author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    A & P General Contractors, Inc., demandante y recurrido, v. Asociación Caná, Inc., Insurance Company of North America, Banco Crédito y Ahorro Ponceño, sustituido por Federal Deposit Insurance Corp., demandados y recurrente el último, Insurance Company of North America, demandante contra coparte, Banco Crédito y Ahorro Ponceño, sustituido por Federal Deposit Insurance Corp., demandado contra coparte.

      Número: R-80-239

      Resuelto: 13 de marzo de 1981

      Francis, Do-val, Muñoz, Acevedo, Otero & Trías y William H. Preston, abogados de la recurrente; José Julián Álvarez Gon-zález y Plinio Pérez Marrero, abogados de la recurrida; Seguróla, Montalvo & Lugo, abogados de Insurance Company of North America.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que originan esta singular controversia se re-montan a enero de 1972, cuando A & P General Contractors, Inc., demandó, entre otros, al Banco Crédito y Ahorro Potv-ceño aduciendo que en 1971 éste, después de haberle conce-dido dos líneas de crédito montantes a $350,000.00 y $250,000.00, respectivamente, garantizadas por una carta de garantía y pagarés suscritos por sus directores, acordó ex-tenderle una tercera ascendente a $358,000.00 —resguardada por un pagaré hipotecario al portador con vencimiento a la presentación por $450,000, suscrito por M.A.R. Development Corp.— y que, no obstante, el Banco se negó a hacer desem-bolsos en relación con ese crédito adicional. Como consecuen-cia, no pudo terminar el proyecto del edificio multipisos Santa María II, para lo cual había gestionado dicha línea de crédito, ocasionándole una serie de daños, pérdidas y gastos reclamados.

En su contestación, el Banco y su sucesora, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), negaron que hubiera sido la intención de las partes establecer una tercera y adi-cional línea de crédito y sí una garantía adicional para la deuda ya existente. Formuló reconvención reclamando los préstamos no pagados al Banco.

A & P General Contractors levantó exitosamente contra el Banco y FDIC la doctrina del impedimento colateral por sen-tencia. Adujo que estaban impedidos de controvertir sus ale-gaciones de que el Banco estableció la tercera línea de crédito e incumplió con esa obligación contractual. Se basó en la sen-tencia final y firme del 15 de junio de 1977 del Tribunal Superior, Sala de San Juan, caso Civil Núm. 73-8303 M.A.R. Development Corp. v. Banco Crédito y Ahorro Ponceno. Revisa-mos.

I

Para un entendimiento cabal de la cuestión es imprescin-dible explorar y determinar, aunque someramente, los contor-nos de la controversia en el caso promovido por M.A.R. Development Corporation (73-8303) y la sentencia allí dictada. Se trata de una acción independiente iniciada por M.A.R. en 23 de noviembre de 1973 —aproximadamente dos años des-pués de incoado el pleito que nos ocupa— que reclamó y ob-tuvo decreto judicial favorable contra el Banco Crédito para que devolviera un certificado de depósito al portador ascen-dente a $458,000.00, que había dado en prenda, en sustitu-ción, a su vez, del pagaré hipotecario al portador por $450,000.00, que había entregado al Banco al convertirse en garantizadora solidaria de la obligación contraída por A & P General Contractors con el Banco en la transacción de 23 de julio de 1971. De esa sentencia surge que para la adjudica-ción del litigio incoado por M.A.R., el tribunal se vio preci-sado a resolver la controversia central entre A & P General Contractors y la F.D.I.C., sucesora del Banco, en el actual litigio. Reconoció la existencia e incumplimiento por el Banco de una obligación de conceder a A & P General Contractors la mencionada tercera línea adicional de crédito.

Es con arreglo a esa decisión anterior y en virtud de la doctrina del impedimento colateral por sentencia, en su uso ofensivo, que subsiguientemente en el caso que está ante nos el tribunal recurrido resolvió que el Banco y su sucesora F.D.I.C. estaban impedidos de relitigar la misma controver-sia. Como resultado, emitió la sentencia parcial que revisamos a los efectos de que el Banco incumplió su obligación de con-ceder la tercera línea de crédito a A & P General Contractors contraída el 23 de julio de 1971. Pospuso para ulterior con-sideración la ventilación de los daños causados.

El foro primario interpretó Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978), en el sentido de que en Puerto Rico no está vigente el requisito de identidad o mutualidad en la doctrina de cosa juzgada y, por ende, de impedimento cola-teral. Aun así concluyó la existencia de vínculos de solidari-dad entre A & P General Contractors y M.A.R. Development Corp. en virtud del contrato en el cual este último se convir-tió en garantizador solidario de alguna o algunas de las obli-gaciones del primero, salvando de esta forma el requisito de identidad o mutualidad y legitimando a su vez la firma A & P General Contractors para oponer al Banco la sentencia ad-versa en el litigio de M.A.R. Finalmente, incorporó a nuestro sistema jurídico el uso ofensivo de la doctrina de impedimento colateral por sentencia según establecido en la jurisdicción federal en el caso rector Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322 (1979).

La entidad recurrente, F.D.I.C., argumenta la inaplica-bilidad de la doctrina de impedimento colateral, en su uso ofensivo, al no cumplirse con todos los requisitos establecidos en el caso de Parklane, supra, y en la See. 88 del Restatement 2d; Judgments. Analiza, además, el efecto negativo que ello causa en cuanto a los préstamos no satisfechos y aduce varias decisiones que establecen que en Puerto Rico la doctrina de impedimento colateral no puede utilizarse para perpetrar una injusticia.

II

Hemos de evaluar y comparar la solución fiel y justa del recurso bajo el prisma de dos alternativas posibles. Veamos. Argumenti gratia de que es correcta la premisa del tribunal de instancia de que en Pol Sella v. Lugo Christian, supra, desterramos de nuestra jurisdicción el requisito de identidad en la cosa juzgada y, por tanto, de la doctrina de impedimento colateral, aun así la referida doctrina podría plantearse en dos formas o modalidades: defensiva u ofensivamente. La dinámica procesal de cada una se deduce de su nombre, esto es, se levanta defensivamente por un demandado, para impedir la litigación de un asunto ya planteado y perdido por el demandante en pleito anterior frente a otra parte. Y se plantea ofensivamente, cuando un demandante impide al demandado relitigar aquellos asuntos previamente litigados y perdidos frente a otra parte. Obsérvese que en ambas situaciones, la defensiva y ofensiva, la parte contra la cual se interpone el impedimento: (i) ha litigado; (ii) ha sido la parte perdidosa en el anterior pleito.

Aunque sus definiciones resultan sencillas, aun en aque-lias jurisdicciones que definitivamente han abandonado la re-gla de identidad o mutualidad, la doctrina de impedimento colateral por sentencia, en sus diferentes usos, no ha sido aplicada con uniformidad. Mientras el uso defensivo de la doctrina —no existiendo identidad de partes— ha sido gene-ralmente aceptado, en su uso ofensivo ha sido objeto de pro-fundos debates.

Con miras a despejar esas polémicas, el Tribunal Supremo federal, en Parldane, supra, luego de discutir las críticas de más peso aducidas contra el uso ofensivo de la referida doc-trina optó por darle vigencia. Sobre el particular señaló:

Hemos concluido que la mejor forma de abordar estos pro-blemas en los tribunales federales no es prohibir la utilización del impedimento colateral en la ofensiva, sino conceder un gran margen de discreción a los tribunales de instancia para que éstos determinen cuándo debe utilizarse. La regla general debe ser que en los casos en que un demandante fácilmente pudo haberse acumulado a la acción original o en aquellos casos en que, bien por las razones discutidas anteriormente o por otras razones, la aplicación del impedimento colateral en la ofensiva sería injusta para un demandado, un juez de instancia no debe permitir el uso del impedimento colateral en la ofensiva. (Pág. 331, traducción nuestra.)

Como guías judiciales estableció la regla básica de que sería injusta su aplicación si concurrían cualesquiera de las siguientes circunstancias: (a) que el demandante pudo fácil-mente ser parte en el primer pleito; (b) que el demandado no tuvo a su haber todos los incentivos para litigar completa y rigurosamente las controversias surgidas en el primer pleito; (e). que la determinación judicial en el primer pleito fue inconsistente con otras decisiones sobre la misma cuestión; y (d) que en el segundo pleito el demandado tuvo oportuni-dades procesales no disponibles en la primera acción, que po-drían conllevar un resultado distinto.

Con estas pautas presentes, hemos de coincidir con el tribunal de instancia en que en el caso de autos el demandante A & P General Contractors, Inc., que invoca el impedimento, tuvo a su alcance todos los medios procesales que permiten nuestras reglas para intervenir en el primer pleito y no lo hizo. Conociendo las gestiones del Banco demandado para consolidar ambos pleitos, su actitud fue pasiva y más bien de opo-sición, pues en el pleito anterior, M.A.R. Development Corp. lo objetó aun cuando su representante legal era el mismo.

Resulta difícil concebir que mientras la doctrina del impedimento colateral tiene su razón de ser en consideraciones de índole económica y procesal —tales como proteger litigantes contra el hostigamiento que conlleva estar sujeto a juicios repetidos sobre la misma controversia, promover la economía judicial al evitar litigios innecesarios y prevenir sentencias inconsistentes— ésta pueda usarse por razón de que se obvió la susodicha economía procesal al no consolidarse ambas acciones, facilitando ello la existencia de este pleito. Lo razonable hubiera sido que se hubieran resuelto juntos.

Las razones expuestas por la parte recurrida explicando por qué no medió consolidación, no nos persuaden. Menos aún, cuando la representación legal estuvo a cargo de los mismos abogados en ambos pleitos.

