text:
    Alfonso Machado Maldonado, demandante y recurrido, v. Luis A. Barranco Colón y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-87-512

      Resuelto: 10 de noviembre de 1987

      Antonio Figueroa Rodriguez, abogado de los peticionarios; José Méndez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

A solicitud del Procurador General, mediante trámite de mostrar causa, revisamos la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce, que declaró con lugar la moción que objeta un interrogatorio y otros extremos.

El proceso se origina con una demanda en daños y perjuicios en 1980 incoada por el Sr. Alfonso Machado Maldonado y su esposa Dionisia De Jesús Torres contra el Dr. Luis A. Barranco, la Administración del Fondo de Compensación al Paciente y sus aseguradoras, por alegada mala práctica de la medicina (haber pillado durante una intervención quirúrgica el nervio ilioinguinal) mientras dicho galeno prestaba sus servicios en el Fondo del Seguro del Estado. Acaecieron numerosos incidentes.()

Así las cosas, para diciembre de 1985, los demandantes, con el permiso del tribunal, presentaron una segunda demanda enmendada en la cual incluyeron expresamente al Estado Libre Asociado y al Fondo del Seguro del Estado. Esto a su vez produjo la presentación de varias mociones de desestimación por parte de los nuevos demandados. Para noviembre de 1986, el tribunal a quo declaró sin lugar dichos pedidos.

El 3 de marzo de 1987, el Estado contestó la segunda demanda enmendada. El 12 de marzo de 1987, el tribunal ordenó a las partes disponer dentro del término reglamen-tario y hacer uso de los medios de descubrimiento de prueba.

Los demandantes Machado-De Jesús presentaron moción de reconsideración que fue declarada no ha lugar. El 30 de abril, el Estado cursó un extenso interrogatorio. Éstos lo objetaron. Finalmente comparecieron al tribunal. Dicho foro se fundó en que el “Estado ha estado representando a un demandado desde principios del pleito. Permitir un interrogatorio en esta etapa del pleito es prolongar aún más un pleito que lleva siete (7) años de radicado. El Estado Libre Asociado no puede alegar en esta etapa que no tenía conocimiento del pleito pues en todo momento sus abogados han sido parte de la representación legal en el caso”. (Exhibit I, pág. 1.)

h-H I — t

El argumento central del Estado ante nos es que el tribunal de instancia carece de discreción para negarle su derecho al descubrimiento de prueba ejercido dentro del término de 60 días, a partir de la contestación a la demanda conforme la Regla 23.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ésta dispone:

Las partes concluirán las gestiones relacionadas con el descubrimiento de prueba dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la notificación de la contestación a la demanda, reconvención, demanda contra tercero y demanda contra coparte. El tribunal tendrá facultad para prorrogar o acortar dicho término según las circunstancias del caso lo ameriten y garanticen una pronta solución de la controversia. (Énfasis suplido.)

Nuestra más reciente orientación doctrinaria fue expuesta en Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 742-743 (1986). Allí expresamos:

A1 ejercer su discreción de prolongar o acortar el término para realizar el descubrimiento de prueba, el tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses de gran importancia para el adecuado desenvolvimiento de la labor de impartir justicia a través del sistema judicial: de una parte deberá garantizar la pronta solución de las controversias, y de otra, velar por que las partes tengan la oportunidad de llevar a cabo un amplio descubrimiento de forma tal que en la vista en su fondo no surjan sorpresas.

Bajo los términos dé la Regla 23.4, supra, y nuestra jurisprudencia tiene razón el Estado. El foro judicial sólo tiene discreción para extender o acortar el término para realizar el descubrimiento de prueba. Al ejercerla, el postulado que debe guiarlo es activar el principio rector que late en todo nuestro ordenamiento procesal: la solución de. controversias de una manera justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III.

Lo expuesto significa que el tribunal no posee discreción para negarle a una parte la oportunidad de llevar a cabo el descubrimiento de prueba, cuando se ejerce dicha opción dentro del término dispuesto por la regla. Así, en casos ordinarios los tribunales, salvo circunstancias excepcionales y únicas, no pueden prohibir el uso de dichos mecanismos. Claro está, ello no afecta la facultad de regular su extensión en orden a objeciones de onerosidad, opresión, privilegio u otras razones válidas..

HH J — I HH

En Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 523 (1984) aclaramos:

El ideal de justicia aborrece los extremos. Se presta a abusos. Tales abusos en el uso de los mecanismos sobre descubrimientos de prueba es una posibilidad real. Para curarlos no existen recetas mágicas ni antídotos instantáneos. Las modalidades varían. “El término ‘abuso de descubri-miento de prueba’ ha sido utilizado como un concepto único, pero incluye diversos aspectos. Así, es adecuado subdividir ‘abuso’ en ‘uso impropio’ y ‘sobreutilización’. Cuando nos referimos a ‘uso impropio’, incluimos no sólo las violaciones directas a la regla, como faltar a responder a un requerimiento de descubrimiento dentro del tiempo límite establecido, sino también a más sutiles intentos de acosar u obstruir al oponente, como darle respuestas inadecuadas o requerirle información que claramente se encuentra fuera del ámbito del descubrimiento. Por ‘sobreutilización’ se entiende inquirir más información de la necesaria o apropiada para ese caso en particular. ‘Sobreutilización’, por su parte, puede. ser subdividida en problemas de ‘profundidad’ y de ‘extensión’; con ‘profundidad’ nos referimos a requerimiento de descubrimiento de materia que podría ser relevante pero que es simplemente excesiva, y por ‘extensión’ nos referimos al requerimiento de descubrimiento que va a materias demasiado remotas del caso”. (Traducción nuestra.) C. A. Wright, Law of Federal Courts, 4ta ed., St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1983, pág. 542.

Al aplicar al caso de autos los principios expuestos, resolvemos que erró el tribunal de origen. Aunque su dictamen respondió a un propósito laudable, su negativa absoluta fue errónea. Se trata de una demanda de alegada mala práctica médica, cuestión compleja y técnica. Fue enmendada para incluir expresamente al E.L.A. como parte. El interrogatorio sometido a los recurridos resulta necesario para descubrir, precisar y perpetuar con exactitud las alegaciones y hechos y así poseerlas por su potencial uso y valor probatorio. El que el Estado hubiese estado representando a uno de los demandados desde los inicios del pleito siete (7) años atrás, no . milita contra esta conclusión.

Se dictará sentencia que expida el auto y revoque la resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce, que negó el uso del descubrimiento de prueba.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita.

      (1) Luego de un intercambio de mociones se dictó sentencia parcial favorable a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. Posteriormente hubo una sentencia desestimando la demanda por prescripción. Sin embargo, tras múltiples incidentes, en noviembre de 1984 quedó sin efecto dicha sentencia, actuación que convalidamos al negarnos a intervenir (Cert. 0-85-37).


source: Caselaw Access Project

author: per CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Miguel J. Ríos Lugo.

      Número: O-84-397

      Resuelto: 17 de noviembre de 1987

      Américo Serva, Procurador General Interino, Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados del querellante; F. Ariel Aviles Rodríguez, de Tapia & Aviles, abogado del querellado.
   per CURIAM:

El Procurador General de Puerto Rico radicó una querella contra el abogado-notario Miguel J. Ríos Lugo en la cual, en lo pertinente, le imputó haber observado una conducta “altamente censurable que destruye la fe pública depositada en él por la Ley Notarial y [que] viola los Cánones de Ética Profesional”.

