author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Irma Alicia Rodríguez Avilés, demandante y recurrida, v. Jorge Rodríguez Beruff, demandado y peticionario.

      Número: CE-85-554

      Resuelto: 27 de junio de 1986

      Luis R. Dávila Colón, Sonia A. Rodríguez, abogados del peticio-nario; Beatriz Vázquez de Acarón, abogada de la recurrida.

      (1) Corpus Juris Civilis, Código, Libro 7mo, Tít. 40, Ley Ira, See. 2, in fine: “Quis enim ineusare eos poterit, si hoc non frecerint, quod, etsi ma-luerint, minime odimplere lege obviante valebant?, (porque, ¿quién podrá acusarlos, si no hubieren hecho lo que, aunque hubieran querido, no podrían en manera alguna ejecutar por impedírselo la ley?).”

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión. del Tribunal.

El 2 de octubre de 1974 Irma Alicia Rodríguez Avilés y Jorge Rodríguez Beruff se divorciaron; disolvieron así un matrimonio contraído en 1970 y en el cual habían procreado una niña. Al decretarse el divorcio, el señor Rodríguez Beruff mediante estipulación se comprometió a pagar la cantidad de $200 mensuales por concepto de pensión alimenticia para la hija que quedó bajo la custodia y patria potestad de su madre.

El señor Rodríguez Beruff cumplió regularmente con su obligación alimenticia hasta julio de 1975 cuando viajó a Europa a terminar sus estudios doctorales. Al regresar en julio de 1979 reanudó sus pagos. El 8 de mayo de 1985 la se-ñora Rodríguez Avilés presentó moción en el tribunal de ins-tancia para solicitar condena por desacato. Alegó que el señor Rodríguez Beruff no había cumplido con la estipulación sobre alimentos contenida en la sentencia de divorcio de 2 de octubre de 1974, y que adeudaba la suma de $10,400.

Luego de varios incidentes procesales, el tribunal de ins-tancia concluyó que las pensiones adeudadas entre el 1975 y el 1979 no habían prescrito. Declaró al señor Rodríguez Beruff incurso en desacato.

En certiorari concedimos término a la señora Rodríguez Avilés para que mostrara causa por la cual no debía revocarse esa determinación. Tenemos el beneficio de su comparecencia. El caso nos ofrece una oportunidad para aclarar las normas pertinentes en un área de derecho caracterizado por contro-versias personales muy intensas.

H-i

¿Prescriben por el transcurso de cinco años las acciones de menores para reclamar pensiones alimenticias vencidas? Resolver esta controversia requiere enfrentamos nuevamente al problema creado por la adopción en 1904 del Código de Enjui-ciamiento Civil proveniente de California y su relación con las normas del Código Civil. Cf. De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).

Desde el derecho romano existe la máxima: contra no va-lentón agere non currit praescriptio. Esta máxima pretendía proteger a aquellos que no podían ejercitar sus derechos al verse desprovistos de éstos por el efecto de la prescripción ex-tintiva. () R. M. Salvat, Tratado de derecho civil argentino: Obligaciones en general, 6ta ed., Buenos Aires, Tip. Ed. Argentina, 1956, T. III, pág. 437. El Código Civil francés comenzó el proceso de apartarse del antiguo sistema al consa-grar el principio de que la prescripción corre contra todo tipo de personas salvo que exista una excepción en ley. Salvat, op. cit., pág. 438.

En la actualidad la excepción principal a la norma de que la prescripción corre contra todas las personas es en los casos de los incapacitados y los menores. La mayoría de las jurisdic-ciones civilistas permiten que la prescripción extintiva se apli-que a los menores en ciertas circunstancias. Según una de estas modalidades, la prescripción corre mientras los menores están bajo la patria potestad de sus padres o bajo representa-ción legal. () Otros países siguen esta misma norma con la variante de que cuando hay una reclamación entre padres e hijos la prescripción se suspende siempre. () En algunos países, como en Francia, sólo en casos de prestaciones periódi-cas como la de alimentos se aplica la prescripción contra los menores. () Finalmente, en España la prescripción siempre corre contra los menores, () Art. 1932. () De los países cuyos estatutos hemos estudiado el único que suspende siempre los efectos de la prescripción contra los menores es Panamá. Art. 1671, Código Civil de Panamá.

II

La obligación alimenticia cuya cuantía depende de los recursos del alimentante y las necesidades del alimentista, Art. 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 565, “tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad”. P. Beltrán De Heredia, La obligación legal de alimentos entre parientes, Salamanca, Pubs. Univ. Salamanca, 1958, pág. 33. La obligación de proveerlos surge desde el momento en que el alimentista los necesite, pero sólo se deben desde el momento en que se presenta la demanda. Art. 147 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 566.

Es precisamente el carácter sui géneris de esta obligación lo que motivó al legislador a imponer en el Art. 1866 un término prescriptivo de cinco años para este tipo de acciones. Su propósito es proteger al deudor contra la acumulación indefinida de su deuda. Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217, 223 (1982); J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 865, 1205; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y for al, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1963, T. 1, Vol. 2, pág. 843; M. Planiol y G. Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés (M. Díaz Cruz, trad.), La Habana, Ed. Cultural, 1936, T. 7, Vol. 2, págs. 666-667. La prescripción del Art. 1866 del Código Civil también está predicada en una presunción de pago. Si el alimentista con plena capacidad legal no reclamó su derecho por un período largo de tiempo, debemos presumir que los alimentos fueron pagados o que no los necesitaba. Además, el Art. 1866 pretende proteger al deudor no sólo de reclamaciones remotas, razón de ser de toda prescripción extintiva, () sino de que la deuda no aumente a un nivel que afecta la solvencia económica del deudor. Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. 32, Vol. 2, págs. 333-334.

HH HH HH

A

En nuestro ordenamiento jurídico la norma primaria sobre prescripción extintiva dispone que “los derechos y acciones se extinguen por la prescripción” que corre contra todas las per-sonas en los términos provistos por ley. Art. 1832 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5243. El Código Civil dispone un tér-mino de cinco (5) años para exigir el pago de pensiones ali-menticias atrasadas. Art. 1866, 31 L.P.R.A. see. 5296; Brea v. Pardo, supra, pág. 222.

No obstante, el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 254, adoptado en 1904 y proveniente de California, () dispone:

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no sea la reivindicatoría de propiedad inmueble, fuese al tiempo de nacer la causa de la acción:
1. Menor de edad; ... el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción.

Al enfrentarnos al problema creado por la aparente incompatibilidad existente entre el Art. 1832 del Código Civil y el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, resolvimos que el Art. 40 de manera implícita modificó sustancialmente el Art. 1832, Ibáñez v. Diviñó, 22 D.P.R. 518, 522 (1915), y que por ende como norma general la prescripción de las acciones no corre contra menores. Nunca nos hemos apartado de esa posición. Por el contrario, la hemos reafirmado. Gómez v. Marques, 81 D.P.R. 721, 727 (1960); Márquez v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 559, 562 (1962). Sin embargo, este Tribunal me-diante dictum ha dicho que la prescripción de cinco (5 )años del Art. 1866 también corre contra los menores. Aunque en Rodríguez v. Morales, 72 D.P.R. 35 (1951), y en Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976), examinamos controversias sobre pensiones atrasadas, no fue hasta Brea v. Pardo, supra, que por primera vez tuvimos oportunidad de expresarnos brevemente sobre si el término de cinco (5) años ordenado por el Art. 1866 era aplicable a una acción sobre ali-mentos de un hijo. En ninguna de estas ocasiones tuvimos una oportunidad, como la tenemos ahora, de analizar esta contro-versia y aclarar las normas pertinentes sobre prescripción en los casos de obligaciones alimenticias dimanantes del Art. 143 del Código Civil. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 1 (1983); L. Gómez Morán, La Posición Jurídica del Menor, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1947, pág. 339; Beltrán De Heredia, op. cit:

B

Ante este trasfondo de derecho comparado, sin duda, la doctrina adelantada por el padre que postula la prescripción de las pensiones alimenticias atrasadas inclusive cuando el re-clamante es un menor, “no carece de lógica y ... es un plan-teamiento intelectualmente honesto . . .”. Márquez v. Tribl. Superior, supra, pág. 561. Así lo intimaba nuestra jurispru-dencia previa. Rodríguez v. Morales, supra; Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, supra; Brea v. Pardo, supra. Más aún, como expusimos anteriormente, esta es la doctrina vigente en Fran-cia y tiene gran acogida entre diversas jurisdicciones civilis-tas.

Sin embargo, un cuidadoso análisis de la legislación vi-gente y de nuestra jurisprudencia nos obliga a concluir que la adopción en 1904 del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil significó el abandono de la doctrina española sobre este tema. Al presente, la norma en nuestra jurisdicción es que la prescripción no corre en perjuicio de los menores o incapaci-tados.

Hace apenas un año, en De Jesús v. Chardón, supra, trazamos el paso azaroso de nuestra doctrina de prescripción contra menores. Aclaramos “que el tiempo que dure la minoría de edad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar la acción”. Ibid., pág. 250. Reafirmamos entonces la norma del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento y de Ibáñez v. Divinó, supra. Más aún, extendimos esa regla a las acciones heredadas por los menores, apartándonos de lo resuelto en un caso del Primer Circuito Federal de Apelaciones, Bussati v. Grace & Compañía, Puerto Rico, 396 F.2d 233 (1er Cir. 1968).

En California, jurisdicción de origen del Art. 40, se ha sostenido que la prescripción de cuatro años fijada en ese es-tado para la reclamación de pensiones alimenticias no corre contra los menores. Amie v. Superior Court of Riverside County, 160 Cal. Rptr. 271 (1979); Ruddock v. Ohls, 154 Cal. Rptr. 87 (1979); Van Buskirk v. Todd, 75 Cal. Rptr. 280 (1969). En Van Buskirk, el demandado alegó que la recla-mación de alimentos en su contra estaba prescrita, pues la deuda tenía más de cuatro años. Al rechazar este argumento, el Tribunal de Apelaciones reiteró que el plazo de prescripción de cuatro años no transcurre durante la minoridad del alimen-tista. Ibid., pág. 285.

No obstante las razones de orden público anteriormente descritas que informan las normas de prescripción ex-tintiva y en específico el plazo de cinco (5) años del Art. 1866, el legislador a través del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil optó por anteponer el interés de proteger al menor sobre el interés general protegido por la prescripción. “Puede decirse que la norma sobre los términos prescriptivos se basa en consideraciones de orden y de procedimiento mientras que la norma que comprende el Art. 40 es una de justicia.” Márquez v. Tribl. Superior, supra, págs. 562-563. A través del Art. 40 el menor queda protegido contra una posible negligencia de su padre o tutor. En nuestra jurisdicción este interés preva-lece por encima de los intereses que pretende proteger la pres-cripción extintiva.

