author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    El Pueblo dé Puerto Rico, peticionario, v. Julio César Rivera Alicea, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-86

      Resuelto: 19 de diciembre de 1989

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Arcelio Maldonado, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Julio César Rivera Alicea, también conocido por Papo, fue denunciado por asesinato en primer grado e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418. Celebrada la vista preliminar al amparo de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, un juez instructor determinó causa probable por el delito de asesinato en segundo grado y por infracción a los artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico imputados. Como consecuencia, el Ministerio Público formuló la corres-pondiente acusación.

Rivera Alicea solicitó al Tribunal Superior la desestima-ción de la acusación del delito de asesinato en segundo grado bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Adujo que la determinación de causa probable fue contraria a la ley y a derecho, toda vez que en la vista preli-minar surgió que “la prueba aportada por el Ministerio Pú-blico, a lo sumo se determinó, a efectos de la determinación de causa probable, que el acusado actuó en un arrebato de cólera y súbita pendencia, por lo que la determinación de causa probable debería ser por el delito de homicidio volun-tario”. Apéndice, pág. 3. Alegó que la prueba que tuvo ante sí el juez instructor no estableció el elemento de malicia pre-meditada, necesario para que pueda cometerse el delito de asesinato en segundo grado.

El Ministerio Público replicó a la moción de desestima-ción alegando que “en la vista preliminar . . . probó todos y cada uno de los elementos del delito de Asesinato en Segundo Grado y de la Violación a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas”. Apéndice, pág. 4.

El 1ro de diciembre de 1986, el tribunal de instancia de-claró() con lugar dicha moción fundándose en que la “deter-minación de causa probable es contraria a la prueba” (Apén-dice, pág. 5) y desestimó la acusación sin perjuicio de que se presentara otra por homicidio.

A solicitud del Procurador General, mediante trámite de mostrar causa y con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

I

La vista preliminar es “un procedimiento preliminar al juicio que se celebra ante un magistrado para que se determine si el delito imputado en la denuncia ha sido cometido y si hay causa probable para creer que la persona así denunciada lo cometió”. N. Frattallone di Gangi, La Vista Preliminar, 63 Rev. Der. Pur. 231 (1977). Dicha vista está fundamentada en la política pública de “evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal”. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970). Su propósito es determinar si es necesario celebrar un juicio plenario contra el imputado, con las gravosas consecuencias que ello conlleva tanto para éste como.para el Estado. En su dinámica interna funciona a base de probabilidades, esto es, si es probable que se haya cometido el delito y si probablemente fue cometido por el imputado. Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. De ahí que no exista una determinación final de inocencia o culpabilidad en esta etapa. Tal determinación se hace en el juicio propiamente. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 660 (1985); Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684 (1988).

Cónsono con lo anterior, el Ministerio Público tiene discreción para no presentar toda su prueba en dicha vista. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974). Sin embargo, se le requiere que presente prueba sobre todos los elementos del delito imputado en la denuncia y su conexión con el imputado. Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970); Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972). La determinación de causa probable goza de la presunción legal de corrección, Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796 (1973), una vez el Fiscal descarga cabalmente tal responsabilidad ante el juez instructor.

No obstante, cuando a juicio del imputado el Ministerio Público no ha descargado su deber —ya sea porque no ha demostrado la probabilidad de que se cometiera el delito imputado o, si demostrado, que el imputado probablemente lo cometió— éste puede atacar la determinación de causa probable y producir prueba en contrario a su presunción de corrección. Rabell Martínez v. Tribunal Superior, supra, pág. 799; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, supra, págs. 594-595; Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459-460 (1975). Para ello, el mecanismo procesal es una moción de desestimación, al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, con el fin de demostrar que existe ausencia total de prueba en cuanto a la probabilidad de que se haya cometido el delito imputado —que no hay prueba sobre uno o todos los elementos del delito— o sobre la conexión del acusado con el delito imputado. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, supra, págs. 594-595; Pueblo v. Tribunal Superior, supra; Pueblo v. González Pagán, supra.

El análisis adecuado, para resolver una moción de desestimación al amparo de dicha regla, requiere examinar la prueba de cargo y defensa vertida en la vista preliminar y la producida por el imputado durante la vista de desestima-ción. A la luz de los elementos del delito imputado el juzga-dor debe determinar si tal prueba establece la probabilidad de que estén presentes todos los elementos, a saber, la pro-babilidad de que se haya cometido tal delito imputado. Con-comitante a dicho examen, debe determinar si hay prueba que probablemente conecte al imputado con el delito proba-blemente cometido. ()

El hecho de que a juicio del magistrado la prueba sometida demuestre, con igual probabilidad, la comisión de un delito distinto al imputado, no debe dar fundamento a la desestimación. Sólo en ausencia total de prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados uno, varios o todos los elementos del delito imputado o la conexión del imputado con tal delito, procede decretar la desestimación de la acusación presentada contra el solicitante.

HH

Aclarada la función del juzgador en esta etapa de los pro-cedimientos, examinemos la prueba que tuvo ante sí el foro de instancia al desestimar la acusación por asesinato en se-gundo grado. Un resumen de los hechos surge de las dos (2) declaraciones juradas de las dos (2) testigos de cargo en la vista preliminar, que fueron presentadas ppr el acusado en apoyo de su escrito de mostración de causa.

Dichas declaraciones tienden a establecer que la noche del 3 de mayo de 1986 el acusado Rivera Alicea c/p “Papo” se encontraba en el Bar Alicea, sito en el Barrio Cataño de Hu-macao. En el mismo lugar se encontraba Máximo Rivera Gó-mez c/p “Zurdo” tomando unos tragos de “wisky” con leche. En cierto momento “Papo” comenzó a molestar a las damas que allí trabajaban, por lo que la dueña del local, Providencia Alicea c/p “Doña Provi”, le solicitó al “Zurdo” que sacara a “Papo” del negocio. En ese momento ya era la madrugada del 4 de mayo. El “Zurdo” se levantó del lugar donde estaba sentado y fue donde “Papo” y le dijo que se saliera de la barra porque no podía continuar allí. “Papo” le contestó “que allí no había más macho que nadie y que él no se iba a salir” del local. En ese momento el “Zurdo” lo agarró por el brazo y lo empujó fuera del negocio. “Papo” cayó de espalda en la acera, entre el negocio y la casa de “Doña Provi”. Rápida-mente “Papo” se incorporó del suelo y, sin mediar palabras, sacó una pistola de su bolsillo y le hizo un disparo en la cara a “Zurdo”, que había salido tras él en ese momento.

Las testigos oyeron tres (3) disparos antes de ver caer al “Zurdo” de espalda en la acera con el rostro ensangrentado.

De los tres (3) disparos sólo uno (1) alcanzó a la víctima. A causa de ese disparo la víctima murió por severo trauma crá-neo-cerebral y facial.

De la prueba presentada no surge que en las afueras de la barra hubiera alguna discusión ni gestos con las manos entre “Zurdo” y “Papo”. Allí estaban ellos dos (2) solos.

Lo expuesto demuestra que el foro de instancia no estaba ante una situación de ausencia total de prueba que le permi-tiera sostener la desestimación decretada en la acusación por el delito de asesinato en segundo grado.

1 — I hH

El asesinato constituye un solo delito —dar muerte a un ser humano con malicia premeditada, Art. 82 del Código Penal, 38 L.P.R.A. see. 4001— que se divide en grados en atención a la perversidad demostrada por el acusado al co-meter el acto y al sólo efecto de la imposición de la pena. Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 258 (1943); Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760 (1946).

La configuración del asesinato en segundo grado trata de la muerte ocasionada con malicia premeditada pero sin mediar deliberación. Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4002. Véanse, además: Pueblo v. Gómez Nazario, 121 D.P.R. 66 (1988); Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767 (1954). El concepto de malicia premeditada implica la ausencia de justa causa o excusa al ocasionar la muerte e implica, además, la existencia de la intención de ocasionar la muerte de un semejante. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 921 (1953). La intención de ocasionar la muerte se puede manifestar al realizar un acto o al producir un gravé daño corporal, cuya consecuencia probable sea la muerte de la persona. Pueblo v. Méndez, supra, pág. 922.

Por ello, la malicia premeditada debe ser determinada a base de los hechos, los actos y las circunstancias que rodean la muerte, la capacidad mental, la motivación, las manifestaciones y la conducta del acusado. Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3061. Véanse, además: Pueblo v. Gómez Nazario, supra; D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 138.

Atacar con un arma a una persona desarmada es una actuación de la cual puede inferirse la intención de causar la muerte a dicha persona. En tales circunstancias, ello podría ser la consecuencia probable de tal acto. Cf. Pueblo v. Martínez Padró, 91 D.P.R. 536 (1964); Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980); Pueblo v. Betancourt Asencio, 110 D.P.R. 510 (1980); Pueblo v. Castro García, 110 D.P.R. 644 (1981). Mas aún si a la víctima se le dispara en más de una ocasión, a corta distancia y alcanzándola en la cara. El riesgo de muerte era sustancial. Cf. Pueblo v. Cruz, 49 D.P.R. 653 (1936).

Además, la prueba no revela que estando “Papo” fuera del negocio hubo allí pelea, discusión, provocación o gestos con las manos que hicieran pensar que la víctima continuaría agrediendo al acusado. Cf. Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897 (1974).

El acusado sostiene que la prueba de cargo no demuestra el elemento de malicia premeditada, sino que actuó movido por un arrebato de cólera y súbita pendencia, por lo que la determinación de causa probable debía ser por el delito de homicidio. Destaca que la víctima era más alta y gruesa que el acusado para justificar la utilización del arma de fuego.

El delito de homicidio lo configura la muerte ocasionada por una súbita pendencia o arrebato de cólera. Art. 85 del Código Penal, 83 L.P.R.A. see. 4004. Como expresamos en Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270 (1988), citando con aprobación la obra Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, supra, págs. 144-145, de la Prof. Dora Nevares-Mufiiz:

Los elementos del delito son: dar muerte a un ser humano, a consecuencia de una pendencia súbita o de un arrebato de có-lera, causado por una provocación adecuada de parte de la víctima. Pueblo v. Sulman, 103 D.P.R. 429 (1975). Se trata de un acto intencional e ilegal que causa una muerte, pero por existir circunstancias atenuantes la calificación del delito y la pena varían para beneficio del acusado. La circunstancia ate-nuante consiste de que el acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada por la víc-tima u otra persona actuando con ésta. Pueblo v. Castro García, 110 DPR 644, 647 (1981) (sentencia) (Rigau, disidente).
El homicidio presupone una persona ordinaria que por la cólera, pendencia, o emoción violenta y súbita, causada por una provocación adecuada, pierde el equilibrio y dominio de sí misma. Se excluye, por tanto, al ebrio, al adicto y al loco. Pueblo v. Belmonte Colón, 106 DPR 82 (1977).
En la modalidad del homicidio por arrebato de cólera se requiere una provocación capaz de lograr una reacción vio-lenta, intencional, pero no calculada, ni preconcebida, en el hombre prudente y razonable. En cambio, en la modalidad de la súbita pendencia, al remitir a su origen histórico de pelea súbita, no reflexiva ni premeditada, no necesariamente re-quiere una provocación previa. Basta demostrar la existencia de una pelea súbita, a la cual se entra sin la intención previa de matar o de causar grave daño corporal. Véase La Fave & Scott, 574; Perkins & Boyce, 88-91; Pueblo v. Gelpí, 63 DPR 517 (1944); Pueblo v. González Ruiz, 90 DPR 580 (1964); Pueblo v. González Colón, 110 DPR 812 (1981). (Énfasis su-plido.)

