text:
    Felipa Neri Tirado, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, Hon. Waldo Santiago, Juez, demandado; Herminio Flores Bonilla y Otros, interventores.

      Número: O-75-245

      Resuelto: 28 de noviembre de 1975

      Enrique Báez García y Edwin H. Flores Tirado, abogados de la peticionaria; Wilfredo Pérez Candelaria, Eugenio Alemañy Fernández y Nicanor Laguillo, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El 31 de enero de 1974 seis hijos de Don Herminio Flores Rodríguez presentaron solicitud ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, para que éste fuera decla-rado incapacitado para regir su persona y administrar sus bienes. También solicitaron que se le nombrara tutor y que fuese preferiblemente una persona particular, pues existe fricción entre los miembros de la familia.

En 12 de agosto del mismo año, la Sra. Felipa Neri Tirado, esposa del padre de los hermanos Flores pero no madre de ellos, presentó una Comparecencia Especial en la que acep-taba la incapacidad de su esposo desde el 7 de enero de 1974, fecha en que, informa ella, él sufrió un ataque cerebral. Ex-presa también en su comparecencia que en la eventualidad de que el tribunal decrete la incapacidad de su esposo le co-rresponde a ella la tutela por disposición expresa del Art. 186 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 709. También expresó que debido a sus relaciones afines con su esposo ella está enterada de todos los negocios de aquél y que no existe impedimento alguno que le prive de ese derecho. Hay, pues, dos puntos en controversia en este caso. Uno gira en torno a la fecha en que Don Herminio Flores se incapacitó y el otro se refiere a quién debe ser nombrado tutor.

El 4 de septiembre de 1974 se llamó el caso para la vista en su fondo. El abogado de los peticionarios manifestó no es-tar preparado y solicitó la suspensión, la cual le fue inicial-mente denegada, pero “en vista de ello y no estando presente el eje central de los peticionarios, Pedro H. Flores,” según reza la minuta, se reconsideró la denegación de la suspensión y se le concedieron dos días al abogado de los peticionarios para que sometiera por escrito los nombres de los peritos médicos y la fecha en que Pedro H. Flores podría comparecer.

El 16 de octubre de 1974 continuó la vista del caso y a la misma comparecieron los peticionarios, la fiscal Isabel Maduro y la Sra. Felipa Neri Tirado, quien estuvo represen-tada por los Ledos. Enrique Báez García y Edwin H. Flores. Se solicitó y se aceptó una enmienda a la petición para añadir como peticionarios los otros cuatro hijos de Don Herminio.

Por los peticionarios declaró el Dr. Edson R. López y por la interventora, Felipa Neri Tirado, declararon los doctores Elpidio Feliciano del Toro y Elvis Ramírez Lugo. Al terminar la vista ese día, se señaló el 31 de octubre de 1974 a las 2:00 P.M. para la continuación del caso. Además la compare-ciente especial anunció como testigos suyos para la continua-ción de la vista a ocho personas y a sí misma.

Consta de los autos originales que el 24 de octubre la Sra. Felipa Neri Tirado presentó una Moción Fundamentada sobre Inclusión de Testigos, en la que informaba los nombres y direc-ciones de tres médicos, cuyos testimonios estimaba que eran indispensables para demostrar la fecha en que Don Herminio se incapacitó. En relación a dicha moción el tribunal dictó una orden dándose por enterado y disponiendo que en su día se pro-veería “sobre los extremos relacionados con la prueba testifical que interesa presentar la compareciente.”

Según señalamiento previo se continuó la vista del caso. Comparecieron los peticionarios, sus abogados y la Sra. Felipa Neri Tirado, pero no así los abogados de ésta última, ni la fiscal. De la Minuta surge que el tribunal hizo constar que el Ledo. Flores se encontraba ocupado en la Sala III de lo Criminal en un caso que se estaba ventilando por jurado y que el Ledo. Báez García se encontraba en el Tribunal de Expro-piaciones.

Así las cosas, el tribunal dio por sometido el incidente de declaración de incapacidad y se suspendió la vista hasta el 8 de noviembre de 1974, en que decidiría sobre el nombramiento de tutor.

La interventora presentó moción de reconsideración en la que explicaba las razones por las cuales sus abogados no estu-vieron presentes el día de la última vista del caso. El Ledo. Báez García había comenzado un caso en el Tribunal de Expro-piaciones el 30 de octubre, el cual el tribunal continuó el 31 de octubre. Lo mismo ocurrió con el Ledo. Edwin Flores Tirado, quien comenzó a ver un caso por jurado el 29 y terminó el día 31. Dicha moción de reconsideración fue declarada sin lugar.

El 17 de enero de 1975 el tribunal dictó resolución resol-viendo que Don Herminio Flores Rodríguez está totalmente in-capacitado para regir su persona y administrar sus bienes desde el 29 de febrero de 1968. Nombró como tutor a Don Juan Mendoza López. El 10 de febrero siguiente a su resolución, la Sra. Felipa Neri Tirado solicitó reconsideración de dicha resolución, la cual, previa vista, fue declarada sin lugar.

Compareció ante nos como peticionaria y solicitó se expi-diese auto de certiorari para revisar la resolución recurrida. Expedimos el auto.

Como errores señala el efecto retroactivo que se le dio a la declaración de incapacidad de Don Herminio Flores Rodrí-guez; que abusó de su discreción el tribunal al no suspender la sesión del 31 de octubre de 1974; y que erró el tribunal al no admitir prueba testifical y documental encaminada a probar que su esposo, Don Herminio Flores, gozaba de capacidad mental hasta el 7 de enero de 1974.

Tan sólo discutiremos el segundo señalamiento de error pues entendemos que éste se cometió ya que no se le dio una oportunidad razonable a la aquí peticionaria de presentar prueba en cuanto a la fecha en que su esposo quedó incapacita-do. Si bien es cierto que los abogados de la aquí peticionaria no. comparecieron a la vista del 31 de octubre de 1974, su incom-pareceneia no fue caprichosa y tenían razones atendibles para ello. No tenían señalamientos para ese día pero no fue su culpa si las vistas por ellos comenzadas con anterioridad al 31 de octubre fueron continuadas por orden del tribunal hasta ese 31 de octubre.

Surge del expediente que ambos abogados fueron diligentes y puntuales. Se debió suspender la vista para darle oportu-nidad a la Sra. Neri Tirado a presentar su prueba. En nada se afectaban los intereses del incapaz con esa suspensión, ya que estando las partes de acuerdo en que actualmente está incapacitado, el tribunal pudo así decretarlo y nombrarle tutor, como de hecho se hizo, en lo que oía prueba en relación con la controversia entre las partes.

Debe tenerse en cuenta que éste es un caso de excepción, ya que normalmente señalamientos conflictivos y cúmulo de trabajo no son razones para suspender o posponer vistas seña-ladas con tiempo. Sólo son atendibles cuando los abogados demuestran que han sido diligentes, cuando atender tales razones es necesario para evitar una injusticia y cuando el conflicto de señalamientos no pudo evitarse.

Procede que se devuelva el caso para que se celebre una vista en la cual se le permita a la aquí peticionaria presen-tar su prueba. Se dejará en vigor aquélla parte de la reso-lución que declara incapaz a Don Herminio Flores Rodriguez.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    José M. Alonso García, etc., ex rel., Ramón Luis Mayor Domínguez, demandantes y recurrente el primero, v. Caribe Motors Corporation et al., demandados y recurrida la última.

      Número: R-74-281

      Resuelto: 28 de noviembre de 1975

      Santiago Amadiz Benitez Sabat, Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto, Francisco Falú Lebrón y Moisés García Viera, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado; Agrait, Otero & Oliveras, abogados de Caribe Motors Corporation y Puerto Rican & American Insurance Company.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El Art. 31 de la Ley de Compensaciones, por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32) autoriza al Administrador del Fondo a subrogarse en los derechos del obrero lesionado para reclamar de un tercero que le ha causado daños en el curso de su empleo, con el fin de que el Fondo pueda resarcirse de lo que ha pagado al obrero. Cualquier cantidad en exceso de la reclamación del Fondo pertenece al obrero. En el presente caso el Administrador incoó la acción subrogándose en los derechos del obrero y el caso fue transigido por la cantidad de $23,095.75 correspondiendo al lesionado y a su familia la cantidad de $20,000 y al Fondo del Seguro del Estado la suma de $3,095.75 condicionada a que el tribunal determinara si eran deducibles de esta última cantidad las sumas de $1,000 y $2,000 que establece la See. 8 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968 (9 L.P.R.A. see. 2058). Esta sección releva “a la parte responsable del pago de toda reclamación, hasta dichos límites o hasta el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus beneficiarios, de los dos el que resulte mayor.” Así, las deducciones que establece la ley de la ACAA se ■traducen en una exención de responsabilidad al causante del daño, sufriendo la víctima del accidente reducciones en su compensación por daños físicos y mentales en la cantidad de $1,000 y por otros daños en $2,000. Ver Coira Luquis v. De Jesús Rosas, 103 D.P.R. 345 (1975) y Serrano Rodríguez v. Montes, 103 D.P.R. 822 (1975).

