author: PER curiam:

text:
    José A. Llama, Arturo Ortiz Toro, Zoraida Córdova, José L. Llama, demandantes y recurridos, v. First Mortgage Investors, demandada y recurrente.

      Número: R-82-94

      Resuelto: 16 de febrero de 1983

      Julio L. Aguirre, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de la recurrente; W. R. Picorelli Osorio, abogado de los recurridos.
   PER curiam:

Se nos plantea en el presente caso la validez de la cláusula de aceleración, conocida en el idioma inglés como “due-on-sale”, que se inserta en las escrituras sobre constitución de hipotecas en garantía de préstamos para la adquisición de hogares, y que permite al acreedor, a su opción, dar por vencida la deuda y proceder a su cobro y ejecución de la hipoteca si el deudor vendiere la propiedad o un interés sobre la misma sin el consentimiento escrito del acreedor hipotecario. La cláusula permite, en efecto, al acreedor hipotecario negociar con el propuesto adquirente la tasa de interés que éste pagará, tomando en conside-ración la tasa prevaleciente en el momento de hacer la transferencia objeto de la negociación. Como veremos, el campo ha sido ocupado por una ley del Congreso específi-camente aplicable a Puerto Rico —la Garn-St Germain Depository Institution Act of 1982— y bajo las circunstan-cias aquí presentes venimos obligados a sostener la validez de dicha cláusula.

Los hechos aquí pertinentes pueden resumirse así: Los cónyuges don Arturo Ortiz Toro y doña Zoraida Córdova adquirieron por compra a First Mortgage Investors un apartamento residencial en el Condominio Coral Beach, radicado en la municipalidad de Carolina, Puerto Rico. La transacción se efectuó por la cantidad de $76,600 mediante escritura pública otorgada el 20 de marzo de 1978. En la misma fecha se otorgó otra escritura en virtud de la cual los referidos cónyuges constituyeron primera hipoteca sobre la mencionada propiedad, para garantizar a la vendedora First Mortgage Investors el pago de $68,900 que le quedaron a deber, más intereses al 6 1/2 por ciento anual y otros créditos adicionales para el caso de ejecución de la hipoteca. En el párrafo 17 de dicha escritura se insertó la siguiente cláusula sobre aceleración:

17. Transferencia de Propiedad; Asunción.
Si toda o parte de la Propiedad o un interés en la misma es vendida o transferida por el Deudor sin el consentimiento previo por escrito del Prestador, excluyendo (a) la creación de una carga o gravamen subordinada a esta Hipoteca, (b) la creación de una garantía de precio de compraventa de enseres del hogar, (c) una transferencia por legado o heren-cia, o (d) la concesión de un derecho de arrendamiento de tres años o menos que no contenga una opción de compra, el Pres-tador podrá, a opción del Prestador, declarar todas las sumas aseguradas por esta Hipoteca inmediatamente vencidas y pagaderas. El Prestador habrá renunciado a tal derecho de aceleración si, antes de la venta o transferencia, el Prestador y la persona a quien la Propiedad ha de ser vendida o trans-ferida llegan a un acuerdo por escrito a efectos de que el crédito de dicha persona es satisfactorio al Prestador y de que el interés pagadero en relación con las sumas aseguradas por esta Hipoteca será el tipo que requiera el Prestador. La renuncia por el Prestador de la opción de aceleración dis-puesta en este párrafo 17 no será interpretada como una renuncia a las obligaciones del Deudor bajo esta Hipoteca y el Pagaré. Si el Prestador ejerce dicha opción de aceleración, el Prestador enviará por correo al Deudor notificación de acele-ración de acuerdo con las disposiciones del párrafo 14 de la presente. Dicha notificación concederá un período de no menos de treinta (30) días a partir de envío por correo de la notificación durante el cual el Deudor podrá pagar las sumas declaradas vencidas. Si el Deudor dejare de pagar dichas sumas antes de la expiración de dicho período, el Prestador podrá, sin necesidad de notificación o requerimiento adicional al Prestatario], invocar cualquiera de los remedios permiti-dos por el párrafo 18 de la presente.

De estas escrituras se tomó razón en el Registro de la Propiedad.

Posteriormente, mediante escritura pública de 24 de agosto de 1979, los esposos Ortiz Toro vendieron la propie-dad a don José Luis Llama Izquierdo por precio de $78,600, pagando el comprador la cantidad de $10,600 y reserván-dose $68,000 a que estaba reducida la deuda garantizada por la hipoteca constituida a favor de First Mortgage Investors a que antes nos referimos. El 15 de noviembre de 1979, también mediante escritura pública, el señor Llama Iz-quierdo vendió la propiedad a don José A. Llama, recono-ciéndose un pago de $11,600 hecho con anterioridad a la fecha del otorgamiento, como parte del precio y haciendo reserva el comprador de $68,000 para pagar la hipoteca a favor de First Mortgage Investors y $40,000 para satisfacer otra deuda hipotecaria mencionada en la escritura, por lo que el precio de venta ascendió a $119,600.

Ninguna de las ventas en que intervinieron los señores de apellido Llama fue notificada a First Mortgage Investors, ni medió su consentimiento para ellas. First Mortgage se negó a aceptar al nuevo adquirente como su deudor hipotecario y le comunicó al señor Ortiz Toro que había decidido acelerar el vencimiento de la obligación y solicitar la ejecución de la hipoteca a tenor con la cláusula de acele-ración de la escritura de hipoteca. Ante tal situación los esposos Ortiz Toro y los señores Llama instaron demanda sobre sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, en la que solicitaron que se declarara nula la referida cláusula de aceleración por ser contraria a la ley, la moral y el orden público por constituir una prohibición de enajenar. Consignaron los plazos rechazados.

El Tribunal Superior resolvió que aquella parte de la cláusula de aceleración que condiciona el consentimiento del prestador para la transferencia de la propiedad a que se acuerde un incremento en el tipo de interés “no responde real y efectivamente a un interés público protegido, sino a un interés comercial privado; no constituye una causa o razón justificada, pues no le da más firmeza a la garantía hipotecaria; es opresiva, injusta e irrazonable; es extorsio-nante y constituye una penalidad si se transfiere la propie-dad sin el consentimiento del prestador y es además contra-ria al orden público constituyendo en su aplicación una prohibición de enajenar”.

La parte demandada nos solicita la revisión de la sentencia. Enumera siete planteamientos de Derecho que básicamente se limitan a cuestionar la determinación de que la cláusula constituye una prohibición de enajenar cuando se utiliza para renegociar los intereses. Estando el caso sometido a nuestra consideración se aprobó el 15 de octubre de 1982 la Ley Pública 97-320, del 97mo Congreso de los Estados Unidos, 51 U.S.L.W. 143, conocida por GarnSt Germain Depository Institutions Act of 1982 que, como veremos, controla la situación y hace innecesario que consideremos los planteamientos de la recurrente.

El propósito de estas cláusulas de aceleración ha sido tradicionalmente el de proteger el interés del acreedor de que su garantía no se vea depreciada por pasar a manos de un comprador con credenciales de crédito dudosas o con pobre reputación de conservación y mantenimiento de la propiedad. Los tribunales han reconocido que los acreedores tienen un interés legítimo en conservar el valor de su garantía, por lo que el uso de las cláusulas de aceleración para conseguir este propósito ha sido ampliamente permitido.

Una segunda función de estas cláusulas de aceleración ha surgido como resultado del rápido aumento en las tasas de interés sobre los préstamos. Esta segunda función es la que permite a los prestamistas mantener su cartera de préstamos devengando el interés prevaleciente en el mer-cado mediante la oportunidad de renegociar los intereses cuando se vende la propiedad.

Varios estados de los Estados Unidos, algunos mediante legislación y otros mediante decisiones judiciales, han prohi-bido la ejecución de la cláusula de aceleración cuando se utiliza para fines de renegociar un aumento en los intereses. Ello inquietó al Congreso de los Estados Unidos, ya que se estaba creando confusión en torno a la obligatoriedad de la cláusula. En consecuencia se presentó en el Senado el Proyecto S. 2879, que se convirtió en la citada Ley Pública 97-320, aprobada previo informe favorable del Comité sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, que deter-minó, entre otras cosas, que tales prohibiciones por parte de algunos estados estaban afectando el mercado secundario de hipotecas, que es el que suple la mayor parte de los fondos para las hipotecas, y que la decisión del Tribunal Supremo federal en Fidelity Federal Sav. & Loan Assn. v. De La Cuesta, 458 U.S. 141 (1982), que sostuvo el derecho de las asociaciones de ahorro y préstamo federales a hacer cum-plir la cláusula, ponía en desventaja a las instituciones pres-tatarias estatales y a otros prestamistas.

Adoptado el referido proyecto y aprobado como la Ley Pública 97-320 el 15 de octubre de 1982, su Título III, Parte C, expresamente ocupa el campo y permite a los prestamistas incluir la cláusula due-on-sale en contratos de préstamos garantizados con hipoteca sobre bienes inmuebles, y prohíbe a los estados que impidan o limiten la ejecución de las cláusulas due-on-sale. La ley tiene vigencia inmediata y aplica a todos los préstamos hipotecarios de instituciones estatales o federales, excepto aquellos que se hicieron o se asumieron durante un período de excepción que establece la ley. Esta excepción fue creada para evitar que la ley tuviera un impacto injusto en aquellos compradores que, a pesar de que su contrato contenía la cláusula de aceleración, confiaron en que no se haría cum-plir debido a prohibiciones estatales, ya fueran leyes, dispo-siciones constitucionales o decisiones judiciales del tribunal de más alta jerarquía en el estado. Este “período de excep-ción”, que el mencionado Comité denomina window period, comprende desde la fecha en que el estado adoptó la prohi-bición, fuere mediante disposición constitucional, estatuto, o pronunciamiento judicial por su más alto tribunal, hasta la fecha de vigencia de la ley del Congreso.

Los préstamos hipotecarios originados o asumidos du-rante este llamado window period, fueran hechos por insti-tuciones estatales o federales, estarán sujetos a la aplicación del derecho estatal por tres años a partir de la fecha de aprobación de la citada ley congresional.

La mencionada Ley Pública 97-320 es, por sus disposi-ciones expresas, aplicable a Puerto Rico. Y en el momento en que se aprobó, 15 de octubre de 1982, que es la fecha de su vigencia, no existía en esta jurisdicción dispo-sición constitucional, ni estatuto, ni decisión nuestra que prohibiera la ejecución de las cláusulas de aceleración o due-on-sale. Por tanto, no pueden cobijarse los demandantes y aquí recurridos bajo la excepción o window period que dispuso la citada ley congresional.

Por los fundamentos expresados se revocará la sentencia recurrida, se declarará sin. lugar la demanda sobre senten- da declaratoria, y se devolverá el caso al tribunal de instan-cia para ulteriores procedimientos compatibles con lo expre-sado en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

APÉNDICE

Part C — Preemption of Due on Sale Prohibitions DUE-ON-SALE CLAUSES

Sec. 341.(a) For the purpose of this section—

(1) the term “due-on-sale clause” means a contract provision which authorizes a lender, at its option, to declare due and payable sums secured by the lender’s security instrument if all or any part of the property, or an interest therein, securing the real property loan is sold or transferred without the lender’s prior written consent;
(2) the term “lender” means a person or government agency making a real property loan or any assignee or transferee, in whole or in part, of such a person or agency;
(3) the term “real property loan” means a loan, mortgage, advance, or credit sale secured by a lien on real property, the stock allocated to a dwelling unit in a cooperative housing corporation, or a residential manufactured home, whether real or personal property; and
(4) the term “residential manufactured home” means a manufactured home as defined in section 603(6) of the National Manufactured Home Construction and Safety Standards Act of 1974 which is used as a residence; and
(5) the term “State” means any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, the Northern Mariana Islands, American Samoa and the Trust Territory of the Pacific Islands.

(b)(1) Notwithstanding any provision of the constitution or laws (including the judicial decisions) of any State to the contrary, a lender may, subject to subsection (c), enter into or enforce a contract containing a due-on-sale clause with respect to a real property loan.

(2) Except as otherwise provided in subsection (d), the exercise by the lender of its option pursuant to such a clause shall be exclusively governed by the terms of the loan contract, and all rights and remedies of the lender and the borrower shall be fixed and governed by the contract.

(3) In the exercise of its option under a due-on-sale clause, a lender is encouraged to permit an assumption of a real property loan at the existing contract rate or at a rate which is at or below the average between the contract and market rates, and nothing in this section shall be interpreted to prohibit any such assumption.

(c)(1) In the case of a contract involving a real property loan which was made or assumed, including a transfer of the liened property subject to the real property loan, during the period beginning on the date a State adopted a constitutional provision or statute prohibiting the exercise of due-on-sale clauses, or the date on which the highest court of such State has rendered a decision (or if the highest court has not so decided, the date on which the next highest appellate court has rendered a decision resulting in a final judgment if such decision applies State-wide) prohibiting such exercise, and ending on the date of enactment of this section, the provisions of subsection (b) shall apply only in the case of a transfer which occurs on or after the expiration of 3 years after the date of enactment of this Act, except that—

(A) a State, by a State law enacted by the State legislature prior to the close of such 3-year period, with respect to real property loans originated in the State by lenders other than national banks, Federal savings and loan associations, Federal savings banks, and Federal credit unions, may otherwise regulate such contracts, in which case subsection (b) shall apply only if such State law so provides; and
(B) the Comptroller of the Currency with respect to real property loans originated by national banks or the National Credit Union Administration Board with respect to real property loans originated by Federal credit unions may, by regulation prescribed prior to the close of such period, otherwise regulate such contracts, in which case subsection (b) shall apply only if such regulation so provides.

(2)(A) For any contract to which subsection (b) does not apply pursuant to this subsection, a lender may require any successor or transferee of the borrower to meet customary credit standards applied to loans secured by similar property, and the lender may declare the loan due and payable pursuant to the terms of the contract upon transfer to any successor or transferee of the borrower who fails to meet such customary credit standards.

(B) A lender may not exercise its option pursuant to a due-on-sale clause in the case of a transfer of a real property loan which is subject to this subsection where the transfer occurred prior to the date of enactment of this Act.

(C) This subsection does not apply to a loan which was originated by a Federal savings and loan association or Federal savings bank.

(d) A lender may not exercise its option pursuant to a due-on-sale clause upon—

(1) the creation of a lien or other encumbrance subordinate to the lender’s security instrument which does not relate to a transfer of rights of occupancy in the property;
(2) the creation of a purchase money security interest for household appliances;
(3) a transfer by devise, descent, or operation of law on the death of a joint tenant or tenant by the entirety;
(4) the granting of a leasehold interest of three years or less not containing an option to purchase;
(5) a transfer to a relative resulting from the death of a borrower;
(6) a transfer where the spouse or children of the borrower become an owner of the property;
(7) a transfer resulting from a decree of a dissolution of marriage, legal separation agreement, or from an incidental property settlement agreement, by which the spouse of the borrower becomes an owner of the property;
(8) a transfer into an inter vivos trust in which the borrower is and remains a beneficiary and which does not relate to a transfer of rights of occupancy in the property; or
(9) any other transfer or disposition described in regulations prescribed by the Federal Home Loan Bank Board.

(e)(1) The Federal Home Loan Bank Board, in consultation with the Comptroller of the Currency and the National Credit Union Administration Board, is authorized to issue rules and regulations and to publish interpretations governing the implementation of this section.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (d), the rules and regulations prescribed under this section may permit a lender to exercise its option pursuant to a due-on-sale clause with respect to a real property loan and any related agreement pursuant to which a borrower obtains the right to receive future income.

(f) The Federal Home Loan Mortgage Corporation (hereinafter referred to as the “Corporation”) shall not, prior to July 1, 1983, implement the change in its policy announced on July 2, 1982, with respect to enforcement of due-on-sale clauses in real property loans which are owned in whole or in part by the Corporation.

(g) Federal Home Loan Bank Board regulations restricting the use of a balloon payment shall not apply to a loan, mortgage, advance, or credit sale to which this section applies.

       Véase, Comment, The Due-On Clause: A Preemption Controversy, 10 Loyola L.A.L. Rev. 629 (1977), n.l.

       Se la describe en la escritura de compraventa como “a voluntary association with transferable shares of the type commonly called a Massachusetts Business Trust”.

       Comment, Due-on-Sale Clause not a Restraint on Alienation of Property, 59 Wash. Univ. L.Q. 1047 (1981); P. Ashley, Use of “Due-on” Clauses to Gain Collateral Benefits: A Commonsense Defense, 10 Tulsa L. J. 590 (1975).

      C) Due-on-Sale Clause, supra; Ashley, op. cit.

       L. Kreicher, Much Ado About Due-on-Sale: Avoiding the Tempest in New York, 10 Hofstra L. Rev. 1229 (1982).

       Kreicher, op. cit.

        Committee on Banking, Housing and Urban Affairs.

       Véase, Senate Report No. 97-536, Depository Institutions Amendments of 1982: Senate Comm, on Banking, Housing, and Urban Affairs, 97th Cong., 2d Sess. Sept. 3,1982.

      La ley no aplica a préstamos originados por asociaciones de ahorro y préstamo federales y por bancos de ahorro federales (Federal Savings Bank), Título III, Parte C, Sec. 341, subsección (c) de la Ley.

       Título III, Parte C, Sec. 341, subsección (c).

       Durante este período de tres años los estados podrán variar el efecto de las prohibiciones estatales sobre la cláusula due-on-sale con relación a los préstamos cubiertos por el window period que hayan sido originados en instituciones esta-tales. En estos casos podrían eliminar la prohibición o alargar su duración. Sin embargo, no podrán aplicar la prohibición a préstamos que queden fuera del window period. Los préstamos hechos por instituciones federales que estén dentro del window period sólo estarán sujetos a la reglamentación estatal por un período de tres años y luego sus cláusulas de aceleración serán ejecutables.

       Título III, Parte C, Sec. 341, subsección (a)(5).

       Se une, como apéndice a esta opinión, una transcripción literal de la Parte C del Título III de la citada Ley Pública 97-320.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Áureo Morales Roque, acusado y apelante.

      Número: CR-82-28

      Resuelto: 16 de febrero de 1983

      Neil Fleisher, de la División de Apelaciones de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogado del apelante; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público acusó al apelante de violar el Art. 232 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4428, referente al delito de fuga. Tras juicio por tribunal de derecho se le declaró culpable y se le impuso una pena de dos a cuatro años de presidio. En apelación alega que erró el tribunal al declararlo culpable, “a pesar de que la defensa presentó prueba que demostró que la fuga del apelante obedecía a la intimidación y violencia de que fue objeto en la institución penal por parte de los confinados”.

De la prueba surge que el apelante fue ingresado en el Presidio Estatal el 28 de agosto de 1973. Conforme la prueba de defensa, en el curso del año 1977 hubo disputas, motines y varias muertes. En redadas realizadas periódi-camente se ocupaban muchas armas en la penitenciaría. En octubre de ese año, un recluso intentó asesinar al apelante. Al no lograr su propósito, prometió matarlo de todos modos. El apelante testificó que intentó comunicarse sin éxito con el alcaide y con otro funcionario de la institución para evitar otro incidente.

El 28 de diciembre de 1977, el apelante obtuvo permiso para comprar ropa en Río Piedras. Lo acompañó un guar-dia penal. El apelante se escapó. Se trasladó a Estados Uni-dos. Allí fue arrestado tres años más tarde. No hay indi-cación en la prueba de que el apelante efectuase esfuerzo alguno durante ese período para establecer contacto con las autoridades policiacas en Puerto Rico o Estados Unidos para entregarse o explicarles su problema.

La doctrina por muchos años en el Derecho penal nor-teamericano fue que la defensa relativa a condiciones carce-larias intolerables no constituía justificación para la comi-sión del delito de fuga. Se suponía que el recluso solicitase amparo de las autoridades correccionales o de las cortes. People v. Whipple, 279 P. 1008 (1929); State v. Cahill, 194 N.W. 191 (1923). Algunos tribunales aún se aferran a tal teoría. State v. Dyer, 371 A.2d 1086, 1090 (1977). Para el análisis de la evolución de la jurisprudencia en este campo, véanse: Comment, Intolerable Conditions as a Defense to Prison Escapes, 26 UCLA L. Rev. 1126 (1979); Note, Escape from Cruel and Unusual Punishment: A Theory of Constitutional Necessity, 59 B.U.L. Rev. 334 (1979).

Las defensas del estado de necesidad y de la intimidación, a veces incluidas en la de condiciones intolerables, se han utilizado para alterar la norma tradicional en varios sitios. Comment, Intent, Duress, and Necessity in Escape Cases, 68 Geo. L.J. 249 (1979); E. Arnolds y N. Garland, The Defense of Necessity in Criminal Law: The Right to Choose the Lesser Evil, 65 J. Crim. L. & C. 289 (1974); M. Gardner, The Defense of Necessity and the Right to Escape from Prison — A Step towards Incarceration Free from Sexual Assault, 49 S. Cal. L. Rev. 110 (1975); Note, Duress and the Prison Escape: A New Use for an Old Defense, 45 S. Cal. L. Rev. 1062 (1972).

El Código Penal de 1974 reconoce estas últimas dos defensas.

El Art. 23 (33 L.P.R.A. sec. 3096), define así la defensa del estado de necesidad:

No incurre en responsabilidad el que para proteger cual-quier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, por él no provocado y de otra manera inevitable causa un daño en los bienes jurídicos de otro siempre que no haya despropor-ción entre el daño causado y el daño que se evita.
Esta eximente no beneficiará a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias.

El Art. 25 (33 L.P.R.A. sec. 3098), trata de la defensa de intimidación:

No incurre en responsabilidad el que obra compelido por intimidación o violencia.
a) Por la amenaza de un peligro grave e inminente siempre que exista racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado; o
b) Por una fuerza física irresistible.
El concepto de violencia en esta sección comprende tam-bién el empleo de medios hipnóticos, sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias si-milares.
En los casos previstos en esta sección será responsable del hecho delictuoso el que haya compelido a realizarlo.

El delito de fuga se configura del modo siguiente en el Art. 232 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4428:

Toda persona sometida legalmente a detención preventiva, a reclusión o a medida de seguridad de internación, que se fugare será sanciónada conforme a las siguientes penas....

El apelante alega que la defensa de intimidación lo exime de responsabilidad en este caso.

Al igual que el estatuto federal correspondiente, 18 U.S.C. sec. 751(a), la disposición de nuestra ley referente al delito de fuga no alude al elemento de mens rea. Según ha apuntado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pocas zonas del Derecho penal están revestidas de tanta dificultad como la definición de la mens rea requerida para el caso de cualquier delito en particular. United States v. Bailey, 444 U.S. 394, 403 (1980). En Bailey, el Tribunal tuvo que enfrentarse a los problemas derivados del tratamiento en el Derecho común del concepto de “intención” y de las gradaciones de éste favorecidas en algunos escritos. Bailey, supra, págs. 403-404. W. LaFave y A. Scott, Handbook on Criminal Law, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1972, Sec. 28, pág. 194 et seq.; The American Law Institute, Model Penal Code (Proposed Official Draft 1962), Sec. 2.02. El Art. 14 de nuestro Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061, establece:

Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal.
La intención o la negligencia se manifiestan [sic] por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona.

Véase: Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979). El Art. 15 (33 L.P.R.A. sec. 3062), define más adelante lo que se entiende por “delito intencional”. Véase: Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980). El apelante en el caso de autos no cuestiona la intencionalidad de su acto. Es innecesario, en consecuencia, que nos pronunciemos en este caso sobre los problemas de mens rea discutidos en Bailey, ante, ni sobre su relación con métodos alternativos de análisis. Véase: Comment, Intolerable Conditions, supra, pág. 1155 et seq. Basta con examinar si la defensa de intimidación puede invocarse eficazmente en las circunstancias de este caso.

La decadencia de la doctrina de que el prisionero es “el esclavo del Estado”, Ruffin v. Commonwealth, 62 Va. (21 Gratt.) 790, 796 (1871), se inició verdaderamente hace menos de diez años, con dos decisiones: People v. Harmon, 220 N.W.2d 212 (1974), confirmado en 232 N.W.2d 187 (1975); y People v. Lovercamp, 43 Cal. App. 3rd 823, 118 Cal. Rptr. 110 (1975). La defensa de intimidación se consi-deraba hasta entonces, por lo general, insuficiente en dere-cho, en casos de confinados amenazados de muerte. People v. Richards, 269 Cal. App. 2d 768, 773, 75 Cal. Rptr. 597, 602 (1969); State v. Milum, 516 P.2d 984, 986 (1973).

Lovercamp, ante, resolvió, en el contexto de amenazas de ataque sexual, que una defensa limitada de estado de nece-sidad, en ciertas circunstancias, podía estar disponible para justificar una fuga. Tenía, sin embargo, que cumplirse con cinco condiciones: 1) el prisionero tenía que enfrentarse a una amenaza específica de muerte, ataque sexual forzado o daño sustancial corporal en el futuro inmediato; 2) no había tiempo para quejarse a la autoridades o existía un historial de quejas inútiles; 3) no había tiempo u ocasión de acudir a los tribunales; 4) no había prueba del empleo de violencia contra el personal de la institución penal u otros terceros, y 5) el prisionero se presentaba a las autoridades debidas tan pronto estaba a salvo de la amenaza inmediata. Harmon, ante, no impuso estos requisitos como condición para que pudiese prosperar la defensa. Harmon resolvió simplemente que, excepto en los casos más claros, la cuestión de si el ale-gado peligro era inminente debía someterse al juzgador de los hechos a la luz de las circunstancias existentes, entre las que se contaría la oportunidad del recluso de evitar el daño.

Lovercamp, ante, fue bien recibido inicialmente, aunque se criticaron algunas de sus normas. Note, Availability of the Duress Defense in Prison Escapes, 12 Wake Forest L. Rev. 1102 (1976); Comment, Have the Prison Doors been Opened? — Duress and Necessity as Defenses to Prison Escapes, 54 Chi.[-]Kent L. Rev. 913, 930-932 (1978). Pronto, sin embargo, varios tribunales consideraron que Lovercamp sentaba unas guías excesivamente restrictivas. Para un análisis de la jurisprudencia sobre el particular, véanse: Comment, Intolerable Conditions, supra, págs. 1139-1182; Criminal Law — Escape—Affirmative Defenses, 49 U. Cin. L. Rev. 655 (1980); Esquibel v. State, 576 P.2d 1129 (1978); People v. Unger, 362 N.E.2d 319, 323 (1977).

En Bailey, ante, el Tribunal Supremo de Estados Unidos omitió toda referencia a Lovercamp. Tanto la mayoría como la minoría en Bailey estuvieron de acuerdo en que las defensas de intimidación y estado de necesidad son invocables en casos de fuga si se cumple con los requisitos siguientes:

1. El evadido debe probar la inminencia de la amenaza.

2. Debe probar asimismo que su fuga era la única alter-nativa razonable disponible.

3. Debe justificar también la continuación de su estado de fuga.

Hubo una diferencia central entre la mayoría y la minoría. La mayoría resolvió que, antes de poder reclamar instrucciones al Jurado sobre las referidas defensas, el fugado tiene que demostrar que hizo un esfuerzo bona fide por entregarse o retornar a custodia tan pronto como la intimidación o el estado de necesidad perdió su fuerza coer-citiva. La minoría entendió que le correspondía al Jurado determinar si las condiciones existentes justificaban la ausencia continuada del penado.

Resolvemos que la defensa de intimidación es invocable en Puerto Rico en casos de fuga bajo determinadas condiciones. Ya que el caso de autos se ventiló ante tribunal de derecho, es improcedente que nos pronunciemos aquí sobre el papel del Jurado en este tipo de situación. Basta con señalar que el apelante en esta causa no presentó prueba de ningún género para justificar la continuación de su estado de fuga por tres años, hasta el momento de su arresto. La defensa de intimidación se desploma en tales circunstancias.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Luz A. Ponce Jusino, lesionada y recurrida, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-82-691

      Resuelto: 18 de febrero de 1983

      Antonio Allende Calderón, abogado del recurrente Fondo del Seguro del Estado; Paul Ramos Morales, de Manuel De Jesús Mangual & Asociados, abogado de la lesionada.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Fondo del Seguro del Estado instó recurso de revisión ante, nos en que solicita dejemos sin efecto la resolución de la Comisión Industrial del 20 de julio de 1982, reconside-ración denegada el 30 de septiembre de 1982, en relación con el pago de dietas a la recurrida Luz Ponce Jusino. Nos impresionó la alegación del Fondo de que no se le dio opor-tunidad, bajo el Art. 7 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 9, para cerrar y decidir el caso, el cual estaba pendiente de que se comple-tara una investigación sobre si la recurrida estaba traba-jando durante el período por el que reclamó dietas. En con-secuencia, el 18 de noviembre de 1982 expedimos la siguiente resolución:

Atendido el recurso de revisión presentado por el Fondo del Seguro del Estado en el que plantea que la Comisión Industrial concedió el pago de dietas a la recurrida sin haberle dado al Fondo la oportunidad de tomar una decisión en pri-mera instancia, y tomando en consideración la alegación del Fondo de que está investigando con el Seguro Social federal y la oficina principal del patrono de la recurrida en Estados Unidos la posibilidad de que ella hubiera estado trabajando en períodos en que estuvo cobrando dietas, tenga la recurrida un término a vencer el 29 de noviembre de 1982 para mostrar causa por la cual no deba revocarse la resolución de la Comisión Industrial de 20 de julio de 1982 y ordenar que se devuelva el caso al Fondo para que éste complete la investi-gación iniciada y resuelva como proceda en derecho.

Posteriormente concedimos prórroga a la recurrida para comparecer, lo que ha hecho mediante un bien fundamen-tado escrito que nos convence de que debemos confirmar la resolución de la Comisión Industrial.

El citado Art. 7 (11 L.P.R.A. see. 9), dispone en su primer párrafo, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

En el caso de que el Administrador del Fondo del Estado demorare por más de un mes, sin causa justificada, la decisión de un caso completo sometido a su consideración, el obrero o el patrono que sean partes necesarias en dicho caso, o cualquier parte interesada podrá recurrir en queja ante la Comisión Industrial y obtener una orden de dicha Comisión compeliendo al Administrador para que decida el caso; y si fuere necesario, la Comisión podrá también ordenar al Administrador que remita el expediente del caso a dicha Comisión con el objeto de asumir jurisdicción sobre el mismo y decidirlo; pero, antes de asumir jurisdicción en un caso y decidirlo, la Comisión dará al Administrador una oportu-nidad razonable para cerrar y decidir dicho caso.

Los autos demuestran que la Comisión dio oportunidad razonable al Fondo para que completara su investigación y emitiera su decisión, y sin embargo el Fondo la desatendió. Veamos. La solicitud para el pago de dietas se formuló por escrito ante el Administrador del Fondo el 23 de febrero de 1981. Transcurrieron más de dos meses —el Art. 7 concede treinta días— y el Fondo no respondió. Asi, el 28 de abril la lesionada recurrió a la Comisión e invocó su jurisdicción original. Por resolución del 8 de junio de 1981 la Comisión concedió treinta días al Fondo para decidir y cerrar el caso. No lo hizo. Se celebró una vista ante un oficial examinador de la Comisión el 12 de febrero de 1982, en que el Fondo solicitó un término adicional. Por resolución del 2 de marzo de 1982 la Comisión le concedió “un término improrrogable de treinta (30) días”. Transcurrió dicho plazo sin que el Fondo decidiera. Así las cosas, el 9 de junio la recurrida solicitó vista pública. Ésta se celebró el 23 de junio, y el 20 de julio de 1982 la Comisión emitió resolución en que ordenó el pago de dietas a la recurrida por el período comprendido entre el 28 de mayo de 1980 y el 28 de febrero de 1981.

Valga señalar que en la citada vista quedó plenamente comprobado que la recurrida no trabajó durante el período por el cual se le conceden dietas y que tanto el perito del Fondo como el de la Comisión estuvieron de acuerdo en que el pago de dietas es procedente. El período de recuperación de la recurrida no había terminado al ser dada de alta por el Fondo y en la vista médica que había celebrado la Comisión se había dispuesto que continuara dicho tratamiento. Véase, Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712 (1973). Aunque el Fondo determinó la existencia de una incapacidad permanente, al darla de alta, la compensación a que tenía derecho quedó en suspenso al recurrir la lesionada a la Comisión. No se daba el caso de coexistencia de dos pagos, a saber, compensación por inca-pacidad transitoria (dietas) y compensación por la incapa-cidad permanente. Véase, Gámbaro Ramos v. F.S.E., 112 D.P.R. 304 (1982).

No podemos estar conformes y tenemos que reprobar que el Fondo permitiera que transcurriera más de un año sin que se resolviera el reclamo de dietas de esta empleada. Las dietas, hemos dicho, sustituyen en parte el salario que el obrero no puede devengar mientras se encuentra temporeramente incapacitado para trabajar. Por ello, el Art. 7 de la ley sabiamente dispone un término corto para que el Fondo resuelva, y concede jurisdicción original a la Comisión para decidir sobre el reclamo del obrero, cuando entiende que no hay causa justificada para la demora. No podemos aceptar que el trámite para obtener información de una agencia federal —la Administración del Seguro Social, en este caso— se tenga que tomar más de un mes. De hecho, a estas alturas, todavía el Fondo no ha obtenido dicha información y en su recurso ante nos insiste en que se le conceda prórroga adicional. Desvirtuaríamos el propósito de la ley y pasaríamos por alto nuestro deber de hacer justicia si accediéramos a dicha petición.

Vienen al punto, y conviene que se recuerden, las siguientes expresiones hechas por este Tribunal en Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 797, 803 (1939):

Teniendo en cuenta los hechos anteriormente expuestos, las razones que tuvo la Comisión para asumir jurisdicción (supra) y que el espíritu y propósito de esta sabia y humana legislación es proveer un procedimiento rápido, eficaz y libre de tecnicismos injustificados, para que las personas que de-pendían de un obrero muerto en el curso de su trabajo puedan recibir cuanto antes sea posible el auxilio pecuniario que la ley les concede, tenemos que llegar a la conclusión de que la Comisión Industrial procedió correctamente. El Administra-dor del Fondo tuvo amplia y razonable oportunidad para co-nocer del caso. Si sostuviéramos lo contrario, como pretende el recurrente, nada ganaría con ello el Fondo del Estado; y los beneficiarios se verían obligados a continuar esperando la compensación a que tienen derecho y que necesitan para su subsistencia, después de haberla esperado, por causas de las que ellos no son responsables, por cerca de tres años.

En mérito de lo expuesto, se dejará sin efecto nuestra resolución del 18 de noviembre de 1982, se expedirá el auto, y se dictará sentencia en que se confirme en todas sus partes la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    General Motors Overseas Distribution Corp., peticionaria, v. Departamento de Asuntos del Consumidor, demandado y recurrido.

      Número: O-82-615

      Resuelto: 28 de febrero de 1983

      Francisco Ponsa Flores, abogado de la peticionaria; Tadeo Negrón Medero, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso se inició por querella formulada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el 29 marzo, 1979 por Ramón Castro López-Vías asistido de abo-gado, contra el vendedor de un Buick nuevo que resultó tener un motor Chevrolet y otros defectos. El 14 marzo, 1980 DACO dictó resolución en que dispuso el cierre y archivo de la querella por ausencia sin excusa del quere-llante de la vista administrativa convocada para el 14 febrero, 1980. El querellante presentó moción de reconside-ración el 21 marzo del mismo año basada en que su abogado no fue notificado del señalamiento para la vista del 14 febrero, y que la notificación dirigida al propio querellado le llegó después de la vista porque se encontraba “fuera de su hogar”. No es hasta el 26 junio, 1980 —97 días después— que DACO resolvió reconsiderar y restableció la querella que señaló nuevamente para vista. El 3 julio, 1980 la General Motors Overseas Distribution Corp. ya incluida como querellada adicional, recurrió en revisión administrativa ante el Tribunal Superior fundada exclusivamente en la ausencia de facultad en DACO —una vez transcurridos 30 días desde que fue radicada la moción de reconsideración— para reabrir y reinstalar la querella que había archivado. El Io septiembre, 1982 el Tribunal Superior dictó sentencia por la que denegó la expedición del auto fundado en que el término de treinta días dispuesto en el Art. 16 de la Ley Orgánica de DACO (3 L.P.R.A. sec. 341o) para decisión por el Secretario o su delegado de la solicitud de reconside-ración, es directivo, más bien que mandatorio, y que no puede atribuírsele carácter jurisdiccional por no autori-zarlo el lenguaje del estatuto.

Al recurso de certiorari de la querellada General Motors notamos incompatibilidad entre la excesiva tardanza en resolver una moción de reconsideración y el manifiesto interés legislativo en la pronta atención a reclamaciones de consumidores y requerimos tanto de DACO como del que-rellante recurrido mostrar causa por la que no deban anu-larse tanto la sentencia en revisión como la resolución de DACO, e impartir eficacia a lo ordenado en el citado Art. 16: que “se entenderá No Ha Lugar [sic] a la reconside-ración solicitada” si el Secretario no actúa sobre la misma en treinta días. El Departamento no respondió. La parte querellante interesada Castro López-Vi as presentó un escri-to-contestación el 10 enero, 1983, con énfasis en los méritos de la decisión de reinstalar la querella toda vez que no se había cumplido con el requisito de audiencia previa citación adecuada. A su vez impugna la jurisdicción del Tribunal Superior para conocer del recurso de la querellada General Motors por haber ésta recurrido sin antes solicitar recon-sideración, cuestión abstracta, carente de finalidad y energía procesal, pues según más adelante resolvemos, si DACO había perdido la jurisdicción para resolver, ¿cómo podía recuperarla para entender en incidentes sucesivos?

Los Arts. 16 y 17(a) de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (3 L.P.R.A. sec. 341o y 341p(a) ordenan:

Sec. 341o. Decisiones del Secretario, reconsideración
Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario, o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sección 341e de este título, en un procedi-miento de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativa deberá, salvo en los procedimientos radicados por la Oficina de Asun-tos Monopolísticos, solicitar dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de notificación de la decisión, la reconsideración del Secretario. El Secretario tendrá treinta (30) días para decidir la reconsideración solicitada, pasados los cuales, si no ha emitido su decisión se entenderá No Ha Lugar a la reconsideración solicitada, disponiéndose que el Secretario notificará tal hecho a la parte afectada. (Énfasis nuestro.)
Sec. 341p. Revisión judicial de decisiones
(a) Cualquier parte adversamente afectada por una deci-sión en reconsideración del Secretario o del funcionario que éste designe a tenor con el inciso (d) de la sec. 341e de este título podrá solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la resi-dencia del perjudicado, mediante un recurso emitido por el Tribunal a su discreción. La solicitud de revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la referida decisión. (Énfasis nuestro.)

Treinta días fue también el término fijado al Secretario para “decidir la reconsideración” en el campo de control de precios por Ley Núm. 87 de 26 junio, 1974, L.P.R., pág. 329 y ss., en la que se le proveyó un auxiliar ejecutivo para aligerar el despacho, invocándose en la exposición de moti-vos el elemento de rapidez para implementación eficaz de la política pública; se aclaró “que la reconsideración es de carácter jurisdiccional y aplicable tanto a decisiones cuasi judiciales como las cuasi legislativas” y al reescribir en esa forma el Art. 16 de la Ley Orgánica original Núm. 5 de 23 abril, 1973, L.P.R., pág. 25, declara que de no actuar el Secretario dentro de los 30 días se entenderá denegada la reconsideración.

Esa misma insistencia legislativa en la solución pronta y expedita está presente en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de 1973, supra, págs. 16-18, donde se dice:

Puerto Rico ha entrado de lleno en “la sociedad del con-sumo”; a donde el interés del consumidor se identifica con el interés público. Sin embargo, a pesar de la posición de impor-tancia que ocupa el consumidor, frecuentemente se ignoran sus problemas o pasan inadvertidos o las soluciones y reme-dios son tardíos. (Énfasis nuestro.)

Es por ello necesario e imperativo crear una estructura, de la más alta jerarquía, a nivel de gabinete, con el objeto de garantizar al consumidor la debida atención a sus problemas y para efectuar una mejor coordinación de los recursos dis-ponibles al gobierno en el desarrollo e implementación de una política pública.

El nuevo Departamento de Asuntos del Consumidor será una agencia especializada con personal profesional y técnico altamente competente, para poder vindicar los derechos del consumidor en una forma agresiva y firme....

Se ratifica el término de 30 días para resolver el Secretario en el Art. 16 de la Ley enmendatoria Núm. 71 de 23 junio, 1978, L.P.R., pág. 255, con igual advertencia de denegatoria implícita de la solicitud de reconsideración si el Secretario no toma acción.

La rapidez exigida por ley en la tramitación y decisión por DACO en asuntos de tan alto interés que como hemos visto se identifica con el interés público y el carácter jurisdiccional que el propio estatuto atribuye al término de reconsideración, allanan la vía de interpretación que es, más bien reconciliación e integración sincrónica de preceptos, conminatorio uno de que el Secretario deberá notificar su decisión a la parte afectada, e imperativo el otro en cuanto a que la parte adversamente afectada deberá radicar la solicitud de revisión ante el Tribunal Superior dentro de los 15 días a partir de la fecha de notificación de la referida decisión. Sostenemos que este término de revisión se cuenta a partir de la fecha de notificación de su decisión por el Secretario de DACO cuando la misma se produce dentro del plazo jurisdiccional de 30 días que el Art. 16 le concede para acoger y resolver la solicitud de reconsideración. Transcurridos esos 30 días sin acción por parte del Secretario se extingue esta facultad para proveer a la reconsideración y comienza ipso facto el término de 15 días para recurrir en revisión al Tribunal Superior. La notificación de decisión por el Secretario es sólo necesaria mientras él tenga jurisdicción para decidir. Si deja correr el término de 30 días sin proveer, la parte perjudicada estará advertida por el almanaque de que al trigésimo primer día comienza el término para solicitar revisión del Superior. Si bien hemos reconocido el carácter directivo de algunos términos para resolver: el de dictar sentencia — Rodríguez v. Alcover, 78 D.P.R. 822 (1955); Bages & Cía., Inc. v. Corte, 65 D.P.R. 218 (1945) —; y para emitirse laudo por el árbitro — Junta Rel. Trabajo v. Corona Brewing Corp., 83 D.P.R. 40 (1961); Junta Rel. Trabajo v. Orange Crush, 86 D.P.R. 652 (1962) —, el concedido al Secretario de DACO para decidir la solicitud de reconsideración, en etapa en que el juzgador se beneficia de hechos determinados y cuestio-nes adjudicadas, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo inte-lectual para resolver, es compulsorio e improrrogable por expresa calificación legislativa como plazo jurisdiccional, y aun sin mediar tal clasificación el término sería de estricto cumplimiento por la exigencia de que se acabe la demora en la decisión de asuntos de consumidores a cuyo efecto la Asamblea Legislativa ha provisto los medios, en personal de calidad, para que no se excedan los términos.

Toda vez que el expediente de este caso revela una práctica administrativa en que la parte perjudicada por la decisión de DACO, como si el término de 30 días fuera directivo, debía esperar meses —más de tres aquí— por la notificación del Secretario para instar revisión, y también la parte favorecida por la misma sufría la otro tanto tardía adjudicación de su derecho, lo que aquí resolvemos no ha de perjudicar sus respectivos intereses, y a tal fin se difiere la vigencia de la norma ahora enunciada por sesenta (60) días contados desde la fecha de la sentencia.

Aunque por fundamentos distintos a los de la sentencia revisada, y en consecuencia del efecto prospectivo de lo ahora resuelto, se deniega el certiorari, y se remite la querella a vista ante la agencia oAministrativa.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión.

       La temprana decisión por los organismos administrativos es parte del “sis-tema justo, práctico y flexible para la adjudicación de derechos” que preconizamos en P.R. Tel. Co. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 231, 233 (1974).


text:
    Concepción Meléndez Vda. de Miranda y Otro, demandantes y apelados, v. Secretario de Hacienda, demandado y apelante.

      Número: O-82-651

      Resuelto: 9 de marzo de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Víctor M. Pons, Jr., de Sweeting, Pons, González & Cestero, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En 1975 la demandante-recurrida donó a su hijo José Miguel Miranda Meléndez una finca urbana afecta desde 1968 a hipoteca a favor de Caguas Federal Savings & Loan Assn. cuyo principal estaba reducido a $46,472.10. En la planilla de notificación a Hacienda la donante Concepción Meléndez Vda. Miranda excluyó del valor bruto de la donación (estimado en $110,000) la exención fija de $30,000 y la anual de $500; y tomó como deducción el balance impa-gado de hipoteca lo que resultó en contribución auto-im-puesta de $2,365.64. En noviembre de 1976 el Secretario de Hacienda notificó a la donante deficiencia por $8,278.12 de intereses al rechazar la deducción del valor bruto donado, el referido importe de hipoteca, fundado en la Sec. 207(b) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Dona-ciones, Núm. 167 de 30 junio, 1968 que ordena:

(b) Reglas especiales para donaciones onerosas. — Se ex-cluirá del valor de las donaciones onerosas, para los fines de la contribución impuesta por este Capítulo, el valor que tenga en el mercado en la fecha en que se hace la donación, la obli-gación impuesta al donatario. No se excluirá cantidad alguna de dicha obligación si el donatario fuere pariente del transmi-tente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 13 L.P.R.A. sec. 5207(b).

La donante impugnó la deficiencia mediante demanda cuyos fundamentos se han reducido al siguiente plantea-miento de inconstitucionalidad:

. . .[Q]ue en todo caso la Sección 207(b) de la Ley 167 de 30 de junio de 1968, en cuanto dispone que las obligaciones impues-tas al donatario no se excluirán del valor de los bienes dona-dos, a los fines de la contribución, cuando hubiere entre las partes el mentado parentesco es inconstitucional y nula en cuanto (1) discrimina contra los donantes y donatarios entre los cuales existen tales grados de parentesco (2) en cuanto dispone una contribución arbitraria, desproporcionada al valor actual real de los bienes donados y los priva de su pro-piedad sin el debido proceso de Ley (3) les priva de la igual protección de las leyes y (4) establece una presunción juris et de jure, arbitraria, de que el propósito de la donación es defraudar al Estado. Viola por tanto, entre otras, las disposi-ciones de las enmiendas V y XIV de la Constitución de los EE.UU. de A. y las disposiciones de la Sec. VII del Artículo II (Carta de Derechos) de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La sala de instancia dictó sentencia el 15 septiembre, 1982 por la que declaró inconstitucional la “presunción con-cluyente contenida en la segunda oración de la [citada] Sec-ción 207(b)” por no permitir la acreditación y deducción de la obligación impuesta al donatario y anuló la deficiencia. Reconocimos cuestión constitucional substancial en la ape-lación del Secretario de Hacienda y considerado el alegato de los apelados, resolvemos.

La fuerza del ataque constitucional a la See. 207 de la Ley se concentra en lo que el contribuyente llama presunción incontrovertible de fraude en la donación onerosa entre parientes de cercano grado, y la sala de instancia al acoger el planteamiento ha resuelto que la presunción es ofensiva y discriminatoria porque niega igual protección de las leyes, el debido proceso, y hiere la dignidad esencial de las personas excluidas de la deducción al inferir de modo absoluto y final —sin oportunidad al contribuyente de probar la legitimidad y certeza de la obligación impuesta al donatario— la deshonestidad y fraude en la transacción. No compartimos ese criterio. La exclusión de convenios y pactos entre parientes inmediatos tiene más naturaleza de clasificación que de presunción. Responde al objetivo de impedir mediante donación la disminución del eventual caudal relicto y la evasión contributiva resultante. Y se limita a estos parientes porque el natural afecto y confianza entre ellos facilita los traspasos simulados que le permiten al donante evadir la contribución al mismo tiempo que a través de su alter ego retiene el control de la propiedad. Dentro del mayor interés público en que no se derrote la imposición contributiva, la clasificación no es arbitraria ni caprichosa, por lo que no está en duda su validez. Coca-Cola Bottling Co. v. Srio. de Hacienda, 112 D.P.R. 707 (1982). La desigualdad que infringe la Constitución es aquella que refleja una preferencia basada en prejuicio, no la que descansa en un interés público. L. H. Tribe, American Constitutional Law, Mineola, New York, The Foundation Press, Inc., 1978, pág. 993. Ya este Tribunal determinó la consti-tucionalidad de la clasificación impugnada, al considerar racional y bien fundada la ordenada precisamente en el texto que antecedió a la disposición actual, 13 L.P.R.A. see. 881(e), que incorporó lo siguiente:

(e) Donación tributable. — El término “donación tributable” significa el importe de la donación menos el montante de las exenciones concedidas en la Sección 4 de esta Ley.
En el caso de una donación onerosa, a los fines de la tribu-tación de la misma se deducirá del montante de la donación el importe de la obligación impuesta al donatario, entendién-dose que en los casos de contratos con obligaciones de rentas vitalicias, o sujetos a reservas de usufructo a favor del donante, se impondrá la contribución que se indica en la Sec-ción Segunda de esta Ley, sobre el valor total de los bienes a la fecha del contrato, si los donatarios fuesen parientes del donante dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Resolvimos en Salazar Rivera v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 385, 396 (1963), que la transcrita sección, germana y precursora de la que nos ocupa, “no es arbitraria, opresiva o caprichosa, y que la misma tiene como propósito promover un fin público permisible”.

A pesar de haber declinado la popularidad de la absten-ción como ideal de la conducta judicial, el Tribunal Supremo de los EE.UU. mantiene e invoca la necesidad pragmática de deferencia judicial a la acción legislativa en la esfera de contribuciones y continúa aplicando a ésta la técnica tradicional de análisis racional mínimo. Tribe, op. cit., pág. 1000. “Tratamos con legislación económica y social en la que las asambleas legislativas históricamente han tra-zado líneas que nosotros respetamos al ser confrontadas con el cargo de violación de la Igual Protección de las Leyes, si la ley es ‘razonable, no arbitraria’ [cita] y tiene ‘una relación racional con un fin público permisible’. ” Village of Belle Terre v. Boraas, 416 U.S. 1, 8 (1974).

La igual protección de las leyes en el campo contributivo no es concepto ideal, sino ecuación pragmática fundada en principio de razonabilidad. El hecho de que personas en situación especial sean afectadas por una clasificación no coloca el estatuto en curso de conflicto con la Constitución si el predominante interés público queda servido.

Se revocará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión.

       En situación distinta, y en atención a la terminación de la actividad pro-ductiva del contribuyente con su muerte y la accesión de los herederos al caudal relicto, la Sec. 53(3) de la Ley, 13 L.P.R.A. see. 5053(3), les admite a éstos, a los fines de exclusión de la masa tributable, prueba de “que medió causa suficiente en dinero o su equivalente en la transacción que originó la hipoteca o la deuda”.

       Con igual propósito la Ley de Contribución sobre Ingresos niega la deduc-ción de pérdidas, en ventas o permutas de propiedad entre parientes inmediatos en la relación familiar. 13 L.P.R.A. sec. 3024(b).

      Ley Núm. 103 de 25 abril, 1950 que enmendó la Sec. Ira de la Ley Núm. 303 de 12 abril, 1946 de Contribución sobre Herencias y Donaciones.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Estella Toppel, demandante y recurrida, v. Milton Toppel, demandado y peticionario.

      Número: O-82-482

      Resuelto: 10 de marzo de 1983

      David Rivé Rivera, abogado del peticionario; Víctor M. Pons, Jr. y Mario L. Paniagua, de Sweeting, Pons, González & Cestero, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Se plantea en este recurso si la parte que resulta victo-riosa en determinada litigación civil tiene derecho a reco-brar como costas lo pagado a un perito utilizado por dicha parte, si el testimonio de dicho perito, oportunamente obje-tado por la otra parte, resulta a la postre innecesario para establecer los hechos pertinentes a la cuestión en controver-sia. Resolvemos que en tales circunstancias dichos gastos no son recobrables.

Veamos los hechos. Se inició el litigio que aquí nos ocupa mediante demanda de divorcio instada por la Sra. Estella Toppel contra su esposo Sr. Milton Toppel, basada en las causales de abandono y trato cruel. El demandado recon-vino por separación por más de dos años, alegación que admitió la demandante, quien a su vez solicitó se dictara sentencia de conformidad. No obstante, quedó pendiente de resolverse una solicitud que hizo la demandante para que, al decretarse el divorcio, se obligara al demandado a pa-sarle una pensión alimenticia en la cantidad de $1,200 se-manales. El demandado se opuso a dicho reclamo.

Luego de recibir abundante prueba de ambas partes el tribunal decretó el divorcio por la causal de separación y dispuso que el demandado pase a la demandante una pen-sión alimenticia de $1,800 mensuales. La demandante recurrió ante nos y por sentencia del 30 de noviembre de 1980 —caso R-81-393— modificamos la del Tribunal Superior para aumentar la pensión a $3,400 mensuales.

El caso vuelve a nosotros a instancias del demandado para que revisemos la resolución del 8 de junio de 1982, que aprobó memorando de costas de la demandante en que se reclamaron $26,420.92. Se incluye en dicha suma la can-tidad de $12,132.01 por gastos de transportación, hospedaje y honorarios profesionales del perito en contabilidad, Sr. Irwin Ploss, traído desde la ciudad de Nueva York por la demandante para probar la necesidad de ella de la pen-sión reclamada de $1,200 semanales. Se basó dicho peritaje en lo que costaría a la demandante vivir en el mismo nivel social y con los mismos gastos a que estaba acostumbrada cuando vivía con su esposo en dicha ciudad en el afio 1975. Este testimonio fue oportunamente objetado por el deman-dado. Su recurso ante nos se dirige a impugnar la referida partida.

La demandante ha respondido a requerimiento de mos-tración de causa por la cual no debamos eliminar dicha par-tida de $12,132.01. Su comparecencia no nos persuade.

Precisa señalar que hay una gran diferencia entre el derecho a alimentos entre cónyuges y el derecho a alimentos entre ex cónyuges. En el primer caso, que se rige por los Arts. 142, 143 y 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 561, 562 y 565, respectivamente, se establece la obligación de un cónyuge de proveer alimentos al otro, señalándose como criterios de lo que constituye alimentos “lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia”. (Énfasis suplido.) Art. 142 (31 L.P.R.A. see. 561). Esta obligación cesa una vez se decreta el divorcio. Véase Meléndez v. Trib. Superior, 77 D.P.R. 535, 541-543 (1954).

Señalamos en Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615, 621 (1968), que “la mujer divorciada no tiene un derecho per se a ser alimentada” por su ex esposo. Luego del divorcio la obligación de alimentar al ex cónyuge está regulada por el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 385, que dispone:

See. 385. Alimentos
Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con sufi-cientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos.
Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación, la mujer podrá solicitar los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.
La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse innecesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimonio o cuando viva en público concubinato u observare vida licenciosa. (Énfasis suplido.)

La redacción de este artículo no da lugar a dudas de que la imposición a una persona de la obligación de proveer alimentos a su ex cónyuge dependerá de la sana discreción del Tribunal Superior. Esa discreción podrá ejercerse si se dan las circunstancias que señalamos en Fenning, supra, pág. 621, a saber, que el o la alimentista (1) haya emergido como cónyuge inocente del pleito de divorcio, (2) demuestre que no cuenta con suficientes medios para vivir, y (3) establece que su ex cónyuge cuenta con bienes suficientes para proveerle una pensión alimenticia.

Dentro de este estado de Derecho la posición social en que se encontraba la demandante recurrida antes del divorcio no es un factor determinante del derecho a pensión. Lo que ella tenía que demostrar, como ex cónyuge inocente, para mover la discreción del tribunal a que ordenara a su ex esposo a pasarle una pensión alimenticia, era la insufi-ciencia de sus propios medios económicos para poder vivir y la solvencia económica de él. El testimonio de su perito, señor Ploss, no estuvo encaminado a probar esas circuns-tancias. Fue dirigido a establecer unos gastos mensuales supuestamente necesarios para ella poder vivir conforme a un nivel de vida de mujer rica en la ciudad de Nueva York. Declaró que ella necesitaba $450 mensuales para beauty parlor, $1,000 mensuales para ropa, $650 mensuales para comidas en restaurantes, y otros gastos análogos. Tales gas-tos, aparte de excesivos, son superfluos a los fines de una pensión post sentencia bajo el citado Art. 109.

Hace más de ochenta años señalamos que la obligación del marido de sufragar las litis expensas debe entenderse “con referencia a los gastos razonables, reales, justos y no excesivos, pero no a pagar cantidades a gusto de su mujer o a cumplir obligaciones excesivas que ella contraiga”. Caamaño v. Cancel, 2 D.P.R. 509, 515 (1902). Dicha norma sigue teniendo vigencia.

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil dispone:

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en ape-lación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo con-trario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá con-ceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe reembolsar a otro. (Énfasis suplido.)

Por otra parte, la Regla 59 de Evidencia dispone lo siguiente en su inciso A:

(A) Nombramiento. Antes del comienzo del juicio o durante el transcurso de éste, cuando el tribunal determine que es necesaria prueba pericial, podrá de su propia iniciativa, o a solicitud de parte, nombrar uno o más peritos para que inves-tiguen y sometan un informe según lo ordene el tribunal, o para que declaren en calidad pericial en el juicio. El tribunal determinará la compensación por los servicios del perito. (Énfasis suplido.)

El inciso B de dicha Regla 59 dispone que en acciones civiles —como es la que nos ocupa— “la compensación será pagada por las partes envueltas en el litigio en la propor-ción que el tribunal determine, sujeto a que luego sea impuesta como otras costas o desembolsos conforme a dere-cho”.

El inciso D permite “que cualquier parte presente evi-dencia pericial adicional sobre el mismo hecho o asunto sobre el que declara o informa el perito nombrado por el tribunal”, pero añade a renglón seguido: “Si la parte pre-senta su propio perito, pagará sus honorarios sin que dicho pago sea recobrable como costas, a menos que el tribunal dis-crecionalmente disponga lo contrario” (Énfasis suplido.)

Estos preceptos, y nuestras decisiones en Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975), y Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976), están acordes con el principio de economía procesal en que están enmarcadas las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de Evidencia.

Nada impide que en ausencia del ejercicio por el tribunal de su facultad de nombrar un perito, las partes pre-senten sus propios peritos. En este caso corresponderá a la parte que así lo haga, demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario para que prevaleciera su teoría y que el perito presentado suplió o contribuyó substancial-mente a suplir la necesidad de un perito del tribunal. Sólo así se justificará que los gastos incurridos por dicha parte, en relación con el testimonio pericial, sean recobrables como costas. Este sería el caso, por ejemplo, del peritaje en relación con acciones por daños como resultado de alegada negligencia profesional de médicos e instituciones hospita-larias. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 229 (1973).

Para resumir, el derecho de recobrar como costas los gastos incurridos en la presentación de peritos, dependerá de si se trata de un perito del tribunal o un perito de la parte. Como regla general, la compensación del perito del tribunal, aunque en su origen pueda ser compartida por los litigantes, es recobrable como costas por la parte victoriosa. Regla 59(B) dé Evidencia. No sucede lo mismo con la compensación del perito de la parte, pues en este caso la regla general es a la inversa: dicho pago no es recobrable como costas. Sólo por vía de excepción, y cuando las expensas que origine el perito estén plenamente justificadas, es que el tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede ordenar lo contrario. En este caso el tribunal ejerció su discreción a favor de que la demandante pudiera recobrar lo qué le pagó a su perito. Al así hacerlo incidió.

Como señaláramos en Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., supra, pág. 811, “bajo el estado actual de nuestro derecho ... la compensación de un perito, como costas no es auto-mática per se sino que los tribunales deben ponderar juicio-samente su procedencia en virtud de las particularidades en que se presta [el testimonio], evaluando su naturaleza y uti-lidad . . .”. Señalamos, además, que “[p]uede haber situa-ciones en que el testimonio de un perito producido por una parte sea irrelevante, inmaterial o innecesario, o carezca de la característica de pericia, como consecuencia de las cuales sea procedente denegar compensación en tal carácter”.

Se expedirá el auto, se eliminará del memorando de costas sometido por la demandante recurrida la cantidad de $12,132.01 correspondiente a gastos en relación con el testimonio del perito Sr. Irwin Ploss y, así modificada, se confirmará la resolución recurrida.

       Resolvimos en Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 617 (1981), que la protección que este artículo extiende a la mujer divorciada es extensiva al hombre divorciado.

      Si bien la posición social de la familia no se menciona en el Art. 109 del Código Civil como factor a considerar, al fijarse en dicho artículo un tope máximo de “la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos” por el marido, está implícito que la pensión post sentencia no se limita a las necesidades mínimas de la mujer, y en ello puede jugar algún papel la posición social de ambos.

      “Si bien hemos resuelto que ‘. . . debe darse considerable libertad o discreción a la corte sentenciadora’ al fijarse la cuantía de la pensión alimenticia y litis expensas, Rigau v. Corte, 56 D.P.R. 209, esto no significa que las cortes puedan ir más allá de la prueba presentada y tampoco que puedan aceptar como justificados gastos que claramente no tienen tal concepto en un caso de esta natu-raleza.” García v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 517, 523 (1949).


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Oscar Olivieri Morales y Otros, demandantes y recurrentes, v. Jorge A. Pierluisi y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-81-442

      Resuelto: 10 de marzo de 1983

      Julio Maymí Pagan y Carmelo Guzmán Géigel, abogados de los recurrentes; Héctor Urgell Cuebas y José Ramón Pérez Hernán-dez, abogados de los recurridos.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada por la parte recurrida el 17 de febrero de 1983, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. Los Jueces Asociados Señores Dávila, Irizarry Yunqué y Rebollo López reconsiderarían. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz reconsideraría al solo efecto de ordenar el des-cuento de los citados salarios y emolumentos de fuentes privadas, y ha emitido voto concurrente y disidente sobre el particular.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Voto concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Deberíamos estimar la solicitud para que ampliemos la norma de Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982), y Estrella v. Mun. de Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982), que autoriza deducción —de los salarios dejados de percibir por el empleado durante la cesantía— de aquellos haberes y sueldos devengados provenientes de labores rea-lizadas en el Gobierno, agencias, municipalidades o cuales-quiera otras instrumentalidades públicas, para incluir como deducibles de igual modo los sueldos y emolumentos percibidos en empleos de empresa privada.

La Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. sec. 1397, que ordena el pago de salarios dejados de percibir cuando la decisión es favorable al empleado, no es disposición punitiva sino reparadora como indica su acápite Órdenes remediales. En el curso de resarcimiento y nivelación que subsana la pérdida de ingresos hemos apro-bado como trato justo el acordado a los empleados repuestos en la empresa privada que sufren descuento de sueldos de todas las fuentes sin distinción de patronos. Rivera v. Junta Relaciones del Trabajo, 70 D.P.R. 5 (1949); Berríos v. Eastern Sugar Associates, 85 D.P.R. 119 (1962); cf. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 814 (1949).

“La pérdida de salario se determinará mediante deduc-ción, de la suma de salarios que normalmente hubiese per-cibido el empleado, su paga neta, si alguna, en otro empleo durante el período [de cesantía].” Labor Board v. Seven-Up Co., 344 U.S. 344, 345 (1953). Phelps-Dodge Corp. v. Labor Board, 313 U.S. 177, 198 (1941), donde el Supremo federal llama esta deducción “factor social deseable en la adjudi-cación final” en un sistema legal civilizado y parte de una saludable política de promover la producción y el empleo. El abono de salarios perdidos es medida reparadora tanto en el empleo público como el privado (Rivera v. Junta, ante, pág. 13), y considerando equitativo el descuento en general en este último, el principio de igualdad ante la ley conduce a que, al liquidar haberes correspondientes a los deman-dantes restituidos, se les descuenten también los sueldos y emolumentos si algunos, por ellos devengados de fuentes de empresa privada.

Por los fundamentos de mi disenso en Estrella, supra, extendería el descuento a sueldos y salarios percibidos de patrono en la empresa privada. Validado ya el descuento de emolumentos originados en el empleo público, ha desapare-cido todo efecto disuasivo contra despidos injustos, virtud que en Torres Cartagena v. Srio. de Instrucción, 94 D.P.R. 690, 694 (1967), se atribuyó al pago total de salarios acumu-lados durante la cesantía. ¿Dónde ha quedado el efecto punitivo anacrónico que propugna la mayoría? La solución incompleta del dilema ha creado un grave discrimen contra el empleado público que sufre la deducción en su inade-cuado salario, mientras se premia y bonifica al empleado de empresa privada cuyos emolumentos, usualmente mucho más altos, serán complementados con rembolso total de lo que dejó de ganar en un empleo público al que es muy improbable que regrese. Hemos tornado las “órdenes remediales” de la Sec. 7.17 (3 L.P.R.A. sec. 1397) de la Ley de Personal, en flagelo expiatorio del empleado público injus-tamente despedido que bien por vocación de servicio o por falta de acceso a la empresa privada, trata de subsistir en otro empleo gubernamental durante su cesantía. Es como si hubiéramos sentenciado: Continuarán la doble paga y la paga sin trabajar, mas no para el empleado público, a menos que languidezca en la penuria o se degrade en el ocio a la espera del fallo judicial. Triste desenlace de la teoría de la disuación.


author: PER CURIAM:

text:
    Reed Perron, peticionario, v. Hon. Lolita Miranda, Juez; Hon. Edith Pardo, Juez; Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Sala de Relaciones de Familia, demandados.

      Número: JO-83-5

      Resuelto: 15 de marzo de 1983

      Sarah Torres Peralta y Fausto Ramos Quirós, abogados del peti-cionario; Luis F. Abreu Elias y Milagros Quesada Picó, abo-gados de los demandados.
   PER CURIAM:

Los hechos que dan origen a este caso fueron expuestos en detalle en nuestra opinión en el caso O-82-727, Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982). Allí resolvimos que una determinación judicial del tribunal de Nueva Jersey sobre la custodia de las niñas menores de edad habidas en el matrimonio entre las partes debe recibir en Puerto Rico entera fe y crédito. Nos basamos en la ley del Congreso conocida por Parental Kidnapping Prevention Act, de 1980, que por sus términos específicos es aplicable a todos los estados y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(b)(8). Este estatuto establece que cuando existen varios estados con jurisdicción concurrente para adjudicar un incidente de custodia sólo se le reconocerá entera fe y crédito a aquel que cumpla con las condiciones prescritas en la Sec. 1738A(c). En el caso de autos, Nueva Jersey es el estado que cumple con el requisito principal de home State o Estado residencia de dicho enor “con seis meses de antelación a la fecha en que se iniciaron los procedimientos y el menor está ausente debido a que ha sido trasladado o retenido por uno de los padres litigantes, o por otra razón, y el promovente permanece en ese estado”. 28 U.S.C.A. 1738A(c)(2)(A).

No hay controversia en este caso sobre el hecho de que las niñas, hijas del matrimonio Perron Corretjer, objeto de la actual controversia, residían en Nueva Jersey y hacía más de seis meses que vivían allí con sus padres cuando la madre se trasladó con ellas a Puerto Rico en agosto de 1982, que al solicitar su custodia en Puerto Rico un mes más tarde no se cumplió con el requisito de ser Puerto Rico el Estado residencia de las niñas, que al instar la acción con igual propósito en Nueva Jersey el señor Perron, aquel estado era el de la residencia de las niñas, según la referida ley, y que el promovente señor Perron estaba viviendo en dicho estado.

Cumplidos así esos requisitos de la ley y habiendo ejercido su jurisdicción el estado de Nueva Jersey, la propia ley nos obliga, y obliga a todos los demás estados, al Distrito de Columbia, y a los territorios en que aplica por sus propios términos, a reconocer entera fe y crédito al dictamen del Tribunal Superior de Nueva Jersey. Si fuera a la inversa, es decir, si el Estado residencia de las niñas fuese Puerto Rico y se reuniesen los requisitos de la referida ley para que fuera el Tribunal Superior de San Juan el que tuviese jurisdicción en el caso, por mandato de dicha ley estarían obligados todos los estados, el Distrito de Columbia y los territorios en que la ley aplica, a darle entera fe y crédito al dictamen que sobre el asunto hiciera el Tribunal Superior en San Juan. Como puede verse, la ley persigue un fin de justa reciprocidad en el respeto a la entera fe y crédito que se debe a los tribunales de justicia de allá y a los de acá.

Al revisar el dictamen del tribunal de Nueva Jersey que fuera objeto de nuestra decisión en el referido caso 0-82-727, notamos que se había concedido un plazo irrazonable-mente corto a la señora Corretjer para comparecer ante aquel tribunal en la vista en que se adjudicó la custodia provisional al padre. A base de ello concluimos que el decreto no cumplía con el requisito de debido procedimiento de ley y denegamos en esa etapa la ejecución de dicho decreto.

Con posterioridad, el Tribunal Superior de Nueva Jersey así lo reconoció. Acató nuestro dictamen de que no actuó correctamente al dar un plazo brevísimo a la señora Co-rretjer para comparecer. Y se nos han acreditado, como es debido, los siguientes hechos ocurridos luego.

El 8 de diciembre de 1982 el Tribunal Superior de Nueva Jersey emitió una orden en que. señaló vista para el 17 de enero de 1983 —cuarenta días más tarde — , notificada por correo certificado a la señora Corretjer con suficiente antelación. Dicha orden le fue entregada personalmente en la residencia de la madre de la señora Corretjer, y perso-nalmente también al abogado de ella. La notificación personal en la residencia de su señora madre, en la que ella reside, se hizo el 11 de diciembre de 1982.

La referida orden impuso como condición al señor Pe-rron que éste depositara $1,000 en la secretaría de aquel tribunal para los alimentos iniciales de la señora Corretjer y de las niñas en Nueva Jersey, a serles entregada dicha suma a su arribo a aquel estado; y que el señor Perron entregase a la señora Corretjer pasajes de avión para que ella y sus hijas se trasladaran a Nueva Jersey. Los $1,000 fueron consignados por el señor Perron el 3 de enero de 1983. Los pasajes de avión fueron enviados a la represen-tación profesional de la señora Corretjer el 5 de enero de 1983. El 10 de enero de 1983, la representación profesional de la señora Corretjer devolvió los pasajes a los abogados del señor Perron por mensajero, sin dar explicaciones. En la moción de esa fecha, indicaron que no estaban obligados a entregar documentos a su cliente ni a ninguna otra persona. El 12 de enero los pasajes fueron entregados perso-nalmente en la residencia de la madre de la señora Co-rretjer. Fueron devueltos a los abogados del señor Perron en la misma fecha, sin dar explicaciones.

Así las cosas, el 13 de enero los abogados del señor Pe-rron solicitaron el auxilio del Tribunal Superior, Sala de San Juan, para la entrega de los pasajes. Por resolución del 14 de enero, dicho tribunal denegó lo solicitado aduciendo que: “El caso del epígrafe [RF-82-4317, que había dado motivo a nuestra decisión en el 0-82-727] terminó por vir-tud de una opinión del Tribunal Supremo emitida el 30 de noviembre de 1982....”

El 15 de enero de 1983 los pasajes fueron entregados otra vez en la residencia, en Puerto Rico, de la señora Co-rretjer.

Mediante moción del 12 de enero de 1983 se informó al Tribunal Superior, Sala de San Juan, y a la señora Co-rretjer, por sus abogados, que se le habían hecho reserva-ciones en Eastern Air Lines para su traslado y el de las niñas a Nueva Jersey, habiéndose hecho entrega, además, de pasajes para dos peritos y un abogado de Puerto Rico que ella había informado que interesaba llevar a Nueva Jersey.

Informado de todo esto el Tribunal Superior de Nueva Jersey, celebró vista en la fecha señalada, a la que no com-pareció la señora Corretjer ni sus abogados, recibió prueba y finalmente decretó por escrito el 1 de febrero de 1983, que concedía la custodia al señor Perron.

El 8 de febrero de 1983 el señor Perron presentó moción ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que acompañó con copia del expediente certificado de lo actuado ante el Tribunal Superior de Nueva Jersey y del decreto de ese tribunal, y solicitó que se diera plena vigencia a dicho decreto en Puerto Rico. El 15 de febrero se reiteró la soli-citud en la moción del 8 de febrero de 1983.

El 28 de febrero de 1983 el señor Perron instó ante nos la petición de mandamus de epígrafe, para que ordenemos a la honorable Lolita Miranda, juez que ha estado intervi-niendo en los trámites promovidos ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, antes relacionados, que ponga en vigor la orden del tribunal de Nueva Jersey.

Por resolución del 2 de marzo de 1983 requerimos de la honorable Lolita Miranda que proveyera sobre dichas mo-ciones en un plazo de cinco días laborables. En obediencia a dicha resolución, la honorable Lolita Miranda expidió reso-lución el 8 de marzo de 1983 en que informa que ha seña-lado una vista para el 4 de abril de 1983, a las 2:00 de la tarde y que ésta queda en pie, para determinar sobre las siguientes circunstancias:

1. La demandada en los procedimientos en Nueva Jersey impugnó la jurisdicción de aquella Corte, si bien dicha Corte resolvió en su contra el planteamiento.
2. La orden de aquella Corte de 8 de diciembre de 1982, citando para una vista luego de la sentencia dictada por nues-tro Tribunal Supremo, no fue notificada personalmente a la demandada, si bien dicha Corte concluyó que la “notificación” hecha dejando copia con una persona mayor en la residencia de la madre, es suficiente bajo las Reglas de Procedimiento de aquel Estado.

Señala que el señor Perron deberá demostrar el 4 de abril de 1983 que la orden del tribunal de Nueva Jersey “no es contraria a nuestro orden público ni a los principios bási-cos de la justicia”.

Las “circunstancias” enumeradas en la resolución de la honorable Lolita Miranda del 8 de marzo de 1983, que hemos transcrito, se reducen a la determinación de si actuó con jurisdicción el tribunal de Nueva Jersey. Examinémos-las.

En cuanto a la impugnación de lo decretado por el tribunal de Nueva Jersey, resolvimos en el citado caso 0-82-727 que aquel tribunal es el que cumple con lo prescrito en el PEPA. Esa es la ley del caso.

Si el ataque a su jurisdicción se basa en defectos en la notificación o citación para la vista del 17 de enero de 1983, tampoco puede prevalecer. La demandada fue notificada por correo certificado por dicho tribunal para la vista seña-lada para el 17 de enero de 1983. Dicha citación se le hizo también por conducto de entrega personal a su abogado, y mediante entrega personal en el hogar de su señora madre, donde reside. Esta notificación cumple con lo establecido por la Regla 4.4 de Procedimiento Civil del estado de Nueva Jersey.

Finalmente, la determinación de si la decisión del Tribunal Superior de Nueva Jersey es “contraria a nuestro orden público [o] a los principios básicos sobre la justicia”, que señala la resolución del 8 de marzo de 1983 de la honorable Lolita Miranda como razón para mantener el señala-miento para el 4 de abril, no puede sostenerse.

Por último, el hecho de que la señora Corretjer haya invocado la jurisdicción revisora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para atacar nuestra decisión en el caso 0-82-727 no paraliza nuestra decisión. Se trata de una soli-citud de certiorari que dicho tribunal no está obligado a expedir. Su expedición es discrecional.

Por lo expuesto se expide el auto de mandamus solici-tado, se deja sin efecto el señalamiento ordenado por la honorable Lolita Miranda para el 1+ de abril de 1983, y se le ordena que dé entera fe y crédito al dictamen del Tribunal Superior de Nueva Jersey y lo ponga en ejecución sin dilación ni excusa de clase alguna.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

       “(a) The appropriate authorities of every State shall enforce according to its terms, and shall not modify except as provided in subsection (f) of this section, any child custody determination made consistently with the provisions of this section by a court of another State.
      “(c) A child custody determination made by a court of a State is consistent with the provisions of this section only if—
      “(1) such court has jurisdiction under the law of such State; and
      “(2) one of the following conditions is met:
      “(A) such State (i) is the home State of the child on the date of the commencement of the proceeding, or (ii) had been the child’s home State within six months before the date of the commencement of the proceeding and the child is absent from such State because of his removal or retention by a contestant or for other reasons, and a contestant continues to live in such State;
      “(B)(i) it appears that no other State would have jurisdiction under subparagraph (A), and (ii) it is in the best interest of the child that a court of such State assume jurisdiction because (I) the child and his parents, or the child and at least one contestant, have a significant connection with such State other than mere physical presence in such State, and (II) there is available in such State substantial evidence concerning the child’s present or future care, protection, training, and personal relationships;
      “(C) the child is physically present in such State and (i) the child has been abandoned, or (ii) it is necessary in an emergency to protect the child because he has been subjected to or threatened with mistreatment or abuse;
      “(D)(i) it appears that no other State would have jurisdiction under subparagraph (A), (B), (C), or (E), or another State has declined to exercise jurisdiction on the ground that the State whose jurisdiction is in issue is the more appropriate forum to determine the custody of the child, and (ii) if it is in the best interest of the child that such court assume jurisdiction; or
      “(E) the court has continuing jurisdiction pursuant to subsection (d) of this section.”

       La Sec. 1738A(b)(4) dispone:
      ‘“Home State’ means the State in which, immediately preceding the time involved, the child lived with his parents, a parent, or a person acting as parent, for at least six consecutive months, and in the case of a child less than six months old, the State in which the child lived from birth with any of such persons. Periods of temporary absence of any of such persons are counted as part of the six-month or other period.”

      H. Foster, Child Custody Jurisdiction: UCCJA and PKPA, 27 N.Y.L. Sch. L. Rev. 297 (1981).