author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Dávila.

text:
    Humberto Zayas Chardón, demandante y recurrente, v. Rexach Construction Co., Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-71-142

      Resuelto: 31 de diciembre de 1974

      Charles R. Cuprill, abogado del recurrente; McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Código Civil tiene maneras de regular el poder disposi-tivo de un padre sobre bienes de sus hijos menores exigiendo por regla general la previa autorización judicial y en otras ocasiones remitiendo la conveniencia e interés del menor al celo y buen juicio del padre de familia. Prohíbe a éste actos de enajenación directa o implícita, pero le reserva cierta lati-tud en el campo de la administración y de este modo el Código crea dos esferas visibles, a veces sobrextendidas y entrela-zadas, de enajenación y de administración.

El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de $2,000, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de aquellos, sin previa autorización de la sala del Tribunal Superior del lugar en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a procedimientos legales especiales. (Art. 159.) El Código atempera el rigor de la prohibición como en el caso reglado por el Art. 1013 (31 L.P.R.A. see. 2879) en que tratándose de menores sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la inter-vención ni la aprobación judicial, siempre y cuando que no exista el interés opuesto previsto en el Art. 160 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 617).

También se dispensa el requisito de previa aprobación judicial en el sistema doctrinal integrado por el art. 154 del Código Civil que confiere la administración de los bienes de los hijos que estén bajo la patria potestad en primer término al padre y en ausencia o impedimento legal o muerte de éste a la madre; el Art. 155 (31 L.P.R.A. see. 612) que declara: “Los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido o adquiera con su trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo, pertenecen al hijo en propiedad, y en usufructo a los padres que le tengan en su potestad y compañía; pero si el hijo, con consentimiento de sus padres, viviere independientemente de éstos, se le reputará para todos los efectos relativos a dichos bienes, como emancipado, y tendrá en ellos el dominio, el usufructo y la administración”; y el Art. 406 (31 L.P.R.A. see. 1517) que a su vez dispone que “. . . en el usufructo legal podrá el usufructuario explotar las minas existentes en los predios, haciendo suyas la mitad de las utilidades que resulten, después de

rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el propie-tario. Exceptúase el caso de que, en el usufructo del cónyuge viudo, se descubran yacimientos mineros en un predio, después que haya sido asignado para satisfacer la cuota usufructuaria. Cuando eso suceda, los herederos podrán proceder a una nueva asignación de bienes, a fin de que la cuota usufructuaria sea satisfecha en la proporción legal.”

En este esquema del Código la gestión del padre usufructuario está restringido por condiciones específicas, como lo son que tenga el hijo en su potestad y viva en su compañía y que las minas o canteras existan, esto es, que estén denunciadas, concedidas o en laboreo al tiempo de comenzar el usufructo. El Art. 410 (31 L.P.R.A. see. 1521) hace al padre responsable de indemnizar a los hijos propietarios por el deterioro de la cosa imputable a su dolo o negligencia.

El padre, como usufructuario legal, goza de la potestad que Seaevola califica de eminentemente facultativa, de disfrutar por mitad con el nudo propietario, siempre que abone, también por mitad los gastos, las minas denunciadas, concedidas o en beneficio al causarse dicho usufructo.

La aparente extensión de un privilegio al padre como usufructuario legal de los bienes que adquiera su hijo menor no emancipado al amparo del Art. 155 del Código Civil tiene raíz y explicación en el fomento de la familia como unidad de afecto y de actividad económica que en ambos aspectos se disminuye con la fragmentación del patrimonio durante la minoridad; y en el buen propósito adicional de retribuir al padre que concentra su esfuerzo y sus recursos propios en alimentar, educar y auxiliar a sus hijos menores evitando el desmembramiento de un valor superior inigualable como lo es el hogar con el grupo de familia unido en toda aspiración de bienestar espiritual y material. De lo que resulta que este usufructo no es tanto privilegio sino reconocimiento al buen padre que parte el pan en la mesa con sus hijos y los encauza por sendas de bien y de honor.

Sustentan igual criterio las autoridades: Seaevola: Los usufructos legales . . se establecen entre personas íntima-mente ligadas con vínculo familiar, marido y esposa, padres e hijos, y se llega sin esfuerzo a la idea de una sociedad o comunidad de ganancias traducida en la coparticipación por mitad de utilidades y de gastos. Estos motivos de afec-tividad y el pensamiento predominante en la ley al crear los usufructos legales, de compensar obligaciones de naturaleza con disponibilidades ciertas, explica también que en la ten-dencia de beneficiar los lucros, se hayan valorizado a los efectos perceptivos y en la forma que establece el Art. 477, las minas ya reveladas y denunciadas al constituirse el usufructo.” Seaevola, Código Civil, To. 9, pág. 283, Quinta ed. (1948); Manresa: “Sobre estos bienes [los propios del hijo conocidos como peculio adventicio, v. gr., la herencia] es preciso reconocer derecho al padre: Io., en interés del hijo porque nadie los administrará con tanta solicitud que aquel a quien Dios, la Naturaleza y la ley han confiado la misión de velar por todos sus intereses desde los más insignificantes del orden material hasta los más elevados de carácter espiri-tual; 2°., en concepto de indemnización por los beneficios que al hijo proporciona al suministrarle condiciones para su vida, lo que es un principio económico de indudable justicia”; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, To. 2, pág. 51, Séptima ed. (1957). Y en sus comentarios a los Arts, del 476 al 478 del Código Civil Español, concordantes con los Arts. 405 al 407 del nuestro (31 L.P.R.A. secs. 1516-1518), añade: “La aplicación de estos preceptos no ofrece dificultad. En el usufructo legal concedido a los padres o al marido, éstos son usufructuarios y administradores. Si, pues, el hijo, por título lucrativo, o la mujer, como dote inestimada, obtienen una finca en la que exista una mina, mina y finca son adminis-tradas por el padre o el marido, y sus utilidades son para él y sus hijos o su mujer; todo queda en la familia y no se lesiona derecho alguno.” Manresa, opus cit, To. 4, pág. 494, Séptima ed. (1972). Castán identifica como usufructo legal el que “corresponde al padre o madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados (Art. 160), aunque, en realidad, está establecido no en beneficio exclusivo del usufructuario, sino en interés de la familia regida por él.” Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Forál, To. 2, Vol. II, pág. 61, Undé-cima ed. (1973); Puig Brutau llama usufructo “de disposi-ción” a éste que no obliga a conservar los bienes usufructua-dos para que, al extinguirse, el propietario los encuentre en forma sustancialmente igual a la que tenían al ser constituido y dice que la rareza de esta figura desaparece si se le relaciona con su finalidad o los intereses a cuyo servicio se halla, pues consiste en un instrumento adaptado a necesidades de tipo familiar. Y termina declarando que “Hay, pues perfecta con-gruencia en la función que ha de desempeñar esta figura jurí-dica cuando se faculta al usufructuario a cuyo cargo está la jefatura de una familia para que pueda enajenar en determinadas circunstancias.” Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, To. 3, pág. 363, Primera ed. (1953). Finalmente el Tribunal Supremo de España resuelve que “corresponde al padre, y en su defecto a la madre, el derecho a usufructuar los bienes privativos de sus hijos no emancipados en cuanto ejerzan sobre éstos la patria potestad; y siendo esta potestad, no la mera condición de padre, el título en virtud del cual se adquiere aquel derecho, claro es que no se ha establecido en provecho personal y exclusivo del usufructuario, sino en bene-ficio de la familia por él regida y con el fin principal de ayu-darle a levantar las cargas inherentes a la patria potestad, entre las cuales se encuentra la de criar, alimentar y educar a su prole; resultando por ello subordinado el goce de aquel derecho al cumplimiento de este deber, cuya subordinación es tanto más evidente cuanto que por el solo objeto de que en todo caso pueda hacerse efectiva anteponiendo el cumplimiento de las obligaciones familiares a las personales del usufructuario, ha declarado el Art. 108 de la Ley Hipotecaria que esta especie de usufructo no es hipotecable.” En consideración a tan alto destino declara preferente el derecho de los hijos a percibir alimentos con cargo a los productos de sus propios bienes usu-fructuados por su madre, en concurrencia con el Banco de España, acreedor personal de la misma. Sentencia de 7 de julio de 1892, según citada por Scaevola, Código Civil, To. 3, pág. 556, Quinta ed. (1942).

Considerando la facultad del padre usufructuario legal de una mina cuya explotación conduce a la desmembración de la propiedad y grave erosión de su valor económico, pues la mina no da frutos, da su propia sustancia, surge moderada y sobria la potestad administrativa del padre cuando ejerce su derecho de usufructuario para remover de la finca piedra, tierra y demás productos pétreos que por presentarse en forma más superficial que los minerales, con extensión mucho mayor que éstos, no requieren una técnica complicada de explotación ni alcanza el grado de agotamiento del inmueble inevitable resul-tado de la operación minera.

La parte recurrente en el presente caso es un padre que posee en común proindiviso con cuatro hijos menores de edad varias fincas que constituyen un solo fundo. Suscribió con la corporación recurrida un contrato para extracción de tierra de dichas fincas que habría de utilizarse como relleno. La recurrida extrajo material por algún tiempo, y luego re-husó continuar la operación por entender que siendo la extracción y venta de tierra para relleno un acto de enajenación y no de administración, la falta de autorización judicial exigida por el Art. 159 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 616) hace del contrato una nulidad. Así también lo entendió el tribunal de instancia, que al no percibir la facultad dispositiva que de la administración de este tipo de usufructo deriva el padre con patria potestad por interacción de los Arts. 154 y 155 y especialmente el 406 del Código Civil, dictó sentencia sumaria desestimando la demanda sobre cumplimiento específico de contrato instada por el padre recurrente.

Incidió el tribunal de instancia pues la regla especial del Art. 406 para el usufructo legal de minas, canteras, turbone-ras y escoriales en determinadas circunstancias excluye la necesidad de previa autorización judicial dispuesta como regla general para enajenación y gravamen de bienes pertenecientes a menores enunciada por el Art. 159 del Código Civil.

Como el pleito no llegó a juicio en el Tribunal Superior, no disponemos de hechos probados sobre los cuales hacer una adjudicación en orden a la doctrina aquí expuesta, lo que nos obliga a devolver el caso al tribunal de instancia para conti-nuación de procedimientos consistentes con esta opinión.

La sentencia sumaria será revocada.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado, sin opinión. El Juez Asociado, Señor Dávila, emitió opinión disidente. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, no inter-vino.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1974

Disiento. No cuestiono la corrección de aquella parte de la opinión que expone la doctrina general sobre el usufructo de los bienes de los hijos. Discrepo, sin embargo, de su aplicación a los hechos de este litigio. En la opinión del Tribunal se expone que “Considerando la facultad del padre usufructuario legal de una mina cuya explotación conduce a la desmembra-ción de la propiedad y grave erosión de su valor económico, pues la mina no da frutos, da su propia sustancia, surge moderada y sobria la potestad administrativa del padre cuando ejerce su derecho de usufructuario para remover de la finca piedra, tierra y demás productos pétreos que por pre-sentarse en forma más superficial que los minerales, con ex-tensión mucho mayor que éstos, no requieren una técnica com-plicada de explotación ni alcanza el grado de agotamiento del inmueble inevitable resultado de la operación minera.”