Tanto en el homicidio como en el asesinato en segundo grado, la muerte ocasionada es intencional. Pero la existencia de esas “circunstancias atenuantes” (provocación adecuada de parte de la víctima, pendencia súbita o arrebato de cólera) en los hechos del caso es lo que diferencia el homicidio del asesinato en segundo grado a los fines de la calificación del delito y la pena.

En Pueblo v. López Rodríguez, supra, pág. 900, ex-presamos que la provocación susceptible de reducir “el delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que ser aquella de tal naturaleza que haga perder el dominio de sí mismo a un hombre de temperamento corriente, obligándolo a actuar por el impulso producido por notable provocación, sin la debida reflexión, y sin formar un determinado propósito”. (Énfasis suplido.) Véanse, además: Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703, 707 (1972); Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893, 909-910 (1938).

La probabilidad de que se configurara el delito de homici-dio, en las circunstancias antes señaladas, puede que sea igual a la probabilidad de que se configurara el delito de ase-sinato en segundo grado. De lo que no hay duda es que el récord no refleja ausencia total de prueba del elemento de malicia premeditada, que justificara la desestimación de la acusación en esta etapa de vista preliminar, del delito de asesinato en segundo grado.

A base del análisis antes enunciado, concluimos que la prueba desfilada por el Ministerio Público en la vista preli-minar sostiene la determinación de causa probable por el de-lito de asesinato en segundo grado. Erró el foro de instancia al variar la determinación afirmativa de causa, en vista preli-minar, por dicho delito.

Será el juzgador de hechos, juez o Jurado, en el juicio plenario quien dirima cualquier conflicto de probabilidades.

Por los fundamentos expuestos y por no estar ante un caso de “ausencia total de prueba”, Pueblo v. González Pagán, supra, se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En su resolución el foro de instancia se lamentó de “no tener facultad para determinar causa probable por el delito de homicidio voluntario, a tenor con lo dispuesto en la Regla 24(c) de Procediminento Criminal”. Apéndice, pág. 5.

      (2) En cuanto al quantum de prueba necesario para una determinación afir-mativa de causa probable, véase Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).


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text:
    Marta González Santos, querellante y recurrida, v. Bourns Puerto Rico, Inc., querellada y peticionaria.

      Número: CE-89-200

      Resuelto: 19 de diciembre de 1989

      Pedro Fumarada y Carlos Lugo-Fiol, de Fiddler, González & Ro-dríguez, abogados de la peticionaria; Juan José Vera González, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos brinda la oportunidad de pautar normas sobre el procedimiento de apelación, en casos civiles, del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior. Al hacerlo nos guían los objetivos siguientes: (1) asegurar el efectivo y adecuado ejercicio del derecho de apelación de las partes; (2) lograr que el tribunal apelativo quede en posición adecuada para ventilar las apelaciones, y (3) evitar dilaciones innecesarias en el trámite apelativo. En esta tarea los abo-gados y los tribunales deben cumplir celosamente con las normas aquí pautadas para el logro de tales objetivos y para que, sobre todo, el derecho de apelar de las partes no se frus-tre por defectos procesales.

El 1ro de septiembre de 1987 la Sra. Marta González Santos (recurrida) instó demanda alegando despido injustifi-cado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.) en el Tribunal de Distrito de Cayey, Puerto Rico. La Bourns Puerto Rico, Inc. (en adelante Compañía) era su patrono. La Compañía contestó oportunamente ale-gando que el despido fue por justa causa, ya que la recurrida había violado las normas contenidas en el Reglamento de Conducta para su personal.() Luego de varios trámites pro-cesales se celebró la vista en su fondo.

El lk de abril de 1988 el Tribunal de Distrito emitió sen-tencia que desestimó la demanda al concluir que el despido estuvo justificado ante la gravedad de la falta en que incurrió la recurrida. Esta sentencia fue archivada en autos el 15 de abril de 1988.

El 16 de mayo de 1988 la recurrida presentó ante el Tribunal de Distrito un escrito titulado “Sentencia de la que se solicita apelación”. En el mismo, luego de hacer una breve relación de los hechos, solicitó al Tribunal de Distrito que lo aceptara como escrito de apelación y le concediera “término para escuchar las gra[b]aciones del día de la vista y así poder hacer nuestras alegaciones . . Anejo G, pág. 0017. Este documento fue notificado a la Compañía el 24 de mayo de 1988.() Copia del mismo nunca fue presentado en el Tribunal Superior.

El 18 de junio de 1988 la recurrida presentó al Tribunal de Distrito una exposición narrativa en la que hace una rela-ción de hechos, unos señalamientos de errores y una discu-sión de los errores planteados. Este escrito tampoco fue no-tificado al Tribunal Superior. La Compañía fue notificada del mismo el 16 de junio de 1988 y, oportunamente, se opuso al escrito.

El Tribunal de Distrito emitió una orden que aprobó la exposición narrativa el 17 de agosto de 1988.

No es hasta el 13 de septiembre de 1988 que se presentan los autos de apelación en el Tribunal Superior, Sala de Gua-yama. La Compañía presentó una moción mediante la cual solicitó la desestimación del recurso de apelación. Adujo en la misma que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para entender en el recurso de apelación “por [é]ste haber sido presentado en clara violación de las disposiciones de las Reglas 4 y 5 [de] Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, [4 L.P.R.A. Ap. III-A,] y de la Regla 53 [de] Procedimiento Civil de 1979[, 32 L.P.R.A. Ap. III]”. Petición de certiorari, pág. 3.

La recurrida se opuso a la desestimación alegando que las Reglas 4 y 5 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III-A, son directrices y no jurisdiccionales, que existía justa causa para que a la ape-lante (aquí peticionaria) no se le privara de su derecho a ape-lar y que el Tribunal de Distrito le había concedido término para escuchar las grabaciones y presentar sus alegatos en este caso.

El 4 de noviembre de 1988 el Tribunal Superior emitió resolución que declaró sin lugar la moción de desestimación. Sostuvo el Tribunal Superior que las alegaciones sobre juris-dicción aducidas por la Compañía fueron traídas tardía-mente a su consideración.

La Compañía presentó su alegato. El 9 de febrero de 1989 el Tribunal Superior emitió la sentencia objeto de este recurso, en la cual revoca la emitida anteriormente por el Tribunal de Distrito.

La Compañía acude ante nos imputando errores al Tribunal Superior:

A. ... al considerar en sus méritos el recurso de revisión ins-tado por la recurrida, por carecer de jurisdicción para ello ....
B. ... al revocar al Honorable Tribunal de Distrito, determi-nando que el despido de la recurrida no fue justificado. Pe-tición de certiorari, pág. 4.

Mediante trámite de mostrar causa, revisamos la senten-cia dictada por el Tribunal Superior.

El 22 de mayo del año en curso compareció la recurrida mediante memorando en oposición a la expedición del auto de certiorari, en conformidad con lo establecido en la Regla 21(j) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. En su es-crito no hace referencia a la orden de mostrar causa notifi-cada el 4 de mayo.

Por haber transcurrido en exceso el término para cumplir la orden de mostrar causa sin que se nos solicitara prórroga, consideraremos el escrito en oposición a la expedición de cer-tiorari como su contestación a lo ordenado.

La Compañía presentó réplica al escrito en oposición a la expedición del certiorari. Estamos en posición de resolver y así lo hacemos.

HH

Por ser crucial a la controversia ante nos discutiremos, en primer lugar, la cuestión jurisdiccional del Tribunal Superior. Por considerar que dicho foro actuó sin jurisdicción, re-vocamos la sentencia dictada y aquí recurrida.

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq.) dispone que cualquier parte perdidosa en un pleito civil originado en el Tribunal de Distrito tiene derecho a apelar cualquier sentencia final ante el Tribunal Superior. 4 L.P.R.A. see. 122. Esta sección de la ley ex-presamente le concedió la facultad a este Tribunal para promulgar las reglas que regirán el procedimiento en las apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, tanto en casos civiles como criminales. En el ejercicio de esa facultad, el 1ro de octubre de 1979 adoptamos unas nuevas reglas para las apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior. 4 L.P.R.A. Ap. III-A.

El modo y el contenido para formalizar el escrito de ape-lación está regulado por las Reglas 4 y 5 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra.

El término para presentar la apelación en el Tribunal de Distrito está, a su vez, regulado por la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Regla 4 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra. Dicho término es de treinta (30) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra; Rodríguez Negrón v. Morales García, 105 D.P.R. 877, 878-879 (1977); Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204, 207-208 (1982) (en reconsideración); Calderón y Rivé, Manual de Procedimientos Apelativos, XXI (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 198 (1987). El mismo se interrumpe conforme a lo dispuesto en la Regla 53.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La presentación del escrito de apelación en el Tribunal de Distrito dentro del término de treinta (30) días es de carácter jurisdiccional.

Además, conforme a lo dispuesto en la Regla 53.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el apelante debe notificar a la otra parte o a su abogado de récord la presentación del escrito en el Tribunal de Distrito dentro dé ése término de treinta (30) días para apelar. Regla 4 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra; Calderón y Rivé, supra, pág. 202; I.N. Rivera, Las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior: un señalamiento de errores, 6 (Núm. 2) Boletín Judicial 2 (1984). Éste también es un requisito jurisdiccional. Ramos v. Condominio Diplomat, 117 D.P.R. 641 (1986). Cf. Cruz v. Flamingo Homes, Inc., 102 D.P.R. 490, 491 (1974). Estos términos no pueden ser prorrogados ni por el tribunal apelativo ni por el tribunal del cual se apela. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).

Por consiguiente, el incumplimiento con la presentación o notificación dentro del término para apelar acarrea, por disposición clara y expresa de las reglas, la desestimación del recurso defectuoso, ya sea por el Tribunal Superior sua sponte o a iniciativa de parte. Regla 4 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra’, Reglas 53.1 y 53.2 de Procedimiento Civil, supra; Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., supra, pág. 207. Se trata de un caso de falta de jurisdicción.

