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    Yolanda Morales González y Otros, querellantes y recurrentes, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, querellada y recurrida.

      Número: O-83-162

      Resuelto: 6 de mayo de 1988

      Demetrio Fernández, abogado de los recurrentes; Luis B. Osorio y Leticia Rodríguez García, abogados de la recurrida Junta de Relaciones del Trabajo; Ruperto J. Robles y Ana Belén Frías, de Robles & Frías, abogados del Fondo del Seguro del Estado; Elias Dávila Berrios y Lino Padrón, abogados de la Herman-dad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El caso de epígrafe es secuela de F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505 (1981). Sobre los hechos no existe controversia; están claramente detallados en el caso anterior. Allí confir-mamos la decisión y orden de la Junta de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico (Junta) emitida el 1ro de marzo de 1979, que determinó que tanto la Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado (Unión) como el Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.), habían incurrido en prácticas ilícitas de trabajo al excluir a los abogados querellantes y recurrentes de la unidad apropiada. En nuestra opinión con-cluimos, además, que la actitud arbitraria asumida por la Unión al insistir ante el patrono en excluir a los recurrentes de la unidad apropiada, sin informarles ni darles a éstos par-ticipación de índole alguna en el proceso, lesionó los intere-ses de los abogados querellantes y constituyó un quebranta-miento de su deber de justa y adecuada representación.

Luego de nuestra decisión, la Junta celebró varias vistas y emitió una decisión y orden suplementaria en la cual conce-dió el remedio que consideró apropiado. De esta decisión re-curren los querellantes. Plantean que la Junta erró al hacer la distribución de la responsabilidad por los daños, cuarenta por ciento (40%) el F.S.E. y sesenta por ciento (60%) la Unión, al denegarles los daños líquidos por concepto de pe-nalidad, los intereses, los honorarios de abogado y los daños y angustias mentales.

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Distribución de la responsabilidad por los daños

Los querellantes argumentan que la distribución de la responsabilidad es contraria a la norma establecida en Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), y su progenie; que “el patrono querellado viene obligado a responder [de] la totalidad de ... los daños resultantes del quebrantamiento ... [del] Convenio Colectivo” debido a que “[r]ecaía sobre [éste] el fiel cumpli-miento de todas las obligaciones relacionadas con las condi-ciones de empleo”, y que si no hubiera consentido “a excluir injustificadamente a los querellantes de la unidad contra-tante no se hubiera suscitado” la violación de los términos del convenio, y que bajo las circunstancias específicas de este caso el F.S.E. viene obligado a responderle en su totalidad por los daños a los querellantes.

En J.R.T. v. U.T.I.G., 110 D.P.R. 237, 245 (1980), al refe-rirnos a la responsabilidad en que incurre una unión al no cumplir con su deber de ofrecer justa y adecuada represen-tación, expresamos que “[e]l equilibrio de intereses exige que no vayamos más lejos que la doctrina establecida en [Vaca v. Sipes, supra, y que] la Junta deb[ía] ajustarse al criterio jurisprudencial allí expuesto en la consideración de casos futuros referentes al procesamiento de quejas presen-tadas por obreros unionados”. En Morales Torres v. J.R.T., 119 D.P.R. 286 (1987), le dimos nuestra aprobación al uso por la Junta de los principios establecidos en Bowen v. United States Postal Service, 459 U.S. 212 (1983).

En relación con el remedio a concederse cuando el pa-trono incumple con el convenio y la unión viola su deber de ofrecerle al empleado una justa y adecuada representación, en Vaca v. Sipes, supra, pág. 197, el Tribunal Supremo de Estados Unidos enunció el siguiente principio normativo: los daños atribuibles solamente al incumplimiento del contrato por parte del patrono no pueden cargársele a la unión, pero tampoco deberá cargársele al patrono cualquier aumento causado por la unión haberse negado a procesar la queja. En Bowen v. United States Postal Service, supra, págs. 226-227, el Tribunal amplió la norma al expresar que el patrono que despida a un empleado en violación del convenio será responsable por el salario dejado de percibir, sólo hasta la fecha hipotética en la cual un árbitro hubiese emitido el laudo si la unión hubiese llevado el caso a arbitraje.

Aplicando estos principios, en J.R.T. v. Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986), sostuvimos la decisión de la Junta al determinar que la unión era responsable del cin-cuenta por ciento (50%) de las pérdidas sufridas en los in-gresos. Allí se trataba de unos despidos por reducción de personal por razones económicas. El convenio disponía que se utilizaría el criterio de antigüedad en la clasificación; el patrono utilizó el de antigüedad en la compañía. Las partes recurrieron a arbitraje y el árbitro falló a favor de la unión. El laudo fue confirmado por este Tribunal. El patrono no cumplió y la unión recurrió a la Junta, ésta se negó a interve-nir aduciendo que ya este Tribunal había emitido opinión y sentencia. Es de aquí en adelante que ocurre la falta de ade-cuada representación de la unión. En Morales Torres v. J.R.T., supra, el incumplimiento con el convenio surgió del no pago de un Bono de Navidad por parte del patrono. La Junta resolvió que el patrono había violado el convenio y la unión su deber de adecuada representación. “[Les] ordenó —en proporción de setenta por ciento (70%) [al patrono] y treinta por ciento (30%) a la Unión— el pago del Bono de Navidad. . . .” íd., pág. 292. En esa ocasión expresamos que la Junta había actuado correctamente, siguiendo “[l]a norma establecida que ordena tal distribución[, sopesando los inte-reses involucrados y el daño,] allí donde la Unión ha contri-buido a los daños sufridos por el obrero”. íd., pág. 301.

En todos estos casos la Unión no fue partícipe activa en la práctica ilícita. Su responsabilidad emanó de su pasividad frente a la actuación ilícita del patrono. Ante estas circuns-tancias es claro que sólo procede que se le condene al pago de los daños que resulten de su inacción o dejadez en procesar el agravio. Vaca v. Sipes, supra; Bowen v. United States Postal Service, supra; Czosek v. O’Mara, 397 U.S. 25 (1970); R.A. Gorman, Labor Law Basic Text, St. Paul, West Pub. Co., 1976, pág. 721 y ss.

Ahora bien, en el caso de autos la Junta determinó que el mismo presentaba una “situación particular” distinguible de lo considerado en Vaca v. Sipes, supra. Veamos. Cuando por primera vez tuvimos este caso ante nosotros, hicimos constar que del récord surgía que:

. . . fue la Hermandad y no el Fondo quien promovió la ex-clusión y, no precisamente de algún abogado en particular, sino de todos los abogados incluidos en la unidad apropiada; todo ello en abierta violación del.convenio. F.S.E. v. J.R.T., supra, pág. 516.

Con relación a como surgió la controversia dijimos:

Aparece del récord que el 10 de diciembre el Presidente de la Hermandad, quien es abogado y litiga casos ante el Fondo y la Comisión Industrial, le expresó a un abogado del Fondo su inconformidad por haber recomendado adversamente una pe-tición de paga global para inversiones formulada por un cliente suyo. Los abogados del Fondo le solicitaron una reu-nión para aclarar la situación. La reunión degeneró en un agravio del Presidente de la Hermandad a todos los abogados. Días después, éste solicitó formalmente al Fondo que cesara el descuento de cuotas a los abogados de adjudicaciones, por en-tender que éstos debían ser excluidos de la unidad apropiada. La Hermandad no informó estas gestiones a los recurridos ni les dio participación en los procedimientos. Tampoco respon-dió a los requerimientos de éstos al enterarse del laudo, para que se les restituyera a la unidad contratante. Debemos pun-tualizar que durante todo el historial de negociación colectiva en este caso los abogados llevaban a cabo las mismas tareas y desempeñaban las mismas funciones. Desde que se estipuló la unidad apropiada en el Acuerdo de Elección por Consenti-miento, a que hicimos referencia al principio de esta opinión, hasta el día de hoy no ha habido variación alguna en las tareas que llevan a cabo los abogados del Fondo ni modificación en las funciones que razonablemente pudieran servir de funda-mento a la Hermandad para solicitar la exclusión de ellos de la unidad contratante. Tal actuación arbitraria lesionó los intere-ses de los recurridos y constituye un quebrantamiento del de-ber de justa representación, que justificaba de por sí solo a la Junta el no poner en vigor el laudo. F.S.E. v. J.R.T., supra, págs. 517-518.

Estamos, pues, ante un caso claro donde la Unión fue la que inició y causó que el patrono cometiese la violación al convenio. Sobre casos de esta naturaleza, en Vaca v. Sipes, supra, pág. 197, n. 18, se expresó lo siguiente:

We are not dealing here with situations where a union has affirmatively caused the employer to commit the alleged breach of contract. In cases of that sort where the union’s conduct is found to be an unfair labor practice, the NLRB has found an unfair labor practice by the employer, too, and has held the union and the employer jointly and severally liable for any back pay found owing to the particular employee who was the subject of their joint discrimination. (Enfasis su-plido.)

En la parte III de la opinión concurrente del Juez White, en Bowen v. United States Postal Service, supra, pág. 242, con la cual estuvieron conformes el Juez Presidente Rehnquist y los Jueces Marshall y Blackmun, se reconoció que la unión debería ser solidariamente responsable con el patrono por el pago del salario dejado de percibir cuando ésta fue la que indujo al patrono a cometer la violación del convenio.

En relación con este tipo de caso la Junta ha indicado:

“En casos de esa naturaleza [donde la unión es la que causa que el patrono viole el convenio] la Junta Nacional ha encon-trado normalmente a la unión y al patrono incursos en prác-ticas ilícitas de trabajo y los ha hecho responsables solidaria y mancomunadamente por la paga atrasada que se le debe al empleado sujeto de la discriminación conjunta.” (Énfasis su-plido.) Missy MFG, D 727 (1976), Fernández, Demetrio, Romany, Celina, Derecho Laboral Casos y Materiales, T. II, Ed. de la U.P.R., 1987, pág. 1425.