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, Pérez Pérez, J., determinó que las cantidades establecidas por la See. 8 de la ley de la ACAA eran deducibles de la cantidad recibida por el Fondo. Al así hacerlo erró.

De acuerdo con la Ley Núm. 138 de 1968 a quien hay que deducir las cantidades establecidas en la See. 8 de la referida ley es al lesionado en un accidente y no al Fondo que le ha proporcionado las cantidades que concede la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y quien tiene el deber de reclamar del tercero que causó el daño la totalidad de la suma pagada al obrero lesionado. Quien tiene derecho a deducirle las cantidades al lesionado es el causante del daño o su asegurador. En el presente caso la aseguradora del causante del daño optó por transigir la reclamación por lo que es razonable concluir que la aseguradora dedujo de la cantidad pagada al lesionado las cantidades autorizadas a ser deducidas por la ley de la ACAA.

Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Pérez Pérez, J., y se dictará otra decla-rando con lugar la reclamación del Fondo del Seguro del Estado por la cantidad de $3,095.75.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandantes y apelados, v. Hermandad de Empleados del Negociado de Seguridad de Empleos y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-75-407

      Resuelto: 3 de diciembre de 1975

      Manuel E. Moraza Choisne y Javier Rosa Silva, abogados de los apelantes; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Los derechos y deberes de los seres humanos no constitu-yen usualmente imperios de fronteras precisas e inmutables. Chocan a menudo entre sí, por el contrario, e importa definir sus lindes y efectuar acomodos, situación a situación, con-forme a los postulados y valores de una sociedad cambiante. El caso presente ilustra un ejemplo de las posibilidades de conflicto entre el derecho a la libre expresión, junto a otras libertades, y el derecho a que se proteja a los individuos contra ataques abusivos a su vida privada o familiar. La contro-versia se da en el contexto de un piquete frente al hogar de un funcionario público.

La apelante, Hermandad de Empleados del Negociado de Seguridad de Empleos, es una agrupación de empleados públi-cos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y los coape-Jantes son miembros de la Hermandad. Desde hace cierto tiempo, la Hermandad ha venido solicitando del Secretario del Trabajo, Dr. Silva Recio, que negocie colectivamente con ella. El Secretario del Trabajo le comunicó a la Hermandad y su directiva que no existe autoridad en ley para acordar tal convenio. En consecuencia, los apelantes les remitieron una comunicación a sus miembros para que en determinado día se personaran en la residencia del Dr. Silva Recio para llevar a cabo allí una protesta mediante piquetes.

El señor Secretario del Trabajo tiene constituido su hogar en una urbanización relativamente lejana a la sede del Depar-tamento que encabeza. Convive allí con su esposa, dos hijas, de 10 y 14 años de edad y un varón de 17. Conforme a las conclusiones de hecho del tribunal de instancia, a la hora señalada llegaron varios automóviles, sonando sus bocinas. Los ocupantes, alrededor de treinta, se bajaron y comenzaron a caminar por la acera frente a la residencia del señor Secre-tario, portando cartelones. Utilizaron a la vez altoparlantes para hacer manifestaciones alusivas al señor Secretario, repe-tidas a coro. El ruido de los altoparlantes y de las personas en el piquete, así como su actitud militante, creó alarma en la residencia del Dr. Silva Recio y en las de sus vecinos. Se alteró sustancialmente el sosiego del vecindario y el ritmo de trabajo del referido funcionario público, quien se vio impedido de realizar labores oficiales que necesitaba cumplir dicha noche. El Dr. Silva Recio, preocupado por las expresiones de los manifestantes de que regresarían al día siguiente, optó finalmente por abandonar su residencia junto a sus familiares, trasladándose al hogar de unos parientes.

En atención a estos hechos, el tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud de Injunction Preliminar y Permanente radicada por los apelados — se había dictado antes una Orden de Entredicho Provisional — y ordenó a la Hermandad y a su directiva “que se abstengan de incitar a piquetear o piquetear la residencia- particular del demandante, Dr. Luis F. Silva Recio, o en cualquier otra forma y manera, menoscabar o invadir la privacidad o propiedad privada y particular de éste y su familia, o alterar la paz y tranquilidad de éstos en su residencia privada....”

Se apela de esta sentencia a base de que constituye una violación a la libertad de expresión y asamblea.

Examinemos las raíces de los derechos aquí en pugna para luego proceder al análisis y ponderación de los intereses en juego.

El derecho a la protección de la vida privada o familiar —el derecho a la intimidad — tiene un historial distinto en Puerto Rico a su evolución en Estados Unidos. Dicho derecho adquiere rango constitucional en Puerto Rico mucho más tem-prano que en la Unión Americana. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone desde 1952 que “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abu-sivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” (Art. II, Sec. 8). Esta disposición es una copia exacta del Art. Y de la Declaración Americana de los Dere-chos y Deberes del Hombre, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Ed. U.P.R. 1954, pág. 236, y entronca también con el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dispone que:

“Nadie será objeto de ingerencia arbitraria en su vida pri-vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.” (Op. cit., 246.)

El reconocimiento del derecho a la intimidad en la Consti-tución 'de Puerto Rico obedeció básicamente a dos factores. Se estaba respondiendo, en primer término, a un concepto del individuo hondamente arraigado en nuestra cultura. Para un análisis detallado de las diferencias al respecto en los sistemas de valores de Latinoamérica y Estados Unidos, véanse: Wells, Henry, La Modernización de Puerto Rico, Ed. U.P.R. (tra-duceión), 1972, pág. 21 et seq.; Rene de Visme Williamson, Culture and Policy: The United States and the Hispanic World, Univ. of Tenn. Press, 1949, pág. 9.

En segundo término, se quería formular una Carta de Derechos de factura más ancha que la tradicional, que reco-giese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas cate-gorías de derechos. De ahí que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ejerciesen una influencia tan significativa en la redacción de nuestra Carta de Derechos.

La Comisión sobre la Carta de Derechos subrayó la impor-tancia y amplitud de la See. 8 del Art. II de nuestra Consti-tución, expresando en su informe a la Convención Constitu-yente que:

“La protección contra ataques a la honra, reputación y vida privada constituye también un principio que complementa el concepto de la dignidad humana mantenido en esta constitución. Se trata de la inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia. El honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal, no sólo frente a atentados provenientes de otros particulares, sino también contra ingerencias abusivas de las autoridades. . . .” (4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2566.)

En González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125, 133 (1963), y en Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964) resolvimos que la See. 8 del Art. II opera ex proprio vigore, sin que se necesite ley que la complemente. En casos posteriores se ha destacado el alto sitial que disfruta el derecho al sosiego del hogar en la escala de valores del pueblo puertorriqueño. Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974). En este último caso expresamos:

“El vértigo de la vida moderna deja libres muy pocos momentos para la reflexión sin la cual no habrá un cabal enten-dimiento de las libertades. Unicamente el hogar brinda esos momentos de serenidad en que además de partir el pan con los suyos pueda el hombre encauzar su existencia y la de su familia entre lo conocido y el arcano que nos ofrece la vida. Sin esas oportunidades para la serenidad y la reflexión que van reducién-dose paulatinamente, ha dicho el Juez Frankfurter, la libertad de pensamiento se torna en burla, y sin libertad de pensamiento no puede existir una sociedad libre. No concebimos derecho de posi-ción preferente a la libertad de estar y sentirse tranquilo en su casa.”

No nos ha tocado hasta ahora enfrentarnos a la tarea de determinar el peso relativo de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad en las circunstancias específicas que presenta este caso.

Aunque por ruta diversa, aspectos del derecho a la protec-ción de la vida privada y familiar han alcanzado rango consti-tucional en Estados Unidos, después de una evolución lenta, pero firme. Tal derecho es en sus comienzos simple ramal del derecho de daños. Warren and Brandéis, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890); 1 Harper and James, The Law of Torts, sec. 9.5 et seq.; Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4a ed., 1971, pág. 802 et seq. Es a partir de 1965 que comienza a recibir reconocimiento constitucional en varias situaciones, justificándosele como efluvio de la primera, cuarta, quinta y decimocuarta enmiendas. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 483-486 (1965); Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Aunque en Gregory v. Chicago, 394 U.S. 111 (1969), la acción tuvo como trasfondo el piquete del hogar de un alcalde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha tenido ocasión de expre-sarse sobre el problema específico que nos ocupa. Comment, Picketers at the Doorstep, 9 Harv. Civ. Rights—Civ. Lib. L. Rev. 95, 100 (1974). En Police Dept. of the City of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972) se anuló una ordenanza que prohibía piquetear, dentro de 150 pies de una escuela, pero la decisión se fundó en la igual protección de las leyes, ya que la ordenanza permitía los piquetes si se tratase de una disputa obrera.