Las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior disponen, además, que el apelante debe presentar copia del escrito de apelación en el Tribunal Superior dentro del término de treinta (30) días para apelar. La presentación de la copia del escrito en el Tribunal Superior dentro de dicho término es de estricto cumplimiento. Su pre-sentación tardía es permisible de existir y demostrarse a ca-balidad una justa causa. Regla 4 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra; Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., supra; Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976). Como expresamos en Morales v. Méndez Más, 109 D.P.R. 843, 845 (1980), “[n]o permitiremos presen-taciones tardías de copia de ningún recurso en.la Secretaría del tribunal de apelación, a menos que la demora ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. (Énfasis suplido.) Cf. Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536 (1980).

La Regla 5 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra, regula el contenido del escrito de apelación. Dispone, en lo pertinente:

Regla 5. Escrito de apelación
(a) En casos civiles
El escrito de apelación en casos civiles contendrá lo si-guiente:
(1) Una referencia a la sentencia de la cual se apela, inclu-yendo el nombre de las mismas partes que aparecen ante el Tribunal de Distrito, añadiendo en los lugares apropiados la designación de “apelante” y “apelado”, y número del caso, el tribunal que dictó sentencia, la fecha en que se dictó la misma, la fecha en que se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia y la fecha de presentación de cualquier moción que pudiese interrumpir el plazo apelativo, si la hubiere, como también la'fecha en que la misma fue resuelta y la sala del Tribunal Superior para ante la cual se apela.
(2) Una relación fiel y concisa de los hechos pertinentes del caso.()
(3) Un señalamiento de los errores que a juicio del ape-lante cometió el Tribunal de Distrito.
(4) Una discusión de los errores planteados, incluyendo la cita y análisis de las autoridades legales pertinentes.
Si el apelante no cumpliere estrictamente con los requi-sitos antes mencionados, el Tribunal Superior desestimará la apelación, a solicitud de parte o á iniciativa propia. (Én-fasis y escolio suplidos.)

De la faz de la regla se desprende la naturaleza de estricto cumplimiento de tales requisitos de contenido.() Su incumplimiento sustancial conlleva, por mandato expreso de la regla, la desestimación de la apelación por el Tribunal Superior, sua sponte o a petición de parte. El cumplimiento con los requisitos de los subincisos (1), (2) y (3) de la Regla 5(a) de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra, es lo sustancial que requiere la apelación en cuanto a contenido, a los fines de que el tribunal apelativo entienda en el mismo. Adviértase que el cumplimiento con tales requisitos evita que se convierta el escrito en el “breve y lacónico anuncio de la ‘intención de apelar’ ”, Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., supra, que impide al tribunal apelativo considerar la apelación. Además, el apelante no pierde su derecho de apelación si cumple con esos requisitos una vez presentado y notificado el recurso en tiempo.

El incumplimiento con el subinciso (4) de la Re-gla 5(a) de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra, no derrota per se el derecho de apelación. El mismo trata de las cuestiones de derecho sobre las cuales el tribunal apelativo pasará juicio. El apelante debe incluir y fundamentar adecuadamente sus planteamientos de dere-cho, ya que generalmente el escrito de apelación constituye su alegato y sólo por justa causa, y con permiso del Tribunal Superior, se permitirá uno suplementario. Sólo así se coloca el Tribunal Superior en posición de evaluar y resolver las controversias de derecho planteadas en la apelación. Regla 8 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III-A; Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., supra; Calderón y Rivé, supra, pág. 205; Rivera, supra, pág. 3.

Aunque el incumplimiento con el requisito de contenido del subinciso (4) de la Regla 5(a) de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra, de ordinario no debe dar fundamento a la desestimación, el apelante debe subsanar rápidamente tal defecto y demostrar, además, detalladamente y a cabalidad una causa justificada para su incumplimiento. Queda a la sana discreción del Tribunal Superior determinar si hubo causa justificada para dicho incumplimiento.

Cabe señalar que la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que la apelación ante el Tribunal Superior no es un juicio de novo, sino una revisión de la sentencia de la cual se apela. 4 L.P.R.A. see. 122.

Finalmente, el apelante debe preparar y obtener la aprobación del Tribunal de Distrito de una exposición narrativa de la prueba dentro de los términos dispuestos en la Regla 6 de Apelación del Tribunal Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III-A.() En casos apropiados y previa justificación, puede solicitar al Tribunal Superior una trans-cripcion de evidencia. Regla 6, supra; Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

La decisión, en apelación, del Tribunal Superior sólo es revisable ante nos mediante certiorari. 4 L.P.R.A. sec. 122.

En resumen, una apelación de una sentencia final del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior tiene que interponerse, notificarse y perfeccionarse dentro del término y en la forma en que dispone la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior y las Reglas de Procedimiento Civil aplicables. El incumplimiento con el término para presentar el escrito en el Tribunal de Distrito y notificar el recurso a las otras partes acarrea la desestimación de plano, sin ulterior consideración de los méritos del caso.

HH HH HH

En el caso de autos la sentencia del Tribunal de Distrito fue archiváda en autos el 15 de abril de 1988. El día en que vencía el término para presentar y perfeccionar su escrito de apelación era el 16 de mayo de 1988.() En esa fecha la recu-rrida presentó un escrito qué no cumple estrictamente con las disposiciones de contenido de la Regla 5 de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra.( ) Pero, además, tal escrito fue notificado a la Compañía o su repre-sentante legal fuera del término para apelar (fue notificado el 24 de mayo de 1988). Por ello, el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para entender en el recurso y así debió decre-tarlo de plano.

En su comparecencia ante nos la recurrida aduce que, por razones de salud delicadas, su representante legal no pudo preparar adecuadamente el escrito de apelación.() Tal razón no prorrogó el término jurisdiccional para notificar el escrito a la otra parte. El lacónico escrito de apelación es totalmente inadecuado. En autos no existe justa causa para el incumplimiento con el subinciso (k) de la Regla 5(a) de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, supra.

Además, la recurrida no presentó copia del escrito en el Tribunal Superior ni adelantó justa causa para no hacerlo. No es hasta transcurrido un mes en exceso del término para apelar que presenta un escrito suplementario: la exposición narrativa presentada el 13 de junio de 1988. Sin embargo, la notifica a la Compañía el 16 de junio y no la presenta en el Tribunal Superior, donde los autos fueron presentados el 13 de septiembre de 1988.

Dada la naturaleza jurisdiccional del término de notificación a la parte apelada o a su abogado y el incumplimiento con dicho término, el Tribunal Superior debió declararse sin jurisdicción sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950).

Carece de fundamentos la alegación de la recurrida de que la Compañía se sometió tácitamente a la jurisdicción del Tribunal Superior al presentar su alegato en oposición a la apelación. Las partes no pueden darle jurisdicción sobre la materia al tribunal apelativo allí donde la ley no se la concede.

La conclusión a la cual arribamos hace innecesario que nos pronunciemos sobre si el despido de la recurrida estuvo o no justificado. Esta cuestión fue adjudicada por el Tribunal de Distrito y su dictamen advino final y firme al transcurrir el término para presentar, notificar y perfeccionar válida-mente el recurso de apelación en el Tribunal Superior.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Según la compañía Bourns Puerto Rico, Inc., la recurrida había abando-nado su empleo al no personarse a trabajar ni excusar su ausencia, luego de expi-rada una licencia por enfermedad que le fuera concedida. Ello violaba el Reglamento de Conducta de esta compañía.

      (2) Así surge del matasellos del correo ordinario impreso en el sobre donde el representante legal de la recurrida notificó tal moción a la peticionaria.

      (3) La relación de hechos del caso debe incluir no sólo el resumen de los procedimientos llevados a cabo en el Tribunal de Distrito, sino también los hechos propiamente en controversia.

      (4) Adviértase que en los casos criminales el inciso (b) de la Regla 5 de Apela-ción del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III-A, no con-tiene una disposición similar al segundo párrafo de su inciso (a) para casos civiles.

      (5) En. pro de la tramitación adecuada, rápida y económica de las apela-ciones, en estos casos es necesario que entre el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior exista coordinación y comunicación sobre el status del trámite apelativo en uno y otro foro. A tales efectos, el Tribunal Superior debe notificar al Tribunal de Distrito la disposición final que tome sobre el recurso, con el fin de evitar que este foro invierta tiempo y esfuerzo en la aprobación de una exposición narrativa de la prueba cuando aquél ha desestimado el recurso por cualquier otro funda-mento.

      (6) El término de treinta (30) días vencía el 15 de mayo de 1988, pero por ser domingo se extendió hasta el próximo día laborable. Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. IIÍ.

      (7) A continuación transcribimos el contenido del escrito de apelación en el caso de autos, el cual es totalmente inadecuado. Éste lee así:
      “Sentencia de la que se Solicita Apelación
      “Al Honorable Tribunal:
      “La demandante interesa la apelación de la Sentencia dictada el 14 de abril de 1988 por el Honorable Juez de Distrito Geigel A. Torres Rivera, archivándose la misma el 14 de abril de 1988. Depositada en el correo el día 15 de abril de 1988.
      “En dicha Sentencia el Honorable Tribunal determina que el despido de la demandante fue por justa causa y en consecuencia desestima la demanda en todas sus partes.
      “Breve Relación de Hechos
      “La parte demandante (apelante) presentó demanda contra la parte apelada alegando en síntesis que fue despedida de su empleo sin justa causa por su pa-trono Bourns Puerto Rico, Inc., por tal motivo era acreedora de los beneficios que confiere la Ley No. 80 del 30 de mayo de 1976. La parte demandada contestó dicha demanda alegando que el despido de la demandante fue una justa y de conformidad a la Ley No. 80 del 30 de mayo de 1976 ya que la causa de despido fue por haberse la demandante ausentado de su empleo por más de cinco (5) días laborables y sin notificar al patrono, violando así el reglamento de la Compañía.
      “La demandante no está de acuerdo con la Sentencia dictada en su contra y apela la misma ante el Honorable Tribunal Superior de Guayama, por entender que la sentencia no se ajusta a Derecho ni a la prueba desfilada.
      “POR Todo LO Cual: Respetuosamente solicitamos del Honorable Tribunal acepte la presente apelación y nos conceda término para escuchar las gravaciones [sic] del día de la vista y así poder hacer nuestras alegaciones y luego de los trámites correspondientes revoque la Sentencia dictada y declare Con Lugar la demanda.” Anejo G, pág. 0017.

      (8) En su oposición a la moción de desestimación la representación legal de la recurrida adujo que estuvo recibiendo tratamiento de un cardiólogo el día en que se presentó el escrito y que con éste se pretendía, por lo menos, interrumpir el término de la apelación.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Julio R. Octaviani Muñoz.