Una simple lectura de los Arts. 405 y 406 del Código Civil, en los cuales se funda la opinión del Tribunal para sostener la validez de la actuación del usufructuario, para extraer y vender piedra y tierra para relleno, de una finca perteneciente a un menor, demostrará que sus disposiciones se circunscriben a establecer los derechos del usufructuario ex-clusivamente en las minas que pueden existir en el predio usufructuado. No puedo estar de acuerdo con extender la aplicación de lo dispuesto en los mencionados artículos al usu-fructuario de todo un predio de terreno.

Contrario a lo que se expresa por el Tribunal, remover de una finca piedra y tierra indiscriminadamente puede afectar sustancialmente el valor de ésta, ocasionando que resulte in-servible para el mejor uso de acuerdo a su localización. Una parcela de terreno bien localizada, con potencialidades para un desarrollo urbano, puede quedar inservible para este uso, si se extrae de la misma piedra y tierra sin hacer un estudio previo de la topografía y determinar en los sitios que puede extraerse y hasta qué niveles. Igualmente, una finca agrícola puede quedar inservible para este uso si al extraerse la tierra se elimina toda la capa vegetal. La explotación de una mina es diferente, pues posiblemente el único uso que tiene esa por-ción de la finca donde está ubicada la mina es ése. Es inte-resante apuntar que se ha criticado la norma establecida por los citados artículos para el usufructo de minas ya que puede ocasionar la destrucción de la cosa objeto del usufructo. Val-verde, hace mención a lo dispuesto por el Código Alemán que requiere un plan de explotación previo para evitar la destruc-ción de las minas. Afirma que “este criterio o solución al problema es muy racional; mediante el plan estudiado por personas competentes puede salvarse la sustancia y no des-truirse la cosa objeto del usufructo” pasando entonces a expre-sar que “nuestro código mantiene un criterio poco fundado . . . .” Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo 2, pág. 432 (4ta. ed.). Si éste es el criterio en cuanto a minas, no puedo comprender la sabiduría de la norma establecida por el Tribunal al extenderlo a todo un predio de terreno por interpretación judicial.

Por lo anteriormente expresado es que entiendo que la extracción de tierra de una finca puede, en ciertos casos, cons-tituir un gravamen y que debe acudirse al tribunal para que éste pueda determinar las condiciones bajo las cuales es más conveniente para el menor la extracción del relleno.

      La voz “minas” se usa por los tratadistas por extensión analógica para incluir “canteras” y “turberas”. El vocablo “turba” aparte de la difun-dida acepción en nuestro vernáculo, es el nombre de un combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos de color pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso que al arder produce humo denso.

      A este criterio, aceptado por todos los comentaristas de relieve, llegó Seaevola en proceso de rectificación, pues antes dictaminó como el juez de instancia que al padre usufructuario legal no podía entregársele la explotación de una mina o cantera porque no siendo el mineral un fruto sino la sustancia del fundo, deberá conservarse en su integridad para el nudo propietario al extinguirse el usufructo. Al retirar su anterior dictamen el ilustre tratadista echó a un lado una sentencia de 7 de mayo de 1879 por el Tribunal Supremo de España y prefiere aplicar lo que llama el criterio de la ley: “juzgo como usufructo la mitad de las utilidades que resulten después de rebajar los gastos, que se satisfarán por mitad con el propietario.” Seaevola, Código Civil, Tomo 9, págs. 279 y ss., ed. 1948.

      En lo que respecta a “minas” diferenciadas de “canteras”, este usufructo está hoy afectado por legislación especial. 28 L.P.R.A. secs. Ill y ss.

       Se ha resuelto por el Tribunal Supremo de España que tampoco es necesaria la autorización judicial para la enajenación de bienes en la vía de apremio seguida ante la autoridad judicial, ni para otorgar escritura de retroventa por el padre en nombre de sus hijos menores, ni para la compra de bienes bajo condición impuesta al hijo comprador, por gravosa que sea; para la repudiación de herencia o legados, ni para admitir un nuevo socio en una sociedad mercantil, ni cuando el testador deja a los menores, que no sean sus herederos forzosos, herencia o legado de importancia, dispen-sando de la obligación de obtener autorización judicial para su venta. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. IV, Vol. 2, pág. 211, Primera ed. (1970).

        Articulo 405

      “No corresponden al usufructuario de los predios que existan minas los productos de las minas, a no ser que expresamente se le concedan en el título constitutivo del usufructo, o que sea universal.
      “Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras, cal y yeso de las canteras para reparaciones u obras que estuviere obligado a hacer, o que fueren necesarias, en la finca usufructuada.” Artículo U06

      “Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, en el usufructo legal podrá el usufructuario explotar las minas existentes en los predios, haciendo suyas la mitad de las utilidades que resulten, después de rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el propietario. . . .”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: Juez Asociado, Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Telephone Company, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Hon. Flavio E. Cumpiano, recurrido.

      Número: O-75-1

      Resuelto: 7 de enero de 1975

      Brown, Newsom & Córdova, Iván Díaz de Aldrey y Alberto Picó Santiago, abogados de la peticionaria; McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Baltazar Corrada del

      Río, abogados de la interventora I.T.T. Caribbean Manufacturing, Inc.
   per curiam:

Se nos solicita que se dejen sin efecto una resolución y una orden del Tribunal Superior, fechadas el 31 de diciembre de 1974, decretando la suspensión de la adjudi-cación de una subasta. Considerados los escritos sometidos por las partes, así como sus argumentos y admisiones vertidos en la vista celebrada durante la mañana de hoy, estimamos que procede la concesión del remedio.

La peticionaria, Puerto Rico Telephone Company (“PRTC”), antes subsidiaria de International Telephone and Telegraph Corporation (“ITT”), otorgó un Contrato de Sumi-nistros con ITT para la compra e instalación de cierto equipo de conmutación fabricado por ITT Caribbean Manufacturing, Inc. (“ITTCM”), otra subsidiaria de ITT. La Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico adquirió el mismo día la totalidad de las acciones de PRTC.

Surgió posteriormente una controversia entre las partes sobre la interpretación de ciertas cláusulas del Contrato de Suministros. PRTC radicó entonces la demanda en el caso de autos, en la que alega que las disposiciones contractuales en disputa violan diversos artículos de la legislación para comba-tir los monopolios, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. see. 257 et seq. ITTCM interpuso a continuación una moción en el caso, solicitando que se ordenase a las partes proceder a arbitrar la controversia bajo determinada disposi-ción del Contrato de Suministros y requiriendo la paralización pendente lite de la adjudicación de una subasta para la adqui-sición de equipo de otra índole anunciada por PRTC hace algún tiempo y cuyo plazo de adjudicación expira en el día de hoy.

El Tribunal Superior ordenó la suspensión de la adjudi-cación de la subasta, absteniéndose de resolver hasta después de una vista que ha señalado al efecto si procederá a adjudi-car la validez o nulidad de las cláusulas en controversia o a ordenar el arbitraje. Contra esta determinación es que se incoa el presente recurso.

El presente recurso se contrae estrictamente a resolver si bajo los principios imperantes de ley procede o no dentro de este pleito paralizar la adjudicación de la subasta celebrada por PRTC.

La parte promovente de una orden provisional de este tipo, injunction preliminar o injunction 'pendente lite en auxilio de la jurisdicción del tribunal, tiene el peso de probar su procedencia. 11 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure 429. No se ha descargado aquí esta obligación.

En la determinación de si procede conceder un remedio como el requerido ante el Tribunal Superior deben considerarse los siguientes criterios: la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; la probabilidad de que la causa se torne en académica de no concederse el injunction y, sobre todo, el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. 32 L.P.R.A. see. 3523; 11 Wright and Miller, op. cit., 430-1, 457 et seq.; Developments in the Law — Injunctions, 78 Harv. L. Rev. 994, 1001-1012 (1965).

En el presente caso, ITTCM goza de remedios adecuados en ley. De asistirle la razón puede optar por los remedios usuales disponibles en derecho. No se le expone a perjuicios irreparables y por lo tanto no existe peligro suficientemente sustancial de que el recurso se convierta en académico. Del otro lado, según señala el tribunal de instancia, la no adjudi-cación de la subasta haría imposible cumplir con los términos dispuestos en la invitación a ella, lo que causaría demora y dislocamiento en el programa de expansión y mejoramiento del sistema telefónico en Puerto Rico.

Las probabilidades, por último, de que ITT y sus subsidiarias prevalezcan en su contención de que debe arbitrarse la cuestión de si las cláusulas concernidas del Contrato de Suministros violan o no nuestra legislación antimonopolística no aparenta de su texto ser lo suficientemente sustanciales como para inclinar la balanza de su lado en el asunto ante nos, aparte de que la generalidad de los tribunales estima que las controversias referentes a tales violaciones no son arbitrables. Ring v. Spina, 148 F.2d 647 (2d Cir. 1945), cert. den. 355 U.S. 813 (1948); American Safety Equipment v. J. M. Maguire & Co., 391 F.2d 821 (2d Cir. 1968); Power Replacements, Inc. v. Air Preheater Co., 426 F.2d 980 (9th Cir. 1970); Paramount Famous LasJcy Corp. v. United States, 282 U.S. 30 (1930). Véanse: Perma Life Mufflers Inc. v. International Parts Corp., 392 U.S. 134 (1968); Loevinger, Antitrust Issues as Subjects of Arbitration, 44 N.Y.U.L. Rev. 1085 (1969).

Por los fundamentos que anteceden se expedirá el auto y se dejará sin efecto la orden dictada por el Tribunal Superior el SI de diciembre de 197U, prohibiendo la adjudicación de la subasta.

El Juez Asociado, Señor Antonio S. Negrón García, con-curre con el resultado en voto separado, con el cual concurre el Juez Asociado, Señor Angel M. Martín.