Bajo este primer prisma, no sería aplicable la doctrina de impedimento colateral por sentencia y, por ende, erró el tribunal de instancia.

III

Ahora bien, existe otro fundamento por el cual la sen-tencia recurrida no puede prevalecer. Tanto el juez senten-ciador como la parte recurrida sostienen que en Pol Sella v. Lugo Christian, supra, abandonamos la regla de mutualidad o identidad en el impedimento colateral y en cosa juzgada. Examinemos este enfoque.

El artículo 1204 del Código Civil consagra la regla de mutualidad o identidad:

Para que la presunción de la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sen-tencia y aquel en que sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad eon que lo fueron. 31 L.P.R.A. sec. 3343 (énfasis nuestro).

En Pol Sella, si bien es cierto que mencionamos el desa-, rrollo del concepto de identidad de partes más allá de la regla de mutualidad —luego de discutir la existencia de las dis-tintas identidades— respecto a personas, indicamos:

Podría llegarse también a la conclusión de que hay identidad entre las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron si consideramos que la parte realmente interesada tanto en la declaración de estado civil que comprende el Art. 263 del Código Penal, como en la nueva acción impugnatoria de la paternidad, lo es el menor Arnaldo Pol Lugo. En el caso por abandono de menores y específicamente en el procedimiento dirigido a es-tablecer la paternidad, el Estado no suplanta al menor como parte, sino que actúa en auxilio y para beneficio de éste. . . . (Pág. 549, escolios omitidos.)

Este pronunciamiento derrota la interpretación del tribunal a quo y cualquier especulación al respecto.

Adviértase que en Puerto Rico tenemos la situación particular de que rigen dos sistemas de derecho, uno en el campo sustantivo, y otro de índole procesal, producto de la influencia del derecho anglosajón proveniente de los Estados Unidos. Con miras a crear un derecho autóctono, nuestra posición siempre ha sido aprovechar los mejores elementos de ambos sistemas (sin menoscabo de acudir a otras latitudes), armonizarlos y hacerlos formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ello explica la adopción de la figura jurídica “impedimento colateral por sentencia”, que surte efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final. Como resultado, tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas. Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946); Long Corporation v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 788 (1951); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961).

En estricta juridicidad científica hemos de admitir que el desarrollo de esta doctrina no ha tenido en nuestra juris-dicción una trayectoria definida, pues en ocasiones se ha tra-tado como institución independiente, mientras en otras se ha considerado una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 149, 155 (1964); Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 407 (1977). Aun así, debe aceptarse que la figura siem-pre ha sido visualizada como una modalidad de la cosa juz-gada en la cual no resulta necesario la identidad de causas. Los principios generales de la doctrina fueron expuestos en Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 823-824 (1961):

Para que prospere la excepción de cosa juzgada es necesaria la concurrencia de cuatro identidades: dos objetivas —cosa y causa; Autoridad de Acueductos v. Reyes, 77 D.P.R. 10, 14-16 (1954); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 214 (1953); Vidal v. Mona-gas, 66 D.P.R. 622 (1946); Junta Insular de Elecciones v. Cortes, 63 D.P.R. 819 (1944); Sentencia Núm. 61 del Tribunal Supremo de España de 20 marzo de 1956 (Jurisp. Civil III, tomo 55, pág. 726); y dos subjetivas —personas y representación. Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951); Ex parte Soto; Rodríguez, Int., 71 D.P.R. 547 (1950); Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 102, 105 (1942); De León v. Colón, 42 D.P.R. 22 (1931).

Así, notamos que nuestra jurisprudencia no había vacila-do en acudir a distintas fuentes para interpretar la doctrina de cosa juzgada, recurriendo tanto a textos españoles como a las fuentes de derecho común (common law), aun cuando difieren en varios aspectos. Estas diferencias han permi-tido un desarrollo de ambas figuras —res judicata e impedi-mento colateral por sentencia— distinto al nuestro.

Sin embargo, posteriormente, en el caso de Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975), aclaramos la orientación doctrinaria que seguiríamos:

La doctrina de cosa juzgada, res judicata pro veritate habe-tur, es de antigua estirpe romana: De León y Olarieta, Observa-ciones filoso jico-jurídicas acerca de la autoridad de cosa juzgada, 44 Rev. Gen. de Leg. y Juris. 5, 15-22 (1874). Es parte de nuestro Derecho Civil y es innecesario, excepto para fines com-parativos, acudir a otras fuentes para su análisis. El Art. 1204 de nuestro Código, 31 L.P.R.A. see. 334-3, exige para su aplica-ción “que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. (Pág. 535, énfasis nuestro.)

La importancia de los anteriores señalamientos no debe subestimarse, pues nos sitúa en la perspectiva correcta en el estudio de la figura que nos ocupa.

IV

Teniendo presente los principios generales aplicables de nuestra jurisprudencia, veamos los hechos en los pleitos en cuestión para determinar si, en efecto, concurre la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, los litigantes y la calidad de éstos. Lo primero que se pone de manifiesto es que ciertamente está presente el primer requisito de identidad, esto es, identidad de cosas, el “objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, supra, pág. 535. La cosa o el objeto es el contrato entre el Banco, A & P General Contractors, Inc. y M.A.R., el cual es el mismo en ambos recursos. Cualquier duda al respecto se disipa al aplicar la regla de Lacoste para determinar si hay o no identidad de objeto: “[La hay si] estatuyendo sobre el objeto de una demanda, el Juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente o un derecho afirmado por esta decisión precedente. Si no puede estatuir más que exponiéndose a esta contradicción hay identidad de objeto ...E. Jiménez Asenjo, Sobre el Alcance Real de la Cosa Juzgada, 184 Rev. G. de Leg. y Juris. 63, 73, nota 1 (1948).

Asimismo no existe duda de que está presente el requisito de identidad de causas. En ese análisis resulta innecesario hablar de impedimento colateral por sentencia. Recuérdese que causa “es el motivo de pedir”. Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1958, T. 20, pág. 535. No se refiere “a la razón o motivo de un contrato” sino que “significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas”. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, págs. 237-238. Así, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que “la diversidad de acciones no impide la estimación de la cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una y otra, y por tanto, no es el nombre ni la naturaleza, declarativa o constitutiva, la que pueda impedir identidad de la causa pretendida, sino que en este respecto la decisión es si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada”. (Sentencia de 19 de febrero de 1962, Manresa, op. cit.) Otro decreto establece que “la causa equivale a un fundamento o razón de pedir, siendo la acción mera modalidad procesal que es necesario ejercitar para que aquélla tenga efectividad en juicio; que si son idénticas las cosas y causas, no obsta a la eficacia de la cosa juzgada que a la acción se le dé distinto nombre, sin que desaparezca la identidad básica de la presunción porque en el segundo juicio se haga un pedimento distinto no decidido en el primero . . .”. (Sentencia de 30 de octubre de 1965.)

En cuanto a la identidad de personas, tenemos que con-cluir que M.A.R. Development Corp. y A. & P. General Contractors, Inc., no son la misma persona. Esta solución se im-pone aun tomando en cuenta que el Art. 1204 del Código Civil dispone que “[s]e entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean eausaha-bientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad . . .”. (Énfasis suplido.) 81 L.P.R.A. see. 3343.

Los vínculos de solidaridad requeridos para que exista la identidad de personas son aquellos en los cuales el “que litiga en el segundo pleito ejercita la misma acción e invoca iguales fundamentos y se apoya en los mismos títulos que en el primero”. Sucn. Zapas Berríos v. Berríos, 90 D.P.R. 551, 565 (1964); González v. Méndez, et al., 15 D.P.R. 701, 717 (1909). La solidaridad que se persigue es aquella capaz de situar en posición tal a las partes, como si fueran una sola en relación a las prestaciones que puedan estar en litigio, y es el mismo tipo de relación que se produce entre el causahabiente y el causante. Concluimos que el hecho de que las partes en ambos pleitos se encuentren en posición de deudores solidarios no es suficiente para lograr lo anterior. Si bien es cierto que tanto M.A.R. Development Corp. como A & P General Contractors, Inc., se encontraban obligadas solidariamente para con el Banco, esa misma relación producía a su vez efectos diferentes para las partes: la relación de M.A.R. era más bien un contrato entre ella y A & P General Contractors, Inc., en beneficio de tercero, en este caso el Banco. En la práctica podemos observar cómo mientras la supuesta acción u omisión del Banco produce en el caso de M.A.R. tan solo una acción de reivindicación de prenda, en el caso de A & P produce una acción de daños de tipo contractual.

No sólo hay ausencia de identidad entre las partes, sino también de la calidad con que lo fueron. En el primer pleito, la demandante M.A.R. entra en calidad de garantizador, un deudor prendatario sujeto a una obligación accesoria que desaparece una vez se extingue la obligación principal y no a la inversa. En el segundo pleito, la demandante A & P General Contractors, Inc., está como el deudor principal. Al respecto son ilustrativas las palabras de Gómez Orbaneja: “De acuerdo con Hellwig, falta asimismo, la identidad si en el primer pleito litiga el acreedor prendario o el usufructua-rio, y en el segundo, el propietario. Faltará también, en prin-cipio si litiga un acreedor o un propietario fiduciario, o el comitente, y en el segundo pleito entran el propietario original o el comitente . . .”. E. Gómez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, 7ma ed., Madrid, 1975, Vol. 1, pág. 406.

En resumen, faltando algunos de los requisitos de la regla de la identidad, es forzoso concluir la inaplicabilidad al caso de autos de la doctrina de la cosa juzgada. Tampoco es esgri-mible la de impedimento colateral por sentencia, tal y como ha sido adoptada en nuestro ordenamiento jurídico.

