author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Jack Epstein, demandante y recurrido, v. F. & F. Mortgage Corp. y Seymour Trepel, demandados y recurrentes; Jack Epstein, demandante y recurrido, v. York Mortgage Corp. y Seymour Trepel, demandados y recurrentes.

      Número: R-71-266

      Resuelto: 21 de septiembre de 1977

      Rodriguez Maduro & Torres Vila y William B. Graves, abogados de los recurrentes; Alfonso Miranda Cárdenas, Angel R. de Corral, Guillermo Silva Janer y Ernesto F. Rodríguez Suris, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Se cuestiona en este recurso la procedencia en derecho de los remedios concedidos por el tribunal de instancia ante una solicitud para la disolución y el nombramiento de síndico instada por uno de los dos socios accionistas de las corporaciones demandadas, F. & F. Mortgage Corp. y York Mortgage. Por entender que un decreto de disolución y sindicatura es un remedio que debe ser utilizado en situaciones excepcionales acordamos revisar, para examinar si las circunstancias particulares de este caso justifican tal remedio.

En marzo de 1963, el demandante Jack Epstein y el code-mandado Seymour Trepel visitaron Puerto Rico con un ter-cero de nombre Sam Cohen con el propósito de establecer un negocio de financiamiento en la isla. Acordaron éstos que la aportación de Cohen y la del demandante Epstein en acciones del proyectado negocio sería de $100,000.00 cada uno, mien-tras que la del codemandado Trepel sería de $50,000.00. A mayo de 1963, Epstein había aportado la suma de $85,000. Compró entonces la participación de Cohen, ascendente a $100,000.00. Hasta entonces Trepel no había hecho la inver-sión a que se había comprometido para la compra de acciones, y no fue hasta julio 8 del mismo año que aportó $50,000.00. En múltiples ocasiones Trepel se comprometió a hacer una aportación mayor, pero nunca se materializó. Así las cosas, Epstein y Trepel convinieron en que el primero reduciría su inversión a la suma de $50,000, mediante retiros de dinero para igualar la inversión de capital de cada uno. La reduc-ción se efectuó en agosto de 1964.

Epstein fue entonces designado Presidente de ambas cor-poraciones, F. & F. Mortgage Corporation y York Mortgage Corporation, que se componían de Epstein y Trepel como únicos accionistas. El demandante Epstein intervenía en todas las negociaciones bancarias y se ocupaba de todos los arreglos financieros. Gestionó y garantizó personalmente todos los préstamos bancarios de ambas corporaciones. El co-demandado Trepel por su parte administraba la oficina y rea-lizaba todo otro tipo de gestión corporativa, manteniendo bajo su control todos los libros de contabilidad que conser-vaba en su residencia en Long Island, a pesar de que las ofi-cinas principales de las corporaciones estaban ubicadas en el edificio First Federal Savings de Santurce. Como consecuen-cia de ello, Epstein nunca tuvo acceso a los libros de actas.

A la fecha en que el tribunal de instancia dictó senten-cia, esto es, para septiembre de 1971, tanto Epstein como Trepel tenían invertido en las dos corporaciones antes mencio-nadas la cantidad de $73,426.99 cada uno. Esta cifra se compone de los .$50,000.00 que cada uno invirtió original-mente más una aportación subsiguiente de $23,426.99 efec-tuada para agosto de 1965, por requerimiento del Banco Crédito para satisfacer una obligación.

El tribunal de instancia a base de la prueba que tuvo ante sí, concluyó que las relaciones personales entre el de-mandante y el demandado nunca fueron cordiales. Las de-savenencias comenzaron al negarse Trepel a hacer la apor-tación total prometida y continuaron agravándose hasta la fecha en que Epstein radicó la demanda objeto de este pleito en septiembre de 1965. Las circunstancias reinantes entre ellos pueden resumirse en la forma siguiente: Trepel des-confiaba del contador de las empresas, Morris Landsman. Epstein descubrió que la esposa del codemandado Trepel ha-bía hecho cuatro o cinco viajes a Puerto Rico con cargo a la compañía pero no pudo localizar el expediente de gastos por estar éste en posesión de Trepel fuera de Puerto Rico, junto al libro mayor de la corporación. En ocasión de una fiesta de Navidad para agasajar a los asociados de las empresas, Trepel insultó a Epstein en presencia de los asociados y clien-tes. Para el mes de marzo de 1965 las partes en este litigio acordaron que se llevaría a cabo una liquidación lenta de las operaciones de F. & F. Mortgage, aunque continuarían ope-rando el negocio de York Mortgage.

A partir de marzo de 1965 Trepel tomó control absoluto de las corporaciones y de todos los bienes de las mismas y comenzó a actuar en forma festinada con los bienes de la corporación, pretendiendo disponer de ciertas hipotecas que pertenecían a York Mortgage, mediante cesión a Meca Mortgage, lo que no pudo materializarse al negarse Epstein a prestar su firma. En agosto 19 de 1965 Trepel notificó al Banco Crédito que la firma de Epstein no era ya necesaria para girar cheques y en agosto 30 le notificó a Epstein su destitución como Presidente, como resultado de una reunión celebrada en Long Island, sin el conocimiento de Epstein y sin que se cumpliera con los requisitos de ley. Trepel intentó vender sin autorización debida, todo el mobiliario de las cor-poraciones a Consolidated Mortgage, transacción que quedó sin efecto al devolver Trepel el pago al comprador. Final-mente Trepel procedió a suspender todos los servicios que se le prestaban a las corporaciones en operación, cerró las ofi-cinas y despidió a los empleados de las empresas. A tal ex-tremo llegaron las desavenencias entre estos dos socios que desde el 16 de agosto de 1965 ni siquiera se hablaban el uno al otro. ()

Es dentro del contexto de la situación señalada que Epstein radica su demanda ante el Tribunal Superior en 11 de septiembre de 1965, en la que solicitaba que se ordenara al codemandado Trepel a poner los libros corporativos a su dis-posición, y a expedir los correspondientes certificados de acciones, y pidiendo que se decretara la disolución de las cor-poraciones. Mediante solicitud de aseguramiento de senten-cia el demandante alegó que la corporación se encontraba en inminente peligro de insolvencia como consecuencia de la ad-ministración de Trepel y de la negativa de éste a rendir cuentas y solicitó el nombramiento de un síndico a tenor con lo dispuesto en la Regla 56.6 de las de Procedimiento Civil y el Art. 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 851. ()

Luego de varios incidentes procesales y la celebración de una vista, el tribunal accedió a la solicitud del demandante, nombró como síndico al Lie. Roberto J. Matos mediante Re-solución de 13 de enero de 1966 en la que se enumeraron sus funciones. Luego de ventilarse el caso en sus méritos, se declaró con lugar la solicitud de disolución de las empresas corporativas York Mortgage Corporation y F. & F. Mortgage Corporation y a tales efectos se nombró un síndico liquidador, con todas las obligaciones que dispone la Ley de Corporacio-nes, y se impuso a Trepel el pago de la sindicatura.

I

El codemandado Trepel nos señala varios errores, pero el que consideramos central para la disposición final del caso constituye un ataque a la apreciación de la prueba en cuanto al número de acciones que tenía cada uno de los dos accionis-tas de las aludidas corporaciones.

Aunque los certificados de acciones presentados demuestran que Trepel es dueño de 165 acciones y Epstein de 135, Epstein presentó prueba para demostrar que los referi-dos certificados habían sido firmados por él en blanco, y de que las cifras indicativas del número de acciones habían sido insertadas luego por Trepel para favorecer su posición. El testimonio del perito calígrafo, aunque reveló varias ano-malías, tales como el uso de tres bolígrafos distintos, y escri-tos de distintas fechas, no pudo esclarecer la controversia entre las versiones contradictorias de las partes, y especial-mente si los certificados habían sido llenados antes o después de haber sido firmados por Epstein. En vista de ello el juez de instancia dirimió el conflicto en la prueba al favorecer la versión del demandante. Un examen de la transcripción de la evidencia y de la prueba documental presentada nos persuade de que debemos sostener la conclusión del juez de instancia. Es norma reiterada que no debemos intervenir con las deter-minaciones de hecho del juzgador a no ser que se haya come-tido un grave error. Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil; véanse: Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 50, 53 (1975); Rodríguez v. Concreto Mixto, 98 D.P.R. 579, 593 (1970).

Nos confrontamos con la realidad de que el demandante y el demandado poseen las acciones de ambas corporaciones de por mitad. Ninguno de ellos tiene el control necesario para hacer determinaciones unilaterales. Los conflictos existentes entre ellos parecen insalvables. No parecería justo que no hubiera un medio para zanjar sus posiciones encontradas sin que continuaran indefinidamente atados en la indivisión por la mera ficción corporativa. Examinemos las disposiciones de ley aplicables, y de ser éstas insuficientes para resolver el problema planteado, acudiremos a lo provisto en otras juris-dicciones que no sea incompatible con nuestro Derecho.

La Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1101 y ss., no provee para la disolución de una corporación por los motivos presentes en el caso de autos. Unicamente prevee dos situacio-nes que permitirían la disolución después del pago del capital y del comienzo de la gestión corporativa. Ver: 14 L.P.R.A. sees. 2003, 2010. La primera consiste de una disolución volun-taria con la aprobación de los tenedores de 2/3 partes de las acciones del capital corporativo. La segunda situación surge involuntariamente con la intervención del Secretario de Jus-ticia a iniciativa propia o a instancia de parte por razón de abuso, mal uso o desuso de las facultades, privilegios, o fran-quicias corporativas. Ninguno de dichos preceptos estatuta-rios es aplicable a las circunstancias presentes en el caso de autos.

En otras jurisdicciones se encuentran remedios diversos para la disolución tanto voluntaria como involuntaria. En algunas jurisdicciones se autoriza la disolución involuntaria mediante acción instada por un accionista, bien fuere minori-tario o mayoritario. () Este remedio resulta de utilidad para resolver los problemas que surgen por discrepancias irrecon-ciliables entre grupos igualmente divididos dentro de una corporación cerrada. Pueden aducirse, entre otros, los si-guientes fundamentos para pedir la disolución: 1) que los ob-jetivos de la corporación han fracasado, o han sido abandona-dos; 2) que las actuaciones de los directores, o de aquellas personas que están a cargo de la corporación son ilegales, opresivas o fraudulentas;() 3) que los directores han lle-gado a un impasse en la administración de la corporación, sin que los accionistas puedan remediar dicho estancamiento, y por consiguiente la corporación está sufriendo daños irre-parables o está amenazada a ello. ()

Las anteriores disposiciones estatutarias evidencian un interés de proteger a accionistas minoritarios o aun mayori-tarios que no disponen del número de acciones requeridas para la disolución voluntaria, pero cuyos intereses se ven adversamente afectados al concurrir alguna o todas las cir-cunstancias enumeradas.