Por las razones expuestas anteriormente, resolvemos que la prescripción del Art. 1866 no corre contra los menores. Aunque la tendencia moderna es a favor de establecer un término preseriptivo para la radicación de las acciones por pensión alimenticia adeudadas a menores, la norma contenida en el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil es la ley vigente. Sostener lo contrario conllevaría enmendar judicialmente una disposición expresa de la ley para sustituirla por otra pautada por este cuerpo.

Esta decisión está fundada en una interpretación del derecho vigente en interacción con la doctrina jurisprudencial. Cualquier modificación o cambio sobre los períodos prescrip-tivos corresponde, según nuestro sistema constitucional, a la Kama Legislativa.

IV

Una vez establecido que las pensiones reclamadas no han prescrito, debemos resolver si en este caso procede declarar al señor Rodríguez Beruff incurso en desacato.

Reiteradamente hemos resuelto que el procedimiento de desacato está disponible para asegurar el cobro de pensiones alimenticias atrasadas. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, supra; López v. Corte de Distrito de Guayama, 31 D.P.R. 137, 144-145 (1922); Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951). Razones de orden público cimentadas en el interés de proteger al alimentista y asegurar su subsistencia aconsejan esta norma. Sin embargo, el mecanismo del desacato y el encarcelamiento del alimentante debe ser el úl-timo método a utilizarse por el tribunal. El desacato “por ser de naturaleza reparadora y no punitiva debe utilizarse con prudencia, por la privación de libertad que conlleva, y limi-tado a aquellos casos en que hubiera una desobediencia volun-taria y obstinada a una orden o sentencia concediendo alimen-tos y en que la continuada encarcelación del desacatador pueda surtir los efectos de dar al alimentista la reparación necesa-ria’\ (Énfasis suplido.) Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, supra, pág. 522; Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, supra, pág. 904; Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879, 900 (1933).

En el presente caso al padre alimentante se le reclama el pago de pensiones remotas. Las pensiones adeudadas corres-ponden a los años 1975 a 1979. Durante este tiempo hizo es-tudios conducentes a un grado doctoral con el propósito de mejorar su preparación académica. Mientras estuvo fuera, la madre no exigió las pensiones correspondientes. No fue hasta marzo de 1985, casi diez años después de su viaje, que se pre-sentó la reclamación que origina este pleito. Desde que el señor Rodríguez Beruff regresó de su viaje de estudios ha cumplido regularmente con su obligación alimenticia.

En fecha reciente hemos reiterado la obligación de los tribunales de instancia de ser “fuertes y rigurosos en lograr que [los] padres cumplan con su deber [alimenticio] ”, Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 912 (1986), y de que los procedimientos de alimentos se tramiten rápidamente, Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986). Sin embargo, debemos reafirmar, además, el deber que tiene el padre con la patria potestad y custodia de reclamar los alimentos a tiempo. La razón de ser de las pensiones alimenticias, predicadas en la necesidad del alimentista, pierde su eficacia luego de pasar un largo número de años. B. Piñar López, La prestación alimenticia en nuestro derecho civil, 199 Rev. Gen. Legis. Jur. 7,12 (1955).

Antes de declarar al padre alimentante incurso en desacato y ordenar su encarcelamiento por no haber pagado deudas remotas, el tribunal debe examinar cuidadosamente los intereses de las partes y en especial del menor. Se debe asegurar de que el padre alimentante esté cumpliendo al presente el pago de las pensiones. Debe indagar cuáles fueron las razones por las cuales se acumuló la deuda. Más aún, debe inquirir qué razones tuvo el padre custodio para no haber sido diligente al reclamar las pensiones. Deben examinarse las necesidades inmediatas de los menores. Cf. Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, supra, pág. 522. El hecho de que la deuda no haya prescrito necesariamente no obliga al tribunal a declarar al deudor incurso en desacato.

Cuando la reclamación de alimentos se refiere a deudas remotas, como en el caso de autos y se comprueba a satisfacción del tribunal que el padre alimentante al presente está cumpliendo con su obligación alimenticia y que no existe necesidad inmediata del menor que se deba atender con la deuda que se reclama, el juez deberá aprobar un plan de pago que le permita al deudor ponerse al día sin necesidad de advenir a la ruina económica. Cf. Quiñones v. Jiménez Conde, supra. El tribunal deberá diseñar un plan que sea económicamente viable para el alimentante y que satisfaga las necesidades del menor. El criterio rector en estos casos es su razonabilidad.

En casos como éste, donde las deudas reclamadas son remotas y no se ha demostrado una necesidad inmediata del menor que requiera el pago de la deuda en su totalidad, sólo si el padre alimentante se niega voluntaria y obstinadamente a cumplir con el plan de pago aprobado procede que se le declare incurso en desacato.

El presente caso es un claro ejemplo de la sabiduría de esta norma. El señor Rodríguez Beruff dejó de cumplir su responsabilidad alimenticia desde 1975 a 1979. No nos compete evaluar las razones que tuvo para hacer ésto. Durante ese período la madre, quien tenía la patria potestad y custodia de la menor, fundada su posición en la existencia de un su-puesto acuerdo extrajudicial de las partes, no exigió que el aquí peticionario cumpliera con su obligación. Por otro lado, él tampoco acudió ante el tribunal para que éste le rebajara el monto de la pensión.

En 1979 el señor Rodríguez Beruff reanudó el pago de sus pensiones. Hasta hoy ha cumplido satisfactoriamente con su obligación. No es hasta 1985 que la señora Rodríguez Avilés presenta a nombre de la menor una acción judicial para cobrar las pensiones dejadas de pagar. No se adujo una necesidad económica inmediata por parte de la menor. Ante este cuadro fáctico no se justifica declarar al peticionario ineurso en desacato. No estamos ante un padre que desobedece voluntaría y obstinadamente su obligación inmediata de alimentar. Es cuestionable, y el foro de instancia deberá determinarlo, si exigirle al padre que satisfaga ahora en un solo pago esa deuda contribuye a los objetivos primarios de su obligación alimenticia. Independientemente de lo reprochable que pueda ser el que él haya dejado de cumplir con su obligación, la realidad es que luego de transcurrir tanto tiempo la necesidad y urgencia de las pensiones atrasadas ha disminuido grandemente. En estas circunstancias, es menester evaluar el impacto que un desembolso inmediato de más de $10,000 pueda tener, en contraste con el tiempo transcurrido de más de seis años, y cómo ello afectaría la capacidad económica del padre. La finalidad perseguida por las pensiones alimenticias es el bienestar del alimentista y no penalizar al alimentante. En este caso, donde la reclamación está basada en unas deudas de más de cinco años, y donde se ha comprobado que durante los últimos años el padre alimentante ha cumplido con su obligación y no existe una necesidad inmediata del menor por la suma adeudada, procede que dejemos sin efecto la resolución recurrida para que el tribunal a quo apruebe un plan de pago que le permita al peticionario satis-facer su deuda atrasada de acuerdo con su situación econó-mica actual.

V

Antes de concluir queremos reafirmar la preocupación que tiene este Tribunal con la litigación de las reclamaciones de alimentos de menores. Valencia, Ex parte, supra; Martínez v. Rivera Hernández, supra. Tanto los padres como los abogados y los jueces tienen la ineludible responsabilidad legal, moral y ética de velar por el bienestar de los menores al tramitar estas controversias. Quiñones v. Jiménez Conde, supra. En el ejercicio de esa responsabilidad, los abogados deben ilustrar a sus clientes acerca de los derechos y obligaciones que Ies acogen. Al padre custodio deben instruirle que tiene que realizar cualquier reclamación alimenticia con premura; que si necesita un aumento en las pensiones y el padre alimentante se niega a otorgarlo debe acudir inmediatamente a los tribunales. Al padre alimentante se le debe informar claramente cuál es su obligación, las consecuencias del incumplimiento, y su obligación de acudir al tribunal a solicitar una rebaja de la pensión si las circunstancias económicas han variado.

Al decretar el divorcio y en cualquier otra etapa de los procedimientos si así lo estima conveniente, el tribunal debe instruir a las partes sobre sus derechos y obligaciones. No debemos olvidar que gran parte de los litigios que se producen en esta área son el producto del desconocimiento y falta de información que sufren las partes. En su deber de parens patriae el tribunal deberá, en la medida de lo posible, subsanar este desconocimiento.

Se expedirá él auto, se dejará sin efecto la resolución re-currida y se devolverá él caso al tribunal de instancia para que continúe con los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (2)Esta es la norma adoptada en Argentina, Art. 3966, Código Civil de Argentina. Véase G. A. Borda, Tratado de derecho civil argentino: Obliga-ciones II, 4ta ed., Buenos Aires, Ed. Perrot, 1965, págs. 30-31.

      (3) Alemania, Arts. 194, 204, 206, Código Civil de Alemania. Véase K. Larens, Derecho Civil: Parte General (M. Izquierdo y Macías-Picavea, trads.), Madrid, Ed. Revista Derecho Privado, 1978, págs. 327-337. En otras jurisdicciones la prescripción entre padres e hijos sólo se suspende mientras los padres ejercen la patria potestad. Italia, Arts. 2941(2), 2942, Código Civil de Italia; Portugal, Arts. 318(b), 320, Código' Civil de Portugal; Perú, Art. 1157, Código Civil de Perú; Méjico, Arts. 1165-1167, Código Civil de Méjico; Costa Rica, Art. 880, Código Civil de Costa Rica; Guatemala, Art. 1505, Código Civil de Guatemala; Brasil, Art. 168, Código Civil de Brasil.

      (4)Arts. 2252, 2277 y 2278, Código Civil de Francia. Véanse: H., L. y J. Mazeaud, Legons de Droit Civil, Paris, Ed. Montchrestien, 1978, T. 2, Vol. 1, págs. 1167-1168; Encyclopédie Dalloz, Repertoire de Droit Civil, Paris, 1954, Sec. 459, pág. 40; A. Weill y F. Terré, Droit Civil: Les Obligations, 2da ed., Nancy, Francia, Ed. Dalloz, 1975, págs. 1107-1108; M. Pla-ñid y G. Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés (M. Díaz Cruz, trad.), La Habana, Ed. Cultural, 1936, T. 7, págs. 666-667. Norma similar se sigue en Bélgica, Arts. 2252, 2277 y 2278, Código Civil de Bélgica; Venezuela, Arts. 1964-1965, 1982-1985, Código Civil de Venezuela; República Dominicana, Arts. 2252, 2277 y 2278, Código Civil de República Dominicana; Uruguay, Arts. 1222,1242 y 1243, Código Civil de Uruguay.

      (5) Norma similar tiene Cuba, Art. 1932, Código Civil de Cuba, y Bolivia, Art. 1502, Código Civil de Bolivia. Esta era la norma que regía en Puerto Rico hasta el 1904 en que se aprobó el Código de Enjuiciamiento Civil.