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado, Señor Negrón García

con el cual está conforme el Juez Asociado, Señor Angel Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de enero de 1975

Concurro con la determinación de este Tribunal dejando sin efecto la orden del tribunal de instancia que suspendió la adjudicación que se propone hacer la peticionaria Puerto Rico Telephone Company, de la subasta por equipo telefónico de conmutación de oficina central, por entender que las conclu-siones de hecho consignadas por dicho tribunal no son suficientes para cumplir con los requisitos de ley exigidos para la expedición de una orden de este tipo, que goza de la naturaleza de una de entredicho provisional. Código de Enjuiciamiento Civil 1933, Art. 677 (32 L.P.R.A. see. 3523).


author: Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio.

text:
    Gabriel González Ocasio y Otros, demandantes y recurridos, v. Municipio de Loíza y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-69-289

      Resuelto: 7 de enero de 1975

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, Américo Serra, Procu-rador General Auxiliar, abogados de los recurrentes; M. Orraca Torres y Elfrén R. Bernier, abogados de los recurri-dos.
   SENTENCIA

Un menor de cuatro años de edad falleció como consecuen-cia de una reacción anafiláctica provocada al administrársele una prueba de antitoxina tetánica en el Hospital del Munici-pio de Loíza. El tribunal de instancia impuso responsabilidad al Municipio al concluir, entre otros elementos de negligencia, que el enfermero auxiliar que administró la prueba incurrió en negligencia. En su consecuencia, condenó al Municipio a pagar la cantidad de $25,000 a cada uno de los padres del menor más $175.00 por gastos de funeral, $5,000 en con-cepto de honorarios de abogado y las costas.

El Municipio de Loíza nos pide la revocación de la senten-cia aduciendo 12 errores, de los cuales los primeros ocho van dirigidos a impugnar la apreciación de la prueba en lo que respecta a la negligencia; refiriéndose los errores noveno y décimo a hechos que no alteran en forma alguna el resultado del caso; y, el undécimo y duodécimo a cuestionar por excesiva la compensación adjudicada y la imposición de honorarios de abogado y costas del pleito.

Surge de la prueba que un perro mordió en el labio superior al menor. Sus padres lo llevaron al Hospital Municipal para que le suministraran atención médica. El Dr. William Cruz Pumarejo lo atendió y le recetó una dosis de 400,000 unidades de penicilina por tres días consecutivos y una dosis de 1,500 unidades de antitoxina tetánica, luego de que se le hiciera debidamente una prueba cutánea negativa. Ese mismo día se le inyectó la primera dosis de penicilina. El próximo día volvió el menor acompañado de su señora madre, quien entregó al enfermero auxiliar la prescripción del Dr. Cruz Pumarejo. Sin supervisión alguna del médico ni de la enfer-mera graduada, como era la práctica establecida en el hospital, Rosa administró la prueba de antitoxina tetánica en forma subcutánea en vez de cutánea. Minutos después el menor empezó a sentirse mal y, a pesar de los esfuerzos del Dr. Cruz Pumarejo, falleció, como ya dijimos, a consecuencia de una reacción anafiláetica.

El propio Dr. Cruz Pumarejo atestó que había prohibido “que se pusieran inyecciones no estando el médico presente, verdad, precisamente, en evitación de una cosa como ésta, que sucedió no estando el médico presente.” (Pág. 14 Deposición del Dr. Cruz Pumarejo, admitida en evidencia por estipula-ción de las partes.) El Dr. Joseph Aponte, perito de los recu-rridos puntualizó el carácter peligroso de esta prueba y la necesidad de observar sumo cuidado en su administración: “La prueba intradermal para el suero antitetánico, derivado de caballo que es una prueba peligrosa, en mi opinión, la debe hacer el médico, o quizás una enfermera graduada bajo la supervisión del médico, y la debe leer el médico.” (T.E. pág. 25.)

Los peritos de ambas partes estuvieron de acuerdo en que la prueba de la antitoxina tetánica fue la causa principal de la reacción anafiláctica, considerando la inyección de la peni-cilina como causa no probable. (Véanse págs. 22 y 23 testi-monio del Dr. Joseph Aponte perito del recurrido y pág. 63 testimonio del Dr. Fernando Machuca perito de los recurren-tes. )

Consideramos que estos hechos son suficientes para impo-ner responsabilidad al Municipio. En vista de esta conclusión, es innecesario considerar la impugnación de otras conclusiones de hecho, en las que aun teniendo razón el recurrente, no alte-raría el resultado del caso.

Con respecto a la compensación concedida a los padres del menor fallecido las partes estipularon que los padres del menor no eran casados ni vivían juntos en el momento de ocurrir los hechos, y, que sufrieron las angustias y sufrimien-tos que normalmente sufren los padres por la pérdida de un hijo varón de cuatro años. Consideramos excesiva la cuantía de $25,000 para cada uno de los padres por lo que debe redu-cirse la misma a la cantidad de $10,000. Igualmente debe reducirse la cuantía de honorarios de abogado a la cantidad de $2,500.

A tenor con lo anterior se modifica la sentencia recurrida a los fines de reducir la cuantía concedida a cada uno de los padres a la cantidad de $10,000 para cada uno y a $2,500 la cuantía concedida por concepto de honorarios de abogado más las costas.

Así modificada se confirma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Señor Secretario. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio concurre en voto separado. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, no intervino.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de enero de 1975

Estoy conforme con la sentencia dictada por el Tribunal en el presente caso, excepto en cuanto a la reducción de las cuantías concedidas por el tribunal de instancia de $25,000.00 para cada uno de los padres, por angustias y sufrimientos morales, más $5,000.00 por concepto de 'honorarios de abogado.

Aunque los padres no fueran casados ni vivieran juntos en la fecha de los hechos, y aunque las partes estipularan que sufrieron las angustias y sufrimientos que normalmente sufren los padres por la pérdida de un hijo varón de cuatro años, no creo que esto sea argumento válido para eva-luar los sufrimientos de los padres solamente en $10,000.00 para cada uno, sobre todo concurriendo la negligencia crasa que la prueba demuestra que ocurrió en este caso. Es cierto que la vida de un hijo no se puede pagar con dinero, pero los tribunales tienen la obligación de fijar una indemnización razonablemente justa; y no creo que lo sea la suma de $10,000.00 para cada uno de los padres. Considero que debe mantenerse la cuantía fijada por el tribunal de instancia; más los $5,000.00 concedidos por honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Philip Morris, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Juan José Ríos Martínez, Juez, demandado; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-74-171

      Resuelto: 8 de enero de 1975

      Goldman, Antonetti, Barreto, Curbelo & Dávila, abogados de la peticionaria; Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, aboga-dos del interventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 4 de mayo de 1971 la peticionaria Philip Morris, Inc., presentó ante el Secretario de Hacienda de Puerto Rico una solicitud para que le fuesen reintegrados $178,696.01 o para que se le expidieran nuevos sellos de arbitrios por dicha canti-dad. Fundó su solicitud en la razón de que en Nueva York le habían hurtado un cargamento de cigarrillos destinado para Puerto Rico y que las cajetillas de esos cigarrillos tenían adheridos los sellos de Rentas Internas del Estado Libre Aso-ciado, los cuales montaban a la suma antes indicada.

Ante la posibilidad de que el Secretario denegase la soli-citud, la peticionaria, previendo que tuviese que acudir a los tribunales, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 232 de 10 de mayo de 1949, según enmendada, 13 L.P.R.A. see. 261, pre-sentó en el Tribunal Superior de Puerto Rico una petición para que se le autorizase a tomar varias deposiciones de em-pleados suyos y del Departamento de Hacienda que intervi-nieron en Nueva York y en Virginia con dichos sellos y ciga-rrillos. El propósito de dicha petición era, desde luego, perpe-tuar el testimonio de dichas personas a los fines de la litiga-ción que parecía inminente.

La petición original fue presentada en el tribunal el 3 de diciembre de 1971 y el 28 de dicho mes y año la peticionaria presentó una petición enmendada. El Tribunal Superior, en vista de la petición enmendada, dictó en 29 de diciembre de 1971 una orden accediendo a lo solicitado y en la misma ordenó que tres copias de la petición y de la orden del tribunal fuesen entregadas al Secretario del Tribunal para que éste notificase al Secretario de Hacienda en o antes de 1 de enero de 1972, a tenor con lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Núm. 328 de 13 de mayo de 1949, 13 L.P.R.A. see. 286. La entrega al Secretario de Hacienda se hizo al día siguiente de emitida la orden por el tribunal, esto es, en 30 de diciembre de 1971.

En las copias de la petición recibidas por el Secretario de Hacienda constaban los lugares y fechas en que se tomarían las deposiciones. Se señalaban los días del 17 al 21, inclusives, de enero de 1972. Las deposiciones fueron tomadas durante esos días. El Secretario de Hacienda no formuló oposición ni compareció al acto de toma de las deposiciones.

Posteriormente, en 8 de marzo de 1972, la peticionaria presentó una solicitud adicional para la toma de deposiciones a dos detectives de Nueva York. El tribunal también accedió a dicha petición y la petición y la orden del tribunal fueron entregadas al Secretario de Hacienda en 15 de marzo de 1972, mediante diligenciamiento personal.

Posteriormente, en 24 de marzo de 1972, el Secretario de Hacienda presentó en el tribunal una moción solicitando que se dejasen sin efécto las órdenes del tribunal de 29 de diciem-bre de 1971 y 10 de marzo de 1972, que fueron las órdenes mediante las cuales el tribunal había dado su consentimiento para que la peticionaria tomase las deposiciones antes men-cionadas. Adujo el Secretario que dichas órdenes fueron dicta-das sin la previa notificación provista en la Regla 24.1 (b). La peticionaria nada hizo sobre la orden de 10 de marzo de 1972 pero se opuso a que se dejase sin efecto la de 29 -de diciembre de 1971, pues ya había tomado las deposiciones autorizadas por esa orden y había incurrido en los gastos que eso conlle-vaba. El tribunal dejó sin efecto ambas órdenes, pero no porque se hubiese omitido la notificación alegada por el Secre-tario de Hacienda sino por razón de que las órdenes fueron emitidas sin previa vista.

Expedimos certiorari para revisar esa actuación del Tribunal Superior. La Regla 24.1 de Procedimiento Civil establece el procedimiento a seguirse en la toma de deposiciones con antelación al juicio. El primer paso es presentar una solicitud jurada ante el tribunal en la cual se informan una serie de datos. Luego el tribunal señala la fecha para la vista de la petición. El peticionario notificará por escrito a las partes que designó en la petición como probables partes adversas copia de la petición y copia de una notificación en la que se especifica la fecha y lugar señalados para la vista de la petición. El diligenciamiento o entrega deberá hacerse por lo menos quince días antes de la fecha señalada para la vista, lo cual implica que el tribunal deberá señalar una fecha que haga posible cumplir con ese requisito.

En el caso de autos no se siguió ese procedimiento al pie de la letra. Se hizo lo siguiente: La peticionaria presentó su petición original no jurada en 3 de diciembre de 1971. Certi-ficó en ella que envió copia de la misma al Secretario de Hacienda. En 28 de dicho mes y año presentó una petición en-mendada y jurada, con tres copias adicionales para que el Secretario del tribunal notificase con esas tres copias al Secretario de Hacienda. El tribunal expidió la orden el 29 de diciembre de 1971 y ordenó que el Secretario de Hacienda fuese notificado con tres copias de la petición y de la orden del tribunal conforme a lo dispuesto en la ley. 13 L.P.R.A. see. 286. Como dijimos, dicha notificación al Secretario fue hecha en 30 de diciembre de 1971.