      Número: 7003

      Resuelto: 21 de diciembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina dé Inspección de Notarías.
   PER CURIAM:

Por no haber rendido índices notariales desde abril de 1988, el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos refirió el 18 de mayo de 1989 el asunto del notario Julio R. Octaviani Mu-ñoz para la correspondiente acción. El 2 de junio de 1989 le concedimos un término de cinco (5) días para que los rindiera y le ordenamos, además, que dentro de dicho término mos-trara causa por la cual no debía ser disciplinado como nota-rio. El licenciado Octaviani Muñoz no compareció ni rindió los índices y, mediante Resolución de 29 de junio de 1989, lo suspendimos temporeramente como notario y ordenamos la incautación de su protocolo.

Mediante la misma resolución, concedimos un término final para rendir los índices y le ordenamos que dentro del mismo término mostrara causa por la cual no debía ser disci-plinado como abogado. Todavía el licenciado Octaviani no ha comparecido ni cumplido con la resolución.

Ante el reiterado incumplimiento con las órdenes de este Tribunal, actuación que menoscaba nuestra jurisdicción dis-ciplinaria y la integridad y eficacia del orden jurídico de nuestra sociedad, procede decretar su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía hasta que acredite su disposi-ción de cumplir estrictamente con nuestras resoluciones y explique satisfactoriamente su actuación. In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758 (1988); In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 485 (1988); In re La Fontaine Martell, 123 D.P.R. 433 (1989).

Se dictará sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Franklin Ortiz Rivera, etc. demandantes y peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados; National Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: CE-85-801

      Resuelto: 22 de diciembre de 1989

      Ramón Negrón Soto y Luis A. Rivera Cabrera, de Sweeting, Gon-zález & Cestero, abogados de los peticionarios; Héctor Rei-chard De Cardona y Mayra Sol Meléndez Velázquez, de Lasa, Escalera & Reichard, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El 11 de mayo de 1983 un grupo de cuarenta (40) familias constituidas por unas ciento sesenta y seis (166) personas residentes en la Urbanización Fajardo Gardens se unieron para presentar una demanda de daños y perjuicios por razón de las pérdidas y daños sufridos durante unas inundaciones acaecidas el 13 de mayo de 1982 y el 21 de abril de 1983.

Los demandantes alegaron que las inundaciones se de-bieron a que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico permi-tió que se ampliara un antiguo puente español, que se canali-zara la quebrada Fajardo, que se ensanchara la carretera que bordeaba la urbanización y que se construyeran unos nuevos puentes en contravención a los resultados de los estu-dios hidrológicos que se prepararon para hacer estas me-joras y que eran requisitos para la aprobación del plano de construcción de la Urbanización Fajardo Gardens. En conse-cuencia, fueron múltiples las partes demandadas: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Municipio de Fajardo, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Armenteros, Coll y Pietri, los herederos de un causante de dicha Sociedad, Homewood Corp., Fajardo Homes, Inc., Bayamón Builders, Inc. y varias aseguradoras.

Presentada la demanda, los demandados Municipio de Fajardo, Homewood Corp., Belén Pietri, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Alejandro R. Coll sometieron a cada uno de los demandantes siete (7) pliegos de extensos interrogatorios con aproximadamente novecientos (900) re-querimientos de información individuales, los que fueron contestados y notificados a cada una de las partes deman-dadas. Posteriormente, el 5 de enero de 1984, la codeman-dada Homewood Corp. notificó un aviso de toma de deposi-ciones para cada uno de los demandantes que se comenzaron a tomar en agosto de 1984 y se finalizaron el 13 de diciembre de ese mismo año.

Mientras se tomaban dichas deposiciones, el 16 de marzo de 1984 Homewood Corp. presentó demanda contra tercero para traer al pleito a su aseguradora National Insurance Company (National). Posteriormente, el 18 de enero de 1985, mediante enmienda a la demanda original, la parte deman-dante incluyó a National como codemandada.

National, a quien los demandantes le habían notificado copia de las contestaciones a los interrogatorios sometidos por los codemandados y que estuvo representada legalmente en la toma de las deposiciones, notificó el 22 de abril de 1985 un pliego de interrogatorios y requerimiento de admisiones dirigido a todos los demandantes y, más adelante, el 13 de mayo de 1985, notificó a ciertos demandantes otro interroga-rio titulado “Interrogatorio específicamente relacionado a la respuesta número 26 de interrogatorio notificado por el co-demandado Municipio de Fajardo a la parte demandante el 28 de junio de 1983”.()

El 28 de mayo de 1985, en cumplimiento de una orden dictada por el tribunal, los abogados de la parte demandante y National se reunieron para discutir sus diferencias en rela-ción con el descubrimiento de prueba. National insistió en que se contestaran las preguntas 5,6,8,18,19,20,27 y 32 del interrogatorio de 22 de abril de 1985 y la totalidad de los interrogatorios de 13 de mayo de 1985. Los demandantes, mediante “Moción en solicitud de orden protectora y obje-tando interrogatorios” de 20 de junio de 1985, objetaron los interrogatorios alegando que la información objeto de los in-terrogatorios había sido prestada en las contestaciones a los interrogatorios anteriores sometidos por los codemandados, los cuales se le habían notificado a National, por lo cual los mismos resultaban hostigantes y opresivos. Se celebró vista para la discusión de dicha moción y el 24 de octubre de 1985 el tribunal de instancia la declaró no ha lugar y ordenó a los demandantes, aquí peticionarios, a que contestaran los inte-rrogatorios en el término de treinta (30) días. Como resul-tado de esta orden acudieron ante nos los demandantes me-diante solicitud de certiorari y alegaron que erró el tribunal de instancia al declarar no ha lugar a la orden protectora, lo que permitía la sobreutilización de los mecanismos de descu-brimiento de prueba.

En auxilio de nuestra jurisdicción, paralizamos lós proce-dimientos en cuanto al descubrimiento de prueba entre los demandantes y National, y concedimos término a la deman-dada National para que mostrara causa por la cual no debí-amos expedir el auto y tomar las providencias siguientes: revocar la orden recurrida para relevar a los demandantes de contestar los interrogatorios por ser irrazonables, opre-sivos, onerosos, repetitivos y haber sido notificados tardía-mente, o en la alternativa, restringir el alcance del interro-gatorio a aquellas preguntas que no sean repetitivas o que pudieron haber sido descubiertas por National mientras par-ticipaba en el proceso de descubrimiento anterior a ser in-cluida como demandada y exponer razones por las cuales no debíamos adoptar por vía de interpretación, la norma reco-gida en la Regla 26(b)(1) federal. La codemandada National ha comparecido. Estamos en condición de resolver la contro-versia sometida y así procedemos a hacerlo.

La multiplicidad de partes, el monto de las cuan-tías reclamadas, el extenso y complicado descubrimiento de prueba y la complejidad de las controversias planteadas en el caso de autos nos mueven a concluir que estamos ante uno de los llamados casos complejos que por su naturaleza re-quieren una atención particular por parte de los tribunales en lo referente al descubrimiento de prueba. Así, en Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 849-850 (1986), dijimos:

En casos complejos como el de autos los jueces tienen que mantenerse alertas al potencial que existe para el abuso, ya sea por el uso inadecuado o excesivo de los mecanismos de descubrimiento. Tienen que estar dispuestos a intervenir me-diante la emisión de guías y órdenes apropiadas para conjurar los problemas en sus inicios.
Resulta, pues, indispensable que en este tipo de caso el tribunal, desde su comienzo, identifique los problemas poten-ciales y tome control del caso. (Citas y escolio omitidos.)

En este contexto es que debemos evaluar la procedencia de los interrogatorios objeto de este recurso. El ordenamiento procesal vigente permite un descubrimiento de prueba amplio con dos (2) limitaciones: que la materia objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que la misma sea pertinente al asunto en controversia en el pleito. () Aun cuando el concepto “pertinencia” en el descubrimiento de prueba es más amplio que el utilizado para resolver problemas evidenciarios, el mismo no es ilimitado. Así, en General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986), señalamos:

El concepto pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma justa, rápida y eco-nómica.

Sin embargo, aun cuando la materia objeto del descubrimiento sea pertinente, el tribunal puede emitir órdenes dirigidas a proteger a las partes o a otras personas de hosti-gamiento, perturbación, opresión y gastos o molestias inde-bidas en el desarrollo del descubrimiento de prueba.()

Las cortes en la jurisdicción federal, mediante el uso de estas órdenes protectoras, comenzaron a contrarrestar el uso excesivo, repetitivo y desproporcionado de los métodos de descubrimiento que surgían como consecuencia del al-cance amplio del mismo. N. Waxner, B. Chase y J. Phillips, Bender’s Federal Practice Manual, Mathew-Bender, 1984, Vol. 1, Sec. 60.2. En consecuencia, para evitar el uso excesivo y redundante de los mecanismos de descubrimiento de prueba, se enmendó la Regla 26(b)(1) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., equivalente a la 28.1(a) nuestra, supra, para señalar en forma específica las circunstancias en las que la corte debía intervenir para limitar el descubrimiento, y se dispuso que:

La frecuencia o el alcance del uso de los métodos de descu-brimiento relacionados en el inciso (a) se limitará por la corte si la misma determinare que: (i) el descubrimiento solicitado es irrazonablemente acumulativo o repetitivo, o puede obte-nerse mediante otro procedimiento más conveniente, menos oneroso o menos costoso; (ii) la parte que solicita el descubri-miento hubiera tenido amplia oportunidad para obtener la in-formación solicitada mediante descubrimiento en el pleito; o (iii) el descubrimiento es indebidamente oneroso o costoso, to-mando en consideración las necesidades del caso, la cuantía en controversia, la limitación de los recursos de las partes y la importancia de las cuestiones en disputa en el litigio. La corte podrá actuar a su propia iniciativa después de una notificación razonable o de acuerdo con una moción a tenor con el inciso (c). Regla 26 de Procedimiento Civil para las Cortes de Dis-trito de los Estados Unidos, Práctica Forense Federal, Ed. Equity, 1987, pág. 46.