      (6) Las Partidas, inspiradas por el derecho romano, establecían la sus-pensión de la prescripción cuyo término era menor de veinte (20) años cuando el titular del derecho era un menor. Partida 6ta, Tit. 9no, Ley 9na. Al aprobarse el Código Civil español y a tono con las corrientes modernas del momento se abandona esa postura.

      (7) Borda, op. cit., pág. 7, resume claramente la razón de ser de la pres-cripción: “La ley protege los derechos subjetivos, pero no ampara la desidia, la negligencia, el abandono. Los derechos no pueden mantener su vigencia indefinidamente en el tiempo, no obstante, el desinterés del titular, porque ello conspira contra el orden y la seguridad. Transcurridos ciertos plazos legales, mediando petición de parte interesada, la ley declara proscriptos los derechos no ejercidos.” F. Sánchez Román, Estudios de derecho civil, 2da ed., Madrid, Ed. Sueesoi*es de Rivadeneyra, 1891, T. III, pág. 267; R. Bonet, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 1581.

      (8) La norma del Art. 40 se origina en el estatuto inglés de 1623 [21 Jac. I, c. 16 (1623)]. Véase Developments of the Law — Statutes of Limitations, 63 Harv. L. Rev. 1177,1229 (1950).


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam :

license: Public Domain

text:
      In re Nelson Escalona Colón.

      Número: 4314

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Nelson Escalona Colón, pro se.

   PER curiam :

El abogado Nelson Escalona Colón incumplió con su deber como notario de rendir semanalmente los índices notariales por espacio de ocho (8) meses. Le concedimos tér-mino para que rindiera los mismos y para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado por este Tribunal. Ha comparecido. Expone que su incumplimiento —el cual acepta— se debió principalmente a haberse involucrado “en la industria del disco y espectáculos” lo cual causó que descui-dara sus deberes profesionales.

En In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985), expresamos que:

En relación con la obligación que le impone a los notarios públicos la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026, relativa a su obligación de rendir semanalmente índices no-tariales, en In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 304-305 (1985), expresamos que dicha obligación es una de “cum-> plimiento estricto” y que “el reiterado incumplimiento con las exigencias de dicha ley acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio”.

Es obvio que las “excusas” brindadas por el notario Escalona Colón no lo exoneran en absoluto del incumplimiento con el deber que le impone la citada See. 26 de la Ley Notarial. Procede, en su consecuencia, que se dicte sentencia suspendiendo del ejercicio del notariado en Puerto Rico al licenciado Escalona Colón por el término de ocho (8) meses contado el mismo a partir del 15 de julio de 1986.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Municipality of San Juan, demandante, v. Great American Insurance Company, demandada.

      Número: CE-86-31

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Lowrence E. Duffy, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 27 de abril de 1973, mientras participaba en un evento ecuestre, John Hawes fue pisoteado por un caballo en el estadio Hiram Bithorn de San Juan. En el mes de junio envió al al-calde de San Juan carta certificada donde notificaba al muni-cipio el accidente y de la inminente reclamación. () El 3 de julio el municipio comunicó a su aseguradora Great American Insurance Company la reclamación y le solicitó que asumiera su representación legal en el caso. Great American no actuó sobre esta petición. Por consiguiente, el municipio se proveyó de los servicios de un bufete privado de abogados.

Hawes demandó al municipio el 17 de abril de 1974 en la Corte de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico. El municipio hizo llegar a sus abogados todos los documentos re-lacionados con el litigio, pero no a la aseguradora según exi-gía la póliza. ()

Aproximadamente tres años después Great American re-cibió los documentos relativos al litigio en ocasión del munici-pio incluirla como tercera demandada. Sin embargo, esta no era la primera vez que Great American sabía del pleito de Hawes contra el municipio. Aparentemente la aseguradora tenía conocimiento pues representaba en el mismo a otro code-mandado. El 24 de febrero de 1981 Great American accedió a proveer representación legal al Municipio de San Juan y cu-bierta. Empero, se negó a reembolsarle los honorarios de abo-gado incurridos entre los años 1973 y 1981.

La Corte de Distrito federal denegó el reembolso. Se fundó en que el municipio no había cumplido con la condición de su-ministrar los documentos relacionados con el litigio a Great American. Esta decisión fue apelada y está pendiente ante la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.

Mediante certificación de dicho foro, atendemos las si-guientes interrogantes:

(1) ¿Es necesario que un asegurador demuestre que ha sufrido perjuicio para que pueda ser relevado de su deber contractual de representar legalmente a su asegurado cuando este último ha incumplido la condición preexistente que re-quiere que el asegurador sea emplazado con prontitud ?
(2) Si la contestación es en la afirmativa, ¿precluye que se determine que el asegurador sufrió perjuicio, el hecho de que éste sepa que se ha presentado una demanda contra el asegurado?
(3) Suponiendo que el asegurador ha incumplido su deber contractual de representar legalmente al asegurado, ¿es un remedio apropiado reembolsar los honorarios de abogado pa-gados por el asegurado?
(4) Si lo es, ¿depended reembolso de la negativa del ase-gurador a defender legalmente a su asegurado ?
(5) Si esto es así, ¿constituye la conducta del asegurador de no notificar prontamente al asegurado de su disponibili-dad para representarlo, una negativa a hacerlo? (Traduc-ción nuestra.)

II

En el campo de los seguros hemos resuelto que su normativa especial emana del Código de Seguros, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 (26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.), en tanto que el Código Civil le sirve como derecho supletorio.() Se rrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc., 108 D.P.R. 477, 481-482 (1979). En vista a este hecho la praxis de este Tribunal ha consistido en utilizar las normas más avanzadas del dere-cho angloamericano y del derecho civil. Cf. Serrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc., supra, págs. 486-487. Pero debemos des-tacar que nuestra normativa sobre seguros tiene afluentes de diversos sistemas de dérecho. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 693 (1978). En ocasiones apropiadas conviene ir a ellos en busca de orientación. Con estos señala-mientos en mente, concentremos en la cuestión certificada.

Es doctrina jurisprudencial en Puerto Rico que el incumplimiento por el asegurado de una condición en la póliza que requiera cooperación con el asegurador, en ausencia de perjuicio, no libera de responsabilidad al asegurador. Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 D.P.R. 626 (1962); Valle v. Sucn. Wiscovitch, 88 D.P.R. 86 (1963); Lafontaine v. Municipio, 79 D.P.R. 583 (1956); Landol v. Colón, 78 D.P.R. 602 (1955); Faulkner v. Nieves, 76 D.P.R. 434 (1954). A igual conclusión hemos arribado con relación al deber de representar al asegurado ante los tribunales cuando éste no ha cumplido su deber de notificar con prontitud. Molina v. Ruiz, 113 D.P.R. 287 (1982).

No obstante, no nos habíamos enfrentado a la situación peculiar planteada en esta certificación. Como correctamente señala la Corte de Apelaciones, todas nuestras decisiones ver-san sobre cubierta y no el deber de representación en litigios. Nuestros pronunciamientos hasta ahora han establecido que para eludir su responsabilidad bajo la cubierta de una pó-liza, el asegurador debe mostrar perjuicio. Great American sin embargo, no está negando cubierta, ni se ha negado a representar al municipio después de 1981. Sólo se niega a reembolsarle a este último los honorarios de abogado incurri-dos durante el tiempo que se vio precisado a buscar los servi-cios de un bufete privado. Las cuestiones certificadas son procedentes.

I — I h-í HH

La obligación de suministrar los documentos del litigio al asegurador es un deber intermedio entre dar notificación y cooperar. 8 Appleman, Insurance Law and Practice, Sec. 4740, pág. 112 (1981). Existe una equivalencia conceptual y espiritual entre ambos deberes que reclaman un mismo enfoque judicial. Por tal razón, en buena lógica resolvemos que su incumplimiento por el asegurado debe causar perjuicio al asegurador para que éste quede relevado de su deber de representarlo. Véanse: Frank v. Nash, 71 A.2d 835 (1950); Miller v. Marcantel, 221 So. 2d 557 (La. 1969); Western Chain Co. v. American Mut. Liability Ins. Co., 386 F. Supp. 440 (1974); Wendel v. Swanberg, 185 N.W.2d 348 (1971). De esta forma evitamos que livianamente, por tecnicismos inconsecuentes, los asegurados pierdan los beneficios por los cuales pagaron.

Por otro lado, no puede alegarse perjuicio cuando el asegurador tuvo conocimiento de la pendencia de la reclamación y como consecuencia, se familiarizó con el caso en ocasión de representar a un codemandado. Véanse: Johnson v. Banner Mutual Insurance Company, 189 N.E.2d 780 (1963); Krutsinger v. Illinois Casualty Company, 141 N.E.2d 16 (1957); Hartford Acc. & Indem. v. Pa. Nat. Mut. Cas., 428 N.Y.S.2d 286 (1980). Véase además Pitrowski v. Taylor, 201 N.W.2d 52 (1972). En esas circunstancias, el principio de la buena fe le impide presentar exitosamente la defensa de que el asegurado no le suministró los documentos del litigio. Véase el Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375.

En casos donde un asegurador ha incumplido su obligación de representar al asegurado, la concesión de costas y honorarios incurridos en la litigación por el asegurado es remedio adecuado. 7C Appleman, op. cit, See. 4691, pág. 239, y casos allí citados. La procedencia del reembolso dependerá de si el asegurador se ha rehusado a cumplir sus deberes bajo la póliza. íd. El rechazo a tal solicitud es susceptible de configu-rarse aun antes de iniciarse el litigio. En la dinámica subya-cente en este tipo de relación, resolvemos que el silencio de un asegurador a una legítima petición de asumir la representa-ción legal debe interpretarse como un rechazo. Gf. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, págs. 61-65.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para contestar en la afirmativa todas las interrogantes certificadas.

      (1) En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 96, Ley Municipal de 1960, equivalente al Art. 11.03 de la ley actual, 21 L.P.R.A. see. 3403.

      (2)En lo pertinente, disponía:
      “4. INSURED’S DUTIES IN THE EVENT OF OCCURRENCE, CLAIM OR SUIT
      “(a) In the event of an occurrence, written notice containing particulars sufficient to identify the insured and also reasonably obtainable information with respect to the time, place and circumstances thereof, and the names and addresses of the injured and or available witnesses, shall be given by or for the insured to the company or any of its authorized agents as soon as practicable ....
      “(b) If claim is made or suit is brought against the insured, the insured shall immediately forward to the company every demand, notice, summons or other process received by him or his representative.

        “ (c) The insured shall cooperate with the company ....
      “5. ACTION AGAINST COMPANY
      “No action shall lie against the company unless,- as a condition precedent thereto, there shall have been full compliance with all of the terms of this policy, nor until the amount of the insured’s obligation to pay shall have been finally determined either by judgment against the insured after actual trial or by written agreement of the insured, the claimant and the company.” (Énfasis nuestro.)