Dicha aseveración se funda, conforme la querella radicada, en la supuesta comisión por el abogado querellado del siguiente cargo:

El abogado-notario, Miguel J. Ríos Lugo, actuando como notario público incurrió en conducta ilegal e impropia al autorizar la escritura número 36 de Cancelación de Pagaré Hipotecario al Portador, el día 14 de noviembre de 1977 por la suma de $7,000.00 y dar fe de que Don Luis Martínez Piñero le hizo entrega para su cancelación del original del pagaré al portador y que procedía a mutilarlo y cancelarlo, perfo-rando su cuerpo y poniendo nota de cancelación firmada y sellada por el querellado, procediendo a devolver el pagaré así cancelado y mutilado al señor Luis Martínez Piñero, el compareciente en la escritura antes mencionada.
El licenciado Ríos Lugo tenía conocimiento personal de que el original del referido pagaré obraba en poder de la señora Christine Price Mars, a quien éste se lo había entregado en garantía colateral de un préstamo que le había concedido la señora Price al querellado por la suma $3,500.00.
En virtud de dicha actuación ilegal, el Registrador de la Propiedad canceló el gravamen hipotecario que garantizaba el pagaré dado en prenda a la Sra. Price Mars y el Sr. Luis Martínez Piñero y la Sra. Antonia de León Rivera otorgaron nuevas hipotecas que fueron inscritas para garantizar otros pagarés hipotecarios.

Contestada la querella por el licenciado Ríos Lugo, designamos un comisionado especial para que recibiera la prueba que tuvieran a bien las partes presentar en apoyo de sus respectivas posiciones y con la encomienda de que nos rindiera un informe contentivo de sus determinaciones de hecho respecto a dicha prueba.() Las partes sometieron el caso a base de prueba documental; no se presentó prueba testifical alguna. El comisionado especial rindió su informe.

Resolvemos a base de los hechos incontrovertidos que surgen de la prueba documental estipulada por las partes y de las inferencias lógicas y razonables que de los mismos pueden hacerse.

I — I

Con motivo de unas acusaciones criminales que fueron radicadas contra el ciudadano Luis Martínez Piñero, éste contrató los servicios profesionales del Ledo. Miguel J. Ríos Lugo. Los honorarios pactados fueron la suma de $10,000, acordándose que el señor Martínez Piñero le pagaría al licenciado Ríos Lugo la suma de $3,000 como “pronto pago” y los restantes $7,000 serían satisfechos en plazos mensuales. Para garantizar el pago de la referida suma de $7,000, el señor Martínez Piñero y su esposa Antonia De León Rivera otorgaron una escritura de hipoteca en garantía de un pagaré hipotecario al portador —mediante la escritura pública Núm. 53 de 26 de septiembre de 1968 otorgada ante el notario Ángel Tapia Flores— sobre una casa de su propiedad sita en la Urb. Reparto Metropolitano, Río Piedras, Puerto Rico. El pagaré hipotecario al portador por la suma de $7,000 quedó en posesión del licenciado Ríos Lugo.

Un año más tarde, el 30 de septiembre de 1969, la Sra. Christine Price Mars le prestó la cantidad de $3,500 al licenciado Ríos Lugo. Éste, en garantía colateral del prés-tamo, alegadamente le entregó a la señora Price Mars el pagaré hipotecario al portador por la suma de $7,000 a que hemos hecho referencia anteriormente.

Estando interesados el señor Martínez Piñero y su esposa en refinanciar su propiedad sita en la Urb. Reparto Metropolitano, satisficieron la suma de dinero que le adeudaban al licenciado Ríos Lugo. Requirieron del referido abogado la cancelación de la hipoteca qué garantizaba el pagaré hipotecario al portador antes mencionado.

Dicha cancelación de hipoteca se “llevó a efecto” mediante la escritura pública Núm. 36 de 14 de noviembre de 1977 ante el notario querellado Ríos Lugo. En la misma compareció como otorgante el señor Martínez Piñero. Se hizo constar en dicha escritura, en lo pertinente, que:

—SEGUNDO: Que el compareciente manifiesta haber saldado en su totalidad el referido pagaré, el cual tiene en su poder, no adeudando sobre el mismo cantidad alguna por principal, intereses .
CANCELACIÓN
—TERCERO: Que en este mismo acto el compareciente me entrega para su cancelación el original del pagaré al portador antes referido, el cual aparece transcrito en la referida escritura número cincuenta y tres, que he comprobado que es el mismo que allí aparece transcrito, y en tal virtud en este acto en presencia del compareciente y mediante la autorización que me ha conferido, procedo a mutilarlo y cancelarlo, perforando su cuerpo y poniendo nota de cancelación firmada y sellada por mí el Notario, procediendo entonces a devolver el pagaré así cancelado y mutilado al compareciente.... (Énfasis suplido.)

Dicha escritura de cancelación de hipoteca fue presentada ante el Registro de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan, procediendo el Registrador a cancelar el gravamen por $7,000 que pesaba sobre la propiedad, sita en la Urb. Reparto Metropolitano, de los esposos Martínez Piñero-De León Rivera. El mencionado matrimonio procedió entonces a refinanciar su propiedad haciendo un préstamo hipotecario con la financiera H.F., Inc.

No habiendo satisfecho en su totalidad el licenciado Ríos Lugo la deuda que había contraído con la señora Price Mars, y habiendo incumplido las condiciones de dicho préstamo, la referida dama radicó, en el mes de junio de 1983, una demanda sobre “Nulidad de Actuaciones, Ejecución de Hipoteca, Cobro de Dinero y Otros Extremos” ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra Miguel J. Ríos Lugo, Luis Martínez Piñero, Antonia De León Rivera, H.F., Inc., Fulano y Mengano, Civil Núm. 83-03207.

En dicha demanda se alegó, en lo pertinente, que el licenciado Ríos Lugo le había cedido y entregado el ya tantas veces mencionado pagaré hipotecario al portador por la suma de $7,000 en garantía colateral de un préstamo que ella le había hecho a dicho abogado el 30 de septiembre de 1969; que el abogado Ríos Lugo no le había pagado totalmente dicho préstamo, y que la “hipoteca que garantiza el pagaré de $7,000.00 de principal que el codemandado Ríos Lugo entregó en garantía colateral a la demandante, fue cancelada falsa y fraudulentamente, mediante escritura pública Núm. 36, otorgada por los codemandados Luis Martínez Piñero y Antonia De León Rivera, el 14 de noviembre de 1977 ante el propio deudor, aquí codeman-dado, Miguel J. Ríos Lugo, en su carácter de notario, todo ello a pesar de que el original del referido pagaré obra en poder de la demandante”. (Énfasis suplido.) Solicitó la demandante del tribunal de instancia en vista de lo antes alegado que condenara al licenciado Ríos Lugo a pagarle lo adeudado y que le ordenara al Registrador de la Propiedad, Sección Tercera de San Juan, a dejar sin efecto la cancelación del gravamen hipotecario que se había llevado a cabo en virtud de la escritura fraudulenta de cancelación de hipoteca que había otorgado el licenciado Ríos Lugo.

Con la única excepción de la compañía financiera H.F., Inc., los restantes codemandados, no obstante haber sido debidamente emplazados, no comparecieron. Se les anotó la rebeldía. Luego de celebrada la vista correspondiente, mediante sentencia de 21 de diciembre de 1983, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, declaró con lugar la demanda radicada por la señora Price Mars, condenando a los codemandados al pago solidario de lo adeudado y ordenando al Registrador dejar sin efecto la cancelación de la hipoteca por los $7,000.()

El Sr. Luis Martínez Piñero, mediante declaración jurada que prestara el 19 de enero de 1984, se querelló de la conducta del licenciado Ríos Lugo ante la oficina del Procurador General de Puerto Rico. De dicha delcaración, en adición a lo ya expresado, surge como dato nuevo que: él nunca tuvo en su posesión, ni le fue entregado, ni vio el original del pagaré hipotecario al portador al éste ser alegadamente cancelado mediante la escritura de cance-lación de hipoteca que otorgara ante el licenciado Ríos Lugo, y que al ser requerido por el abogado de la señora Price Mars el pago del pagaré hipotecario, inmediatamente se comunicó con el licenciado Ríos Lugo quien le dijo que no se preocupara, que él iba a pagar ese dinero.