La contención de la peticionaria es que el procedimiento seguido cumplió sustancialmente con la Regla 24.1 y que el Secretario de Hacienda renunció a los errores de procedi-miento que hubiesen sido cometidos, al no objetar oportuna-mente a los mismos. El Secretario, por su parte, arguye que el tribunal no adquirió jurisdicción para dictar las órdenes en virtud de dichos errores.

A la luz de los hechos específicos de este caso, entendemos que la posición de la peticionaria debe prevalecer. La petición original presentada en 3 de diciembre de 1971, contiene una certificación firmada por el abogado de la peticionaria al efecto de que envió copia de dicha petición al Secretario de Hacienda. El Secretario no ha controvertido el hecho de que dicha copia le fue enviada y fue recibida por él. La Regla 24.1 (b) dispone que la copia de la petición será diligenciada en la forma prescrita por la Regla 4.4 para diligenciar un emplazamiento, el cual supone entrega personal y no por correo. Se ha sostenido, sin embargo, que una notificación enviada por correo que ha sido recibida por la parte equivale a una notificación personal. Despiáu v. Pérez, 76 D.P.R. 123, 125 (1954); Collazo v. Puig y Abraham, 70 D.P.R. 817 (1950); Insular Feed Corp. v. Díaz, 99 D.P.R. 145, 148 (1970). Esos casos envuelven notificaciones de apelaciones.

Los tribunales son más exigentes en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de los emplazamientos que cuando se trata de notificaciones de otros escritos. Cf. A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 310 (1970). En el propio caso de A.F.F. v. Tribunal Superior, supra, se citó a la pág. 316 el caso de Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291 (1931) en donde se resolvió que el tribunal adquiere jurisdicción cuando el demandado admite que fue notificado de la demanda. Citando a Lawton, en A.F.F. v. Tribunal, supra, dijimos que “lo que concede jurisdicción al tribunal es el hecho de la citación y no la certificación que de la entrega del emplazamiento haga el diligenciante.” (Bastardillas nuestras.) En los casos de notificación de otros escritos si la parte acepta, o si se prueba, que los recibió, el objetivo que la ■ley interesa queda realizado.

Moore al discutir la Regla 27 federal, equivalente a la Regla 24 nuestra, opina que si una posible parte adversa no ha sido notificada de la petición para la toma de deposición, dicha deposición no puede ser usada en su contra a menos que participe en la toma de la deposición. 4 Moore, Federal Practice, 2da. ed., sec. 27.18, pág. 1838. Pero Moore lo que discute es el supuesto de que la parte no haya sido notificada de la petición y no un caso como el presente que envuelve una notificación defectuosa.

El efecto de una notificación defectuosa en caso de toma de deposiciones se rige por la Regla 29.1 que provee como sigue:

“Todos los errores e irregularidades en la notificación para la toma de una deposición se consideran renunciados a menos que se entregue prontamente una objeción por escrito a la parte que hizo la notificación.”

Aunque esa regla sólo hace referencia expresa a la notificación para la toma de deposición, pero no a la notificación de la petición que se presenta para que el tribunal auto-rice la toma de deposiciones, el propósito fue que aplicase a éstas también. El propósito de esa disposición, y las demás de la Regla 29, es que se entiendan renunciados todos los errores relacionados con el proceso de toma de una deposición, a menos que la parte afectada objete oportunamente. 4A Moore, op. cit., sec. 30.57 [11]; 8 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, secs. 2153 y 2154; 2A Barron and Holtzoff, Federal Practice and Procedure, secs. 750.1 y 751; 7 Cyclopedia of Federal Procedure, 3ra. ed., secs. 25.351 y 25.356.

El propósito de la regla no se limita a lo expresado. Moore al comentar la Regla 32 federal, que es igual a la Regla 29 nuestra, señala que en el proyecto preliminar de las Reglas, aparecía la siguiente disposición al final de lo que vino a ser la Regla 32:

“Ninguno de los anteriores errores o irregularidades, aun cuando no hayan sido renunciados, evitará el uso de la deposi-ción, excepto si el tribunal encuentra que dichos errores des-truyen sustancialmente el valor o utilidad de la deposición como evidencia o si la hacen injusta o perjudicial.”

Moore explica que la disposición antes copiada fue omitida en las reglas según aprobadas, porque resultaba redundante, en vista de la Regla 61, equivalente a la Regla 50 nuestra, que ordena a los tribunales a hacer caso omiso de errores procesales, a menos que ello resulte incompatible con la justicia sustancial o se afecten los derechos sustanciales de las partes. Moore explica que la disposición antes copiada establece el standard aplicable para evaluar el efecto de errores e irregularidades en la toma de deposiciones y que, por consiguiente, aunque se objete a errores o irregularidades oportunamente, sólo aquellas que sean sustanciales impedirán el uso de la deposición en los tribunales. 4A Moore, op. cit., sec. 32.11.

A la luz de lo discutido, concluimos que el Secretario de Hacienda fue notificado de la petición original y renunció a que la misma fuese entregada mediante diligenciamiento personal, al no objetar oportunamente a esos errores y que la notificación de dicha petición original cumplió con el requisito de que fuese notificada por lo menos quince días antes de la vista. La notificación se cursó el 2 de diciembre de 1971 y la petición enmendada se vio el 29 de dicho mes y año. La objeción de que el Secretario de Justicia no fue notificado es además tardía y debe entenderse renunciada pues se levanta por primera vez ante este Tribunal.

Examinemos ahora lo relativo a que la petición se resolviese sin vista. El Secretario de Hacienda compareció por primera vez al tribunal a objetar los errores el 29 de marzo de 1972, cuando ya habían transcurrido cuatro meses desde que fue notificado de la petición original y tres meses desde que fue notificado de la orden autorizando la toma de deposiciones. Nada hizo el Secretario para impedir que las deposiciones fuesen tomadas, sino que se cruzó de brazos y esperó a que la peticionaria incurriera en gastos considerables en la toma de las deposiciones para luego señalar irregularidades que no podían ser subsanadas. El Secretario tampoco objetó a que la petición se resolviera sin vista, sino que fue el tribunal motu proprio el que trajo a colación la ausencia de vista. Es ante este Tribunal que el Secretario de Hacienda por primera vez plantea la cuestión de la vista. Dicha cuestión quedó renun-ciada bajo los criterios antes discutidos al no ser planteada oportunamente. Las mismas normas de juego limpio y de equidad que aplicamos a los demás litigantes, les son también aplicables a las oficinas y organismos públicos.

En adición a lo expresado, el lenguaje de la Regla 24.1 no parece hacer mandatoria la celebración de una vista en todo caso. La única mención que hace dicha Regla de una vista es la siguiente: “la notificación será diligenciada por lo menos 15 días antes de la fecha señalada para la vista... .” Es con-cebible que haya casos en que la vista no sea necesaria y en esos casos el tribunal puede obviarla.

Al discutir la naturaleza de la vista mencionada en la Regla 24.1, Moore señala que en lo que concierne a la vista sobre la petición, la intención de las reglas es que el procedi-miento sea sumario e igual a las vistas sobre las mociones. 4 Moore, op. cit, sec. 27.15, pág. 1834.

Si la vista a que alude la Regla 24.1 es, como expresa Moore, una similar a la vista de una moción, es pertinente observar que la Regla 78 federal faculta a los tribunales a disponer que las mociones que requieran vista se vean sin vista oral, pudiendo ser suplida ésta mediante escritos en apoyo y en oposición a dichas mociones. Si equiparamos una petición para la toma de deposición a cualquiera otra moción, a dicha petición le sería aplicable la Regla 7(a) de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia, la cual en su párrafo tercero dispone como sigue:

“Toda moción se considerará sometida para resolución, sin celebración de vista, a menos que el Tribunal motu proprio, o a solicitud de parte, resuelva a su discreción señalarla para vista. Esta regla no será aplicable a aquellas mociones que por disposi-ción de ley requieran celebración de una vista.”

Como indicamos, del lenguaje de la Regla 24.1 no deducimos que la celebración de la vista oral es mandatoria. Considerando las improbables objeciones que puedan levantarse para que el tribunal no acceda 'a la toma de deposiciones y lo inútil que resultaría la celebración de una vista cuando la posible parte adversa no se opone a la petición, entendemos que la vista mencionada en la Regla 24.1 es de carácter discrecional y no mandatoria. La discreción, desde luego, reside en el tribunal. Esta conclusión está en armonía con los esfuerzos actuales de hacer los trámites judiciales lo menos engorrosos posible y de prescindir de la celebración de vistas en ciertos procedimientos cuando no son necesarias y cuando no se ponen en peligro o se lesionan los intereses de las partes. Véanse las Leyes Núms. 203, 204 y 205 de 23 de julio de 1974.

Desde luego, no es éste el momento para expresarnos sobre si tiene o no la peticionaria derecho al reintegro solicitado o a los sellos adicionales.

En vista de lo anterior, se dejará sin efecto aquella parte de la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso en 2 de abril de 197i, la cual dejó sin efecto la orden del tribunal de 29 de diciembre de 1971 mediante la cual se autorizó la toma de 22 deposiciones, cuyas deposiciones fueron tomadas.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Jimmy Torres Cruz et al., demandantes y recurrentes, v. Municipio de San Juan, C. R. Bard, Inc., Aetna Casualty Insurance Company, Deseret Pharmaceutical Co., Inc., y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-74-251

      Resuelto: 9 de enero de 1975

      Plinto Pérez Marrero, abogado de los recurrentes; Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Vargas, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Esta controversia encierra interesantes cuestiones refe-rentes a la ley del caso y a las circunstancias y el modo en que un demandante puede responsabilizar a terceros deman-dados.

El 18 de octubre de 1968 se radicó demanda por negli-gencia contra el municipio de San Juan. Se alegaba en ella que varios días después del 23 de abril de dicho año se le administró un suero a la codemandante, partiéndose la aguja utilizada y permaneciendo en la vena una partícula de plástico. La partícula avanzó por el sistema sanguíneo hasta alojarse en el corazón, de donde tuvo que extraerse más tarde mediante intervención quirúrgica de pecho abierto.

El municipio contestó la demanda, alegando que el suceso se debió a un acto fortuito o a la negligencia del manufactu-rero de la aguja. El 13 de enero de 1969 el municipio radicó consecuentemente demanda contra C. R. Bard, Inc. (“Bard”), la supuesta fabricante, y contra la aseguradora de ésta, Aetna Casualty Insurance Company (“Aetna”).

El 1 de mayo de 1969 la parte demandante radicó un es-crito que tituló “Demanda Contra Terceros Demandados”, imputándoles los daños sufridos a Bard y Aetna. Aetna soli-citó la desestimación del mismo a base de varias alegaciones, entre ellas la prescripción de la acción y la improcedencia de una demanda contra tercero cuando se alega que éste le es responsable a los demandantes originales. El tribunal de ins-tancia declaró con lugar el 15 de mayo de 1969, sin especificar fundamentos, la moción de desestimación y ordenó la notifica-ción de su resolución, pero no su registro.