Por considerar que esta norma fomenta los fines de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 61 y ss.), de lograr la paz industrial y disuadir tanto las actuaciones ilegales de las uniones contrarias a los intereses de sus representados, como las de los patronos, la adoptamos y resolvemos que en casos como el de autos, donde la Unión fue la que inició y causó que el patrono (F.S.E.) violase el convenio, tanto el patrono (F.S.E.) como la Unión serán frente al obrero solidaria y mancomunadamente responsables de los daños causados por la conducta combinada de ambos. Bajo estas circunstancias, una norma que eximiese de responsabilidad por los daños causados a una unión que induce al patrono a desafiliar a un grupo de obreros a quien se supone representa, tendría muy poco que hablar a su favor.

En cuanto a la proporción en que la Junta adjudicó la responsabilidad de ambos querellados, los hechos probados justifican la determinación que se hizo. Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 342, 353 (1949). En ausencia de arbitra-nedad, caprichosidad, irrazonabilidad o prueba que demues-tre que la Junta incurrió en un mal uso de su discreción, procede que confirmemos el dictamen. Morales Torres v. J.R.T., supra; Rivera v. Junta Relaciones del Trabajo, 70 D.P.R. 5, 12-13 (1949); Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515, 525 (1962); J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840, 845 (1964).

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La Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo y el Fondo del Seguro del Estado

La Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 246b(a), dispone lo siguiente:

Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compen-sación inferior a la prescrita en las sees. 245 et seq. de este título o en un decreto mandatorio, orden o reglamento de la Junta de Salario Mínimo o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar me-diante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el im-porte total de la compensación que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adi-cional, además de las costas, gastos, intereses y honorarios de abogado del procedimiento, estos últimos en suma razona-ble que nunca bajará de cincuenta (50) dólares, sin que para nada de ello obste pacto en contrario. (Énfasis suplido.)

Los recurrentes alegan que tienen derecho a los benefi-cios que surgen bajo esta sección. La Junta resolvió que no estaban cubiertos por la misma, ya que la propia Ley de Sa-lario Mínimo de Puerto Rico excluye de su aplicación a las “personas empleadas . . . por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción de aquellas agencias o instrumentalidades de éste que operen como negocios o empresas privadas”. Debemos, pues, determinar si el F.S.E. opera como negocio o empresa privada y por lo tanto está excluido de los beneficios de la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra.

A. Agencia o instrumentalidad del Gobierno que opera como negocio o empresa privada

En A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437, 455-456 (1976), al interpretar el Art. II, Sec. 18 de nuestra Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, identi-ficamos algunos de los criterios a utilizar para determinar cuándo una agencia o instrumentalidad del Gobierno opera o funciona como negocio o empresa privada. Expresamente in-dicamos que ninguno de los criterios era determinante por sí solo, que examinaríamos en cada caso la conjunción de fac-tores existentes. En Unión Empleados Carreteras v. J.R.T., 119 D.P.R. 116 (1987), voto concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, aplicamos estos criterios para de-terminar si, al amparo del Art. 2(11) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 63(11), la Auto-ridad de Carreteras era una agencia del Gobierno que se de-dicaba o podía dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario y, por lo tanto, era un patrono bajo dicha ley.

Hoy nos toca resolver si para propósitos de la See. 33(a)(2) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 246e(a)(2), el F.S.E. es una agencia o instrumentalidad que opera como negocio o empresa privada. Entre los factores a examinar están los siguientes:

... si los empleados de la agencia concernida están cu-biertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza in-trínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capacitada para funcionar como una empresa o negocio privado; si la agencia de hecho funciona como una em-presa o negocio privado; el grado de autonomía fiscal de que disfrute la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa privada; y si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario ... la estruc-tura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para deman-dar y ser demandada ilimitadamente; el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su récord económico y sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y administrar propiedades sin la intervención del Estado; el punto hasta donde el recono-cimiento a los trabajadores de la agencia de los derechos a [organizarse y negociar colectivamente, a la huelga, a estable-cer piquetes y a llevar a cabo otras actividades legales concer-tadas.] A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, pág. 455.

Para entender mejor el funcionamiento del F.S.E. comen-zaremos nuestro análisis con una breve reseña de su trayec-toria histórica. En 1935, para llevar a cabo la política pública relacionada con reclamaciones por accidentes laborales, la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.), creó la Oficina del Administrador del F.S.E. en el De-partamento de Hacienda y, como asegurador, al F.S.E. En 1957 la Oficina del Administrador del F.S.E. pasó a formar parte del Departamento del Trabajo. También se creó una junta consultiva para que ayudara al Secretario del Trabajo, “mediante consejo y recomendaciones, a establecer normas de seguridad industrial y protección para los trabajadores en los sitios de labor; y en el más amplio y efectivo desarrollo de programa de compensaciones y servicios para los obreros y empleados”. En 1969 la Ley Núm. 103 de 28 de junio creó, como organismos gubernamentales independientes, la actual Oficina del Administrador del F.S.E. y la Comisión Industrial (C.I.) con básicamente los mismos poderes y funciones que sus antecesoras. 1969 Leyes de Puerto Rico 294. Al F.S.E. se le encomendó establecer, organizar y administrar “sus propios sistemas y controles adecuados de personal, presupuesto, compras y contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operación efi-ciente y económica de los servicios”. En relación con el personal, éste quedó comprendido dentro del Servicio Exento. Se facultó al F.S.E. a establecer un sistema de personal que debería “estar basado en el principio de mérito y en conformidad con las reglas y reglamentaciones que al efecto adoptaría] el Administrador” en consulta con la Unión de Empleados y Trabajadores de la agencia. 1969 Leyes de Puerto Rico 294, 297.

También mediante la Ley Núm. 103, supra, y a manera de excepción, se permitió a los empleados del F.S.E. unio-narse y negociar colectivamente en relación con “salario, horas de trabajo y condiciones generales de empleo”. Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 300. Específicamente se confirió jurisdicción a la Junta sobre el F.S.E. y se creó un detallado esquema para el ejercicio del derecho a la negociación colec-tiva, haciendo un balance entre este derecho y la necesidad de que los servicios que ofrece el F.S.E. no se vean afec-tados. Como parte de este esquema, se requirió el arbitraje compulsorio y se prohibió la interrupción de los servicios al público.

El F.S.E. tiene a su cargo la implantación y el desarrollo de toda la política pública del Estado relacionada con las reclamaciones de empleados y de obreros por accidentes del trabajo. Su Administrador es nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado por un término fijo de seis (6) años. Para hacer viable esta vital función gubernamental se creó un organismo cuasi judicial, la C.I., que revisa las actuaciones del F.S.E. Marcando aún más la importancia de esta gestión gubernamental, está el hecho que las decisiones de la C.I. son revisables directamente por este Tribunal. No cabe duda que por su naturaleza, los servicios que ofrece y la gestión que realiza, el F.S.E. es una agencia gubernamental.

Aunque el F.S.E. fija y cobra primas de seguros, su presupuesto anual está sujeto a las limitaciones establecidas en el Art. 6 de la Ley Núm. 45, supra, según enmendado, 11 L.P.R.A. sec. 8, tiene que ser aprobado por el Gobernador y, una vez así aprobado, tendrá fuerza de ley. El F.S.E. sólo posee facultad para comprar o contratar “los materiales, su-ministros, equipo, piezas o servicios” (11 L.P.R.A. see. 8) para llevar a cabo sus funciones pero, con excepción expresa del Hospital Industrial, carece de facultad para adquirir pro-piedades. Sólo con la recomendación del Secretario de Hacienda y la aprobación del Gobernador, y con las limitaciones establecidas en la propia ley, puede invertir cualquier resi-duo o reserva. Arts. 6 y 29 de la Ley Núm. 45, supra, y Art. 2 de la Ley Núm. 388 de 22 de abril de 1946, según enmen-dada. Tampoco puede obtener préstamos ni fondos de forma independiente del Estado.

Con respecto a los empleados del F.S.E., según ex-presáramos anteriormente, la ley crea un detallado esquema fundado en el principio de mérito, que reconoce el derecho a unionarse y negociar colectivamente, pero no así el derecho a huelga.

Finalmente encontramos que el F.S.E. carece de personalidad jurídica separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y no puede demandar ni ser demandado, ex-cepto en las instancias limitadas de los casos relacionados con las reclamaciones por accidentes del trabajo comenzados en el F.S.E., la subrogación en cuanto a terceros en este mismo tipo de casos y las comparecencias ante la Junta.

Tomando en conjunto todos los factores antes enunciados y haciendo un balance racional entre los que denotan una gestión puramente gubernamental y los que reflejan una ac-tividad de tipo privada, resolvemos que el F.S.E. no opera o funciona como negocio o empresa privada.

B. Daños líquidos

La Junta denegó los daños líquidos que provee la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra, por entender que según la Sec. 33(a)(2) de esta ley, supra, el F.S.E. quedaba excluido. Habiendo determinado que el F.S.E. no funciona como negocio o empresa privada y que, por ende, éste forma parte integral de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin personalidad jurídica propia, concluimos que la Junta actuó correctamente al denegar los daños líquidos de la Sec. 30(a), supra.

C. Intereses

La Junta también denegó los intereses solicitados tanto desde “la violación del salario convenido”, como desde la no-tificación a los querellantes de las cantidades líquidas a que son acreedores. Se fundó en la no aplicación de la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra. También se negó a aplicar el caso de Pan American v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 413 (1972), por entender que “[e]n ningún momento [el Tribunal Supremo] expresó que en casos bajo la Ley de Salario Mínimo ... el cómputo podría hacerse como lo determinó el tribunal inferior en [dicho caso]”. Anejo LV¡ pág. 150.

Por las razones expresadas anteriormente, la Junta actuó correctamente al no conceder los intereses que provee la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra.

Pasemos ahora a considerar si procede la imposición de intereses desde la notificación a los querellantes de las cantidades líquidas a que eran acreedores. En Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 472 (1982), indicamos que:

[A]quel empleado que es injustamente despedido y cuya re-posición se ordena con el pago de salarios dejados de percibir tiene el derecho de recibir el pago de intereses al tipo legal sobre la cuantía de lo adeudado, que serán computados desde la fecha de la decisión que emita la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal.

En Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 160-161 (1974), equiparamos un laudo arbitral a una adjudicación judicial y dijimos que la “[c]onsecuencia lógica e inexorable al trazar rumbos paralelos entre un laudo arbitral y un dicta-men judicial es el reconocer que proceden intereses legales . . . computados a partir de la fecha del laudo . ..”. (Énfasis suprimido.) En Municipio de Mayagüez v. Rivera, supra, págs. 469-470, lo citamos con aprobación y expresamos que habíamos “notado cierta inconsistencia en los dictámenes de los tribunales de instancia en lo referente a la imposición del interés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia dictada en casos en que se ha condenado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o sus municipios, agencias e instrumentali-dades al pago de una suma de dinero”. Recientemente, en Morales Torres v. J.R.T., supra, pág. 300, resaltamos nueva-mente que “[l]a norma establecida jurisprudencialmente es que la imposición de intereses legales se computa a partir de la fecha de la orden, laudo o decisión”. Reiteramos, pues, que estos intereses forman parte integral de la sentencia dictada y que pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma, que proceden como cuestión de ley en los casos en que el Estado es parte y que “no son contrarios a las leyes de inmunidad gubernamental”.

Concluimos, por lo tanto, que la Junta incidió al no conce-der intereses desde la notificación a los querellantes de las cantidades líquidas a que eran acreedores.

D. Honorarios de abogado

Los querellantes fundamentan su solicitud para honorarios de abogado en la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra; la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, conocida como Ley para Regular la Concesión de Honorarios de Abogado, 32 L.P.R.A. sees. 3114-3117; la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, conocida como Ley sobre Horas Extras, 29 L.P.R.A. sees. 271-288; el caso de Vaca v. Sipes, supra, y los casos de Colón Molinary v. A.A.A., supra, y J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 102 D.P.R. 774 (1974).

Ya hemos concluido que la Sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, supra, no aplica al F.S.E. Tampoco le son aplicables las disposiciones de la Ley Núm. 402, supra, ni las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra, ya que el Estado está excluido de ambas.

En Colón Molinary v. A.A.A., supra, pág. 159, expresamos que “la política pública que inspira la legislación sobre honorarios de abogado y nuestras decisiones al efecto equiparando un laudo arbitral a una adjudicación judicial, nos llevan a concluir, que de ordinario, procede la imposición de honorarios en casos en que el obrero tiene que acudir al foro sustitutivo del judicial a hacer valer sus derechos”. (Es-colio omitido.)

Ahora bien, también hemos resuelto que como doc-trina general el Estado y sus funcionarios no están sujetos al pago de honorarios de abogado. De León v. Sria. de Instrucción, 116 D.P.R. 687, 688 (1985); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 459-460 (1985); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ya que no hay disposición expresa que autorice la imposición de honorarios de abogado contra el F.S.E., éstos no procedían. Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98 (1988). El error señalado no se come-tió.

Además, cabe señalar que en Morales Torres v. J.R.T., supra, pág. 299, acogimos el enfoque de la Junta que ‘“no impon[dría] honorarios a favor de un abogado privado de una parte querellante por servicios dados a tal “parte” en [la Junta], toda vez que la representación la ostenta la Divi-sión Legal de la Junta, la cual a su vez representa el interés público’

E. Daños y angustias

Hemos reconocido la facultad de la Junta para “ordenar que una parte compense a la otra los daños causádoles . . . siempre y cuando la Junta entienda que ese remedio es necesario y apropiado para efectuar los propósitos de la ley”. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 533 (1970). También hemos establecido que, de ordinario, cuando la Junta considere la imposición de daños y angustias, y determine que su imposición no es ni necesaria ni apropiada, no sustituiremos nuestro criterio por el del foro administrativo. U.T.I.E.R. v. J.R.T., supra, pág. 533; Morales Torres v. J.R.T., supra.

En el caso de autos la Junta expresa que la concesión de los daños y angustias mentales no es necesaria y apropiada para efectuar los propósitos de la ley, debido a que se trata de unas diferencias salariales que los abogados querellantes dejaron de percibir como gerenciales. No podemos estar de acuerdo. La evidencia en el récord es abundante en cuanto a los ataques emocionales a los cuales estuvieron sujetos los querellantes. No se trata de unas meras diferencias sala-riales, sino de un intento de la Unión por desafiliar a los que-rellantes de unas prácticas ilícitas iniciadas por ésta, que tuvieron su impacto negativo sobre los querellantes, creando desasosiego entre estos trabajadores y, por lo tanto, en su unidad de trabajo.

En este caso los intereses privados de los querellantes coinciden con los intereses públicos contenidos en el estatuto que crea la Junta: lograr la paz industrial y producción inin-terrumpida de servicios, y eliminar en lo posible las disputas obreras fomentando la negociación colectiva, entre otros. Conceder daños y angustias mentales como remedio tendría el efecto de disuadir prácticas ilícitas de este tipo en el campo de las relaciones obrero-patronales. Ante las circuns-tancias específicas de este caso entendemos que procedía la concesión de daños y angustias mentales. El error señalado se cometió.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia modifi-catoria de la decisión y orden de la Junta, de acuerdo con lo aquí resuelto, y se devuelve el caso a la Junta para que con-tinúen los procedimientos a tenor con lo dispuesto en esta opinión.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente de la Parte E de la opinión. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López no intervinieron.

       En Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), el empleado fue despedido luego que el doctor del patrono determinó que no estaba físicamente capacitado para llevar a cabo su trabajo. La unión, luego de recibir la evidencia del empleado, trató de recopilar evidencia suficiente para probar el caso y buscarle al empleado un trabajo menos fuerte. También se unió a los esfuerzos del patrono para rehabi-litarlo. Sólo cuando estos esfuerzos resultaron infructuosos, fue que la unión con-cluyó que el arbitraje sería inútil y que la queja debería desestimarse. Bajo estas circunstancias el Tribunal determinó que la unión había cumplido con su deber de representar adecuadamente al empleado.

       En Bowen v. United States Postal Service, 459 U.S. 212 (1983), el patrono suspendió al empleado sin paga por haber tenido un altercado con otro empleado. El oficial de la unión a cada paso del procedimiento de querella había recomen-dado que siguieran defendiendo la queja, pero los oficiales a nivel nacional rehu-saron llevar el asunto a arbitraje.

       La aplicación de estos principios ha suscitado diversas interpretaciones. Sobre el particular, véanse: Comentario, Apportionment of Damages in DFR/ Contract Suits: Who Pays for the Union’s Breach, 1981 Wise. L. Rev. 155 (1981); S.L. Mu.rray, Apportionment of Damages in Section SOI Duty of Fair Representation Actions: The Impact of Bowen v. United States Postal Service, 32 DePaul L. Rev. 743 (1983); R. Kirschner y M. Walfoort, The Duty of Fair Representation: Implications of Bowen, 1 The Labor Lawyer 19 (1985).

       En este caso el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó:
      “. .. [Judgement against [the union] can in any event be had only for those damages that flowed from [its] own conduct. Assuming a wrongful discharge by the employer independent of any discriminatory conduct by the union and a subsequent discriminatory refusal by the union to process grievances based on the discharge, damages against the union for loss of employment are unrecoverable except to the extent that its refusal to handle the grievances added to the difficulty and expense of collecting from the employer.” Czosek v. O’Mara, 397 U.S. 25, 29 (1970).

       Sec. 38(a)(2) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. see. 246e(a)(2).

       El Administrador de dicha oficina era nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. También se creó la Comisión Industrial de Puerto Rico (C.I.) en el Departamento del Trabajo con “funciones de naturaleza cuasi judicial y cuasi tutelar para la investigación y resolución de todos los casos de accidentes en los cuales el Administrador y el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios, no llegasen a un acuerdo con respecto a la compensación . ..”. Art. 6(a) de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 8(a)). Con respecto a las finanzas, disponía que, tanto la C.I. como el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.), tenían que someter su presupuesto a la Legislatura para aprobación. Las primas eran recaudadas por el Tesoro de Puerto Rico a través de los colectores de rentas internas y de aquellos funciona-rios que el Tesoro autorizare e ingresaban en el Tesoro de Puerto Rico en el F.S.E. Art. 25 de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. see. 26. Los gastos incu-rridos por la C.I. y el Administrador del F.S.E. se cargaban al F.S.E. Art. 6 de la Ley Núm. 45, supra. El Administrador sólo podía invertir cualquier residuo o reserva con el permiso del Gobernador. Art. 29 de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. sec. 30.

       Art. 6 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1957 (1957 Leyes de Puerto Rico 472, 502-503).

       Art. 6(a) de la Ley Núm. 103 de 28 de junio de 1969 (1969 Leyes de Puerto Rico 294, 295). En este artículo también se le concede poder al Administrador “para comprar, contratar o de otro modo proveer a la Agencia todos los mate-riales, suministros, equipo, piezas o servicios”. íd., pág. 295.

       El personal de la C.I. quedó comprendido dentro del Servicio sin Oposi-ción.

       Art. 6 de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. see. 8.

       El Art. 6(a), en su parte pertinente, dispone:
      “Las finanzas para la administración de este servicio estarán sujetas a las siguientes bases:
      “La oficina del Administrador del Fondo del Estado prestará los servicios que le son encomendados por este Capítulo con arreglo a su propio presupuesto anual, el cual, una vez haya sido aprobado por el Gobernador de Puerto Rico, a propuesta del Administrador, tendrá fuerza de ley. Disponiéndose, que dicho pre-supuesto deberá incluir las asignaciones o partidas necesarias para cumplimentar los acuerdos del convenio colectivo otorgado por el Administrador con el repre-sentante autorizado de los empleados y trabajadores del Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado deberá separar los fondos necesarios para el pago de los servicios que le preste la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico al hospital del Fondo, ubicado en los terrenos de la Administra-ción. La cantidad reservada para el anterior propósito no podrá utilizarse para otro fin que el aquí dispuesto. El criterio a utilizarse para reservar dichos fondos se determinará por la Administración, en coordinación con el Fondo del Seguro del Estado; tomando como base la experiencia de años anteriores, el volumen de servicios proyectados, costos, inflación y cualquier otro factor que resulte necesa-rio. De resultar algún sobrante de los referidos fondos, el mismo será acreditado en el presupuesto correspondiente al próximo año fiscal. Por el contrario, en caso de que se gaste una cantidad mayor a la presupuestada la misma se incluirá en el presupuesto del próximo año fiscal.” 11 L.P.R.A. sec. 8(a).