Se dictará sentencia que revoque la parcial de 11 de abril de 1980 y se devolverá el caso para trámites ulteriores compatibles con lo expuesto.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado sin opinión. El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      En el mismo, un accionista formuló acción de clase contra la corporación y algunos de sus oficiales, directores y accionistas, alegando que habían emitido una declaración de proxy engañosa. Posteriormente, la “Securities and Exchange Commission’’ (SEC) instó acción independiente en la que se hacía la misma imputación y se solicitaba un interdicto. La acción de la SEC concluyó primero mediante sentencia declaratoria que resolvió que la declaración circulada en efecto era engañosa. El demandante en el primer caso planteó entonces que los demandados estaban impedidos de relitigar ese asunto. El Supremo federal, luego de un análisis, permitió el uso ofensivo del impedimento colateral por sentencia y resolvió que la política que se seguiría en las cortes federales era reconocerles discreción para determinar cuándo permitir el uso ofensivo de dicha doctrina, una vez satisfechos ciertos requisitos.

        Blonder-Tongue v. University Foundation, 402 U.S. 313 (1971) y Parklane, supra.

       En contra de los usos ofensivos, en ausencia del requisito de identi-dad de partes: Note, The Impacts of Defensive and Offensive Assertion of Collateral Estoppel by a Nonparty, 35 Geo. Wash. L. Rev. 1010, 1032-36 (1967); Comment, Nonparties and Preclusion by Judgment: The Privity Rule Reconsidered, 56 Calif. L. Rev. 1098 (1968); Spettigue v. Mahoney, 445 P.2d 557 (Ariz. App. 1968); Reardon v. Allen, 213 A.2d 26 (N.J. Super. 1965); Albernaz v. City of Fall River, 191 N.E.2d 771 (Mass. 1963); Nevarov v. Caldwell, 327 P.2d 111 (Calif. App. 1958). Además: Anno., Mutuality of Estoppel as Prerequisite of Availability of Doctrine of Collateral Estoppel to a Stranger to the Judgment, 31 A.L.R.3d 1044, 1076-77 (1970).
      A favor de los usos ofensivos: A. Vestal, Res Judicata/Preclusion: Expansion, 47 So. Cal. L. Rev. 357 (1974); A. Vestal, Res Judicata Preclusion, Nueva York, Matthew Bender, 1969, págs. 317-22; B. Currie, Civil Procedure: The Tempest Brews, 53 Calif. L. Rev. 25 (1965); Zdanok v. Glidden Company, Durkee Famous Food Division, 327 F.2d 944 (2nd Cir. 1964); cert. den., 377 U.S. 934 (1964); B. R. DeWitt, Inc., v. Hall, 225 N.E.2d 195 (N.Y. 1967); Waitkus v. Pomeroy, 506 P.2d 392 (Colo. Ct. App. 1972); United States v. United Air Lines, Inc., 216 F.Supp. 709 (E.D. Wash. y D. Nev. 1962); United Air Lines, Inc. v. Wiener, 335 F.2d 379 (9th Cir. 1964), cert. desest., 379 U.S. 951 (1964); Desmond v. Kramer, 232 A.2d 470 (N.J. 1967); McCourt v. Algiers, 91 N.W.2d 194 (Wis. 1956); Garcy Corporation v. Home Insurance Company, 496 F.2d 479 (7th Cir. 1974); King v. Grindstaff, 200 S.E.2d 799 (N.C. 1973); Hossler v. Barry, 403 A.2d 762 (Me. 1979).

       Se discuten las siguientes críticas: (1) que el uso ofensivo del im-pedimento colateral no promueve la economía judicial del mismo modo que el defensivo, pues propicia que partes interesadas queden fuera del pleito en espera de la decisión para beneficiarse de ésta o quedar inmune si el resultado es adverso a sus intereses; (2) la posibilidad de que el demandado en un primer pleito no tenga incentivos suficientes para litigar vigorosa-mente; y (3) que es injusto permitir el uso ofensivo cuando en la segunda aceión el demandado tendría oportunidades procesales que no tuvo en el primer pleito.

      No hay consenso entre las autoridades sobre las excepciones o circunstancias en las cuales no debe permitirse la modalidad ofensiva del impedimento colateral por sentencia. Véase, Restatement of the Law (Second), Judgments, Sec. 681, App. 88 (Borrador Tentativo Núm. 3, 1976).

      Los autos evidencian que el Banco en varias ocasiones intentó la consolidación. M.A.R., representada por sus abogados, siempre se opuso a la consolidación.

      Véase: Comment, Litigation Preclusion in Louisiana: “Welch v. Crown Zellerbach Corporation” and the Death of Collateral Estoppel, 53 Tul. L. Rev. 875 (1979).

      En Louisiana, donde la doctrina de impedimento colateral fue de utilidad por años, recientemente fue descartada por la Corte Suprema en Welch v. Crown Zellerbach Corp., 359 So.2d 154 (1978).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Carmen A. Archevali Schuck, demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-80-187

      Resuelto: 24 de marzo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Justo Gorbea Var rona, Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente; la recurrida compareció por derecho propio.
   per curiam:

El 24 de julio de 1978 la Sra. Carmen A. Archevali Schuck fue arrestada por un caso de expedir che-ques sin fondos, Art. 264 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4551, Criminal Núm. 77-1686, y dos casos de desacato criminal, Criminal Núms. 77-2058 y 78-689. Ese mismo día fue conducida por tres agentes del Negociado de Investigaciones Criminales al Cuartel de la Policía.

En el Cuartel General se le tomaron fotografías, huellas digitales y datos personales tales como el nombre de sus padres, el nombre de sus hijos, fecha y lugar de nacimiento, número del Seguro Social, número de miembro del Colegio de Abogados, peso, estatura y descripción de lunares en la cara.

Finalmente, fue llevada ante el Juez Antonio L. Corretjer, en el Centro Judicial de Hato Rey, quien le informó a la arrestada que se trataba de un caso de cheques sin fondos y un desacato. El magistrado procedió a dejarla en libertad, eliminando la fianza que se le había señalado previamente.

Celebrado el juicio en el Tribunal de Distrito, Sala de Mayagüez, la imputada fue declarada culpable del delito de expedir cheques sin fondos. Oportunamente, la señora Arche-vali presentó escrito de apelación en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Estando pendiente la apelación ante dicha Sala, la imputada acudió al Tribunal Superior, Sala de Ponce, con una petición de mandamus, para que el tribunal ordenara al Secretario de Justicia y al Superintendente de la Policía que procedieran con la eliminación del “ficheo” a que había sido sometida y le devolvieran los documentos per-tinentes.

El 11 de junio de 1979 compareció el demandado-recu-rrente oponiéndose a que se expidiera el auto. A su vez, la demandante-recurrida radicó una moción oponiéndose a la radicada por el demandado-recurrente. El tribunal de instan-cia declaró sin lugar la moción de oposición radicada por el demandado-recurrente.

El 14 de marzo de 1980 el tribunal de instancia declaró con lugar el recurso y en consecuencia ordenó que se le entre-garan a la demandante las fotografías, huellas digitales e información personal que le fue tomada el 24 de julio de 1978.

No conforme con el dictamen, el Estado ha recurrido ante nosotros mediante recurso de revisión alegando que:

Erró el Tribunal de instancia al ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Secretario de Justicia entregar a la demandante-recurrida las fotografías, las huellas digitales y la información personal que se le tomó el 24 de julio de 1978.

No se llevó a la consideración del tribunal de instancia prueba de la convicción de la demandante, ni de que se hubiese determinado no procesarla o de que ésta hubiese sido absuelta.

El Procurador General nos pide que, conforme a la Regla 11 de Evidencia, tomemos conocimiento judicial de la senten-cia dictada por el Tribunal de Distrito, Sala de Mayagüez, en el caso Pueblo v. Carmen A. Archevali y de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, confir-mando la dictada por el antes mencionado Tribunal de Dis-trito en el mismo caso.

La demandante-recurrida se opone a lo solicitado por el Procurador General, alegando que ese caso es totalmente independiente del que nos ocupa y que el mismo nunca estuvo bajo consideración del Tribunal Superior ni de este Tribunal.

El 18 de noviembre de 1980 se presentó ante este Tribunal recurso de certiorari, para revisar la sentencia confirmada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Mediante nues-tra Resolución del 9 de diciembre de 1980, Núm. 0-80-638, declaramos no haber lugar a dicho recurso. La sentencia se ha convertido en final y firme.

La Regla 11 de Evidencia establece, en lo pertinente, que los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de hechos que no son razonablemente objeto de controversia por ser susceptibles de determinación inmediata y exacta, recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

Es un hecho que no es razonablemente objeto de controversia que la demandante-recurrida fue convicta por el delito de expedir cheques sin fondos. Por tanto, tomamos conocimiento judicial de tal hecho. Véase McCormick’s Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., Minnesota, West Publishing Co., 1972, Sec. 330, págs. 763 a 766.

Anteriormente hemos transcrito el señalamiento de error que hace el peticionario.

Es ya antiguo, conocido y aceptado el uso de las huellas digitales como forma de identificar a las personas. Se ha sos-tenido generalmente que la toma de huellas digitales y de fotografías son procedimientos usuales y necesarios para la labor de la Policía en protección de la seguridad pública y en la persecución del crimen. People v. McInnis, 494 P.2d 690, 692 (1972); Shaffer v. United States, 24 App. D.C. 417 (1904), cert. denied, 196 U.S. 639 (1905).

