source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Lincoln American Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.

      Número: O-77-323

      Resuelto: 7 de febrero de 1978

      Figueroa & Nassar, abogados de la recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En el proceso de cancelación de gravámenes posteriores, siguiente a la ejecución de hipoteca y adjudicación a su favor en subasta de una finca rústica de 495 cuerdas frente al At-lántico en Luquillo, la recurrente Lincoln American Corporation obtuvo el 2 de febrero de 1977 de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, donde se tramitó la ejecución, mandamiento para cancelación de tres gravámenes, entre ellos una hipoteca en garantía de un pagaré al portador con un principal de $8,660,000.00 constituida según escritura Núm. 67, otorgada en San Juan el 23 de mayo de 1973 ante el Notario Lie. José Antonio Luiña, en el cual se expresa que la suma realmente prestada contra dicha garantía es $1,391,482.03. Luego el 27 de abril de 1977, la recurrente gestionó una segunda orden para cancelación de dicho gravamen posterior, en cuyo párrafo 4 o se expone que el crédito garantizado con dicha hipoteca tenía un balance deudor de sólo $1,391,482.03 y que en ningún momento el deudor reci-bió de su acreedor tenedor del pagaré más dinero que ése. Termina ordenando al Registrador () que proceda a cancelar dicho gravamen tomando como base, no el principal, sino la cantidad mucho menor resultante de la liquidación del crédito. La recurrente presentó esta Orden en el Registro de la Pro-piedad con un comprobante de $2,759.00 y el Registrador denegó el asiento de presentación por faltar un comprobante de $17,295.00.

La cuestión central planteada por el recurso gubernativo es si ha de cumplirse la orden judicial computando derechos de Arancel sobre la cantidad realmente desembolsada por el acreedor y recibida por el deudor; o si la base ha de ser el principal de $8,660,000.00 de dicha hipoteca. La controversia no puede evadir la regla de Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976), que se adhiere al principal de la hipoteca a cancelar como base lógica y real del cómputo.

La hipoteca cuya cancelación se interesa se constituyó por un principal definido y cierto, y por toda la vigencia de su inscripción el Registro ha estado proveyendo protección de dicho crédito hipotecario por la totalidad que figura en su título, y por su importe total ha quedado restringida la movi-lidad de la finca en el tráfico comercial, toda vez que esa es la información trasmitida al tercero que contrata sobre el in-mueble y la cuantía así publicada es la que restringe el ius cLispon&ndi del dueño deudor. Si el acreedor tenía a su favor constituida una garantía por $8,660,000.00, que la utilizara hasta el límite o que el dinero prestado al deudor .no alcan-zara el total garantizado, son hechos irrelevantes al computar el arancel sobre “el valor de la finca o derecho” que según el Art. 18, Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 43), debe hacerse por lo que resulte de los títulos y de los asientos del Registro con ellos relacionados. Empire Life Ins. Co., supra. El argu-mento de la recurrente conduciría al resultado absurdo de que la cancelación de esta hipoteca ningún derecho devengaría de obtenerse una orden o resolución judicial declarativa de que en ningún momento se utilizó por el deudor para garantizar cantidad alguna. Al aplicar el Arancel el Registrador debe tomar como base la cantidad que aparezca de la faz, bien del título presentado para su inscripción, bien de los asientos del Registro que con aquél se relacionen, orientando su cri-terio por la cifra que sea más representativa del verdadero valor de la finca o derecho. Por esta razón, en Empire Life Ins. Co., supra, rechazamos como base impositiva de derechos de arancel el precio de $150,000 pagado en subasta, por el principal de $7,000,000 que figuraba en la escritura de cons-titución de hipoteca; y aquí hemos de rechazar el resultado de liquidación que arroja un desembolso máximo de $1,391,482.03, por el principal de la escritura de constitución, que es $8,660,000.00.

Siguiendo estos principios y normas determinantes del valor real de la finca o derecho se ha interpretado y aplicado el arancel del Registro de la Propiedad desde su temprana fijación por Ley de 10 de marzo, 1904, pág. 144 hasta la actual Ley Núm. 91 de 30 de mayo, 1970 (30 L.P.R.A. sec. 1767a). Balbás v. Registrador, 45 D.P.R. 804 (1933); Schlüter v. Registrador, 39 D.P.R. 462 (1929); Empire Life Ins. Co., supra.

'Celebrada la subasta en que la corporación recurrente fue el único postor, y habiéndosele adjudicado el inmueble por el importe de su oferta que fue $6,755,000.00, en moción ex parte para cancelación de este gravamen posterior de $8,660,000.00 sin que exista constancia en autos de que informara a la Corte Federal de cuál es la interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto a las disposiciones regulativas de la Ley de Arancel del Registro de la Propiedad que es la Núm. 91 de 30 de mayo, 1970, Art. 1 (30 L.P.R.A. sec. 1767a y ss.) la recurrente solicitó y obtuvo una orden judicial específica al Registrador para que al cancelar la citada hipoteca tomara como base la cantidad de $1,391,482.03, balance deudor de la misma y que era todo el dinero adelantado por la acreedora contra la garantía hipotecaria. Dicha orden es ineficaz, porque estando envuelta una cuestión substantiva de ley local, en la jurisdicción federal aplica la doctrina de Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938), al efecto de que las decisiones del Tribunal Supremo del estado son parte de “las leyes de los distintos estados”, que a tenor del Rules of Decision Act (hoy 28 U.S.C. sec. 1652) las cortes federales deben, en acciones civiles, considerar como “reglas de decisión . . .” en los casos donde son aplicables; ratificada la doctrina en West v. American Tel. & Teleg. Co., 311 U.S. 223 (1940), y Fidelity Union Trust Co. v. Field, 311 U.S. 169 (1940). Aun en los casos en que la cuestión de-cisiva de ley local no ha sido resuelta por el tribunal de ape-lación final del estado, la Corte Federal se abstiene de inter-venir con el sistema regulativo estatal, en observancia de la regla de Pullman. Railroad Comm’n of Texas v. Pullman Co., 312 U.S. 496 (1941); Martin v. Creasy, 360 U.S. 219 (1959); Louisiana Power & Light Co. v. Thibodaux City, 360 U.S. 25 (1959).

La recurrente se esfuerza en equiparar la hipoteca de autos constituida en garantía de un pagaré al portador, exigible a la presentación, con la llamada hipoteca de máximo que Roca Sastre define como “la que se constituye por una cantidad máxima, en garantía de créditos indeterminados en su existencia o cuantía, que sólo se indican en sus líneas fundamentales, y cuya determinación se efectúa por medios extra hipotecarios.” Derecho Hipotecario, Tomo IV, 2o, pág. 707, Sexta Ed. (1968). De similar naturaleza es la hipoteca en garantía de obligación futura regulada por los Arts. 142 y 143 () de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sees. 255, 256). Aduce que tanto en una como en la otra se requiere una liquidación o determinación de balance deudor antes de pro-ceder a la ejecución. Mas como se ha indicado en la definición, esta operación de contabilidad se efectúa fuera del Registro, bien por acuerdo de las partes o determinación judicial. Si fuéramos a prescindir de las constancias del título y del historial registral de la finca, para buscar el valor base de Arancel en pactos y determinaciones hechas en la esfera extraregistral, el Arancel se tornaría inoperante anulado por los resultados, impredeeibles para tercero, de ajuste de cuen-tas entre acreedor y deudor o de la determinación judicial. “Lo importante es saber de qué responde la finca en perjuicio de tercero.” Galindo, según citado en Roig v. Registrador de Humacao, 22 D.P.R. 629, 632 (1915).

La nota denegatoria recurrida será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Dice así la parte dispositiva de dicha Orden:
      “THEREFORE: It is ORDERED by this COURT that the Registrar of the Property of Humaeao, Puerto Rico proceed to cancel in the books of record under his charge the particular lien of $8,660,000.00 based on the amount of $1,391,482.03 as the latter constituted the principal amount actually disbursed by the mortgagee under said mortgage note. The amount of $8,660,000.00 does not represent the principal amount disbursed by mortgagee or outstanding at any time under that loan, nor a valid payment obligation in said sum from mortgagor to mortgagee.”

      (2) Art. 142 (30 L.P.R.A. sec. 255)
      “La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse o la condición a cumplirse.
      “Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero hasta que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición.”
      Art. 143 (30 L.P.R.A. see. 256)
      “Cuando se contraiga la obligación futura o se cumpla la condición suspensiva de que trata el párrafo primero de la sección anterior, deberán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perju-dicar a tercero la hipoteca constituida; Disponiéndose que este precepto no será de aplicación a las hipotecas constituidas a favor del Gobierno de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cual-quier otra institución oficial creada por el Congreso de los Estados Unidos o la Legislatura de Puerto Rico.
      “De igual modo deberán hacer constar la falta de cumplimiento de la condición o la no celebración de la obligación.”


author: PER CURIAM:

text:
    Federico Hernández Denton, en su carácter de Secretario de Asuntos del Consumidor, demandante y recurrido, v. Edmond Flores, demandado y recurrente.

      Número: R-77-94

      Resuelto: 14 de febrero de 1978

      Ramos Quirós & Bestard, abogados del recurrente; Reynaldo Rodríguez Pagan, Julio López Keelan y Eugenio Gil de La-madrid Gautier, abogados del recurrido.
   PER CURIAM:

El recurrente, señor Flores, arrendó en 1968 una propiedad a la cual no se le había fijado canon conforme las disposiciones de la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, 17 L.P.R.A. see. 181 y ss. El 18 de octubre de 1971 la arrendataria solicitó la determi-nación de una renta razonable. El 21 de agosto de 1972 el Departamento de Asuntos del Consumidor fijó el alquiler máximo mensual en $117.50, efectivo al 19 de junio de 1968.

La arrendataria solicitó el reembolso de los cánones co-brados en exceso. Así lo ordenó el organismo administrativo el 19 de marzo de 1973. No conforme con la orden de reduc-ción de alquiler y reembolso dictada por el Departamento, el recurrente acudió en alzada ante el Tribunal Superior. La determinación administrativa fue confirmada el 21 de mayo de 1975.

El 31 de diciembre de 1975, cuando habían transcurrido más de noventa días sin que el recurrente hubiese efectuado el correspondiente reembolso, el recurrido radicó una de-manda de triple daño al amparo del Art. 8(d) de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 188(d). El 28 de enero de 1977 el tribunal condenó al recurrente a pagar tres veces el sobreprecio, más las costas.

Funda el recurrente su recurso en dos señalamientos. Sos-tiene que la acción de triple daño caducó al no instarse dentro del término que establece el Art. 8 (h) de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 188(h), y que las disposiciones en que descansa tal acción son inconstitucionales. Acordamos revisar.

El Art. 8 (h) dispone en parte:

“Las acciones de triple daño autorizadas por esta sección po-drán incoarse solamente dentro del año siguiente a la fecha en que se hubiera pagado el sobreprecio o a la fecha en que se orde-nare por el Administrador una reducción de alquiler incluyendo reembolso al inquilino, según fuere el caso ....”

La acción de triple daño deriva del inciso (d) del referido artículo, 17 L.P.R.A. see. 188 (d), el que ordena:

“Si transcurren los 30 días mencionados en los incisos (a) y (b), sin que el propietario haya efectuado el reembolso ... el inquilino podrá incoar contra el propietario una acción por tres veces el importe del reembolso o por $50.00, cualquiera de estas sumas que fuese la mayor, más las costas y honorarios de abo-gado del demandante_” ()

El término de un año que establece el Art. 8(h) es de caducidad o decadencia y no de prescripción extintiva. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89, 92-93 (1962). La controversia en el caso presente gira sobre el momento en que comienza a transcurrir el referido término. La agencia gubernamental recurrida argumenta que no empieza a correr el plazo para interponer la acción de triple daño hasta que la orden de reembolso adviene final y firme. El recurrente afirma que el punto de partida es el que expresa literalmente el estatuto en el Art. 8(h) citado: la fecha de la orden de reembolso.

La Ley de Alquileres Razonables distingue entre dos situaciones diferentes que es importante reconocer para fines de la computación del plazo de caducidad. La primera se describe en el Art. 8(a) y se refiere a los casos en que el arrendador ha cobrado un canon en exceso del fijado previamente por el Departamento de Asuntos del Consumidor. La segunda, cubierta por el Art. 8(b), abarca los casos en que el Departamento no ha fijado el alquiler, determina más tarde que se ha estado cobrando un canon excesivo y ordena el correspondiente reembolso. En el primer caso el término de un año comienza a transcurrir desde la fecha del pago del sobreprecio. Eisele v. Orcasitas, 84 D.P.R. 360 (1962); Vargas v. Sánchez, 79 D.P.R. 801, 813 (1957). La modalidad envuelta en el caso de autos es la segunda.

La jurisprudencia ha expresado reiteradamente la norma que rige este segundo tipo de caso. En Peñagarícano, Admor. v. Trib. Superior, 81 D.P.R. 877, 895, escolio 8 (1960), diji-mos : “. . , la orden en este caso fue una de reducción de al-quiler con reembolso al inquilino . . . comenzando a contarse en tales casos el período prescriptivo para la interposición de la demanda a partir de la fecha de la orden de reembolso.” Véase: Vargas, supra, 810.

La Ley Federal de Alquileres de 1947, c. 163, Title II, s. 205, 61 Stat. 199, que contiene lenguaje similar al que nos ocupa, ha sido interpretada en modo análogo. En Woods v. Stone, 333 U.S. 472, 478 (1948), el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó terminantemente: “Resolvemos que el año para la presentación de la acción comenzó a contar desde la fecha del incumplimiento de la obligación de reem-bolso . . . .” No ha habido modificación a la regla de Woods.

La orden de reembolso se dictó en este caso el 19 de marzo de 1973. La acción de triple daño se radicó el 31 de diciembre de 1975, cuando había caducado conforme el estatuto. Ni la ley ni su historial legislativo autorizan la extensión del plazo de caducidad para cubrir el tiempo que tarde una acción para revisar la validez de la orden. Por lo contrario, el Art. 7(c), 17 L.P.R.A. sec. 187(e), dispone que una solicitud de reconsideración o la interposición del recurso de revisión de la orden no suspenderá los efectos de la misma. Es cierto que el patrón estatutario puede exigir que se tomen las medidas procesales correspondientes, en aquellos casos en que no se haya resuelto la validez de la orden impugnada, para evitar decidir el pleito de triple daño antes del de la revisión de la orden, pero esta inconveniencia no nos autoriza a variar el mandato legislativo.

La caducidad de una acción de triple daño no significa, del otro lado, que el casero queda relevado de la obligación de devolver, sin penalidad basada en el sobreprecio, los cánones cobrados en exceso. Esta acción de reintegro no prescribe excepto por el transcurso del término de cinco años que señala el Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296. Véanse conjuntamente a Eisele v. Orcasitas, 84 D.P.R. 360, 365 (1962); Peñagarícano, Administrador v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 877, 893-894 (1960) y Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975). El recurrente en este caso no está obligado a pagar daños triples, pero sí a devolver a la inquilina las rentas cobradas en exceso, más honorarios de abogado y las costas.

Vista nuestra conclusión sobre el primer planteamiento del recurrente es innecesario discutir su ataque a la consti-tucionalidad de la acción de triple daño. Sobre este particular, véanse: United States v. Bize, 86 P.Supp. 939 (D.C. Neb. 1949); United States v. Gianoulis, 183 F.2d 378 (3rd Cir. 1950); United States v. Mitchell, 86 F.Supp. 453 (D.C. Mo. 1949).

Por las consideraciones expuestas se devuelve el caso al Tribunal Superior para la modificación de la sentencia con-forme a los principios aquí expresados.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó.

      (1)Los incisos (a) y (b) a que se refiere la disposición citada esta-tuyen :
      “(a) El propietario que cobre o reciba de su inquilino una cantidad en exceso del alquiler máximo fijado por el Administrador deberá devolver dicho exceso a su inquilino dentro de los 80 días siguientes a ser requerido para ello, por escrito, por el inquilino o por el Administrador.
      “(b) En aquellos casos en que el Administrador reduzca un alquiler incluyendo reembolso al inquilino, el propietario deberá llevar a efecto el reembolso dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la orden de reem-bolso.”


author: per CURIAM:

text:
      In re Filiberto Rodríguez Caraballo, Juez de Paz, querellado.

      Número: O-76-560

      Resuelto: 14 de febrero de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Roberto■ Armstrong, Jr., Procurador General Interino, Justo Gorbea Varona, Sub-procurador General Interino, abogados de El Pueblo de Puerto Rico; José Angel Cangiano' y Pedro L. Ruiz, abogados del querellado.
   per CURIAM:

El señor Filiberto Rodríguez Caraballo fue nombrado Juez de Paz el 19 de abril de 1973 por un tér-mino de cuatro años y asignado al distrito de Santa Isabel. El 28 de diciembre de 1976 el Procurador General presentó ante este Tribunal una querella en que le formuló veintiún cargos que fueron oportunamente notificados y contestados por el querellado, quedando controvertidas las alegaciones. Por resolución de 7 de julio de 1977 designamos Comisionado Especial al Ledo. Luis V. Castro, ex Juez Superior, para oír y recibir las pruebas de las partes y formular determinacio-nes de hechos. El 14 de diciembre de 1977 el Comisionado Especial presentó su informe, que fue debidamente notificado a las partes, sin que se hayan formulado objeciones al mismo. Se desprende de dicho informe que se celebró una conferencia con antelación al ofrecimiento de prueba en que el Procura-dor General desistió de varios cargos, celebrándose luego vistas en que por ambas partes prestaron testimonio numerosos testigos y se admitió prueba documental Dicha prueba sos-tiene las conclusiones de hechos del Comisionado, que pasa-mos a sintetizar, relacionadas con diferentes cargos formu-lados al querellado.

I

El 20 de noviembre de 1973 el querellado formuló y firmó solicitud de ingreso a la Cooperativa de Crédito de Salinas en que informó, entre otros particulares, ser divorciado, tener dos dependientes, y ser “abogado juez” al cuidado [sic] del Tribunal de Distrito en Salinas. Aportó $1,000 en acciones, fue aprobada su solicitud y el 28 del mismo mes solicitó un préstamo de $3,000 a dicha Cooperativa garantizado con sus acciones y las firmas de Miguel A. Cruz, Gregorio Aguirre y Carlos Pérez Pérez como garantizadores. Informó ser “abogado juez” del Tribunal de Distrito de Salinas, con sueldo de $1,500 mensuales. Obtenido el préstamo, hizo un solo pago en su abono, por lo que sus garantizadores tuvieron que responder por él en parte del préstamo, que ha quedado reducido a aproximadamente $800 luego de acreditársele además los $1,000 de sus acciones. En varios documentos el querellado imprimió el sello del Tribunal de Distrito y firmó como “Juez,” sin especificar que era Juez de Paz.

Tanto la información dada en las referidas solicitudes de ingreso a la Cooperativa y de préstamo, como la contenida en los documentos con el sello del Tribunal de Distrito acusan falsedad de parte del querellado. Informó ser divorciado y sin embargo incluía el sueldo de su “esposa” en el ingreso infor-mado de $1,500 mensuales. Se hizo pasar por Juez de Distrito sin serlo, titulándose como “abogado juez” a base de haber obtenido el grado de Juris Doctor de la Universidad Católica de Puerto Rico, sin haber revalidado. Indudablemente que la falsa información dada en su solicitud de préstamo tuvo que pesar en su aprobación y, una vez obtenida, incumplió su obligación de pagar, obligando a terceras personas a responder por él. Esta conducta es impropia de parte de cualquier persona, y lo es más de quien ocupa el cargo de juez y utiliza el prestigio de su cargo para su beneficio personal.

I — I HH

El querellado, actuando como Juez de Paz, en diferentes fechas ordenó la excarcelación de varias personas imputadas de delito a base de la prestación de fianzas que luego no apa-recieron en los expedientes remitidos al Tribunal Superior. () Aunque concluye el .Comisionado que “esa falla administra-tiva ha existido en mayor o menor grado” en otros distritos judiciales, ello no justifica el incumplimiento por el quere-llado de su deber de asegurarse de que los pliegos de fianzas no se extraviaran y fuesen unidos en su oportunidad a los expedientes judiciales de los imputados.

Aparte de estas fallas, quedó comprobado que en dos oca-siones el querellado aprobó fianzas a cargo de compañías fiadoras sin que el apoderado de dichas compañías firmara los documentos correspondientes;() y que aprobó en diferentes fechas fianzas hipotecarias prestadas a favor de diferentes imputados de delitos que gravaban una misma finca, propie-dad de Antonio Olivieri Lugo, en que se hizo constar estar libre de gravámenes, no obstante que debía constarle al que-rellado que las propias fianzas aprobadas por él agotaban la responsabilidad de dicho inmueble.() Esta conducta acusa una crasa irresponsabilidad, y está reñida con la Regla 220 de Procedimiento Criminal. ()

HH I — i h-4

El 23 y el 31 de diciembre de 1974 y el 14 de enero de 1975 le fueron sometidos al querellado para determinar causa probable por conducir vehículos de motor bajo los efectos de bebi-das embriagantes causas contra Víctor M. Pacheco, Francisco Rosario Martínez y Félix Luis Rentas Rivera. No obs-tante que la prueba del aliento arrojó contenidos de alcohol de 0.16, 0.24 y 0.24 por ciento por peso, respectivamente, el querellado determinó que no había causa probable. Explicó su proceder a base de “entender que eran personas serias, quienes además me habían justificado el proceder de su con-ducta a mi satisfacción” y que “habían sido intervenidas por primera vez por este delito y en el descargo de mi función de impartir justicia les creí merecedores de una oportunidad.” Esta explicación es socorrida y evidencia una equivocada in-teligencia del deber que el querellado tenía de sus funciones como magistrado y como funcionario encargado de instru-mentar adecuadamente el proceso judicial.

> HH

El cargo numero 20 imputa al querellado que en mayo de 1975 recibió $100 del señor Carlos Morales Velázquez, acu-sado de violar el Art. 105 del Código Penal de 1974, () para que archivara dicha causa. El Comisionado Especial, en los párrafos 40, 41 y 42 de su informe, concluyó lo siguiente:

“40. El policía Enrique Rivera sometió al querellado allá para el mes de mayo de 1975 el caso de Pueblo v. Carlos Morales Velázquez por infracción al Artículo 105 del nuevo Código Penal, siendo la perjudicada la niña de unos nueve o diez años, Magali Rivera Santiago. El querellado determinó causa probable y señaló una fianza al acusado de $500.00 que se prestó en el acto. Posteriormente, el querellado llamó a su oficina a Esteban Rivera Sierra, padre de la víctima, para aconsejarle lo que ya otras per-sonas le habían aconsejado, que archivase el caso en bien de su hija. Esteban aceptó con la condición de que el acusado se mu-dara del sitio.
41. El querellado instruyó a su secretaria, Herminia Rivera Rodríguez, para que fuese donde Sonia Anés Almodovar, la esposa del acusado, para que éste tratase de conseguir $100.00 que se necesitaban ‘para arreglar el caso’. Sonia así lo hizo y como su esposo no tenía dinero consigo, en Guayama donde tra-bajaba, le ‘cogió prestado a su jefe’. Los esposos Morales Anés le entregaron el dinero al querellado y no le pidieron recibo alguno porque confiaban en él ‘porque era Juez’.
42. El Ledo. Efraín Bermudez, cuyo bufete queda contiguo al sitio donde estaba el Tribunal de Distrito de Santa Isabel, de-claró que el querellado le entregó $100.00 para hablar con el fiscal sobre el archivo de la causa criminal pero no fue contra-tado por el acusado, ni por la esposa de éste ni preparó moción alguna de archivo y que luego se enteró que el querellado había archivado la denuncia.”

Concluye el Comisionado, al comentar sobre el particular: “La actuación fue sospechosa pero no pasa de ser una indis-creción y una manera incorrecta de llegar a una meta razona-ble.” No estamos de acuerdo. Independientemente de que no quedara convencido el Comisionado de que el querellado se lu-crara del dinero por él recibido, su conducta es altamente re-prochable y por sí sola le hace indigno de ocupar el cargo de juez.

V

El cargo 21 imputó al querellado que el 6 de febrero de 1976, “en su oficina en el Tribunal de Paz de Santa Isabel, mediante el uso de la fuerza besó a la joven Gregoria Oppenheimer.” Gregoria contaba entonces unos 14 años de edad. Por 'estos hechos se acusó al querellado del delito de agresión agravada y de ello fue absuelto en juicio celebrado ante el Tribunal de Distrito, Sala de Coamo. El cargo fue sometido al Comisionado Especial a base de la transcripción de la prue-ba ofrecida durante el juicio. El Comisionado concluye que ello no le pone en condiciones de pasar sobre la credibilidad de los testigos y, habiendo sido absuelto el querellado, conclu-ye que debe ser exonerado.

La absolución del querellado en la causa penal no impide que por los mismos hechos se juzgue su conducta a los fines de determinar si incurrió en alguna falta de ética. In re De Castro, 100 D.P.R. 184, 197, 198 (1971). Convenimos, no obstante, con el Comisionado, que no se le puso en condiciones de pasar sobre la credibilidad de los testigos al estipularse por el Procurador y por el querellado que el cargo se sometiese a base de la transcripción mencionada. El resultado a que llegamos en relación con los demás cargos hace innecesario que hagamos otros pronunciamientos sobre el particular.

Se decretará la separación permanente del querellado del cargo de Juez de Paz, efectiva la separación al día 5 de marzo de 1976, fecha en que fuera suspendido de empleo y sueldo.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila no intervi-nieron.

      (1) En el informe del Comisionado se relacionan las siguientes excar-celaciones ordenadas por el querellado luego de la prestación de fianzas que no aparecieron: 5 de agosto de 1974, Pedro Cordero Vázquez, infracción a la Ley de Sustancias Controladas; 11 de abril de 1975, Ariel Cruz Santiago, Ley de Sustancias Controladas; 19 de julio de 1974, Luis Antonio Bodón Laboy, hurto; 19 de julio de 1974, José Antonio Rodríguez De Jesús, viola-ción; 18 de agosto de 1974, Pedro León Figueroa, Ley de Armas; 6 de agosto de 1974, Pedro A. Hernández Aponte, Ley de Armas; 18 y 24 de septiembre de 1974, Francisco Santiago Figueroa, ataque para cometer ase-sinato y otros delitos; 7 de septiembre de 1974, Luis A. Cruz Santiago, hurto mayor. Con excepción de los casos contra Francisco Santiago Figueroa, en que no se conoce quienes fueron los fiadores, en los demás casos lo fueron compañías de fianzas representadas por diferentes agentes.