Idéntico enfoque se siguió en la Guía 3 de las Guias pro-puestas para dirigir la fase del descubrimiento de prueba en casos complejos preparadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial en mayo de 1988, pág. 35, que dispone:

Guía 3 El alcance del descubrimiento de prueba; sus limita-ciones y principios generales
En la conferencia inicial el juez informará a las partes la nece-sidad de establecer un. esquema uniforme que permita la coor-dinación y participación efectiva de éstas en el uso de los me-canismos de descubrimiento de prueba, y así viabilizar la pronta, justa y económica solución del caso. El tribunal to-mará en consideración los límites y restricciones impuestos al alcance del descubrimiento de prueba, según lo dispuesto en la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, en estas guías, o en cua-lesquiera otras pertinentes al proceso. Esto significa que el descubrimiento de prueba estará supeditado a las siguientes limitaciones o principios generales:
a) la información solicitada no será acumulativa o düplica-tiva;
b) las partes deben explorar si el descubrimiento solicitado es más fácil de obtener de otras fuentes más accessibles;
c) las partes deben obtener el máximo de beneficios y utili-dad de cada método que piensen usar para evitar la duplica-ción y la redundancia;
d) el descubrimiento solicitado no debe ser oneroso, y debe estar en armonía con las controversias del caso, las cuantías reclamadas, las limitaciones de recursos de las partes y la complejidad de las cuestiones en litigio;
e) el tribunal debe explorar y proporcionar, en consulta con los abogados de las partes, mecanismos para protejer (sic) y garantizar la confidencialidad de los documentos y testimo-nios, de acuerdo con lo dispuesto en estas guías. ()

A la luz de estos criterios procedemos entonces a evaluar los interrogatorios objetos de este recurso. En lo referente al interrogatorio de 22 de abril de 1985, el tribunal de instan-cia ordenó que se contestaran las preguntas siguientes:

5. Indique la institución escolar a que asisten cada uno de sus hijos al momento de contestar este interrogatorio. (Indi-cando por separado el nombre del hijo y las instituciones). Diga además la institución escolar a la que han asistido desde 1980 hasta el presente. Incluya nombre y dirección de la es-cuela, así como el año académico en que su hijo asistió a ésta.
6. Desglose el índice académico de cada uno de sus hijos para los años de 1980 al 1985. Incluya copia de los récords académicos de sus hijos para cada año escolar mencionado.
8. Indique nombres y direcciones de todos y cada uno de los clubes, asociaciones, entidades religiosas y/o cualquier otro grupo o entidad a la cual pertenece usted y/o su esposa y/o sus hijos. Diga la fecha en que se relacionó por primera vez con aquellos grupos mencionados.
18. Admita que la lluvia comenzó a caer de forma constante desde el 20 de abril de 1983,
19. ¿Cómo describe usted la naturaleza de los aguaceros para esa fecha? (Debe contestar a los efectos de si eran fuertes y/o débiles y/o intermitentes y/o constantes, etc.).
20. Con respecto a la alegación del párrafo número 8 de la demanda, indique:
a) ¿Cómo tuvo conocimiento usted por primera vez de que se había desbordado la quebrada Fajardo en el puente número 112? Si se lo informó alguna persona, indique su nombre y dirección.
b) ¿Dónde se encontraba usted a la hora expuesta en su contestación a la pregunta número 17?
c) ¿Quiénes le acompañaban a dicha hora y qué actividad realizaban? Indique nombre y dirección de las personas men-cionadas.
27. Explique en detalle la alegación número 20 de su de-manda. Desglose por días la pérdida de ingresos alegada. In-cluya copia de su planilla de contribución sobre ingresos para los años de 1980 a 1985.
32. Indique si usted en alguna ocasión antes y después de las fechas alegadas en la demanda usted y/o su esposa y/o sus hijos han visitado algún sicólogo, siquiatra o cualquier otro profesional de la salud mental. De contestar en la afirmativa, indique:
a) Fecha de la visita y/o cada una de las visitas.
b) Nombre y dirección del médico que le atendió.
c) Razón por la cual visitó al médico en esa(s) fecha(s). Petición de certiorari, Exhibit 11, págs. 87-91.

Un examen cuidadoso del descubrimiento de prueba efec-tuado hasta este momento nos mueve a concluir que ía parte demandante sólo deberá contestar las preguntas 18,19 y 20. Las mismas resultan pertinentes a la controversia ya que se dirigen específicamente a obtener información sobre las inundaciones que dieron fundamento a la demanda. Además, la información solicitada no ha sido objeto de interrogatorios anteriores.

Las preguntas 5, 6 y 8 que solicitan los nombres de los clubes o asociaciones a los que han pertenecido los demandantes y los nombres de las escuelas a las que han asistido sus hijos con sus correspondientes récord académicos resultan impertinentes a la controversia sobre negligencia y a la reclamación de daños que se incluyen en la demanda. Ciertamente la materia objeto de estas preguntas no tiene “una posibilidad razonable de relación con el asunto en con-troversia”. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982).

Finalmente, las preguntas 27 y 32 resultan repetitivas, ya que la información solicitada se ha requerido en interrogatorios anteriores y sus correspondientes contestaciones han sido notificadas a National. Por lo tanto, permitir estas preguntas ocasionaría molestias y gastos indebidos a los demandantes.

La pregunta 27 que solicita a los demandantes que expli-quen la pérdida de ingresos alegada en la demanda y solicita copia de las planillas para los años 1980 a 1985 fue cubierta en la pregunta 34 del interrogatorio sometido por Homewood Corp., asegurada de National, el 5 de enero de 1984. En el mismo se le solicitó a cada uno de los demandantes que detalla-ran los hechos específicos en los que se fundaron para estimar la pérdida de ingresos en quinientos (500) dólares por fami-lia.() Igualmente, en las preguntas 41, 42, 43 y 44 del interro-gatorio sometido por Belén Pietri a los demandantes en 24 de agosto de 1983 se cuestionó específicamente esta partida.()

Finalmente, en la pregunta Núm. 21 del interrogatorio sometido por Homewood Corp. el 5 de enero de 1984 se soli-citó copia de las planillas de los demandantes hasta 1984, las cuales fueron sometidas.

La pregunta 32 que cuestiona a los demandantes si han acudido a tratamiento siquiátrico o sicológico también ha sido cubierta en interrogatorios anteriores. Específica-mente, en las preguntas 22 y 29 del interrogatorio sometido por Homewood Corp. el 5 de enero de 1984 se cuestionó si los demandantes habían estado en tratamientos siquiátricos o sicológicos, se solicitaron los récord médicos de esos trata-mientos y el currículum vitae de los doctores a cargo del mismo.()

En conclusión, del interrogatorio notificado por National el 22 de abril 1985 los demandantes sólo deberán contestar las preguntas 18, 19 y 20. Las preguntas 5, 6 y 8 resultan impertinentes y las preguntas 27 y 32 son repetitivas, y el contestarlas ocasionaría gastos y molestias indebidas a los demandantes.

Finalmente, con relación a los interrogatorios sometidos por National el 13 de mayo de 1985 en los que solicitan que los demandantes aclaren sus contestaciones a la pregunta Núm. 26 del interrogatorio notificado por el Municipio de Fajardo el 28 de junio de 1983, concluimos que el mismo no es repetitivo ya que se dirige a aclarar ciertos datos sobre los daños especiales sufridos por distintas propiedades de los demandantes.

La referida pregunta Núm. 26 requería de cada uno de los demandantes que hicieran un desglose de los daños su-fridos en sus propiedades, las marcas, los modelos, los nú-meros de serie, la descripción, la fecha de adquisición, las reparaciones y el costo de las reparaciones. Los deman-dantes contestaron esta pregunta en forma de una tabla en la cual para cada una de las propiedades informaban los datos solicitados.

Sin embargo, los interrogatorios notificados por National no se refieren a todas esas propiedades y a los mismos datos solicitados. Se trata de interrogatorios sometidos a 21 de los 39 demandantes y se refieren específicamente a ciertos bienes muebles de los demandantes con el propósito de acla-rar los datos sobre la reparación de los mismos.

La Guía 20 de las Guías propuestas para dirigir la fase del descubrimiento de prueba en casos complejos, ante, específicamente dispone:

Guía 20 Duplicidad de interrogatorios
Las partes con intereses, reclamaciones o defensas simi-lares deben evitar la repetición de interrogatorios dirigidos a partes adversas, que contengan preguntas a las que ya se ha-yan provisto contestaciones previas. Esto no limita el derecho de una parte de requerir contestaciones adecuadas o de cues-tionar interrogatorios que estén incompletos, si así fuese el caso.

Precisamente, lo que se trata de buscar en este grupo de interrogatorios es información que no se brindó en las con testaciones anteriores a la pregunta notificada por el Munici-pio de Fajardo, por lo que es necesario clarificar las contro-versias en torno a los daños especiales reclamados.

Por todo lo anterior, se expedirá el auto y se modifica la Orden de 29 de octubre de 1985 a los fines de relevar a los demandantes de contestar las preguntas 5, 6, 8, 27 y 32 del interrogatorio notificado por National el 22 de abril de 1985. Se devolverá el caso para que continúen los procedi-mientos en forma cónsona con estos pronunciamientos.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

      (1) Este interrogatorio fue notificado a los demandantes siguientes: Franklin Ortiz Rivera, Harry Santiago, Tomás Alejandro Estrada, Pablo Cruz Bonilla, José Amauri Rivera, José Ramón Rodríguez Velilla, José R. Martínez Pagán, Gregorio Montañez, Máximo Feliciano, Georgina Reyes Vda. de Aguiar, Lydia E. Rivera Torres, Juan F. Méndez, Miguel Rivas Rivera, Mercedes López, Víctor Fuentes, Carmelo Avillán, Miguel Gautier, Ángel Noel Rivera, Juan Antonio Rosa, Benigno Ramírez y Ramón L. Rosado Pérez.

      (2) La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en lo perti-nente, dispone:

        “28.1 Alcance del descubrimiento

      “El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea limitado de algún modo por el tribunal, de conformidad con las disposiciones de estas reglas, será como sigue:

        “(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, inclu-yendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y localización de cualesquiera libros, documentos u otros objetos tangibles y la identidad y direc-ción de personas que conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una pro-babilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evi-dencia admisible.”

      (3) La Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en lo perti-nente, dispone:

        “28.2. Ordenes protectoras

      “A solicitud de parte o de la persona en relación con la cual se utiliza el descubrimiento, y por justa causa, el tribunal podrá emitir cualquier orden que se requiera en justicia para proteger a dicha parte o persona de hostigamiento, per-turbación u opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebido.”

      (4) Véase In re: Guías para uniformar el procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo y Guías propuestas para dirigir la fase del descubrimiento de prueba en casos complejos, Resolución de 3 de mayo de 1989, en la cual expresamos:
      “Vistos y examinados los informes correspondientes a las Guías Para Uni-formar el Procedimiento de Divorcio por Consentimiento Mutuo y las Guías Para Dirigir la Fase del Descubrimiento de Prueba en Casos Complejos some-tidos a la consideración de la Conferencia Judicial en su sesión de mayo de 1988, el Tribunal entiende que las mismas constituyen una valiosa aportación para con-ferir la mayor uniformidad posible en los dictámenes judiciales y brindar certeza a los ciudadanos y abogados que acuden a los Tribunales reclamando justicia.
      “La utilización de estas guías por los Jueces del Tribunal de Primera Instan-cia es discrecional y en su aplicación a los asuntos ante su consideración ellos deberán atender los hechos particulares del caso de que se trate, así como su recta interpretación del derecho.”