En muchas jurisdicciones se ha sostenido que esa práctica de tomar huellas digitales y fotografías de los acusados y de los convictos está autorizada implícitamente en los deberes y facultades de la Policía.

Habiendo sido declarada culpable la recurrida del delito imputado, no procede la devolución del récord de investigación, ni las fotografías ni la huellas digitales. Esa información es útil para el Estado en caso de que la recurrida reincida en otros delitos. United States v. Schnitzer, 567 F.2d 536, 539 (1977), cert. den. 435 U.S. 907; Herschel v. Dyra, 365 F.2d 17, 20 (7th Cir.), cert. den. 385 U.S. 973 (1966); Purdy v. Mulkey, Fla., 228 So.2d 132 (1969).

En este caso no procedía el recurso de mandamus. No se trataba de un deber ministerial expreso y ordenado por la ley. Alvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 242 (1975).

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

        United States v. Laub Baking Co., 283 F.Supp. 217 (N.D. Ohio 1968); United States v. Krapf, 180 F.Supp. 886 (D.N.J. 1960), aff’d., 286 F.2d 647 (3d Cir. 1961); United States v. Kelly, 56 F.2d 67 (2nd Cir. 1932); Shannon v. State, 207 Ark. 658, 182 S.W.2d 384 (1944); Owensby v. Morris, 79 S.W.2d 934 (Tex. Civ. App. 1935); Gilbert v. United States, 366 F.2d 923 (9th Cir. 1966); Kolb v. O'Connor, 14 Ill. App.2d 81, 142 N.E.2d 818 (1957); Retention and Dissemination of Arrest Records: Judicial Response, 38 Chicago Law Review 850 (1970-71); Michael M. McGloin, Case Comments, Criminal Law — Constitutional Law — The F.B.I.’s Right to Retain and Disseminate Arrest Records of Persons Not Convicted of a Crime May Be Limited by the First and Fifth Amendments, 46 Notre Dame Law. 825 (1971); Criminal Procedure: Expungement of Arrest Records, 62 Minn. L. Rev. 229 (1978); Karen Ann Henson, Note, Criminal Procedure Expunction — Fact or Fiction?, 31 Okla. L. Rev. 978 (1978).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Ramón Teodoro Colón, demandante y recurrido, v. All American Life & Casualty Co., demandada, Ángel L. Tapia Flores, peticionario.

      Número: O-79-441

      Resuelto: 25 de marzo de 1981

      Ángel L. Tapia Flores, por su propio derecho, Arturo Negrón García y F. Ariel Aviles Rodríguez, abogados del peticio-nario; Ramón Teodoro Colón, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso demuestra la necesidad de que los abogados cumplan con lo consignado en el Canon 24 de los Cánones de Ética Profesional que establece que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito” y que “[u]n abogado debe exigir el pago de honorarios contingentes sólo en aquellas ocasiones en que dichos honorarios sean beneficiosos para su cliente, o cuando el cliente lo prefiera así después de haber sido debida-mente advertido de las consecuencias”. Los términos genera-les utilizados en el acuerdo verbal y la controversia actual indican que no se consideraron adecuadamente las consecuen-cias previsibles al pactar los honorarios.

Todo abogado, al iniciar su gestión profesional, debe tener presente la advertencia del Canon 24 de los de Ética Profesional antes citado al efecto de que “es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito” y en aquellos casos en que no sea anticipable de un todo al inicio de la gestión profesional la extensión y valor de éstos, deberá reducir a escrito el acuerdo sobre honorarios, libre de ambigüedades y con óptima claridad en sus términos, consignando las contingencias pre-visibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito. Es necesario que esto sea así ya que, según dispone el Canon 25 de los de Ética Profesional, “[l]as controversias con los clientes con respecto a la compensación deben evitarse por el abogado en todo lo que sea compatible con el respeto a sí mismo y con el derecho que tenga a recibir una compensación razonable por los servicios prestados. Solamente deben esta-blecerse demandas contra los clientes para evitar injusticias, imposiciones o fraudes”.

El peticionario, abogado de profesión, aceptó la represen-tación del demandante. Acordaron verbalmente unos honora-rios contingentes fijados en un 20%. En la demanda se soli-citó del tribunal de instancia que dictara sentencia que con-cediera la suma de $700,000 en concepto de daños y perjuicios al demandante y ordenara que se reinstalaran las pólizas del demandante y se pagaran varias cantidades adeudadas bajo los términos de las mismas. A pesar de los múltiples remedios que procedía solicitar y la variada naturaleza de los mismos, el peticionario no precisó por escrito con su cliente la fórmula que utilizaría para determinar sus honorarios.

El tribunal de instancia determinó que el demandante se encontraba total y permanentemente incapacitado desde el 31 de octubre de 1974; que las pólizas de seguro de vida, L-1012182, y de seguro de incapacidad, 630635, continuaban en vigor entre las partes y, de acuerdo con sus términos, debía recibir los beneficios especificados en dichas pólizas. Además, condenó a la codemandada, All American Life and Casualty Co., al pago de $5,000.00 por los daños y perjuicios ocasiona-dos al demandante, $1,500.00 por concepto de honorarios de abogado y los intereses legales a partir de la presentación de la demanda.

Luego de dictada la sentencia, el abogado-peticionario y el cliente-recurrido no pudieron llegar a un acuerdo sobre los honorarios y, en consecuencia, recurrieron a los tribunales.

El Tribunal Superior, al adjudicar la controversia, dictó resolución en los siguientes términos:

Ante todo este cuadro, resolvemos y determinamos que el abogado deberá recibir las siguientes sumas:

1) $1,500 concedidos por concepto de honorarios de abo-gado.
2) 20% de los $5,000, o sea, $1,000 concedidos por concepto de daños y perjuicios.
3) 20% de los $38,274.60, o sea $7,654.80, de los pagos mensuales por incapacidad recibidos hasta 28 de junio de 1979.
4) 20% de los intereses adeudados por la demandada a ser satisfechos a tenor de orden dictada hoy.
5) 20% de los pagos mensuales por incapacidad satisfechos por la demandada al demandante durante julio y agosto, o sea, 20% de $1,400 ó $280.00.

Acordamos revisar.

Es respecto a las pólizas de seguro que surge la compli-cación debido a la imposibilidad de valorar con precisión el beneficio recibido por el demandante. El peticionario valora la póliza de incapacidad física en $84,000.00, la cantidad máxima de beneficios que podría recibir el asegurado como resultado de una incapacidad total por enfermedad. La póliza dispone un beneficio de $700.00 mensuales durante un período máximo de 10 años en casos de incapacidad total por enfermedad. La póliza de seguro de vida la valora el peti-cionario en $50,000.00, el beneficio que establece la póliza en caso de morir el asegurado estando vigente la póliza.

Además, reclama el peticionario compensación en relación con las primas de las pólizas de cuyo pago el asegurado ha sido relevado, mientras persista su incapacidad, por las cláu-sulas de relevo de primas contenidas en las pólizas.

El recurrido expresa estar dispuesto a pagar el 20% de las cantidades recibidas y el 20% de los beneficios que pueda recibir en el futuro bajo las pólizas de seguro.

Ninguna de las posiciones es aceptable. El peticionario equipara la posibilidad de recibir los beneficios indicados con la certeza de recibirlos. Además, no descuenta cantidad al-guna en consideración al tiempo que tiene que esperar el recurrido para recibir los beneficios, si es que los recibe.

El recurrido, en su interés por resolver la controversia, pretende hacer al peticionario beneficiario de facto de las pólizas en un 20%. Claramente ésta no fue la intención de las partes al contratar. De haber sido la intención de las partes, se habría violado el Canon 23 de los Cánones de Ética Profesional que en su parte pertinente dispone que “[e]l abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado”. En el caso de autos, el asunto en litigio es precisamente las pólizas de seguro.

Cuando se pactan honorarios contingentes, el abogado es compensado si gana el caso y en proporción a la cuantía concedida en la sentencia. Presumiblemente hay una relación directa entre el valor de los servicios prestados por el abogado y la cuantía de la sentencia. El pacto de honorarios contingentes “ [c] onstituye algo que siempre ha sido mirado con prevención, que debe evitarse, ya que son muchas las razones fundamentales que militan en su contra, pero el legislador moderno enfrentándose abiertamente con la situación, se ha dado cuenta de que existen casos en que la justicia sería difícil que fuera defendida a no ser en esa forma y ha preferido dejar que sean los hechos los que hablen por sí mismos en cada transacción”. Franqui v. Fuertes Hnos., S. en C., 44 D.P.R. 712, 725 (1933). El peticionario logró mediante sus esfuerzos que se consideraran vigentes los con-tratos de seguro entre las partes. Ahora bien, una vez esta-blecida la vigencia de los contratos, los beneficios recibidos por el asegurado dependen de contingencias ajenas a la labor del abogado tales como la salud posterior del asegurado. No es propio que los honorarios del abogado dependan de con-tingencias ajenas a su labor.

Resultando improcedente en un caso contractual como el de autos la estimación de los honorarios a base de quota litis, procede estimar una razonable compensación que retribuya adecuadamente la labor realizada por el letrado recurrente. Para ello se deja sin efecto la resolución recurrida y se remite el caso al tribunal de instancia para que los letrados aporten prueba del tiempo dedicado a la tramitación del pleito y el valor razonable de las horas invertidas en su consecusión. Oída la prueba, el tribunal determinará el valor de los servicios prestados por el peticionario.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibió.