Habiendo sido la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el Caso Civil Núm. 83-03207 objeto de una moción de reconsideración por la codemandada H.F., Inc.,() y estando la misma señalada para vista, la parte demandante —Sra. Christine Price Mars— radicó el 21 de febrero de 1984 una moción de desistimiento en la cual, entre otros, afirmó haber sido “plenamente satisfecha extrajudicialmente en cuanto a su reclamación, por lo que no tiene interés alguno en la continuación del litigio”.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, con fecha de 24 de febrero de 1984 dictó sentencia mediante la cual —en vista de la mencionada moción de desisti-miento— ordenó el “archivo y sobreseimiento de la demanda, con perjuicio, por acción voluntaria de la parte actora, con anuencia de la parte demandada”.

Posteriormente, el Sr. Luis Martínez Piñero compareció a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico donde aseveró no tener interés alguno en, que se continuase adelante con la queja que había presentado contra el Ledo. Miguel J. Ríos Lugo.

Procede que se señale, por último, que como parte de la prueba documental que el abogado querellado sometiera ante el comisionado especial que designáramos, consta una declaración jurada del licenciado Ríos Lugo donde éste asevera, entre otras cosas, que durante el período de tiempo comprendido entre el 24 de septiembre de 1968— fecha en que se otorga la hipoteca en garantía del pagaré hipotecario al portador por $7,000— y la fecha de su declaración jurada —21 de enero de 1985— él nunca se desprendió del referido pagaré. Igualmente asevera bajo juramento que el préstamo que él le hizo a la Sra. Christine Price Mars no tuvo ninguna relación con el pagaré antes mencionado”.

La contención principal del querellado Miguel J. Ríos Lugo a través de todo el presente procedimiento ha sido a los efectos de que siempre actuó conforme los Cánones de Ética Profesional, las disposiciones pertinentes de la Ley Notarial y la jurisprudencia aplicable; que no existe evidencia que demuestre lo contrario, y que la querella radicada es una “acéfala” que no puede subsistir ni tener efecto alguno sobre él por cuanto la queja presentada fue “retirada” por el Sr. Luis Martínez Piñero y, en adición, por razón de que la referida querella se basa en la demanda que radicara la señora Price Mars y la sentencia que en relación a ella originalmente dictara el Tribunal Superior de Puerto Rico," Sala de San Juan, en el Caso Civil Núm. 83-03207, los cuales, según el querellado, son “inexistentes en derecho” en vista de que la parte demandante desistió de la acción que había radicado y el tribunal dictó sentencia de archivo y sobreseimiento posteriormente.

De entrada, procede que se destaque el hecho de que la investigación realizada por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico en el presente caso fue una deficiente.() Nunca se entrevistó ni se le tomó declaración jurada, entre otros, a la Sra. Christine Price Mars. Tampoco se utilizó el testimonio de dicha testigo en la vista que se celebrara ante el comisionado especial Torres Aguiar. En su consecuencia, nunca se pudo, constatar la veracidad de la alegación de la referida dama —plasmada en la demanda civil que radicara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan (Civil Núm. 83-03207)— a los efectos de que el Ledo. Miguel J. Ríos Lugo le entregó como colateral el original del pagaré hipotecario por la suma de $7,000 otorgado por el Sr. Luis Martínez Pifiero y su esposa al ella concederle un préstamo a dicho abogado. Ello, obviamente, hubiera puesto tanto al comisionado especial como a este Tribunal en condiciones óptimas para resolver sobre la veracidad de la aseveración bajo juramento del licenciado Ríos Lugo a los efectos de que él nunca se desprendió de ese pagaré hipotecario y que en efecto lo mutiló y canceló el día en que autorizó como notario la cancelación del mismo.

No obstante lo anteriormente expresado, deseamos dejar constancia de las serias dudas que tenemos sobre la veracidad de la referida declaración jurada. Como hemos visto, el licenciado Ríos Lugo adicionalmente aseveró en dicha declaración que el préstamo de dinero que recibiera de la señora Price Mars “no tuvo ninguna relación con el pagaré antes mencionado”. Si ello es cierto, ¿cómo explicar las alegaciones de la demanda radicada por la señora Price Mars y el ofrecimiento y admisión en evidencia durante la vista de ese caso de, cuando menos, una fotocopia del referido pagaré? La actuación del licenciado Ríos Lugo en todo este asunto ciertamente deja mucho que desear. Los errores cometidos en la investigación y “procesamiento” de este asunto, sin embargo, ños impiden en justicia actuar como posiblemente hubiéramos podido hacerlo de haberse investigado el asunto correctamente.

Ahora bien, y no obstante lo antes expresado, el abogado Ríos Lugo efectivamente incurrió en conducta violativa de la Ley Notarial, entonces vigente, y de los Cánones de Ética Profesional. Su conducta amerita que sea separado permanentemente del ejercicio de la práctica de la notaría en Puerto Rico.

Como hemos visto, el licenciado Ríos Lugo era el acreedor del señor Martínez Piñero. Con motivo de su acreencia fue que se otorgó por Martínez Piñero y su esposa la hipoteca en garantía del pagaré hipotecario en controversia. Como consecuencia de haberle satisfecho Martínez Piñero la mencionada deuda a Ríos Lugo es que se otorga la escritura de cancelación de la hipoteca, actuando éste como notario autorizante. Si bien es cierto que Ríos Lugo técnicamente no era “parte” y que dicha escritura de cancelación de hipoteca no contiene disposición a favor de él,() dicho abogado ño debió haber autorizado la escritura de cancelación. La ética es ajena a los tecnicismos de ley. In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 398 (1977). Procede recordar que el abogado “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia”. (Énfasis suplido.) Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Precisamente su imprudente actuación —al autorizar como notario dicha cancelación— es lo que ha dado lugar a la presente situación. Al así actuar violó el espíritu de los citados Arts. 8 y 20 de la Ley Notarial entonces vigentes.

Por otro lado tenemos que en la referida escritura de cancelación que autorizara el licenciado Ríos Lugo se asevera algo que no es cierto, esto es, que el otorgante Martínez Piñero le hizo entrega al notario del pagaré hipotecario y que en presencia de éste el notario procedió “a mutilarlo y cancelarlo... procediendo entonces a devolver el pagaré así cancelado y mutilado al compareciente” Martínez Piñero. Lo anterior es negado por este último; recordemos que Martínez Piñero declaró bajo juramento que nunca vio ni tuvo en su poder el pagaré. En adición tenemos que el propio Ríos Lugo, en la declaración jurada que prestara y que sometiera en evidencia en la vista ante el comisionado especial, se encarga de corroborar en este respecto al señor Martínez Piñero. Expresa en la referida declaración jurada que él siempre ha tenido en su poder el referido pagaré; esto es, que nunca se lo entregó al otorgante Martínez Piñero como se asevera en la escritura por él autorizada. Dicha conducta es violativa del Canon 35 de Ética Profesional.

Por todas las razones antes expresadas, se dictará sentencia decretando la separación, en forma permanente, del ejercicio de la notaría en Puerto Rico del Ledo. Miguel J. Ríos Lugo.()

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Ortiz no intervinieron.

      (1) Ledo. Francisco Torres Aguiar.

      (2) Surge de la “minuta” que recoge los procedimientos habidos ante el tribunal de instancia el 4 de noviembre de 1983 —día de la vista del caso— que en adición a presentar prueba testifical en apoyo de su caso, la parte demandante presentó prueba documental consistente en:
      “Exh. I. ‘Promissing Note’ (documento en inglés fechado 30 de septiembre de 1969).
      “Exh. II_ Fotocopia de pagaré hipotecario por valor de $7,000.00, acompañado de escritura de hipoteca número 53.
      “Exh. III_ Certificación Registral.” (Énfasis suplido.)

      (3) En dicha moción de reconsideración, la codemandada H.F., Inc. —a pesar de reconocer que el tribunal de instancia había dictaminado correctamente “que la cancelación del gravamen fue un ‘acto fraudulento’ de dicho codemandado [licenciado Ríos Lugo] actuando a su vez como Notario”, por cuanto había otorgado la escritura de cancelación de hipoteca “a pesar de que el original oblaba en poder de la demandante” Christine Price Mars— sostuvo que no procedía dejar sin efecto la cancelación del gravamen por cuanto H.F., Inc., era un “tercero registrar’ cuyos derechos no podían ser afectados por los actos de otros.