       11 L.P.R.A. sees. 8, 30 y 101.

       11 L.P.R.A. sec. 30.

       11 L.P.R.A. see. 8.

       11 L.P.R.A. see. 32.

       El Art. 2 de la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950 (32 L.P.R.A. see. 3115) específicamente dispone, en lo que respecta al Estado, que la palabra “pa-trono” sólo “incluirá a las autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Es-tadual y/o sus representantes”.

       El Art. 16 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 285) en su parte pertinente dispone:
      “No se aplicarán disposiciones de las sees. 271 a 288 de este título a los empleados del Gobierno Estatal, de los Gobiernos Municipales, ni del Gobierno de la Capital ni a los de las agencias o instrumentalidades de dichos gobiernos, con excepción de aquellas agencias o instrumentalidades que se dediquen a em-presas agrícolas, industriales, comerciales o de servicio público.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Pablo S. Cruz Correa, acusado y apelante.

      Número: CR-87-39

      Resuelto: 11 de mayo de 1988

      Cándida Valdespino Zapata, abogada del apelante; Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El mero hecho de sorprender a un intruso escalando nuestro hogar, ¿constituye una circunstancia que produce en una persona común y corriente un estado tal de cólera que requiera, de manera automática y mandatoria, que un tribunal de instancia imparta instrucciones al jurado sobre el delito de homicidio voluntario en un proceso que se sigue contra el acusado por el delito de asesinato?

Contestamos en la negativa; esto es, resolvemos que aun cuando la santidad e integridad del hogar es de gran importancia y envergadura para los seres humanos, la cuestión de si su violación per se causa o no ese estado anímico de súbita cólera que a su vez propicia una actuación impulsiva e irreflexiva en la persona es materia para ser dilucidada conforme a los hechos específicos de cada caso en particular.

Resolvemos, en adición, que a la luz de la norma anteriormente expuesta y dados los hechos particulares y específicos del presente caso, no erró el tribunal de instancia al negarse a transmitir al jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario.

I

El Ministerio Fiscal radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, acusaciones por los delitos de asesinato en segundo grado y por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 416, contra el aquí apelante Pablo S. Cruz Correa por hechos alegada-mente ocurridos el día 2 de agosto de 1986 en los cuales re-sultara muerto un joven de diez y siete (17) años de edad de nombre Fernando Luis Quiñones c/p “Nandito”.

El apelante fue sometido a juicio solicitando ser juzgado por doce (12) de sus conciudadanos. Dicho jurado tuvo que ser disuelto al no poder llegar a veredicto alguno respecto a ninguno de los dos (2) pliegos acusatorios radicados. Cele-brado un segundo proceso, los señores del jurado que inter-vinieron en el mismo como “juzgador de los hechos” rindie-ron veredicto condenatorio por los dos (2) delitos según imputados. Como consecuencia de ello, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, condenó al apelante Cruz Co-rrea a sufrir penas de reclusión, a ser servidas concurrente-mente entre sí, de “diez y ocho (18) años de presidio más nueve (9) años de reincidencia” (sentencia apelada, pág. 1) en el caso de asesinato en segundo grado y de dos (2) años en el caso por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

Inconforme, el apelante acudió ante este Tribunal impu-tándole al tribunal de instancia la supuesta comisión de dos (2) errores, a saber:

A) No se dio instrucciones al jurado sobre el delito de homi-cidio. Las mismas fueron solicitadas por la defensa y dene-gadas por el Hon. Juez.
B) Al encontrar culpable al acusado, no hubiéndose [sic] probado su culpabilidad más allá de duda razonable. Alegato del apelante, pág. 10.

Procede que se señale que, luego de que se radicara el recurso de apelación ante este Tribunal, el foro de instancia, mediante resolución de fecha 15 de junio de 1987 y previa vista al efecto, le concedió al apelante fianza en apelación.

HH

La prueba del Ministerio Fiscal, respecto a la ocurrencia en sí de los hechos, consistió del testimonio de tres (3) tes-tigos. Todos escucharon en la noche del 2 de agosto de 1986 varias detonaciones de arma de fuego.

La Sra. Belén Ayala Santiago —quien residía para la fecha de los hechos en una casa contigua, por la parte tra-sera, a la del apelante— testificó, en síntesis, a los efectos de que esa noche pudo oír la voz de un “hombre mayor” que amenazaba con matar a otra persona “para que no lo hagas más” (alegato del apelante, pág. 2); que seguidamente pudo percibir la voz de un “muchacho” suplicando que no lo mata-ran-, que luego de oír por segunda ocasión prácticamente el mismo intercambio de palabras anteriormente expresadas, escuchó un disparo de revólver; que oyó nuevamente al “mu-chacho” suplicando y llorando por su vida, luego de lo cual escuchó un segundo disparo y, luego de una pausa, una ter-cera detonación de arma de fuego, y que no puede decir o precisar a qué personas pertenecían dichas voces pero que las mismas provenían de la parte trasera de su casa, esto es, de donde vivía el apelante.

Los restantes dos (2) testigos “de los hechos” —el Sr. Demsey Almodóvar Meléndez y el joven Samuel Rivera Mar-tínez, vecinos igualmente del apelante— testificaron, en sín-tesis, que esa noche, luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego salieron a la calle pudiendo observar al apelante frente a su casa con una arma de fuego en sus manos; que éste les expresó que había sorprendido al occiso robando en su casa, y que al éste intentar darle con un bate, él le había disparado. El testigo Almodóvar Meléndez testi-ficó, en adición, que al rato de haber sostenido la conversa-ción con el apelante pudo observar a éste arrastrando el cuerpo del occiso hacia la calle. Declaró, por último, el refe-rido testigo que él tenía conocimiento personal de que el oc-ciso “olía thinner” y que el apelante le proporcionaba dicho material a aquél.

El agente Luis A. Martínez Bodón, perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, declaró, en síntesis, que entrevistó al apelante y que éste, luego de él hacerle las advertencias de rigor, le in-formó que había matado al occiso porque éste se había me-tido en su casa. Declaró, en adición, dicho agente del orden público que pudo percatarse que la muerte del occiso no ha-bía ocurrido en el lugar donde apareció el cadáver debido a que no había sangre en dicho lugar y que se notaba que el cadáver había sido arrastrado.

Por el Ministerio Público, en adición, declaró la patóloga forense Dra. Yocasta Brugal. Testificó dicho facultativo mé-dico, en síntesis, que el cadáver del occiso mostraba abra-siones consistentes con haber sido arrastrado el mismo y que dicho cadáver había recibido tres (3) impactos de bala; que en su opinión la trayectoria de las referidas heridas de bala —una de las cuales fracturó el húmero en el hombro iz-quierdo— eran de “arriba hacia abajo” (alegato del apelante, pág. 6) y que las mismas eran compatibles con la situación en que el occiso estuviera en un plano inferior a la persona que le hizo los disparos, probablemente de rodillas o en cuclillas, y que no podía especificar cuál de las heridas ocurrió pri-mero.

Por la defensa testificó el propio apelante. Reproducimos su declaración según ésta surge de la exposición narrativa de la prueba que certificara como correcta el tribunal de instan-cia:

Declaró que esa noche se encomendó para traer las bestias a su casa y cuando regresó escuchó un ruido en la casa. Que siempre dejaba su casa asegurada, dejó el portón junto y se fue a buscar [las bestias. Luego de traer la tercera bestia, al ir a] buscar agua escuchó ruido, para la parte de la casa vieja. Se acercó por la parte de la escalera y vi[o] a una persona arriba. Que le dijo: “[m]ira ha[z]me el favor, no busques problemas”. Que el sujeto le dice “[ojlvídese de eso”. Que se sintió sorpren-dido, se movió a la escalera, escuchó ruido en el piso, volvió a ver al sujeto y le dijo: “bájate de ahí”. Que en ese momento sabía que era Nandito. Que subió a mitad de la escalera y frente a la mesa del comedor vi[o] que Nandito levantó algo y le dijo: “[vjiejo hijo de puta, esto es lo que tengo para ti”. Que le disparó a la pierna. Que le hizo un segundo disparo. Nandito se dobló un poco y le hizo un tercer disparo. En el contrainte-rrogatorio admite que los disparos los hizo a distancia de tres pies. Que el revólver lo tenía hacía algún tiempo y ese día se lo llevó para su seguridad. Que no sabe el nombre de la persona a quien se lo compró, pero que ésta se fue para los Estados Unidos, pero no sabe la dirección. Que votó el revólver no sabe a d[ó]nde. Que no tenía licencia para tener o portar armas. Que no le dijo nada a los vecinos. Que sacó el cadáver de la casa y lo arrastró hacia la calle al otro lado del parque. Que no encontró a nadie en la calle, ni en la vecindad para pedir ayuda. Que no notificó a la Policía por falta de teléfono y trans-portación. Tampoco pudo comunicarse con nadie, ni le entregó bate alguno. Que al otro día vi[o] un bate en el patio de la casa. Que tan pronto sacó el cadáver, hizo limpieza, se bañó y se acostó a dormir hasta el día siguiente. Que siguió trabajando, no le dijo nada a sus compañeros de trabajo. Que no escuchó a la Policía ni a nadie cuando investigaba al momento de apare-cer el cadáver de Fernando Luis Quiñones frente a su casa al cruzar la calle. Que no habló con Demsey Almodovar, n[i] con Samuelito sobre los hechos. Niega haber hablado con don Máximo Quiñones, padre del occiso, [a quien al día siguiente de la muerte se le acercó y le preguntó si ya habían cogido al asesino]. Alegato del apelante, págs. 8-9.

Terminado el desfile de la prueba, el apelante solicitó del tribunal de instancia que —en adición a las instrucciones co-rrespondientes sobre el delito imputado de asesinato en se-gundo grado y la de absolución por haber actuado el apelante en legítima defensa de su vida y/o morada— instruyera a los señores del jurado sobre la alternativa de un veredicto por el delito de homicidio voluntario. El tribunal de instancia, no obstante transmitir al jurado la instrucción correspondiente a legítima defensa, se negó a transmitir instrucción alguna respecto al delito de homicidio voluntario por entender que la prueba desfilada no lo justificaba.