       Los honorarios de abogado concedidos por una sentencia pertenecen a la parte y no al abogado. A. Méndez & Hno. v. Chavier, 89 D.P.R. 731 (1929); Casals v. Rosario, 34 D.P.R. 77 (1925) y la última oración del Canon 24 de los de Ética Profesional.


author: PER curiam :

text:
    Reparto Industrial Corujo, Inc., demandante y recurrida, v. Cabrera Distributors, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-81-25

      Resuelto: 27 de marzo de 1981
   PER curiam :

Se solicita la reconsideración de una resolu-ción en la que nos negamos a expedir un recurso para revisar una sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que declara con lugar un desahucio por falta de pago.

Se expone en la referida moción que “[d]e no ser revisada y eventualmente revocada la Sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Instancia, se estaría forzando un tremendo absurdo —que por su sin razón provoca una manifiesta injus-ticia contra la parte demandada-recurrente. Se estaría for-zando al compareciente a que, para evitar el desahucio, cum-pla con un nuevo contrato de arrendamiento bajo términos no convenidos (i.e. renta de $3.50 p/c, vencimiento de mes a mes, etc.) cuya existencia el propio Tribunal ha reconocido que no ha sido probada, al señalar, y citamos:

‘Sobre el particular la prueba fue contradictoria. El Sr. Germán Corujo manifestó que en dicha reunión no se negoció ningún canon de arrendamiento mientras que el señor Primitivo Cabrera testificó que el canon de arrendamiento era de $2.00 por los posteriores tres años. El Tribunal le da crédito al testimonio de la parte demandante de que no hubo consenso de voluntades sobre él canon de arrendamiento. . . /

Lo expresado no es correcto. Se suprime parte de una cita de la sentencia que dictó el Tribunal Superior. Precisamente la que demuestra que la recurrente no tiene razón:

9. El día 8 de enero de 1978, la parte demandante nueva-mente le recordó por escrito a la parte demandada que el con-trato de arrendamiento suscrito entre usted y Reparto Industrial Corujo, Inc. vencía el día 31 de enero de 1980. A partir de esta fecha y por el tiempo que usted permanezca usando las facilidades del Edificio Núm. 27-A el canon de arrendamiento será a base de $3.50 por pie cuadrado mensual. Posteriormente, a la susodicha comunicación las partes se reunieron el día 20 de enero de 1980 para llegar a un acuerdo sobre el canon de arrendamiento.
Sobre el particular la prueba fue contradictoria. El Sr. Ger-mán Corujo manifestó que en dicha reunión no se negoció ningún canon de arrendamiento mientras que el señor Primitivo Cabrera testificó que el canon de arrendamiento era de $2.00 por pie cuadrado los primeros dos años y $2.50 por los posteriores tres años. El Tribunal le da crédito al testimonio de la parte deman-dante de que no hubo consenso de voluntades sobre el canon de arrendamiento. Lo que instó a la parte demandante [a] cursarle un telegrama a la parte demandada fechado 25 de enero de 1980 en [el] cual confirmaba la carta fechada 8 de enero de 1978. El contrato de arrendamiento entre las partes sería de mes a mes.
10. El señor Primitivo Cabrera González testificó que no con-testó las cartas aludidas por estar en comunicación con el señor Germán Corujo. El Tribunal entiende que ello no es excusa para contestar las comunicaciones. Por lo tanto, el Tribunal concluye que con dicha actitud la parte demandada consintió al nuevo canon de arrendamiento.
11. Expirado el contrato de arrendamiento el día 81 de enero de 1980, la parte demandada continuó ocupando la propiedad, prorrogándose el contrato de arrendamiento entre las partes de mes a mes con un canon de arrendamiento de $3.50 por pie cuadrado mensual, o sea, $4-,095.01 mensuales. (Lo que aparece en bastardillas es lo suprimido.)

Es claro, pues, que el contrato venció el 31 de enero de 1980, y que desde dos años antes se le comunicó a los deman-dados que el nuevo canon sería de $3.50 el pie cuadrado. Cuando en la reunión celebrada no se pusieron de acuerdo, esto motivó a la arrendadora a “. . . cursarle un telegrama a la parte demandada fechado 25 de enero de 1980 en [el] cual confirmaba la carta fechada 8 de enero de 1978. El contrato de arrendamiento entre las partes sería de mes a mes”. Si la parte demandada no logró que la arrendadora modificara el canon exigido, tenía que satisfacerlo o desalojar el inmueble.

Eso surge meridianamente claro de la sentencia recurrida. La representación legal de la demandada debe siempre re-cordar lo establecido en el Canon 35 de los de Ética Profe-sional al efecto de que “ [e] s impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida” así como lo expresado en Rundle v. Fraticelli, 60 D.P.R. 255, 258 (1942) : “Esta es una práctica censurable que no debe adoptarse por un letrado ante ninguna corte y menos aún ante esta Corte Suprema.”

Por las razones anteriormente expuestas, se declarará sin lugar la moción de reconsideración.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Roberto Lebrón Bones, acusado y recurrido.

      Número: O-80-579

      Resuelto: 27 de marzo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del peti-cionario; José M. Aponte Jiménez y Edwin R. Bonilla Vélez, abogados del acusado.
   SENTENCIA

El Estado trae este certiorari para revisar la decisión del Juez Superior Señor Arbona Torres, de la Sala de Caguas, suprimiendo el testimonio de Leticia Pérez Martínez, única testigo de identificación del acusado en este caso por impru-dencia crasa al conducir. Infr. Art. 87 Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006. La contestación del recurrido a nuestra orden para mostrar causa de 15 enero, 1981 no inclina el Tribunal hacia su posición.

Hubo una identificación por fotografía cuando ya el acu-sado era sospechoso, la cual no es admisible por no haberse cumplido las formalidades de la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal. Luego la testigo ratificó la identificación en rueda de detenidos (lineup) en la que el acusado estuvo represen-tado por abogado, quien no tuvo objeción al procedimiento. De modo que no había cuestión de puro derecho que justificara al juez en suprimir la evidencia. El magistrado hizo una evaluación factual de dicho testimonio a la luz de los criterios de Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), y hasta concluyó que el factor sugerente de las fotos había viciado la confiabilidad de la identificación en lineup. Esta es materia de hechos, parte de la prueba que al jurado o a otro juez constituido en tribunal de derecho le corresponde aqui-latar y adjudicar en el juicio. Como se dijo en Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98, 116 (1976), “prueba con algún ele-mento indigno de confianza es grano de todos los días para el molino del jurado”.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expide el auto de certiorari, se anula la resolución de Caguas de 9 septiem-bre, 1980 suprimiendo la prueba de identificación y se remite el caso a juicio.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque emitió voto disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió en el re-sultado sin opinión.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

—O—

Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se unió el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 198Í

Disiento respetuosamente. La determinación sobre la ad-misibilidad del testimonio de identificación del acusado es una cuestión mixta de hecho y de Derecho. Corresponde al juez determinar, como cuestión de Derecho, si la identificación es confiable y no envuelve una violación del debido proceso de ley. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969); United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1966); Gilbert v. California, 388 U.S. 263, 272-273 (1966); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1966); Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1967); Foster v. California, 394 U.S. 440 (1968); y demás autoridades citadas en Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 104 (1974). Una vez hecha tal determinación, queda al arbitrio del jurado pasar juicio sobre la credibilidad del testi-monio para adjudicar como un hecho la confiabilidad de la identificación, hecho a probarse más allá de duda razonable. Véase la Regla 9 (A) y (E) de las Reglas de Evidencia, 1979.

Si bien es imposible depurar de todo elemento de descon-fianza la prueba que se somete al jurado, debe recordarse que “. . . es la enseñanza de Wade, Gilbert y Stovall, supra, que en algunos casos el procedimiento de identificación por testi-gos oculares puede ser tan defectuoso que hace la identifica-ción constitucionalmente inadmisible como cuestión de dere-cho”. Foster v. California, supra, pág. 442, escolio 2.

Acepto que es imposible impedir que prueba “con algún elemento indigno de confianza” vaya al jurado, y que ello pueda ser “grano de todos los días para el molino del jurado”. (Citado de Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98, 116 (1976), en la sentencia de este Tribunal.) Pero aquí no se trata de prueba “con algún elemento indigno de confianza”. Se trata de una identificación en rueda de detenidos viciada de suges-tividad mediante una previa identificación por fotografías que no cumplió las formalidades de la Regla 252.2 de Procedi-miento Criminal, y que el juez de instancia rechazó como poco confiable. Ya no es “algún elemento indigno de confianza”. Es el rechazo por un juez de su admisibilidad. Alimentar el molino del jurado con un grano podrido o contaminado es nocivo a la salud del proceso de impartir justicia. Es al molí-ñero, no al molino, a quien compete separar el grano de la paja, impedir que vaya al molino el grano con el gorgojo, separar el grano bueno del grano malo.

Denegaría la expedición del auto.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Partido Popular Democrático, recurrido, v. Carlos Romero Barceló, Gobernador de Puerto Rico, recurrente, Gerineldo Barreto Pérez, Administrador General de Elecciones, recurrido.

      Números: R-81-118, O-81-150

      Resueltos: 27 de marzo de 1981

      Héctor Urgell Cuevas, abogado del Honorable Gobernador de Puerto Rico, recurrente; Córdova, Subirá, Gaztambide & Arrillaga, abogados de los interventores y apelantes, y Guillermo Mojica Maldonado, abogado del Partido Popular De-mocrático.
   San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 1981

En auxilio de nuestra jurisdicción y hasta nueva orden, quedan suspendidos los efectos de la sentencia recurrida así como todos los términos establecidos en la legislación objeto del pleito.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto concurrente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 1981

Concurrimos con la paralización de los procedimientos. Nos explicamos.