El 3 de julio de 1969 Aetna y Bard demandaron dentro del pleito a Deseret Pharmaceutical Company (“Deseret”), alegando que Deseret era la verdadera manufacturera de la aguja. El 6 de octubre de 1970, luego de unirse otros abogados a la representación legal de la parte demandante, se radicó con el permiso del tribunal demanda enmendada contra el municipio, Aetna, Bard, Deseret y otras personas innomina-das que pudiesen ser responsables de lo ocurrido. Deseret soli-citó sin éxito la desestimación de la demanda enmendada a base délas defensas de prescripción e incuria.

Bard y Aetna, no obstante, requirieron también en alega-ción aparte, la desestimación de la demanda enmendada, a base de la prescripción de la misma. Otro distinguido Juez Superior dictó esta vez sentencia parcial por las alegaciones a favor de Bard y Aetna. En su resolución expresó que la doctrina de la ley del caso no le permitía llegar a un resultado distinto al expuesto en la resolución de 15 de mayo de 1969 emitida por el primer juez. Se acude ante nos en solicitud de revisión de dicha sentencia parcial.

Examinemos la situación al 1 de mayo de 1969, cuando se radica el escrito de “Demanda Contra Terceros Demanda-dos”, desestimado por el primer juez. La antepenúltima ora-ción de la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil dispone que “El demandante podrá deducir cualquier reclamación contra el tercero demandado que surja de la transacción o evento que motive su reclamación original en el pleito....” Esta facultad puede ejercerse por vía de enmienda a la demanda original o por entablamiento de nueva causa, sujeto a las normas que rigen ambos procedimientos. 3 Moore, Federal Practice 14-376. Aún más, el demandante puede abstenerse de hacer for-malmente lo uno y lo otro y aún así prevalecer contra un ter-cero demandado si de la prueba surge dentro de determinadas circunstancias que éste le es responsable a aquél. Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168, 176-177 (1965); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, opinión en reconsideración, 102 D.P.R. 134 (1974) (Dávila).

La citada “Demanda Contra Terceros Demandados” debió en justicia considerarse como lo que era en su esencia, una solicitud de enmienda a la demanda, provocada a todas luces por la incorporación al pleito, vía la acción del municipio, de Bard y Aetna. Es natural también adscribirle a la parte de-mandante la intención de reducir a su expresión mínima los problemas de prescripción del litigio. La forma de designar las alegaciones no es determinante, por supuesto, de su natura-leza. Lo vital es determinar su función dentro del objetivo fundamental de las Reglas, que es la simplificación de los procedimientos para efectuar justicia entre las partes, para abrirles caminos a las partes y propiciar las soluciones justas y no para sembrar el campo de explosivos.

Procede, por tanto, determinar si debía concederse el permiso de enmienda en las circunstancias presentes y, de ser ello así, su efecto. La Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil dispone, en parte, que “el permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera.” Se deniega usualmente el permiso, no obstante, cuando su concesión entraña perjuicio indebido a la parte concernida o cuando la petición se intenta enmendar en momento irrazonablemente tardío. 3 Moore, Federal Practice 897 et seq.

En el caso de autos el municipio radicó su demanda contra Bard y Aetna unos meses antes de cumplirse el año del acci-dente que motivó el litigio. Bard y Aetna no estaban en posi-ción diferente a la que hubieran sufrido de demandárseles ori-ginalmente. Pudo haberse concedido el permiso de enmienda en esta etapa, como en efecto se otorgó mucho más tarde, in-corporándose en esta segunda ocasión a la demanda como de-mandada también a Deseret, la cual no ha recurrido ante nos. De hecho, los recurridos no han argumentado ante nos que el referido permiso se concedió indebidamente. Lo que aducen fundamentalmente es la defensa de prescripción.

Veamos, sin embargo, si el efecto del segundo permiso con-cedido o del primero que se debió conceder fue o no la retro-actividad de la enmienda. La Regla 13.3 de las de Procedi-miento Civil dispone que “Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alegación enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original.” La reclamación de los demandantes contra Bard y Aetna surgió del mismo evento expuesto en la alegación original. Se aplica por tanto la Regla 13.3 y la enmienda se retro-trae a la fecha de la demanda, bien en el caso del primero o el segundo permiso. Donde surge el elemento de discreción es bajo la Regla 13.1, al resolver el tribunal de instancia si debe o no admitir la enmienda. Yer Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, supra. En el presente caso la tercera deman-dada Aetna Casualty Insurance Company, en su moción para desestimar la demanda contra tercero presentada por los cónyuges demandantes, limita su defensa de prescripción a aseverar vagamente que la reclamación “está prescrita o ha caducado”, sin señalar las fechas que pudiesen poner al tribunal en condiciones adecuadas de resolver la cuestión. Al mo-mento de decidirse la moción, además, no había ninguna evi-dencia sometida al tribunal que pudiese tomarse en considera-ción. La contestación del 23 de julio de 1969 a los interroga-torios efectuados por Aetna no sólo fue notificada en fecha posterior a la resolución, sino que tampoco podía ni puede considerarse por el tribunal a quo, ya que no se presentó en evidencia. Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603 (1962). Véase, además, el Art. 108 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1971.

La resolución invocada para la aplicación de la doctrina de la ley del caso era consecuentemente errónea por lo que, bajo normas establecidas, el segundo juez envuelto en el litigio no estaba obligado por ella. Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 30 (1971) (Rigau).

Conviene, sin embargo, por la generalización de su uso y su impacto en este caso específico, que nos expresemos con mayor detalle sobre la aplicación y el alcance de esta doctrina en Puerto Rico.

La doctrina de la ley del caso, así como su familiar cer-cano, la teoría de stare decisis, constituyen rasgos earacterís-ticos del derecho común anglosajón, pero no del derecho civil. Se ha aludido en especial al tratamiento de los precedentes como distintivo por excelencia entre estos dos sistemas jurídicos. Goodhart, Precedent in English and Continental Law, 50 L.Q. Rev. 40 (1934); Small, Stare Decisis on Two Continents; a Saga of Gain and Loss, 18 Rocky Mt. L. Rev. 97 (1946); Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, t. 1, vol. 1, 1957, pág. 350 et seq.; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10a ed. 1962, t. 1, vol. 1, pág. 376 et seq. Del otro lado, esta diferencia teórica no ha impedido una tendencia hacia la convergencia práctica de los dos sistemas sobre el particular si bien persisten disimilitudes. Pound, The Theory of Judicial Decision, 36 Harv. L. Rev. 641 (1923); Ripert et Boulanger, Traité de Droit Civil, 1956, vol. 1, pág. 102 et seq.

En Puerto Rico no existe fundamento válido para la aplicación al modo angloamericano de la ley del caso o de la doctrina de stare decisis et non quieta movere. Puig Peña, op. cit., pág. 360. Rige aquí esta materia, por supuesto, el Código Civil. Ello no quiere decir que, a fines de velar por el trámite ordenado y pronto de los litigios, así como por la estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de instancia no deba resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son erróneos. Esto es cuestión de sana práctica, sin embargo, y no regla inviolable. Aun en el derecho común, la doctrina de la ley del caso no debe confundirse con la de res judicata. IB Moore, Federal Practice 404 et seq.; Messenger v. Anderson, 225 U.S. 436 (1912) (Holmes). También es regla del derecho común que un segundo juez no está irremisiblemente obligado a mantener incólume la decisión de un primer juez de igual nivel dentro del mismo caso. IB Moore, Federal Practice 451 et seq.; Moore y Oglebay, The Supreme Court, Stare Decisis and Law of the Case, 21 Texas L. Rev. 514, 541 (1943).

Se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedi-mientos.

E'l Juez Asociado, Señor Armindo Cadilla Ginorio, disiente por los fundamentos que expuso en su opinión disidente en el caso de Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134 (1974).

       El ofrecimiento tardío de la enmienda, lo cual no ocurrió aquí, no es suficiente de por sí para justificar la denegación del permiso, si no se le lia causado perjuicio a la otra parte. 3 Moore, Federal Practice 901.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Puerto Rico Glass Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Agustín Mangual Hernández, Juez, demandado; Nerio Torres y Otros, Gonzalo García de Jesús y Otros, interventores.

      Número: O-73-154

      Resuelto: 9 de enero de 1975

      Saldaña & López Baralt y José Angel Rey, abogados de la peti-cionaria; Carlos Pérez Padilla y Leonardo Llequis, abogados de los interventores; Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de la Sucesión de Francisco Piñero, interventora.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

En Amer. Col. Broad. Corp. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 283 (1967), resolvimos que era nula y no constituía por tanto cosa juzgada una sentencia desestimando una querella en reclamación de salarios, dictada a base de una estipulación que no fue aprobada por el Secretario del Tra-bajo, por constituir dicha estipulación una transacción entre los querellantes y el patrono querellado. Se nos plantea ahora si la misma doctrina aplica cuando la sentencia se basa en una moción de desistimiento hecha por los empleados querellantes y consentida por la parte querellada. Resolvemos que bajo las circunstancias aquí presentes la moción no equivale a una transacción y por tanto no era indispensable la aprobación del Secretario del Trabajo. La autorización para el desistimiento, dada expresamente por los querellantes bajo su firma, basada en el convencimiento tanto de los querellantes como de su abogado, 'de que carecen de causa de acción, y exponiendo en sus detalles los hechos demostrativos de tal carencia de causa de acción, impide un ataque colateral a la sentencia dentro de otro pleito en que se formula la misma reclamación.

En mayo de 1967 fue presentada en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una querella formulada por Tomás López Bruno y otros empleados de Puerto Rico Glass Corporation. Reclamaban de esa corporación la cantidad de $441,000, más una suma igual como penalidad, costas y honorarios de abo-gado, alegando haber sido empleados de la querellada durante los diez años anteriores a la fecha de la querella y que durante ese tiempo no se les habían compensado las horas trabajadas en exceso de la jornada legal ni las trabajadas durante el período designado por ley para tomar alimentos. La quere-llada contestó el 1 de agosto de 1967 y alegó como defensa afirmativa, entre otras, que los querellantes “siempre presta-ron servicios a la demandada como ‘administradores y/o eje-cutivos’ y que las disposiciones estatutarias y decretos manda-torios invocados en la querella no son aplicables a los adminis-tradores, ejecutivos y profesionales.”

Transcurrieron dos años. En septiembre de 1969 los que-rellantes presentaron una moción de desistimiento bajo la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, alegando que luego de hacer “uso extensivo de los métodos de descubrimiento de pruebas” y de haber “examinado minuciosamente las nómi-nas, récords, constancia de pago y demás documentos de la querellada relacionados con la reclamación” y de haber hecho “una investigación exhaustiva de todos los hechos de este caso” (párrafo 3), “cada uno de los querellantes, al igual que su abogado que suscribe, se han convencido de que no les asiste razón en su reclamación.” (Párrafo 4). Se solicitaba en uno de los párrafos expositivos de la moción que se compensara al abogado de los querellantes “mediante el pago de honorarios razonables” en atención a que realizó “numerosas gestiones” e incurrió en “gastos considerables de su propio peculio en la tramitación de la querella, y en consideración del tiempo y recursos a economizarse por la parte querellada al no tener que continuar con la litigación de este caso.” (Párrafo 6). En el párrafo final o súplica solicitaron los querellantes que se les tuviera por desistidos de su reclamación y se dictara senten-cia “ordenando y decretando el desistimiento con perjuicio y con carácter final y firme.”