      (5) “34. Refiérase al párrafo 20 de su demanda. Diga:
      “A Los hechos específicos en los cuales usted se basa para reclamar la canti-dad de $500.00 como pérdida de salario tal y como se alega en el párrafo 20 de la demanda.” Petición de certiorari, Exhibit 4, pág. 48.

      (6) “41. Diga si usted estaba empleado en trabajo renumeratorio para la fe-cha del accidente.
      “42. De ser así, por cada empleo, diga:
      “a) El nombre, dirección y negocio de su patrono;
      “b) Las fechas inclusivas de su empleo;
      “c) La tasa de paga o método por el cual se determinaba su compensación;
      “d) Su compensación bruta, (antes de las deducciones) para la fecha del accidente;
      “e) Su compensación neta por mes para la fecha del accidente.

        “43. Diga si usted se ha ausentado de su trabajo como resultado de esta alegada ocurrencia.
      “44. De ser así, diga:
      “a)' Cada fecha en que usted se ausentó de su trabajo;
      “b) El número total de horas y días perdidos;
      “c) Diga si se le pagó durante su ausencia, y de ser así, porqué razón y qué cantidad.” Petición de certiorari, Exhibit 5, págs. 54-55.

      (7)“Refiérase al párrafo 24 de su demanda. Diga.
      “C Diga si el (sic) ocasión alguna usted ha requerido los servicios y/o ha estado sometido a tratamiento por parte de un siquiatra. Si su contestación es en la afirmativa, entonces diga:
      “i. Identifique cada uno de los mismos.
      “ii. Exponga un curriculum vitae completo de todos y cada uno de dichos facultativos, incluyendo pero no limitado a, organizaciones profesionales a las cuales pertenece, número de licencia, educación y experiencia.
      “iii. Haga una relación completa y taxativa de todas y cada una de las visi-tas y/o consultas profesionales que usted ha realizado con dichos facultativos.
      “iv. Acompañe, con sus contestaciones a estos interrogatorios, copias fieles y exactas de los records y/o expedientes que mantienen todos y cada uno de dichos facultativos en relación con su persona y/o en relación con el tratamiento que le han dado. Incluya, pero no se limite a, copias de aquellos documentos que demuestren loé diagnósticos o prognósticos [sic] en relación con cualquier padeci-miento suyo.
      “D Conteste los interrogatorios inmediatamente anteriores (c (i) a c (iv)) pero en relación con sicólogo que lo haya atendido.” Petición de certiorari, Exhibit 4, págs. 43-44.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor L.R.R., apelante.

      Número: CE-88-291

      Resuelto: 28 de diciembre de 1989

      Ronald Barran Lake y Judith Báez Muñoz, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogados de la apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

La menor apelante fue hallada culpable de agresión agra-vada e infracción al Ar£, 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414. El Juez del Tribunal Superior, Asuntos de Menores, la dejó en libertad a prueba bajo la custodia de sus abuelos paternos y la supervisión del tribunal por los próximos tres (3) años.

Xnconforme con este dictamen, acude ante nos a cuestio-nar la aplicabilidad de las excepciones contenidas en la Regla 27(D) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV,() en la modalidad del privilegio de los cónyuges conocida como “imposibilidad testifical”.

Luego de examinar la exposición narrativa de la prueba así como la doctrina y jurisprudencia aplicables, procede la confirmación de la sentencia del tribunal de instancia por en-tender que en el caso de autos no aplica el privilegio de los cónyuges.

I

De los autos originales y de la exposición narrativa de la prueba se desprende que el 20 de febrero de 1988, durante una discusión en su hogar, la apelante L.R.R. agredió a su esposo, C.G.V., con un cuchillo de cocina, causándole una he-rida en el glúteo izquierdo que requirió tres (3) puntos de sutura. Este incidente es secuela de un historial matrimonial originado en una violación cometida contra ella por el Sr. C.G.V. y el consiguiente nacimiento de un niño en un hogar caracterizado por intensos conflictos.

En esta ocasión, el esposo se querelló a la policía y ésta remitió el asunto al Tribunal Superior, Asuntos de Menores. Allí se determinó causa probable contra la menor por agre-sión agravada e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

Llamado el caso para la vista en su fondo, cuando ya la pareja estaba en trámites de divorcio, la defensa planteó que el único testigo de cargo, el perjudicado, no quería declarar contra su cónyuge y, por lo tanto, que aplicaba el privilegio reconocido por la Regla 27(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. iy en su modalidad de incapacidad testifical. El Procurador de Menores se opuso a la petición de la defensa y el tribunal declaró sin lugar el planteamiento esbozado por la apelante.

Se procedió a llamar a declarar al Sr. C.G.V., esposo de la apelante. Al Procurador de Menores preguntarle sobre lo su-cedido el 20 de febrero de Í988, la defensa objetó, el juez intervino y a preguntas de éste el testigo manifestó lo si-guiente: o. que no quería declarar en contra de su esposa, no le quería hacer daño, ya se habían contentado, tenían un hijo que hacía pocos meses había nacido y este proceso los estaba afectando adversamente.” Alegato de la apelante, pág. 2. No obstante, el tribunal le ordenó que declarara. A esto la defensa se opuso y expresó que se cumplían los requi-sitos enumerados en la Regla 27(B) de Evidencia, supra, y que el privilegio de los cónyuges aplicaba de manera abso-luta.

El Procurador de Menores refutó el planteamiento de la apelante y argüyó que al inciso (B) de la referida Regla 27 le aplicaban las excepciones contenidas en el inciso (D) y que como este caso era uno bajo la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2201 et seq., no procedía que se levan-tara el privilegio. Luego de evaluar los planteamientos de ambas partes, el tribunal pidió al esposo de la apelante que declarara. Éste, sin mayor objeción y sin haber sido amena-zado con un posible desacato, relató lo acontecido en su resi-dencia el 20 de febrero de 1988. A preguntas de la defensa, el testigo manifestó que no era la primera vez que discutía con su esposa y que en discusiones anteriores, similares a la que provocó el incidente, le había pegado.

Luego de finalizado el testimonio del único testigo de cargo, el Procurador de Menores sometió el caso. La defensa no presentó testigos ni expuso defensa alguna para justificar la actuación de la menor. La apelante L.R.R. fue hallada culpable de las faltas imputadas.

En su escrito de apelación nos señala la comisión de los errores siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al obligar al cónyuge de la apelante a testificar en su contra, a pesar de haber aquél insistido que no deseaba declarar por ser ella su esposa. Esta determinación del Tribunal es con-traria a lo dispuesto en el inciso (B) de la Regla 27 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.
2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que el inciso (D)(3) de la Regla 27 de las de Evidencia es de aplicación como excepción al inciso (B) de la misma Regla.
3. El interpretar que el inciso (D)(3) es una excepción al inciso (B) de la Regla 27 de las de Evidencia, va en contra del interés público apremiante de mantener la unidad familiar y en contra de la filosofía humanista y rehabilita-dora de la Ley de Ménores de Puerto Rico y además constituye una clasificación sospechosa por edad.
4. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al obligar al cónyuge perjudicado a testificar en contra de ía menor apelante; se ha violado el debido proceso de ley garanti-zado por la Sección 7 del Artículo 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alegato de la apelante, pág. 40.

HH HH

En la jurisdicción federal el privilegio de los cónyuges se origina en el derecho común para proteger a la institución unitaria del matrimonio que consideraba que la mujer no te-nía personalidad propia. Inicialmente la doctrina se aplicó para impedir que un cónyuge testificara a favor o en contra del otro. Stein v. Bowman, et al., 38 U.S. 209 (1839): Jin Fuey Moy v. United States, 254 U.S. 189 (1920). Sin embargo, en vista de los cambios en la concepción del matrimo-nio y, particularmente, el reconocimiento de los derechos de la mujer, la doctrina sufrió modificaciones graduales hasta culminar en la norma consagrada en la Regla 501 de Eviden-cia federal y en nuestra Regla 27 (32 L.P.R.A. Ap. IV), que permiten a un cónyuge testificar voluntariamente en contra del otro. Véanse: Trammel v. United States, 445 U.S. 40 (1980); M. Larkin, Federal Testimonial Privileges, Nueva York, Ed. Clark Boardman, 1985, pág. 4-1; Stone y Liebman, Testimonial Privileges, Colorado, Ed. McGraw-Hill, 1983, pág. 332 et seq.

La Regla 27 de Evidencia, supra, tiene dos (2) modalidades del privilegio: la primera, conocida como “regla de exclusión de comunicaciones confidenciales”, y la otra denominada “doctrina de incapacidad testifical”.

El privilegio en su vertiente de imposibilidad testifical no estaba previsto en el proyecto original sobre las nuevas re-glas de evidencia sometido a la Asamblea Legislativa. En los comentarios a las reglas contenidos en el proyecto se justi-ficó la exclusión de esta modalidad del privilegio porque la regla estaba fundamentada en un “dogma religioso arcaico”. Proyecto de Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado, 1979. Sin embargo, la Legislatura entendió que, por consideraciones de política pú-blica y para preservar la institución del matrimonio, era ne-cesario que se añadiera la regla de imposibilidad testifical y así lo hizo en el apartado (B).

No obstante, su incorporación a la Regia 27, supra, creó un problema adicional. En la propia disposición no se aclaró si las excepciones contenidas en el apartado (D) de la regla aplicaban también a la nueva regla de incapacidad testifical o si solamente se referían a las comunicaciones privilegiadas contenidas en el proyecto original.

Nuestra jurisprudencia posterior a la aprobación de las reglas no ha examinado este asunto. Sin embargo, en nues-tras interpretaciones del antiguo privilegio() seguimos el enfoque restrictivo de la jurisprudencia federal. En Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335 (1961), rechazamos la táctica usada por un acusado de casarse con una testigo potencial en su contra para evitar que ésta declarara y en Pueblo v. Correa, 34 D.P.R. 884 (1926), establecimos que la excepción recono-cida de que se permitía a un cónyuge declarar contra otro aplicaba tanto en casos de delitos graves como menos graves. De igual forma, en Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704, 717 (1970), donde un esposo defraudó a su esposa al vender una propiedad ganancial sin la autorización de ésta, per-mitimos su testimonio en una acción civil y afirmamos:

... [L]a razón de la regla que establece la prohibición [de que un cónyuge declarara contra el otro] deja de tener aquí contenido real porque la conservación del matrimonio entre el acusado y su esposa es ilusorio ....