      (2) El 26 de febrero de 1974 reconoció a la fiadora Compañía de Fianzas de Puerto Rico sin que su apoderado José A. Clavell Ruiz firmara por la corporación, en casos por Ley de Armas contra Carlos A. Lugo Ra-mírez; y el 25 de junio de 1975 reconoció a la misma Compañía sin que su entonces apoderada, Myrna M. Hernández, hubiese firmado, en caso seguido contra Angel Miranda Rivas por infracción a la Ley de Sustancias Controladas.

      (3)E1 11 de abril de 1975 aprobó fianzas hipotecarias que gravaban la referida finca del Sr. Olivieri Lugo por $6,000, a favor de un tal Santiago y por $6,000 y $4,000 a favor de José Antonio Muñiz Muñiz y Rubén Rodríguez Centeno; cuatro días después, el 15 de abril de 1975, aceptó fianzas por $6,000 y $9,000 a favor de Juan Cesáreo Rivera Torres y Miguel A. Nieves Sánchez que afectaban la misma finca; trece días después, el 28 de abril de 1975, aprobó fianza hipotecaria sobre la misma finca, por $3,000, a favor de Justino Martínez Suárez, al día siguiente, 29 de abril, aprobó fianza por $2,000 a favor de Félix Vega Torres que gravaba la misma finca; y los días 14, 16, 23 y 24 de mayo y 13 y 14 de junio del mismo año aprobó fianzas hipotecarias sobre la misma finca a favor de Erasmo Irizarry Collado, Roberto Malavé Zayas, William Hernández Ramos, Luis A. Montalvo Vázquez, Luis Rafael Morales Cruz, Cruz Santiago Pérez, Antonio De Jesús Jiménez, Edwin Colón Meléndez y Carlos A. Ríos Torres, ascendiendo las dos últimas a $20,000. En todos estos casos se hizo constar que la finca “no estaba afecta a gravamen alguno.”

      (4)Dicha Regla dispone:
      “Regla 220. Fianza, Requisitos de los Fiadores
      “Toda fianza será suscrita, o reconocida, ante un magistrado o secre-tario, según corresponda, bien por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, bien por un fiador residente en Puerto Rico que posea bienes inmuebles en Puerto Rico no exentos de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que pesen sobre dichos bienes, excepto que el magistrado o secretario ante quien se prestare la fianza podrá permitir a más de un fiador que se obli-guen separadamente por sumas inferiores siempre que el total de las obli-gaciones individuales equivalga a dos veces el monto de dicha fianza. Don-dequiera que en estas reglas se utilice el término ‘fiadores’ se entenderá que lee ‘fiador o fiadores.’ ”

      (5) Dicho artículo castiga con pena mínima de un año y máxima de 5 años de reclusión a toda persona que sin intentar consumar acceso carnal cometiere cualquier acto impúdico o lascivo con un menor de 14 años de edad; o si la víctima fuere compelida al acto por fuerza física irresistible o amenazas de grave o inmediato daño corporal, o mediante el uso de me-dios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes; o si la víctima, por enfermedad o defecto mental estuviere incapacitada para consentir legal-mente.


author: PER curiam : Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    Vaquería Garrochales, Inc., y/o Andrés Ramos Reyes, demandantes y recurridos, v. Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico, Inc., Commonwealth Insurance Co., demandados y recurrente la última.

      Número: R-76-391

      Resuelto: 15 de febrero de 1978

      Géigel, Silva, Soler Favale & Arrogo, abogados de Commonwealth Insurance Co.; M. Martínez Umpierre, abogado de los recurridos.
   PER curiam :

Dispone el Art. 108 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1971:

“La parte que sostiene la afirmativa en la cuestión deberá presentar la evidencia para probarla; todo el peso de la prueba, por lo tanto, recae sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por ninguno de los contendores. La prueba de una obligación corresponde a la parte que exige su cumpli-miento, y la prueba de su extinción corresponde a la parte que la niega.”

Aparece de la exposición narrativa de la prueba que el demandante afirmó que, además de las tres vacas que se mu-rieron en el 1974 y que son objeto de la reclamación, se mu-rieron dos adicionales, en el 1971 se le murieron tres vacas y en el 1973 seis. Declaró además “que no se llevó el alimento a analizar pero que el representante de la Federación (de-mandada) le pidió una muestra. Sin embargo, no le dio la muestra al Dr. Pinto, el veterinario para que la analizara. Dijo que alimentaba las vacas con yerba de pastoreo y pan-góla y que cuando se enfermaron las vacas la yerba estaba madura. Declaró, específicamente que no sabe de qué murie-ron las vacas. A las vacas no se les hizo autopsia y el testigo ni siquiera le sugirió al Dr. Pinto que lo hiciera.”

Es evidente que el demandante no probó su caso. Si bien es verdad que conforme a lo expresado en Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426-427 (1965) “solo se exige la certeza moral, o un grado de prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido”, en este caso no se cumplió con ese requisito. Murieron varias vacas en otros años, seis el año anterior, y es de conocimiento general que todas comen alimento concentrado. Por otro lado, fácil le hubiera sido al demandante utilizar su veterinario y practicar la autopsia a uno de los animales. El gasto incurrido sería recobrable si se determinara que el alimento fue el causante del envenenamiento. Ciertamente ésta sería mejor prueba que la circunstancial en la que se pretende descansar para sostener la sentencia. En la propia obra citada en la sentencia se ex-presa: “La evidencia circunstancial se emplea comúnmente para establecer la relación causal en casos de responsabilidad por productos de consumo, porque en la mayoría de los casos se carece de prueba directa.” Hursh & Bailey, American Law of Products Liability 2d, Vol. I, Ed. 1974, sec. 1:32, pág. 105. Pero como hemos expresado antes, fácil hubiera sido presentar la prueba de la autopsia para sostener su reclamación y cumplir con las disposiciones del precepto evidenciarlo citado anteriormente. Es de conocimiento general que las vacas, como todo ser viviente, se enferman y mueren por causas ajenas a la ingestión de alimento. Sin que se vulnere la regla de que el comprador de un producto dañado puede descansar su reclamación en prueba circunstancial, consideramos insu-ficiente la presentada en este caso en cuanto no señala con apreciable confiabilidad el defecto del alimento como causa eficiente del daño.

Por otro lado, nada de lo expresado en Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969), autoriza a aplicar la doctrina de responsabilidad absoluta en una situación de hechos como la que presenta el caso de autos.

Se revocará la sentencia que dictó él Tribunal Superior, Sala de Arecibo en 20 de agosto de 1976.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió en opinión separada a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

—O—

Opinión disidente del

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 1978

Vaquería Garrochales, Inc. y Andrés Ramos Reyes de-mandaron a la Federación de Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico, Inc. y a Commonwealth Insurance Co. por daños que su ganado sufrió por alimento dañado suplido por la Federación. El tribunal de instancia declaró con lugar la de-manda y condenó a las demandadas recurrentes al pago de $10,052.00, más las costas.

La Commonwealth Insurance ha recurrido ante nos, fun-dando su solicitud de revocación de sentencia en el argumento que la parte demandante no descargó adecuadamente el peso de la prueba. Disiento respetuosamente del fallo mayoritario, el cual acepta tal contención.

Andrés Ramos Reyes, único testigo en el juicio, declaró que para setiembre y octubre de 1974 tenía una ganadería que operaba bajo el nombre de Corporación Vaquería Garro-chales, Inc.; que compraba el alimento para su negocio a la Federación demandada; que para la referida época algunas vacas enfermaron; que habló con un veterinario y con Efraín, un representante de la Federación; como consecuencia de la conversación con Efraín la Federación recogió el alimento el 26 de setiembre; que el 28 de octubre cayeron once vacas al suelo de las cuales murieron tres y ocho recuperaron; que visitó nuevamente a un representante de la Federación el cual procedió otra vez a recoger el alimento; que no se llevó el ali-mento a analizar pero que el representante le pidió una mues-tra; que no se les hizo autopsia a las vacas; que desde el se-gundo incidente se le ha comprado todo el alimento a otra empresa y no se le han vuelto a enfermar las vacas.

En Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426, 427 (1965), afirmamos:

“Sabemos que la parte que sostiene la afirmativa en la cues-tión deberá presentar la evidencia para probarla. —Arts. 1168, Código Civil y 108 y 162, par. 5, Ley de Evidencia. Pero, por regla general, la ley no exige aquel grado de prueba que, exclu-yendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza; porque tal prueba — asegura la propia ley — es rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral, o un grado de prueba que produzca con-vicción en un ánimo no prevenido. No se tiene que probar el caso con exactitud matemática mediante evidencia directa, ni de modo concluyente, ni que produzca un grado tan perfecto de con-vicción que no admita la posibilidad de la prueba en con-trario ....”

Véase: Consolidated Express v. Maryland Cas. Co., 102 D.P.R. 480, 484 (1974).

La prueba desfilada por la parte demandante recurrida estableció un caso prima facie respecto a la relación de cau-salidad entre la enfermedad del ganado y el alimento inge-rido. La presunción derivable del testimonio prestado pudo haber sido rebatida por la parte recurrente, si es que el pro-ducto servido estaba en buenas condiciones. La Federación tomó una muestra del alimento. Si el análisis practicado le era favorable, ¿por qué no lo presentó? Si no analizó el pro-ducto que determinó recoger, práctica poco prudente en el caso de productores de alimentos, aceptó el riesgo de su inac-ción en ocasión del juicio. Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., supra, 432.

Contrario a lo que sostiene la recurrente, está definitiva-mente establecido que no es indispensable que la parte deman-dante presente prueba pericial dirigida a demostrar el estado defectuoso del alimento. Hursh & Bailey, American Law of Products Liability 2d, Vol. I, Ed. 1974, secs. 1:24 y 1:32, págs. 77-78 y 105-108.

Confirmaría la sentencia apelada.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Luis Sierra Rivera, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-77-442

      Resuelto: 21 de febrero de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Juan Marín Hernández, abogado del demandante y recurrido.
   SENTENCIA

El pasado 4 de enero de 1978 dictamos en el presente caso una resolución sobre mostración de causa en los siguientes términos:

“Apareciendo de la solicitud de revisión y documentos anejos que el recurrido Luis Sierra Rivera instó demanda de reclama-ción de daños contra el Estado Libre Asociado en la que alegó que el Negociado de Vehículos de Motor suministró información errónea a la Policía aseverando que él era dueño de un vehículo de motor, a pesar de que ya lo había vendido y efectuado el tras-paso correspondiente; que como consecuencia de esa información errónea fue arrestado y conducido ante un magistrado por su-puestamente haber cometido con dicho vehículo una infracción a la Ley de Automóviles y Tránsito; que el tribunal de instan-cia declaró con lugar la demanda y condenó al Estado Libre Aso-ciado a indemnizar al recurrido Sierra en la suma de $1,500.00 por los daños alegadamente sufridos; apareciendo, además, que se citó a Sierra al Cuartel de la Policía antes de someterse el caso a un magistrado para determinación de causa probable, pero no compareció, que su incomparecencia causó el que se radicara de-nuncia contra él, y, no habiéndose demostrado que la acción de la Policía al radicar la denuncia fue una de instigación maliciosa, se concede un término de diez días al recurrido para que compa-rezca a mostrar causa, si alguna tuviere, por la cual no se deba expedir el auto y una vez expedido revocar la sentencia recu-rrida y ordenar el archivo de la demanda.”

Oportunamente compareció el recurrido pero sus argu-mentos no nos convencen.

Se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se ordena el archivo de la demanda.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

-~0—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 1978

La sentencia del Tribunal revoca la concesión de daños porque no se demostró que la acción de la Policía fuera “una instigación maliciosa.” Estoy de acuerdo en que no hubo ins-tigación maliciosa. Lo que la sentencia pasa por alto es la negligencia del Negociado de Vehículos de Motor al suminis-trar a la Policía información errónea, hecho este que inicia la cadena de eventos en que se perjudicó- al demandante, culminando en su arresto. Por esa actuación negligente el Estado viene obligado a responder por los daños que ello causó.

Confirmaría la sentencia recurrida.


author: per curiam:

text:
      In re Rigoberto Feliciano, Juez de Paz de Maricao, querellado.

      Número: O-76-463

      Resuelto: 23 de febrero de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Roberto Armstrong, Jr., Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Interinos, e Ivette Berrios de Mercado-, Procuradora General Auxiliar,
      abogados de El Pueblo; José A. Andreu Garcia, Enrique Al-caraz Micheli, Manuel E. Andreu Garcia y Rafael Irizarry Cruz, abogados del querellado.
   per curiam:

El 25 octubre, 1976, el Sr. Procurador General presentó ante este Tribunal una querella en que imputa al Juez de Paz de Maricao, Sr. Rigoberto Feliciano, cuatro cargos de mala conducta que resumimos así: Io, Que en la noche del 27 de julio de 1974 se personó en estado de embria-guez en el Cuartel de la Policía de Mayagüez solicitando una patrulla para arrestar unas personas que le habían insultado y que estaban fumando marihuana y que les fabricaría un caso de marihuana con unos cigarrillos que él tenía en el carro; 2o, Que hallándose el querellado en el Cuartel, llegaron allí dos personas a presentar una querella de escalamiento y el juez sostuvo a uno por la camisa mientras los insultaba a ambos; 3o, Que en el mismo sitio intervino en el interrogatorio a que un policía tenía sometida una acusada de hurto de prendas, con palabras groseras y obscenas; y 4o, Que trajeron allí un acusado por manejar en estado de embriaguez que había re-husado análisis, y el juez le preguntó qué le sucedía y al oír la explicación del querellado le fijó $1,000.00 de fianza sin que se hubiera preparado denuncia ni habérsele sometido el caso.

Los cargos se ventilaron en vista oral ante el Comisionado Especial Sr. Ramón Pérez de Jesús, asistido el querellado por sus abogados y en la que se recibió prueba de cargo y de de-fensa.

El 15 de marzo de 1977, rindió su Informe dicho Comi-sionado, suplementado el 5 de mayo siguiente, en el cual hizo determinaciones de hecho. Concluyó que el querellado “se hallaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, aunque no en estado intenso”; que se presentó al Cuartel de la Policía soli-citando una patrulla para arrestar unas personas que lo ha-bían injuriado. Los policías trataron de convencer al juez para que éste les permitiera llevarlo a su casa, pero él rehusó y ellos no tomaron en serio su petición como tampoco su ex-presión de “hacerle un caso” de marihuana a los que le habían ofendido. La actitud de la Policía fue la de soportar al juez, con un nivel mayor que el tolerable de alcohol, y contempori-zar con sus actuaciones, sin darle importancia, al punto de facilitarle teléfono para que hiciera llamadas al Fiscal de Mayagüez y al Oficial del Día del Cuartel General queján-dose de la indiferencia de la policía que le negaba una patru-lla. Aunque el pliego contiene cuatro cargos, no hay tal plu-ralidad, sino una secuencia ininterrumpida, un solo incidente que se prolongó desde la llegada del magistrado al Cuartel hasta su partida dos horas después, pasada la media noche. En ese período de un sábado, 27 de julio de 1974, el magistrado tuvo dos intervenciones oficiosas y, además, impropias. Diri-giéndose a una joven imputada de hurto de prendas la con-minó a que “no jodiera más y dijera dónde estaban las pren-das”; y al ver dos individuos que habían acudido al Cuartel en gestiones personales los increpó diciendo: “¿qué quieren esos maricones, que los voy a mandar para Limón?”() El Comisionado no estimó suficiente la prueba respecto al cuarto cargo sobre una fijación de fianza extemporánea.

Aun con su limitada facultad, el juez de paz es un magistrado autorizado por ley para tomar decisión sobre la libertad de seres humanos al determinar causa probable y ordenar su arresto. Su función pública contiene la dignidad y majestad que en nuestro régimen constitucional y en el con-cepto público de nuestra gente se asocian con la administra-ción de justicia. Esos valores exigen del funcionario unas disciplinas, y hasta si se quiere, restricción y sacrificio en su conducta, para proteger el prestigio de su cargo.

Nos consterna que un magistrado albergue en su mente la fabricación de un caso de drogas como venganza personal contra las personas que en algún modo le habían ofendido. Si la Policía se halla en continuo esfuerzo de depuración, separando agentes que fabrican pruebas, es total-mente impermisible que quien está investido con poder para recibir la prueba determinar causa probable y ordenar arresto, revele tan despreciable inclinación y la saque en mo-mentos en que el alcohol anulaba todas las inhibiciones. El hallarse en menor o mayor grado de embriaguez, el uso de lenguaje impropio y la conducta destemplada son imputacio-nes que palidecen ante la gravedad de la confesada disposi-ción de un funcionario de justicia a fabricar un caso penal en que estaba particularmente interesado. Es la negación de toda virtud y la destrucción de su anterior buen nombre por-que obliga a pensar en cuántas ocasiones no reveladas manchó su ministerio con la falsedad y el abuso de poder.

Quien así se comporta debe ya tener clara consciencia del agravio que con sus excentricidades la noche de autos infirió al buen nombre del cargo que juró honrar. Cada falta de un funcionario 'de justicia es una herida al sistema, y avanza como onda concéntrica para lesionar el buen nombre y el prestigio de la institución.

Con estos fundamentos, se dictará sentencia separando al querellado del cargo de Juez de Paz, con efecto desde el 22 de septiembre de 1976 fecha en que fue suspendido por Reso-lución de este Tribunal.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Negrón García no intervinieron.

      (1)En el Barrio Limón se halla la Cárcel de Distrito.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Continental Insurance Co. y Manuel F. Bou, demandantes y recurrentes, v. Isleta Marina, Inc., Isleta Marina Corp., Club Náutico de San Juan, Saturnino Fermaint, J. La Torriente, John Doe y Aseguradora X, demandados y recurridos.

      Número: R-77-374

      Resuelto: 23 de febrero de 1978

      José E. Sánchez Solivan y Sigfredo A. Irizarry Semidei, aboga-dos de los recurrentes; Géigel, Silva, Soler Favale & Arroyo, abogados del Club Náutico; Benicio Sánchez Castaño y Beni-cio Sánchez Rivera, abogados de Saturnino Fermaint y J. La Torriente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los recurrentes The Continental Insurance Company y Manuel F. Bou — aseguradora y propietario respectivamente de una embarcación — presentaron demanda contra Isleta Marina Corp., () Club Náutico de San Juan, Saturnino Fer-maint, J. La Torriente, John Doe y Aseguradora X, alegando lo siguiente: que el día 9 de junio de 1975 dicha nave se hun-dió y se perdió en las cercanas aguas costaneras de Ceiba, Puerto Rico; que “los demandados habían contratado y efec-tuado la reparación y afinamiento del motor y la corrección de un problema de recalentamiento de la embarcación antes mencionada en o alrededor de la fecha en que la misma se hundió; y “[c]omo resultado del incumplimiento de las obliga-ciones de los demandados para con el codemandante Manuel F. Bou en relación con la adecuacidad de las reparaciones arriba indicadas, y mediando negligencia, impericia y culpa de los demandados, la embarcación se hundió, según antes se expresa, y los demandantes sufrieron pérdidas y daños ascendentes a $55,000.00 la cual suma adeudan y deben com-pensar los demandados a los demandantes.” (Bastardillas nuestras.) Reclamaron en concepto de daños la suma de $55,000.00.

Los demandados formularon sus respectivas contestacio-nes negando los hechos; posteriormente, como resultado de no haber éstos respondido a unos interrogatorios servídoles, como sanción la ilustrada sala sentenciadora eliminó sus ale-gaciones, señaló y celebró vista en rebeldía y oportunamente dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Entre sus determinaciones tácticas consignó:

“3. El único testigo que declaró en la vista celebrada fue el co-demandante Manuel F. Bou Caro, quien es dueño de la lancha envuelta en este caso, llamada ‘Carmencita’, de 36', ‘Sport Fisherman Roayal’, [sic] la cual adquirió en 1973.
4. El demandante guardaba su lancha en el Club Náutico de San Juan, por cuyas facilidades le pagaba la suma de $100.00 mensuales.
5. El co-demandado Saturnino Fermaint tenía un taller de reparaciones en el Club Náutico, y le daba servicio de manteni-miento a la lancha del demandante.
6. Durante el año 1975 se le practicaron varias reparaciones a la lancha, específicamente en los meses de abril, mayo y junio.
7. El testigo no se encontraba en la lancha cuando ésta se hundió. Se enteró del hundimiento por información que le dieron las personas a quienes la había prestado. Fue al sitio donde se hundió la lancha y no la pudo encontrar ni jamás la recuperó.
8. Como resultado de dicho alegado hundimiento, la Continental Insurance Company le pagó a Manuel F. Bou y al Banco Crédito y Ahorro Ponceño, la suma de $50,000.00, bajo el con-trato de seguro.
9. Aunque en la demanda se alegó que el hundimiento se de-bió a la ‘negligencia, impericia y culpa de los demandados’, sin especificar cuál de ellos, no se probó que hubiese mediado negli-gencia alguna de las partes demandadas. La única prueba es a los fines de que tanto el demandado Fermaint, como el co-de-mandado La Torriente, hicieron algunas obras de reparación en la embarcación. No se demostró el nexo causal entre el hundi-miento y dichas reparaciones. 10. A pesar de que los demandados se encontraban en rebel-día, por haber dejado de cumplir con la orden del tribunal que les dio término para contestar el interrogatorio, ese hecho, de por sí sólo, no implica que el demandante tenga derecho a prevalecer. Las alegaciones de negligencia, impericia y culpa de los deman-dados constituyen meras conclusiones de derecho, que no resul-taron apoyadas por prueba alguna.”

Y formuló las siguientes apreciaciones de derecho:

“5. Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, el efecto de que se anote la rebeldía de un demandado, es que quedan ad-mitidas todas las materias bien alegadas en la demanda, e im-pide que tal demandado ofrezca prueba en su propio beneficio y en contra de lo alegado por el demandante, pero, sin embargo, un demandado en rebeldía tiene derecho a contrainterrogar a los testigos del demandante, a impugnar la cuantía de los daños re-clamados y a apelar de la sentencia. Rivera v. Goitía [sic] 70 D.P.R. 30, 33.
6. En el caso de autos correspondía a la parte demandante demostrar cual de los tres demandados que quedaban en el pleito, a saber: el Club Náutico de San Juan, Saturnino Fermaint o J. La Torriente, fue la persona que incurrió en negligencia, im-pericia y culpa. Como hemos expuesto en nuestras determina-ciones de hechos, la parte demandante no presentó prueba alguna de que uno, dos o todos los demandados hubiesen incurrido en tal conducta.
7. Como hemos señalado antes, la Regla 34.4, que autoriza la imposición de sanciones, contempla varias alternativas, o sea, el tribunal puede imponer cualquiera de las sanciones allí dis-puestas. En este caso, el tribunal optó por la sanción de eliminar totalmente las alegaciones de la parte desobediente aunque tam-bién pudo adoptar otra medida. Véase Wigmore, On Evidence, Tomo 6, página 431. Por lo tanto, recaía sobre la parte deman-dante, el peso de probar la negligencia, impericia y culpa impu-tada a los demandados y de probar además, cual de los deman-dados era imputable. Como hemos visto, dejó de hacerlo, y por ende, no descargó su obligación impuesta por la Ley de Eviden-cia. 32 LPRA 1971. Correspondía al demandante la obliga-ción de demostrar, por la preponderancia de la prueba, la rela-ción entre el daño ocurrido y la conducta o actividad de uno, varios o todos los demandados, y de probar, además que el daño fue producido por la culpa o negligencia de uno, varios, o todos los demandados, y, en todo caso, probar la relación entre las partes, a los fines de colocar al tribunal en posición de determi-nar la responsabilidad vicaria. Burgos Quiñones v. Autoridad Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 618. No lo hizo y por lo tanto no puede prevalecer.”

Expedimos orden de mostrar causa ante los planteamien-tos de los recurrentes relativos a las consecuencias de una anotación de rebeldía.

I

La génesis de la institución de sentencia en rebeldía se remonta al derecho consuetudinario inglés y al auto en equi-dad denominado pro confesso (según confesado). El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso rector de Thomson v. Wooster, 114 U.S. 104 (1885), citando una deci-sión inglesa () destacó:

“. . . el método en equidad de conceder un auto pro confesso está de acuerdo con las reglas y prácticas de los tribunales; si el demandado incurre en rebeldía por nil dicit [no decir nada], se dicta inmediatamente sentencia por la deuda, o en todos los casos en que lo reclamado es precisable; pero cuando la materia reclamada consiste en daños, se concede un decreto interlocu-torio; después del cual se expide un auto de investigación para averiguar los daños, a lo cual sigue la sentencia.” (Traducción nuestra.)

Nuestras reglas civiles tanto en el pasado como al pre-sente, tomaron como modelo las federales. Esencialmente, la característica medular tradicionalmente aceptada del meca-nismo procesal de una rebeldía, consiste en que los hechos ex-puestos en una reclamación se consideran ciertos, y en contra de los mismos, la parte contraria no puede presentar prueba para controvertirlos. La tendencia moderna muestra como razón de ser adicional, la obligación de los tribunales de evi-tar que la adjudicación de causas se paralicen simplemente por la circunstancia de que una parte opte por detener el pro-ceso de litigación. () Se da la oportunidad al adversario de refutar la reclamación; si por su pasividad o temeridad opta por no defenderse, como remedio coercitivo, se expone a que se dicte sentencia en su contra.

En armonía con la doctrina prevaleciente, como regla general, el trámite de un caso en rebeldía — sea por no formularse contestación o como una sanción judicial, Reglas 45.2 y 34.4 respectivamente de Procedimiento Civil — tiene como consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la demanda: Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 290, 294 (1974); Rivera v. Goytía, 70 D.P.R. 30, 33 (1949); Pérez v. Haeussler, 65 D.P.R. 879, 882 (1946); Muñiz v. “El Zenit”, 27 D.P.R. 29, 34 (1919); Muñoz v. Sepúlveda, 26 D.P.R. 67, 70 (1917). Cabe mencionar que el concepto de “materias bien alegadas” significa que en una rebeldía se consideran ad-mitidos los “hechos correctamente alegados.” 10 Wright & Miller, supra, 282. () Y ello no priva al tribunal de evaluar si en virtud de tales hechos, no controvertidos, existe válida-mente una causa de acción que amerita la concesión del re-medio reclamado.

La Regla 45.2 de Procedimiento Civil dispone:

“Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los siguientes casos:
(a) Por el secretario'. Cuando la reclamación del demandante contra un demandado sea por una suma líquida o por una suma que pueda liquidarse mediante cómputo, el secretario, a solicitud del demandante y al presentársele declaración jurada de la canti-dad adeudada, dictará sentencia por dicha cantidad y las costas contra el demandado cuando éste haya sido declarado en rebeldía por no comparecer, siempre que no se trate de un menor o persona incapacitada.
(b) Por el tribunal. En todos los demás casos la parte, con derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará del tribunal; pero no se dictará sentencia en rebeldía contra un menor o persona incapacitada a menos que estén representados por el padre, madre, tutor, defensor judicial u otro representante que haya comparecido en el pleito. Cuando la parte contra la cual se soli-cita sentencia en rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será notificada con copia de la solicitud de sentencia con 8 días por lo menos de antelación a la vista de dicha solicitud. Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla, se hace necesario fijar el estado de una cuenta o determinar el im-porte de los daños, o comprobar la veracidad de cualquier aseve-ración mediante prueba, o hacer una investigación de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea nece-sarias y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado.” (Bastardillas nuestras.)

Se advierte que la facultad del Secretario para dic-tar una sentencia en rebeldía está limitada a que la reclama-ción: (1) sea por una suma líquida o liquidable mediante cómputo; i(2) dicha suma se acredite mediante declaración jurada; (3) el demandado no haya comparecido y, (4) no sea un menor o incapacitado. Como corolario, cualquier otra sen-tencia en rebeldía tiene que ser dictaminada por el tribunal, que puede emitirla aun habiendo comparecido el demandado, irrespectivamente de si la cuantía es líquida o no. Ello in-cluye daños para lo cual puede señalar vista, exigiendo prueba para “determinar [su] importe . . . , o comprobar la veracidad de cualquier aseveración.”

Existe apreciable diferencia entre la acción puramente ministerial del secretario y la función decisional del juez, según corresponda a uno u otro adjudicar un pleito en rebeldía. Resulta obvio, que los tribunales no son meros autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía. Para el descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce que el proceso de formar consciencia judicial exige la comprobación “de cualquier aseveración” mediante prueba. A tal efecto, el tribunal “deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas.” Y con referencia a una parte demandada en rebeldía — que ha comparecido previamente — le cobija el derecho a conocer del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. No renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni de que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en favor del reclamante. Rivera v. Goytía, supra, 33; Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 D.P.R. 397 (1906). En otras palabras, un trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable al demandante; el demandado no admite hechos incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de derecho.

II

Con este trasfondo, confrontemos el derecho reseñado con las alegaciones de la demanda. Se expone que “los demandados habían contratado y efectuado la reparación y afinamiento del motor y la corrección de un problema de recalentamiento de la embarcación ... en o alrededor de la fecha en que la misma se hundió . ...” y que “. . . como resultado del incum-plimiento de las obligaciones de los demandados ... en rela-ción con la adecuacidad de las reparaciones arriba indicadas ... [por la] negligencia, impericia y culpa de los demandados ... se hundió.”

Aunque las mismas no son el mejor ejemplo de redacción, sí consignan hechos suficientes — no controvertidos por los demandados recurridos en rebeldía — que razonablemente abonan y permiten una conclusión de responsabilidad o negligencia, y además, una deducción sobre causalidad entre las reparaciones y el siniestro acaecido. En vista de ello, los recurrentes razonablemente podían descansar en tales alegaciones, prescindiendo de prueba aparte de la cuantía de daños, salvo que el tribunal de instancia en el ejercicio de su discreción, deseara comprobar la veracidad de tales alegaciones y expresamente advirtiera al notificar su señalamiento a los demandantes recurrentes, cosa que no hizo. Bajo cualesquiera circunstancias, la cuantía de daños debe ser objeto de prueba. 10 Wright & Miller, supra, sec. 2688, págs. 280-1 .

No habiendo advertido el tribunal de instancia a la parte adora de la necesidad de corroborar sus alegaciones sobre negligencia y relación causal, se incurrió en error que amerita la revocación de la sentencia y que devolvamos el caso a la sala de origen, para la celebración de vista conforme los tér-minos de esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Subsiguientemente desistieron su acción contra Isleta Marina, Inc. e Isleta Marina Corp.

        (2)Hawkins v. Crook, Ch. Ct. 1729, 2 P. Wms. 566. Sobre el historial, consúltese 10 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, 245-251; 6 Moore, Federal Practice, secs. 55.01-55.02.

      (3)La Regla 34.4 de Procedimiento Civil vigente reza: “Si nna parte, o un funcionario o agente administrador de una parte, dejare intencional-mente de comparecer ante el funcionario que ha de tomar su deposición des-pués de haber sido debidamente notificado; o dejare de presentar y notificar contestaciones a los interrogatorios sometidos de acuerdo con la Regla 30 después de habérsele notificado debidamente los mismos; el tribunal, me-diante moción y notificación, podrá eliminar total o parcialmente cualquier alegación de esa parte, o desestimar el pleito o procedimiento o alguna parte del mismo, o dictar sentencia en rebeldía contra dicha parte.” (Bas-tardillas nuestras.)

      (4) Thomson v. Wooster, 114 U.S. 104 (1885); Trans World Airlines, Inc. v. Hughes, 449 F.2d 51, 63-64 (1971), revocado por otras razones, 409 U.S. 363 (1973). Algunos casos deciden que se admite la negligencia sin que la parte actora tenga que desfilar prueba al respecto: Johnson v. Riverside Hotel, Inc., 399 F.Supp. 1138 (1975); Flaks v. Koegel, 504 F.2d 702 (2d Cir. 1974); Caribbean Produce Exchange v. Caribe Hydro-Trailer, Inc., 65 F.R.D. 46 (1974); United States ex rel. Motley v. Rundle, 340 F.Supp. 807 (1972); Funkhouser v. Million, 161 S.E.2d 725 (1968). Además: Default Judgment — Proof of Liability, 8 A.L.R.3d 1070, sec. 3; 47 Am.Jur. 2d, Judgments, sec. 1194; 10 Wright & Miller, supra, 279-286.


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Idalia Rubín Vda. de Vila y otros, demandantes y recurrentes v. Carmen M. Guerra Mondragón y otros, demandados y recurridos.

      Número: R-77-142

      Resuelto: 6 de marzo de 1978

      Jaime Rodríguez Rivera, Uriel G. Candelas, Carlos Rodríguez Sierra, José G. Rolón Rivera y Mario■ Rivera Toll, abogados de los recurrentes; José A. Rivera Mercado, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

El causante de los demandantes perdió la vida en un acci-dente de automóvil. Desde el año 1961 padecía del corazón. En enero de 1967 a los 59 años de edad tuvo un fallo car-díaco. Fue hospitalizado. En el año 1969 volvió a hospitali-zarse con otro fallo cardíaco. Para 1970 ya su enfermedad era crítica. Del 1973 en adelante el médico que lo atendía lo veía semanalmente. Estaba siempre bajo sedantes. Aunque no estaba incapacitado para caminar no era aconsejable que lo hiciera solo.

“El día 17 de diciembre de 1973 Don Reym'undo, a pesar de su grave condición física, salió de su casa de la Urbaniza-ción Villa España para ir a su visita médica semanal con el Dr. Vizcarrondo y para ello usó transportación pública. Para llegar a la oficina del médico tuvo que tomar un vehículo en la Carretera de Bayamón hasta llegar a la Avenida Ponce de León y de ahí se trasladó hasta el área del Condado, más o menos cerca del Hospital Presbiteriano.

La Sra. Carmen Guerra Mondragón de García en la men-cionada fecha, y como a eso de las 7:45 de la mañana, con-ducía el vehículo Pontiac, Modelo 1967 propiedad del Sr. Gabriel Guerra Mondragón, a lo largo de la Avenida Magdalena con dirección de Oeste a Este, o sea, de San Juan hacia Santurce. Llevaba sus hijos a la escuela la cual queda cerca del sitio donde ocurrió el accidente. Estos ocupaban el asiento trasero del carro. Los niños entraban a las 8:00 de la mañana a la escuela.

La Avenida Magdalena permite tránsito en una sola dirección, de San Juan a Santurce, y está provista de dos ca-rriles. A la derecha, yendo de San Juan a Santurce, y des-pués de cruzar la intersección formada por la Avenida Magdalena con la Calle Caribe hay una plaza de recreo; y la Ave-nida Magdalena una vez pasada la intersección tiene una semicurva hacia la izquierda. El día era soleado aunque se-gún la declaración del Policía Arroyo que investigó el caso había lloviznado algo, temprano en la mañana.