Aunque la regla general en el Derecho corporativo es al efecto de que en ausencia de estatuto aplicable las cortes no tienen jurisdicción para disolver una corporación () se han ido creando múltiples excepciones a la regla general, que ha restado importancia a la cuestión jurisdiccional y el énfasis se está moviendo hacia las circunstancias particulares de cada caso que puedan ameritar la intervención de los tribunales () para proveer el remedio procedente. Así un sinnúmero de tribunales han estimado conveniente aplicar a corporaciones ce-rradas las mismas reglas de disolución que rigen con respecto a las sociedades, equiparando a estos efectos la corporación con la sociedad. Véanse: Hornstein, Corporation Law & Practice, Vol. 2, sec. 816; Flemming v. Heffner & Flemming, 248 N.W. 900 (1933); Bowen v. Bowen, 217 P. 301 (1923).

En una corporación cerrada se requiere un alto grado de confianza y colaboración entre los accionistas. Estos no tie-nen las ventajas que tendría un socio en una corporación pública ya que de no encontrarse satisfecho no hay un mer-cado que permita fácilmente disponer de sus acciones y en muchas ocasiones existen restricciones para el traspaso de acciones. Como muy bien señalan los comentaristas, las dis-crepancias existentes entre los dirigentes en una corporación cerrada normalmente tienen un efecto detrimental en las operaciones del negocio. Forzar la continuidad de una corpora-ción bajo esas circunstancias podría conllevar la pérdida de los activos y quizás la insolvencia de la corporación. Aunque tal continuidad podría ser saludable para las corporaciones públicas, es indeseable para una corporación privada. ()

Los problemas peculiares que afectan el funcionamiento de las corporaciones cerradas han obligado a varios Estados a aprobar legislación para remediarlos. A estos efectos véanse los Estatutos de Florida, North Carolina, New York y Delaware; () y Dissolution of the Close Corporation, 41 St. John’s L. Rev., págs. 239-255 (1966).

En Puerto Rico, el caso de Rosales Cueli et al. v. Cartagena et al., 39 D.P.R. 876 (1929), resolvió que aunque deben cumplirse las disposiciones de ley sobre la disolución de una corporación, puede surgir una situación de conflicto tal entre los directores, que obligue a recurrir ante los tribunales para resolverlo. () En Rosales Cueli se produjo una situación que envolvía dificultades surgidas en la administración de la cor-poración, disgustos entre sus directores, pérdidas sufridas y una serie de ocurrencias demostrativas de la imposibilidad de que los negocios continuaran guiados por la Junta Direc-tiva que a su cargo los tenía. Allí un grupo de accionistas que poseían la mitad de las acciones solicitaron la disolución de la corporación y el nombramiento de un síndico liquidador. El tribunal, fundado en el estado de cosas existente, que hacía imposible seguir el trámite marcado por la ley para la disolu-ción voluntaria, accedió a las pretensiones de los deman-dantes. ()

Toda vez que la Ley General de Corporaciones no prohíbe la disolución por la vía judicial de una corporación, a la luz de los hechos presentes en el caso de autos y a tenor con el espíritu de equidad dimanante del Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, resolvemos que el tribunal de instancia actuó correctamente al disolver las corporaciones demanda-das. () Por los mismos fundamentos procede también el nombramiento de un síndico en aseguramiento de sentencia. Es evidente que por razón de las discrepancias irreconcilia-bles entre los únicos dos socios accionistas, la corporación estaba abocada a una crisis, cuyos resultados son fáciles de predecir. Las conclusiones de hecho del tribunal de instancia revelan que mientras Trepel realizaba ciertas gestiones, Epstein se movía para deshacerlas. Es forzoso concluir que las circunstancias especiales presentes en este caso y la posibili-dad de insolvencia constituían una amenaza constante que justificaba la disolución de la corporación y el nombramiento de un síndico liquidador. 32 L.P.R.A. see. 851. ()

La Ley General de Corporaciones, en lo que es aquí per-tinente, expresa lo siguiente:

“Cuando de cualquier modo se disolviere alguna corporación creada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, si se probare que la corporación no puede pagar sus deudas al venci-miento de éstas, o se la está administrando fraudulentamente, o se están .malgastando o distribuyendo impropiamente sus activos, o no se está dando la debida atención a sus asuntos, el Tribunal Superior, a instancia de cualquier acreedor o accionista de la corporación, y en cualquier momento, podrá nombrar síndico a uno o varios directores de la corporación, o administrador judicial de ésta a una o varias personas, para que tales síndicos o administradores judiciales se hagan cargo del patrimonio cor-porativo y cobren los créditos y recobren los bienes de la cor-poración. Los síndicos y administradores judiciales tendrán facultad para representar judicialmente a la corporación o ac-tuar de otro modo con respecto a todos los pleitos que fueren necesarios o propios a los fines antedichos; y tendrán asimismo facultades para nombrar agentes bajo sus órdenes, y para reali-zar todos los demás actos que la corporación realizaría si exis-tiere, y que sean necesarios para la liquidación final de los asun-tos corporativos pendientes. Podrán prorrogarse las facultades de los síndicos o administradores judiciales por el tiempo nece-sario y .mediante las órdenes necesarias, a juicio del Tribunal, para los fines antedichos. — Enero 9, 1956, Núm. 3, p. 104, art. 1007.” 14 L.P.R.A. see. 2007.

Nótese que la sección transcrita concede al Tribunal Superior facultad para, a instancias de cualquier acreedor o accionista de la corporación y en cualquier momento, nombrar adminis-trador judicial de una corporación a una o varias personas para hacerse cargo del patrimonio corporativo y cobrar los créditos y recobrar los bienes de la corporación, con todos los atributos y facultades que dicho precepto legal confiere si se probare a satisfacción del tribunal, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que se está malgastando o distribuyendo impropia-mente los activos de la corporación; o

2) Que no se está dando la debida atención a los asuntos de la corporación.

Las conclusiones de hecho del tribunal de instancia es-pecialmente las relacionadas con la forma festinada en que Trepel actuaba con los bienes de la corporación, intentando disponer de hipotecas, cheques y bienes muebles de las corpo-raciones demandadas sin autorización para ello, revelan la existencia de dos de las condiciones requeridas por la See. 2007 que justifican el nombramiento de un síndico liquidador o administrador judicial.

I — I b-H

Finalmente, debemos considerar si erró' el tribunal de instancia al imponerle las costas en forma solidaria al demandado Trepel conjuntamente con las dos corporaciones demandadas. No tenemos duda de que el pleito fue instado por motivo de la conducta temeraria del codemandado Trepel al negarse a acceder a la liquidación voluntaria de las corporaciones aludidas. Debe ser éste pues responsable del pago de las costas en su totalidad.

En cuanto a los gastos de la sindicatura, éstos deben ser prorrateados entre ambas corporaciones en la proporción en que éstos aparecen en el memorando de costas presentado por la parte demandante, y los mismos deducidos en partes iguales de las sumas que corresponden a los accionistas Epstein y Trepel en la liquidación de ambas corporaciones, a la luz de lo dispuesto en la See. 2011 () de la Ley General de Corporaciones, y de lo preceptuado en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil () en cuanto a la remuneración de administradores y albaceas al efecto de que los bienes bajo su administración responderán por los gastos incurridos para la preservación de éstos. Y, es lógico que así sea pues la función de un síndico es primordialmente la de administrar y conservar los bienes que le han sido encargados. Tales gastos fueron incurridos por el síndico en el descargo de la misión impuéstale por el tribunal, por lo que éste tiene facultad para determinar que el costo de la sindicatura recae sobre ambas corporaciones. La parte demandante alega que los gastos de una primera sindicatura, que luego fue declarada nula por haber recaído la designación sobre un síndico en forma ex-parte, deben correr por cuenta del promovente del pleito. Normal-mente, ése debía ser el resultado. Sin embargo, no se nos ha demostrado que los gastos incurridos por dicha primera sindi-catura fueran excesivos, innecesarios o indebidos. Por ello deben recaer también sobre las dos corporaciones objeto de la sindicatura.

III

Mediante reconvención, el demandado Trepel hizo una reclamación de daños contra Epstein imputándole violación a sus deberes de fiducia para con las corporaciones demandadas consistente en haber creado entidades corporativas que entrarían en competencia abierta con York Corporation y F. & F. Mortgage Corporation. No hay duda de que existe una relación de fiducia entre un director y la corporación, por lo que no debe tal oficial asumir posiciones contrarias a los intereses de la corporación. Sin embargo y a pesar de la naturaleza del puesto que ocupa, un director no está impedido de entrar en negocios similares, siempre que actúe de buena fe y se abstenga de interferir con los negocios de la corporación, especialmente cuando no existe un acuerdo de no competir. Renpak, Inc. v. Oppenheimer, 104 So.2d 642 (1958); Raines v. Toney, 313 S.W.2d 802 (1958); 64 A.L.R. 784. El Estado de Delaware también ha adoptado el mismo principio, concediéndole amplia libertad a oficiales y directores de una corporación para desarrollar todo tipo de negocio. Craig v. Graphic Arts Studio, Inc., 166 A.2d 444 (1960).

Toda vez que no se presentó evidencia convincente de que el nuevo negocio organizado por Epstein perjudicare en forma alguna a la F. & F. Mortgage Corp. o a la York Corp., y tomando en cuenta que desde marzo de 1965 (6 meses antes de organizarse las nuevas corporaciones) las corporaciones demandadas habían abandonado los negocios de segundas hipotecas que hubieran podido ser afectados por la compe-tencia de los nuevos negocios de Epstein, concluimos que el Tribunal Superior actuó correctamente al declarar sin lugar la reconvención.