Otros tribunales estadounidenses, así como muchas asam-bleas legislativas y dos distinguidos jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se han pronunciado sobre el problema del piquete residencial. Dieciséis estados han aprobado legisla-ción prohibiendo o reglamentando la utilización del piquete resi-dencial. Picketers at the Doorstep, supra, nota 46, págs. 102-103. En Hawaii, por ejemplo, se dispone: “It shall be unlawful for any person to engage in picketing before or about the residence or dwelling place of any individual. Nothing herein shall be deemed to prohibit (1) the picketing in any lawful manner, during a labor dispute of the place of employment involved in such labor dispute; or (2) the holding of a meeting or assembly in any premises used for the discussion of subjects of general public interest.” Rev. Laws Hawaii, sec. 300-2 (1965).

Las decisiones de los tribunales norteamericanos sobre la validez del piquete residencial en distintas circunstancias varían considerablemente. En Flores v. Denver, 220 P.2d 373 (Colo. 1950), se revocó la condena de diversas personas que habían piqueteado pacíficamente la residencia del Gobernador de Colorado. En State v. Anonymous, 274 A.2d 897 (Conn. 1970), se permitió-piquetear la residencia del jefe de una agencia del estado. Del otro lado, en City of Wauwatosa v. King, 182 N.W.2d 530 (Wis. 1971), en que se estaba pique-teando el hogar de los miembros de la Junta Escolar, se validó una ordenanza que prohibía piquetear el hogar de cualquier individuo. Al mismo efecto: García v. Gray, 507 F.2d 539 (10th Cir. 1974); City of Brookfield v. Groppi, 184 N.W.2d 97 (Wis. 1971). Para casos ilustrativos de la varie-dad de contextos en que puede darse el piquete residencial y el consiguiente peligro en dictar pautas muy generales en este campo, véanse: Annemberg v. So. Calif. District Council of Laborers, 113 Cal. Rptr. 519 (1974); Tassin v. Local 832, National Union of Police Officers of the AFL-CIO, 311 So.2d 591 (La. 1975).

Existe diversidad de criterios también en la doctrina norteamericana. Kamin estima que “In the constitutional value scale, the quiet enjoyment and privacy of residential premises — even of the privately-owned homes of public officials — merits a higher priority than freedom of speech. A state or a municipality encounters no constitutional obstacle in drastically regulating picketing, whether labor or political, in residential areas, or even in prohibiting such activities.” Kamin, Residential Picketing and the First Amendment, 61 Nw. U.L. Rev. 177, 182-183 (1966). Otros autores coinciden con este punto de vista; otros se oponen a él; y otros consi-deran que debe particularizarse en lo posible y sopesar los intereses envueltos caso a caso. Véanse: Comment, Picketing the Homes of Public Officials, 34 U. Chi. L. Rev. 106 (1966); Haiman, Speech v. Privacy: Is there a Right not to be Spoken to?, 67 Nw. U.L. Rev. 153 (1972); Parker, A Definition of Privacy, 27 Rutgers L. Rev. 275 (1974); Comment, Picketers at the Doorstep, 9 Harv. Civ. Rights — Civ. Lib. L. Rev. 95 (1974).

Los jueces que se han expresado sobre este particular fueron por décadas notables defensores de los derechos civiles. En su opinión concurrente en Gregory v. Chicago, 394 U.S. 111, 118, 124-126 (1964), a la que se unió el Juez Douglas, se expresó así el Juez Hugo Black:

“. . . Es claro, sin embargo, que nuestra Constitución no desarma a los estados y otras unidades gubernamentales de su facultad de aprobar leyes para proteger al público de conducta amenazante y tumultuosa que perturbe la tranquilidad de sus hogares, adonde puedan escapar del bullicio, del mundo de los negocios y la política, o el sosiego de aquellos edificios públicos y de otra índole que requieran tranquilidad y quietud para el desempeño de sus funciones, tales como cortes, bibliotecas, es-cuelas y hospitales.
Si la autoridad del gobierno al respecto fuese tan insignifi-cante que cualquier persona con una queja que expresar tuviese el vasto poder de hacer lo que quisiere, donde y cuando lo de-seare, desaparecerían nuestras costumbres y hábitos, sociales, políticos, económicos, éticos y religiosos de conducta, convirtién-dose tan solo en reliquias de un pasado perdido pero no olvidado ... los hogares, el retiro sagrado para la preservación de la inti-midad y el modo diario de vivir de las familias, tendrían que abrir sus puertas a todos los que deseasen convertir a sus ocu-pantes a nuevos puntos de vista, a una nueva moral y a un nuevo ■modo de vida. Los hombres y mujeres que desempeñasen cargos •públicos se verían obligados, simplemente por dedicarse a tal tarea, a perder las comodidades e intimidad de un hogar no expuesto a piquetes. Creo que nuestra Constitución, escrita para todas las épocas, sin que pueda alterarse excepto en la forma que en ella se provee, no estableció un convenio con debilidades tan monumentales. La expresión y la prensa deben, por supuesto, ser libres para que los asuntos públicos puedan discutirse impune-mente. Los piquetes y las manifestaciones, sin embargo, pueden regularse como cualquier otro tipo de conducta humana. Creo que los hogares, a veces la última ciudadela de los fatigados, los abrumados y los enfermos, deben protegerse por el gobierno de manifestantes ruidosos, tumultuosos y amenazantes encamina-dos a poblar la mente del hombre, mujeres y niños con el peligro de lo desconocido.”

En la propia cuna del Derecho Común, el dilema que en la actualidad acosa a los tribunales norteamericanos se ha resuelto por disposición estatutaria. El Parlamento inglés dispuso en la Trade Union and Labour Relations Act 1974 (c. 52) lo siguiente:

“Uno o más individuos podrán legalmente, en el curso de una disputa obrera, personarse en o cerca de
a) un lugar donde otro individuo trabaje o tenga su negocio;
b) cualquier otro sitio donde otra persona pueda estar, siempre que dicho lugar no sea el sitio de su residencia solamente con el fin de obtener o comunicar de modo pacífico, información o de persuadir pacíficamente a alguna persona a trabajar o a abstenerse de trabajar.” Halsbury’s Statutes of England, 3a ed. Current Statutes Service, pág. 985. (Énfasis nuestro.)

Esta protección de la residencia privada aun contra el piquete pacífico comienza en 1971. 37 Halsbury’s Statutes of England, 3a ed., pág. 986.

En el Derecho Civil y en otros sistemas de derecho la intimidad del hogar ha recibido también protección creciente. Wagner, The Development of the Theory of the Right to Privacy in France, 1971 Wash. U.L.Q. 45. En países de tradiciones jurídicas muy dispares el derecho a la intimidad ha logrado, como en Puerto Rico, rango constitucional. Para algunos ejemplos aislados, consúltense las constituciones del Ecuador (Art. 28(4) de la Constitución de 1967); de Egipto (Arts. 9 y 45 de la Constitución de 1972); Ghana (Art. 12c, cap. IV, Constitución de 1969); y Gambia, Art. 13c, cap. XIII, 1971, Blaustein and Elauz, Constitutions of the Countries of the World.

De todo lo anterior se desprenden varias conclusiones. El derecho a la intimidad tiene firme base en la valorativa puer-torriqueña. Se apoya en dos fuertes pilares: la naturaleza de nuestra propia cultura y el creciente reconocimiento interna-cional de este interés. La See. 8 del Art. II de nuestra Consti-tución demuestra cómo puede forjarse un derecho puertorri-queño fiel a nuestra identidad pero no provinciano, respetuoso de nuestras propias tradiciones y a la vez abierto a los desa-rrollos en otros países que se adapten a sus realidades.

Lo expuesto hasta ahora, sin embargo, no resuelve de por sí la cuestión específica ante nos. Lo que indica es que el derecho a la intimidad goza de un altísimo sitial en nuestra escala de valores, pero lo mismo puede decirse ciertamente del derecho a la libre expresión y de otras libertades. Véanse: Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971). En muchas situaciones el derecho a la protección de la vida privada o familiar debe prevalecer sobre dichas libertades. En otras puede ocurrir a la inversa. Analicemos la situación concreta a que nos enfren-tamos en esta instancia.