      (3)La Ley Núm. 77, antes citada, derogó los artículos del Código de Comercio que regulaban este contrato.


text:
    Herminio Pietri González, demandante y recurrente, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-86-261

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Zoraida Bartolomei Guzmán, de Servicios Legales de P.R., Inc., abogada del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

r — 1

El 31 de enero de 1986, Pietri González presentó demanda de divorcio por separación contra Alejandrina Barines. Transcurrieron dos (2) meses y diecisiete (17) días sin nin-guna gestión procesal. El tribunal entonces, sua sponte, con-cluyó que la parte demandante no tenía interés en proseguir el caso y el 17 de abril dictó sentencia en que decretaba el ar-chivo sin perjuicio. El demandante Pietri González solicitó relevo bajo la Regla 49.2 aduciendo dificultades en el diligen-ciamiento del emplazamiento y su interés en efectuarlo des-pués de abril, cuando la demandada Barines regresara de Estados Unidos. Expuso que la sentencia era contraria a la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil () que concede un tér-mino de seis (6) meses para realizar esa gestión. El foro de instancia, al reiterar su negativa, consignó que el archivo era “sin perjuicio de que se radique nuevamente”. Considerada la solicitud de Pietri González como certiorari, revisamos.

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En Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985), establecimos la regla general de que el término de seis (6) meses para diligenciar un emplazamiento no puede ser disminuido por un tribunal. Al así resolverlo, expresamente indicamos que tal solución era “en consideración a la drástica sanción de desistimiento con perjuicio contemplada en la Regla 4.3 (b) ”. íd., pág. 703. No obstante, reconocimos “la facultad general de los tribunales, bajo la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, de discrecionalmente también, y por justa causa, ampliar o reducir un plazo”. íd., pág. 703. Después de todo, la reducción y aprobación de la Regla 4.3 estuvo inspirada en llenar una laguna existente e imprimirle desde sus inicios rapidez a los procesos. Hasta su promulgación, quedaba a la sola voluntad de un demandante y su abogado cuándo diligenciarlo. Como resultado acaecían demoras innecesarias, con consecuencias detrimentales no sólo para un efectivo sistema de justicia, sino para un demandado.

En el caso que nos ocupa, el trámite escogido por el foro de instancia, en principio, es armonizable con la norma de Ortalaza v. F.S.E., supra. Adviértase que dicho foro en un ejercicio legítimo de su obligación de acelerar la más pronta disposición de causas, dictó una sentencia de archivo sin per-juicio. Este resultado lo distingue.

El poder y ámbito de los tribunales para acortar el término de seis (6) meses para el diligenciamiento de un emplazamiento dispuesto en la Regla 4.3 y archivar sin perjuicio en caso de injustificada inactividad: debe estar precedido de un apercibimiento previo, con espíritu judicial flexible, darle la oportunidad posteriormente de demostrar que procede dejarse sin efecto dicha sentencia. Este enfoque pragmático, inyecta rapidez y economía a los procedimientos en los tribunales, a la par que armoniza los intereses de las partes en la reactivación y continuidad de sus casos.

En el caso de autos, ante la segunda alternativa, el tribunal sentenciador se negó a reabrir. La demanda está suscrita por abogado de Servicios Legales de Puerto Eico, Inc. En la moción bajo la Regla 49.2 se adujeron razones valederas. En estas circunstancias debió acceder.

Bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, se dictará la co-rrespondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

      (1) Reza:
      “El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término s[ó]lo podrá ser prorrogado por un tér-mino razonable a discreción, del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del tér-mino original. Transcurrido el término original o su prórroga sin que el em-plazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desis-tida, con perjuicio.” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 4.3(b).


text:
    Iván A. Ramos, demandante y recurrido, v. Condominio Diplomat y/o su Consejo de Titulares, demandados y recurrentes.

      Número: CE-86-254

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Carlos Roberto Vélez, abogado de los recurrentes; Toan A. Ramos, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 6 de diciembre de 1985, último día hábil en que vencía el plazo de treinta (30) días, Condominio Diplomat apeló ante el Tribunal Superior una decisión del Tribunal de Distrito. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimó el recurso por el fundamento de no haberse acreditado que su notificación a la parte recurrida, Iván A. Ramos, se hizo por correo certifi-cado. A juicio del ilustrado foro de instancia, cuando la notifi-cación se realiza mediante correo certificado, ésta se perfec-ciona con “el depósito de la misma en el correo”. En sentido contrano interpreto, que si se utiliza la vía ordinaria, la noti-ficación se perfecciona cuando es recibida por la parte a quien se dirige. En resumen, según dicho razonamiento, el método de notificación por correo ordinario no goza del beneficio de quedar perfeccionado cuando se deposita en el correo.

A solicitud de Condominio Diplomat, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

HH

En Campos del Toro v. Ame. Transit. Corp., 113 D.P.R. 337, 347 (1982), rebasamos el enfoque literal de la Regla 53.2 de Procedimiento Civil fijado en Insular Feed Corp. v. Díaz 99 D.P.R. 145, 149 (1970)— y expresamos:

... el requisito de notificación mediante correo certifi-cado a que se refiere la Regla 53.3 de Procedimiento Civil no es lo determinante de nuestra jurisdicción. Lo determinante es que la notificación se haga “dentro del término” para so-licitar la revisión. Dicha notificación se perfecciona si se hace por correo, “al ser depositada en el correo”. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Este pronunciamiento nos permite esclarecer diáfanamente que el mecanismo del correo ordinario puede ser utilizado sin que se contravenga la aludida Regla 53.2. Así lo contemplamos en dicha decisión: “El requisito de que, si se hace la notificación por correo se haga por correo certificado, es uno de conveniencia a los fines de establecer cumplidamente y sin lugar a dudas la fecha del depósito en el correo. Ello no quiere decir que por otros medios, igualmente efectivos, no pueda establecerse la fecha de la notificación.”

De lo expuesto no surge, como concluyó el tribunal de instancia, que exista al presente distinción válida entre correo certificado u ordinario a los efectos de determinar el momento en que se perfecciona una notificación. Nuestras ex-presiones en el sentido de que cuando se utiliza el mecanismo de correo ordinario lo determinante es probar la fecha del de- pósito en el correo, significan que el acto del deposito es lo crucial para propósitos de estimarse perfeccionada a tiempo la notificación. Así, quien utiliza sabiamente la vía del correo certificado está relevado de probar la fecha en que depositó la notificación en el correo. A la inversa, al usuario del correo ordinario no le acompaña la fehaciencia del correo certificado. Por ende, potencialmente, crea a su riesgo una controversia. Le corresponde acreditar mediante prueba suficiente. Se ex-pone a que se desestime su recurso de no concederle el tribunal apelativo crédito o valor probatorio en cuanto a la fecha del depósito. Por tal razón la buena práctica forense aconseja en estos casos el uso del correo certificado.

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Esclarecida la norma jurisprudencial, atendemos los planteamientos formulados en la comparecencia del recurrido Ramos. En síntesis, nos expone que la notificación no fue efectuada el 6 de diciembre, sino con posterioridad. A tal efecto, invita nuestra atención y nos acompaña como Exhibit A, el original del sobre en que se le acompañó la notificación. De ordinario, este documento, por no haber sido presentado ante el tribunal de instancia, no debería ser considerado en esta etapa de revisión. Lo hacemos por vía de excepción, sin prejuzgar la cuestión y únicamente para limitados fines decisorios en cuanto a pautar la juridicidad y alcance de la práctica forense según las reglas procesales vigentes.

En lo pertinente, notamos que dicho sobre tiene dos impresos. Uno producido en letras rojas por un metro postal (postal meter) de los que se tienen para uso interno y doméstico en las oficinas y es susceptible de cambiarse sus fechas. El otro, propiamente es el matasellos del sistema de correo federal, impreso en letras negras, con que se inutiliza el sello del documento. Nos aduce que lo determinante es este matasello, correspondiente al correo federal. Tiene razón.

La fraseología y espíritu en que están cimentadas las re-glas procesales tienen como criterio rector el depósito en el correo en este tipo de notificación. Razones prácticas, de claro entendimiento, impiden que aceptemos como fecha de notifi-cación postal, los sellos, sean del tipo que se adhiere o de los que se imprimen mediante el referido metro postal. Lo decisivo es la fecha del matasello que constituye la prueba real, de or-dinario coetánea, del depósito en el correo.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que expide el auto y deja sin efecto la desestimación decretada por él Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 20 de marzo de 1986. Dicho foro dará oportunidad a las partes para que diri-man la cuestión en torno a la verdadera fecha del depósito en él correo de la notificación del escrito de apelación. C)

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) El examen del original del sobre refleja además que la fecha en que se imprimió el sello con la máquina de metro postal no es clara. Aparenta tener las características inconclusas del número ocho (8). Igual sucede con la fecha del matasello postal. Tiene visiblemente un cuatro (4) precedido de un trozo exiguo de una línea vertical. Podría ser el número uno (1).
      En instancia, el recurrido Ramos sometió una declaración jurada, junto a otra de su secretaria, donde expone que el sobre y la notificación se reci-bieron el 17 de diciembre. Repetimos, nos abstenemos de dirimir la cuestión. También de evaluar los méritos del recurso. Debe ser el foro de instancia quien dilucide ambas cuestiones. Para ello en su oportunidad, se autoriza a esta Secretaría el desglose y remisión directa del original del aludido sobre (Exhibit A).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Gloria Cabán Torres, acusada y apelante.

      Número: CR-85-24

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Luis E. Saavedra González, Margarita Carrillo, Andrés H. Soto Morales, Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Ivette Aponte Nogueras, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados de la apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Dora T. Peñagaríeano, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En el día de hoy ratificamos la norma a los efectos de que no intervendremos con la apreciación y adjudicación de credibilidad que en relación con la prueba testifical haya realizado el juzgador de los hechos a nivel de instancia excepto en casos en que un análisis integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole al apelante —de manera principal— señalar y demostrar la base para ello. Lo contrario, esto es, la intervención indiscriminada con la adjudicación de credibilidad que se realiza a nivel de instancia, significaría el caos y la destrucción del sistema judicial existente en nuestra jurisdicción.

El Ministerio Fiscal radico acusaciones contra la apelante Gloria Cabán Torres y su señora madre Elsie Torres Sánchez por la supuesta comisión de los delitos de conspiración, infrac-ción a los Arts. 6 y 8 déla Ley de Armas de Puerto Rico y por el delito de asesinato en primer grado. () Se les imputó, en síntesis y en lo pertinente, que actuando en concierto y de co-mún acuerdo entre sí y con una tercera persona () “planifi-caron y llevaron a cabo la muerte del ser humano Efraín Gra-jales López”, esposo de la apelante Gloria Cabán Torres.