La moción fue suscrita por el Lie. Nicolás Delgado Figueroa como abogado de los querellantes. En nota a su calce firmó conforme el Lie. Juan L. Do val, uno de los abogados de la querellada. La moción se acompañó de extensas declara-ciones suscritas individualmente por cada uno de los quere-llantes autorizando “expresa y voluntariamente” al Lie. Delgado Figueroa para “desistir a su nombre con perjuicio de la presente reclamación” e informando haber leído y estar conforme y “en absoluto acuerdo” con la moción de desisti-miento y no tener interés en proseguir con los procedimientos. Decía cada uno de los querellantes, refiriéndose al período cu-bierto por la querella: “El suscribiente reconoce que durante todo dicho período su deber primordial ha consistido en la dirección de un habitual reconocido departamento o subdivi-sión de la empresa, integrado por personal regular y perma-nentemente adscrito al mismo, y que dedicaba la mayor parte de su tiempo a labores gerenciales. Admite también que habitual y regularmente ha dirigido el trabajo de otros dos o más empleados de la empresa durante todo el período de la querella y que siempre ha tenido la autoridad de hacer sugerencias y recomendaciones sobre el empleo y despido de otros empleados, al igual que sobre el mejoramiento, ascenso y cambio de status de otros empleados, y que sus recomendaciones y suge-rencias siempre han recibido especial y particular atención y han sido seguidas por la empresa.” La declaración termi-naba con el siguiente párrafo:

“El suscribiente reconoce además, que habitual, regularmente y de ordinario, ha ejercido y ejerce facultades y poderes discre-cionales, particularmente al entrenar personal, dirigir el trabajo de sus subalternos, al apreciar su eficiencia para recomendar ascensos y cambios en el status y al planificar y supervisar el trabajo de sus subalternos. Durante todo el período de la querella hasta el presente, ha dedicado más de un 80% de su tiempo laborable a actividades directa e íntimamente relacionadas con sus funciones gerenciales, ejecutivas y de supervisión en la dirección de un departamento de la corporación y en la dirección del trabajo de otros dos o más empleados de la empresa. Durante el referido período siempre ha recibido por sus servicios una compensación fija equivalente a un salario semanal no menor de $75.00, excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios.”

El 9 de septiembre de 1969 el Tribunal Superior dictó sentencia aprobando la moción de desistimiento, la que hizo formar parte de la sentencia. Aunque nada dispuso sobre la solicitud de honorarios de abogado es un hecho indisputado que Puerto Rico Glass pagó $5,000 en un cheque al Lie. Delgado Figueroa. La sentencia fue registrada y archivada en autos y notificada a las partes, por mediación de sus abogados respectivos, al día siguiente.

Transcurridos más de dos años de ser firme la sentencia se presentaron en diciembre de 1971, esta vez en la Sala de Bayamón del Tribunal Superior, dos nuevas querellas contra Puerto Rico Glass Corporation. Con excepción de tres recia-mantes los demás querellantes en ambas querellas eran parte del mismo grupo que figuró en la querella del 1967 en San Juan. Las nuevas reclamaciones se basaban en las mismas razones de pedir de la primera. Se alegó que los querellantes trabajaron horas extras y durante el período destinado a tomar alimentos sin que se les compensara, y reclamaron por esos conceptos y por los diez años precedentes a la presentación de las querellas la cantidad total para las dos querellas de $285,000, una suma igual como penalidad, honorarios de abogado y costas.

En su contestación a cada una de las nuevas querellas Puerto Rico Glass opuso, entre otras, la defensa de cosa juz-gada, invocando la sentencia por desistimiento dictada el 9 de septiembre de 1969. Alegó además que los querellantes estaban impedidos de reclamar por ser “administradores y/o ejecutivos” según ellos mismos lo reconocieron en la moción de desistimiento y en las declaraciones suscritas por ellos y unidas a dicha moción. A base de esas mismas alegaciones y de que “la querella anterior y la sentencia dictada en la misma constituyen un fraccionamiento de cualquier reclama-ción durante el período comprendido en la misma hasta la fecha de la sentencia”, solicitó sentencia sumaria en cada caso desestimatoria de la querella. Los querellantes se opusieron. Alegaron que la sentencia por desistimiento dictada en el caso anterior es nula e ineficaz por tratarse de una transacción que no fue aprobada por el Secretario del Trabajo y porque el derecho a la compensación adicional a base de tipo doble de salario es irrenunciable. Citaron los Arts. 12 y 13 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sees. 281 y 282, respectivamente, y lo resuelto en Amer. Col. Broad. Corp. v. Tribunal Superior, citado al comienzo de esta opinión. Ambos casos fueron consolidados. Celebrada una vista, a la que no comparecieron los querellantes ni su abogado, y luego de con-siderar memorandos sometidos, el tribunal emitió resolución declarando sin lugar la solicitud de sentencia sumaria. Se basó en los razonamientos expuestos por los querellantes. A solicitud de Puerto Rico Glass expedimos auto de certiorari.

Los Arts. 12 y 13 de la citada Ley Núm. 379 disponían de la manera siguiente para la fecha de la sentencia que desesti-mó la querella de 1967, según aparecen en 29 L.P.R.A. sees. 281 y 282:

“§ 281. —Renuncia de paga por tiempo extra, prohibida

Por la presente se declara irrenunciable la compensación adi-cional a base de tipo doble de salario que fijan las sees. 271 a 288 de este título para las horas extras de trabajo.

Será nula toda cláusula o estipulación en virtud de la cual convenga el empleado en renunciar al pago de la compensación adicional por horas extras que fijan las sees. 271 a 288 de este título.

§ 282. —Reclamaciones de empleados; daños; transacción

Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en las sees. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas extras de trabajo o para el período señalado para tomar los alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogados del procedimiento.

Estas reclamaciones podrán tramitarse de acuerdo con el procedimiento ordinario o el procedimiento de querella estable-cido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32.

La reclamación judicial podrá establecerla uno o varios em-pleados por y a nombre suyo o de ellos y de otros empleados que estén en circunstancias similares; Disponiéndose, que después de iniciada judicialmente la reclamación, ésta podrá ser transi-gida entre las partes, con la intervención del Secretario del Tra-bajo o cualesquiera de los abogados del Departamento del Trabajo, designado por dicho Secretario y la aprobación de la Corte. El Secretario del Trabajo determinará administrativa-mente cuáles transacciones requerirán su intervención personal, fijando los criterios que regirán a esos efectos mediante regla-mento u orden administrativa. Será nula toda transacción extrajudicial sobre el pago del salario correspondiente a las horas re-gulares, a las horas extras de trabajo, al período señalado para tomar los alimentos o sobre el pago de la suma igual a la recia-mada que fijan las secs. 271 a 288 de este título por concepto de liquidación de daños y perjuicios; Disponiéndose, sin embargo, que será válida a los propósitos de las sees. 271 a 288 de este título, toda transacción que se verifique ante el Secretario del Trabajo o cualesquiera de los abogados del Departamento del Trabajo, designado por dicho Secretario.”

La decisión de la controversia aquí planteada depende esencialmente de si hubo una transacción en relación con la querella del 1967. La aplicación de los transcritos Arts. 12 y 13, tiene necesariamente que depender de si hubo tal transac-ción. Si la hubo, fue nula por no haber intervenido el Secre-tario del Trabajo, y nula la sentencia que en ella se basó. Si no hubo transacción los Arts. 12 y 13 no juegan aquí papel alguno.

El desistimiento de los querellantes se produjo mediante un escrito que ellos titularon “Moción de Desistimiento” y que se acompañó de declaraciones de ellos autorizando expre-samente el desistimiento y expresando detalladamente las razones para ello. La parte querellada expresó su conformidad al calce del escrito. Tuvo, por tanto, el alcance de una estipulación. Véase Ballantine’s Law Dictionary, ed. 1969, pág. 1217. Se ha dicho que hay dos clases de estipulaciones: las que constituyen meras admisiones de hechos y dispensan por tanto el requisito de probar tales hechos, y las que reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudicación respecto de tales derechos. Véanse Moore v. Humphrey, 247 N.C. 423, 101 S.E.2d 460, 467; Thayer v. Federal Life Ins. Co., 217 Wis. 282, 258 N.W. 849. Una tercera clase que aquí no nos concierne, sería la que propone determinado curso de acción, como por ejemplo para que se celebre una conferencia ante-juicio, o se someta una cuestión a un comisionado especial, o para que se admitan determinadas pruebas. En todos los casos la estipulación persigue evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su uso debe alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida y económica.

Una vez hecha y aprobada por el tribunal la estipulación obliga a quienes la hacen y a las partes por ellos legalmente representadas. Morse Boulger Destructor Co. v. Camden Fibre Mills, Inc., 239 F.2d 382 (3d Cir. Pa.); Barletta v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 379 (1970); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966). La estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella. Debe interpretarse liberalmente, de manera consistente con la intención de las partes y el propósito de hacer justicia. En las jurisdicciones estatales norteamericanas se ha resuelto consistentemente que en caso de duda se adoptará aquella contención que sea más favorable a la parte a cuyo favor se hizo la estipulación. Walsh v. Wallace, 26 Nev. 299, 67 P. 914; Firestone Tire & Rubber Co. v. Chispman, 194 S.W.2d 609 (Texas Civ. App.); State v. Rutland R. Light & P. Co., 85 Vt. 91, 81 A. 252. Parece juicioso que así sea y no vemos razón para apartarnos de esa doctrina.

Una estipulación no implica, sin embargo y necesariamente, la existencia de una transacción. El Art. 13 de la Ley Núm. 379 requiere la aprobación del Secretario 'del Trabajo cuando se conviene en la transacción de una reclamación de salarios formulada judicialmente. No requiere, ni podría requerir, la aprobación por dicho funcionario de la adopción de una estipulación que reconozca determinados hechos como ciertos, o el derecho de una parte, o convenga adoptar determinadas medidas para la más pronta disposición de un asunto sometido a la consideración de un tribunal de justicia. Pretender tal cosa sería violentar el principio constitucional de separación de poderes, amén de introducir en los procesos judiciales un elemento dilatorio innecesario y destructivo de la fe en la capacidad de los jueces y en su sentido de rectitud.

La transacción está definida en el Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821, que dice:

“La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo, cada una alguna cosa, evitan la pro-vocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.”