      (4) Dicha investigación fue realizada en 1984.

      (5) Véanse Arts. 8 y 20 de la Ley Notarial entonces vigente, 4 L.P.R.A. sees. 1008 y 1020.

      (6) Los argumentos del querellado a los efectos de que la querella radicada debe ser desestimada por razón de que el señor Martínez Piñero ha expresado su deseo de retirar su queja y de que la querella se basa en documentos inexistentes son tan inmeritorios que realmente es innecesario su discusión en los méritos.


text:
      In re Lic. Josué Flores Torres.

      Número: O-85-178

      Resuelto: 17 de noviembre de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados del querellante; Martin González Vázquez, abogado del querellado.
   per CURIAM:

El presente caso tiene su génesis en una queja que contra el abogado notario Josué Flores Torres sometieran el Sr. Rubén Morales y su esposa la Sra. Gertrudis Bermudez ante la Comisión de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. Adoptando la recomendación que sobre el asunto le hiciera la referida Comisión, el Colegio rindió un informe ante este Tribunal en el cual recomendó se tomara acción disciplinaria contra el licenciado Flores Torres. Evaluado dicho informe, le ordenamos al Procurador General de Puerto Rico la formulación de querella contra el mencionado letrado.

La querella radicada por el Procurador, en lo pertinente, expresa:

CARGO
El abogado-notario Josué Flores Torres incurrió en actos que perjudicaron los intereses de sus clientes el señor Rubén Morales y su esposa la señora Gertrudis Bermúdez y que contraviene[n] las disposiciones que rigen la fé [sic] notarial.
En específico el notario no advirtió a sus clientes de su derecho a que se hiciera un estudio registral para conocer los gravámenes a que podría estar sujeta la propiedad que garantizaría su inversión de $10,000.00. No hizo constar en la escritura número 8 de Constitución de Hipoteca en Garantía de Pagaré al Portador otorgada por la señora Hilda M. Rodríguez Carrasquillo el 30 de abril de 1979 la existencia de un gravamen hipotecario sobre la referida propiedad. El gravamen había sido constituido [sic] por Doña Hilda Rodríguez Carrasquillo el día 14 de mayo de 1977 mediante la escritura número 21 ante el abogado notario Félix A. Toro, Jr., e inscrito el 31 de agosto de 1977 y estaba vigente al 30 de abril de 1979 cuando el notario Josué Flores Torres autorizó la escritura número 8 antes mencionada.
El notario no cumplió con el compromiso de inscribir la escritura de hipoteca que ante él se había otorgado ni explicó al peticionario la importancia de la inscripción registral a los fines de que quedara constituido el gravamen hipotecario para recobrar su inversión.
Tampoco desplegó el notario el cuidado y diligencia que se exige al guardador de la fé [sie\ pública notarial al incluir datos regístrales erróneos con relación a la propiedad objeto del negocio jurídico que ante él se efectuó. Una certificación registral solicitada al querellante por la Comisión de [É]tica del Colegio de Abogados demostró que en lugar de estar la propiedad inscrita al tomo 198 vuelto del tomo 482 de Ponce como aparece en la escritura número 8, la finca 11,792 objeto de la hipoteca está inscrita al folio 192 vuelto del tomo 1462 Sección I — Ponce.
El querellante se ha visto impedido de recobrar la inversión a que le indujo el propio notario quien le aconsejó efectuar la misma ya que era una inversión garantizada con una propiedad inmueble y luego no tomó las medidas necesarias que él como conocedor del derecho, tenía que tomar para hacer efectiva la garantía hipotecaria.
La actuación del notario Josué Flores Torres viola la Sección 16 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1016), y el Canon 35 del Código de [É]tica Profesional.
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 1985. MC-84-67, págs. 1-3.

Contestada la querella por el licenciado Flores Torres —la cual consistió de una negativa general— designamos al Ledo. Manuel Moreda como comisionado especial con la encomienda de que recibiera toda la prueba que las partes consideraran necesario presentar y nos rindiera un informe con las determinaciones de hecho que entendiera proce-dentes. Así lo ha hecho.

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Hemos examinado la transcripción de la prueba que fue presentada durante la vista celebrada ante el comisionado especial. Las determinaciones de hecho que éste hiciera encuentran amplio apoyo en la prueba presentada. Por otro lado, ambas partes han manifestado su conformidad con dichas determinaciones. Las mismas demuestran que el licenciado Flores Torres, quien es amigo personal de muchos años del Sr. Rubén Morales, fue el notario que intervino en un préstamo hipotecario —mediante la autorización de una escritura de hipoteca en garantía de un pagaré por la suma de $10,000— que le hiciera el señor Morales a una señora de nombre Hilda M. Rodríguez Carrasquillo. Dicha señora le informó tanto al señor Morales como al licenciado Flores Torres que su propiedad únicamente estaba afecta a una primera hipoteca. Meramente a base de lo informado por la señora Rodríguez Carrasquillo, el licenciado Flores Torres procedió a preparar y otorgar la escritura de hipoteca en garantía del pagaré antes mencionado.

Determinó, como cuestión de hecho, el comisionado Moreda que:

9. El Notario, no le recomendó a su cliente, la necesidad y/o conveniencia de que se practicase un estudio de título de la propiedad, sobre la cual se iba a constituir la hipoteca en garantía del préstamo. Como cuestión de hecho, a la fecha en que se otorgó la Escritura Núm. 29, de 30 de abril de 1979, sobre Constitución de Hipoteca en Garantía de Pagaré al Portador, ante el querellado, la propiedad de Doña Hilda M. Rodríguez Carrasquillo estaba gravada con dos hipotecas.
10. El Notario querellado, acepta que no aconsejó a su cliente sobre la conveniencia de que se practicase un estudio de título, porque confió en la buena fe de la Sra. Rodríguez Carrasquillo y porque a esa fecha, este Honorable Tribunal no había señalado que era obligación del Notario notificar al cliente de la necesidad del referido estudio de título y así hacerlo constar en la escritura.
14. Aunque el querellado, Ledo. Josué Flores Torres, a la fecha de su otorgamiento, entregó al querellante, Sr. Morales, copia certificada de la Escritura de Hipoteca, Exhibit 1, y el original del pagaré, Exhibit 2, no le explicó a éste con suficiente claridad de la necesidad de presentar inmediata-mente, la Escritura de Hipoteca en el Registro de la Propiedad, para que ésta obtuviese rango registral. Tampoco le explicó las consecuencias que podía acarrearle el dejar de hacerlo y nada le dijo sobre el monto de los derechos regístrales y la necesidad de comprarlos y presentarlos conjuntamente con la escritura al Registro, para que la misma fuese recibida por el Registrador. Todo ello, a pesar de que en la práctica, el deudor hipotecario siempre paga los costos de la inscripción en el Registro.
15. Por falta del debido asesoramiento, el Sr. Rubén Morales, nunca presentó la copia certificada de la Escritura de Hipoteca al Registro de la Propiedad para su inscripción. Informe del comisionado especial, págs. 3-4, 5.

Como hecho adicional, procede que se señale que al señor Morales intentar cobrar su acreencia se encontró con la situación de que la propiedad en controversia había sido vendida por la señora Rodríguez Carrasquillo, no teniendo ésta bienes que pudieran ser embargados por el señor Morales en ejecución de la sentencia que posteriormente obtuvo en un pleito de cobro de dinero que contra ella instará. Por último, debe señalarse que luego que el comisionado especial Moreda rindiera su informe —el 30 de diciembre de 1986— el abogado querellado presentó una declaración jurada del señor Morales en que éste expresa haber cobrado su deuda y no tener interés adicional en este asunto.

H-1 l-H

El querellado sostuvo ante el comisionado especial Moreda que a la fecha en que él autorizó la escritura de hipoteca en controversia —esto es, el 30 de abril de 1979— no se había resuelto el caso de In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45 (1979) y que, por lo tanto, los notarios en Puerto Rico no tenían conocimiento de su obligación de advertir a los otorgantes de una escritura pública sobre la conveniencia de realizar, antes del otorgamiento, un estudio registral del inmueble objeto del negocio jurídico.