El proceso contra las coacusadas se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla. La prueba de cargo consistió primordialmente de la declaración del testigo Raúl Ramos Arvelo. El testimonio de dicho testigo, persona de escasa instrucción, en síntesis y en lo pertinente, fue a los efectos de que como producto de una amistad que se desarrolló entre él y la apelante, la cual desembocó en relacio-nes amorosas, ésta le solicitó que consiguiera a “alguien” para que matara a su esposo. Tal solicitud fue hecha con la promesa de que realizado el hecho, la apelante se iría a vivir con el testigo. Dicha conversación, según el testimonio de Ramos Arvelo, ocurrió en presencia de la coacusada Torres Sánchez. Por resultar esas gestiones infructuosas, Ramos Arvelo de-cidió llevar a cabo el acto personalmente. Con ese propósito, la apelante, estando presente su señora madre, le dio dinero a Ramos Arvelo para que comprara un arma de fuego, proce-diendo éste a así hacerlo. () Acordado el día de la semana en que se realizaría el acto —un viernes— la apelante le solicitó que comprara un “silenciador” para el revólver “para que no se oyera”. Acordaron, adicionalmente, que en dicho día y en la hora indicada ella estaría en el balcón de su apartamento, le haría una señal, saldría y le dejaría la puerta abierta. Por no haber conseguido el silenciador, Ramos Arvelo decidió ir con otra persona para que ésta prendiera el radio con el propósito de que no se oyeran las detonaciones. El día indicado, luego de la señal preacordada y que la apelante abandonara el aparta-mentó, Ramos Arvelo entró al mismo en compañía del otro sujeto y ultimó de varios balazos al esposo de la apelante. El testimonio de Ramos Arvelo, por último, situó a la coacusada Torres Sánchez en una de las dependencias del apartamento al momento de ocasionarse la muerte al esposo de la apelante, no pudiendo precisar en qué momento el sujeto que le acom-pañaba desapareció del lugar de los hechos. La prueba de cargo adicionalmente demostró que agentes de la Policía de Puerto Rico —luego de ser “víctimas” de tres versiones dis-tintas sobre lo ocurrido por parte de la entonces “testigo” Elsie Torres Sánchez, en la última de las cuales relacionó a Ramos Arvelo— arrestaron a dicha persona, procediendo éste entonces a declarar e involucrar a las dos coacusadas en la comisión de los hechos. Resulta pertinente señalar que a Ramos Arvelo no se le ofreció ni concedió inmunidad total por haber declarado; el Ministerio Fiscal, no obstante radicar cargos por asesinato en primer grado contra dicha persona, acordó rebajarle la calificación del delito de asesinato a uno de homicidio voluntario a cambio de su cooperación.

Terminado el desfile de la prueba por parte del Ministerio Público, la defensa sometió el caso sin presentar prueba testi-fical alguna. () Los señores del jurado que intervinieron en dicho proceso rindieron veredictos de culpabilidad contra la aquí apelante por los delitos de conspiración y asesinato en segundo grado, absolviéndola de las infracciones a la Ley de Armas. La coacusada Elsie Torres Sánchez fue absuelta en todos los cargos, excepto en cuanto al delito de conspiración.

Sentenciada que fuera Gloria Cabán Torres por el tribunal de instancia a cumplir penas, concurrentes entre sí, de diecio-cho (18) y tres (3) años de reclusión por los delitos de asesi-nato en segundo grado y conspiración respectivamente, radicó en tiempo el correspondiente escrito de apelación ante este Tribunal. No obstante imputarle en el mismo al foro de ins-tancia la supuesta comisión de cuatro errores, () en el alega-to que radicara discute uno solo de ellos, a saber:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar culpable y convicta a la apelante en el presente caso a base de prueba conflictiva e insuficiente en derecho para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. (Énfasis suplido.)

f — 1

Una mera lectura de la exposición narrativa de la prueba, certificada como correcta por el tribunal de instancia, es todo lo que se necesita para concluir que la prueba presentada por el Estado en el presente caso, de merecer crédito la misma, es más que suficiente para sostener las convicciones decretadas contra la apelante por los delitos de asesinato en segundo grado y conspiración. Dicha prueba no sólo “versa” sobre todos y cada uno de los elementos de los antes mencionados delitos exigidos por nuestro ordenamiento penal sino que tiende a establecer la responsabilidad de la apelante como “autora intelectual” de los mismos por cuanto conspiró, in-dujo, instigó y ayudó al “autor material” en la comisión de los hechos. Véanse: Arts. 34, 35, 82, 83, 262 y 263 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sees. 3171, 3172, 4001, 4002, 4523 y 4524); Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977). En palabras de Jiménez de Asúa:

El sistema vigente en la mayor parte de los países reserva la pena íntegra asignada al delito para los autores, esto es, para aquellos que son causa eficiente, y dentro de los autores se comprende, tanto los autores materiales que han ejecutado realmente los actos constitutivos como los mal llamados au-tores morales, que han concebido y resuelto el delito, pero sin ejecutarlo ellos mismos, sino haciéndolo ejecutar a otros. (Énfasis suplido.) ()

Ahora bien, es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974). El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito presentando prueba que meramente sea “suficiente”, esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente en derecho”. Ello significa que la evidencia presentada, “además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no prevenido. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, pág. 552. Esa “insatisfacción” con la prueba es lo que se conoce como “duda razonable y fundada”. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963).

Precisamente a ese punto es que va dirigido el antes trans-crito señalamiento de error. Se nos indica que el testimonio del testigo Ramos Arvelo —único que involucra a la apelante con los hechos en controversia— es uno plagado de inconsistencias y contradicciones lo que causa que el mismo no merezca credi-bilidad. Dicho de otra forma, se argumenta que por razón de lo antes señalado, la prueba presentada por el Ministerio Fiscal no es satisfactoria ni suficiente en derecho por cuanto no produce “certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, pág. 552.

El señalamiento no es nuevo. No por ello deja de plantear una de las situaciones más delicadas, difíciles y angustiosas con las que se confrontan los componentes de un tribunal ape-lativo en su diaria labor. Acceder a lo solicitado por la ape-lante en el presente caso representa, en palabras sencillas, sustituir nuestro criterio a nivel apelativo por el del juzgador de los hechos. En otras palabras, implica resolver que la prueba que los señores del jurado que intervinieron en el caso entendieron y determinaron que era “satisfactoria” y “sufi-ciente en derecho” en realidad no lo es.

HH HH

Como es sabido, la apreciación que hace un juzgador de la evidencia desfilada durante un proceso judicial criminal es una cuestión mixta de hecho y de derecho. Es así por cuanto el análisis que de la prueba presentada se realiza “pone en movimiento, además de la experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de la controversia”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, pág. 552.

Es por ello que la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de instancia a los efectos de que la culpabilidad del imputado de delito ha quedado establecida más allá de duda razonable es una que es revisable en apelación como “cuestión de derecho”. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Es norma jurisprudencial trillada que esa “determinación de culpabilidad” que hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo. El fundamento o base en que se apoya la referida norma es obvio: dicho juzgador es el que, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical ya que fue el que oyó y vio declarar a los testigos. () Como expresáramos en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975):

... y es que no sólo habla la voz viva. También hablan las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el vocabu-lario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de una declaración testi-fical y sin embargo, todos estos elementos se pierden en la, letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el instru-mento más útil para la investigación de la verdad: la obser-vación .... (Énfasis suplido.)

Es por ello que este Tribunal ha expresado en rei-teradas ocasiones que, de ordinario, no intervendremos con el veredicto condenatorio emitido por un jurado o el fallo in-culpatorio de un magistrado en “ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto” en la apreciación que de la prueba reali-zaron los mismos. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982). Debe que-dar, claro, en adición, que la responsabilidad de demostrar que procede la intervención con el fallo o veredicto condenatorio emitido a nivel de instancia recae, de manera principal, sobre el apelante.

Todo lo anteriormente expresado, sin embargo, no significa que esa determinación de culpabilidad realizada por el juzgador de los hechos constituye una barrera insalvable. En el pasado, en ocasiones en que un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos ha producido duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del apelante ha quedado establecida más allá de duda razonable, no hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante; Pueblo v. Pagán Díaz, ante; Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Álamo Álamo, 116 D.P.R. 673 (1985). Y es que, como expresáramos en Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, ante, págs. 551-552, hasta tanto “se disponga de un método infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila”. (Énfasis suplido.)

IV

Como expresáramos anteriormente, la apelante en el ale-gato que radicara se dedica casi exclusivamente a atacar la declaración vertida durante el proceso celebrado por el testigo Raúl Ramos Arvelo, único testimonio que la relaciona con el asesinato que él perpetrara. Nos señala y argumenta, en forma vehemente, que dicha declaración debe ser descartada por ser indigna de crédito. Hemos examinado minuciosamente la exposición narrativa de la prueba y los autos originales del presente caso. Encontramos que hay varios factores o circuns-tancias que militan en contra de la solicitud de la apelante de que intervengamos con la adjudicación de credibilidad que hi-cieron los señores del jurado respecto al mencionado testi-monio.

Es un hecho indiscutible —aceptado, inclusive, por la ape-lante— que el tribunal de instancia le impartió a los señores del jurado todas las instrucciones respecto a este punto reque-ridas por la ley y la jurisprudencia aplicable. Específicamente les instruyó —en obediencia del mandato contenido en la Regla 156 de las de Procedimiento Criminal— que el testimo-nio de Ramos Arvelo, por ser el de un coautor, debería ser “examinado con desconfianza” y que le deberían dar el “peso” que estimaran procedente “luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso”. No hay duda que los señores del jurado deben haber tomado en con-sideración, entre otros factores, que el Estado no le concedió inmunidad total a Ramos Arvelo a cambio de su declaración y cooperación, hecho que en esta clase de situaciones tiene singular importancia y peso. Tenemos, en adición, que en el presente caso —por estipulación de las partes— el jurado tuvo el beneficio de escuchar la declaración que este testigo pres-tara en su totalidad a nivel de vista preliminar; en otras pa-labras, tuvieron la oportunidad de decidir si su testimonio a lo largo de todo el procedimiento había sido o no consistente-mente el mismo.

Por último, un examen minucioso del referido tes-timonio revela que a pesar de que dicho testigo efectivamente incurrió en una serie de contradicciones e inconsistencias, las mismas no versan sobre los puntos verdaderamente críticos de su testimonio; más bien, se refieren a detalles y hechos sobre los cuales la mente humana puede olvidar y confundir. Des-pués de todo, debemos recordar que no existe el testimonio “perfecto”, el cual de ordinario, en lugar de ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo general, es producto de la fabricación. Aun aceptando, a los fines de la argumentación, que las contradicciones fueran de índole sus-tancial, debe mantenerse presente que “cuando un testigo se contradice, lo que se pone en juego es su credibilidad” y que es “al jurado o al juez de instancia a quien le corresponde resolver el valor de su restante testimonio”. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 883 (1976).

