualquier incumplimiento del patrono de dicho artículo, más los salarios dejados de recibir. Además, autorizó al trabajador a realizar su reclamación mediante la vía ordinaria o el procedimiento sumario para reclamación de salarios establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sees. 3118-3132). El resto del Art. 5a no sufrió cambio alguno. El propósito de la enmienda referida surge claramente del Informe conjunto de las Comisiones del Trabajo y Asuntos del Veterano y Gobierno de la Cámara de Representantes de 6 de abril de 1973 (27 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1034 (1973)).

El propósito de la medida es aumentar el término de seis a doce meses, después de la fecha del accidente, para solicitar reposi-ción en el empleo que ocupaba originalmente. También requiere el patrono que no cumpla con las disposiciones del aludido Ar-tículo 5A, el pago al obrero o empleado o a sus beneficiarios, de los salarios que éste hubiere devengado de haber sido reinsta-lado además de los daños y perjuicios que se le haya ocasionado.
Este proyecto de ley provee específicamente un procedimiento efectivo a utilizarse para que el trabajador que ha sufrido un accidente reclame ser repuesto en su empleo original y señala las sanciones a imponerse al patrono que se negare a hacerlo. Esto es un paso adelante, ya que la ley vigente no establece procedimiento alguno a seguirse en caso de que el patrono se negare a reinstalar a dicho obrero.
Los Departamentos del Trabajo y de Justicia y el Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado recomendaron la aproba-ción de este proyecto. (Enfasis suprimido.) Verdiales Morales y Santiago Meléndez, supra, pág. 61.

Por otro lado, en el informe que rindiera el entonces Secretario del Trabajo, Hon. Luis Silva Recio, de 21 de fe-brero de 1973, se señala:

La experiencia ha demostrado que el término de seis meses que establece la ley actual es muy corto y no corresponde a la rea-lidad que se vive con respecto a los casos de enfermedades ocu-pacionales y lesiones sufridas como resultado de accidentes ocurridos en el trabajo. Es bien conocido el hecho de que en una gran proporción de los casos el proceso de recuperación se ex-tiende por períodos mayores de seis meses. Esto expone a un gran número de trabajadores que han sufrido accidentes del trabajo a perder sus empleos por tal razón.
En vista de lo anterior, la pieza legislativa que se propone am-plía el período de reserva de empleo de seis a doce meses. Esto tendría el efecto de reducir el riesgo de que pierda su empleo un trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo y cuyo pe-ríodo de recuperación se prolongue por más de SEIS MESES. Esto a su vez brindaría mayor tranquilidad y seguridad al tra-bajador lesionado al asegurarle su empleo por lo menos durante un año. (Enfasis suprimido.) Verdiales Morales y Santiago Meléndez, supra, págs. 61-62.

Del anterior historial legislativo surge, con meridiana claridad, que la solicitud de reinstalación tiene que hacerse dentro de los doce (12) meses() a partir de la fecha cuando ocurrió el accidente o la enfermedad laboral. Luego de transcurrido este término, el patrono puede despedir al empleado, si éste aún no ha sido dado de alta del F.S.E. La legislatura estimó razonable dicho período para proteger el derecho del trabajador a retener su empleo, estableciendo así un balance entre los derechos del patrono y los del em-pleado lesionado. Ésta no tuvo la intención de establecer una obligación al patrono de reservar el empleo del obrero indefinidamente. Pudo así hacerlo al considerar el P. del S. 947, supra, y no lo hizo. íd.

En el caso que nos ocupa, la empleada no había sufrido un accidente intercurrente como determinó el tribunal de instancia.() Esta, al momento de ser cesanteada de su empleo, aún estaba bajo tratamiento médico en el F.S.E. (C.T.). Es decir, se encontraba en el período de recuperación inicial, que es aquél que se inicia una vez el empleado se presenta para tratamiento luego de ocurrir un accidente del trabajo, o cuando el empleado se queja por primera vez de alguna condición relacionada con su trabajo, y termina al ser dado de alta curado y sin incapacidad, o porque se reconoce la existencia de una incapácidad permanente que no ha de mejorar con más tratamiento. Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808, 814 (1979); Art. 3 de la Ley Núm. 45, supra.

La demandante alega que el período de doce (12) meses de reserva de empleo fue interrumpido cuando ésta se re-incorporó a su trabajo luego de que el F.S.E. la autorizara a trabajar recibiendo tratamiento médico (C.T.). Y que siendo esto así, ella no se encontraba inhábil para trabajar, por lo cual no le era aplicable lo dispuesto en el Art. 5a, supra. Para sustentar su alegación, la demandante sos-tiene que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una ley de carácter reparador y como tal debe interpretarse liberalmente a favor del empleado. No esta-mos de acuerdo.

Si bien es cierto que las leyes remediales deben interpretarse con liberalidad y amplitud para lograr sus propósitos (Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526 (1985)) y que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, por ser un estatuto de carácter remedial, debe interpretarse liberalmente y así resolver toda duda a favor del obrero (Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480, 485 (1964); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993)), no es menos cierto que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad debe aplicarse tal como se expone, sin que pueda válidamente menospreciarse su letra so pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153, 156 (1980).

En el caso de autos, la fecha del accidente del trabajo fue el 6 de julio de 1987,() por lo que el término de tres-cientos sesenta (360) días para reserva de empleo estable-cido en el Art. 5a, supra, venció el 29 de junio de 1988. Por consiguiente, el término, de doce (12) meses para reserva de empleo había expirado, tanto a la fecha del despido de la empleada, el 1ro de abril de 1989, como a la fecha en que fue dada de alta por el F.S.E., el 31 de agosto de 1989. La empleada tampoco estaba habilitada para trabajar para la fecha en que ocurrió el despido, por cuanto todavía no ha-bía sido dada de alta por el F.S.E.; de hecho, mientras se encontraba en tratamiento médico trabajaba (C.T.), tuvo que ser enviada, en varias ocasiones, a descansar. La de-terminación del F.S.E. de autorizarla a trabajar mientras recibía tratamiento médico (C.T.) no constituyó el alta de-finitiva que dispone el Art. 5a, supra.

Reiteradamente hemos resuelto que la aplicación e interpretación administrativa de una ley por aquellos organismos particularmente encargados de ponerla en vigor y velar porque sus fines se cumplan, de ordinario, merecen la consideración y el respeto de los tribunales, en vista de la vasta experiencia y conomiento de estos organismos. A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986); Agosto Serrano v. F.S.E., supra. Tanto el Procurador del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como el F.S.E. han interpretado que el regreso temporal de un empleado a su puesto no interrumpe el término de doce (12) meses que establece el Art. 5a, supra, para que el patrono obligatoriamente le reserve el empleo. Véanse: Op. Proc. Trab. Núm. 11056 de 5 de octubre.de 1981 y Op. Proc. Trab. Núm. 13519 de 10 de junio de 1991. Además, véanse: Consulta Ñúm. C-89-15 de 6 de julio de 1989 y Consulta Núm. 90-30 de 15 de agosto de 1990, ambas del F.S.E.

No cabe duda que el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, tiene un propósito loable por demás. Éste le garantiza al trabajador que se incapacita temporalmente como consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional, tranquilidad de espíritu por cuanto, cumplidos ciertos requisitos, éste puede solicitar la reinstalación en su empleo.

No obstante lo anterior, y como expresáramos en Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 54 (1984), al interpre-tar la cláusula de reserva de empleo bajo la Ley de Bene-ficios de Incapacidad No Ocupacional (S.I.N.O.T.), disposi-ción casi idéntica al Art. 5a;() consciente nuestro legislador de la carga y el gravamen económico que podría resultar para el patrono —quien se ve obligado a reservar el empleo al obrero— estableció, mediante lenguaje claro y preciso, unos requisitos y unos períodos de tiempo para el ejercicio del derecho a la reinstalación.()

El texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101, 107 (1964). Como expusimos en Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 331 (1975), “[e]n aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley”.

Por todo lo anterior, resolvemos que el hecho de que un empleado que se encuentra incapacitado temporalmente por razón de enfermedad o accidente ocupacional regrese al trabajo mientras se encuentra en tratamiento médico bajo el F.S.E. (C.T.), no tiene el efecto de interrumpir el término de doce (12) meses que establece el Art. 5a, supra. Este período es uno de caducidad que no puede interrumpirse de forma alguna.

Se dictará sentencia revocando la dictada por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

Contrario a lo que piensa la mayoría en el caso de autos, no creo que el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 7, claramente re-quiera que se deniegue el derecho de reinstalación a la trabajadora recurrida.

La situación a la que dicho artículo alude, sin lugar a dudas, es la de un accidente o lesión del trabajo de tal gravedad que el período de tratamiento médico o recupera-ción del obrero sea de más de doce meses continuos. El claro tenor del texto de la ley y su historial legislativo alu-den sin ambigüedad solamente a esa situación. Si otras situaciones están cubiertas o no por el Art. 5a, supra, es materia de interpretación.

El caso de marras presenta una situación distinta de la que está claramente considerada en el Art. 5a, supra. Aquí la empleada estuvo en tratamiento médico inicial por espa-cio de dos meses y medio, luego del cual regresó a su trabajo. Tres meses más tarde, por instrucciones del Fondo del Seguro del Estado, volvió a recibir tratamiento médico, otra vez durante dos meses y medio. Regresó entonces a trabajar y tres meses y medio después, por orden del Fondo del Seguro del Estado, tuvo que recurrir por tercera vez a tratamiento médico, esta vez por espacio de seis meses y medio. Evidentemente, no se trata de una situación donde la empleada estuvo ausente de su empleo por más de doce meses continuos, como típicamente contempla el Art. 5a, supra. No puede invocarse, pues, su claro tenor literal para dilucidar la controversia en cuestión, como hace la mayoría en su opinión.

En vista de lo anterior, nos corresponde el deber de in-terpretar el Art. 5a, supra, para decidir cómo aplica éste a una situación distinta de la ordinaria. En esta labor nos obligan indefectiblemente las conocidas políticas de herme-néutica que exigen que las leyes remediales se interpreten con liberalidad, Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522 (1985), y que en casos como el de marras, cual-quier duda debe resolverse a favor del obrero, Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480 (1964); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993).

En el caso ante nos, la empleada no llegó a estar au-sente durante doce meses completos por razón de su trata-miento médico. El período continuo más largo de ausencia por enfermedad fue de seis meses y medio. Los tres perío-dos de tratamiento médico que provocaron ausencias del empleo duraron un total de once meses con 23 días, menos de los doce meses que exige el Art. 5a, supra, para que pueda negarse su reinstalación. Parecería, pues, que la empleada tiene derecho a volver a su trabajo, a no ser por la restrictiva interpretación que la mayoría le da a la ley; interpretación que da lugar a una seria anomalía: un em-pleado que esté ausente de su trabajo durante doce meses corridos por razón de un tratamiento médico tiene el dere-cho a su reinstalación cuando se le da de alta, pero si ese mismo empleado se reintegra ocasionalmente para cumplir con su trabajo y se le da de alta luego de un total de menos de doce meses de ausencia —no continuos— por trata-miento médico, los períodos en que se reintegró le cuentan en contra y permiten que se le deniegue su reinstalación. Así la intención de cumplir con la responsabilidad laboral en todo lo posible se penaliza; el tiempo trabajado entre los períodos de recuperación se convierte en un elemento ad-verso a su derecho de reinstalación. No hay nada en la ley que autorice este resultado incongruente y nuestros pro-pios principios de hermenéutica nos requieren impedirlo. Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325 (1975); Alvarez & Pascual, Inc. v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 482 (1962).

A mi modo de ver, pues, ni la letra ni el espíritu de la ley permiten denegar la reinstalación en este caso. El tribunal de instancia resolvió el asunto correctamente y, tanto en derecho como en justicia, lo que procede es que confirme-mos la sentencia de instancia. Como la mayoría sigue otro curso, que me parece jurídicamente equivocado, Disiento.

      (1) Este tratamiento médico se conoce como C.T. o “Continuación de Tratamiento”.

      (2) El Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 7, dispone:
      “En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de est[a Ley], el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
      “(1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente;
      “(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición; y
      “(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba va-cante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición.)
      “Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstala-ción y/o daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para recla-mación de salarios, establecido en [la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961].”

      (3) Bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no hay diferencia entre un “accidente” y una “enfermedad”. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985).

      (4) Este término de reserva de empleo, conforme al Art. 8 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 8, es de trescientos sesenta (360) días, por lo que no es equivalente al período de un (1) año o trecientos sesenta y cinco (365) días. El mencionado artículo dispone:
      “Si en las leyes se habla de meses ... se entenderá que los meses son de treinta días.”

      (5) Un accidente intercurrente es una lesión subsiguiente de un obrero, sea ésta una agravación de otra anterior o una lesión distinta. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 363, 365 (1972).

      (6) Esta fue tomada por el Fondo del Seguro del Estado como la fecha del sur-gimiento de la enfermedad.

      (7) La Ley de Beneficios de Incapacidad No Ocupacional establece un término de seis (6) meses para la reserva de empleo. Véase Sec. 1 de la Ley Núm. 137 de 26 de junio de 1968 (11 L.P.R.A. sec. 203(a)).

      (8) Precisamente, en la situación del caso de autos hubiese sido muy oneroso para el patrono poder contratar un empleado que sustituyera la obrera lesionada, debido a que ésta estuvo asistiendo a su trabajo de forma irregular. Esto hubiera requerido tener personal suplente dispuesto a trabajar intermitentemente.
      Durante el Año Fiscal 1988-1989, un total de cuarenta y cuatro mil setecientos dieciséis (44,716) trabajadores estaban en tratamiento en descanso y mientras tra-bajaban (C.T.). De este total, veintitrés mil catorce (23,014) recibían tratamiento mientras trabajaban (C.T.). Estadísticas del Fondo del Seguro del Estado para los Años Fiscales 1978-1979 a 1988-1989.