No obstante, algunos estudiosos del derecho probatorio, incluso el Comité de Mejoras a las Reglas de Evidencia del American Bar Association, han recomendado la eliminación total de este privilegio. Sobre este asunto el profesor Chiesa nos comenta:

La eliminación de la regla es la mejor solución. Si el testi-monio de un cónyuge es a favor del otro, la impugnación me-diante móvil o interés es suficiente. Si el testimonio es contra el cónyuge, debe distinguirse la situación de cuando el cón-yuge quiere o no declarar, es decir si es compelido o no a ha-cerlo. Si declara voluntariamente, no hay relación alguna que proteger mediante la regla de incapacidad. Si declara por obli-gación, entonces, y sólo entonces, es que es necesario hacer un análisis de balance de intereses con miras de determinar si debe prevalecer el privilegio o debe prevalecer el principio de que la verdad salga a la luz en los procedimientos. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, pág. 130.

No nos compete a nosotros desde este estrado apelativo determinar la conveniencia de eliminar la referida disposición. Esa es función exclusiva de la Legislatura. Sin embargo, como últimos intérpretes de la ley debemos evaluar la aplicabilidad de las excepciones contenidas en el apartado (D) al apartado (B) de la Regla 27 de Evidencia, supra.

Como punto de partida debemos recurrir a la letra de la ley para determinar su significado. Un examen de la Regla 27, supra, revela que las excepciones contenidas en el apartado (D) aplican tanto a la regla de imposibilidad testifical como a la de las comunicaciones privilegiadas. El referido apartado dice que “no existe el privilegio bajo esta regla . . .”. Por lo tanto, del propio lenguaje del apartado podemos concluir que las excepciones aplican a la regla en su totalidad.

En buena hermenéutica jurídica, el estatuto en su totalidad tiene que ser considerado para determinar el significado de cada una de sus partes. “Con ello se persiguen dos propósitos: aclarar ambigüedades y hacer de la ley un todo armónico y efectivo. Esto significa que toda ley debe ser examinada y comparadas sus partes, de suerte que sean he-chas consistentes y tengan efecto. Para ello, deben interpre-tarse las diferentes secciones, las unas en relación con las otras, complementando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador. No se pueden to-mar aisladamente los distintos apartados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o sea, íntegramente.” (Citas omitidas.) R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, pág. 315. Véanse, además: Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789, 793 (1942); Pueblo v. Pérez Escobar, 91 D.P.R. 10 (1964); P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8 (1981); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 90 (1983); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983).

En el informe emitido por el comité creado para el exa-men de las Reglas de Evidencia se llegó a la misma conclu-sión. Es decir, las excepciones aplican tanto a las comunica-ciones privilegiadas como a la regla de imposibilidad testifical.

La pregunta de rigor es ¿cuáles de las excepciones aplica-bles al apartado (C) —regla de comunicaciones— son aplica-bles al apartado (B) —regla de la capacidad testifical — ? El Comité estima que la respuesta es la siguiente: todas las ex-cepciones del apartado (D) se aplican a las comunicaciones confidenciales a que alude el apartado (C). En cuanto a la norma de que un cónyuge no puede ser obligado a testificar a favor o en contra del otro —apartado (B)— las excepciones del inciso (D) también se aplican, salvo las dispuestas en los apartados (4) y (7) que se refieren expresamente a “comunica-ciones”. Después de un debate, el Comité estimó que no debía enmendarse la regla, sino hacer el señalamiento en el comen-tario. Primer Examen de las Reglas de Evidencia de 1979, Comentarios y Recomendaciones.

La sugerencia del Comité fue acogida favorablemente. Los propios comentarios a las reglas establecen claramente que las excepciones aplican tanto al privilegio de comunica-ciones confidenciales como al de imposibilidad testifical. Co-mentarios a la Regla 27 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

HH HH H-l

En el caso de autos no aplica la regla de imposibilidad testifical. Se trata de un procedimiento criminal contra un cónyuge bajo las disposiciones de la Ley de Menores de Puerto Rico, una de las excepciones contenidas en el inciso (D) de la regla.

El argumento esbozado por la apelante sobre la necesidad de hacer un balance de intereses cuando aplica una de las excepciones no nos persuade. Si fuera así, las excepciones no tendrían ninguna aplicabilidad práctica, pues para implantarlas habría que hacer un balance de intereses similar al hecho cuando procede el privilegio. Definitivamente esto contraviene la interpretación restrictiva que permea la interpretación de los privilegios y derrota la intención del legislador al crear excepciones en la regla.

En las circunstancias particulares de este caso no pro-cede la invocación de este privilegio. Cuando se celebró la vista, el matrimonio estaba en vías de disolverse y no hay ninguna relación conyugal que proteger.

La apelante también afirma que la excepción al privilegio sobre procedimiento bajo la Ley de Menores de Puerto Rico atenta contra el interés público de unidad familiar y contra la filosofía humanista y rehabilitadora de dicha ley. Además, argumenta qué la'referida excepción constituye una clasifi-cación sospechosa por edad y que se le ha violado el debido proceso de ley al obligar a su cónyuge a testificar en su contra. No tiene razón.

Es necesario señalar que la tendencia moderna en el tra-tamiento de menores que han delinquido categóricamente establece la necesidad de que el menor se responsabilice de sus actos. “Así, por ejemplo, se recomienda el abandono de la base filosófica exclusivamente rehabilitadora del presente régimen, pero se reconoce la necesidad de ofrecer al menor todos los servicios que puedan propender a su habilitación, rehabilitación y resocialización. El comité no considera como alternativa sabia y adecuada el rechazo total de la filosofía rehabilitadora, pero entiende que debe adaptarse el princi-pio de la responsabilidad personal por los actos del menor.” Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, octubre de 1980, pág. 14. Precisamente, como parte de su rehabilitación, se busca que el menor sea responsable de sus actos y comprenda las consecuencias de ello. Para lo-grarlo se necesita que salga a flote la verdad y que no se escude en privilegios como éste que mal pueden ayudar a este fin. Tampoco puede haber alguna unidad familiar que preservar cuando el perjudicado del delito cometido por uno de los cónyuges es precisamente el otro cónyuge.

Por otro lado, el argumento de la apelante de que la ex-cepción sobre procedimiento bajo la Ley de Menores de Puerto Rico crea una clasificación sospechosa por edad es patentemente frívolo.

Entre las facultades de la Asamblea Legislativa en materia de privilegios se encuentra la de crear las excepciones que estime conveniente. Al así hacerlo no despoja á nadie de sus derechos constitucionales. United States v. Benford, 457 F. Supp. 589 (Michigan 1978). De hecho, las reglas sobre privilegios que no tengan ningún fundamento constitucional pueden ser alteradas o eliminadas por la Asamblea Legislativa cuando lo estime conveniente. Hawkins v. United States, 358 U.S. 74 (1958).

La excepción contenida en nuestra Regla 27, supra, so-bre procedimientos bajo la Ley de Menores de Puerto Rico trata de evitar que menores que incurren en actividad delic-tiva se escuden en el privilegio para evitar ser juzgados. El legislador entendió que el fin de la búsqueda de la verdad era mucho más importante en los procedimientos de menores que la posible protección del matrimonio. No debemos inter-venir con esta determinación que cae bajo las prerrogativas de nuestra Asamblea Legislativa.

Por último, debemos señalar que a la apelante no se le violó el debido proceso de ley cuando se obligó a su cónyuge a declarar. A la menor se le garantizaron todos sus derechos constitucionales durante el proceso penal. El debido proceso de ley no puede convertirse en una alegación obligada cuando nos faltan razones para apoyar nuestra posición. Por otro lado, el cónyuge fue el perjudicado de su acción y, por lo tanto, aun cuando no le aplicase la excepción sobre procedimientos bajo la Ley de Menores de Puerto Rico le aplicaría la de un delito cometido contra el otro cónyuge. De todas formas hubiese tenido que declarar.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sen-tencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz concurren con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La regla establece:
      “(A) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el signi-ficado que a continuación se indica:
      “(1) Cónyuges: hombre y mujer casados legalmente entre sí.
      “(2) Comunicación confidencial entre cónyuges: es aquella habida priva-damente sin intención de transmitirla a un tercero y bajo la creencia de que ésta no sería divulgada.
      “(B) Un cónyuge no podrá ser obligado a testificar a favor o en contra del otro.
      “(C) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, un cónyuge, sea o no parte en un pleito, tiene el privilegio de negarse a divulgar, o impedir que otro divulgue, du-rante o después del matrimonio, una comunicación confidencial entre él y su cón-yuge que se hiciera mientras eran marido y mujer. El otro cónyuge o el tutor de. un cónyuge incapaz puede reclamar el privilegio.
      “(D) No existe el privilegio bajo esta regla si:
      “(1) Se trata de una acción civil de un cónyuge contra otro.

        “(2) Se trata de un procedimiento criminal en el cual un cónyuge es acu-sado de:
      “(i) Un delito cometido contra la persona o la propiedad del otro cónyuge o de un hijo de cualquiera de los dos.
      “(ii) Un delito cometido contra la persona o la propiedad de un tercero mientras cometía un delito contra la persona o la propiedad del otro cónyuge,
      “(iii) Bigamia o adulterio.
      “(iv) Abandono de menores o incumplimiento de obligación alimenticia en relación a un hijo de cualquiera de los dos cónyuges.
      “(3) Se trata de un procedimiento judicial bajo la Ley de Menores o de una acción sobre custodia de menores.
      “(4) Se trata de un procedimiento criminal y la comunicación se ofrece en evidencia por un acusado que es uno de los cónyuges entre los cuales se hiizo la comunicación.
      “(5) Se trata de un pleito incoado por o a nombre de cualquiera de los cónyuges con el propósito de establecer su capacidad.
      “(6) Se trata de un procedimiento para recluir a cualquiera de los cónyuges o de otra forma ponerlo a él o a su propiedad, o ambos, bajo el control de otro por motivo de su alegada condición mental o física.
      “(7) La comunicación fue hecha, total o parcialmente, con el propósito de hacer posible o ayudar a cualquier persona a cometer o planear la comisión de un delito, acto torticero o fraude.
      “(E) No se podrá invocar el privilegio establecido en esta regla cuando un cónyuge, con el consentimiento del otro divulgó, o consintió a que se divulgara cualquier parte de la comunicación confidencial. — Enmendada en Julio 20,1979, Núm. 180, p. 517, arts. 1 y 2, ef. Octubre 1, 1979.”