En resumen, un examen sereno, detallado y desapasionado de la declaración del testigo Ramos Arvelo no produce en nues-tro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que amerite que intervengamos con la credibilidad que le mereciera el testimonio del referido testigo al juzgador de los hechos a nivel de instancia.

V

La apelante no discute en el alegato los “errores” segundo, tercero y cuarto que señalara en el escrito de apelación que originalmente radicara. No obstante ello pasamos a conside-rarlos. ()

Mediante el segundo y tercer señalamiento se atacan los veredictos rendidos por los señores del jurado en el presente caso por ser los mismos “inconsistentes”. Presumimos que dichos señalamientos se refieren al hecho de que a pesar de que los señores del jurado declararon culpable a la apelante de los delitos de asesinato en segundo grado y conspiración, procedieron a absolverla de las infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Dicho señalamiento de error es obviamente inmeritorio. Hemos sostenido en innumerables ocasiones en el pasado que de ordinario no constituye error que dé lugar a la revocación de una convicción el mero hecho de que el jurado que intervenga en un proceso criminal en particular emita, respecto a diferentes pliegos acusatorios, veredictos que no guardan la más absoluta consistencia lógica entre sí. Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970); Pueblo v. Cortés, 99 D.P.R. 679 (1971); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976), y Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

No hay duda que en el presente caso la prueba presentada por el Ministerio Fiscal era inclusive suficiente en derecho para sostener una convicción en cuanto a la apelante por in-fracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por cuanto se probó más allá de duda razonable que ésta, como coautora de los hechos, tenía la “posesión constructiva” del arma de fuego utilizada por Ramos Arvelo. () El hecho de que los señores del jurado, no obstante lo anteriormente expre-sado, emitieran un veredicto absolutorio en los casos de la Ley de Armas, repetimos, no conlleva la revocación de las convic-ciones por los delitos de asesinato en segundo grado y conspi-ración. Pueblo v. Millán Meléndez, ante.

Por último, mediante el cuarto señalamiento de error, se ataca la admisión en evidencia de las declaraciones hechas por la coacusada Elsie Torres Sánchez a agentes de la Policía de Puerto Rico inmediatamente después de ocurridos los hechos por razón de que no “se le habían hecho las advertencias le-gales” requeridas. Basta señalar que en esos momentos dicha coacusada no era “sospechosa”, Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); era una mera “testigo” a la cual no había que hacerle advertencia alguna.

Se dictará la correspondiente sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1)Como veremos más adelante, la coacusada Elsie Torres Sánchez fue convicta por el jurado que intervino en el proceso únicamente en el caso por el delito de conspiración.

      (2) El testigo de cargo —también acusado— Raúl Ramos Arvelo.

      (3)La apelante, según el testimonio de Ramos Arvelo', tuvo que darle dinero en dos ocasiones por cuanto en la primera ocasión él fue objeto de un asalto.

      (4) La prueba de la defensa se limitó a cierta prueba documental.

      (5)“PRIMER ERROR: Erró el Jurado al rendir un veredicto de culpa-bilidad basándose en una prueba que no demostró fuera de toda duda razo-nable la culpabilidad de la imputada de delito.
      “SEGUNDO ERROR: Erró el Jurado al rendir un veredicto de culpa-bilidad en el caso de Asesinato contra la imputada de delito Gloria Cabán Torres cuando con la misma prueba absolvió a la co-acusada Elsie Torres Sánchez del mismo delito de Asesinato.
      “TERCER ERROR: Erró el Jurado al emitir un veredicto inconsis-tente contra la imputada de delito, ya que la condenó por el Asesinato en 2do. Grado y la absolvió unánimemente en las Infracciones a los Artículos 8 y 6 de la Ley de Armas.
      “CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al admitir en evi-dencia el testimonio del agente José Luis Ramos con relación a lo que le comunicó la co-acusada Elsie Torres Sánchez en el lugar de los hechos, ya que no se le habían hecho las advertencias legales según dispone la casuís-tica puertorriqueña y federal con relación al derecho a no autoincriminarse.”

      (6)L. Jiménez de Asúa, La Ley y el Delito, 5ta ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1967, pág. 497.

      (7)En cuanto a prueba documental, el tribunal apelativo está en la misma posición que el foro de instancia. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

      (8) Discutimos los mismos no obstante la norma a los efectos de que un señalamiento de error, que no sea fundamental, que se expone pero que no se discute, no tiene que ser objeto de discusión por el tribunal apelativo. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966)

      (9)La ley, naturalmente, contempla no sólo la tenencia física inme-diata de un objeto por parte de una persona sino que la posesión común que ocurre cuando más de una persona, con conocimiento, comparten el control del objeto delictivo; esto es, la llamada “posesión constructiva”. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Melanio González Burgos, demandante y recurrido, v. Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: RE-86-185

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      Delwin Vélez Santiago, abogado de la recurrente; Reinaldo De León Martínez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Melanio González Burgos era el beneficiario de una póliza de seguros. Ésta proveía para el pago del balance de la hipo-teca que gravaba una propiedad del señor González Burgos si éste se incapacitaba parcial o totalmente mientras la pó-liza estuviera vigente y hasta tanto el beneficiario —el señor González Burgos— cumpliera sesenta años de edad, los cuales cumplió el 9 de febrero de 1982. Para esa fecha estaba traba-jando, pero ya padecía de una afección renal. Ésta le pro-dujo finalmente su incapacidad. El señor González Burgos in-formó a la aseguradora —Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico— que dejó de trabajar el 26 de octubre de 1982. Uno de los médicos que le atendió certificó que la fecha de la incapacidad fue el 31 de julio de 1984.

Reclama el señor González Burgos a la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico el pago del balance de la hipo-teca. Esta compañía aseguradora se negó a pagar por enten-der que la póliza por incapacidad permanente ya no le cubría por tener sesenta años de edad al advenir incapacitado y re-clamar los beneficios de la póliza.

El tribunal de instancia resolvió a favor del asegurado al interpretar que es la causa de la incapacidad total y perma-nente lo que debe surgir mientras está en vigor la póliza de seguro y no la incapacidad misma, y como la cláusula perti-nente era contradictoria, oscura y ambigua, la interpretó a favor del asegurado.

La aseguradora recurre ante nos para alegar que la cláu-sula en controversia es clara, precisa, sin contradicciones. Dicha cláusula dispone:

Se entenderá por incapacidad total y permanente una con-dición física que surja como resultado de accidente o enfer-medad ocurrida después de emitido el seguro y cuya natura-leza sea tal que presumiblemente impedirá al deudor elegible asegurado trabajar en cualquier empleo retribuido o realizar cualquier actividad que conlleve remuneración por el resto de su vida y le prive de percibir las entradas económicas que lo cualificaron para obtener el préstamo.
La incapacidad deberá surgir antes de que el deudor ele-gible asegurado cumpla los 55 años de edad si el mismo se aseguró en o después del 1ro de julio de 1975; o antes de que cumpla los 60 años de edad si se aseguró antes de dicha, fe-cha. (Énfasis suplido.)

Examinado el recurso de la recurrente, emitimos la si-guiente orden:

El demandante-recurrido tendrá veinte días para mos-trar causa por la cual no debemos expedir el auto solicitado, revocar la sentencia objeto de este recurso y declarar sin lugar la demanda por haber surgido la incapacidad del de-mandante después de cumplir sesenta años.

Compareció el demandante-recurrido por escrito. Sostiene que a la fecha de la adquisición de la póliza por parte del señor González Burgos la cláusula en controversia establecía:

Se entenderá por incapacidad total y permanente una in-capacidad total como resultado de accidente o enfermedad ocurrida antes de que el deudor cumpla 60 años de edad (énfasis nuestro) y si la naturaleza de dicha incapacidad es tal que presumiblemente le impedirá trabajos en un empleo retribuido por el resto de su vida.

Entiende el recurrido que la recurrente pretende variar la expresión de la cláusula de conformidad con un documento redactado el 1ro de julio de 1975.()

No le asiste la razón al recurrido. La enmienda hecha a la cláusula en controversia antes citada en modo alguno cambió, perjudicó o alteró los derechos del asegurado. Tampoco convirtió la cláusula en una ambigua u oscura. Siendo ello así, no es aplicable la doctrina de Susoni Vda. de O’Neill v. Pac. Woodmen Life Ass’n, 51 D.P.R. 537 (1937), citada por el tribunal. Allí había un claro conflicto entre las cláusulas pertinentes. Por eso se interpretaron a favor del asegurado.

La cláusula continuó clara en sus términos por cuanto en pólizas adquiridas con anterioridad al 1ro de julio de 1975 la incapacidad debía sobrevenir antes de cumplir los sesenta años de edad y que fuera de tal naturaleza que le impidiera al asegurado trabajar.

En el presente caso bajo cualquiera de las dos fechas, 26 de octubre de 1982 —fecha en que el asegurado informó a la aseguradora que dejó de trabajar— ó 31 de julio de 1984 —fecha de incapacidad certificada por el médico— éste tenía más de sesenta años.

Bajo las circunstancias presentes, aun siguiendo la doctrina de que los contratos de seguros, por ser de adhesión deben ser interpretados liberalmente a favor del asegurado, la cual reiteramos en todas sus manifestaciones, () tenemos que resolver a favor del asegurador. Las cláusulas son claras. Lo determinante es la fecha en que surge la incapacidad no la del inicio de la enfermedad.

Por las razones apuntadas, se dictará sentencia que deses-time la demanda.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre en el resul-tado sin opinión escrita.

      (1) Nueve años y tres meses después del recurrente haber adquirido su póliza.

      (2) Véanse, entre otros, Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 D.P.R. 1 (1981); Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 96 D.P.R. 759 (1968).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de P. R., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, Sección II, recurrido.

      Número: O-84-307

      Resuelto: 30 de junio de 1986

      José Ramón Quiñones Coll, abogado del recurrente; la Registra-dora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico (C.R.U.V.) instó sendas acciones judiciales de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los dueños de seis apartamentos en el Condominio Residencial Tibes II de Ponce. Por no encontrarse residiendo, al momento de la radicación de las demandas, en los respectivos apartamentos del mencionado condominio, los demandados en dichos casos civiles fueron emplazados por edictos. Regla 4.5 de Procedi-miento Civil. La parte demandante sometió declaraciones ju-radas en cada caso para acreditar tales hechos. En todos los casos se dictó sentencia en rebeldía a favor de la C.R.U.V. Dichas sentencias también fueron notificadas a los deman-dados por medio de edictos. Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil.

Con anterioridad a la celebración de la venta judicial para hacer efectivas las sentencias recaídas, el alguacil del Tribunal Superior de Ponce expidió los avisos de venta, que fue-ron publicados durante dos semanas en tres lugares públicos del municipio, ( ) Regla 51.8(a) de Procedimiento Civil. Además, dichos avisos fueron publicados en la Colecturía y en la Escuela Pública más cercanas a la dirección residencial conocida de los demandados.