Señala Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, séptima edición, tomo 4, pág. 709, que “. . . la transacción es contrato consensual, porque se perfecciona por el mero consen-timiento; bilateral o plurilateral, porque no se concibe sin obligaciones mutuas (renuncias a determinadas pretensiones, concesiones de muy variada índole) que contraen las partes en evitación del litigio, de tal modo que la obligación unilateral será renuncia, reconocimiento, allanamiento o cualquier otra cosa, pero no transacción; y oneroso, nunca gratuito, por análoga razón.”

La transacción supone necesariamente que se asumen obli-gaciones recíprocas de dar, prometer o retener cada parte alguna cosa. La obligación que cada parte asume es a su vez la causa de la obligación de su contraria. Y supone además la transacción que la cuestión litigiosa es dudosa, sea porque los derechos de las partes son en sí dudosos, o porque las partes tienen dudas sobre su derecho. Manresa resume de la manera siguiente el contrato de transacción:

“Es accesorio, en el concepto especial que en el orden jurídico tiene dicho término, en cuanto supone una cuestión, litigiosa o no, anterior sobre una relación de derecho determinada, a cuya cuestión pone término, razón por la que alguno de los expositores de nuestro antiguo Derecho civil considera a la transacción como una verdadera novación de obligaciones anteriores que quedan extinguidas con ella. Es, además, consensual, porque dicho con-trato se perfecciona con el mero consentimiento de las partes que lo celebran, surtiendo desde entonces todos los efectos jurídicos correspondientes. Es bilateral, toda vez que de su perfección surgen derechos y obligaciones recíprocos para ambos contra-tantes; y, por último, es también oneroso, no gratuito, pues si no se recibiera nada en compensación o a cambio de lo que cada una de las partes cede para conseguir su fin, se convertiría dicho con-trato en una verdadera donación o en una renuncia.

En resumen, puede decirse que la transacción es un contrato consensual, recíproco y oneroso, por el cual las ¡partes resuelven, mediante mutuas concesiones, una cuestión que les parece du-dosa.

La mayoría de la doctrina ha estimado, en efecto, que es ne-cesaria para la existencia de la transacción, una situación de incertidumbre o duda entre las partes, ya objetiva (cuando la relación jurídica o los derechos de las partes son dudosas), ya, más frecuentemente, subjetiva (cuando a las partes les parece dudoso su derecho).” (Manresa, Comentarios al Código Civil Español, ed. 1973, tomo 12, pág. 129.)

Analizada la situación aquí planteada con vista de los requisitos para la existencia de una transacción concluimos que la moción de desistimiento presentada por los querellantes y la expresión de la conformidad de la querellada no constituyeron una transacción. Los querellantes no tenían dudas de que durante el período cubierto por la querella se desempeñaron como administradores o ejecutivos; tampoco de que no tenían derecho a lo que reclamaban. No obtuvieron nada a cambio de su desistimiento, por lo que su decisión constituyó un acto unilateral de voluntad. No puede argüirse que la solicitud de honorarios para su abogado fuera una condición impuesta por ellos para desistir. De hecho, ni lo solicitaron en la súplica de su moción ni se hizo pronunciamiento alguno sobre ello en la sentencia. El pago hecho por la querellada puede considerarse como una liberalidad de su parte a la que no estaba obligada. Por no tratarse en este caso de una transacción era innecesaria la intervención del Secretario del Trabajo o de abogados de ese Departamento. ■

Amer. Col. Broad. Corp. v. Tribunal Superior, supra, planteó una situación de hechos distinta a la que ahora nos ocupa. En American Colonial se trataba, al igual que aquí, de una reclamación por concepto de horas extras trabajadas y no pagadas, más compensación por vacaciones y despido injustificado. Se reclamaron $33,157.32 más una suma igual como liquidación de daños y perjuicios, honorarios de abogado y eos-tas. Se dictó sentencia basada en una estipulación en que las partes — no los querellantes únicamente, como ocurre aquí— llegaron a la “conclusión” de que lo adeudado por el patrono era la cantidad de $3,000 por horas extras, más la correspon-diente penalidad, y $1,200 para honorarios de abogado. El Secretario del Trabajo no intervino.

Cuando, diez y siete meses más tarde, los mismos quere-llantes formularon una nueva reclamación contra el mismo patrono por los mismos conceptos de la anterior, se planteó como aquí la defensa de cosa juzgada. Confirmamos la resolu-ción que se negó a desestimar la nueva querella. Concluimos que la estipulación en que se basó la sentencia en el primer caso constituyó una transacción. A diferencia del caso ante nuestra consideración,, en American Colonial las partes se hicieron concesiones mutuas. Los querellantes desistieron de parte de sus reclamaciones por horas extras y de reclamar por vacaciones y despido, y la parte querellada se obligó a pagar a ellos determinada cantidad de dinero. Aquí los querellantes no recibieron nada. En American Colonial recibieron $6,000.

Tiene gran importancia en el caso ante nos el hecho de que los querellantes prestaron declaraciones individualmente en que expusieron los hechos en que se basaban para concluir que eran administradores o ejecutivos. De haber prestado tes-timonio en corte abierta exponiendo lo mismo que en sus de-claraciones escritas a nadie se le hubiese ocurrido que era menester paralizar los procedimientos hasta obtener la compa-recencia de un representante del Secretario del Trabajo para que éste hiciera la determinación de si eran o no administra-dores o ejecutivos. Tal pretensión equivaldría al absurdo de despojar al tribunal de su facultad juzgadora y convertirle en un mero asentidor obligado del fallo del representante del Secretario del Trabajo.

Al evitarse la comparecencia personal de cada querellante para exponer oralmente y repetir lo que hicieron constar por escrito se cumplió el principio de economía de tiempo y de gastos, propósito esencial de nuestro Derecho procesal. Véanse Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962) y Sucesión Guerra v. Sánchez, 71 D.P.R. 807 (1950).

Se dejará sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictada en los casos consolidados CS71-5011 y CS71-5012, de lJk, de marzo de 1973, negándose a desestimar las reclamaciones de aquellos querellantes que figuraron como tales en la querella presentada ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, caso núm. 67-255U, y resuelto mediante sentencia por desistimiento de fecha 9 de septiembre de 1969, y en su lugar se ordenará la desestimación de dichas querellas. Se devolverán los autos originales al tribunal recurrido para ulteriores procedimientos respecto de aquéllos querellantes no afectados por los pronunciamientos hechos en esta opinión.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino.


text:
    José A. Álvarez de Choudens, Secretario de Salud de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Héctor A. Colón Cruz, Juez, demandado; Ismael Zapater Hernández, interventor.

      Número: O-73-192

      Resuelto: 10 de enero de 1975

      Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Antonio Zapater Cajigas y José Ramón Pérez Hernández, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El interventor presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una solicitud de mandamus en la cual hizo figurar como demandados al Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. José A. Alvarez de Choudens y al Sr. José L. Berlingeri, un funcionario administrativo de dicho Departamento.

Alegó, en síntesis, el interventor Zapater que ocupaba el cargo de director de personal del Departamento de Salud y que en enero de 1973 recibió una carta del Secretario de Salud, Dr. Alvarez de Choudens, fechada a 16 de dicho mes y año, en la cual el Secretario le comunicaba lO' siguiente:

“He dispuesto que se haga un análisis concienzudo de todas las transacciones de personal llevadas a cabo durante los últimos meses del pasado año.

Me preocupa la situación económica de este Departamento y el impacto económico que pueda tener sobre la nómina todos los aumentos de sueldo, reasignaciones, plazas vacantes cubiertas, etc., que se autorizaron durante dicho período.

Deseo también que se estudien estas transacciones a la luz de los reglamentos vigentes y las disposiciones de la Ley de Personal y el Sistema de Mérito que la misma establece.

Para que este análisis pueda hacerse en la forma más obje-tiva posible, he creído necesario asignar esta tarea a personas no relacionadas con la propia Oficina de Personal.

El Sr. José L. Berlingeri asumirá interinamente la dirección de esa Oficina a partir del día de hoy y responderá directamente a mi oficina.

Espero le brinde al Sr. Berlingeri toda la cooperación requerida.”

Para dicha fecha Zapater recibió también una copia de una carta del Secretario de Salud dirigida a su Ayudante Ad-ministrativo, Sr. Berlingeri, en la cual le decía:

“A partir de esta fecha, además de sus funciones dentro de la Secretaría Auxiliar para Administración, la División de Personal de este Departamento funcionará bajo su dirección interinamente y usted responderá directamente a mi oficina.

Usted deberá analizar toda acción que allí se tome y darle personalmente su aprobación.

Entre otras funciones, deseo que usted asuma la representa-ción de este Departamento en todas las reuniones relacionadas con las funciones de la División de Personal a que seamos cita-dos.

Deseo que usted estudie los expedientes personales de los empleados de este Departamento para asegurarse de que todos los cambios habidos en su remuneración y funciones se han hecho de acuerdo a la Ley y reglamento de la Oficina de Personal. También deseo que se analicen todas las transacciones de personal hechas en los últimos tres meses, que tengan impacto pre-supuestario, tales como nombramientos nuevos, ascensos, reasig-naciones, concesiones de pasos, permanencias, etc. Deseo me indique cuales de estas transacciones se hicieron con carácter retroactivo.

Este análisis debe verificarse inmediatamente e informarme sobre el particular.

Usted podrá delegar en el actual Director de Personal aque-llas funciones que usted considere él puede desempeñar, de acuerdo a su preparación, experiencia, y las cuales no resulten en detrimento de la buena operación de las transacciones de personal de esta Agencia.”

El Secretario no destituyó ni suspendió de su empleo ni de sueldo a Zapater, sino que se limitó a relevarlo de determi-nadas funciones, que por la forma en que Zapater las desem-peñó el Secretario tenía por lo menos dudas o preocupaciones y decidió hacerlas examinar. Las dos cartas del Secretario antes copiadas revelan claramente esa preocupación.

Zapater, en su demanda, solicitó que el tribunal ordenase su reposición inmediata al desempeño “de las funciones, atri-buciones y prerrogativas” inherentes al cargo de director de personal del Departamento de Salud y que condenase a los demandados a pagarle por concepto de daños la suma de $100,000 más las costas, gastos y honorarios de abogado. Dicha petición está fechada a 11 de mayo de 1973.

Cuatro días más tarde, el 15 de mayo de 1973, el Tribunal Superior emitió una Orden dirigida al Secretario de Salud en el sentido de que procediese inmediatamente y sin excusa ni pretexto alguno a reponer al interventor en el desempeño de las funciones del cargo de director de personal del Departa-mento de Salud y que de haber oposición o reparo a lo orde-nado el demandado debería comparecer el día 25 de aquel mes y año a las dos de la tarde para presentar su contestación a la petición y formular sus alegaciones y de no hacerlo así, el tribunal emitiría la correspondiente orden con carácter per-manente.

Erró el tribunal de instancia al expedir el 15 de mayo de 1973 un auto alternativo de mandamus pues dicho auto ya no existe en esta jurisdicción. Martínez v. Vda. de Morales, 72 D.P.R. 210 (1951). Según resolvimos en el caso citado, a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, el demandado es traído al tribunal mediante un emplazamiento y está obligado a alegar de conformidad con las Reglas. Véase la Regla 55 de Procedimiento Civil.

Llegada la fecha señalada para la vista, 25 de mayo de 1973, compareció el Secretario de Salud y presentó una moción de desestimación basada, en síntesis, en los siguientes funda-mentos :

1. Que el mandamus es un recurso altamente privilegiado y no procede su expedición cuando existe un recurso adecuado y eficaz en ley; -que según se desprende de la propia petición del demandante, éste es un empleado con carácter permanente y que tiene un remedio en ley para ventilar su querella, esto es, a través de la Junta de Personal.

2. Que es improcedente el mandamus incoado en este caso ya que el peticionario no había agotado el remedio adminis-trativo disponible.

3. Que no procede el mandamus perentorio ya que sólo puede solicitarse y dictarse cuando el derecho a exigir la in-mediata ejecución de un acto es evidente y surja que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo; que el Secreta-rio de Salud actuó dentro del marco de sus funciones oficiales y motivado por una legítima preocupación por que se hiciera una investigación objetiva de la administración de personal en su Departamento; que no se trata de un caso donde la ley ordena el cumplimiento específico de un acto y que el Secreta-rio podía actuar como lo hizo.

4. Que no procede el auto solicitado por no existir en este caso un derecho claro para exigir el cumplimiento del auto que se pretende.

El tribunal de instancia suspendió motu proprio la vista que había señalado sin tomar acción sobre la moción de deses-timación antes mencionada y en esa misma fecha, el 25 de mayo de 1973, expidió una Orden dirigida al Secretario de Salud en cuya orden utilizó el siguiente lenguaje:

. . se le requiere a usted, Dr. José A. Alvarez de Choudens, Secretario de Salud, para que comparezca ante este Tribunal el día 31 de mayo de 1973 a las 9:00 de la mañana, a mostrar causas por las cuales no deba ser castigado en la forma prescrita por la ley. Se le apercibe que si resultare usted incurso por el incumplimiento de la referida orden podrá ser castigado por desacato criminal, cuya penalidad señala un máximo de encar-celación de treinta (30) días o una multa cuyo máximo es de $200.00 o ambas penas a discreción del Tribunal. Se le apercibe, en adición, que si resultare incurso en desacato civil, podrá ser encarcelado en forma indefinida hasta tanto se disponga a cum-plir con los términos de nuestra Orden. Igualmente se le indica que el Artículo 661 del Código de Enjuiciamiento Civil, disponible [sic], en adición, para la desobediencia de una orden perentoria de Mandamus, señala una multa que no excederá de $500.00.”

El 31 de mayo se celebró la vista señalada; se exoneró al Secretario de la imputación de desacato; no se resolvió la moción de desestimación presentada por el demandado; se señaló la vista de la misma para el 20 de julio de 1973; y el tribunal dictó una nueva Orden dicho 31 de mayo disponiendo lo siguiente:

“Se ordena al co-demandado, José A. Alvarez de Choudens, Secretario de Salud, que proceda inmediatamente sin excusa, ni pretexto alguno a reponer al peticionario, Ismael Zapater Her-nández, al pleno desempeño de las funciones, atribuciones y pre-rrogativas inherentes al cargo de Director de Personal del Departamento de Salud con las mismas condiciones de trabajo que tenía antes del 19 de enero de 1973.”

También mediante dicha Orden se señaló para el 20 de julio de 1973 la vista para la discusión de la moción de deses-timación que había presentado el Secretario de Salud en 25 de mayo de 1973.

En 4 de junio de 1973 el Secretario de Salud, representado por el Procurador General, presentó solicitud de certiorari solicitando que dejemos sin efecto la orden dictada por el tribunal de instancia y que se desestime la petición de mandamus.

En 4 de junio de 1973 expedimos una Orden Para Mostrar Causa que lee como sigue:

“Vistas las alegaciones y documentos adjuntos a la petición de certiorari, se le concede al demandante Ismael Zapater Her-nández, caso PE-73-615 C, pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, un término que vencerá el 11 de junio de 1973 para mostrar causa, si alguna tuviere, por la cual no deba expedirse el auto solicitado, dejar sin efecto la orden del Tribunal de instancia de 31 de mayo de 1973, y restituir en todo su efecto y vigor la orden de 15 de mayo de 1973, a los fines de que la parte demandada pueda comparecer y ser oída en torno a la referida orden de 15 de mayo de 1973. Quedan paralizados mien-tras tanto los efectos de la orden de 31 de mayo de 1973.”

Luego de dos prórrogas concedidas al interventor Zapater Hernández, éste presentó finalmente su escrito en 5 de julio de 1973. Le hemos dado detenida lectura pero no nos ha persuadido de que no debemos expedir el auto de certiorari solicitado.

Como se sabe, el auto de mandamus es un recurso alta-mente privilegiado y sólo se dirigirá a cualquier persona “obli-gada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber.” (Bastardillas nuestras.) Véase, 32 L.P.R.A. sees. 3421 y 3422. Solamente procede la orden perentoria cuando “el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar nin-guna excusa para no ejecutarlo.” (Bastardillas nuestras.) Regla 55 de Procedimiento Civil.

No creemos que en este caso sea evidente que el Secretario de Salud venga obligado por ley a asignarle unas determinadas funciones a un empleado de su Departamento, esto es, al interventor. Asignar unas funciones específicas u otras, tales como por ejemplo, atender las funciones de personal, de nóminas, o de presupuesto, o de organización y métodos, o de informes, o de bienestar social, o de instituciones para niños, etc., no es “un acto que la ley particularmente ordene,” como requiere el estatuto, para la expedición de un auto de mandamus. La determinación de si un empleado o un funcio-nario va a atender unas funciones u otras dentro de un De-partamento, corresponde hacerla al jefe del Departamento, pues hacer tales determinaciones son funciones indispensables e inherentes a la función ejecutiva del jefe del Departamento.

No creemos que procedía en este caso la expedición del mandamus por no tratarse de un deber ministerial expreso y particularmente ordenado por la ley. Como se sabe, un deber ministerial es uno en cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna por parte de la persona que viene obligada a cumplirlo. Por el contrario, la determinación hecha por un jefe de Departamento sobre qué personas en su Departamento ejercerán o no ejercerán determinados deberes y funciones es una determinación que conlleva amplia discreción administrativa. También es dudosa la procedencia de la expedición del mandamus porque el interventor, allí peticionario, no agotó los remedios disponibles en ley. Para aquellos empleados comprendidos dentro del servicio civil clasificado la Ley de Personal provee el procedimiento a seguir para ventilar sus querellas. Art. 31, Ley Núm. 345 de 12 mayo 1947, según enmendada; 3 L.P.R.A. see. 671.

Una administración de personal racional, científica y efi-ciente no puede depender de que las determinaciones clara-mente discrecionales de los jefes ejecutivos estén sujetas a ser refrendadas judicialmente cada vez que surja fricción entre el jefe y el empleado.

No obstante lo anterior, como la Orden Para Mostrar Causa emitida por este Tribunal estuvo limitada a oír al de-mandante Ismael Zapater Hernández sobre por qué no debía expedirse el auto, dejar sin efecto la orden del tribunal de instancia del 31 de mayo de 1973 y restituir la orden de dicho tribunal de 15 de mayo del mismo año, a los fines de que la parte demandada, el Secretario de Salud, pudiese comparecer y ser oída en torno a la citada orden de 15 de mayo de 1973, se expedirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la orden del tribunal de instancia del 31 de mayo de 1973 y se devolverá el caso a dicho tribunal para que ordene la presentación de la contestación, según lo dispone la Regla 55 de Procedimiento Civil y luego de celebrado el juicio adjudique la controversia.

El Juez Asociado, Señor Torres Rigual, no intervino.

       Se refería a los últimos días del cuatrienio 1968-72.

       Aunque el caso de Martínez v. Vda. de Morales, supra, se resolvió bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943, la situación bajo las vigentes Reglas de Procedimiento Civil (de 1958) es la misma.

       32 L.P.R.A. see. 3422.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Arraiza, acusado y apelante.

      Número: CR-74-72

      Resuelto: 14 de enero de 1975

      Manuel F. Arraiza, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodríguez Gelpí y Ruth Tentori, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El tribunal de instancia declaró incurso en desacato al Lie. Antonio Arraiza sentenciándole a pagar una multa de $10.00 por no haber comparecido al señalamiento de un caso criminal, a pesar de haber sido debidamente citado. La sentencia no puede prevalecer por no tener base en la prueba desfilada.

Surge de la prueba que el 14 de diciembre de 1973 el Lie. Antonio Arraiza compareció al Tribunal Superior, Sala de Arecibo, a las 8:30 de la manaña con motivo de unas cita-ciones de unos casos a ventilarse en dicha Sala. Entró a vista en dos casos ex partes que tenía señalados en la Sección de lo Civil de dicha Sala y al terminar, alrededor de las 10:00 de la mañana, se trasladó a la Sala de lo Criminal para ver un caso de infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito que tenía señalado ante el Hon. Juez Taboas. Esperó hasta las 10:15 de la mañana pero el Juez Taboas no había llegado a su oficina ni tampoco había llamado para explicar su ausencia, según informó su secretaria. Considerando que tenía un señala-miento para la toma de una deposición en la oficina del Lie. Quetglas en San Juan, optó por encomendarle al Lie. Francisco Arraiza que le sustituyera en la representación profe-sional y que cuando llegara el Juez Taboas le solicitara la suspensión del caso. Antes de abandonar el tribunal el Lie. Antonio Arraiza le explicó la situación al Fiseal Colón Gor-diany y éste le indicó que no tenía objeción y que se allanaría a la suspensión del señalamiento, sujeto a la disposición que hiciera el tribunal.

Como puede verse, la prueba demuestra que el Lie. Antonio Arraiza compareció al señalamiento del caso desplegando un interés razonable en cumplir con la orden del tribunal y con su responsabilidad profesional. No se demostró en forma alguna que él incurriera en conducta obstinada de desobe-diencia con intención de desacatar la orden del tribunal. Así lo admite el Procurador General en su Informe.

Los jueces de instancia deben tener presente que las horas regulares de sesión son de 9:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. Regla 3 de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 1 Práctica Forense 407. Cuando por razones fundadas no puedan dar cumplimiento a la Regla 3 deberán hacer los arreglos pertinentes con el Juez Administrador para que se atienda el calendario y se explique a las partes, los abogados y al público las razones que impiden abrir la sesión a la hora señalada. Es un deber de los señores magistrados y de todo el personal de los tribunales abrir las sesiones todos los días a las horas antes indicadas. Así lo espera el público. Así hacerlo contribuirá a enaltecer la dignidad de los tribunales y a estimular la puntualidad en los abogados. Pondrá también a los jueces en mejor posición para exigir e imponer disciplina en sus Salas.

Se dictará sentencia revocando la apelada.