HH > — H

No debe perderse de vista que el derecho constitucional a juicio por jurado que tiene en nuestra jurisdicción toda persona que es acusada de la supuesta comisión de delito grave —e inclusive, en ciertas circunstancias, de delito menos grave— necesariamente implica y conlleva que ese jurado será el que actúe en el proceso como “juzgador de los hechos”. Ello significa que será ese jurado el que tenga la “última palabra” no sólo en cuanto a la culpabilidad o inocen-cia del imputado del delito sino que será el que determine — en caso de entender que el acusado incurrió en responsabili-dad en relación con los hechos que se le imputan— el delito en específico, o el grado del mismo, por el cual éste debe responderle a la sociedad.

Ello, naturalmente, requiere que el jurado sea correctamente instruido por el juez que preside el proceso. Debido a todo lo anteriormente expresado es que nuestro ordenamiento tiene como principio rector —según lo expresáramos en Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981)— que “las instrucciones al jurado deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos de delitos inferiores al delito imputado o comprendido dentro de éste, sino también los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable puedan estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad”. (Énfasis suplido.)

Sobre la procedencia, en específico, de una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario en un proceso seguido contra un acusado por el delito de asesinato, resolvimos en Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557, 561 (1950), que:

No es necesario que la prueba de homicidio resulte incon-trovertida o concluyente sobre la cuestión; mientras haya al-gún indicio de prueba a ese efecto, el jurado es el llamado a aquilatar la misma. De haber alguna evidencia tendiente a de-mostrar un estado de hechos que haga caer el caso dentro de la definición de homicidio voluntario, es al jurado que incumbe determinar si tal prueba es cierta o no, y si la misma demues-tra que el delito cometido fue homicidio voluntario y no asesi-nato. (Traducción nuestra.) Stevenson v. United States, 162 U.S. 313, 314 (1895).

En otras palabras —y sobre ello no debe existir duda alguna— no importa cuán abrumadora pueda parecerle al juez que preside el proceso la prueba sobre asesinato, mientras haya alguna prueba que tienda a indicar la posibili-dad de un homicidio, ese juez viene obligado a transmitirle al jurado las instrucciones pertinentes sobre el referido delito y es al jurado a quien le corresponde aquilatar dicha prueba y determinar el delito por el cual debe responder el acusado. Pueblo v. Galarza, ante; Pueblo v. González Colón, ante.

A base de los anteriores principios, sostiene el apelante que el tribunal de instancia cometió error —el cual amerita la revocación de las sentencias apeladas— al negarse a transmitir a los señores del jurado la instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. Argumenta el apelante que en el presente caso ello era mandatorio por cuanto la prueba lo que demostró fue que él mató al sospechoso al sorprenderlo robando o escalando su casa. Como podemos notar, la con-tención del apelante es a los efectos de que el mero hecho de sorprender a una persona escalando el hogar de uno “causa” per se en ésta el “arrebato de cólera” de que habla el Código Penal de Puerto Rico en su Art. 85 (33 L.P.R.A. see. 4004). No tiene razón; veamos por qué.

HH <J

Como es sabido, dispone el citado Art. 85 del Código Penal, en lo pertinente, que será culpable del delito de homici-dio voluntario toda “persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. 33 L.P.R.A. see. 4004.

Resumiendo, principalmente, nuestra jurisprudencia in-terpretativa de la citada disposición legal, la Leda. Dora Ne-vares-Muñiz —en su libro Código Penal de Puerto Rico, revisado y comentado, Hato Rey, Rev. C. Abo. P.R., 1986, págs. 144-145— nos informa que:

Los elementos del delito son: dar muerte a un ser humano, a consecuencia de una pendencia súbita o de un arrebato de có-lera, causado por una provocación adecuada de parte de la víctima. Pueblo v. Sulman, 103 D.P.R. 429 (1975). Se trata de un acto intencional e ilegal que causa una muerte pero por existir circunstancias atenuantes la calificación del delito y la pena varían para beneficio del acusado. La circunstancia ate-nuante consiste de que el acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional, súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra persona actuando con ésta. Pueblo v. Castro García, 110 D.P.R. 644, 647 (1981) (sentencia) (Rigau, disi-dente).
El homicidio presupone una persona ordinaria que por la cólera, pendencia, o emoción violenta y súbita, causada por una provocación adecuada, pierde el equilibrio y dominio de sí misma. Se excluye, por tanto, al ebrio, al adicto y al loco. Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977).
En la modalidad del homicidio por arrebato de cólera se requiere una provocación capaz de lograr una reacción vio-lenta, intencional, pero no calculada, ni preconcebida, en el hombre prudente y razonable. En cambio, en la modalidad de la súbita pendencia, al remitir a su origen histórico de pelea súbita, no reflexiva ni premeditada, no necesariamente re-quiere una provocación previa. Basta demostrar la existencia de una pelea súbita, a lo cual se entra sin la intención previa de matar o de causar grave daño corporal. Véase, LA FAVE & SCOTT, 574; PERKINS & BOYCE 88-91; Pueblo v. Gelpí, 63 D.P.R. 517 (1944); Pueblo v. González Ruiz, 90 D.P.R. 580 (1964); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981). (Én-fasis suplido.)

No tenemos duda alguna sobre el hecho de que para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos el “hogar” constituye uno de los valores más preciados de su vida; lugar donde no sólo ese ser humano busca, y consigue, la serenidad espiritual y física que necesita su ser para poder continuar adelante luego de un pesado día de trabajo, sino que el mismo constituye el retiro que es símbolo de, y atesora, lo más íntimo y sagrado de su familia.

Tampoco albergamos duda alguna de que en la gran ma-yoría de los casos en que ese ciudadano prudente y razonable arriba a su hogar y se enfrenta a la triste y desafortunada experiencia de encontrarse con un intruso que ha violado en la forma más despreciable posible ese oasis físico y espiri-tual, el mismo experimenta tal furia o arrebato de cólera que le puede llevar a la reacción violenta, impensada y funesta de quitarle la vida a otro ser humano.

Dicha reacción, sin embargo, necesariamente no es expe-rimentada por todos nuestros conciudadanos. Las personas, como es sabido, reaccionan de distinta forma y manera ante una misma situación de hechos. Es por ello que no podemos adoptar, como pretende la representación legal del apelante que lo hagamos, una norma a los efectos de que en todo caso de esta naturaleza los tribunales de instancia vienen en la obligación de transmitirle a las damas y caballeros del ju-rado las instrucciones pertinentes al delito de homicidio vo-luntario.

Los señores jueces de instancia deberán determinar la procedencia de dicha instrucción en esta clase de situaciones de acuerdo con la norma general vigente en nuestra jurisdicción en relación con esta materia; esto es, conforme a los hechos específicos de cada caso en particular, viniendo obligados a transmitir la instrucción sobre el delito de homicido voluntario cuando la prueba presentada —no importa lo débil que ésta sea— así lo justifique. Pueblo v. González Colón, ante; Pueblo v. Galarza, ante.

V

El mejor ejemplo de todo lo anteriormente expresado lo constituye, precisamente, el caso que ocupa nuestra aten-ción. Un análisis sereno y objetivo de toda la prueba que desfilara ante el tribunal de instancia nos convence de que la actuación del apelante, al disparar contra el occiso, no se de-bió a una reacción violenta, impensada e irreflexiva, esto es, a un súbito arrebato de cólera. Por el contrario, somos del criterio que la prueba lo que demuestra es que el apelante mató al sospechoso en una forma fría y calculada; no habién-dose presentado prueba alguna que justificara u obligara al foro de instancia a transmitir al jurado la instrucción dene-gada. Veamos.

En primer lugar, tenemos la declaración prestada por la patóloga forense. Declaró la doctora Brugal que las heridas de bala que presentaba el cuerpo del occiso eran de “arriba hacia abajo”, compatibles con la situación en que la víctima estuviera de rodillas o en cuclillas al recibir las mismas.

Ello corrobora plenamente el testimonio prestado por la vecina inmediata del apelante, la señora Ayala Santiago. Dicha testigo relata y describe una situación verdaderamente impresionante donde el sospechoso llora y suplica por su vida antes de, y durante, los tres (3) disparos de revólver que le hiciera el apelante.

Como si lo anteriormente señalado fuera poco, contamos con la propia declaración del apelante, la cual se encarga de disipar cualquier duda sobre la improcedencia de la instruc-ción solicitada por la defensa. De acuerdo con su propia de-claración, el apelante no experimentó coraje alguno al percatarse de la presencia del “intruso” en su hogar. Su única reacción, en sus propias palabras, fue que “se sintió sorprendido”. Sin inmutarse, el apelante fue al encuentro del occiso, a quien conocía, procediendo a dispararle en tres (3) ocasiones. Debe recordarse que, inclusive, hay prueba de la cual se puede razonablemente inferir que no era extraño el hecho de que el occiso se encontrara en casa del apelante; hubo prueba de que éste le proporcionaba thinner a aquél. La única instrucción que en realidad se justificaba que el tribunal le transmitiera al jurado a base del testimonio que prestara el apelante en corte abierta es precisamente la que el referido foro le transmitió, la de defensa propia. Como hemos visto, el jurado rechazó dicha teoría; no cometió error al así actuar, ya que la prueba a esos efectos fue extremada-mente débil.

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Lo anteriormente expresado dispone igualmente del se-gundo señalamiento de error. Ello es así ya que mediante el mismo lo que el apelante plantea es que “la prueba desfilada crea serias dudas respecto a la culpabilidad del acusado en-tre el delito de Homicidio Voluntario y el Asesinato en Se-gundo Grado”. Alegato del apelante, pág. 16. Como hemos visto, la prueba que obra en autos lo que demuestra, más allá de duda razonable, es la comisión de un delito de asesinato.

Se dictará sentencia confirmatoria.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita.

       En grado de reincidencia.