La parte dispositiva de la sentencia del ilustrado tribunal de instancia, aquí impugnada, provee que los demandados, “Hon. Gobernador de Puerto Rico y Hon. Administrador General de Elecciones, deberán tomar las medidas pertinentes para que en la elección especial a celebrarse para llenar la vacante surgida en el Distrito Representativo Núm. 31, sólo participen candidato [s] y electores afiliados al Partido Popular Democrático”. (Bastardillas nuestras.) Ello, como vere-mos, significa que se le está dando erróneamente carácter de primarias a un evento comicial en el cual tiene derecho a votar todo el electorado de ese distrito representativo.

I

Para comprender y resolver el enigma jurídico que se plantea sobre cuál es el procedimiento vigente en ley para llenar las vacantes que surjan en los cargos de senador o re-presentante de un distrito nominado originalmente y electo por un partido político, es necesario exponer sus antecedentes históricos. Adelantamos que la norma sustantiva que gobierna actualmente esta situación lo es el Art. 5.006 de la Ley Electoral de Puerto Rico aprobada el 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3206), la cual oportunamente analizaremos.

Retrocediendo a principios de siglo, advertimos que la Ley Orgánica Foraker —en vigor desde el año 1900— no regulaba expresamente el asunto de las vacantes y lo dejaba en manos de la Cámara de Delegados. (See. 29.) A partir del 1902 entra en vigor el Código Político, que en su Art. 209 precep-tuaba :

Siempre que ocurra una vacante, ó deje de confirmarse la elección de una persona á causa de un empate de votos en la Cámara de Delegados, el Gobernador deberá desde luego convo-car á una elección para cubrir la vacante, con ocho días por lo menos de anticipación. (Bastardillas nuestras.)

El 2 de marzo de 1917, en virtud de la Ley Jones se deroga lo anterior, y en su Art. 30 se fija:

En caso de ocurrir vacantes entre los miembros del Senado o en la Cámara de Representantes, podrán celebrarse elecciones especiales en los distritos en que ocurrieren dichas vacantes, de acuerdo con las reglas que se prescribieren por ley. . . . (Bas-tardillas nuestras.)

Por enmienda introducida a la Ley Jones en 1938, ese procedimiento sufre un cambio: desde entonces se cubrieron por nombramiento del Gobernador, a propuesta de la direc-ción central del partido al cual pertenecía el legislador. (Art. 30, según ley del Congreso aprobada en 1ro de junio de 1938.)

Con el advenimiento de nuestra Constitución el 25 de julio de 1952, se produce nuevamente un cambio. La See. 8 del Art. Ill disponía que el Gobernador convocaría, “dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial en dicho distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convo-cada, y la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo hasta la expiración del término de su ante-cesor”. Además disponía:

Cuando dicha vacante ocurriere en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el Sena-dor o Representante cuyo cargo quedó vacante, para que ocupe el cargo hasta que se certifique la elección del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince meses anteriores a una elección general, o cuando ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara correspondiente, a pro-puesta del partido político a que pertenecía el Senador o Repre-sentante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccio-nado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos.

Esa mecánica continuó prevaleciendo hasta que mediante referéndum constitucional de 3 de noviembre de 1964 se en-mendó, en lo pertinente, así:

Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o Represen-tante por un distrito, dicha vacante se cubrirá según se disponga por ley. Cuando la vacante ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estu-viese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato inde-pendiente, se cubrirá por elección en todos los distritos. (Bas-tardillas nuestras.)

El debate legislativo que precedió el texto de esta en-mienda (R. Cone, de la C. 12) indica que en la Cámara se estimó que: “la Resolución e[ra] clara, es como disponga la Asamblea Legislativa por ley. No estamos discutiendo la ley. Estamos discutiendo la proposición de enmienda a la Consti-tución. Y la proposición de enmienda es, será como la Legis-latura de Puerto Rico disponga por ley”. Diario de Sesiones, (Cámara) Vol. 18, pág. 1163 (1964). En el Senado se visua-lizó que era a los efectos.de eliminar el requisito de elección y permitir, como una alternativa, que la vacante fuera cubierta a petición del partido a quien pertenecía el cargo. Diario, op. cit., (Senado), 1224. Esta intención quedó diáfanamente plasmada en la Ley Núm. 91 de 26 de junio de 1965, que preceptuaba una designación directa “por el presidente de la cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor”.

Recapitulando, tanto histórica como constitucionalmente, una vacante como la que nos ocupa, en la tradición democrá-tica puertorriqueña, ha sido cubierta a base de dos métodos: (i) a través de una elección en el referido distrito; y (ii) nombrado a propuesta del partido al cual pertenecía el asiento que resulte vacante. Una sinopsis gráfica lo ilustra así:

AÑO MÉTODO
1902-1917 Elección
1917-1938 Elección
1938-1952 Nombrado a propuesta del Partido
1952-1964 Elección
1964-1977 Nombrado a propuesta del Partido
CUERPO LEGAL
—Código Político de P.R.
—Ley Orgánica J ones
-Enm. Ley Jones
—Constitución E.L.A. de P.R.
—Enm. Constitución, y Ley Núm. 91 de 26 de junio de 1965

II

Según anticipamos, la anterior Ley Num. 91 fue derogada por el estatuto que actualmente rige la materia electoral, el 20 de diciembre de 1977. Por ser medular a la solución de la controversia, lo transcribimos totalmente:

Siempre que ocurriere una vacante en un cargo de Senador o Representante electo como candidato independiente por un dis-trito o cuando ocurriere una vacante al cargo de un Senador o de un Representante por un distrito nominado por un partido antes de los quince (15) meses precedentes a la fecha de la próxima elección general, el Gobernador, previa consulta con la Comisión, convocará, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, para la celebi’ación de una elección especial en el distrito afectado por la vacante sur-gida. Dicha elección deberá llevarse a cabo no más tarde de los noventa (90) días siguientes a la fecha de su convocatoria y la persona que resulte electa en la misma ocupará el cargo hasta la expiración del término de su antecesor.

Si dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la vacante el partido al cual pertenecía el legislador del escaño vacante no presenta una candidatura para llenar el mismo, se considerará el escaño como si fuere el de un legislador inde-pendiente a los ñnes de la celebración de la elección especial para llenarlo.

En caso que el cargo vacante correspondiere a un candidato independiente, cualquier elector afiliado a un partido político o persona debidamente cualificada como elector y que reúna los requisitos que el cargo en cuestión exige, podrá presentarse como candidato en dicha elección.

Cuando ocurriere una vacante en el cargo de Senador o Representante por Acumulación que hubiere sido nominado por un partido, o cuando dentro de los quince (15) meses prece-dentes a una elección general, ocurriere una vacante en el cargo de Senador o Representante de distrito, se cubrirá la misma por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que perteneciere dicho Senador o Represen-tante con una persona seleccionada en la misma forma en que lo fue su antecesor. 16 L.P.R.A. see. 3206.

La lectura y reflexión de esta disposición legal pone de manifiesto que no está exenta de obscuridad. Ciertamente adolece de claridad y no es el mejor ejemplo de redacción. Resulta, pues, inevitable, que haya dado margen a diversas interpretaciones y que jurídicamente, en el ejercicio de nues-tra facultad rectora constitucional, debamos aclarar su al-cance. Veamos.

El primer párrafo: (a) establece la necesidad de una elección especial de surgir alguna vacante en el puesto de senador o representante por distrito nominado por un partido político; (b) cuando no procede elección alguna —quince meses antes de las próximas elecciones generales; y (c) con-tiene una serie de términos para que el Gobernador convoque y celebre la elección. Elección Especial no es sinónimo de pri-marias, pues el Art. 5.007 que le sigue visualiza que “[vjo-tarán en una elección especial todos los electores de la demar-cación geográfica en que la misma deba celebrarse, con derecho a ello conforme la convocatoria al efecto emitida por el Gobernador de Puerto Rico”. 16 L.P.R.A. see. 3207. Re-sultaría un contrasentido que por un lado puedan participar todos los electores del distrito concernido, y que se estimara ello unas primarias, cuyo concepto requiere la participación exclusiva de los electores miembros de un partido en particular. Art. 1.003(37). 16 L.P.R.A. see. 3003(37).

En resumen, del primer párrafo se desprende que el Go-bernador de Puerto Rico tiene un deber ministerial de con-vocar a una elección especial para cubrir las vacantes que sur-gen en los cuerpos legislativos, cuando dicha vacante es por un distrito representativo. Dicha convocatoria debe ser hecha dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante. Por interacción de las definiciones estatutarias, la convocatoria a elección especial excluye el concepto limitado de primarias; puede participar todo el electorado.

El segundo párrafo —que ha dado génesis a tantas dudas— reconoce el derecho de los partidos políticos que ob-tienen el triunfo en el distrito representativo del escaño va-cado, a tener la oportunidad de llenarlo. A tal efecto, la ley requiere a ese partido que dentro de los sesenta días siguien-tes a la fecha de la vacante presente una “candidatura” para llenar el mismo. Varias observaciones despejan la incertidum-bre. La palabra clave “candidatura”, que según el Art. 1.003 (7) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3003(7), se define como “el total de candidatos de un 'partido político que figuren en la papeleta electoral en la columna correspondiente a tal par-tido”. Advertimos que el legislador acuñó un término preciso atado en su alcance a varios candidatos del partido político que ostentaba el escaño. Pudo muy bien referirse a “un candi-dato” pero no lo hizo, manifestando de ese modo una inten-ción. Recuérdese que cuando hablamos de “elección”, hay que presumir que son varios los candidatos; para poder elegir, tiene el elector que tener más de una opción. Este enfoque queda reforzado si examinamos este segundo párrafo reestruc-turando el deber impuesto de la forma negativa a una forma positiva:

Si dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la vacante el partido al cual pertenecía el legislador del escaño vacante [no] presenta una candidatura para llenar el mismo, [no] se considerará el escaño como si fuere el de un legislador independiente a los fines de la celebración de la elección especial para llenarlo.