La Sra. Guerra Mondragón conducía su vehículo por el carril de la extrema izquierda. Una vez cruzó la intersección, y entrando a la semicurva a su izquierda, como a 10 ó 15 pies vio surgir un peatón de súbito al frente de su auto; frenó, pero no pudo evitar un impacto entre el peatón y el guarda-lodo izquierdo de su automóvil. A pesar de que frenó y trató de desviar hacia la derecha siempre impactó a Don Rey-mundo.

Minutos después de ocurrir el accidente, llegó al sitio el Policía José M. Arroyo. Este encontró al peatón, quien re-sultó ser Don Reymundo Vilá Polanco, más o menos en el centro del carril izquierdo de la Avenida Magdalena como a una distancia de 20 a 30 pies después de pasada la intersec-ción. A preguntas que le hiciera a Don Reymundo, éste le contestó que cruzaba de Norte a Sur, eso es, como hacia la placita que queda en dicho sitio. Con la ayuda de la Sra. Guerra Mondragón lo montó en el carro-patrulla y lo condujo al Hospital Presbiteriano. Allí se volvió a entrevistar con la Sra. Mondragón después que ésta, con la autorización previa del Policía, había llevado sus niños a la escuela.

La Sra. Guerra Mondragón transita esa ruta a diario y conocía las condiciones de la carretera. Por razón de que a veces el sol da de frente y afecta la visión, usa gafas de sol para proteger la visibilidad del efecto del sol. El día del acci-dente usaba sus gafas de sol.

Don Reymundo Vilá Polanco trató de cruzar la avenida en la semicurva, fuera del área de la intersección por lo que no podía ser visto por un conductor que se moviera en la dirección en que se movía la demandada Guerra Mondragón hasta no estar bien próximo a él. La condición de la vía de rodaje en semicurva y la condición de que el sol da de frente obstaculizan la visibilidad del conductor. La semicurva obs-truía la visibilidad como de 30 a 40 pies hacia adelante.” (De-terminaciones de Hechos págs. 4 y 5.) Con estas determina-ciones de hechos el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Abruña Rodríguez, J. declaró sin lugar la demanda radicada por la viuda y el hijo.

Para sostener el recurso, sostienen los recurrentes que:

“1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como cuestión de hecho que el accidente no se debió a acto cul-poso o negligencia de la parte demandada y en consecuencia erró al no determinar el valor de los daños sufridos por la parte demandante.
2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al apreciar la evidencia aportada y hacer conclusiones de la prueba resultante de aquella incurriendo en manifiesto error al declarar la ausen-cia de culpa y negligencia.
3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al negarse a formular determinaciones de hechos adicionales.”

Hemos examinado la exposición narrativa de la prueba y estamos convencidos que la sentencia está sostenida por la prueba.

Se confirma la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Rigau no intervinieron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 1978

El 17 de diciembre de 1973, a las 7:45 la recurrida Carmen Guerra Mondragón conducía un automóvil “Pontiac” en el que llevaba sus hijos a la escuela a la que debían llegar a las 8:00 a.m. Tomó la Avenida Magdalena que tiene dos ca-rriles de tránsito en la sola dirección de San Juan a Santurce, desplazándose por el carril izquierdo pegado a la acera. La juez sentenciadora en sus conclusiones dice que la recurrida “vio surgir un peatón de súbito” a 10 ó 15 pies al frente, que frenó y hasta trató de desviar hacia la derecha pero siempre arrolló a un hombre de 65 años que había salido esa mañana desde su residencia en Villa España, Bayamón, a cumplir su visita semanal a su médico en el Hospital Presbiteriano. El' peatón cayó en el centro de la calle, resultando con laceracio-nes y abrasiones por todo el cuerpo y fractura del lado iz-quierdo de la pelvis. Murió 19 días después y hubo prueba médica de que el accidente aceleró la terminación de su vida de paciente cardiaco.

El accidente ocurrió en el tramo de Magdalena, entre Ca-ribe y Cervantes, zona en que por su profusión de tránsito de personas y vehículos, resulta imprudente aun agotar el límite de 25 m.p.h. Una mayor precaución se imponía porque la re-currida conducía a las 7:45 a.m. de frente al sol, y tenía que usar gafas “para proteger la visibilidad” (Sentencia, pág. 5). La razón exonerante de accidente inevitable porque la con-ductora vio surgir un peatón de súbito a sólo 10 ó 15 pies frente a su Pontiac, queda totalmente enervada y disuelta por la siguiente determinación a la pág. 5 de la sentencia :

“La condición de la vía de rodaje en semi-curva y la condición de que el sol da de frente obstaculizan la visibilidad del conductor. La semi-curva obstruía la visibilidad como de 30 a 40 pies hacia adelante.”

Con visibilidad de este modo obstruida no podemos aceptar como excusa que la conductora no pudo ver la víctima hasta hallarse a 10 ó 15 pies de ella. Si el propio tribunal concluye que el sol de frente disminuía la capacidad de la conductora para ver lo que tenía al frente, la tardanza en la reacción de la recurrida impedida por la insuficiente visibilidad, y no el movimiento súbito () del peatón, fue la causa eficiente del accidente.

Avanzar con la visibilidad obstruida, como determinó la juez sentenciadora, es categórica imputación de negligencia total a la conductora. ¿Acaso hay excusa en quien insiste en avanzar para que los hijos lleguen a tiempo a la escuela, lan-zando un vehículo poderoso en una vía de circulación densa, con visibilidad limitada, a tal velocidad de marcha que su im-pacto en vez de tocar, acorta la vida?

El accidente de circulación en el presente caso está san-cionado por las siguientes disposiciones de la Ley de Vehí-culos y Tránsito:

Sección 5-1002 (9 L.P.R.A. see. 1102) Deberes de los con-ductores hacia los peatones

“(a) Toda persona que conduzca un vehículo por las vías públicas vendrá obligada a:
(3) Tomar todas las precauciones para no arrollar a los peatones, debiendo tomar precauciones especiales cuando los pea-tones fueren niños, ancianos o personas incapacitadas. Estas precauciones serán tomadas aun cuando el peatón estuviere ha-ciendo uso incorrecto o ilegal de la vía pública. El uso de la bo-cina por sí solo no relevará al conductor de responsabilidad criminal, si tal uso no estuviere acompañado por otras medidas de seguridad.” (Bastardillas nuestras.)

Sección 5-101 (9 L.P.R.A. sec. 841) Regla básica; límites

“(a) La velocidad de un vehículo deberá regularse con el de-bido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito, uso y condi-ciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor de la que le permita ejercer el debido dominio del vehículo y reducir la velocidad o parar cuando sea necesario para evitar un accidente. De conformidad con los requisitos expresados an-teriormente toda persona deberá conducir a una velocidad segura y adecuada al acercarse y cruzar una intersección o cruce ferro-viario, al acercarse a la cima de una pendiente, al viajar por una carretera estrecha o sinuosa, o cuando existan peligros especiales con respecto a peatones u otro tránsito o por razón del tiempo o las condiciones de la vía pública.” (Bastardillas nuestras.)

Hasta ahora este Tribunal no había tenido dificultad en la aplicación de tan claros preceptos que fijan la obligación del conductor hacia los peatones, de mayor rigor cuando éstos son niños, ancianos o personas incapacitadas. En 1956 diji-mos que “. . . En cuanto al ‘debido cuidado’ que le impone al chófer el poder tuitivo del Estado, con relación a la velocidad a que debe conducir un vehículo, resulta claro que la indaga-ción judicial debe cubrir los siguientes aspectos: (1) si el posible infractor tenía el debido dominio del vehículo que con-ducía y (2) si reduciendo la velocidad o parando el vehículo el posible infractor hubiera podido evitar atropellar a alguna persona o chocar con algún vehículo u otro artefacto dentro de la carretera o que estuviera entrando en la misma.” (Én-fasis en el original.)' Pueblo v. Pérez, 79 D.P.R. 487, 493 (1956). Reiteramos la regla sobre control y detención del automóvil para evitar el atropello en Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 465 (1962); y también al revocar la senten-cia que como en el caso de autos había desestimado la de-manda de daños y perjuicios, cuando en 1964 dijimos: “la vía franca o el derecho de paso no da licencia para arrollar, por ese solo hecho, a uno que la invada.” Bridles Aldrich v. Torres, 89 D.P.R. 815, 821 (1964).

Hoy con más de tres millones de habitantes y cerca de 900,000 vehículos circulando, no vemos razón para que el Tribunal abandone tan valiosa doctrina y menos aún para des-viarnos del terso mandato estatutario. Revocaría la sentencia revisada y devolvería el caso a instancia con instrucciones de que se estime la demanda y se fijen las cuantías de daños adecuadas.

      (1) También tenemos una gran preocupación con esta conclusión de movimiento súbito, en vista de que la sala de instancia determinó que la víctima, hombre de 65 años, padecía del corazón desde los 53 con historial de episodios críticos, observación médica continua, y tomando medicina hasta 4 veces al día al punto que su médico había dicho a los familiares que podía morir en cualquier momento. ¿Le quedaba vigor e inexperiencia para irrumpir súbitamente en una vía pública ?