Se modificará la sentencia dictada el 29 de septiembre de 1971 en el caso de Jack Epstein v. F. & F. Mortgage Corp. y Seymour Trepel, civil número CS-65-8980, a los únicos efectos de imponer las costas del procedimiento al codemandado Tre-pel, con exclusión de las dos corporaciones demandadas, y prorratear los gastos de la sindicatura entre las corporacio-nes demandadas F. & F. Mortgage Corp. y York Mortgage Corporation según se especifican en el Memorando de Costas sometido por la parte demandante. Así modificada se confir-mará.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Esto surge de las conclusiones de hecho del tribunal de instancia.

      (2) (a) La Regla 66.6 dispone:
      “No se nombrará ningún síndico a menos que se demostrare que nin-gún otro remedio provisional sería efectivo para asegurar la efectividad de la sentencia. A menos que el Tribunal lo ordenare de otro modo, un síndico actuará según las reglas para la administración judicial de suce-siones.”
      (b) En 32 L.P.R.A. see. 861 se dispone que:
      “Un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente o se haya fallado, o por el juez de dicha corte:
      4) En los casos en que una corporación haya sido disuelta, o se hallare insolvente, o en inminente peligro de insolvencia, o hubiere perdido sus derechos como tal corporación.”

      (3) O’Neal, Close Corporation, Vol. 2, see. 928.

      (4)Véase: Gidivitz v. Lanzit Corrugated Box Co., 170 N.E.2d 131 (1960), que resolvió que el privar a un accionista tenedor del 60% de las acciones de su derecho a participar en la administración de la corporación constituye opresión que justifica ordenar la disolución de la corporación.

      (5)O’Neal, supra. Véanse: Pa. Stats. Anno. Tit. 16, sec. 2107; Minn. Stats. Anno., sec. 301.49; Nev. Rev. Stats., sec. 78:650; Ohio Rev. Code Anno., sec. 1701; Del. Code Anno., Tit. 8, secs. 226, 352 (1968); Cal. Corp. Code, sec. 1800(b).

      (6)Véanse: Turner v. Flynn & Errich Co., 306 A.2d 218 (1973); y Homond v. Homond, 216 S.W. 630 (1948).

      (7) Véase: Carlos L. Israels, The Sacred Cow of Corporate Existence, Problems of Deadlock and Dissolution, 19 U. Chi. L. Rev., págs. 778, 793 (1962).

        (8)Id. pág. 789; véase también Daniel H. O’Connell, Dissolution as a Remedy for Dissension and Deadlock in the New York Closely-Held Corporation, 19 Buffalo L. Rev., págs. 585-598 (1969).

      (9)Fla. Stat. Ann., secs. 608.0100-.0107; N.Y. Bus. Corp. Law, supra. (McKinney 1963) sec. 1111 y sec. 1104; Del. Code Ann., supra.

      (10) El Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico provee en su parte per-tinente: “Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá con-forme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costum-bres aceptados y establecidos.”

      (11) Para un comentario sobre la deseabilidad de la regla aquí enun-ciada véase, Greenwood, Corporations — Receivership and Dissolution as Remedies for Management Deadlock, 47 Mich. L. Rev., pág. 684 (1949).

      (12)En su misión de impartir justicia y a falta de disposiciones esta-tutarias controlantes este Tribunal en numerosas ocasiones ha recurrido a aquellos preceptos generales del derecho contenidos en el referido Art. 7 del Código Civil. Véanse Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965); Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663 (1971).

      (13) Véanse Regla 56.6 de Procedimiento Civil y 32 L.P.R.A. see. 851; Guaranty Laundry Co. v. Pulliam, 191 P.2d 975 (1948); Saltz v. Saltz Bros., 84 F.2d 246 (1936); Drob v. National Memorial Park, 41 A.2d 589 (1945).

      (14) 14 L.P.R.A. see. 2011.

      (15)32 L.P.R.A. see. 2491.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Mangual Serrano, acusado y apelante.

      Número: CR-76-165

      Resuelto: 21 de septiembre de 1977

      Eloy Verdejo Roque, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Avilés, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Tras los trámites de ley correspondientes Angel Mangual fue sentenciado a cumplir de dos a tres años de presidio por el delito de robo. En apelación ante nos el convicto plantea como único señalamiento de error que su identificación fue poco confiable y viciada de nulidad debido a que se prescindió de la rueda de identificación.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 1974. Un testigo de cargo, la señora Miriam Pagán, declaró que alrededor de las 10:00 P.M. de dicho día, cuando se hallaba trabajando en un “Tastee Freeze”, se acercaron tres personas y le pidieron tres barquillas. Al ella entregárselas uno de los hombres la agarró por el brazo, la amenazó con una pistola y le pidió el dinero de la caja. Ella le dijo a otro empleado, Pedro Melén-dez, que abriera la puerta trasera del establecimiento y entre-gase el dinero. El acusado, otro de los tres hombres, entró entonces por la referida puerta, tomó la pistola que le dio el que estaba en la ventanilla y le apuntó a Pedro. Luego de apropiarse del dinero, el acusado y los otros dos asaltantes se dieron a la fuga.

La señora Pagán vio al acusado de frente como por dos minutos. El interior y el exterior del establecimiento estaban bien alumbrados. Al día siguiente la Policía condujo a la señora Pagán al cuartel. Sin que se celebrase una rueda de detenidos, le enseñaron una persona a quien identificó como el individuo que había perpetrado el robo la noche anterior. Se trataba del apelante.

Pedro Meléndez también declaró como testigo de cargo. Corroboró el testimonio de su compañera. Expresó que desde que le abrió la puerta al apelante hasta que éste huyó pudo observarlo por unos seis minutos. Al día siguiente, cuando la Policía llevó a tres hombres al “Tastee Freeze” donde él tra-bajaba, identificó al acusado de inmediato.

Conforme a los criterios expuestos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972) y Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 19 (1974 (en reconsideración)), no estuvo viciada de nulidad la identificación en este caso.

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Martín emitió un voto concurrente al cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió un voto particular al cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario General

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Martín

al cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 1977

Concurro con el resultado por entender que bajo las cir-cunstancias presentes en este caso en que los testigos tuvie-ron oportunidad de observar al acusado al cometerse los hechos punibles, la posterior identificación del acusado en el cuartel de la policía ofreció la suficiente certeza que impidió un error irreversible en la identificación según reconocimos en Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Pueblo v. Medina Jiménez, 102 D.P.R. 320 (1974); Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974), y Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 19 (1974) (en reconsideración).

—O—

Voto Particular del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 1977

Estoy conforme con la sentencia del Tribunal. Pero debo consignar una vez más mi preocupación, expresada en mi opinión disidente en Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976), de que la policía ignore la norma de Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), no obstante nuestra censura de que se ignore dicha norma, hecha en Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911, 923-924 (1972) y reiterada en Pueblo v. Tanco, 101 D.P.R. 75 (1973) y en Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79, 80-81 (1973).

Según surge de la sentencia, la señora Pagán fue condu-cida al cuartel de policía al día siguiente de perpetrado el robo, y se le mostró al acusado solo, para su identificación, lo cual ella hizo. No se ofrece justificación alguna para que se prescindiera del procedimiento de identificación que para garantía del debido proceso de ley adoptamos y reiteramos en los casos arriba citados.

El error de la policía quedó, sin embargo, salvado por la identificación que del apelante hizo Pedro Meléndez, de entre tres hombres que le llevó la policía el día después de ocurrir el delito. Por eso estoy conforme en que procede confirmar la sentencia.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Rodríguez Polanco, acusado y apelante.

      Número: CR-76-258

      Resuelto: 26 de septiembre de 1977

      Carmelo L. Marcucci, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El Ministerio Público acusó a José Rodrí-guez Polanco por la alegada comisión de los delitos de asesi-nato en primer grado, infracción al Art. 8 de la Ley de Armas y alteración de la paz. El jurado emitió veredicto de culpabilidad por los delitos de asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas y el tribunal lo encontró culpable del tercer cargo. Se sentenció al acusado a cumplir de quince a veinticinco años de reclusión por el delito de asesinato, de dos a cinco años por la violación a la Ley de Armas y a seis meses de cárcel por alterar la paz.

El apelante funda su recurso ante nos en dos señalamien-tos. Sostiene que erró el tribunal al rechazar su moción para que desestimara la acusación por infracción a la Ley de Armas, en vista de que él poseía una licencia válida para portar un arma de fuego, y que erró asimismo al hallársele culpable de asesinato en segundo grado, ya que la prueba a su entender no sostiene una convicción por un delito mayor que el de homicidio voluntario.

El 17 de enero de 1975 la Sala de Guayama del Tribunal Superior le expidió al apelante, residente de dicho distrito, una licencia para la portación del arma que se describe en la misma. La licencia limitó la portación autorizada a los distritos judiciales de San Juan, Ponce y Caguas. Se sujetó igualmente el permiso a que el peticionario se encontrase realizando aquella labor o actos que motivaron la solicitud. De la autorización concedida se desprende que la razón de su soli-citud fue que “el peticionario es comerciante y que en gestio-nes de su negocio frecuentemente lleva sobre su persona fuertes sumas de dinero y teme por su seguridad personal.”

Los hechos que dieron margen a la acusación ocurrieron en el distrito de Guayama. Portaba el apelante el arma en circunstancias no autorizadas por la licencia, según surge de los hechos a que más adelante se alude, y en un distrito no comprendido entre los mencionados en la misma. La contención del apelante es que si se tiene licencia para portar armas limitada a ciertos distritos judiciales, portarla en otros no constituye delito sino meramente causa de revocación de la licencia. No le asiste razón. El Art. 8 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. see. 418, dispone:

“Toda persona que porte, conduzca o transporte cualquier pistola, revólver o cualquier otra arma de fuego cargada, o que porte, conduzca o transporte cualquier pistola, revólver, o cual-quier otra arma de fuego y al mismo tiempo porte, conduzca o transporte municiones que puedan usarse para disparar tal pis-tola, revólver u otra arma de fuego, sin tener una licencia para portar armas expedida según más adelante se dispone, será culpable de delito grave.”

El Art. 21 de la referida ley, 25 L.P.R.A. see. 431, provee en parte:

“Las licencias a que se refiere esta sección . . . deberán con-tener:
(b) Lugar, tiempo y circunstancias en que podrá portarse el arma.”