       Véase alegato del apelante, pág. 13.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Noel Vega Alvarado, acusado y peticionario; El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Cristina Jiménez López, acusada y peticionaria.

      Números: CE-87-524
    CE-87-704

      Resueltos: 11 de mayo de 1988

      Enrique Rivera Mendoza, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogado de los peticionarios; Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El poder y autoridad inherente que tiene todo tribunal para hacer cumplir sus órdenes, autos y sentencias, y para mantener y preservar el orden en los procedimientos judi-ciales, ¿le faculta, en relación con el calendario de causas criminales, para imponerle, de manera sumaria, a las partes o sus abogados sanciones económicas por conducta que entiende el tribunal subvierte y atenta contra una eficaz y ordenada administración de los asuntos judiciales ante su consideración? Contestamos en la negativa.

I

Contra Noel Vega Alvarado el Ministerio Fiscal radicó acusaciones ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, por los delitos de agresión agravada e infrac-ción a las disposiciones del Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414. La vista, en su fondo, de dichos casos fue señalada para el 22 de julio de 1987 en la Sala que preside el Hon. Juez Superior Rafael Pereira Solá. La representación legal del referido imputado estaba a cargo de la Leda. Ana L. Vega, de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, oficina de Guayama.

El día señalado para la vista, la licenciada Vega acudió temprano en horas de la mañana a la Sala del Juez Pereira Solá. Luego de dejar los expedientes de los casos correspon-dientes a dicho día sobre la mesa destinada a los abogados de la defensa, salió al pasillo frente a la referida sala con el pro-pósito de dialogar con uno de los testigos perjudicados de los casos que tenía pendientes, el Ledo. Miguel Ortiz Picó. Al salir de la sala, le informó al alguacil a cargo de la misma el lugar donde se encontraría.

Pasados algunos minutos, y al regresar la abogada a la Sala del Juez Pereira Solá, se encontró con la situación de que el caso de Noel Vega Alvarado ya había sido “llamado” y que, debido a su “incomparecencia”, el referido magistrado había suspendido el caso y le había impuesto a ella una san-ción económica de $200.

El 23 de julio de 1987, la licenciada Vega radicó una mo-ción ante el tribunal de instancia en la cual explicó la situa-ción y solicitó que el tribunal dejara “sin efecto las sanciones antes mencionadas o en su defecto se cite al Ledo. Miguel Ortiz Picó y al Alguacil designado a Sala... como testigos de Defensa, el día en que se ventile este asunto ante este Hon. Tribunal”. Exhibit VI, pág. 2.

En relación con dicha moción, el Hon. Rafael Pereira Solá, con fecha de 24 de julio de 1987, emitió una orden, la cual transcrita literalmente lee: “Deposítese la sanción.” Exhibit VII, pág. 3. En dicha fecha, adicionalmente, el Juez Pereira Solá emitió una resolución y orden en la cual, en lo pertinente, expresa:

A la vista en este caso señalada para el día 22 de julio de 1987 no compareció la Leda. Ana L[.] Vega. La misma tuvo que ser suspendida para el día 26 de agosto de 1987.
La licenciada Vega depositará una sanción de $200.00 por su incomparecencia no más tarde del día 17 de agosto de 1987 en la Secretaría de esta Sala, bajo apercibimiento de desacato. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 1.

Inconforme, acudió la Sociedad para Asistencia Legal en representación de la Leda. Ana L. Vega vía certiorari ante este Tribunal. Le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual el Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia re-vocatoria de la resolución y orden recurrida. Dicho funciona-rio compareció mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 1987, en el cual, luego de hacer un resumen de la ley y la jurisprudencia aplicable, solicita que este Tribunal “resuelva lo que en derecho proceda .. .”. Escrito para mostrar causa, pág. 7.

En el ínterin —específicamente el 17 de septiembre de 1987— la Sala de Guayama del Tribunal Superior de Puerto Rico, presidida la misma por el Hon. Juez Rafael Pereira Solá, nuevamente le impuso una sanción económica a la Leda. Ana L. Vega por ésta no estar presente al ser llamado un caso criminal para el acto de imposición de sentencia. En esta ocasión, al ser llamado el referido caso, la abogada se encontraba atendiendo otros asuntos asignados a la Socie-dad para Asistencia Legal en una segunda Sala presidida por el Hon. Juez Superior Francisco A. Padilla, por razón de que ese día era el único abogado de la Sociedad que estaba traba-jando en el Centro Judicial de Guayama. Solicitada la recon-sideración de dicha actuación, el Juez Pereira Solá la declaró sin lugar mediante resolución de fecha 7 de octubre de 1987. Exhibit II del expediente Núm. CE-87-704, pág. 2.

Por segunda ocasión, la Leda. Ana L. Vega acudió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente re-curso de certiorari. Nuevamente nos vimos obligados a con-cederle término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expe-dir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la re-solución recurrida. Dicho funcionario compareció; nos solici-tó que consolidáramos los casos por envolver cuestiones co-munes de derecho y que le permitiéramos someter el recurso a basé de la comparecencia qué radicara en el caso anterior. Así lo decretamos.

Estando en condiciones para resolver los referidos re-cursos, procedemos a así hacerlo.

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No hay duda de que, en virtud de lo dispuesto por el Canon 12 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, los abogados les deben a los tribunales “el respeto a las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los casos”. Véase Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).

Tampoco debe existir duda alguna sobre el hecho de que ha sido, y es, norma invariable de este Tribunal que el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos compatibles con los derechos de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, requiere que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para bregar con los graves problemas que conlleva el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un eficiente sistema de justicia. Ello presupone que nuestros jueces de instancia tengan poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados de la manera y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana discreción les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar una flagrante injusticia. Véase Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965).

No obstante lo anteriormente expresado, procede la revocación de las dos (2) resoluciones ante nuestra conside-ración. Ello por dos (2) razones: En primer lugar, a diferen-cia del campo civil, no existe en relación con el calendario de causas criminales autoridad estatutaria o reglamentaria al-guna que autorice la imposición, en forma sumaria, de san-ciones económicas a las partes o sus abogados por conducta que el tribunal considere que entorpece el mejor funciona-miento de los asuntos ante su consideración. En segundo lu-gar, un examen y análisis de los hechos —los cuales no están en controversia— nos convence de que la conducta obser-vada por la peticionaria Ana L. Vega no ameritaba que el tribunal de instancia tomara acción de clase alguna contra ella, aun cuando éste hubiera actuado contra dicha abogada utilizando el procedimiento correcto y apropiado a su al-cance: el de desacato criminal.

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Como correctamente señala el Procurador General en su comparecencia, en relación con el calendario de causas civiles, las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill) y las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, contienen claras y específicas disposiciones que autorizan la imposición de sanciones por parte de los tribunales a los abogados por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones para con éstos. Así, por ejemplo, tenemos la Regla 5(c) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, y la Regla 37.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Dichas disposiciones tienen el saludable propósito de evitar indebidas dilaciones en las dis-posiciones de los asuntos, así como la acumulación excesiva de casos en los calendarios de los tribunales.

Desafortunadamente, esa no es la situación en relación con el calendario de causas criminales. Ni las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni las Reglas de Procedimiento Criminal contienen disposición alguna que permita la imposición de sanciones económicas en forma similar a la del campo de lo civil.

Ello no significa, sin embargo, que el magistrado que preside los procedimientos en un caso criminal esté huérfano de remedios para vindicar la dignidad del tribunal ante una con-ducta que lesione esa dignidad o entorpezca los procedi-mientos que dirige. Tiene a su alcance, naturalmente, el mecanismo del desacato, tanto el civil como el criminal.

Sobre este aspecto resulta ilustrativa nuestra decisión en Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982). En dicho caso el abogado de un acusado no compareció, a pesar de haber sido debidamente citado al acto de pronunciamiento de sentencia, razón por la cual el magistrado que presidía la sala le imputó un desacato criminal y, luego de celebrada vista al efecto, lo encontró incurso en desacato, imponiéndole una pena de multa. Ante esta situación expresamos que:

Las fuentes del poder para castigar por desacato son múlti-ples. La Regla 242(a) de Procedimiento Criminal nos habla del desacato criminal directo. La Regla 242(b) se refiere al desa-cato criminal indirecto. La Regla 40.9 de Procedimiento Civil provee para el desacato civil. Se reconoce en Puerto Rico, además, el poder inherente de los tribunales para castigar por desacato. Pueblo v. García Rivera, 103 D.P.R. 547 (1975). También nos hemos expresado en ocasiones sobre el desacato sui géneris. In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274 (1959); Dubón v. Casanova, 65 D.P.R. 835 (1946). Esto último no significa que es inexistente la diferencia entre el desacato civil y el criminal, sino que se dan ocasiones en que se aplican al desacato ciertas reglas especiales. D. Dobbs, Contempt of Court: A Survey, 56 Cornell L. Rev. 183, 231 (1971).
La verdadera distinción entre el desacato criminal y el civil estriba en la naturaleza y propósito del remedio. Si la inten-ción es reparadora, inducir a alguien a cumplir con una obliga-ción, el desacato es de naturaleza civil. Shillitani v. United States, 384 U.S. 364 (1966). Si el objetivo es vindicar la autori-dad del tribunal, el desacato es de orden penal. United States v. Mine Workers, 330 U.S. 258 (1947). En lo que toca a la dife-rencia entre desacatos directos o indirectos, los primeros son los cometidos en presencia del tribunal. Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974). Algunos tribunales consideran directos aun los que no se cometan en presencia de la corte, pero tan cercanamente que montan a una obstrucción de la justicia. Esto no es posible bajo la Regla 42(a) de Procedimiento Criminal federal, equivalente a la Regla 242(a) nuestra. 3 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 2d, see. 703, pág. 819. La naturaleza del procedimiento, penal o civil, no dicta la naturaleza del desacato. Se puede cometer un desacato civil dentro de un procedimiento penal y viceversa. Dobbs, op. cit., pág. 237. La naturaleza del desacato es vital para la determi-nación del procedimiento a seguir en su castigo.
A la luz de lo anterior, clasifiquemos el caso presente. Bajo el Art. 29 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 163, hemos denominado desacato civil la desobediencia a una citación, aunque hemos exigido que se siga un procedimiento análogo al fijado para el desacato criminal. Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971). En tales situaciones, como se hizo en el caso presente, el tribunal tiene la opción, a nuestro en-tender preferible, de tratar el desacato como un desacato de índole criminal, dado el propósito del remedio, y utilizar el mecanismo dispuesto por la Regla 242(b). Se trata en este caso, por lo tanto, de un desacato criminal indirecto, correcta-mente encuadrado dentro del marco de la Regla 242(b) de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Lamberty González, supra, págs. 81-82.

Al amparo de lo antes reseñado, no hay duda de que en el presente caso el tribunal de instancia —si es que entendía que la conducta observada en ambas ocasiones por la licenciada Vega atentaba o era lesiva a la dignidad del tribunal y en vindicación de ésta— podía imputarle un desacato criminal a la referida abogada, brindándole la oportunidad a ella, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 242(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, de ser oída y defenderse en una vista a ser celebrada a esos efectos. Esto es, el foro de instancia venía en la obligación de utilizar el procedimiento correspondiente a un desacato criminal indirecto, por cuanto la conducta que pretendía castigar no había ocurrido en su presencia. Pueblo v. Lamberty González, supra. Definitivamente cometió error revocable el tribunal de instancia al imponerle a la licenciada Vega, obviando el procedi-miento antes indicado, una sanción de $200 en forma suma-ria. Aparte de que en el caso específico ante nuestra conside-ración la conducta observada por la abogada no ameritaba sanción de clase alguna, los tribunales de instancia no tienen autoridad o facultad para imponer sanciones económicas, en forma sumaria, en relación con el calendario de casos crimi-nales.

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Como es de todos conocido, la ola de criminalidad que ha venido azotando a nuestro país durante la última década ha causado que el número de casos criminales que se radican ante nuestros tribunales de instancia aumente de una ma-nera vertiginosa. Ello, naturalmente, ha causado una gran congestión de casos en las salas de asuntos de lo criminal, con el consiguiente perjuicio para las personas que, en cum-plimiento de su deber ciudadano, acuden a dichos tribunales en diferentes capacidades.

Es igualmente materia de conocimiento general que la gran mayoría de los ciudadanos que son traídos ante la justi-cia carecen de bienes suficientes para poder contratar los servicios de abogados en la práctica privada de la profesión. Esta situación obliga a la Sociedad para Asistencia Legal a hacerse cargo de la representación legal de la inmensa ma-yoría de los acusados por encomienda de los tribunales.

La extraordinaria labor que llevan a cabo estos esfor-zados abogados de la Sociedad para Asistencia Legal rara vez es reconocida. Es un hecho incuestionable que sin dichos abogados el sistema de justicia en su fase criminal se parali-zaría. Hay que entender que los mismos escasamente tienen tiempo para prepararse para los innumerables casos que tie-nen que atender, labor que llevan a cabo en forma encomia-ble con recursos inadecuados. Instamos a nuestros jueces de instancia a así entenderlo y comprenderlo y a ejercer, en re-lación con dichos abogados, tolerancia y comprensión res-pecto a los problemas que los mismos confrontan día a día en el desempeño de su delicada y excelente labor.

V

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, en los casos de epígrafe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Ortiz y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurren con el resultado sin opinión es-crita.

       Establece la Regla 5(c) que:
      “De no comparecer ninguna de las partes a la celebración de la vista de un caso civil se podrá ordenar su desestimación y archivo por abandono. En caso de que no comparezca alguna de las partes se podrá desestimar la demanda, elimi-nar las alegaciones del demandado, condenar al pago de honorarios de abogado o dictar cualquier otra orden que fuere justa.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. II-A.
      Por su parte, dispone la Regla 37.3:
      “Si una parte dejare de comparecer, se negare a participar o compareciere sin estar debidamente preparada, a una conferencia preliminar al juicio o a la conferencia entre abogados, o incumpliere cualquier orden del tribunal, éste po-drá desestimar la demanda, eliminar las alegaciones del demandado, condenar al pago de costas y honorarios de abogado o dictar cualquiera otra orden que fuere justa." (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

        “Regla 242. Desacato

      “(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vio u oyó la conducta constitu-tiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden conde-nando por desacato expondrá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.
      “(b) Procedimiento ordinario. Salvo lo provisto en el apartado (a) de esta regla, en todo caso de desacato criminal se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, conce-derá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. El acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el descato se fundara en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 242.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor R.S.R., peticionario.

      Número: CE-88-92

      Resuelto: 11 de mayo de 1988

      Jorge Rafael Collazo Sánchez, abogado del peticionario; Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante resolución de fecha 25 de febrero de 1988: (a) le dimos curso al recurso de apelación que ante este Tribunal radicara el menor apelante en solicitud de revisión de la re-solución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Asuntos de Menores de Aibonito, mediante la cual dicho foro renunció a la jurisdicción sobre el referido menor; (b) le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa “por la cual este Tribunal no deba revocar la mencionada resolución ... y [ordenar] que los procedimientos contra el menor en controversia” conti-núen ante la Sala de Asuntos de Menores del referido Tribunal Superior; (c) ordenamos que se elevaran los autos originales, incluyendo los informes rendidos por la Trabaja-dora y la Técnica Social que declararon ante el tribunal de instancia, los cuales tomó dicho tribunal en consideración al declarar con lugar la moción de renuncia de jurisdicción, y (d) ordenamos, en atención a la moción en auxilio de jurisdic-ción que radicara el menor apelante, la paralización de los procedimientos ante el tribunal de instancia.

El Procurador General de Puerto Rico ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I — I

El 12 de noviembre de 1987 el tribunal de instancia, luego de la celebración de la correspondiente vista, determinó causa probable por la falta de robo contra el menor apelante. Éste radicó un escrito intitulado “Moción Impugnando De-terminación de Causa Probable”. Exhibit 8, pág. 12. Alegó en el mismo que el supuesto perjudicado —quien había de-clarado en la vista sobre determinación de causa probable que el apelante le había despojado de su dinero mediante el uso de la fuerza y la violencia— le había declarado al policía investigador de los hechos que una persona desconocida le había quitado su dinero mientras dormía. Dicha moción fue señalada para vista por el tribunal de instancia. Discutida la misma, el tribunal “ratificó” la determinación de causa probable.

Radicada la moción de renuncia de jurisdicción por el Procurador de Menores, se señaló vista para dilucidar la misma. En dicha vista —celebrada ante magistrado dis-tinto— únicamente declararon como testigos la trabajadora social asignada a la sala de asuntos de menores del tribunal de instancia y una técnica social adscrita al Departamento de Servicios Sociales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El foro de instancia, mediante una escueta resolución, declaró con lugar la moción de renuncia de jurisdicción radi-cada por el Procurador de Menores.

En el escrito de apelación que radicara ante este Tribunal, el menor apelante le imputa al tribunal de instancia la supuesta comisión de tres (3) errores, a saber:

Primer Error:
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar causa por la falta de robo contrario a derecho, siendo contra-dictorio el testimonio del testigo de cargo, Sr. Martín Santiago Maldonado.
Segundo Error:
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que el mejor bienestar del menor y de la comunidad está en renun-ciar la jurisdicción de dicha Sala, para que el menor sea proce-sado como adulto.
Tercer Error:
Cometió error el Honorable Tribunal de Instancia al inter-venir en el asunto de epígrafe el Honorable Juez de Distrito Manuel González Villafañe, sin haber sido nombrado por el Honorable Gobernador de Puerto Rico ni confirmado por el Senado de Puerto Rico como juez superior para intervenir en la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal Superior. Petición del recurrente, págs. 4-5.

I — H I — I

En su comparecencia para mostrar causa el Procurador General de Puerto Rico nos hace varios planteamientos.

En primer lugar, alega el Procurador que el recurso radi-cado por el menor no es el apropiado. Nos informa que es su criterio que el recurso a radicarse en esta clase de situa-ciones lo es el de certiorari y no el de apelación por razón de que sólo procede la radicación de un recurso de apelación en revisión de “una orden o resolución final susceptible de ser apelada” (escrito para mostrar causa, pág. 5) y, en la opinión del Procurador, la resolución que se emite declarando con lugar una moción en solicitud de renuncia de jurisdicción no goza de esa característica de finalidad.

En segundo lugar, cuestiona la jurisdicción de este Tribunal en el presente recurso. Señala dicho funcionario que a pesar de que el apelante radicó en tiempo ante el tribunal de instancia el escrito de apelación, no remitió o presentó ante este Tribunal en el término establecido por ley copia de dicho escrito. Nos indica el Procurador que en su opinión, éste lo hizo un día después de vencido el término para ello.

En tercer lugar, argumenta el Procurador General que, en términos generales, la renuncia de jurisdicción aquí en controversia fue una conforme a derecho, la cual debe ser ratificada por este Tribunal.

No le asiste la razón en ninguno de sus planteamientos. Veamos por qué.

H-1 I — H l-H

Señalando que este Tribunal no ha tenido ocasión de ex-presarse en relación con las disposiciones de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico y sobre “la nueva filosofía que [esta] encarna”, sostiene el Procurador General de Puerto Rico que debemos resolver que en situaciones como las que plan-tea el presente caso el recurso correcto a radicarse debe ser el de certiorari —no el de apelación— por razón de que el Art. 36 de la Ley de Menores de Puerto Rico vigente

es elar[o] al referirse a que las órdenes o resoluciones finales dictadas por el Tribunal de Menores podrán ser ape-ladas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo[,] debemos señalar que, la vista sobre renuncia de jurisdicción no puede considerarse una orden o resolución final. Es sólo un incidente adicional en el proceso que se sigue contra el menor y en el cual se determina como éste será en-causado. Una vez el joven imputado es traído frente a la justi-cia para responder, el Estado tiene a su álcance dos formas o maneras de exigirle responsabilidad; o bien procesándole como un menor o por el contrario, procesándole como adulto. La renuncia de jurisdicción no constituye en forma alguna una determinación final sobre los méritos del caso. Ello ocurrirá, como es sabido en la vista en su fondo. Para que sea final como lo expresa su nombre, tendría que poner fin o adjudicar toda la controversia .... Escrito para mostrar causa, págs. 5 y 6.

No le asiste la razón. El Art. 36 de la nueva Ley de Me-nores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2236, establece que:

Apelación
La orden o resolución final dictada por el Juez en relación con cualquier menor bajo las disposiciones de este Capítulo podrá apelarse ante e[l] Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las órdenes y resoluciones interlocutorias podrán ser revi-sadas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante re-curso de certiorari. En la interpretación de estos recursos deberán regir las reglas adoptadas por el Tribunal Supremo. La interposición de la apelación no suspenderá los efectos de cualquier orden del Juez en relación con el menor, a menos que el Tribunal Supremo decrete lo contrario. (Énfasis su-plido.)

Resultan, en adición, pertinentes al punto en controver-sia las disposiciones del Art. 33 de la referida ley, 34 L.P.R.A. see. 2233, el cual dispone que:

Resoluciones
Los dictámenes del Tribunal se denominarán resoluciones. En éstas el Tribunal podrá:
(a) Desestimar la querella por insuficiencia de prueba.
(b) Imponer cualquier medida dispositiva.
(c) Ordenar que el menor sea sometido a una evaluación comprensiva con fines de diagnóstico por un médico, psiquia-tra o psicólogo u otros especialistas pertinentes y autorizados a ejercer su profesión en Puerto Rico.
(d) Imponer a los padres o a las personas encargadas del menor la obligación de contribuir al pago total o parcial de los gastos en que se incurra en la evaluación o diagnóstico, trata-miento y rehabilitación del menor cuando ello sea procedente. El incumplimiento de las disposiciones del Tribunal a este res-pecto, por parte de la persona obligada, podrá constituir desa-cato.
(e) Cualquier otra determinación relacionada con el proce-dimiento o caso que se ventila.

A la luz de las disposiciones de los antes transcritos artículos de ley, resulta evidente que la posición que asume el Procurador General respecto a este asunto es una completamente errónea. No albergamos duda alguna sobre la característica de finalidad, a nivel de la Sala de Asuntos de Menores, de una resolución mediante la cual se declara con lugar una solicitud de renuncia de jurisdicción por parte del Procurador de Menores. La misma, llana y sencillamente, le pone fin a los procedimientos en dicho foro. La “resolución” emitida en el presente caso goza de las características de una sentencia. Debe recordarse que el término “sentencia” incluye cualquier determinación de un tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión. Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III); Torres Torres v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 277, 278 (1973); Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138, 144 (1975).

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Por otro lado, argumenta el Procurador General que asu-miendo que el recurso apropiado lo fuera el de apelación, el mismo, aun cuando fuera presentado en tiempo ante el tribunal de instancia, fue radicado ante este Tribunal fuera del término de veinte (20) días que prescribe la Regla 9.1(b) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Señala dicho funcionario que habiendo sido emitida la resolución declarando con lugar la solicitud de renuncia de jurisdicción con fecha de 27 de enero de 1988, el menor tenía hasta el 16 de febrero de ese año para radicar su escrito, tanto ante el tribunal de instancia como ante este Tribunal, y que al así hacerlo un día después, esto es, el 17 de febrero de 1988, el recurso fue radicado tardíamente ante este Foro.

Aparte del hecho de que el requisito de radicación ante el tribunal apelativo de copia del escrito de apelación o revisión dentro de determinado término, no es uno de carácter jurisdiccional y sí de estricto cumplimiento, Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536, 539 (1980); Morales v. Méndez Más, 109 D.P.R. 843, 845 (1980), el problema con que se confronta el planteamiento del Procurador General en el presente caso es que si bien es cierto que la resolución apelada fue emitida por el magistrado con fecha de 27 de enero, la misma fue notificada por la secretaria del tribunal de instancia el 3 de febrero de 1988.

Es correcto que la Regla 9.1(b) de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, dispone, en lo pertinente, que:

Regla 9.1. Recursos ante el Tribunal Supremo
b) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la Secretaría de la sala del tribunal que entendió en el caso dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso y se deberá presentar o remitir por correo certificado copia de dicho es-crito a la secretaría del Tribunal Supremo dentro del referido término. (Énfasis suplido.)

Dicha fraseología es similar a la utilizada en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, referente a la apelación ante este Tribunal de sentencias dictadas por el Tribunal Superior en casos de adultos. Como sabemos, la misma dispone, en lo pertinente, que la “apelación se forma-lizará presentando un escrito de apelación ... dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada . . .”. (Énfasis suplido.)

Existe, sin embargo, una gran diferencia entre ambas situaciones. En el caso en que se sentencian adultos ante el Tribunal Superior, éstos de ordinario están presentes, asis-tidos de abogado, al momento de la imposición de la senten-cia por lo que, desde el punto de vista del debido proceso de ley, no hay reparo a que el término de veinte (20) días que éstos tienen para radicar su escrito de apelación comience a contarse desde que se dicta la sentencia, por cuanto quedan notificados el mismo día. En las situaciones como la que pre-senta el caso de autos, sin embargo, la resolución se emite por escrito, luego de haberse celebrado la vista, y la misma, de ordinario, es notificada por correo-, en otras palabras, el menor perjudicado por dicha resolución, y su abogado, no se enteran del contenido de la misma el día de su emisión. Po-dría, inclusive, darse el caso de que resoluciones como la aquí en controversia se emitan por el magistrado y no se notifi-quen por la secretaría del tribunal hasta pasados los veinte (20) días de su emisión.

No podemos, en su consecuencia, avalar la posición que sostiene el Procurador General en este aspecto. El así hacerlo podría propiciar el que se afecte de manera intolerable el derecho de apelación que le concede la Ley de Menores de Puerto Rico a éstos en situaciones de renuncias de jurisdicción. Resolvemos, en su consecuencia, que el término de veinte (20) días que establece la citada Regla 9.1(b) de Procedimiento para Asuntos de Menores, se comenzará a contar desde la fecha en que la secretaría de las Salas de Asuntos de Menores certifiquen haber notificado a las partes con copia de la resolución emitida, o, en los casos apropiados, desde la fecha en que se hace la notificación personalmente.

V

No hay duda de que habiéndose determinado causa probable contra el menor apelante por una falta de robo, el Procurador de Menores venía obligado —al amparo de lo dispuesto por el Art. 15(a) de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2215(a)— a solicitar del tribunal de instancia que éste renunciara su jurisdicción sobre el menor. Ahora bien, dispone el citado Art. 15, en su inciso (c), que:

(c) Factores a considerar. — Para determinar la proceden-cia de la renuncia a que se refiere el inciso (a) de esta sección, el Tribunal examinará los siguientes factores:
(1) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las cir-cunstancias que la rodearon.
(2) Historial legal previo del menor, si alguno.
(3) Historial social del menor.
(4) Si el historial socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen necesario establecer controles respecto a su comportamiento que no se le pueden ofrecer en los centros de custodia o en las instituciones de tratamiento social a disposi-ción del Tribunal. (Énfasis suplido.)

Como surge de la relación de los hechos que hiciéramos al comienzo de la presente ponencia, en la vista que celebrara el tribunal de instancia a los fines de dilucidar la solicitud de renuncia de jurisdicción, únicamente testificaron la trabaja-dora social adscrita al tribunal y una técnica social del De-partamento de Servicios Sociales del Estado Libre Asociado. El testimonio de éstas versó sobre el historial legal previo del menor, el historial social de éste, y el comportamiento y ajuste del mismo en la sociedad. De la resolución emitida por el tribunal de instancia, mediante la cual renunció a su juris-dicción sobre el menor, no surge que dicho foro tomara en cuenta la naturaleza de la falta que se le imputaba al referido menor y las circunstancias que rodearon la alegada comi-sión de la misma.

Un examen de los autos originales del caso demuestra que el único testimonio que conecta al menor con la alegada falta cometida —el del supuesto perjudicado, señor Santiago Maldonado Martín— resulta ser, cuando menos, altamente sospechoso y cuestionable. Ello es así por cuanto, si bien es cierto que el señor Maldonado Martín declaró ante el magis-trado que determinó causa probable contra el menor ape-lante que éste, en horas de la madrugada del 29 de septiembre de 1987, se apropió de la suma de $250 pertene-ciente a él mediante el uso de la fuerza y la violencia, surge de un informe oficial de querella de la Policía de Puerto Rico que ese mismo día 29 de septiembre el señor Maído-nado Martín le informó al policía Santos Molina Collazo, adscrito al Cuartel de la Policía de Coamo, que en dicho día él se había quedado dormido como a las 2:00 A.M. en el patio de su residencia y que “alguien se apropió de $250.00 que tenía en el bolsillo derecho del pantalón”. (Énfasis suplido.) Exhibit 9, pág. 17.

En vista de ello, somos del criterio que las circunstan-cias que rodean la supuesta comisión de la falta imputada por parte del menor apelante no justifican la renuncia de ju-risdicción decretada por el tribunal de instancia, la cual tiene la consecuencia de someter al menor, como “adulto”, a un juicio criminal ante el Tribunal Superior de Puerto Rico. Dados los hechos mencionados, repetimos, ello no se justi-fica.

Por las razones antes expresadas, se decreta la revoca-ción de la resolución apelada y la devolución del caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo antes expresado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

       El referido tribunal, en lo pertinente, expresó:
      “Este Tribunal y este Magistrado luego de oídas las exposiciones tanto del Procurador como de la defensa y tomando en cuenta la falta cometida, el informe social del menor así como el testimonio de la Trabajadora Social Ligia M. Ortiz Rivera y el testimonio de la Técnica de Servicios Sociales Sra. Elsa Santiago Resto y la edad del menor que cae dentro de los 14 a los 18 años de edad y tomando en consideración los mejores intereses del menor y de la comunidad y evaluando toda la prueba en conjunto y de conformidad con la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores de Puerto Rico, dictamina de la siguiente manera: RENUNCIAMOS A LA JURISDIC-CIÓN DEL MENOR [R.S.R.l.”

       Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2236).

       Ello no obstante, la tardanza debe ser justificada detalladamente y a ca-balidad.

       La Regla 12.7 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, contempla los dos (2) métodos tradicionales de notificación: por correo o personalmente.