Los argumentos usualmente aducidos a favor de permitir el piquete residencial pacífico en un caso como el de autos son fundamentalmente los siguientes. El piquete frente al hogar de un funcionario público puede ser mucho más eficaz que de realizarse en los alrededores de su sitio oficial de trabajo. La presión psicológica es mucho mayor. Se obtiene normal-mente más publicidad, tanto al comunicársele la queja al vecindario inmediato del servidor público como al acrecen-tarse la posibilidad de acceso a los medios noticiosos. Las calles han constituido, además, un .tradicional foro público en mu-chas circunstancias para la expresión de las ideas. Podría, finalmente, argumentarse que el funcionario público debe estar más expuesto a quejas y protestas que un funcionario privado.

El piquete residencial de un funcionario público en las circunstancias de este caso rebasa, en cambio, los extensos límites de las libertades de expresión, petición y asamblea. La persona contra quien se protesta se convierte en un ente cau-tivo. Se le coarta su derecho a la tranquilidad y al descanso. Se le acosa. Se le inquieta. Se altera no solamente el sosiego de su hogar, sino el de sus vecinos, no envueltos en la controver-sia. Ocurre esto, además, a pesar de que lo que le interesaba expresar la Hermandad podía comunicarlo en piquete pacífico frente a las oficinas del Departamento del Trabajo.

Resolvemos que en esta situación los costos psíquicos a los ocupantes de la residencia y a sus vecinos exceden los beneficios derivables por la Hermandad. Los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados. Habrá casos en que por variar algu-nas de las circunstancias y el peso relativo de los intereses envueltos será necesaria la regulación del piquete y no su prohibición absoluta.

Respecto al remedio utilizado, el entredicho preliminar dictado en este caso se justifica plenamente, a la luz de las circunstancias descritas, en que existía un sitio alterno para expresarse eficazmente y en que el piquete se condujo en modo desordenado y amenazante. No era imprescindible recurrir a sanciones criminales o civiles de otro género para atender las violaciones de ley alegadamente cometidas por algunos manifestantes. Era permisible el injunction.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

Los Jueces Asociados, Señores Rigau y Díaz Cruz, están conformes y además el Señor Juez Rigau emite opinión con-currente con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Díaz Cruz. El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resul-tado.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de diciembre de 1975.

Concurro con la opinión del Tribunal. Estoy completa-mente de acuerdo en que procede confirmar la sentencia del tribunal de instancia mediante la cual se prohibió a los de-mandados piquetear la residencia del señor Secretario del Trabajo.

En adición a lo anterior, estimo conveniente precisar algunos conceptos dada la importancia de los valores aquí concernidos. Especialmente esto es así, ya que se trata de un fenómeno — el piquete laboral — que sin duda ha de recurrir con frecuencia en nuestro medio y que, por ello, mientras más clara sea nuestra posición con más seguridad podrán actuar en el futuro las organizaciones obreras, el Gobierno, los abogados y los tribunales de instancia.

En esencia, se trata en este caso de un conflicto obrero-patronal. Los piquetes laborales son mecanismos que el Estado democrático liberal aceptó y protegió con el propósito de que las clases económicamente más débiles tuviesen maneras de luchar pacíficamente por sus intereses. Sin embargo, parece necesario aclarar ahora algunas cosas que al principio, segu-ramente debido al deseo de proteger esa actividad laboral, se confundieron un poco.

Hace ya más de una generación que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional una ley estatal y una ordenanza municipal que prohibían los piquetes pacífi-cos. Se basó principalmente el tribunal en que mediante los piquetes se “diseminaba información” sobre una disputa obrera y que dichas disposiciones legislativas violaban la liber-tad de expresión garantizada por la Constitución de los Esta-dos Unidos.

Creo necesario puntualizar que aunque la actividad de piquetear contenga algún elemento o propósito de diseminar información, ése no es su objetivo principal. Si lo fuera, basta-ría con que los interesados pusiesen un anuncio en los perió-dicos, o emitiesen un comunicado de prensa, o celebrasen una conferencia con reporteros de la prensa y la televisión. Obvia-mente el piquete pacífico, aunque algo informa al que lo ve, tiene el propósito de protestar y de poner presión sicológica sobre el piqueteado. Así lo reconoció el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, diez años después de sus decisio-nes en los citados casos de Thornhill v. Alabama y de Carlson v. California. En Teamsters Union v. Hanke, expresó que “aunque los piquetes tienen algún ingrediente de comunicación no se les puede equiparar dogmáticamente con la libertad de palabra protegida por la Constitución.” Esa decisión y nume-rosas otras que le siguieron colocaron a los piquetes en una perspectiva jurídica más realista.

A diferencia de las motivaciones de lucro de las luchas obrero-patronales contemporáneas, el ejercicio de la libertad de expresión es una función humana de profundo contenido es-piritual. Como dijimos en Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282,294 (1971), “No creemos que para el hombre civilizado la libertad de conciencia es menos importante que la libertad física.” En el excelente estudio de derecho constitucional puer-torriqueño titulado La Nueva Constitución de Puerto Rico, editorial de la U.P.R. (1954), se expresa a la pág. 205: “Entre las libertades individuales, la libertad de expresión es proba-blemente la más esencial una vez garantizado el derecho a la vida y libertad física.” Allí se señala que la libertad de expre-sión tiene dos fines u objetivos. Por una parte, la protección de la persona como ser libre frente a los demás hombres y frente al Estado; y por otra parte, la preservación de la democracia pues establece la condición indispensable para la formación de opinión pública, sobre cuya base está fundado el gobierno democrático.

Se reconoce en la citada obra que las libertades de reu-nión y petición se encuentran íntimamente ligadas a la libertad de expresión. Esto es así porque en muchos casos la libertad de palabra tiene sentido tan sólo conectada con la libertad de reunión. A menos que haya un auditorio presente ante el orador, la libertad de expresarse oralmente sería un derecho inútil. Sin embargo, como sabemos, estos derechos no son abso-lutos ya que en condiciones extremas pueden producir situacio-nes peligrosas para el mantenimiento del orden público o de la seguridad del Estado. En estos casos es preciso trazar una línea entre el ejercicio lícito y el ejercicio ilícito' de esos derechos. La clásica regla de “peligro claro y presente” ha servido a los tribunales para resolver, caso a caso, tan espi-nosa cuestión.

Nuestra disposición constitucional sobre el particular dispone que:

“No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.”— Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 4.

Dicha disposición, además de su texto claro tiene un bagaje histórico de valor incalculable. La propia Comisión de Carta de Derechos de la Convención Constituyente de Puerto Rico expresó que:

“Esta sección [la sección 4 de nuestra Carta de Derechos] corresponde a las restantes disposiciones de la enmienda primera en la Constitución federal e incorpora a nuestra Constitución todo el derecho históricamente establecido con relación a la liber-tad de palabra, de prensa, de reunión y de petición. Las seccio-nes 3 y 4 cubren el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades propias para ejer-citar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de estos derechos.”

Como señalamos en Aponte, supra, a la pág. 291, esas pa-labras están llenas de significado. Dicho derecho histórico comprende, además de la jurisprudencia de los Tribunales de apelación de los Estados Unidos, lo mejor de la historia política y constitucional de dicho país e incluye también lo más valioso del pensamiento y de la tradición libertaria occidental.

El piquete cumple propiamente su función de protesta pací-fica y de información pública frente a la fábrica o el lugar de trabajo, pero cuando se traslada-al hogar del ejecutivo privado o público deja de ser una función lícita para convertirse en un acoso personal que no está protegido por la Constitución. Se torna en una alteración injustificada de la paz del vecindario, de su víctima y de su familia.

Como hemos indicado, el piquete laboral pacífico tiene su función lícita frente al lugar de trabajo. Esto incluye esta-blecimientos privados y públicos. Pero, como estamos resolvien-do, no puede trasladarse la contienda al hogar de las partes. Sin embargo, es posible prever casos en los cuales el lugar de trabajo sea también el hogar de la persona que se interesa pi-quetear. Sería deseable una reglamentación legislativa sobre el particular, pero en el Ínterin, debemos reconocer que pueden surgir situaciones que requieran una expresión judicial sobre el particular.

Por ejemplo, en esos casos en los cuales el hogar sea a la vez el lugar del trabajo, el piquete podría ser permitido solamente durante horas laborables. Así se permitiría la ex-presión de la protesta laboral mediante el piquete y también el descanso y la tranquilidad del hogar en las horas no laborables. También es concebible que en esos casos el piquete se haya de llevar a cabo a una distancia razonable del edificio hogar-ofi-cina u hogar-taller, de manera que la ansiedad y el desasosiego —con frecuencia, el peligro — que esas situaciones crean no graviten excesivamente sobre los miembros de la familia. Uno de los valores más preciados de la vida civilizada, la tranqui-lidad del hogar, es un valor muy superior a los que pueda tener el de la lucha sindical contemporánea.