Si bien es cierto que efectivamente es en el citado caso de In re Lavastida et al., ante, que por primera vez expresamente se habla de la obligación del notario de informar a los otorgantes sobre el estudio registral o de título —véase opinión particular emitida por el Hon. Carlos Irizarry Yunqué, ex Juez de este Tribunal — () ello no constituye fundamento que exonere al querellado para así no haber actuado. En In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 774-777 (1976) ya habíamos expresado que:

Cuando en 1906 la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Notariado declarando que “solo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión [notarial], los abogados que hayan sido admitidos a practicar como tales ante las Cortes de Justicia por la Corte Suprema” (Ley de 8 de marzo de 1906, Leyes de ese año, pág. 141), se propuso fortalecer los recursos intelectuales del notariado y enriquecer su función social, poniendo a disposición de la sociedad un notario que es además un técnico conocedor del Derecho. Por tradición, y en nuestra patria además por expresión legislativa, el notario no es simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes, y autenticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pública, trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta. ¿Cómo guardar silencio ante una situación lesiva para cualquiera de los otorgantes, si su entrenamiento legal le hace testigo de la irregularidad? ¿Para qué otra cosa sirve su profesión de abogado por ley puesta a disposición de las partes en su despacho notarial? En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las partes contratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abogado. El notario que impasible ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el notario que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propósitos que le hicieron depositario de inapreciable confianza pública. En la práctica notarial con rareza se dan las circunstancias de urgencia e imprevisión que a veces frustran la abogacía por lo que son contadas las ocasiones en que un notario pueda acogerse al palio de olvido, inadvertencia o negligencia excusable. El consejo del abogado notario debe guiar la redacción del documento público y dar luz en el acto final de otorgamiento.
La función del notario trasciende el acto externo de legalización de unas firmas. Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el fedante y los otorgantes que le permite a éstos formar una racional conciencia del acto en que concurren. La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia informada supliendo las explicaciones, aclaracio-nes y advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad “conforme a las leyes”; imperativo declarado en la Sec. la de la Ley Notarial de 1906 y ratificado en la actual de 1956. (4 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.) La sociedad debe tener en todo notario una garantía de certeza y de limpieza en los actos y contratos cuya autenticación le encomienda, condiciones que sólo pueden lograrse a la luz del entendimiento. Cuando por Ley de 8 de marzo de 1906 se instauró la práctica del notariado exclusivamente por abogados admitidos al ejercicio de la profesión se elevó la calidad de la fe pública en Puerto Rico, y simultáneamente se exigió de los notarios una mayor aportación técnica, una mejor ilustración y consejo que realzara la percepción por los contratantes de los particulares y consecuencias de su aceptación del documento sometido para su firma. El notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclaración e ilustración será el coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador. (Énfasis suplido.)

Realmente no se requiere que uno sea muy perspicaz para realizar que bajo esa norma general, el notario que autoriza una escritura de hipoteca viene obligado, cuando menos, a “advertir cumplidamente a los otorgantes de la necesidad de la investigación registral” y si éstos “advertidos cabalmente, pasan por alto la pesquisa, puede proceder sin más al otorgamiento del instrumento haciendo constar, para mayor garantía que tales advertencias han sido hechas”. In re Lavastida et al., ante, pág. 80.

No debe haber duda en la mente de persona alguna que cuando el licenciado Flores Torres omitió informarle al señor Morales sobre la necesidad de realizar un estudio registral y de que debía proceder a presentar inmediatamente la escritura de hipoteca ante el Registro de la Propiedad y, en especial, de las consecuencias que para él podía tener el así no hacerlo, incumplió con ese deber de ilustración y consejo que es inherente a la práctica del notariado en Puerto Rico. In re Meléndez Pérez, ante. Véase, en adición, Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438 (1984).

En resumen, la conducta observada por el Ledo. Josué Flores Torres en la autorización de la escritura de hipoteca en controversia efectivamente constituye una violación de las disposiciones del Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; la misma amerita la suspensión del ejercicio del notariado del referido abogado por un término de seis (6) meses. Se dictará sentencia de conformidad.

        (1)In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 80 (1979).


author: PER curiam:

text:
      In re Carmen Amparo Ríos Rivera.

      Número: AB-85-12

      Resuelto: 17 de noviembre de 1987

      Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogado de El Pueblo; Carmen Amparo Ríos Rivera, pro se.

   PER curiam:

Mediante la escritura pública Núm. 6 de 8 de abril de 1982, otorgada ante la notario Carmen Amparo Ríos Rivera, el Ledo. Ricardo Calderón Rodríguez le vendió a su sobrina Raquel Rosario una finca de treinta y cinco cuerdas —sita en el Barrio Beatriz de Cayey, Puerto Rico— por el precio de $35,000. De la referida suma de dinero confesó el vendedor haber recibido, con anterioridad al otorgamiento, la cantidad de $5,000. En cuanto a la restante suma de dinero, la compradora otorgó —en el mismo acto— una hipoteca en garantía de un pagaré hipotecario al portador por la suma de $30,000.

El 7 de marzo de 1985, mediante la escritura pública Núm. 4 otorgada ante el notario Félix Colón Morera, doña Raquel Rosario le vendió la antes mencionada finca de treinta y cinco cuerdas al Ledo. Miguel Ramón Calderón Rivera y su esposa Ángeles Ortiz Mercado. En la cláusula 2 de la referida escritura pública Núm. 4 se hizo constar que:

SEGUNDA:— Realízase esta venta por el convenido y ajustado precio de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES ($36,000.00) en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, de los cuales informa “LA VENDEDORA” haber recibido la suma de SEIS MIL DOLARES ($6,000.00) en este acto y el balance, o sea, la suma de TREINTA MIL DOLARES ($30,000.00) para el pago en su día de la hipoteca que por dicha suma grava la propiedad en garantía de pagaré al portador, cuyos términos manifiestan “LOS COMPRA-DORES”, conocer y se comprometen a cumplir fielmente con los mismos hasta su saldo total. (Exhibit XIII, pág. 146.)

El Ledo. Miguel Ramón Calderón Rivera y su esposa Ángeles Ortiz Mercado —haciendo constar que eran los tenedores del pagaré hipotecario al portador por la suma de $30,000— cancelaron la hipoteca que gravaba la men-cionada finca mediante la otorgación, el 9 de abril de 1985, de la escritura pública Núm. 42 ante el notario Carlos Irizarry Vázquez.

Mediante declaración jurada de 18 de junio de 1985, la Srta. Raquel Rosario se querelló ante este Tribunal. En la misma expuso que la escritura otorgada el 8 de abril de 1982 por la notario Ríos Rivera no refleja la verdadera naturaleza de la transacción efectuada entre ella y su tío, el licenciado Calderón Rodríguez, por cuanto a pesar de que el precio de venta efectivamente había sido la suma de $35,000, la hipoteca en garantía del pagaré hipotecario al portador debió ser únicamente por la suma de $10,000 ya que ella le había adelantado al licenciado Calderón Rodríguez la cantidad de $25,000 con anterioridad al otorgamiento de la escritura. En segundo lugar, alegó la señorita Rosario que ella nunca le había vendido su propiedad al Ledo. Miguel R. Calderón Rivera y su esposa Ángeles Ortiz Mercado y que ni conocía ni había firmado escritura alguna ante el notario Félix Colón Morera.

Referimos dicha queja al Procurador General de Puerto Rico con instrucciones de que realizara una investigación sobre los hechos alegados por la señorita Rosario y rindiera un informe sobre ello al Tribunal. En el informe que rindiera el Procurador, éste expresó que las alegaciones de la señorita Rosario respecto a la escritura otorgada el 8 de abril de 1982 por la notario Ríos Rivera carecen de mérito. Nos informó, sin embargo, que la investigación realizada demostró que los abogados Ríos Rivera, Calderón Rodríguez y Calderón Rivera incurrieron en conducta violativa del Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, ello en relación con el otorgamiento de la escritura Núm. 4, de 7 de marzo de 1985, otorgada ante el notario Félix Colón Morera. En cuanto a este último, informó el Procu-rador que su conducta —al autorizar la referida escritura Núm. 4— constituye una violación a la fe pública notarial establecida por las disposiciones de la Sec. 16 de la Ley Notarial, entonces vigente, 4 L.P.R.A. see. 1016.