Forzoso es concluir que es el partido político afectado por la vacante quien tiene derecho a cubrirla mediante la presen-tación de una candidatura en tiempo. Presentada la misma, no cabe estimar que pueden nominarse otros candidatos desa-filiados a ese partido para participar en la elección.

El párrafo tercero del estatuto nos explica llanamente las consecuencias de que el partido político al cual pertenecía el escaño no haya presentado una candidatura dentro de esos 60 días, y tiende a corroborar lo expuesto. A tal efecto, se considerará el escaño como si fuera un legislador indepen~ diente, en cuyo caso, “cualquier elector afiliado a un partido político o persona debidamente cualificada como elector y que reúna los requisitos que el cargo en cuestión exige, podrá presentarse como candidato en dicha elección”. (Bastardillas nuestras.) A contrario sensu, de optar el partido político por presentar al electorado su candidatura, no podrán postularse otros electores afiliados a distintos partidos o independientes.

Finalmente, el cuarto párrafo cubre la situación cuando la vacante surge dentro de los 15 meses precedentes a una elección general, y establece que se cubrirá por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido polí-tico a que pertenecía el que causa la vacante. Muy fácilmente se percibe la diferencia estatuida cuando la Asamblea Legis-lativa trató sobre una vacante antes de los quince meses pre-cedentes a una elección general, como en el caso de autos, a cuando acontece dentro de los 15 meses precedentes a tal elección general. Esta disimilitud nos da una fuerte base para sostener, como hemos concluido, la obligación del Gobernador de convocar a una elección especial en el Distrito Represen-tativo Núm. 31 sin que pueda prescindirse de la misma me-diante una nominación directa del partido envuelto, en que se somete un solo candidato.

Esta elección especial, según nuestra interpretación, irrestricta en cuanto al electorado, tiene la particularidad de que es para sustituir una vacante que pertenecía a un par-tido político, al cual la propia ley le confiere la facultad de presentar, en primer orden, a sus candidatos y de no hacerlo, abrir la contienda a otros partidos y electores. Conceptual-mente el Legislador ha podido mantener un balance entre los intereses democráticos en conflicto sin sacrificar la esencia de uno ni del otro.

III

Resumiendo, con referencia a la solicitud de auxilio de jurisdicción del recurrente, Gobernador de Puerto Rico, Romero Barceló, luego de analizar integralmente todas las dis-posiciones de ley pertinentes, somos de opinión.que procede, pues el modo de llenar la vacante acaecida en el cargo de Representante del Distrito Número 31, básicamente requiere el siguiente trámite:

(1) Convocatoria por el Gobernador dentro de 30 días a elecciones especiales. Adviértase que una elección especial es un término distinto al de primarias, Art. 5.006 (16 L.P.R.A. see. 3206) ;
(2) En esas elecciones especiales participarán, según la ley, todos los electores del distrito correspondiente, Art. 5.007 (16 L.P.R.A. see. 3207);
(3) Si a los sesenta (60) días siguientes a la vacante el partido al cual pertenecía el Legislador del escaño no pre-senta una candidatura (que significa “el total de candidatos de un partido político que figuren en la papeleta electoral en la columna correspondiente a tal partido”, Art. 1.003(7), 16 L.P.R.A. see. 3003(7), la elección especial cesa de estar restringida a candidatos exclusivos de ese partido, pudiendo presentarse como candidato cualquier elector independiente o afiliado a otro partido político.

Jurídicamente estamos convencidos de que esta interpreta-ción armoniza el lenguaje un tanto confuso del estatuto y constituye la fórmula conciliatoria y ecléctica concebida por nuestra Asamblea Legislativa de reconocer el derecho de todo elector —inclusive el de los interventores— de participar, a la par que el del partido político afectado, de retener, en pri-mera oportunidad, la vacante y, por ende, la composición numérica inicial en la Legislatura conforme a los trascen-dentales principios constitucionales envueltos.

A tono con lo expuesto, concurrimos con la paralización de los efectos de la sentencia recurrida, aunque estimamos que deben adoptarse las siguientes medidas de cautela:

a) La celebración de una inscripción de electores en el Distrito Representativo Núm. 31 para que oportunamente participen en esa elección;
b) Si el Partido Popular Democrático interesa ejercí tal-la opción reconocida por la ley, en o antes del 29 de marzo, debe presentar su candidatura para llenar esa vacante. So-bre este extremo, tomamos conocimiento judicial de que cuatro electores participaron en unos procedimientos internos con intención de ser candidatos al cargo vacante. En la medida en que la ley no autoriza esos trámites, como tampoco prima-rias, sino la mecánica explicada en esta ponencia, la candi-datura legal a ser presentada a todo el electorado en esta elección especial debe consistir de esos cuatro (4) aspirantes.

IV

A manera de epílogo y en nuestro deber de juzgar casos políticamente matizados, debemos recordar que la promoción de la independencia del poder judicial como factor preemi-nente y esencial de equilibrio en nuestra estructura demo-crática —Canon XIII de Ética Judicial— sitúa al juez en un precario estado de indefensión, compeliéndolo a menudo a re-nunciar al derecho innegable que tiene a “. . . defenderse de ataques abusivos a su persona o a su honra”. Id. (i). Aun así, la rectitud de una conciencia justa, íntegra y equitativa no sufre menoscabo ni se desvía ante la adversidad de los tiem-pos, la animosidad, la persecución o la infame acción concer-tada conspiratoria, sean de origen privado o público. Ese espíritu inexpugnable, rasgo tradicional y definitorio de la judicatura puertorriqueña, mantiene irreductible su moral y ecuanimidad a base de la fuerza dimanante de la dignidad ética del silencio, pues, “ [1] a experiencia indica que la male-dicencia es un hábito pobre, de valor humano negativo y de inferior valor social que puede muchas veces alcanzar a per-sonas de probada integridad contra quienes se desee echar a rodar, por la fantasía de las gentes muchas veces y otras por la maldad, inventivas como si fueran realidades, y falsías como si fueran verdades”. In re Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1, 34 (1969) —opinión disidente.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Armando Franceschini Sáez, acusado y apelante.

      Número: CR-80-80

      Resuelto: 31 de marzo de 1981

      Luis Roberto Santos, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El Ministerio Público acusó al apelante de infringir el Art. 107(d) de la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969 (13 L.P.R.A. sec. 6107(d) Celebrado el juicio por tribunal de derecho, el acusado fue declarado culpable y sentenciado al pago de una multa de cien dólares. El apelante plantea que erró el tribunal de instancia al fallar que es culpable y al negarse a admitir en evidencia un certificado nega-tivo de antecedentes penales expedido por la Policía de Puerto Rico.

Ninguno de estos señalamientos amerita la alteración del fallo o la sentencia. Hay base suficiente en la prueba de cargo para apoyar la conclusión del juez. Un sargento de la Policía declaró que, mientras estaba en servicio de ronda con tres agentes, pasó junto al negocio del apelante, “El Miramar”, sito frente a un caserío en Mayagüez. El testigo se detuvo al observar fuera del negocio un juego de cartas. Los jugadores huyeron y sólo pudo detenerse a uno. Mientras el testigo intervenía en el arresto, vio dentro del negocio al menor F.V.A., mientras éste le vendía una cerveza a un pa-rroquiano. El sargento inquirió del menor quién era el dueño del negocio. El menor le indicó que era el apelante y que éste lo había dejado a cargo del establecimiento mientras iba a almorzar.

El apelante negó que hubiese autorizado al menor a vender bebidas alcohólicas. El menor a su vez negó que las hubiese vendido.

El conflicto resultante en la prueba fue dirimido por el juzgador de los hechos. En ausencia de error, prejuicio o par-cialidad, no intervendremos en la apreciación de la prueba que efectúe un tribunal de instancia. Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125, 130-31 (1977).

Respecto al segundo planteamiento, el apelante lo funda parcialmente en la Regla 71 de Evidencia y argumenta que “ [u]n certificado de antecedentes penales emitido por la Policía de Puerto Rico es la mejor evidencia del comportamiento previo de un ciudadano”. La alusión a la Regla 71 es improcedente. La Regla 71 se refiere al modo de probar el contenido de un récord público u otro documento, especial mente cuando está en controversia su certeza. Según señalamos en Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481, 488 (1978), al comentar el propósito de esta norma, la “ ‘Regla de la Mejor Evidencia’ . . . proclama la inadmisibilidad de evidencia secundaria del contenido de un escrito, salvo que satisfactoriamente se explique la omisión de producir el original”. Lo que envuelve el caso de autos no es si el documento en disputa cumple o no con los requisitos formales para su admisión. La cuestión en controversia es si puede dejarse sin efecto en las circunstancias específicas de este pleito la exclusión alegadamente errónea de la prueba ofrecida. La Regla 71 no es pertinente para el análisis del segundo señalamiento de error.