No cabe duda de que las licencias sólo autorizan a portar un arma legalmente en el lugar, tiempo y circunstancias ex-presados en ella. Para que la portación sea válida, en recta interpretación del Art. 8 citado, debe contarse con una licen-cia debidamente expedida y portarse el arma conforme a sus términos. Compárese: Pueblo v. Quiñones, 65 D.P.R. 581 (1946). El hecho de que tal actuación también dé base a la revocación de la licencia no afecta la existencia del delito. Actuó correctamente el tribunal al negarse a desestimar la acusación y al someter a la consideración del jurado la prueba relativa a la infracción a la Ley de Armas.

El segundo planteamiento es igualmente inmeritorio. La prueba ofreció base suficiente al jurado para rendir un veredicto de asesinato en segundo grado. Se desprende de los hechos que el 6 de julio de 1975 el acusado se personó en un Templo Pentecostal en Guayama. El acusado comenzó a burlarse de las personas que participaban en el culto religioso. Profería palabras obscenas. Llevaba un vaso conteniendo bebidas alcohólicas. Intentó apoderarse de un micrófono. Se llamó a un policía para que atendiese la situación. Nadie más intervino en la iglesia con el apelante. El policía logró conducirlo fuera del templo. Afuera ocurrió un forcejeo que, de acuerdo con el testimonio del propio acusado, no fue muy violento. El acusado sacó su revólver e hirió de muerte al policía. El tribunal le impartió al jurado instrucciones sobre asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y homicidio voluntario. Debemos respetar la determinación del juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369 (1974). La prueba ofreció base suficiente para el veredicto de culpabilidad de asesinato en segundo grado. Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 921, 922 (1953); Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972); Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39 (1961); Pueblo v. Pantoja Aguayo, 97 D.P.R. 236 (1969) y Pueblo v. Febres, 78 D.P.R. 893 (1956).

Se confirman las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Ford Motor Company, demandada, tercera demandada y recurrente, v. Rafael Benet, demandante y recurrido, Marcelino Mercury, Inc., demandada, tercera demandante y recurrida.

      Número: R-77-4

      Resuelto: 26 de septiembre de 1977

      Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas y Jorge Bermúdez Torregrosa, abogados de la recurrente; Rafael Benet, por derecho propio, Luis A. Lugo, Jr., y Carlos M. Díaz Lamoutte, abogados del recurrido; Jorge Luis Suárez, abogado de Marcelino Mercury, Inc.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Atraído por un anuncio Rafael Benet compró de “Marcelino Mercury, Inc.” (Marcelino) el 14 de agosto de 1970 un automóvil Lincoln Continental, Modelo Mark III de 1970 por un precio de $15,000. () Benet entregó $5,500 de pronto, quedando un balance pendiente de $9,500. Habiendo sido el auto utilizado personalmente por Marcelino Rivera, presi-dente de la casa vendedora, como vehículo para demostración desde octubre de 1969, () se le extendió al Lincoln la garan-tía de autos nuevos del 1970.

Al poco tiempo de Benet comenzar a usar el auto, éste em-pezó a evidenciar defectos en varias partes del mismo. “La transmisión daba un cantazo cuando el vehículo cambia de una velocidad a otra y se aguantaba el automóvil, teniendo el demandante que pasarla a baja (‘low’). La riversa no fun-cionaba. El sistema eléctrico, incluyendo la ignición, no fun-cionaba correctamente y ocasionaba que la batería perdiera su carga y no recargara. Al aplicarse los frenos, el automóvil tendía a tirar hacia la derecha y además chillaban. Los ante-riores eran los defectos principales, pero también adolecía de una serie de defectos menores, tales como el mal funciona-miento de los ‘wipers’, del sistema eléctrico de subir y bajar cristales, del dispositivo eléctrico que subía y bajaba la an-tena, del dispositivo que facilitaba abrir el baúl del carro desde adentro, etc.”

De acuerdo con la garantía, Benet llevó el auto a “Marcelino” por primera vez el 10 de septiembre de 1970. Allí se le arregló el sistema eléctrico y los demás defectos que tenía. El auto fue entregado a Benet y nuevamente empezó a apa-garse y a manifestar los mismos defectos. Benet volvió a “Marcelino” el 4 de febrero y el 4 de mayo de 1971 le arre-glaron el carro pero siguió apagándose dejando a Benet sin transportación en innumerables ocasiones.

Como el automóvil seguía con los mismos defectos el de-mandante recurrió a la Administración de Servicios al Con-sumidor, la cual luego de una vista, ordenó a “Marcelino Mercury, Inc.” corregir los defectos del auto. “Marcelino” no cumplió.

Hastiado por la situación Benet entregó el auto y la licen-cia de éste a “Marcelino” el 15 de mayo de 1971. Expresó que no seguiría pagando el auto, que quería que se le de-volviera lo que había invertido en él, $11,667.59, y que se le indemnizara por las molestias sufridas.

Por falta de pago el auto fue embargado y vendido en pública subasta a un tercero por el Banco Popular, entidad bancaria a la cual “Marcelino” había cedido el contrato.

El 14 de diciembre de 1971 Benet radicó acción sobre resolución de contrato y daños y perjuicios contra “Marcelino” ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. () La demanda fue declarada con lugar condenándose a la vende-dora y a la Ford Motor Company, traída al pleito por “Marcelino Mercury, Inc.” como tercera demandada, a pagar solidariamente a Benet lo invertido por éste en el auto ($11,667.59), $4,000 por concepto de daños y perjuicios, más interés legal sobre ambas cantidades y $1,000 de honorarios de abogado. Se ordenó a la Ford a pagar a “Marcelino” todo lo que éste tuviese que pagar al demandante.

De esta sentencia recurre la Ford Motor Company. Acor-damos revisar.

Ataca la recurrente la existencia de una garantía que cubriera los defectos del automóvil. Alega que la garantía solamente se extiende a los llamados productos de la compañía (company 'products) los cuales se definen como automóviles nuevos de pasajeros (new passenger automobiles). El auto aquí envuelto no era un auto nuevo y por lo tanto no tenía garantía. También arguye que si la garantía cubría al auto, cuando Benet llevó el auto por primera vez a “Marcelino” ya ésta había expirado, no siendo la Ford responsable.

No le asiste razón a la recurrente. El automóvil fue vendido con garantía la cual cubría todos los gastos de reparación y mano de obra. Establece dicha garantía en su parte pertinente:

“Ford y su concesionario garantizan que con respecto a cada automóvil nuevo de pasajeros de 1970 ... el concesionario repa-rará o sustituirá, en su lugar de negocio, cualquier pieza . . . defectuosa en materiales o mano de obra . . . dentro de los 12 meses de la fecha de su entrega original al detal o uso original por Ford o cualquiera de sus concesionarios, cualquiera que ocu-rra antes.” (Énfasis suplido.) ()

A tenor con las determinaciones de hecho del tribunal a quo, el automóvil fue entregado por el fabricante al concesionario el 3 de septiembre de 1969. Pero no fue hasta octubre de ese año que Marcelino Rivera lo empezó a usar. Los 12 meses de la garantía empezaron a contar desde este uso por el con-cesionario y no desde la mera entrega por el fabricante a “Marcelino”, venciendo la misma en octubre de 1970. Fue el 10 de septiembre de 1970 que el automóvil empezó a evidenciar defectos y que fue llevado a los talleres de “Marcelino Mercury” para reparaciones. La manufacturera, pues, debe responder junto con el concesionario a Benet.

Se impugna que el tribunal haya decretado la resolución del contrato de compraventa entre “Marcelino Mercury” y Benet cuando la acción debió tratarse como una quanti minoris ya que Benet no podía devolver el auto por éste estar en manos de un tercero ajeno al pleito. Se basa la recurrente en el Art. 1247 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3496, el cual dice:

“La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses; en consecuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estu-viese obligado.
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.
En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.” (Énfasis nuestro.)

El demandante devolvió el automóvil cuando lo dejó en el negocio de “Marcelino Mercury” habiendo sido hecha la devolución de su prestación dentro del contrato de compra-venta en época anterior a la radicación de su acción. Lo que hizo el tribunal fue en efecto reafirmar la resolución del con-trato y decretar la devolución por par-'e del vendedor del precio pagado por el comprador. La vendedora no puede am-pararse en el hecho de que el Banco Popular, a quien le había cedido el contrato de préstamo, se incautara del vehículo por falta de pago cuando éste ya estaba en posesión de “Marcelino”. Tal práctica operaría como licencia al vendedor para vedar la acción resolutoria del comprador.

Arguye la recurrente que no procedía “imponer responsa-bilidad a Ford sin que el demandante probara que, luego de la última reparación, el vehículo no quedó en condiciones norma-les de funcionamiento.”

Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios ocultos en autos defectuosos, la jurisprudencia ha establecido que solamente compete al comprador probar que el automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no los corrigió. Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, 253 (1971). El defecto de fábrica principal, el sistema eléctrico, no pudo ser corregido por el vendedor haciendo al vehículo impropio para el uso a que fue destinado.

Se impugna la concesión al demandante de daños y per-juicios y que los valorara excesivamente en $4,000 ya que Ford no conocía de los vicios del automóvil anterior a la venta.

Procedía la concesión de daños y perjuicios. Hubo prueba creída por el tribunal de que todos los modelos Lincoln de 1970 tenían un defecto de fábrica en el sistema eléctrico que hizo que se modificara ese sistema en ese modelo. “Marcelino Mercury” y la Ford Motor Company conocían de la existencia de ese defecto y no lo manifestaron al comprador.

La Ford fue temeraria al defenderse en este pleito.

Por los fundamentos consignados, se confirmará la sen-tencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.

      (1)Textualmente decía el anuncio:
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      (2) Según la prueba presentada ante el Tribunal Superior el auto-móvil fue entregado por la Ford Motor Company a Marcelino el 3 de sep-tiembre de 1969, pero empezado a usar por éste en octubre.

      (3)E1 demandante fundamentó su acción en los Arts. 1373 y 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841 y 3843 los cuales textualmente ex-presan :

        Art. 1373

      “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.”