A todas las subastas judiciales compareció la C.R.U.V. como único licitador, adjudicándosele las referidas propieda-des. Las escrituras públicas de las ventas judiciales, prepara-das por el notario José Ramón Quiñones Coll, fueron presen-tadas para inscripción en el Registro de la Propiedad de Ponce, Sec. II, el 2 de marzo de 1984. Mediante notificación de 6 de marzo de 1984, la Registradora informó la negativa de inscripción de los referidos documentos porque “de la escri-tura ni de sus complementarios resulta la fecha de publica-ción en el periódico de los [e]dictos de [sjubasta”. El notario recurrente sometió escrito de recalificación el 20 de marzo de 1984 en el que alegó que “la referida Regla [51.8(a)] le ofrece al promovente de la Venta Judicial la alternativa de publicar el aviso de venta o Edicto de Subasta, ya bien en la Colecturía y en la Escuela Pública más cercanas a la residen-cia conocida del demandado, o en un periódico de circulación general diaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, durante dos semanas y por lo menos una vez por semana”. Alegó, además, que la publicación del edicto de subasta en un periódico de circulación general no es un requisito manda-torio.

La Registradora recurrida notificó denegatoria final el 13 de abril de 1984 por los mismos fundamentos de la negatoria inicial. De dicha calificación recurre ante nos la C.R.U.V. mediante recurso gubernativo.

Por los fundamentos que a continuación exponemos con-firmamos la calificación recurrida.

La referida Regla 51.8 (a) de Procedimiento Civil en su parte pertinente dispone:

Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución, deberá publicarse la misma por es-pacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visi-blemente colocados en tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la alcal-día, el tribunal y la colecturía. Se publicará, además, dicho aviso en la colecturía y en lá escuela pública del lugar de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, o en un diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por espacio de dos (2) semanas y por lo menos una vez por semana.

Del texto de la regla transcrita surge que al recurrente no le asiste la razón. Ésta no le ofrece la alternativa —además del requisito mandatorio de la publicación en tres lugares pú-blicos del municipio en que se efectuará la venta— de escoger entre los dos supuestos indicados en la segunda oración de la regla. Éstos aplican a dos situaciones posibles distintas entre sí. De conocerse la residencia del demandado, el aviso por lo menos debe colocarse en dos lugares públicos. () De no cono-cerse, existe la obligación de notificar la venta mediante aviso en un periódico de circulación general.

Es un hecho establecido que la C.R.U.V. no conocía el lugar de residencia de los demandados. Precisamente es este hecho el que los obliga a diligenciar el emplazamiento me-diante la publicación de edictos, luego de someter declara-ciones juradas en los respectivos casos acreditativas de tal hecho. Es por ello también que los casos se vieron en rebeldía. Procedía, por ende, la publicación del aviso de venta en un diario de circulación general y no el procedimiento adoptado por la C.R.U.V.

En Federal Land Bank v. León, 56 D.P.R. 887 (1940), al interpretar el Art. 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, 82 L.P.R.A. ant. see. 1132, equivalente a la actual Regla 51.8, () se sostuvo la validez de un procedimiento ejecutivo sumario a pesar de no haberse publicado los edictos de subasta en un periódico del distrito o de circulación general. Aparte de que de la opinión no surge claramente si la residencia de los de-mandados era conocida o no, en caso de entenderse que la misma permite no publicar el aviso en un diario cuando la residencia de la parte demandada no es conocida, esa decisión queda expresamente revocada. La Regla 51.8 es clara y de cumplimiento estricto.

La Registradora recurrida fundamenta su denegatoria en la facultad que le concede el tercer párrafo del Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2267. Dicho artículo, fuente del principio de legalidad, limita la función calificadora del Registrador a los siguientes extremos:

Calificación de documentos — Responsabilidad de Registrado-res; extensión de la calificación; documentos expedidos por Autoridad Judicial; documentos administrativos
Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos conteni-dos en tales documentos. Los Registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigen-tes y las leyes.

(3) En Federal Land Bank v. León, 66 D.P.R. 887 (1940), se resolvió, además, correctamente que el procedimiento se extendía a ventas judiciales de bienes inmuebles.

Al calificar los documentos sujetos a registro, los Regis-tradores no están facultados para apreciar la legalidad de las calificaciones efectuadas ni de los asientos extendidos con anterioridad por sus predecesores o por ellos mismos. Tales asientos así como los actos inscritos deberán estimarse válidos, hasta tanto los tribunales declaren su nulidad.
En cuanto a los documentos expedidos por la Autoridad Judicial, la calificación expresada se limitará: (1) a la ju-risdicción y competencia del Tribunal; a la naturaleza y efectos de la resolución dictada si ésta se produjo en el jui-cio correspondiente; y si se observaron en él los trámites y preceptos esenciales para.su validez; (2) las formalidades extrínsecas de los documentos presentados; y (3) a los ante-cedentes del Registro.

Alega la Registradora recurrida que, por ser la escritura de venta judicial un documento expedido por autoridad judicial, su calificación podía extenderse a analizar “si se ob-servaron en él los trámites y preceptos esenciales para su validez”.

El documento cuya calificación se solicita no reviste el carácter de uno expedido por autoridad judicial. Es una escritura pública de compraventa judicial en ejecución de sentencia donde sólo comparece el alguacil como parte en su carácter oficial. Este solo hecho no es suficiente para adjudicarle la cualidad de documentó judicial. La escritura pública de compraventa en que el funcionario judicial interviene en representación de uno de los otorgantes y ésta está autorizada por un notario, no puede considerarse como un documento expedido por autoridad judicial. Resoluciones del Tribunal Supremo de España de 29 de marzo de 1880, 26 de noviembre de 1884, 80 de marzo de 1885, 30 de mayo de 1898, 31 de marzo y 11 de julio de 1936. Véanse, además, J. M. Mena y San Millán, Calificación Registral de Documentos Judiciales, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 43; B. Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la legislación hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1982, Vol. I, pág. 236 y Vol. VI, págs. 755-756. Igual solución es forzosa en el presente caso. La función calificadora del Registrador está limitada por lo dispuesto en el primer párrafo del Art. 64.

Sin embargo, dicha conclusión no varía el resultado en el presente caso, ya que la función de “examinar si los documentos presentados a registro, cuya toma de razón se solicita, contienen todas las circunstancias exigidas por la ley no es una exigencia privativa de los documentos judiciales, sino general...”. E. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipotecario Puertorriqueño, Barcelona, Artes Gráficas Medinaceli, 1973, págs. 307, 308. Véanse, además, Negrón v. Registrador, 104 D.P.R. 529, 535 (1976); Nido & Cía., S. en C. v. Registrador, 74 D.P.R. 789 (1953); H. M. Brau, Apuntes para un curso sobre el estado del Derecho Inmobiliario Registral Puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 Rev. Jur.U.P.R. 117,201 (1979).

Según el primer párrafo del Art. 64, la calificación del Registrador comprende, entre otros, “la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos”. El Art. 68(2) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2271(2), señala como falta que impide la registración del título presentado aquella que produce la nulidad del título. La Regla 51.8(a) de Procedimiento Civil expresamente declara que “ [s] eró, nula toda venta judicial que se realice sin dar cumplimiento al aviso de venta en la forma indicada . . .”. (Énfasis suplido.) Roca Sastre señala, al hablar sobre este aspecto de la función calificadora, que “ [e] 1 Registrador ha de comprobar si el acto jurídico en sí, o sea, el contenido de la escritura pública, es válido o nulo, tanto como tal como en sus condiciones”. R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, Yol. II, pág. 270. Añade que en ese aspecto “es donde el ámbito de la función calificadora del Registrador es amplísimo”. Id. Chico y Ortiz señala “que si lo que se inscribe es el ‘título, el acto o el contrato’, la califica-ción debe recaer sobre la validez del mismo”. J. M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Co-meta, 1981, T. I, pág. 669.

Los recurrentes no han demostrado que cumplieron los requisitos exigidos por la Regla 51.8 (a) para la validez de la subasta celebrada. Debemos recordar que “en materia de venta judicial se proclama como postulado fundamental que no existe presunción a favor de que todo se ha hecho en forma adecuada por el Alguacil, por lo cual, incumbe al que compra probarle al Registrador que, medíante documento auténtico, se ha observado la ley”. M. R. Aguiló, La calificación de los documentos judiciales, 77 Rev. Dér. Puertorriqueño 83, 91 (1980). No lo ha hecho. Repetimos que los propios recurrentes sometieron declaraciones juradas que indican que los demandados no residían ya en las propiedades a ejecutarse. Expresan en su escrito ante nos que “los demandados fueron emplazados por edictos, ya que a pesar de las diligencias realizadas, no pudieron ser localizados en sus direcciones residenciales conocidas, para ser emplazados personalmente”.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que confirme la resolución recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El Tribunal tiene la incuestionable facultad de interpre-tar estatutos y de pautar normas para regir los procedimien-tos ante los tribunales de instancia. En la discusión que man-datoriamente procede previo al ejercicio de estas facultades, nunca se debe perder de vista los efectos —inmediatos y a largo plazo— que las normas resultantes tendrán sobre la profesión legal y nuestra ciudadanía en general. En otras pa-labras, el análisis interpretativo no debe ser mecánico, limi-tado exclusivamente a si la norma en el abstracto es “jurídi-camente correcta”; procede que nos cuestionemos si la misma es sabia y práctica. De no serlo, es mandatorio que “atempere-mos” tal norma.

I

El presente recurso nos brinda la oportunidad de inter-pretar las disposiciones de la Regla 51.8(a) de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, ( ) la cual dispone:

51.8. Ventas judiciales
(a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución, deberá publicarse la misma por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visiblemente colocados en tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la alcaldía, el tribunal y la colecturía. Se publicará, además, dicho aviso en la colecturía y en la escuela publica del lugar de residen-cia del demandado, cuando ésta fuera conocida, o en un dia-rio de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por espacio de dos (2) semanas y por lo menos una vez por semana. El aviso de venta describirá adecuada-mente los bienes a ser vendidos y se referirá sucintamente además, a la sentencia a ser satisfecha mediante dicha venta, con expresión del sitio, día y hora en que habrá de celebrarse la venta. Si los bienes fueren susceptibles de deterioro, el tribunal, a solicitud de parte, podrá reducir el término de publicación del aviso a menos de dos (2) semanas. Será nula toda venta judicial que se realice sin dar cumplimiento al aviso de venta en la forma indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte que promoviere la venta sin cum-plir con tal aviso. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar dicha disposición, respecto a la publi-cación del aviso de subasta, contiene dos requisitos: uno de carácter mandatorio y otro que está redactado en la alterna-tiva. El primero de ellos resulta no sólo de fácil interpreta-ción sino sabio y práctico, dado el objetivo principal de la disposición, cual es, lograr que el mayor número de compra-dores potenciales acuda a la venta. Siempre habrá que fijar el aviso de subasta en tres sitios públicos (tales como la alcaldía, el tribunal y la colecturía) del municipio en que habrá de celebrarse la venta judicial, lo que significa: el pueblo o ciu-dad en que radica el tribunal que ha conocido del caso en particular. Dada la accesibilidad a la venta, los vecinos de dicho municipio que estén interesados, podrán fácilmente acudir a la misma.

El requisito que sí requiere interpretación es el segundo. Una interpretación literal y restrictiva de los términos en que está concebido el mismo nos lleva a la interpretación que adopta una mayoría de este Tribunal en el presente recurso, esto es, que si el demandante conoce la residencia del deman-dado, viene obligado a fijar el aviso de venta en la colecturía y en la escuela pública del municipio donde este último reside. Si, por el contrario, el demandante la desconoce, viene obli-gado entonces a publicar dicho aviso en un diario de circula-ción general.

¿Resulta dicha norma sabia y práctica? Entendemos que respecto a la venta en pública subasta de inmuebles, no lo es. Veamos por qué:

Asumamos que un residente de Ponce es declarado “deu-dor” en un procedimiento ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. A requerimiento del demandante y para hacer efectiva la sentencia dictada, la Sala de Mayagüez ordena la venta en pública subasta de un inmueble del deudor localizado en Fajardo. Si el demandante conoce la dirección de éste, según la interpretación que de la citada Regla 51.8(a) hace una mayoría del Tribunal en el día de hoy, se tendrán que fijar los avisos de venta en Mayagüez y en Ponce, mas no en Fajardo. Procede que nos preguntemos: ¿habrá muchas per-sonas residentes de Ponce y Mayagüez interesadas en com-prar un inmueble en Fajardo? Dicho de otra forma, ¿acaso no es más lógico y razonable que se fijen los avisos de venta en la colecturía y escuelas públicas de Fajardo por cuanto las personas que más pueden estar interesadas en la compra de un inmueble en Fajardo son precisamente los residentes de dicho pueblo? De estar una persona interesada en adquirir una propiedad inmueble en un municipio en particular, ¿no resulta lo más razonable que acuda a los tablones de edictos de los sitios públicos de dicho municipio? Es por ello que se ha “considerado como altamente deseable que se anuncie la venta de tierra allí donde la tierra radique o en su vecindad”. (Tra-ducción nuestra.) 30 Am. Jur. 2d, Executions, Sec. 324.

A nuestro juicio, el Tribunal incurre en el error señalado por cuanto parte de la premisa —errónea, a nuestro enten-der— de que el propósito de la citada Regla 51.8 (a) es darle “notificación” al dueño-demandado. Es por ello que “exige” que si el demandante conoce la residencia del demandado, aquél viene obligado a fijar el aviso en la colecturía y escuela pública del municipio donde éste resida. Nada más alejado de la realidad y del sentido común.

Aparte de que el hecho de que ello así se haga no ofrece garantía alguna de que el dueño-demandado efectivamente se va a enterar de la venta, y de que dicho razonamiento es con-trario a lo resuelto por este Tribunal en Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979) —donde resolvimos que “[e]n cuanto al procedimiento de ejecución, nada hay en la ley que exija la notificación al dueño de la propiedad durante el trámite post sentencia”— somos del criterio que el verda-dero propósito tras la referida Regla 51.8(a) es el de notifi-car y atraer el mayor número de compradores potenciales al acto de la subasta, fomentando de esa forma la competencia en precio, y evitando así el sacrificio de una propiedad —en perjuicio del dueño— por un precio irrisorio e irrazonable. () Ello no se logra fijando los avisos en el municipio donde reside el demandado sino haciéndolo en el municipio donde enclava el inmueble por cuanto ahí es el. lugar donde reside el mayor número de personas que “conocen” el inmueble y que pueden estar realmente interesadas en la compra del mismo.

Esa fue la posición que este Tribunal acogió —interpre-tando un lenguaje similar contenido en el derogado Art. 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. see. 1132 ()— hace más de cuarenta y cinco (45) años en Fed eral Land Bank v. León, 56 D.P.R. 887 (1940), posición que hoy se revoca expresamente.

No hay duda de que la dificultad con las disposiciones de la Regla 51.8 (a) con la que hoy nos confrontamos viene arras-trándose desde hace muchos años; para ser más exactos, desde que se “adoptaron” los artículos correspondientes de los es-tados de Idaho y California, los cuales se convirtieron en el original Art. 251 del Código de Enjuiciamiento Civil. La “adaptación” que se hizo no fue completa. Así lo reconocimos en el antes citado caso de Mestres v. Díaz Román, 50 D.P.R. 370 (1936). A diferencia, por ejemplo, del artículo de ley de California() —donde se distingue entre “propiedad perece-dera”, “propiedad personal” y “propiedad inmueble” a ser ejecutada— al redactarse originalmente el citado Art. 251 se “redujo” dicha clasificación a dos grandes grupos: “bienes sujetos a deterioro” y “otra propiedad personal”, omitiéndose las disposiciones respecto a bienes inmuebles, causando ello la dificultad con la que hoy nos confrontamos.

No debemos conformarnos con realizar una interpretación literal y mecánica de una disposición legal que es obviamente defectuosa e incompleta. Somos del criterio que tenemos la obligación de evitar que se siga perpetuando el error. Ello lo podemos lograr, dada la naturaleza de la disposición en con-troversia, poniendo en movimiento el mecanismo para que la misma sea enmendada. En el entretanto, como expresáramos en Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 39 (1982), se hace necesario que “en nuestra fun-ción rectora de interpretación subsanemos el error” promo-viendo el verdadero propósito y objetivo de la disposición en controversia. El Tribunal, mediante la opinión que hoy emite, no cumple a cabalidad con dicha función. Es por ello que disentimos.

HH

Asumiendo, a los fines de la argumentación, que la inter-pretación que hoy hace el Tribunal sea la correcta, estimamos que en protección de los procedimientos llevados a cabo a nivel del tribunal de primera instancia hasta el día de hoy, la norma que se establece mediante la presente decisión debe tener efec-tos prospectivos.

Ello es lo más justo. En primer lugar, la citada Regla 51.8(a) no es un modelo de claridad; se presta a confusión y a interpretaciones distintas. Por otro lado, es posible que cientos de nuestros compañeros abogados —confiando en una interpretación distinta basada en lo resuelto en el caso que hoy se revoca de Federal Land Bank v. León, ante— pueden haber aconsejado a sus clientes y/o pueden haber llevado a cabo ejecuciones de sentencia contrarias a lo aquí resuelto. En vista del decreto de nulidad que la citada Regla contiene, dicha situación puede causar una multiplicidad de litigios y anulación de transacciones comerciales ya realizadas, a menos que se decrete que la norma que hoy se establece tenga efectos prospectivos.

      (1) Específicamente en el Tribunal Superior de Ponce, en el correo más cercano a dicho tribunal y en la Alcaldía del Municipio de Ponce.

      (2)No habría impedimento a que también se publique en un periódico. Cf. Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291 (1931).

        (3)“Sec. 1132. Aviso de venta

      “Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución de la sentencia, deberá publicarse del modo siguiente:
      “1. Si los bienes fueren susceptibles de deterioro se fijarán avisos es-critos, anunciando la fecha y lugar de la venta, en tres sitios públicos del distrito o de la ciudad en que ha de celebrarse, y además, en la escuela del barrio o en la casa del comisario del barrio de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, por un tiempo razonable, habida consideración del carácter y naturaleza de los bienes.
      “2. Si se tratare de otra propiedad personal, se fijará el aviso, por es-pacio de veinte días en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se hallaren los bienes, y además, en la escuela del barrio o en la casa del comi-sario del barrio de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, describiéndose en él aquéllos detalladamente con expresión del lugar en que haya de celebrase la venta; o se publicará copia del dicho aviso, una vez por semana, durante el mismo período, en algún periódico, del distrito, si lo hubiere, y si no en un periódico de los de más circulación en el Estado Libre

        Asoeiado de Puerto Rico. Cuando la sentencia en cumplimiento de la cual se vendieren los bienes, exigiere que el pago se efectúe en determinada clase de moneda, los avisos prescritos por este artículo, deberán expresar la clase de moneda en que deban hacerse las posturas en dicha venta, cuya moneda habrá de ser la especificada en la sentencia.” (Énfasis suplido.)

      (1) La citada disposición no tiene equivalente en las Reglas de Procedi-miento Civil de 1958; procede del derogado Art. 251 del Código de Enjuicia-miento Civil. Éste, por su parte, fue una “adaptación” de la See. 4482 de los Códigos Revisados del Estado de Idaho y de la See. 692 del Código de California. Véase Mestres v. Díaz Román, 50 D.P.R. 370 (1936).

      (2)47 Am. Jur. 2d, Judicial Sales, See. 82 et seq.; 30 Am. Jur. 2d, Executions, Sec. 319 et seq.; 60 C.J.S., Judicial Sales, Sec. 10; 33 C.J.S., Executions, Sec. 211.
      Como se expresara en Standley v. Knapp, 298 P. 109 (1931), interpre-tando la citada See. 692 del Código de California:
      “The obvious purpose of the statute is to give as extended notice as the term ‘public sale’ would demand; to give notice to a sufficient number of people to insure the fairness of the sale and promote competitive bidding.”

      (4) E1 cual dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “See. 692. Sale on execution or under power in mortgage or deed of trust; notice

      “Before the sale of property on execution or under power contained in any .mortgage or deed of trust, notice thereof must be given as follows:
      “1. Perishable property. In case of perishable property: by posting written notice of the time and place of sale in three public places in the city where the property is to be sold, if the property is to be sold in a city, or, if not, then in three public places in the judicial district in which the property is to be sold, for such time as may be reasonable, considering the character and condition of the property.
      “2. Personal property, generally. In case of other personal property: by posting a similar notice in three public places in the city where the property is to be sold, if the property is to be sold in a city, or, if not, then in three public places in the judicial district in which the property is to be sold, for not less than five days nor more than 10 days.
      “3. Real estate. In case of real property: by posting a similar notice particularly describing the property at least 20 days before date of sale, in one public place in the city where the property is to be sold if the property is to be sold in a city, or, if not, then in one public place in the judicial district in which the property is to be sold and publishing a copy thereof once a week for the same period, in some newspaper of general circulation printed and published in the city in which the property or some part thereof is situated, if any part thereof is situated in a city, if not, then in some newspaper of general circulation printed and published in the judicial district in which the property or some part thereof is situated, or, in case no newspaper of general circulation be printed and published in the city or judicial district, as the case may be, in some newspaper of general circulation printed and published in the county. Provided, that where real property is to be sold under power of sale contained in any deed of trust or under power of sale contained in a mortgage a copy of said notice shall be posted in some conspicuous place on the property to be sold, at least 20 days before date of sale.” (Énfasis suplido.) 17 Cal. Code 245 etseq, (1955).