La invocación de un fundamento equivocado para impugnar la exclusión de la prueba ofrecida exige la conside-ración del efecto en este caso de la Regla 5 de Evidencia. Las razones para requerir que se lleve a la consideración del tribunal de instancia la naturaleza, el propósito y la perti-nencia de la prueba excluida son ponerlo en condiciones de medir el justo alcance de su determinación sobre la admisi-bilidad de la prueba, así como proveer un récord que le per-mita a esta Corte precisar si la exclusión efectuada fue co-rrecta. Véase: 1 Weinstein’s Evidence, N.Y., Mathew Bender, 1980, ¶103[03], págs. 103-27. Los tribunales han sido gene-ralmente severos en rehusar que se altere en apelación la base en que se haya atacado originalmente la exclusión de prueba. United States v. Anderson, 618 F.2d 487 (8th Cir. 1980); United States v. Homer, 545 F.2d 864 (3d Cir. 1976), cert. denegado: 431 U.S. 954 (1977). Consideramos que tal debe ser la norma en la generalidad de los casos, pero examine-mos en mayor detalle los términos de la Regla 5(1). El primer inciso de esta regla permite que se deje sin efecto una determinación de exclusión de evidencia cuando, de cumplirse también con los requisitos que impone el segundo inciso, “ [1] a evidencia fue erróneamente excluida a pesar de que la natu-raleza, propósito y pertinencia de la misma fue traída a la atención del tribunal mediante una oferta de prueba o por cualquier otro modo .. (Énfasis nuestro.) El texto es similar al código californiano, West’s Anno. Calif. Codes, Evidence, sec. 354, y a la Regia 103(a) (2) de las Reglas Federa-les de Evidencia. La regla federal no permite el señalamiento de error en la exclusión de prueba, a menos que “mediante oferta se haga saber al tribunal la sustancia de la prueba o ésta se desprenda del contexto dentro del cual se hicieron las preguntas". (Traducción y énfasis nuestros.)

El historial de nuestra Regla 5(1) no revela que haya sido la intención impedir en todo caso el señalamiento de error en la exclusión de prueba cuando no se le indique al tribunal de instancia el fundamento preciso de su admisión. Consideramos que puede haber circunstancias singulares en que la naturaleza, propósito y pertinencia de la prueba se desprendan claramente del contexto de su presentación y en que el fundamento del pretendido error sea evidente. Tal es el caso actual. Resalta del récord que el objetivo del acusado era presentar prueba de reputación sobre su carácter. Estimamos que el hecho de que no invocó la Regla 65 (U), la 20(A) (1) o la 45 no es base de por sí para que nos neguemos a considerar su señalamiento de error en circunstancias como la presente en que se ha cumplido con el objetivo básico de la Regla 5(1), ya que los tribunales concernidos pudieron y pueden pasar juicio sobre el señalamiento, sin enfrentarse a verdadera incertidumbre sobre la naturaleza, el propósito y la teoría del promovente sobre la pertinencia de la prueba. Nuestra Regla 5(1) no está en conflicto en este sentido con la Regla federal 103(a) (2).

El segundo inciso de la Regla 5 presenta, del otro lado, dificultades mayores para el apelante. El segundo inciso prohíbe que se deje sin efecto una determinación de exclusión de evidencia, excepto cuando “el tribunal que considera el efecto de la exclusión errónea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita”. En este caso el tribunal permitió que el acusado testificase sobre el hecho de “nunca haber tenido problemas con la justicia durante toda su vida, salvo por este incidente”. El tribunal que emitió el fallo y dictó la sentencia tuvo ante sí, por tanto, en forma testifical, la misma prueba que rechazó en forma documental al excluir el certificado negativo de antecedentes penales. No podemos concluir en tales circunstancias que el efecto de excluir la prueba fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia.

La conclusión que antecede torna en innecesaria toda dis-cusión sobre la admisibilidad de la prueba excluida en este caso.

Se confirmará la sentencia apelada.

       La disposición citada castiga el empleo de “menores de diez y ocho (18) años en el expendio de bebidas alcohólicas”.

      La Regla 71 dispone:
      “El contenido de un récord público u otro documento que esté bajo la custodia de una entidad u oficina pública puede ser probado mediante copia certificada del original expedida por funcionario autorizado, o copia declarada correcta o fiel por un testigo que la haya comparado con el original. Si ello no es posible, a pesar del ejercicio de razonables diligencias por parte del proponente, otra evidencia secundaria del contenido del original será admisible.”

      La Regla 5 provee:
      “No se dejará sin efecto una determinación de exclusión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de exclusión errónea de evidencia a menos que,
      (1) La evidencia fue erróneamente excluida a pesar de que la natura-leza, propósito y pertinencia de la misma fue traída a la atención del tribunal mediante una oferta de prueba o por cualquier otro modo, y
      (2) el tribunal que considera el efecto de la exclusión errónea en-tiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita.”

      En el análisis editorial de Práctica Procesal Puertorriqueña: Evi-dencia, Vol. I, pág. 97, se expresa:
      “Si no se objeta, o si se objeta inoportunamente o sin invocar el funda-mento correcto, surge el efecto de una renuncia al derecho a objetar. La parte perjudicada por la admisión o exclusión errónea de evidencia tiene la obligación de objetar oportuna y correctamente. Si no lo hace se entiende que renuncia al planteamiento. De ahí que la regla general es que no puede una parte quejarse en revisión o apelación por un error de admisión o exclusión errónea de evidencia cuando no objetó oportuna y correctamente en el tribunal de instancia. Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en innumerables ocasiones.”

      En la jurisdicción federal pueden considerarse planteamientos no efectuados ante el tribunal si el error es manifiesto y afecta derechos sus-tanciales. Regla 103(d). United States v. Darland, 626 F.2d 1235, 1237 (5th Cir. 1980). Véase, además, nuestra Regla 6 de Evidencia.


text:
    José A. Fernández Pabón, lesionado, Ford Motor Company, Inc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, Fondo del Seguro del Estado, asegurador.

      Número: O-80-263

      Resuelto: 31 de marzo de 1981

      O’Neill & Borges e Irwin H. Flashman, abogados de la recu-rrente; Enrique Pellot, Antonio Acevedo Torres y Francisco Falú Lebrón, abogados de la Administradora del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Ford Motor Company Caribbean, Inc., no subsanó dentro del tiempo prescrito por el Secretario del Trabajo ciertas deficiencias en su fábrica. Debido a ello, un obrero sufrió un accidente en el año 1969. Fue compensado por el Fondo del Seguro del Estado. Se le adjudicó una incapacidad de un 5% que la Comisión Industrial aumentó a 10%. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 3-B de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 4a, se impuso al patrono una compensación adicional igual a la concedida por el Fondo, según aumentada por la Comisión Industrial. El patrono hizo efectivo el pago.

Algún tiempo después, el obrero acudió nuevamente al Fondo alegando una recidiva. “[F]ue dado de alta con un 30% de las funciones fisiológicas generales por su condición orgánica a descontar lo anteriormente pagado y un 30% de las funciones fisiológicas generales por condición emocional, independiente de lo otorgado por su condición orgánica.” El Fondo determinó que la compensación adicional ascendía a la cantidad de $10,000, a la que había que restar lo pagado originalmente, $2,025.00, correspondiéndole la suma de $7,975.00. El Fondo requirió entonces del patrono el pago de esta cantidad adicional.

El patrono acudió ante la Comisión Industrial. Solicitó que el obrero se sometiera a un examen físico y un examen emo-cional que se llevarían a cabo por los médicos seleccionados por el patrono.

La Comisión Industrial negó el pedido. A la solicitud de revisión radicada por el patrono concedimos a la parte recu-rrida un término “para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto solicitado y una vez expedido revocar la resolución que dictara la Comisión Industrial en el caso de Fernández Pabón, lesionado, Ford Motor Company, patrono, Núm. C.I. 70-7-5819 y dictar otra permitiendo al patrono someter al lesionado a exámenes médicos a ser practicados por médicos seleccionados por el patrono y presentar su tes-timonio en adición a cualquier otro testimonio pertinente”.

La contención del recurrido para negarle al patrono in-vestigar y precisar la condición del obrero, que encontró eco ante la Comisión Industrial, es al efecto de que el patrono no tiene derecho a apelar para contradecir o impugnar la deter-minación de compensación ni de incapacidad reconocida por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

Examinada la ley, no tiene base el fundamento aducido por la Comisión Industrial. Expresamente dispone el esta-tuto :

De la decisión del Administrador imponiendo la compensa-ción adicional, el patrono podrá apelar ante la Comisión Industrial dentro de un término de treinta (30) días después de haber sido notificado.

Y precisamente de una resolución del Administrador del Fondo, que impone la compensación adicional en la cual se incluye una incapacidad de un 30% por condición emocional, es que recurre el patrono.

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución recurrida y se dictará otra que permita al patrono someter al obrero a exámenes médicos que serán practicados por médicos seleccionados por el patrono y presentar su testimonio en adi-ción a cualquier otro testimonio pertinente.

      “En los casos en que la lesión, enfermedad ocupacional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiera provenido como consecuencia de violaciones de las sees. 321 a 335a del Título 29, o de las reglas o reglamen-tos aprobados en virtud de las mismas, debidamente notificados y no sub-sanados dentro del tiempo prescrito por el Secretario del Trabajo, el perju-dicado o sus beneficiarios, en caso de muerte tendrán derecho a recibir una compensación adicional equivalente a la establecida por este Capítulo.
      “La compensación adicional aquí dispuesta, será pagada por el Ad-ministrador de una sola vez del Fondo1 para Casos de Patronos no Asegura-dos. El montante de dicha compensación adicional se cobrará al patrono y constituirá un gravamen (lien) sobre toda la propiedad de éste, haciéndose efectiva en la forma provista en este Capítulo para el cobro de la com-pensación en el caso de patronos no asegurados. Las sumas a pagarse en virtud de esta sección no se tomarán en consideración a los fines de la fijación de primas.
      “De la decisión del Administrador imponiendo la compensación adi-cional, el patrono podrá apelar ante la Comisión Industrial dentro de un término de treinta (30) días después de haber sido notificado.”