      Se ha concebido en ocasiones que una disposición de cosecha anterior, el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 2761, es utilizable en ciertas circunstancias para proteger el derecho a la intimidad. Infante v. Leith, 86 D.P.R. 26 (1962). A la luz de las con-clusiones a que se llega en esta opinión consideramos innecesario analizar su aplicación a situaciones como la presente.

        Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 (1940) y Carlson v. California, 310 U.S. 106 (1940), respectivamente.

      339 U.S. 470, 474 (1950).

        Giboney v. Empire Storage Co., 336 U.S. 490 (1949); Building Service Union v. Gazzam, 339 U.S. 532 (1950); Hughes v. Superior Court, 339 U.S. 460 (1950); Carpenters Union v. Bitter’s Cafe, 315 U.S. 722, 728 (1942).

       El transcurso del tiempo lia ido desvaneciendo la inocencia de los jueces. Véanse las siguientes expresiones: “El movimiento obrero ha llegado a su mayoridad y debe asumir las responsabilidades ordinarias de la vida.” Linn v. United Plant Workers of America, 383 U.S. 53, 63 (1966). “La Ley Norris-La Guardia respondió a una situación totalmente diferente de la que existe hoy día.” Boys Markets v. Clerks Union, 398 U.S. 235, 250 (1970) (Brennan). “No hay duda de que las relaciones obrero-patronales en las postrimerías del año 1970 no se desenvuelven en las mismas circunstancias en que lo hacían hace más de 30 años cuando se aprobaron la Ley Wagner en los Estados Unidos y la Ley Insular de Rela-ciones del Trabajo de 1938, y ni aun cuando se aprobó la vigente Ley de Relaciones del Trabajo de 1945.” U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 531 (1970).

        Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. Equity de 1961, Tomo 4, pág. 2564.


text:
    Epifanio Sánchez Rivas, demandante y recurrente, v. Manuel Nieves Bonet, demandado y recurrido.

      Número: R-75-333

      Resuelto: 5 de diciembre de 1975

      José Raúl López de Victoria Bras y Mario Báez y García (aboga-do sustituto), abogados del recurrente; Ramos & Riera y Luis E. Pérez, abogados del recurrido.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 5 de diciembre de 1975

El 29 de octubre de 1975 el recurrente presentó ante este Tribunal solicitud de revisión contra sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en el caso CS-73-4146. El 20 de noviembre de 1975 una Sala de este Tribunal declaró no ha lugar a dicha solicitud quedando notificadas las partes el día 21 del mismo mes.

Mediante escrito titulado “Moción Solicitando Se Re-tenga el Mandato y se Conceda Prórroga para Radicar Moción de Reconsideración”, presentado en tiempo ante nos el 3 de diciembre de 1975, el recurrente pidió el remedio que sugiere el título de su escrito.

Dicha Moción, firmada por un abogado distinto al que originalmente representó al recurrente, hace constar que el abogado original está de viaje por el Japón, habiendo salido de Puerto Rico el mismo día que se recibió en su oficina la no-tificación del no ha lugar al recurso, y que ante dicha “situa-ción imprevista”, no estando el nuevo abogado preparado para radicar Moción de Reconsideración, solicita la retención del mandato y la concesión de una prórroga de diez (10) días, a contarse desde el 10 de diciembre de 1975, fecha en que el abo-gado original regresará a su oficina.

Ordinariamente una moción de este tipo sería denegada de plano por el Secretario, sin tan siquiera someterla ante nuestra consideración, en virtud de lo dispuesto por la Regla 45 (b) de nuestro Reglamento. El recurrente advirtió dicha dificultad, sin embargo, y trata de soslayarla pidiendo directamente al Tribunal que ordene al Secretario retener el mandato por el período antes dicho, no obstante las claras disposiciones de la mencionada Regla 45 (b).

Acceder a lo solicitado frustraría la razón de ser de la Regla 45 (b). La facultad que se delegó en la misma al Secretario fue de carácter ministerial, precisamente para que no hubiesen excepciones al término de 10 días laborables que para la radicación de mociones de reconsideración fundamentadas estableció la Regla 45(b).

Dicha regla provee en lo pertinente: rroga para fundamentar una reconsideración radicada debiendo discutirse las autoridades en el cuerpo de la moción. El Secre-tario denegará de plano cualquier solicitud de prórroga para radicar una moción de reconsideración, o escrito en apoyo de la misma.”

“(b) Cualquier moción de reconsideración debe radicarse dentro del plazo de 10 días laborables antes dicho. No se acep-tará un memorando de autoridades separado ni petición de pró-

A tenor con lo expuesto se declara sin lugar la moción de retención de mandato. En casos futuros el Secretario dene-gará de plano mociones de este tipo, aun cuando, como en este caso, la misma pretenda dirigirse al Tribunal por encima de la facultad que la Regla 45 (b) delegó en el Secretario.

Se ordena la publicación de esta Resolución conforme las • disposiciones de la Regla 44 (c) de nuestro Reglamento.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Hato Rey, Hon. Erick E. Kolthoff, Juez, demandado; Francisco Betancourt González, interventor.

      Número: O-74-301

      Resuelto: 8 de diciembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del peticionario; Roberto De Jesús Cin-tron y Joaquín Peña Peña, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud de la Procuradora General expedimos certiorari para revisar una resolución del Tribunal Superior, Sala de Hato Rey, que desestimó varias acusaciones formuladas contra Francisco Betancourt González, aquí interventor, por infrac-ciones a la anterior Ley de Narcóticos (24 L.P.R.A. see. 973 y siguientes). Basó el Tribunal Superior su dictamen, primero en que no le merecía crédito lo informado por el agente de la Policía, que en calidad de encubierto logró, según expuso en su declaración jurada, que el acusado y ahora interventor le vendiera determinadas cantidades de heroína en dos ocasiones; y, segundo, que la declaración jurada fue prestada por dicho agente siete meses después de haberse consumado las transac-ciones entre él y dicho acusado. Consideró el tribunal, res-pecto del segundo fundamento de su resolución, que si bien los alegados hechos delictivos ocurrieron antes de la vigencia de la actual Ley de Sustancias Controladas, la declaración jurada del agente no fue prestada hasta tres meses después que entró en vigor el Art. 523 de la actual Ley de Sus-tancias Controladas (24 L.P.R.A. see. 2523), que fija para ello un plazo “no mayor de 120 horas siguientes a haberse consumado la transacción.” Un examen de los autos nos hace concluir que fue errónea la resolución del tribunal recurrido.

El agente Luis Olmo prestó dos declaraciones juradas el 21 de marzo de 1972. Relató en la primera cómo el 5 de agosto de 1971, valiéndose de un confidente, se puso en contacto con el acusado, dueño de una pescadería nombrada “La Tasca” en la avenida 65 de Infantería, donde éste le vendió determinada cantidad de heroína por $550. Relató en la segunda que el día 25 del mismo mes y año, acompañado de un confidente, llegó al Centro Comercial del Barrio San Martín en Río Piedras y, en un club nocturno llamado “Debonnaire”, conoció a otro indivi-duo de nombre Manuel Martínez Hernández, con quien inició conversaciones para la compra de heroína por $500. Martínez Hernández, quien informó que por el momento no tenía “material”, hizo cita con el agente para encontrarse ambos a las 7:00 de la noche en el mismo sitio con “su socio”, quien la buscaría. A las 7:00 el agente y su confidente volvieron al Centro Co-mercial y, estando allí, llegó Martínez Hernández en un auto-móvil, acompañado de Betancourt, a quien le había comprado heroína el 5 de agosto, y le compró la cantidad interesada por los $500. En ambas ocasiones, el 5 y el 25 de agosto, el agente, más tarde en la noche de cada uno de esos días, informó sobre las transacciones a su supervisor, sargento Evaristo Rivera, a quien hizo entrega de lo comprado a Betancourt.

Luego de una vista preliminar celebrada ante un magis-trado del Tribunal de Distrito, éste dictaminó causa probable contra Betancourt, pero no contra Martínez Hernández, para acusar al primero por poseer, transportar y vender, heroína. No conforme, y tras varios meses de inacción, el fiscal acudió a un Juez del Tribunal Superior, quien el 7 de marzo de 1973 halló causa probable contra Martínez Hernán-dez. No obstante, el fiscal nunca presentó acusación contra Martínez Hernández en el Tribunal Superior. Las acusacio-nes contra Betancourt fueron presentadas en junio de 1972.