Examinado el informe del Procurador General, le concedimos término a los Ledos. Ricardo Calderón Ro-dríguez, Miguel R. Calderón Rivera, Carmen Amparo Ríos Rivera y Félix A. Colón Morera para mostrar causa por la cual no debían ser disciplinados. Han comparecido. Resolvemos.

De la evidencia que acompañó el Procurador General al informe que nos rindiera y de la comparecencia de los mencionados abogados surgen como hechos incontrovertidos que la Srta. Raquel Rosario no firmó en presencia del abogado notario Félix Colón Morera la escritura Núm. 4 de 7 de marzo de 1985 y que el referido notario autorizó dicha escritura a instancia y solicitud del Ledo. Miguel Calderón Rivera y de la Leda. Carmen Amparo Ríos Rivera.

Las circunstancias que rodearon dicha actuación surgen, a nuestro entender, con palpable claridad de la compare-cencia ante este Tribunal del abogado-notario Félix Colón Morera. Expresa en la misma el referido abogado, en lo pertinente, lo siguiente:

Desde que me inicié en la práctica profesional entablé estrecha amistad con la Leda. Carmen Amparo Ríos Rivera. La veo muy a menudo en las áreas comunes del edificio donde tenemos las oficinas, o de camino al Centro Judicial de San Juan, que queda muy cerca. Tambi[é]n la he visitado en su oficina, que comparte con su hermano el Lie. Miguel R. Calderón Rivera. He admirado sus dotes como profesional y como persona que posee grandes sentimientos de solidaridad humana. La he conocido siempre como una digna profesional, incansable contra la injusticia, celosa del cumplimiento de sus obliga-ciones con los tribunales y con sus clientes, esforzada en dar lo máximo de sí para rendir una labor profesional de altura. Me llamó la atención su predilección por los asuntos de derecho notarial y registral.
La Leda. Ríos Rivera me indicó que habría de otorgarse una escritura a favor de su hermano Miguel, sin especificar el momento exacto en que se haría, en la que deseaba mi actuación como Notario. Esto sucedió unos días antes del 7 de marzo de 1985.
El 7 de marzo de 1985 ella se presentó a mi oficina en horas de la tarde con el Lie. Miguel R. Calderón Rivera y la esposa de éste, Sra. [ÁJngeles Ortiz de Calderón. Traía una escritura redactada y previamente firmada por una parte. Me indicó que la firma, de Raquel Rosario Robledo, era legítima, pues ella la había comparado con una que la Srta. Raquel Rosario Robledo había estampado en una escritura previamente otorgada ante ella como Notario. Según mi mejor recuerdo la Leda. Ríos Rivera me mostró en ese momento copia fotostática de dicha escritura previa, de la que surgía la identidad de la firma y de las iniciales de la Srta. Raquel Rosario Robledo.
Se me explicó por ambos abogados, la Leda. Ríos Rivera y el Lie. Calderón Rivera, que el documento representaba una transacción mediante la cual el Lie. Miguel R. Calderón Rivera recibía una propiedad como pago de honorarios profesionales prestados por él al Lie. Ricardo Calderón Rodríguez. Que la Srta. Raquel Rosario Robledo poseía la propiedad como “testaferro” de este último, para que no pudiera ser objeto de embargo por unos acreedores del Lie. Ricardo Calderón Rodríguez. El Lie. Miguel R. Calderón Rivera me indicó que esa mañana el Lie. Ricardo Calderón Rodríguez le había pedido que lo acompañara a tomar la firma de la Srta. Raquel Rosario Robledo ya que ésta no podía trasladarse a la oficina como habían previsto. Que habían ido juntos al rededor [sic\ del medio día de ese día a tomar la firma de la Srta. Raquel Rosario Robledo, y que ella había suscrito el documento en presencia de ambos en su residencia en Caguas.
Mi reacción inicial fue de asombro y sentí que debía rechazar de plano la solicitud. No conocía a la Srta. Raquel Rosario Robledo y al Lie. Ricardo Calderón Rodríguez sólo como cliente y pariente del Lie. Miguel R. Calderón Rivera. Consideré que debía trasladarme donde la Srta. Raquel Rosario Robledo, m[a]s el Lie. Miguel R. Calderón Rodríguez me explicó que se trataba de un barrio de Caguas, Cañaboncito, al que él había sido llevado por primera vez ese día y que no era fácil llegar hasta allí. Me indicó que acababa de almorzar con el Lie. Ricardo Calderón Rodríguez después de firmar los documentos y que existía total armonía entre ambos por la transacción efectuada. Enfatizó que la Srta. Raquel Rosario Robledo no había puesto objeción alguna a la transacción porque estaba consiente [sic] que la propiedad pertenecía al Lie. Ricardo Calderón Rodríguez, y había suscrito el documento por instrucciones de éste, en presencia de ambos, y de otras personas que se encontraban en la residencia de la Srta. Raquel Rosario Robledo, y con conocimiento de que en dicho docu-mento se entregaba la propiedad al Lie. Miguel R. Calderón Rivera como pago de servicios profesionales prestados al Lie. Calderón Rodríguez.
En mis años de práctica notarial, a[u]n con la estrecha amistad y solidaridad que he sentido hacia la Leda. Carmen Amparo Ríos Rivera, nunca me había hecho un pedido semejante. Jamás en mi práctica notarial se me había presentado la situación que me exponían los dos abogados. La cortesía entre ambas oficinas para otorgar documentos notariales nunca implicó la relajación del requisito de comparecencia personal del otorgante. Ello era requerido tanto por la Leda. Ríos Rivera como por mí, y precisamente en el cumplimiento fiel de la ley ha descansado la confianza y el respeto mutuo como compañeros de profesión.
En esta ocasión de 7 de marzo de 1985 me pareció inverosímil la solicitud que se me hacía. Tomé el documento y lo leí superficialmente y observé que estaba completo en sus requisitos formales, aunque no hice juicio crítico sobre el contenido del mismo. Tras un instante de reflexión, y con gran aprehensión y temor, quedé avasallado con las garantías que me ofrecieron [ios licenciados] Calderón Rivera y Ríos Rivera de que se trataba de una transacción de buena fe entre parientes, que había sobrevenido una dificultad real e imprevista para que la Srta. Raquel Rosario Robledo se trasladara a otorgar la escritura a la oficina del Lie. Miguel R. Calderón Rivera, que los otorgantes se conocían perfectamente entre sí, que la naturaleza del acto estaba plenamente informada entre ellos y que era lo que realmente querían. Procedí a tomar la firma del Lie. Miguel R. Calderón Rivera y de su esposa Angeles Ortiz de Calderón, bajo la de la Srta. Raquel Rosario Robledo y suscribí al fondo la mía. Bajo el más solemne juramento revelo al Honorable Tribunal Supremo que este es un único e insólito caso en la vida profesional de este Notario, y que jamás habrá de repetirse. (Énfasis suplido.) Comparecencia del Ledo. Félix Colón Morera, págs. 2-4.

No hay duda que el licenciado Colón Morera al así actuar infringió la citada Sec. 16 de la Ley Notarial entonces vigente en Puerto Rico. Considerando las circunstancias presentes en el caso(), y el genuino arrepentimiento que demuestra tener, In re Lamberty González, 115 D.P.R. 352 (1984), estimamos procedente sancionarlo únicamente como notario. Se decreta su suspensión del ejercicio de la notaría en Puerto Rico por un término de dos años.