        Art. 1375

      “En los casos de las dos secciones anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o reba-jar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
      “Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”

      (4) El texto en inglés reza así:
      “Ford and its Selling Dealer Warrant, with respect to each 1970 model passenger car . . . that the Selling Dealer will repair or replace, at his place of business, any part . . . that is found to be defective in factory materials or workmanship in normal use . . . within 12 months from the date of original retail delivery or original use by Ford or any of its dealers, whichever is earlier.”


author: PER CURIAM:

text:
      In re Edelmiro Martínez Rivera, querellado.

      Número: O-74-197

      Resuelto: 29 de septiembre de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Candila R. Or-landi, Roberto Armstrong, Jr., y Justo Gorbea Varona, Pro-curadores .Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Edelmiro Martínez Rivera, por derecho propio y Fausto Ramos Quirós, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

La Procuradora General formuló querella contra el abogado Edelmiro Martínez Rivera en que le im-putó conducta inmoral e impropia en dos cargos que pueden sintetizarse así: (1) alegado conflicto de intereses al actuar como abogado del ingeniero Víctor E. Silva en un litigio sobre ejecución de hipoteca seguido contra éste por el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, siendo al mismo tiempo el quere-llado presidente y dueño de la casi totalidad de las acciones de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, corporación que garantizaba a Silva y que a su vez era acreedora hipotecaria con interés en los bienes objeto del mencionado litigio; y (2) haber utilizado lenguaje irrespetuoso en un titulado “Escrito de Repudio” dirigido al juez que intervino y dictó resolución en un incidente dentro del referido pleito sobre ejecución de hipoteca.

E'l querellado contestó oportunamente los cargos. Admitió algunas alegaciones, entre ellas su intervención como abogado de Silva en el proceso ejecutivo hipotecario seguido por el Banco, dueño desde el 1961 y hasta octubre de 1973 de la casi totalidad de las acciones pagadas de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico y presidente de su Junta de Directores, y que dicha Compañía actuaba como garantizadora de contratistas de obras, y en particular del ingeniero Silva. Negó que hu-biera conflicto de intereses. En cuanto al segundo cargo, aceptó haber presentado el alegado “Escrito de Repudio,” negó que lo allí expresado constituya conducta inmoral e im-propia, y alegó que suscribió y presentó dicho escrito en legí-tima defensa de su honra y reputación personal y profesional. Adujo, además, que transcurrieron cinco años entre la pre-sentación del escrito y de la querella, por lo que cualquier sanción disciplinaria constituiría un castigo cruel e inusi-tado ; y que el asunto ya estuvo ante este Tribunal Supremo, se ordenó su archivo, y no procedería exponerlo por segunda vez en riesgo de ser sancionado por la misma falta.

Trabada así una controversia, referimos el asunto a un Comisionado Especial, con la encomienda de oír y recibir las pruebas, hacer constar las objeciones, certificarlas, y en su oportunidad formular conclusiones de hechos. La designación recayó finalmente en la persona del ex juez del Tribunal Superior, Ledo. Miguel A. Velázquez Rivera.

Con fecha de 20 de septiembre de 1976 el Comisionado Especial rindió un extenso informe con sus correspondientes conclusiones de hechos. El querellado objetó algunas de sus determinaciones. No hallamos que dichas objeciones sean atendibles. Van dirigidas esencialmente a aspectos sobre credibilidad. Estudiadas cuidadosamente las conclusiones de hechos del Comisionado, reflejan un juicioso y ponderado aná-lisis dé todas las pruebas y merecen nuestro respeto. Las ex-ponemos a continuación:

“Determinaciones de Hecho
1. El querellado Edelmiro Martínez Rivera comenzó a tener relación con el quehacer judicial en el año 1922. En esa fecha fue designado taquígrafo del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Como resultado de esa experiencia en el tribunal se interesó en el estudio del derecho habiendo sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado, luego de cursar los estudios correspondien-tes, en el mes de abril de 1928.
2. El querellado ha estado dedicado a la práctica activa de la profesión de abogado a partir del año en que fue admitido. No obstante, aun desde antes del año 1928 tenía negocios particula-res. Su actividad en el campo de los negocios ha continuado du-rante todo el tiempo en que ha estado practicando la profesión.
3. Entre los cargos que el querellado ha ocupado, relaciona-dos con su profesión, se cuentan el de Presidente de la Delega-ción de San Juan del Colegio de Abogados, Juez Temporero del antiguo Tribunal de Distrito, Miembro de la Comisión de Repu-tación de los Aspirantes a la Abogacía, Delegado a la Conferen-cia Internacional de Abogados en el 1939 y Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados durante 5 años. Está auto-rizado a practicar la profesión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
4. En el año 1961 el querellado, en unión a su esposa y otros miembros de su familia, organizó la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, entidad que actúa como aseguradora de garantía en el país bajo las disposiciones del vigente Código de Seguros de Puerto Rico. El certificado de autorización para hacer nego-cios fue expedido a la compañía el 1ro. de agosto de 1961. Desde el momento en que inició sus actividades la compañía designó al querellado como su Presidente. Como cuestión de hecho éste era el dueño y tenía el efectivo control de la mayoría de las acciones de la compañía hasta reciente fecha.
5. El señor Víctor E. Silva es un ingeniero civil, graduado como tal en 1952. En la actualidad reside en la ciudad de Ponce. Allá para el año 1963 Silva había organizado, en unión a fami-liares y allegados, una corporación denominada Howard Construction Corporation, razón social bajo la cual él realizaba nego-cios de construcción de obras, incluyendo carreteras y edificios. Otros integrantes de la Junta de Directores de la indicada cor-poración lo eran la esposa de Silva y un maestro de obras, nom-brado Guillermo Díaz.
6. Allá para el año 1963 Silva visitó Jas oficinas de la Com-pañía de Fianzas de Puerto Rico en la ciudad de San Juan, ini-ciándose en esta forma una relación de negocios que se extende-ría durante varios años. Como resultado de esa visita Silva y la Compañía llegaron a un acuerdo a virtud del cual la Compañía prestaría fianzas de cumplimiento y pago en relación con las obras de construcción de la empresa de Silva. La prueba apor-tada durante la audiencia demostró que desde el 7 de junio de 1963 al 1ro. de noviembre de 1971 la Compañía de Fianzas de Puerto Rico prestó fianzas por Howard Construction Corp. y/o Víctor Silva, garantizando obras a ser realizadas por éstos, por la suma de $1,667,534.16. Por concepto de primas a recibir durante dicho período la Compañía facturó por la suma de $17,360.33.
7. El Ing. Silva declaró durante la audiencia que la razón por la cual decidió iniciar negocios con la Compañía de Fianzas de Puerto Rico fue la de que ésta no le exigía la presentación de estados financieros y que era más liberal que las demás. Lo cierto es que la norma que la Compañía tuvo desde su origen consistía en no otorgar fianzas de cumplimiento y pago a nin-gún contratista que las solicitara sin exigir, tanto una garantía colateral como prueba de solvencia moral y- económica del intere-sado. Por tanto, en la etapa inicial, la Compañía accedió a pres-tar fianzas por Silva y su empresa constructora a base de un convenio de garantía a virtud del cual Silva cedía a la Compa-ñía de Fianzas de P. R. diversos créditos que él . alegaba tener contra los Municipios de Coamo, Santa Isabel, Arroyo y Salinas. Eventualmente se diseñó, por mutuo acuerdo, un sistema a vir-tud del cual Silva cedía como garantía colateral, a la Compañía de Fianzas, el 10% del total del costo del proyecto.
8. Los negocios continuaron normalmente entre ambas partes durante varios años. El total de la suma que la Compañía garan-tizaba fue aumentando con el paso del tiempo. En una ocasión la Compañía garantizó hasta un máximo de $475,000.00 por la eje-cución de obras de Silva. La compañía, por su parte, exigía con-tinuamente colaterales adicionales, las cuales llegaron a incluir hipotecas sobre equipos mecánicos que Silva alegaba poseer.
9. Mientras tanto desde el año 1965, la empresa Construc-tora propiedad de Silva había estado utilizando al Banco Crédito y Ahorro Ponceño como fuente de financiamiento. Esta entidad bancaria le había extendido una línea de crédito hasta la suma de $125,000. Como garantía colateral Silva había suscrito sendos pagarés al portador, garantizados con hipoteca, sobre dos in-muebles que el contratista poseía en la zona de Guayama, uno de los cuales figuraba inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de una hermana suya, nombrada Libertad Silva. El Banco era tenedor de los referidos pagarés y la hipoteca, con rango de primera, constaba debidamente inscrita en el Registro.
10. Las obligaciones financieras de Silva aumentaron a un ritmo tal que se vio imposibilitado de cumplirlas a su venci-miento. En consecuencia, el 10 de agosto de 1967 el Banco Cré-dito y Ahorro radicó ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior, el caso civil Núm..67/2923, sobre Ejecución de Hipoteca, demandando de Silva y sus asociados el pago de la suma aproxi-mada de $59,000, a la cual había, quedado reducida la deuda original proveniente de la línea de crédito que le había sido ex-tendida. A pesar de que Silva compareció en autos representado por abogado no pudo desvirtuar las alegaciones contenidas en la demanda por lo que el Tribunal, el 6 de febrero de 1968 dictó sentencia declarando con lugar la demanda. A solicitud de los demandantes la corte señaló fecha para la venta en pública subasta de las propiedades hipotecadas.
11. En el ínterin, Silva hacía continuas gestiones para poder obtener nuevas fuentes de financiamiento para afrontar el cú-mulo de obligaciones económicas que surgían. Por un lado trató de conseguir un préstamo a fin de solicitar del acreedor hipote-cario que le permitiera solventar la deuda a pesar de haber re-caído sentencia. Por otro lado trataba de obtener la buena pro en subastas de obras gubernamentales con miras a obtener ga-nancias con los [sic] cuales enjugar las cuantiosas deudas que tenía.
12. Así las cosas, en el mes de julio de 1968 Silva visitó las Oficinas de la Compañía de Fianzas en San Juan y se entrevistó con el Presidente de ésta, el querellado en el caso del epígrafe. Convinieron que la Compañía le extendería una fianza de cum-plimiento y pago para garantizar las obras de construcción de un proyecto sobre el cual Silva había obtenido la buena pro en el Municipio de Santa Isabel. Como el importe de las sumas que la Compañía estaría garantizando en los varios proyectos que Silva estaba llevando a cabo sería considerable el querellado le requirió para que ofreciera a la Compañía garantías colaterales adecuadas a las circunstancias del caso. Silva estuvo de acuerdo y ofreció al querellado garantías consistentes en un gravamen adicional sobre los dos inmuebles que poseía en Guayama, los cuales ya estaban sujetos a una primera hipoteca con el Banco Crédito.
13. Precisa señalar — a modo de digresión del Comisionado suscribiente — que la evidencia que desfiló durante la audiencia en el caso del epígrafe revela que existe una insalvable diferen-cia entre los testigos sobre lo que realmente aconteció durante esta entrevista. La versión del Ingeniero Silva iba dirigida a demostrar que el querellado — al requerirle las garantías inmo-biliarias adicionales a favor de la Compañía de Fianzas — había expresado que la hipoteca que se otorgara no se inscribiría en el Registro de la Propiedad correspondiente, sino que se retendría en las Oficinas de la Compañía para cumplir con requisitos regla-mentarios exigidos por la Oficina del Comisionado de Seguros. El querellado por su parte, afirmó que nunca hizo promesa en tal sentido al Ingeniero Silva y que su único convenio a este respecto fue el de que la hipoteca a otorgarse tendría el rango de segunda hipoteca en el Registro porque todos estaban cons-cientes, y de los documentos así surgía, que los inmuebles esta-ban gravados por una primera hipoteca a favor del Banco Crédito y Ahorro Ponceño.
El Comisionado suscribiente ha concluido que los hechos acontecieron como los relató el Ingeniero Silva en la silla testi-fical. Los factores que han sido tomados en cuenta para esta determinación son las [sic] siguientes:
(a) El Ingeniero Silva, cuando surgen los problemas que más adelante se relatarán, espontáneamente ofrece la explica-ción sobre la promesa del querellado, (b) es el propio Silva el que sugiere que llamen al querellado para que corrobore su versión; (c) el querellado consideró la posibilidad de retirar la escritura en controversia cuando por primera vez se le con-fronta con el problema que se ha creado y (d) el Ingeniero Silva recurre al propio querellado para que le ayude a salir del problema que la presentación de escrituras contradictorias en el Registro ha de causar.
Al dirimir esta controversia el Comisionado suscribiente tuvo, además, el beneficio de la lectura de la Declaración Jurada prestada por el letrado Ernesto Agostini Pascual y de la trans-cripción taquigráfica de una vista relacionada con estos hechos que se celebró el 18 de octubre de 1968 ante el Tribunal Superior de Ponce, en el caso Civil 67-2923. Así mismo ponderó la expli-cación que — al declarar en su propia defensa — expuso el quere-llado en este caso. A nuestro juicio resulta claro que el querellado prometió al Ingeniero Silva que la escritura de hipoteca a otorgarse no sería presentada al Registro de la Propiedad corres-pondiente, por lo menos, por el momento.
14. En efecto, el 29 de julio de 1968 el Ingeniero Silva y su esposa comparecieron ante el Notario de San Juan, Miguel A. Rosa y otorgaron dos pagarés por la suma total de $150,000, garantizándolos con hipoteca sobre las fincas de su propiedad en Guayama. En la escritura de hipoteca que se otorgó ese día se hizo constar que los inmuebles estaban sujetos a un previo gravamen hipotecario a favor del Banco Crédito y Ahorro. Los pagarés fueron entregados por Silva a la Compañía de Fianzas en calidad de la garantía colateral acordada. Lá copia de la es-critura correspondiente fue remitida al Registro de la Propie-dad en Guayama. El Comisionado suscribiente está convencido de que el querellado no tuvo intervención personal alguna en el envío de la escritura al Registro de la Propiedad. Como cuestión de hecho, desde fines de julio de 1968 el querellado se ausentó de Puerto Rico, en unión a su familia y no es hasta su regreso que se entera de los problemas que la presentación de la escritura ha ocasionado a las personas interesadas.
15. Coetáneamente con estos arreglos, Silva continuaba sus incesantes gestiones para tratar de aminorar el impacto de sus múltiples compromisos financieros. A principios del mes de julio de 1968 Silva se enteró que el Banco tenía un interés mayor en recibir el importe del capital e intereses adeudados que en retener para sí los inmuebles a punto de ejecutarse. También se enteró que el Ledo. José Colón Gordiany, entonces Fiscal de Distrito de Guayama, era una posible fuente de financiamiento. Aun cuando no lo conocía, Silva requirió de este letrado que le prestara $50,000.00. El Fiscal rechazó el pedido en más de una ocasión pero, finalmente, accedió a retirar unos ahorros que tenía en un banco y prestar a Silva la suma requerida por éste, a condición de que se le garantizara el pago de la suma prestada con una primera hipoteca sobre bienes inmuebles. Silva gestionó con oficiales del Banco Crédito una solución favorable. Final-mente se llegó a un acuerdo. El convenio consistía en que Colón Gordiany prestara a Silva $50,000. Este endosaría la totalidad de dicha suma al Banco para abonar a los $59,000 que aproxi-madamente le debía. El Banco accedería a que Colón Gordiany obtuviera una primera hipoteca sobre los inmuebles en garantía del préstamo. Por último el Banco obtendría una segunda hipo-teca, sobre la misma finca, en garantía de la suma que dejaba Silva sin saldar y de honorarios de abogado y gastos convenidos. Al sellarse el acuerdo Silva nada dijo a Colón Gordiany ni a los oficiales ni abogados del Banco sobre la escritura de hipoteca que él había suscrito el 29 de julio de 1968 en San Juan. Precisa-mente ese mismo día los abogados del Banco comparecieron, por escrito al Tribunal Superior de Ponce y solicitaron de éste que suspendiera la venta en pública subasta porque la parte estaba en comunicaciones tendentes a satisfacer la sentencia.
15-A. El 30 de agosto de 1968 Silva, Colón Gordiany y los oficiales del Banco Crédito se reunieron en Guayama en las Oficinas del Notario ante el cual se otorgaron las escrituras con-tentivas de la transacción acordada. Por razón de ciertas res-tricciones que a favor del Banco existían en la escritura de pri-mera hipoteca ya inscrita, el Notario no creyó prudente sustituir a Colón Gordiany por el Banco como primer acreedor hipotecario sino otorgar escrituras de cancelación de la hipoteca inscrita y constituir entonces una nueva primera hipoteca a favor de Colón Gordiany por $50,000, y una segunda hipoteca a favor del Banco, por la suma restante. Así se hizo. Como cuestión de hecho, en el acto de la firma Colón Gordiany entregó $50,000 a Silva, éste la pagó al Banco y todos suscribieron los documentos legales descritos, retirándose poco después del lugar.
16. Cuando las escrituras otorgadas el 30 de agosto de 1968 fueron presentadas al Registro por los empleados del Notario comenzó a gestarse la serie de acontecimientos que culminaron en este procedimiento de investigación de conducta profesional. El Registrador notificó a los interesados que, de accederse a las cancelaciones solicitadas se vería obligado a reconocer rango de primera hipoteca sobre los inmuebles de Silva a la otorgada el 29 de julio de 1968 en. San Juan, la cual estaba presentada en el Registro desde el 5 de agosto de 1968. Al tener conocimiento de este giro en los acontecimientos el Notario, que a la vez era el abogado del Banco en los procedimientos seguidos en el caso civil CS-67-2923 sobre Ejecución de Hipoteca contra Silva, se dirigió a la residencia de éste a exigir explicaciones y, al propio tiempo, acariciando en su mente la idea de que pudiera haber sido víctima de un engaño por parte del citado contratista. Silva le explicó que el asunto, a su juicio, tenía solución porque él confiaba en que el Presidente de la Compañía de Fianzas — el querellado Edelmiro Martínez Rivera — estaría dispuesto a re-tirar la Escritura de Hipoteca del Registro, facilitando en esta forma, la transacción que se acababa de realizar con el Banco. Es en este momento que por vez primera Silva le informa de la promesa que le había hecho el querellado de no presentar la hipoteca al Registro.
17. Preocupado con toda la situación el Notario llamó por teléfono al querellado. Le informó lo que había ocurrido y le preguntó si la Compañía estaría dispuesta a retirar la escritura del Registro. El querellado le contestó que él tenía que pensarlo y que tomaría una decisión final en unos días. Al ser llamado nuevamente a la siguiente semana el querellado expresó una posición definitiva. No estaba dispuesto a retirar la Escritura del Registro ni a renunciar al rango registral a que tenía derecho a no ser que Silva sustituyera esa garantía por otra adecuada ya que, por razón del incumplimiento de la empresa propiedad de Silva, la Compañía había tenido que hacer frente a continuas y ascendentes reclamaciones de pago de diversos suplidores.
18. Los abogados del Banco — enterados de la posición de la Compañía de Fianzas — exigieron responsabilidad a Silva. Este prestó y entregó a ellos una declaración bajo juramento en la cual afirmaba que, en la ocasión en que él convino otorgar una hipoteca sobre sus bienes y entregarla a la Compañía de Fianzas como garantía colateral, el querellado le había prometido no pre-sentar la referida escritura de hipoteca al Registro de la Propie-dad correspondiente. El 8 de octubre de 1968, radicaron una moción, dentro del caso civil CS-67-2923 en el cual el Banco había obtenido sentencia, ordenando la ejecución de las propie-dades de Silva, relatando los hechos que habían ocurrido con posterioridad a la sentencia; describiendo la naturaleza de la transacción que había realizado con el demandado; informando del otorgamiento de las escrituras para instrumentar el acuerdo y señalando la naturaleza de las actuaciones del demandado Silva al no informarles que había otorgado una escritura anterior conteniendo un gravamen sobre los inmuebles. Suplicaban que se anulara la transacción, se declararan nulos los documentos otorgados en cumplimiento de la misma y que se restituyera la situación procesal a su estado anterior a fin de proceder a la ejecución de la sentencia y vender en pública subasta los inmue-bles propiedad de Silva.
19. El Tribunal señaló la moción para el día 18 de octubre de 1968. Ordenó que se citara a las partes en el pleito. El deman-dado Silva fue notificado a través de su abogado de récord el Lie. Helio Zeno. Al enterarse de la situación Silva visitó al que-rellado en San Juan. Le informó que lo habían citado para una vista y le relató lo acontecido. El querellado le expresó su opinión en el sentido de que nada tenía que temer el Banco pues Silva había pagado gran parte de la deuda y el Banco mantenía una primera hipoteca sobre los inmuebles. Le informó, además, que él se trasladaría a Ponce en la fecha señalada y lo representaría legalmente ante el Tribunal.
20. El 18 de octubre de 1968 fue llamado el caso para la vista de la moción. Presidía la Sala el Hon. Juez Antonio Matta. El demandado Silva se había quedado fuera del Tribunal. El Magistrado insistió en que, debido a la naturaleza de las alega-ciones que se hacían en la moción, él no entraría a la vista del incidente sin la presencia del demandado. Poco después éste entró a la Sala. El Juez le requirió para qüe expresara para el récord quién era su abogado ya que el Lie. Zeno había intentado renunciar. Silva expresó que el Lie. Martínez Rivera lo represen-taría. Así, en efecto, sucedió.
21. Es preciso hacer notar que en esta primera etapa de representación profesional el querellado insistió en que él repre-sentaba a Silva a los solos fines del incidente que se iba a venti-lar. En el ánimo del Comisionado suscribiente no existe la mínima duda de que ese era el propósito original del querellado. Pero, como expondremos a continuación, las circunstancias que a partir de este momento coinciden, provocan una rápida e inusi-tada sucesión de acontecimientos que desembocan en el actual proceso.
Pues bien, la audiencia sobre el incidente se limitó a la prueba que presentaron los abogados del Banco que consistió en la declaración jurada que había prestado Silva en la cual éste describía la promesa que, según él le había hecho el querellado y en el testimonio de los letrados Colón Gordiany y Agostini Pascual. Este último había sido el Notario ante quien se habían otorgado los 'documentos instrumentando la transacción.
Nos llama poderosamente la atención — como también ocu-rrió al Juez que entendió en el incidente — que el aquí querellado, no contradijo durante la vista de la moción el testimonio del No-tario al efecto de que él había llamado al querellado a San Juan y éste le había informado que efectivamente había prometido a Silva no presentar la escritura al Registro, pero que luego se había arrepentido. Sobre los méritos de la moción el querellado se limitó a plantear, a nombre de su cliente Silva, la falta de jurisdicción del Tribunal para entender en una moción de la natu-raleza de la que se había planteado dentro del caso, cuando ya la sentencia de ejecución de hipoteca era final y firme.
22. A los pocos días de celebrada la vista de la moción ante el Tribunal Superior de Ponce, el querellado se ausentó de Puerto Rico. Cuando regresó, se topó con la Resolución que, con fecha de 18 de diciembre de 1968 había dictado el magistrado que había presidido la vista de la moción y en la cual resolvía los méritos de la misma.
En la referida Resolución el Tribunal, no sólo accedía a lo solicitado por el Banco al efecto de anular toda la transacción realizada entre Silva, Colón Gordiany y el Banco Crédito y de-clarar inexistente todas las escrituras contentivas del acuerdo, sino que específicamente declaraba que el querellado Edelmiro Martínez Rivera había incurrido en conducta dolosa, de natura-leza grave y que ese era el motivo principal por el cual debía anularse la transacción.
A juicio del suscribiente, nada hay en la evidencia que tuvo ante su consideración el magistrado que justificara la conclusión de que el querellado había incurrido en dolo grave en relación con la transacción que realizaron Silva y el Banco. Aun en la eventualidad de que el querellado le hubiese hecho la promesa a Silva de no presentar la escritura de hipoteca en el Registro, no hay prueba alguna de que ese hecho tuviese relación con plan o maquinación alguna del querellado para engañar al Notario o a los funcionarios del Banco. Como cuestión de hecho no hay posibilidad alguna de cometer dolo de la naturaleza del imputado por el magistrado, para sorprender la buena fe de un Notario, bajo el sistema registra! existente en Puerto Rico en el cual el Notario no otorga las escrituras hasta que se cerciora de las constancias del Registro de la Propiedad.
23. Tan pronto como se enteró de la Resolución del Tribunal, el querellado comenzó a reaccionar tanto como abogado como persona afectada por el dictamen. Radicó el 17 de enero de 1969 a nombre de su cliente, Silva y sus asociados un escrito solici-tando la nulidad de la Resolución. Fue declarado sin lugar por el Tribunal. De nuevo el 22 de enero de 1969 el querellado soli-citó que se dejara sin efecto la Resolución y por segunda vez su solicitud corrió igual suerte.
24. El querellado radicó entonces, el 28 de enero de 1969 y forma parte del expediente del caso, un documento titulado ‘Escrito de Repudio’ que literalmente lee:
‘El suscrito Edelmiro Martínez Rivera toma excepción de los conceptos contra su persona en la “Resolución” del señor Juez Antonio J. Matta de diciembre 18 de 1968 y los repudia y rechaza fuerte y enfáticamente. Las expresiones difamantes incluidas en la Resolución de marras son un ata-que libeloso, injustificado, innoble y gratuito al suscrito de parte del Juez que la emitió. Además de no tener respaldo alguno en el récord, carecen del más elemental sentido de respeto y de observancia de las disposiciones en la Constitu-ción de Puerto Rico que garantizan al suscrito protección de ley contra ataques abusivos a su honra y a su reputación (Art. 2(8)) así como contra enjuiciamiento sin ser notifi-cado 'de cargos y sin que se le dé oportunidad de contestarlos y de ser oído en juicio.
Y lo curioso es que el Juez actuante se desempeñó como hemos indicado a pesar de tener vigente el compromiso que contrajo bajo juramento al asumir las funciones del cargo que ocupa de guardar fidelidad a la Constitución y a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.’
25. El Tribunal Superior de Ponce, al recibir el escrito a que se ha hecho referencia ordenó que copia de dicho documento y la transcripción taquigráfica de lo ocurrido durante la vista celebrada el 18 de octubre de 1968 fueran remitidas al Tribunal Supremo de Puerto Rico para la acción pertinente. El Tribunal Supremo, el 7 de marzo de 1969, emitió una breve Resolución disponiendo que nada había que proveer y ordenando que se de-volvieran los autos del caso al Tribunal de origen.
26. Luego de esos incidentes el querellado se ausentó nueva-mente de Puerto Rico, no sin antes dejar a cargo de algunos de sus asuntos legales a un abogado que trabaja en su oficina nombrado J. L. Biamón Sánchez. Cuando el querellado regresó al país, en agosto de 1969, encontró que ya el Lie. Biamón había radicado el 20 de junio de 1969 a nombre del Ingeniero Silva y asociados una moción titulada Suspensión de Subasta. La moción tenía el propósito de evitar que se ejecutara por vía de subasta pública la sentencia original que el Tribunal había dictado en el caso CS-67-2923, a virtud del cual se declaraba vencida la hipo-teca que gravaba los inmuebles de Silva. La moción especificaba que el Lie. Biamón comparecía en representación del. Lie. Mar-tínez Rivera. La subasta, de todos modos se celebró en el mes de agosto de 1969 y el Banco adquirió en esta forma las propie-dades de Silva.
27. Luego de celebrada la subasta el querellado, imbuido totalmente en la litigación, tanto por razón de su condición de persona afectada por la Resolución del Tribunal de Ponce como por su condición de abogado de Silva y al propio tiempo, por su interés económico en la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, decidió incrementar su intervención en el asunto. Se trasladó a la Secretaría del Tribunal Superior de Ponce y se dedicó a estu-diar personalmente todo el expediente del caso de ejecución de hipoteca. Llegó a la conclusión legal de que procedía iniciar una acción independiente para anular todos los procedimientos y dejar sin efecto la subasta celebrada.
28. Desde este momento en adelante el querellado asume la iniciativa en toda la estrategia de litigación subsiguiente. Noti-ficó al Ingeniero Silva de sus planes para litigar y éste — que nada tenía que perder — estuvo de acuerdo.
La iniciativa en la estrategia legal del querellado asumía diversas formas. En primer lugar, el querellado radicó, a nom-bre del Ingeniero Silva y sus asociados, una demanda ante el Tribunal Superior, trasladada a Guayama, bajo el número 69-1313, contra el funcionario del Banco Crédito Luis M. Iri-zarry, el Banco y el Alguacil solicitando Daños y Perjuicios por Nulidad de Actuaciones. Por otro lado, el 17 de diciembre de 1969, el querellado asumió el control de una demanda que el Lie. Biamón había radicado el 5 de agosto de 1969, bajo el número 69-2995 ante el Tribunal Superior de Ponce, a nombre del In-geniero Silva y sus asociados contra el Banco Crédito sobre nulidad de actuaciones. En esta última fecha el querellado en-mendó la demanda original del Lie. Biamón para hacer más específica las alegaciones de nulidad.
29. Por otra parte la Compañía de Fianzas ide Puerto Rico, y como parte de la estrategia global que, como abogado, había ideado el querellado, radicó una demanda de nulidad de actua-ciones contra el Banco Crédito y Ahorro alegando que éste no tenía derecho a ejecutar la sentencia y adquirir los inmuebles del Ingeniero Silva sin notificar adecuadamente de la demanda a la Compañía. Esa demanda fue radicada en el Tribunal Superior de San Juan el 5 de agosto de 1970 y trasladada a Gua-yama bajo el Núm. 70-1575. Como corolario de este litigio la Compañía de Fianzas logró que se hiciera en el Registro una anotación de ‘lis pendens’ en relación con los inmuebles a los cuales el pleito se refería. Esta demanda no estaba suscrita por el querellado sino por su empleado, el Lie. J. L. Biamón.
30. El Ingeniero Silva, por su parte y, a solicitud del quere-llado, suscribió documento ‘irrevocable’ el 26 .de mayo de 1971, autorizando al querellado a que iniciara las negociaciones que fuese menester y llegara a cuantos acuerdos creyera convenien-tes con los abogados del Banco Crédito en relación con los liti-gios que hemos descrito.
31. Mientras tanto, la Compañía de Fianzas de Puerto Rico y el Ingeniero Silva continuaban sus negocios de construcción de obras y prestación de fianzas. La crisis, sin embargo, no se hizo esperar. Surgió con motivo de la inveterada costumbre de Silva de prometer más de lo que podía cumplir. En esta ocasión obtuvo de la Compañía una fianza de cumplimiento y pago para la construcción de una escuela en el Barrio Barrancas de Gua-yama. La Compañía prestó la fianza por $160,000 y exigió, como garantía colateral, el derecho a recibir el 10% que el gobierno retendría para las contingencias de ley. Silva lo cedió a la Com-pañía, pero luego de iniciada la obra, cedió la totalidad de sus derechos en el contrato a un financiero de Salinas. La Compañía ripostó pidiéndole al Gobierno que le relevara de la fianza pres-tada. Las autoridades notificaron a Silva que no podría continuar la obra sin fianza que le respaldara. El proyecto quedó aban-donado.
32. Por otro lado, la señora madre de Silva, a quien éste hacía figurar como dueña de inmuebles, había otorgado un pa-garé al portador el 5 de agosto de 1970, garantizando su pago con una hipoteca sobre inmueble inscrito a su nombre. Tanto el pagaré como la hipoteca fueron suscritas ante el querellado, actuando como Notario. Fueron luego entregadas a la Compañía de Fianzas, a través del querellado, como Presidente de ésta para que el pagaré sirviera como colateral a fianzas que la Com-pañía expedía a favor de Silva.
El 6 de julio de 1971 el querellado como Presidente de la Compañía de Fianzas autorizó a los abogados de ésta a que radi-caran demanda contra la señora madre del Ingeniero Silva en cobro del indicado pagaré. El caso se radicó bajo el número 71-3757 del Tribunal Superior de San Juan y originalmente in-cluía como demandados no solo a la señora madre sino al propio Ingeniero Silva y a la esposa de éste. Posteriormente la Compa-ñía desistió del pleito en cuanto a todos, excepto la madre del Ingeniero Silva, contra quien eventualmente obtuvo sentencia.
33. Mientras esto ocurría, el querellado, como abogado de Silva, había estado en conversaciones con los abogados 'del Banco con miras a transigir los diversos litigios. Desde luego, durante todo este período el querellado también era el Presidente y prác-ticamente el dueño de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, entidad que, como sabemos, tenía un gran interés económico en los litigios. Este interés surgía, no sólo del gravamen hipotecario que sobre propiedades de Silva había inscrito en el Registro, sino del hecho de que la Compañía había tenido que desembolsar en exceso de $155,000, con cargo a fianzas del Ingeniero Silva, por concepto de reclamaciones y adelantos a suplidores y acree-dores de éste.
34. Finalmente, los abogados del Banco y el querellado lle-garon a una transacción. La misma consistiría en que la Compa-ñía de Fianzas adquiriría por compra del Banco los dos in-muebles que habían sido propiedad de Silva. El precio a pagar sería el de $70,000. De esta forma la compañía podía proteger la inversión que ya había hecho y reducir las pérdidas que le esta-ban ocasionando los negocios con Silva. El Banco, sin embargo, exigió que se le liberara de toda reclamación que Silva pudiera tener contra la entidad bancaria en los litigios pendientes. Ac-tuando como abogado de Silva y sus asociados, pero a la vez consciente de la irresponsabilidad económica de éste la cual cada vez causaba mayores perjuicios económicos a la Compañía de Fianzas, el querellado entendió que era una buena transacción. No hay duda en el ánimo 'del Comisionado suscribiente de que en este momento en que el querellado representaba legalmente a Silva y sus asociados, los intereses económicos de éstos no coin-cidían con los de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico.
35. Cuando el querellado notificó a Silva de la propuesta transacción le acompañó un documento, titulado ‘Moción de De-sistimiento’ para que el Ingeniero lo suscribiera y de ese modo pusiera fin a sus reclamaciones contra el Banco en los casos CS-69-1313 ante el Tribunal Superior de Guayama, y 69-2995 de Ponce. Silva recibió esa notificación el 14 de junio de 1972. Pero Silva estaba sumamente molesto con el querellado porque la Compañía de éste le había cancelado la fianza relacionada con el proyecto del Barrio Barrancos [s?'c]. Por tanto, Silva aprove-chó la ocasión y en 15 de junio de 1972 notificó al querellado que no firmaría el documento y que expresamente lo desautorizaba para que lo continuara representando legalmente.
36. El 19 de junio de 1972 el querellado notificó formalmente a los Tribunales de Ponce y de Guayama que ha renunciado la representación legal del Ingeniero Silva y sus asociados.
37. El colapso de los negocios de Silva no se hizo esperar. La prueba ofrecida durante la audiencia demostró que durante los últimos años Silva’y su empresa siguieron un patrón general de incumplimiento en todos los proyectos que iniciaban. La Compañía de Fianzas de Puerto Rico sufrió el peso de la carga económica de tal incumplimiento a tal grado que ha desembol-sado ya y tiene reclamaciones pendientes de adjudicar por más de $280,000, con cargo a los proyectos de Silva. Al revisar sus libros la Compañía encontró, además, fianzas alteradas y utiliza-das en proyectos para los cuales no fueron originalmente expedi-das. Eventualmente Silva dejó de pagar a sus acreedores, inactivó la Corporación que había creado y se dedicó a otros menesteres.
38. Luego que el querellado renunció la representación legal de Silva y como la Compañía de Fianzas había sido demandada conjuntamente con éste en varios litigios y Silva no pagó las sumas ordenadas por sentencia, la Compañía tuvo que pagar por él. Como resultado, la Compañía inició litigio contra Silva en reclamación del dinero que había pagado por él. Obtuvo senten-cia en contra de Silva. Como éste no tenía bienes sobre los cua-les ejecutar la sentencia, la Compañía optó por embargar y eventualmente ejecutar ‘cualquier derecho o interés que Silva pudiera tener en sus reclamaciones contra el Banco Crédito.’ En ejecución de sentencia ese ‘derecho’ embargado fue adquirido por la Compañía de Fianzas en pública subasta.
La Compañía de Fianzas compareció al Tribunal Superior de Guayama y pidió que en el caso del Ingeniero Silva y otros contra el Banco Crédito, bajo el número 69-1313, se sustituyera a la Compañía por los demandantes originales ya que la citada corporación había adquirido, por subrogación, los derechos de aquellos. El Tribunal accedió a que se acumularan a la Com-pañía de Fianzas como demandante adicional. La solicitud original no fue suscrita por el querellado sino por los Licenciados Edelmiro Martínez, Jr. y J. L. Biamón, como abogados de la Compañía. Sin embargo, el 6 de noviembre de 1972 el querellado compareció en este caso, como abogado de la Compañía de Fian-zas, interesando que el Tribunal reconsiderara aquella parte de la resolución que autorizaba la acumulación y no la sustitución de la Compañía en los derechos del Ingeniero Silva. Ante la insistencia del Tribunal de Guayama en su interpretación, el querellado, a nombre de la Compañía de Fianzas, compareció al Tribunal Supremo en solicitud de revisión de ese dictamen.
Así mismo en 11 de agosto de 1972 la Compañía de Fianzas radicó, en el pleito 69-2995, del Tribunal Superior de Ponce otra moción de Sustitución de Parte interesando que se sustituyera a dicha empresa por el Ingeniero Silva y otros como deman-dante. Es de notar que en todos estos litigios no sólo había com-parecido el Ingeniero Silva sino también la esposa de éste y la Howard Construction Corp. como parte. Esta solicitud aparece suscrita por el Lie. Martínez, Jr. y el Lie. Biamón.
Eventualmente el querellado continuó las negociaciones con los abogados del Banco Crédito en relación con las propiedades en disputa. Desde luego, a partir del 15 de junio de 1972, ya el querellado no ostentaba la representación del Ingeniero Silva y sus asociados. Sólo defendía en ese entonces los intereses de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico. El acuerdo final con el Banco lo logró el querellado el 7 de diciembre de 1972 en que se otorgó la Escritura Núm. 28 ante el Notario Juan R. Zalduondo.
En síntesis, dicho acuerdo consistió en que la Compañía de Fianzas de Puerto Rico adquirió por compra los dos inmuebles que el Ingeniero Silva y sus asociados habían poseído en Gua-yama. A cambio de ello el Banco Crédito recibió de la Compañía la suma de $70,000 en efectivo y la promesa de ésta de renunciar su derecho a exigir el saneamiento. En adición a ello la Com-pañía se comprometió a responder por el Banco de cualquier res-ponsabilidad que los tribunales pudieran imponer a éste por mo-tivo de reclamaciones judiciales del Ingeniero Silva y sus asociados. En esa forma, la Compañía ide Fianzas de Puerto Rico advino dueña de las dos propiedades en litigio.”

De las determinaciones que anteceden resulta un conflicto entre los intereses del ingeniero Silva y las conveniencias de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico respecto a los bienes objeto del pleito sobre ejecución de hipoteca instado contra Silva por el Banco Crédito y Ahorro Ponceño. El querellado no podía representar con toda lealtad los intereses del señor Silva si con ello se afectaba la conveniencia de la Compañía de Fianzas de Puerto Rico, de que era prácticamente dueño. Su deber ético le impedía representar a Silva. El primer cargo quedó cumplidamente probado.

En cuanto al segundo cargo, consideramos que el lenguaje utilizado por el querellado, si bien obedeció a su reacción ante una injustificada y dura expresión del juez señor Matta, no corresponde a la tónica de respeto y consideración que un tribunal de justicia debe siempre merecer, particularmente a los miembros de la clase togada. No obstante, las circuns-tancias en que se produjeron las expresiones del querellado, no ameritan en este momento más sanción que la precedente amonestación.

La conducta toda del querellado, sin embargo, en relación con su participación como abogado del señor Silva y al mismo tiempo presidente y dueño de la casi totalidad de las acciones de la Compañía de Fianzas, con considerable interés económico en los bienes del señor Silva, amerita una sanción severa. Véase el Canon 21 de Ética Profesional.

Se decretará la suspension del querellado del ejercicio de la abogacía y del notariado por un término de seis meses.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (*)E1 Canon 21 es, con ligeras variaciones de estilo, equivalente al Canon 6 del anterior Código de Ética, que quedó suplantado por el actual, adoptado por el Colegio de Abogados en asamblea celebrada el 5 de sep-tiembre de 1970 y promulgado por resolución de este Tribunal de 24 de diciembre de 1970. Véase el anterior canon en 48 D.P.R. pág. X, y véase 4 L.P.R.A., Ap. IX.