Luego de oportunas vistas sobre lectura de acusaciones, motivadas por la formulación de acusaciones enmendadas, y luego de varias posposiciones del juicio, el 3 de abril de 1974 Betancourt presentó ante el tribunal recurrido una peti-ción de habeas corpus en que alegó estar recluido ilegalmente en la cárcel de Distrito de San Juan, sin que hubiera causa probable en su contra que justificara su detención. El tribunal recurrido consideró la petición como una moción de de-sestimación y celebró una vista para discutirla, luego de la cual dictó la resolución objeto del presente recurso. Una moción de reconsideración presentada por el fiscal, en que solicitó que se escuchara al agente para que expusiera las razones de la dilación en prestar la declaración jurada, fue rechazada de plano.

La Regla 64 de Procedimiento Criminal enumera las únicas causas para ordenar la desestimación de una acusación. Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965). Ninguna de ellas está aquí presente. Pero aún si procediera bajo el inciso (p) de dicha Regla, la solicitud fue hecha tardíamente. Fue presentada el 3 de abril de 1974, diez y ocho meses después de quedar radicadas las acusaciones en el Tribunal Superior y de haberse formulado alegación de no culpabilidad. Una moción para desestimar al amparo de la Regla 64 “es un remedio que sólo puede concederse a petición del acusado, y de no solicitarlo, se declara renunciado.” Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63 (1967). Aplicando lo dis-puesto por la Regla 63, la moción para desestimar a base del inciso (p) de la Regla 64 se renuncia si no se presenta “al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar.” Si bien el tribunal puede “permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período posterior razonable,” aquí ni se justificó la tardanza, ni fue razonable una espera de diez y ocho meses después de registrarse alegación de no culpabilidad y solicitud de juicio por jurado.

Aparte de ser tardía, la desestimación no podía concederse porque el tribunal no creyera la declaración del agente Olmo. Una moción para desestimar, basada en la Regla 64 (p), procedería en ausencia total de prueba que demuestre la existencia de causa probable para creer que el acusado cometió el delito que se le imputa. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972); Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970).

Presentada una moción para desestimar basada en la Regla 64 (p), el tribunal de instancia puede, en el ejercicio de su discreción señalar una vista para entender y recibir prueba, o puede rechazarla de plano si de su faz y de las constancias en el expediente del caso, no resulta meritoria en cuanto al extremo de ausencia total de prueba. Debe recordarse que “La determinación de causa probable goza, como toda determinación judicial, de la presunción legal de correc-ción” Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973). El mejor mecanismo que tiene un acusado para revisar una determinación de existencia de causa probable carente de prueba suficiente para establecer una probabilidad razonable de que cometió el delito imputádole, lo constituye la pronta ventilación del juicio, trámite que conforme a la Regla 64 (n) (4), salvo justa causa, debe ocurrir dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.

En el caso de autos la credibilidad del agente Olmo no era asunto que en las particulares circunstancias de este caso incumbía determinar en esta etapa, no siendo su versión ni inverosímil ni increíble. Sirvió de base para que dos magis-trados distintos, uno del Tribunal de Distrito y otro del Tribunal Superior, determinaran causa probable para acusar a Betancourt el primero y a Martínez Hernández el segundo. El tribunal recurrido ni vio ni oyó al agente declarar. Y su declaración ni puede catalogarse de estereotipada, Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966), ni adolece de “falsedad transparente”. Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973). Véase, además, Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96 (1975).

En cuanto a la tardanza en prestar las declaraciones juradas, convenimos con el tribunal recurrido que no se justificaba porque los alegados hechos delictivos ocurrieran antes de la vigencia del Art. 523 de la Ley de Sustancias Controladas. Como apuntamos en Rosario Torres, supra, no era necesaria acción legislativa para limitar a un término corto el plazo para prestar declaración jurada. No puede ampararse el ministerio público en la no vigencia del citado artículo. Sin embargo, aún si concediéramos que la no vigencia de dicha disposición excusaba la no prestación de las declaraciones juradas dentro de las 120 horas de consumarse las transacciones, no puede ignorarse el hecho de que, ya vigente dicha disposición, el agente dejó pasar tres meses más sin prestar las declaraciones.

Empero, el transcurso de las 120 horas, o la dilación en prestar la declaración jurada, no opera como llave automática para abrir la puerta a la desestimación de la acusación. El tráfico de drogas propicia las circunstancias para que se produzcan robos, atracos y asesinatos, y es motivo de constante preocupación para la comunidad puertorriqueña. Las fuerzas del orden público jamás tuvieron que enfrentarse a un reto más difícil que el de la invasión de que nuestra Isla es objeto por mar y aire en la importación de sustancias que destruyen la voluntad de nuestras juventudes y convierten en ruinas humanas a los infelices que han caído en el vicio de la adicción, enriqueciendo a su costa a los mercaderes de drogas. Los medios noticiosos del país a diario son elocuente expresión de la gravedad del mal. Los recursos a disposición de estos mercaderes, su inescrupulosidad y sus insospechadas argucias ponen a prueba diariamente a nuestra Policía, que tiene que recurrir a nuevos y sutiles, y exigentes métodos de investigación para descubrirlos y hacerlos responder en nuestros tribunales. Por ello, ningún acusado de mercadear con drogas debe tener un derecho adquirido a que se desestime la causa en su contra porque el agente denunciante no prestara la declaración jurada que requiere la Ley dentro del término en ella especificado. Al fiscal debe brindársele, si la pide, la oportunidad de ofrecer prueba que explique la tardanza. La propia Ley de Sustancias Controladas, en su Art. 523, antes citado, señala la posibilidad de que exista justa causa para la dilación. El tecnicismo no puede ser obstáculo infranqueable para que se traiga a juicio al imputado y se investigue a fondo y se decida si cometió los hechos delictivos. Véase Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., supra.

Se dictará sentencia para revocar la resolución del tribunal recurrida y se devolverán los autos a dicho tribunal para ulte-riores procedimientos consistentes con lo aquí expresado.

      Los autos no revelan las razones que tuvo el fiscal, primero para la dilación en acudir a un magistrado del Tribunal Superior en busca de una determinación de causa probable para acusar a Martínez Hernández y, en segundo lugar, para no haber presentado acusación contra éste, habién-dose determinado causa probable.

      La Regla 64, en su inciso (p), da el siguiente fundamento para desestimar una acusación o denuncia:
      “(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denun-cia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”

      La Regla 63 de Procedimiento Criminal reza así:
      “Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período posterior razonable. La moción incluirá todas las defensas y objeciones de tal índole de que pueda disponer el acusado. La omisión de presentar cualquiera de dichas defensas u objeciones constituirá una renuncia de la misma, pero el tribunal podrá eximir al acusado, por causa justificada, de los efectos de tal renuncia.
      “Una moción para desestimar basada en lo provisto en la Regla 64 (n) (3) ó (4) deberá presentarse antes de ser llamado el caso para juicio.”


author: PEE CUEIAM:

text:
    Compañía de Fianzas de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, Lic. José M. Ramírez de Arellano, recurrido.

      Número: O-75-483

      Resuelto: 15 de diciembre de 1975

      E. Martínez Rivera y Edelmiro Martínez, Jr., abogados de la recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   PEE CUEIAM:

Para el 3 de mayo de 1974 cuando la recurrente presentó su instancia en el Registro, disponía el Art. 388-C de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 705) que los registradores de la propiedad procederían a cancelar de oficio o a instancia de parte las anotaciones de embargo por razón de contribuciones, al transcurrir cuatro años desde la fecha de la anotación. Invocando dicho artículo, la Compa-ñía de Fianzas presentó instancia al Registrador de Maya-güez solicitando la cancelación por caducidad de dos embargos por contribuciones anotados a favor del Estado Libre Asociado sobre finca adquirida por la promovente en ejecución de sen-tencia contra su deudor Antonio C. Pagán. El Registrador suspendió la inscripción interesada por constituir dicho gravamen la garantía del plan de pagos a que se había acogido el contribuyente moroso, a tenor de la Ley Núm. 8 de 10 de abril de 1964, que en su See. 5 dice: “Se faculta al Secretario de Hacienda a someter a, y se ordena, a los Registradores de la Propiedad a inscribir el total de la deuda incluida en los planes de pagos autorizados por esta ley como gravámenes sobre cualquier propiedad del deudor a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación contraída. El gravamen así anotado quedará vigente hasta tanto el deudor haya satis-fecho totalmente la deuda.”