      (2) El Art. 40 de la vieja Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. ant. see. 1734, esta-blecía:
      “No se podrá examinar a una persona como testigo en los casos siguientes:
      “1. Un marido no podrá ser examinado a favor ni en contra de su mujer, sin el consentimiento de ésta; ni una mujer a favor ni en contra de su marido, sin el consentimiento de éste; ni podrá ninguno de los dos durante o después del matri-monio, ser examinado sin consentimiento del otro, respecto a alguna comunica-ción habida de parte a parte, durante el matrimonio; pero esta disposición no será aplicable a una acción o procedimiento civil por uno de los cónyuges contra el otro ni a una acción o procedimiento criminal por un delito grave cometido por uno de ellos contra el otro.” (Énfasis suplido.)


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Samuel Marrero Ramos y Rafael Rivera López, acusados y peticionarios.

      Número: CE-89-211

      Resuelto: 2 de enero de 1990

      Enrique Miranda Merced, abogado de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Sub-procuradora General, y María Adaljisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Hace veinticinco (25) años advertimos en Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964), que:

Ningún Tribunal de Justicia posee discreción absoluta. Se puede establecer como principio invariable, que cualquier de-legación de poder legislativo concediendo discreción absoluta, resultaría inconstitucional, pues ello equivaldría a una delega-ción in toto del poder legislativo, actuación contraria a los cá-nones constitucionales de una democracia.

Esa sabia, justa y lógica admonición no ha impedido que en casos como el presente se abuse de la discreción judicial que le otorga la ley a los magistrados de nuestro sistema. Veamos los hechos que nos obligan a intervenir en este caso.

El Estado presentó denuncias contra los peticionarios por infracciones al Art. 256 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4491, delito grave,() y varias disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El magistrado instructor no encontró causa para acusar por el delito grave y sí por el delito menos grave tipificado en el Art. 258 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4493.()

El juicio fue señalado para ventilarse en el Tribunal de Distrito, Sala de Carolina.

La defensa y el Ministerio Público presentaron al tribunal (De León, Juez de Distrito) una alegación preacordada me-diante la cual Samuel Marrero Ramos se declararía culpable de las infracciones a las Secs. 3-301,() 5-1402() y 2-801() de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El Fiscal solicitó el archivo de los cargos por infracción al Art. 258 del Código Penal, supra, que pesaba contra ambos acusados y el cargo por infracción a la Sec. 5-304 (9 L.P.R.A. sec. 895) sometida contra Samuel Marrero Ramos.

El magistrado se negó a considerar la alegación preacor-dada fundamentándose en que él no aceptaba que el Ministe-rio Público archivara denuncias por violación al Art. 258 del Código Penal, supra. La defensa presentó en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, una petición de certiorari. El tribunal paralizó los procedimientos y ordenó al Estado contestar la petición dentro de diez (10) días,

En su contestáción, el Estado, aunque aceptó que la rela-ción de hechos de la defensa era correcta, sostuvo que el ma-■gistrado “actuó correctamente dentro de su discreción al ne-garse a dar su aprobación a la alegación preacordada”.

El tribunal confirmó la decisión recurrida. A instancia de los acusados, revisamos mediante el trámite de mostrar causa.()

r — i

El procedimiento para reglamentar el sistema de alegaciones preacordadas fue inicialmente adoptado por este Tribunal en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 577 (1984). Como dijéramos en dicha ocasión:

No podemos por más tiempo ignorar que la negociación de alegaciones de culpabilidad es una práctica generalizada desde hace tiempo en el sistema procesal, en lo criminal. Se le oculta como si fuese algo turbio y misterioso, pero es una rea-lidad que no puede soslayarse por más tiempo. Hay que desco-rrer su velo de misterio y dejar sentado, a plena luz, que la negociación de alegaciones de culpabilidad es una práctica de gran utilidad para el sistema de impartir justicia y debe esti-mularse. Véanse, e.g., Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357, 361 (1978); Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63, 71 (1977); Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260-261 (1971). Sin las ale-gaciones preacordadas sería muy difícil, si no imposible, en-juiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos den-tro de los términos mandados por el ordenamiento procesal y por la Constitución.

Así lo reconoció el legislador al establecer dicho procedi-miento y adicionar una nueva Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.R.P.A. Ap. II.() De manera que luego de ser avalada por las tres (3) ramas de gobierno, ahora se sigue este trámite:

En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones prea-cordadas entre la defensa del imputado y el representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente procedimiento:
(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cam-bio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacio-nado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción:
(a) solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pe-sen sobre él;
(b) eliminar alegación de reincidencia o delincuencia habitual;
(c) recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia especí-fica, entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o
(d) acordar que determinada sentencia específica es la que dispone adecuadamente del caso.
El tribunal no participará en estas conversaciones.
(2) De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles al tribunal en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello. Dicho acuerdo se hará constar en ré-cord. Si el imputado se refiere a alguno de los cursos de acción especificados en las cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de esta regla, el tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y considerar el informe presentencia. Si el curso de acción acordado fuere del tipo especificado en la cláusula (c) de dicho inciso el tribunal advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no tendrá derecho a retirar su alegación.
(3) Si la alegación preacordada es aceptada por el tribunal, éste informará al imputado que la misma se incorporará y se hará formar parte de la sentencia.
(4) Si la alegación preacordada es rechazada por el tribunal, éste así lo informará a las partes y advertirá al imputado per-sonalmente en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello, que el tribunal no está obligado por el acuerdo, y brindará al imputado la oportunidad de retirar su alegación. Le advertirá, además, que si persiste en su alega-ción de culpabilidad, la determinación final del caso podrá serle menos favorable que la acordada entre su abogado y el fiscal. De este trámite se tomará constancia en el récord.
(5) La notificación al tribunal sobre una alegación preacor-dada se hará antes del juicio, preferiblemente en el acto de lectura de la acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, si las circunstancias lo ameritaren, permi-tirlo en cualquier otro momento.
(6) La existencia de una alegación preacordada, sus tér-minos o condiciones, y los detalles y conversaciones condu-centes a la misma no serán admisibles contra el imputado en ningún procedimiento criminal, civil o administrativo si la ale-gación preacordada hubiere sido rechazada por el tribunal o invalidada en algún recurso posterior o retirada válidamente por el imputado. Lo anterior será admisible por excepción en un procedimiento criminal por perjurio contra el imputado ba-sado en manifestaciones hechas por él bajo juramento.
(7) Al decidir sobre la aceptación de una alegación preacor-dada el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del impu-tado; que es conveniente a una sana administración de justi-cia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado aquella información, datos y documentos que ten-gan en su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea conve-niente.
No podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas ninguna persona a quien se le impute la violación a los incisos (a) y (b) de la see. 2405 ó la sec. 2411a del Título 24, parte de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72.

Hoy ratificamos la sabiduría, necesidad e idoneidad de este sistema.

HH i — (

De los hechos incontrovertidos en este caso se desprende que la única razón que tuvo el magistrado para rechazar la alegación preacordada fue su particular y perso-nalísima visión del delito tipificado en el Art. 258 del Código Penal, supra. El resultado es que en la Sala presidida por dicho magistrado nunca habrá un fundamento válido o razón de orden público que justifique una alegación preacordada si el Estado ha optado por procesar a un ciudadano por viola-ción al Art. 258 del Código Penal, supra, ya que allí el crimen imputado es tan grave y tan horrendo como para impedir el uso del mecanismo de la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra.() Ello a pesar de que el legislador sólo ha ex-cluido del ámbito de la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, los casos por violación a los incisos (a) y (b) del Art. 405 o el Art. 411 A, parte de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. secs. 2405(a) y (b) y 2411a.() Al así pensar, actuar y resolver, el juez de instancia no sólo ha hecho mal uso de la discreción judicial que le con-fiere la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, sino que también se ha convertido en un legislador para crear una exclusión no establecida por la ley

Sin que derrotemos o debilitemos la amplia discreción que tienen los tribunales de justicia para aceptar, rechazar o modificar una alegación preacordada, en este caso específico hubo un claro abuso de discreción.

La decisión aquí revisada guarda gran similitud con la de Pueblo v. Vázquez, 120 D.P.R. 369 (1988). Allí el Juez de Distrito rechazaba las solicitudes de archivo por transacción bajo la Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en los casos de conducta imprudente o temeraria en el uso de vehículos de motor. Al rechazar dicho patrón de conducta, resolvimos que: “Una actitud judicial sistemática de rechazo o de aceptación sin ponderación de las circuns-tancias que rodean el delito y la seriedad de los daños cau-sados es contraria a la letra y a la idea que inspira la norma procesal.” Pueblo v. Vázquez, supra, pág. 378.

Reconocemos que los tribunales pueden evitar que por falta de seguimiento, comunicación o coordinación se incurra en y se acepten alegaciones preacordadas en delitos revestidos de incuestionable interés público. Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985). Pero ello no puede justificar un rechazo absoluto a toda alegación preacordada por la única razón de que el juez entiende que el delito en particular es demasiado serio y grave.

Bajo las circunstancias presentes, el Tribunal de Dis-trito se excedió en su discreción al rechazar la alegación preacordada y el Tribunal Superior incidió al resolver que el juez de instancia no había abusado de su discreción y que su actuación “está dentro del marco de lo correcto”.

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1) Definido de la forma siguiente:
      “Toda persona que usare violencia o intimidación contra un funcionario o empleado público para compelerlo a ejecutar un acto contrario a sus deberes o a omitir un acto inherente a sus funciones, o que empleando violencia o intimida-ción ofreciere resistencia a dicho funcionario o empleado en el cumplimiento de su deber, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias ate-nuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.” 33 L.P.R.A. see. 4491.

      (2) Que dispone:
      “Toda persona qúé voluntariamente resistiere u obstruyere, demorare o es-torbare a cualquier funcionario o empleado públicd en el cumplimiento o al tratar de cumplir algunas de las obligaciones de su cargo, será sancionada con pena dq reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal.” 33 L.P.R.A. see. 4493.

      (3) 9 L.P.R.A. see. 721 (uso ilegal de licencia).

      (4) 9 L.P.R.A. see. 1212 (uso de cinturones de seguridad).

      (5) 9 L.P.R.A. see. 591 (conducir sin licencia y/o registro del vehículo).

      (6) Los acusados han sido hábilmente representados por la Clínica de Asis-tencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El Procurador General presentó un fundamentado escrito.

      (7) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 37 de 28 de junio de 1985, Leyes de Puerto Rico, pág. 145.

      (8) Para otra cara de la moneda que destaca la indebida intervención de la Policía, véase Pueblo v. Ortiz Díaz, 123 D.P.R. 865 (1989).

      (9) El Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico san-ciona la introducción de drogas en las escuelas e instituciones dedicadas a la prevención, y los incisos (a) y (b) del Art. 405 la distribución de drogas a personas menores de dieciocho (18) años, 24 L.P.R.A. secs. 2411a y 2405(a) y (b), respecti-vamente.