Las actuaciones de los licenciados Calderón Rivera y Ríos Rivera definitivamente constituyen una violación del Canon 38 de los del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Cf. In re Franco Soto, 115 D.P.R. 740 (1984). Independientemente de sus alegaciones a los efectos de que todo este incidente es el producto de las maquinaciones del Ledo. Ricardo Calderón Rodríguez e independientemente de lo sucedido el 7 de marzo de 1985, día en que se le tomó la firma a la Srta. Raquel Rosario, y de las personas que allí estuvieron presentes, lo cierto es que ellos indujeron y convencieron —conducta que admiten en sus comparecencias— al licenciado Colón Morera a que incurriera en una violación de la Ley Notarial. Se decreta la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado de la Leda. Carmen Amparo Ríos Rivera por un período de seis meses. Se suspende igualmente al Ledo. Miguel Calderón Rivera del ejercicio de la abogacía por un período de un año.

I — I HH

Del expediente no surge con claridad y precisión la participación que tuviera el Ledo. Ricardo Calderón Rodríguez en la autorización por el notario Colón Morera de la escritura en controversia. La evidencia aportada en cuanto a ello resulta ser contradictoria en parte . e incompleta en otros respectos. La falta de claridad y precisión se debe primordialmente a que la investigación que realizara el Procurador General de Puerto Rico tuvo como objetivo principal la investigación de la queja presentada por la Srta. Raquel Rosario contra la Leda. Carmen Amparo Ríos Rivera. Se instruye al Procurador General de Puerto Rico para que amplíe la investigación realizada específicamente en relación con el Ledo. Ricardo Calderón Rodríguez y nos someta el correspondiente informe, para lo cual se le concede el término de noventa (90) días.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

      (1) El licenciado Colón Morera no percibió honorarios de clase alguna por la autorización de dicha escritura. Su actuación aparenta ser la de un abogado joven, quizás inexperto e ingenuo, con deseos de ayudar a resolverle un problema a un compañero abogado.


text:
    En el asunto del Lic. Ovidio Zayas Rivera.

      Número: MC-87-40

      Resuelto: 18 de noviembre de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Miriam Alvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados del querellante; Ovidio Zayas Rivera, pro se.

   PER curiam:

Mediante resolución de 13 de agosto de 1987 le concedimos al Lie. Ovidio Zayas Rivera veinte (20) días para contestar las comunicaciones del Procurador General relacionadas con las quejas que varios ciudadanos habían sometido en su contra. Le apercibimos que de no cumplir con esta orden estaría sujeto a medidas disciplinarias que podrían incluir separación indefinida del ejercicio de la abogacía, y que dentro de dicho término debía acreditarnos el cumplimiento con esta orden. El 25 de septiembre le concedimos hasta el 3 de noviembre para cumplir con nuestra resolución de 13 de agosto de 1987. El licenciado Zayas Rivera no ha cumplido.

En In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984), resolvimos que la pronta y responsable atención por parte de los abogados a las comunicaciones provenientes de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, sobre investigaciones relacionadas con su conducta ético-profesional, es de vital y necesaria importancia para nuestra función de reglamentar la profesión. La desatención voluntaria y temeraria a estos requerimientos tiene un efecto disruptivo en nuestra función reguladora.

Por todo lo antes expresado, se decreta la suspensión del ejercicio de la abogacía del Lie. Ovidio Zayas Rivera hasta que éste acredite que está presto a cumplir y afrontar el trámite referente a las quejas sin ulteriores dilaciones innecesarias.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.


text:
      In re Mariano Acosta Grubb.

      Número: CE-85-738

      Resuelto: 18 de noviembre de 1987

      José Acosta Grubb y Luis A. Toledo, abogados del querellado; Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   PER curiam:

Con fecha de 13 de noviembre de 1985, el Procurador General, Ledo. Rafael Ortiz Carrión, presentó ante este Tribunal querella contra el Ledo. Mariano Acosta Grubb, en la que le formuló cuatro cargos de conducta antié-tica. El 6 de diciembre de 1985, el Procurador General adicionó un quinto cargo a la querella. En todas las querellas se le imputa al licenciado Acosta Grubb no haber desplegado la diligencia necesaria en la representación legal de sus clientes.

Siguiendo el trámite establecido en la Regla 13(h) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, el Ledo. José M. Aponte Jiménez, ex Juez Superior, fue designado para que en presencia de las partes y en calidad de comisionado especial, oyera y recibiera prueba. Celebrada la vista de la querella, el comisionado especial rindió el informe correspondiente.

V — I

A

En el primer cargo, el Procurador General alega que “[e]l Ledo. Mariano Acosta Grubb incurrió en conducta antiética en violación a los [C]ánones 18, 19 y 20 en su relación profesional con su cliente Víctor Ortiz Jusino a quien le desatendió el caso, Víctor A. Ortíz Jusino v. Feliciano Adorno Medina y otros, Civil Núm. 83-5573,...al punto que por su negligencia e inacción, el caso del señor Ortiz Jusino fue archivado con perjuicio para el cliente”.

El comisionado concluyó que en efecto, el licenciado Acosta Grubb había asumido la representación legal del señor Ortiz Jusino, quien acordó pagarle al licenciado Acosta Grubb la cantidad de $500 dólares por concepto de sus servicios iniciales y los gastos de la radicación de la demanda. Como el señor Ortiz Jusino no pudo cumplir con el pago, el licenciado Acosta Grubb no realizó ningún trámite adicional en el caso y eventualmente el tribunal lo archivó, con perjuicio, por inactividad.

B

También se le imputa al licenciado Acosta Grubb el haber “incurrido en conducta antiética en violación a los Cánones de Ética en relación con sus clientes- Osvaldo Galarza Rosario y otros ... en el caso Bienvenida Resto Maldonado v. Osvaldo Galarza y otros (O-85-418) Civil Número 84-4246. El abogado querellado abandonó el caso de sus clientes y desatendió la encomienda que le hicieron al grado de no informar(les) sobre los trámites que seguía el caso en el Tribunal haciendo caso omiso, dicho abogado querellado de todos los incidentes procesales que sucedieron en el caso, los cuales nunca informó a sus clientes. Estos se enteraron .del resultado del caso cuando se solicitó la ejecución de la sentencia dictada en contra de ellos. Dicha conducta acusa violación a los [Cjánones 18 y 20 en relación a sus clientes y violación al Canon 9 al dilatar y recargar innecesariamente al Tribunal, considerando el hecho adicional que se trataba de un procedimiento de carácter sumario”.

El licenciado Acosta Grubb representó a los esposos Galarza Rosario en un pleito radicado contra ellos, en el que un empleado les solicitaba pago de vacaciones, bono de navidad y compensación por despido injustificado. Transcurrido en exceso el término de 30 días concedido por el tribunal para contestar la querella sin que se hubiese formulado la correspondiente alegación responsiva, a solicitud de la parte promovente (querellante), mediante escrito en este sentido notificado al licenciado Acosta Grubb, se anotó la rebeldía a la parte promovida (querellada) dictándose sentencia en contra del señor Galarza Rosario y esposa, la cual fue notificada al querellado, ordenándose pagar al reclamante la suma de $7,444.78 por los conceptos alegados en la querella, más $1,116.71 para gastos y honorarios de abogado. Una vez advino final y firme la sentencia, se solicitó la ejecución de la misma resultando en el embargo de una cuenta bancaria de Galarza Rosario ascendente a $5,600.

El señor Galarza Rosario, solicitó del tribunal, por derecho propio, que se dejase sin efecto el embargo aduciendo falta de conocimiento en cuanto a los trámites del caso, incluyendo la sentencia dictada y resultados negativos en su gestión de localizar al licenciado Acosta Grubb. Fue entonces que el licenciado Acosta Grubb renunció a la representación legal del señor Galarza.

El querellado, Ledo. Mariano Acosta Grubb, entregó al Sr. Osvaldo Galarza Rosario un pagaré por la suma de $4,000, a satisfacción de éste, para resarcirlo de los daños ocasionádoles como resultado de la sentencia dictada en su contra. De dicha suma, la cantidad de $2,000 ya fue abonada por el querellado.