La citada Ley de 1964, posterior en vigencia al invocado Art. 388-,C de la Ley Hipotecaria, regula con especialidad la vida de este embargo contributivo extendiéndolo por el tiempo que esté pendiente la deuda y por lo tanto prevalece sobre cualquier otra disposición general que autorice cancelaciones en el Registro. Se ajusta a derecho la actuación del Registrador porque estos embargos no han caducado.

La nota recurrida será confirmada.

       Por Ley Núm. 125 de 23 de julio de 1974, con efectividad retroactiva a Io de julio de 1974, este Art. 388-C de la Ley Hipotecaria fue radical-mente enmendado adquiriendo el siguiente texto:

        “Los registradores de la propiedad procederán a cancelar de oficio o a instancia de parte las anotaciones de embargo por razón de contribuciones, al transcurrir seis años desde la fecha de la anotación salvo que se acredite debidamente el pago de la deuda contributiva que dio lugar al embargo. El Registrador de la Propiedad, si antes de la fecha en que una anotación de embargo resulte cancelable hubiere sido notificado por escrito por el Secretario de Hacienda del inicio del procedimiento de cobro de las sumas aseguradas por el embargo, se abstendrá de cancelar de oficio dicha anotación y denegará cualquier solicitud que a tal efecto le fuere hecha dentro del año siguiente a la notificación.”


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Angel Fernández Ruiz y Otros, demandantes y recurridos, v. Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-74-300

      Resuelto: 17 de diciembre de 1975

      José Alberty Orona, Hernán Cortés Torres y Eileen Meléndez O’Neill, abogados de la recurrente; Cándido Ceballos, G. R. Padró Díaz y Evangelista Rosario Vangas, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Varios dueños de camiones que prestan servicios a la Autoridad de Tierras transportando piñas desde las planta-ciones hasta la fábrica de enlatados y centro de empaque instaron demanda contra la Autoridad reclamándole alrede-dor de $354,000 por concepto de vacaciones, bono de navidad, período de alimentos y horas extras trabajadas durante un término de diez años. La Autoridad negó la reclamación adu-ciendo que los dueños de camiones actuaban como contratistas independientes y no como empleados de ella.

Por estipulación de las partes el tribunal de instancia dilu-cidó previamente la controversia sobre esta cuestión resol-viendo que los recurridos dueños de camiones prestaban ser-vicios a la Autoridad en calidad de empleados y que, como tales, gozaban de todos los beneficios estatuidos en las leyes laborales.

Expedimos el auto para revisar la sentencia parcial así dictada.

Usualmente en este tipo de controversia se encuentran rasgos característicos comunes a ambas categorías lo que hace difícil establecer con certeza una distinción tajante entre empleado y contratista independiente. Es por eso que la jurisprudencia ha formulado varios factores que deben considerarse al determinar la naturaleza de la relación entre las partes mencionándose, entre ellos, los siguientes: 1) naturaleza, extensión y grado de control por parte del principal; 2) el grado de iniciativa o juicio que despliega el conductor del camión; 3) la propiedad del equipo; 4) la facultad de emplear y el derecho a despedir; 5) la forma de compensación; 6) la oportunidad de beneficio y el riesgo de pérdida, y 7) la retención de contribuciones. Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963); Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447 (1962); Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972) y Nazario v. González, 101 D.P.R. 569 (1973).

Esta determinación, sin embargo, no depende de un factor específico sino del conjunto de circunstancias presentes en la relación entre las partes. Debemos pues examinar el cuadro fáctico en que se originó la controversia tomando en conside-ración los factores mencionados.

Los recurridos son dueños de los camiones y mantienen el control sobre los mismos sufragando todos los gastos de opera-ción incluyendo el mantenimiento, gasolina, aceite, neumáti-cos, tablillas, reparación, etc. Retienen la facultad de contra-tar choferes para operar los camiones, así como de despedirlos. De hecho, dos de los 18 recurridos tienen más de un camión operado por choferes contratados por ellos sin que la Autori-dad haya intervenido en la contratación ni en el salario a pagarse. Los choferes se limitan a conducir el camión prove-yendo la Autoridad los empleados para la carga y descarga.

La Autoridad no tiene seguro de responsabilidad pública para cubrir la operación de los camiones ni les exige a.los recurridos que lo tengan. Tampoco hace retención alguna para el pago de la contribución sobre ingresos ni para el Seguro por Desempleo, Seguro Choferil o Seguro Social.

Originalmente la Autoridad compensaba a los recurridos a base de una tarifa por cada tonelada de piña transportada. Por acuerdo de las partes el método de compensación se cam-bió a base de horas de servicio. Los recurridos llenan diaria-mente una hoja donde anotan las horas diarias trabajadas, la firman y la entregan a sus supervisores para ser cotejadas. Dichas hojas se recopilan semanalmente y se prepara una factura a base de la cual cobran los recurridos.

La Autoridad les indica a los recurridos la hora de entrada y salida y les da instrucciones sobre donde encontrar la carga. En ocasiones se ha utilizado a algunos de los recurridos para realizar otras labores temporeramente.

La compensación que reciben los recurridos es mucho mayor que la que se les paga a otros trabajadores que condu-cen camiones pertenecientes a la Autoridad. Notamos al res-pecto que el salario mínimo aplicable a los choferes dedicados a actividades agrícolas era en el 1951 de 500 la hora y ha ido aumentando gradualmente hasta 950 la hora en el Decreto Mandatorio de 1959. La Autoridad pagaba, sin embargo, a los recurridos a base de $3.50 la hora y actualmente se compen-saba a base de $5.00 la hora.

Es natural que en todo contrato de servicio, bien, se rindan éstos en calidad de empleado o de contratista independiente, el patrono siempre se reserve cierto grado de control a fin de asegurarse de que el servicio se lleve a cabo debidamente y en coordinación con las demás actividades del patrono. Por eso, el hecho de que la Autoridad le fijara la hora de entrada y salida y el lugar donde se transportaban las pifias no tiene mayor peso en este caso ya que se trata meramente del ejerci-cio de un control mínimo para asegurarse de que se prestara el servicio de transportación dentro del período de horas de trabajo del resto de los empleados del centro de empaque y de la fábrica de enlatados. De otra manera no podría coordinarse la labor de ambos grupos de trabajadores.

Como ya vimos, la Autoridad no tiene control sobre el empleo y despido de los choferes ni sobre los salarios que se les pagan a éstos. Tampoco tiene control de los camiones, que per-tenecen a los recurridos. Al respecto conviene apuntar que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en el 1963 denegó una solicitud de Investigación y Certificación de Re-presentante en el caso de la Autoridad de Tierras v. Unión de Camioneros de Arrastre, número P. 2052, concluyendo que los camioneros con quienes la Autoridad contrataba el acarreo de las pifias no eran empleados en el significado de la, Ley de Relaciones del Trabajo y por tanto, no podían invocar los derechos a organizarse y negociar colectivamente.

El tribunal de instancia tomó en consideración para con-cluir que los recurridos actuaban como empleados de la Auto-ridad el hecho de que el Fondo del Seguro del Estado hubiese compensado la muerte de un compañero de trabajo de los recu-rridos y le hubiese dado tratamiento médico a otros dos. El hecho no tiene mayor importancia pues la propia Ley de Com-pensación por Accidentes del Trabajo en su Art. 19, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A. sec. 20, expre-sámente impone a todo patrono asegurado la obligación de responder por los accidentes que sufran los empleados de los contratistas independientes en horas de trabajo. Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969); P. R. Am. Sugar Refinery v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 636 (1944).

Consideramos que el grado de control ejercido por la Autoridad sobre los recurridos es insuficiente, en las circunstancias de este caso para concluir, como lo hizo erróneamente el tribunal de instancia que la relación entre las partes era una de empleado y patrono.

Se dictará sentencia revocando la recurrida y ordenando la desestimación de la demanda instada por los recurridos.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Señor Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Lic. Rafael Alonso Alonso, demandante y recurrente, v. Pedro A. Domínguez, demandado y recurrido.

      Número: R-75-177

      Resuelto: 17 de diciembre de 1975

      Belén Bazán de Pagan, Héctor Nieves Cuevas y Benjamín Soto Maldonado, abogados del recurrente; Kenneth Marty López, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Pedro A. Domínguez, demandado-recurrido, tiene y man-tiene en su residencia alrededor de doce aves que incluyen gallos, gallinas y pollos y que utiliza para consumo propio. Tras una inspección realizada por los inspectores de la oficina regional de Guayama de la Junta de Planificación, que reveló la existencia de aves sueltas en el patio de la residencia de Domínguez, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de la Junta solicitó un injunction contra Domínguez para que se le prohibiera tener una crianza de aves en un distrito resi-dencial R-3 en violación de las leyes y reglamentos de la Junta. Domínguez admitió el tener las mencionadas aves, pero negó violación de ley o reglamento alguno.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda de la Junta por entender que no se había cometido violación a las leyes y reglamentos de la Junta. A petición de la Junta acordamos revisar.

La cuestión a resolver es si la tenencia de doce aves en el patio de una residencia en un distrito residencial R-3, que comprende solares con un área de 300 metros cuadrados o más, constituye una crianza avícola y por lo tanto un uso reservado únicamente a fincas localizadas en áreas no urbani-zadas y en distritos R-l y con una superficie de cinco cuerdas o más.

La Junta de Planificación se creó con el propósito general de guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico fomentando el bienestar general de los ciudadanos y la eficiencia en el proceso de desarrollo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y en las mejoras públicas. Heftler International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467, 470 (1970). A esos fines la Junta aprobó, entre otros, el Reglamento Núm. 4 de 1969, en el que consigna su propósito de guiar el uso y desarrollo de los terrenos y edificios para asegurar y fomentar la salud, seguridad, moral, orden, conveniencia, prosperidad, estabilidad económica y bienestar general de los presentes y futuros habitantes de Puerto Rico. Reglamento de Planificación Núm. 4, sec. 1.02 (1969); 23 R.&R.P.R. see. 9-2. El referido reglamento, también conocido como el Reglamento de Zonificación, provee que en los distritos residenciales R-3 los edificios, solares, estructuras o com-binaciones de éstos se usarán para los siguientes fines:

A. casas de una o dos familias;

B. casas en hilera;

C. casas de apartamientos, y;

D. otros usos de acuerdo con lo establecido en la Sec. 54.03 del Reglamento. Reglamento de Planificación Núm. 4, sec. 9.02 (1969); 23 R.&R.P.R. sec. 9-122.

En adición a los usos permitidos por la Sec. 9.02, supra, para solares en distritos residenciales R-3, el Reglamento, en su Sec. 54.03, permite a la Junta autorizar, por vía de excep-ción y en armonía con los fines y propósitos generales de dicho reglamento, ciertos usos que allí se mencionan siempre que: por medio del diseño, la construcción y la operación, se haya de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los ocu-pantes de las propiedades limítrofes; no se menoscabe el sumi-nistro de luz y aire a la edificación a ocuparse o a los vecinos; no se aumente el peligro de fuego; no se ocasione reducción o perjuicios a los valores de las propiedades establecidas en las áreas vecinas, y; estos proyectos reúnan cualquier otro requi-sito que se estime conveniente para asegurar la debida protec-ción al interés público y cumplan con los demás requisitos es-tablecidos para el distrito específico en que ubiquen. 28 R.&R.P.R. sec. 9-1113; Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 663 (1958).

La crianza avícola es uno de los usos que por excepción puede autorizar la Junta en distritos residenciales conforme lo establece la Sec. 54.03, supra; pero dicha autorización está restringida a aquella crianza avícola que se lleve a cabo en solares de cinco cuerdas o más ubicados en distritos R-l y situados en áreas no urbanizadas. Reglamento, supra, sec. 54.03(17) (a); 23 R.&R.P.R. see. 9-1113(17) (A). El distrito residencial a que se contrae este pleito es R-3, de densidad poblacional intermedia y solares de 300 metros cuadrados o más. Es evidente que en dichos distritos está proscrita la crianza de aves pues por el limitado tamaño de los solares que estos distritos comprenden no cualifica para los otros usos a que se refiere la Sec. 54.03 del Reglamento.

No hemos podido encontrar en el Reglamento ninguna prohibición expresa a la tenencia de aves o animales en los distritos residenciales. La prohibición resulta ser implícita al limitar las crianzas de aves a extensiones de cinco cuerdas o más. Aun en los distritos residenciales en que se permiten las crianzas avícolas y de otros animales el Reglamento exige tomar en cuenta la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes de la propiedad a utilizarse o los de las propiedades limítrofes. Dentro de esas normas genera-les la Junta puede hacer las determinaciones que crea apropia-das, por estar dentro del ámbito de sus facultades el velar por que se observen las normas expresadas en sus reglamentos. Ante los hechos de este caso y demás circunstancias, concu-rrentes la Junta concluyó que las doce aves que tenía el recu-rrido en el patio de su casa constituían una crianza no per-mitida en distritos residenciales R-3 y estimó solicitar del tribunal, al amparo de la See. 35 del Título 23 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, que prohibiera al recurrido utilizar su propiedad para la crianza de aves por constituir tal uso una violación a sus reglamentos. El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda de injunction de la Junta.

Debemos señalar que de acuerdo con el Reglamento el área que puede ocupar una residencia y sus estructuras accesorias puede ser hasta el 50 % del área del solar teniendo en cuenta que las estructuras pueden ser erigidas con sólo dos metros de separación lateral de la colindancia del solar vecino. En cuanto al patio posterior, éste no puede acercarse a menos de tres metros a la colindancia con la propiedad posteriormente limítrofe. Es en esa estrecha franja de patio en la que Domín-guez tiene las aves en cuestión. No es difícil imaginarse el ruido del cacareo de las aves, la pestilencia resultante, las consiguientes moscas, mosquitos, cucarachas y hasta ratones que genera o son atraídos por la combinación de factores que entran en juego en una crianza de aves. Reglamento, sufra, Secs. 9.06, 9.09, 9.10; 23 R.&R.P.R. secs. 9-126, 9-129, 9-130.

Es función ineludible de la Junta la de establecer los criterios generales de salud y bienestar tanto de los ocupantes de la propiedad en cuestión como los de las propiedades vecinas. No es poco común que aun en la propia casa en que se mantienen aves y animales haya discrepancias de criterio en cuanto a la conveniencia de tenerlos. Mucho más frecuente son las quejas de los vecinos por las molestias y perjuicios ocasionados por las aludidas crianzas de aves en zonas residenciales y solares pequeños como el envuelto en este caso.

No son infrecuentes las ocasiones en que los vecinos se abstienen de quejarse en ánimo de no arriesgar la convivencia tranquila y pacífica con sus vecinos, teniendo que tolerar pacientemente las incomodidades e inconveniencias resultantes. De proliferarse esta situación en los distritos residenciales, que constituyen las grandes urbanizaciones urbanas, se expon-drá la salud, la tranquilidad, la paz y el sosiego de la pobla-ción.

La zonificación se aparta radicalmente de los concep-^ tos tradicionales del derecho privado. Se le prohíbe a veces a un ciudadano dedicar su propiedad a propósitos corrientemente reconocidos como útiles y aun inofensivos. Tal restricción ha sido motivada por el aumento constante en la densidad de nuestra población urbana y las crecientes complejidades de nuestra civilización. Heftler International, Inc. v. J. de P., supra, 471; E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 401 (1966); Roselló Hnos. v. Figueroa, 78 D.P.R. 261, 273 (1955). El principio de que uno no puede usar su propiedad en perjuicio del derecho de otro ha adquirido una mayor contundencia en estos tiempos. De no ser así la vida en nuestros centros poblacionales congestionados sería intolerable e insoportable. Los ciudadanos deben recibir la protección del Estado contra el hostigamiento injusto que surge del uso que su vecino le dé a su propiedad. De otro modo así el confort y el valor de su hogar podría ser fácilmente destruido por uno que decidiera poner un estorbo cercano, y nadie estaría seguro, a menos que fuera lo suficientemente rico para comprar suficiente terreno alrededor de su casa para que la molestia desapareciera.

La Junta de Planificación no abusó de su discreción bajo el Reglamento al considerar que tener doce aves en una propiedad situada en un distrito R-3 constituye un uso ilegal bajo las disposiciones del Reglamento que sólo autorizan la crianza de aves en aquellas propiedades de cinco cuerdas o más.

Erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar la peti-ción de injunction de la Junta de Planificación contra el peticionario. Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, en el caso civil 74,-1032, El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc. v. Pedro A. Domínguez, y se ordenará la expedición del injunction solicitado para que él demandado-recurrido descontinúe la crianza ilegal de aves en su propiedad.

       Reglamento de Planificación Núm. 4, sec. 9.00 (1969); 23 R.&R.P.R. secs. 9-121 a 9-137.

      M. see. 54.03(17) (a), 23 R.&R.P.R. see. 9-1113(17) (A).

      Id., swpra, escolio 2.

      La See. 9 del Reglamento de Zonificación define el distrito residen-cial R-3 como aquél de densidad poblacional intermedia que se establece para clasificar áreas residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse y en donde se permitirán diferentes tipos de viviendas en solares de 300 metros cuadrados o más. Reglamento de Planificación Núm. 4, sec. 9.01 (1969); 23 R.&R.P.R. sec. 9-121.