C

En el tercer cargo se le imputa al licenciado Acosta Grubb el haberle desatendido los intereses a su cliente Corporación Samaritano & Co., demandada en el caso Royal Insurance Co. of P. R. Inc. v. Samaritano & Co., Inc., CE-85-517. Royal Insurance Company of Puerto Rico presentó demanda contra Samaritano & Co., Inc. (Samaritano) y otro reclamando el pago de daños ocasionados por defectos en los trabajos realizados por el codemandado Samaritano en la impermeabilización del techo de una estructura. El querellado compareció en representación del codemandado Samaritano y contestó la demanda básicamente negando los hechos alegados.

El otro codemandado en el pleito presentó a su vez, demanda de coparte contra Samaritano. Ésta no fue contestada por el querellado. Eventualmente se anotó la rebeldía y se dictó sentencia en contra de Samaritano condenándole a pagar cualquier suma de dinero que se le impusiera al demandante contra coparte en la demanda.

Conforme surge de la sentencia parcial dictada a favor del demandante contra coparte, también dejó de cumplir con las órdenes del tribunal en relación con la contestación a un interrogatorio sometido. Ello motivó que el tribunal considerara la conducta de Samaritano, representado por el querellado, de pertinaz y obstinada demostrativa “de una falta de interés en su caso”: Igualmente, el tribunal eliminó las alegaciones de Samaritano y finalmente, el 7 de diciembre de 1983, dictó sentencia sumaria a favor de la parte demandante al no contestar el querellado una solicitud en este sentido formulada por la parte demandante y por también no haber comparecido a la vista del caso en su fondo en representación de Samaritano.

Todos los escritos relacionados fueron notificados al querellado a su dirección de récord en Calle Esteban Padilla, Núm. 58, Bayamón, Puerto Rico.

Samaritano se enteró sobre la sentencia dictada más de un año después cuando el demandante intentó ejecutarla. Solicitó entonces, con la intervención de otro abogado, que se dejase sin efecto la orden sobre ejecución de sentencia alegando desconocimiento de los acontecimientos en el caso por falta de información de parte del querellado.

En apoyo de su solicitud, Samaritano, entre otros documentos, sometió declaración jurada del querellado mediante la cual éste hace constar que en enero de 1980 mudó su oficina al edificio Banco Cooperativo en Hato Rey, anteriormente ubicada en Bayamón, y que desde esa fecha “no [ha] recibido los escritos que se [le] han enviado a [su] dirección” en Bayamón.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, emitió resolución declarando sin lugar la solicitud de Samaritano para que dejase sin efecto la orden de ejecución y la sentencia dictada. Contra dicha resolución Samaritano, por conducto de su nueva representación legal, presentó recurso de certiorari ante este Tribunal Supremo.

El querellado nunca notificó sobre el cambio de dirección de su oficina ni hizo gestión alguna para que se remitiese la correspondencia recibida a su nueva dirección. Tampoco hay constancia de que las notificaciones sobre órdenes y sentencias dictadas fueran devueltas por el correo.

Samaritano, mediante declaración jurada prestada por su vicepresidente, expresa estar satisfecha con la gestión profesional practicada por el querellado en los asuntos de la corporación, razón por la cual no tiene interés alguno en formular querella en su contra ni que se continúen los trámites iniciados en el caso de autos.

Mediante acuerdo sostenido con Samaritano, en 10 de marzo de 1987, el querellado, licenciado Acosta Grubb, se obliga a resarcir los daños sufridos por Samaritano como resultado de los hechos que dieron margen a que se dictase la sentencia en su contra.

D

El cuarto cargo se relaciona con la representación de la Sra. Consuelo Cordero Vda. de López, quien contrató los servicios del querellado licenciado Acosta Grubb para que éste le gestionara una declaratoria de herederos y la representara en un pleito en su contra.

A juicio de la Oficina del Procurador General, expresado durante la vista celebrada, este cargo carece de fundamento. La señora querellante doña Consuelo Cordero percibió la relación profesional con el querellado en una dimensión inexacta. Por entender que el licenciado Acosta Grubb hizo las gestiones profesionales pertinentes, manifestó estar consciente de la falta de prueba para sostener este cargo.

E

El último cargo contra el licenciado Acosta Grubb surge de su relación con el señor Rodrigo Rodríguez, quien contrató los servicios del querellado para que éste le tramitara la renovación de su licencia de portar armas. Si bien ya el Tribunal Superior autorizó la renovación de la licencia, el comisionado determinó que no existía justificación para la excesiva dilación de este trámite, que tomó dos (2) años.

En relación con este último cargo, el Procurador General plantea que el licenciado Acosta Grubb desatendió sus requerimientos al respecto.

I — I l-H

Los Cánones de Ética Profesional establecen las normas básicas que deben regir la relación de un abogado con su cliente. Todo miembro de la profesión legal tiene el deber de “defender los intereses del cliente diligentemente”, Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez. Su gestión profesional debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos, experiencia y habilidad desempeñándose de una forma adecuada y responsable, capaz y efectiva. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 843 (1982); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 239 (1984); In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755, 764 (1984); J. P. Eddy, Professional Negligence, London, Steven & Sons Ltd., 1956, pág. 27; L. R. Patterson, Legal Ethics: The Law of Professional Responsibility, Nueva York, M. Bender, 1982, Secs. 2.01-3.03.

“El ejercicio de la práctica de la profesión de abogado requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976); In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986).

Si bien el Código de Ética le reconoce al abogado el derecho de aceptar o rechazar una representación profesional, Canon 26 (4 L.P.R.A. Ap. IX), una vez acepta y asume la representación legal de un cliente, tiene la responsabilidad de descargar su labor con la requerida rapidez y eficiencia. La ética le exige a todo abogado que rehúse representar a una parte cuando está consciente de que no puede defender sus intereses en forma adecuada. Patterson, op. cit., págs. 3-4.

Por otro lado, una vez se acepta un cliente, un abogado no puede ni debe renunciar a esta responsabilidad sin antes obtener permiso del tribunal y tomar aquellas medidas razonables que sean necesarias para evitar se le causen perjuicios al cliente. In re Siverio Orta, supra; Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); In re Ávila, Jr., 109 D.P.R. 440, 454 (1980); In re Cruz Tollinche, 112 D.P.R. 699 (1982); In re Díaz Alonso, Jr., supra.

También debe mantener informado a su cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre asuntos que no caigan en el ámbito discrecional, y dentro de los medios permisibles, cumplir con sus instrucciones. Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Pagan Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980); In re Díaz Alonso, Jr., supra.

Los cargos contra el querellado revelan un patrón de descuido y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones como abogado, en perjuicio de sus clientes. Las determinaciones de hecho del comisionado especial demuestran que el querellado incumplió su deber de ser diligente en la tramitación de sus casos; evitar indebidas dilaciones; mantener a sus clientes informados, y renunciar a la representación legal de su cliente por no poder atender adecuadamente sus intereses. Cánones 12, 18, 19 y 20 de Ética Profesional.

Aunque en dos de los cargos que pesan contra el licenciado Acosta Grubb éste le ha indemnizado a sus clientes por los daños y perjuicios que su conducta les pudiera haber ocasionado, reiteramos que la responsabilidad civil que surge del incumplimiento de las obligaciones de un abogado para con sus clientes es separada e independiente del trámite disciplinario por infracción al Código de Ética. In re Siverio Orta, supra.

Agrava el caso ante nuestra consideración el hecho de que el licenciado Acosta Grubb prestó servicios a la judicatura del país por doce años. Señalamos, además, y tomamos conocimiento judicial de que mediante resolución de 16 de febrero de 1982 el querellado fue separado de la profesión de notario por falta de pago de fianza notarial, y que en octubre 17 de 1983 fue amonestado por este foro por la falta de diligencia mostrada en el descargo de su deber de representación. Como ex miembro de la Rama Judicial debió tener más presente el rol del abogado como funcionario del tribunal y su deber de aportar a una mejor administración de la justicia. Su conducta resulta inexcusable y amerita una suspensión temporera del ejercicio de la profesión.

Por los fundamentos expresados, se suspende al licenciado Acosta Grubb del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico por un período de dos (2) años. Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron.