author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ángel Sierra Serpa, demandante, v. Manuel Martínez et al., demandados.

      Número: CT-92-344

      Resuelto: 5 de febrero de 1993

      Carlos V. García Gutiérrez y Guillermo J. Ramos Luna, abo-gados del demandante; Anabelle Rodríguez, Procuradora General, y Carlos Lugo Fiol, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ángel Manuel Sierra Serpa, confinado que cumplía una sentencia por delito grave, fue sometido el 12 de enero de 1988 a una prueba de orina que reveló un resultado posi-tivo de uso de marihuana. Fue reclasificado y remitido a una institución de mayor restricción con la correspon-diente pérdida de privilegios. Impugnó el procedimiento por la vía administrativa hasta los tribunales en los que prevaleció, ordenándose su restitución al anterior status, con todos los privilegios.

El 12 de septiembre de 1989 salió de prisión en libertad a prueba. Posteriormente, el 11 de septiembre de 1990, instó una acción de daños y perjuicios contra los que ejer-cían su custodia, por violación de sus derechos civiles ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Subsiguientemente, dicho foro desestimó la demanda por prescripción. Resolvió que el Art. 40(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 254(3) —que provee una suspensión del estatuto de prescripción para proteger a reclusos en instituciones carcelarias— per-dió toda eficacia y vigencia, y fue implícitamente derogado al desaparecer del Código Penal de 1974 los Arts. 20, 21 y 22 del Código Penal de 1902, Leyes de Puerto Rico, pág. 524, que establecían, imponían y regulaban la pena de in-terdicción civil o suspensión de los derechos civiles.

No conforme, Sierra Serpa apeló a la Corte de Apelacio-nes de Estados Unidos para el Primer Circuito, la cual nos ha certificado la interrogante de derecho siguiente: “¿Ex-cluye el Art. 40 del Código de Enjuicimiento Civil de 1933 del cómputo del término prescriptivo aplicable a una causa de acción el tiempo durante el cual una parte estuvo ‘[ejncarcelada por acusación criminal’, si bajo el estado de derecho anterior dicha parte hubiera sido sometida a la pérdida de sus derechos civiles conforme a lo dispuesto en el Art. 20 del Código Penal de 1937” (Traducción nuestra. ()

H-i

El Código Penal de 1902 imponía así la interdicción civil como castigo accesorio a la sentencia de presidio:

Art. 20. —Toda sentencia de presidio temporal lleva apare-jada la suspensión de los derechos civiles del sentenciado, con más la pérdida de empleos públicos y cargos privados de con-fianza, autoridad, ó poder mientras dure dicha prisión.
Art. 21[.] —La sentencia de presidio perpetuo lleva aparejada la muerte civil del sentenciado.
Alt. 22. —Las disposiciones de los dos últimos artículos no deberán entenderse en el sentido de incapacitar á las personas mencionadas en ellos para servir de testigo en alguna causa ó procedimiento criminal, ó para efectuar ó reconocer alguna venta ó traspaso de bienes. Leyes de Puerto Rico, pág. 524.

Concordante con dicho estatuto penal, el Art. 40 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, supra, proveía protección a distintos incapacitados contra los efectos de la prescripción del modo siguiente:

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no sea la reinvindicatoria de propiedad inmueble, fuese al tiempo de na-cer la causa de acción:
(1) menor de edad; o
(2) demente; o
(3) encarcelada por acusación criminal, o cumpliendo senten-cia por convicción en causa criminal por un término menor que el de su vida natural', o
(4) una mujer casada siendo su esposo parte necesaria con ella para principiar tal acción, el tiempo que dure tal incapaci-dad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción. (Énfasis suplido.)

La cuestión de si la derogación de la interdicción civil por el Código Penal de 1974 conllevó la derogación tácita del concordante transcrito inciso (3) del Art. 40, supra, fue adjudicada por analogía en Rodríguez Candelario v. Rivera Vega, 123 D.P.R. 206 (1989). Allí la esposa instó una demanda de divorcio fundada en la segunda causal del Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 321(2), por haber sido su cónyuge condenado por delito grave que aparejaba la pérdida de los derechos civiles. Resolvimos que “[e]liminada la arquitectura externa del Código Penal, en la que se cimentaba la causal en controversia, no es posible atribuirle, por ficción, vida independiente en el Código Civil. Se impone, por lo tanto, la conclusión de que con la aprobación del Código Penal de 1974 y la consiguiente derogación de los Arts. 20 y 21 de dicho ordenamiento, ya no es posible recurrir al Art. 96(2) del Código Civil, supra, como causal de divorcio”. Rodríguez Candelario v. Rivera Vega, supra, págs. 212-213.

Fundamentados en el mismo razonamiento, sostenemos ahora que la extinción de la pérdida de derechos civiles al aprobarse el Código Penal de 1974 produjo la derogación tácita del Art. 40(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que excluía del tiempo fijado para ejercitar la acción el término de incapacidad por reclusión en la cárcel. De otro modo se crearía para el litigante potencial preso un privilegio o excepción a la regla de prescripción, no dispo-nible para el que no delinque, lo cual es incompatible con la política pública de igualdad ante la ley. La interpretación de las leyes debe evadir resultados absurdos. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 342 (1986).

Eliminada y desterrada la sanción de suspensión de los derechos civiles de aquellos convictos encarcelados en ejecución de sentencia en causa criminal, la disposición del Código de Enjuiciamiento Civil citada se derrumbó por falta de fundamento concordante. Más que derogación implícita, estamos ante un colapso total de la disposición adjetiva desprovista de fundamento sustantivo: abolida la pena de pérdida o suspensión de los derechos civiles, se perdió la virtud remediadora. A fin de cuentas, como dijimos en Márquez v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 559, 562 (1962), “[e]l propósito de la excepción contenida en el ... Artículo 40 es proteger los intereses de los incapaces hasta el momento en que adquieren la capacidad jurídica necesaria para hacer valer sus derechos”.

Se dictará sentencia certificando en la negativa la pre-gunta de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.

      (1) En el idioma inglés dispone:
      “Does Article 40 (3) of the Code of Civil Procedure of 1933 exclude from the applicable limitations period the time during which a party is ‘[¡Imprisoned on a criminal charge,’ if that party would formerly have been subjected to the suspension of his civil rights pursuant to Article 20 of the Penal Code of 1937?” Certification to the Supreme Court of Puerto Rico from the United States Court of Appeals for the First Circuit Núm. 91-2062, pág. 10.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Enmiendas al Reglamento sobre el Uso de Fondos del Colegio de Abogados de Puerto Rico Provenientes de Cuotas y Ventas de Estampillas.

      Número: -

      Resuelto: 5 de febrero de 1993
   RESOLUCIÓN

Vista la propuesta del Colegio de Abogados de Puerto Rico en tomo a las Reglas 2, 6(A)(3), 6(C), 7(B) y 9(B) del Reglamento sobre el Uso de Fondos del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico Provenientes de Cuotas y Venta de Es-tampillas, el Tribunal Supremo adopta las enmiendas si-guientes:

1. A la Regla 2 se le añade el inciso (C), que leerá:

Toda agrupación ajena al Colegio que utilice las instalaciones del Colegio para celebrar actividades de segunda categoría pa-gará una cuota que se establecerá de acuerdo con las normas tarifarias del Colegio.

El anterior inciso (C) se convierte en inciso (Ch).

2. A la Regla 6(A) se le añade el subinciso (3), que leerá:

la clasificación o costo de cualquier actividad no presupues-tada que surja durante el año sufragada mediante cuotas des-tinadas a las actividades de primera categoría.

Al inciso (C) se le añade, luego de “actividades” y antes de “las sumas”, la frase: “o que luego objetaron la celebración de actividades de segunda categoría no presupuestadas. Además, una penúltima oración que leerá: “La Junta Revisora devolverá todos los fondos a los objetores dentro de un término razonable.”

3. A la Regla 7(B) se le añade la frase: “a menos que dicho porcentaje sea menor que el cinco (5) por ciento del total del presupuesto anual, en cuyo caso el porcentaje de reserva será un cinco (5) por ciento del total de las cuotas.”

4. A la Regla 9(B) se le añade, luego de “recurso” y antes de “se”, la frase: “que impugne partidas presupuestadas.” Se añade, además, una penúltima oración que leerá:

Todo recurso que impugne partidas no presupuestadas se per-feccionará dentro de los diez (10) días siguientes al evento o partida.

Se une a esta Resolución el texto completo del Regla-mento, según enmendado.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
    Ponce Federal Bank, F.S.B., demandante y recurrido, v. Arblas Industrial Supplies, Inc., interventora y peticionaria, Saturnino Negrón Díaz et als., demandados y recurridos, Julio Mariani e Irene García, interventores y recurridos.

      Número: CE-86-594

      Resuelto: 9 de febrero de 1993

      Antonio Zapater Cajigas, abogado de la interventora y peti-cionaria; José A. Sold Amorós y Carmelo Sierra Morales, abogados de Julio Mariani, interventor y recurrido; Enrique Nassar Rizek, de Enrique Nassar Rizek Law Offices, abogado del demandante y recurrido; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocu-radora General, y Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procura-dora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Bajo la Ley Hipotecaria, ¿puede un postor acreedor-posterior, cuya acreencia es garantizada por el inmueble objeto de subasta, ofrecer y utilizar el montante de su cré-dito como parte de su postura? ¿Es necesaria la previa au-torización judicial o, a tales efectos, basta una moción ju-rada que establezca la cuantía adeudada?

I

El 29 de julio de 1985 el Tribunal Superior, Sala de Gua-yama (Hon. Rafael Pereira Solá), dictó sentencia a favor del Ponce Federal Bank, F.S.B. y condenó a los esposos Saturnino Negrón Díaz y Gladys Esther Rodríguez a satis-facerle dos mil setecientos treinta y dos dólares con catorce centavos ($2,732.14), más intereses, recargos, costas, gas-tos y honorarios de abogado. Para satisfacerla, oportuna-mente autorizó la venta en pública subasta de una propie-dad inmueble, con un mínimo de diez mil dólares ($10,000) para la primera subasta.

Arblas Industrial Supplies, Inc. (en adelante Arblas), titular de tres (3) créditos posteriores garantizados con hipotecase() sobre dicho inmueble, una vez notificado del edicto de subasta, presentó el 9 de enero de 1986 un escrito jurado titulado “Moción de intervención e informativa”. Expuso ser dueña y tenedora de los referidos pagarés hipote-carios; haber advenido en conocimiento de la subasta que se habría de celebrar; que los demandados le adeudaban sesenta y seis mil ochocientos dieciséis dólares con setenta y cinco centavos ($66,816.75), y que la moción se presen-taba a tenor con el Art. 211 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2711, “para los fines previstos en dicho artículo, en el artículo 222 de la misma Ley y en el artículo 186.1 del Reglamento ...” Exhibit B, pág. 24. Acompañó fotocopias de los pagarés y solicitó del tribunal que quedara “debidamente informado ... a todos los fines legales pertinentes”. Id.

El 22 de enero de 1986, antes de comenzar la subasta, el alguacil y los otros comparecientes conocieron la intención de Arblas de ofrecer, como parte de su postura, su crédito representado por los pagarés, además de la cantidad que sería inicialmente ofrecida por ella de diez mil dólares con un centavo ($10,000.01). Se esgrimió el reparo de que no había una orden judicial expresa autorizándolo. No se so-licitó la posposición de la subasta. El alguacil consultó con el Juez Administrador y después llevó a cabo la subasta, y la peticionaria Arblas pujó ofreciendo dieciocho mil un dó-lares ($18,001) por la propiedad, cuantía que incluía el mencionado crédito. Como no existía orden judicial al efecto, el alguacil descartó la oferta. La buena pro fue ad-judicada a los esposos Julio Mariani e Irene García, quie-nes ofrecieron diez mil dólares ($10,000). Posteriormente, Arblas impugnó la subasta. Previa vista, el tribunal sos-tuvo su validez por el fundamento de que el alguacil no estaba autorizado a desviarse de los términos previamente señalados en su orden para la subasta. Consignó que en la “Moción de intervención e informativa” Arblas no solicitó una orden para que el Alguacil le permitiera licitar utili-zando un crédito y, además, que la subasta se le adjudicó a un tercero que desconocía la moción informativa de Arblas y podía confiar en el anuncio de subasta.

A solicitud de Arblas revisamos.

HH

“Se llaman [ofertas o posturas] las proposiciones de precio de compra que hacen los diferentes licitadores o postores en subasta L. Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, Río Piedras, Junta Editora de la U.P.R., 1946, T. II, pág. 227.

Sabido es que el procedimiento de ejecución de hipotecas, al trastocar los derechos reales, provee ciertas garantías y salvaguardas a los derechos de quienes, de una u otra forma, están ligados al devenir de la propiedad en ejecución. Como en este tipo de procedimiento los acreedores hipotecarios titulares de créditos posteriores quedan en una posición precaria, es lógico que la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad les brinde algún grado de protección. Véanse: Arts. 210 y 226 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sees. 2710 y 2726.

A tal efecto, el Art. 211 (30 L.P.R.A. sec. 2711) dispone:

Los acreedores hipotecarios posteriores y los titulares de de-rechos reconocidos en sentencias finales y firmes debidamente anotados o asegurados mediante embargo al crédito que se eje-cuta podrán radicar dentro del procedimiento una moción jura-mentada estableciendo la cuantía del crédito que se les adeuda. Este trámite será indispensable para poder hacer uso del dere-cho que les concede la see. 2722 de este título.
Sin que se afecte el derecho concedido a determinados acree-dores posteriores por la see. 2722 de este título, el derecho del deudor, tercer poseedor, o sus herederos a cuestionar la cuantía del crédito posterior no paralizará el procedimiento ejecutivo sumario, procesándose por el acreedor del gravamen preferente. Cualquier incidente a estos efectos se resolverá en acción ordinaria independiente ante tribunal competente y no paralizará el procedimiento ejecutivo sumario. (Enfasis suplido.)

Por su parte, el Art. 222 (30 L.P.R.A. see. 2722) dispone, en lo pertinente:

El acreedor ejecutante podrá concurrir como postor a todas las subastas. Si obtuviere la buena pro en el remate se abonará total o parcialmente, el importe de su crédito al precio ofrecido por él.
También podrán concurrir como postores a todas las subas-tas, los titulares de créditos hipotecarios vigentes y posteriores a la hipoteca que se cobra y ejecuta, que figuren como tales en la certificación registral.
En tal caso, podrán utilizar el montante de sus créditos o parte de alguno en sus ofertas. Si la oferta aceptada fuere por cantidad mayor a la suma del crédito o créditos preferentes al suyo, al obtener la buena pro en el remate, deberá satisfacer en el mismo acto en efectivo o en cheque certificado la totalidad del crédito hipotecario que se ejecuta y la de cualesquiera otros cré-ditos posteriores al que se ejecuta pero preferente al suyo, y el exceso constituirá abono total o parcial a su propio crédito. (Én-fasis suplido.)

Notamos, pues, que para hacer valer sus créditos sólo se exige la presentación de una moción juramentada del acreedor posterior que establezca la cuantía de su crédito.() En la consecución de ese propósito, la ley siempre ha estimado necesario notificarles la subasta. Véanse: H.M. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño, bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 Rev. Jur. U.RR. 113, 481-482 (1979); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. III, Vol. III, pág. 232; Arts. 171 y 117 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria de 1893 (30 L.P.R.A. ants. sees. 1092 y 997).()

La moción jurada del Art. 211, supra, suple la garantía o certeza requerida para los traspasos de bienes inmuebles en un procedimiento ejecutivo hipotecario. Ese es el modo escogido por la ley para acreditar el monto de los créditos de los acreedores posteriores.

Una vez presentada la moción jurada, el Art. 222, supra, concede al acreedor posterior el derecho a pujar y a usar su crédito sin que sea menester otro trámite ulterior; ello independientemente de que no se halla hecho constar en el mandamiento dirigido al alguacil. Un simple examen de las disposiciones pertinentes del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad confirma este dictamen. Véase 30 L.P.R.A. sees. 2003-186.1 y 2003-189.1, edición especial. Ese derecho está reconocido de iure. A fin de cuentas, como consigna el Art. 220 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2720, “los autos y todos los documentos correspondientes al procedimiento incoado estarán de manifiesto en la secretaría del tribunal durante las horas laborables”, lo que implica acceso por el alguacil y cualquier persona interesada.

Erró, pues, el ilustrado juez de instancia al concluir que “[n]o se estaría discutiendo este incidente si el interventor Arblas hubiera solicitado al Tribunal que ordenara al Al-guacil que le permitiera ser postor bajo las condiciones que expresa el Art. 222”. (Enfasis suprimido.) Exhibit I, pág. 42. De igual modo incidió, al hacer constar que “[n]os incli-naríamos a conceder una nueva subasta si se tratara sólo de las partes, pero la buena pro se adjudicó al tercero Julio Mariani que tenía derecho a confiar en el anuncio de su-basta y que ni siquiera conocía de la ‘moción informativa’ de Arblas”. Id., pág. 43. De ese modo olvidó que el anuncio de subasta exponía claramente que la propiedad objeto de venta se hallaba afecta a los tres (3) gravámenes posterio-res de la Arblas, dato que notificó eficazmente al licitador Mariani.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió.

      (1) Las primeras dos (2) por las sumas principales, respectivamente, de ocho mil dólares ($8,000) y la última por veinte mil dólares ($20,000).

      (2) Véanse, además, los Arts. 186.1 y 189.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sees. 2003-186.1 y 2003-189.1, edición especial.

      () Así lo reconoció desde época temprana el Derecho Hipotecario peninsular.
      “[S]e advierte que el acreedor podrá concurrir como postor, á todas las subastas y no necesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la licitación. También estarán exceptuados de consignar aquélla, los acreedores á que se refiere la regla 5.a, cosa muy natural, porque tienen un derecho constituido sobre el inmueble, aunque con posterioridad al del ejecutante.” F. Barrachina y Pastor, Derecho Hipotecario y Notarial, Castellón, Establecimiento Tipográfico de J. Armengot é Hijos, 1911, T. III, págs. 172-173.
      Sánchez-Cañete añade que cuando los postores con créditos posteriores satisfa-gan antes del remate el importe del crédito se subrogan en los derechos del actor. B. Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1983, Vol. VI, pág. 737; Puig Brutau, op. cit., pág. 232.


author: PER curiam:

text:
      In re Genaro Rodríguez Gerena, querellado.

      Número: CP-89-283

      Resuelto: 11 de febrero de 1993

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, y José M. Aponte Jiménez, Comisionado Especial, abogados de El Pueblo; Augusto C. Sánchez Fuentes y Juan J. Vera Gon-zález, abogados del querellado.
   PER curiam:

HH

La Procuraduría General presentó una querella contra el abogado-notario Genaro Rodríguez Gerena el 3 de mayo de 1989. Le imputó haber violado, como notario, su obliga-ción de dar fe pública. Arts. 15(e) y 26 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. secs. 2033(e) y 2044. También le imputó una infracción al Canon 35 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por conducta reñida con la sinceridad y honradez que debe caracterizar la conducta de todo abogado “al redactar afidávit u otros documentos...”.

II

Oportunamente, el querellado Rodríguez Gerena con-testó y negó los hechos. Designamos Comisionado Especial al ex Juez Superior José M. Aponte Jiménez con la función de escuchar, recibir, dirimir la prueba y rendirnos un informe. El 9 de mayo de 1992, a base de la prueba presen-tada, el Comisionado Especial rindió su informe y formuló las determinaciones de hecho siguientes:

1. El querellado, Lie. Genaro Rodríguez Gerena, fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976. Se le auto-rizó a ejercer como notario el 20 de enero de 1987. Actualmente tiene sesenta y cinco (65) años de edad.
2. Al 10 de diciembre de 1991 había autorizado doce mil seis-cientos trece (12, 613) testimonios. En su gran mayoría traspa-sos de vehículos de motor juramentados a solicitud de trafican-tes (“dealers”).
3. Su oficina estaba ubicada en Luquillo, con una “mini oficina” en Carolina.
4. Alguien de nombre Narciso Viader, con quien compartía la “mini oficina” de Carolina, recogía de los “dealers” las licencias de los vehículos de motor que iban a ser traspasados. Las refe-ría al querellado para el juramento de los otorgantes y autori-zación del testimonio requerido para el traspaso.
5. No surge de la prueba presentada por el Procurador General que anteriormente se hubiese presentado querella alguna contra el querellado.
6. El Departamento de Transportación y Obras Públicas expi-dió a nombre de Lillian Falcón Rodríguez la licencia correspon-diente al vehículo de motor Mazda del año 1986, número de motor JM1BF22XG0139385.
7. Dicho vehículo le fue hurtado. Lo entregó a la compañía que lo financió luego de recuperarlo desmantelado.
8. Ese mismo vehículo fue adquirido posteriormente en una su-basta por Angel Figueroa Alvarado, hijo de Rosa M. Alvarado Rivera.
9. Rosa M. Alvarado Rivera entregó a su hijo, Angel Figueroa Alvarado, una copia de su licencia de manejar vehículos de motor para que le hiciese las gestiones de obtener a su nombre la licencia de dicho vehículo.
10. La copia de la licencia de conducir vehículos de motor que Rosa M. Alvarado Rivera le entregó a su hijo, Angel Figueroa Alvarado con los propósitos antes señalados, le fue entregada por éste a un tal “Luis” para que le hiciese las gestiones de obtener la licencia del vehículo a nombre de su madre, Rosa M. Alvarado Rivera. Le pagó doscientos cincuenta dólares (250.00) por ello.
11. El 21 de enero de 1987, el querellado, Lie. Genaro Rodríguez Gerena, autorizó como notario el traspaso del referido vehículo de motor, al dorso de la licencia del vehículo, bajo su número de testimonio 3946 de igual fecha, a favor de Rosa M. Alvarado Rivera como compradora.
12. Acreditó con ello que Lillian Falcón Rodríguez, como vende-dora y Rosa M. Alvarado Rivera, como comprdora, suscribieron el traspaso del vehículo en su presencia.
13. Lillian Falcón Rodríguez, como vendedora, y Rosa M. Alvarado Rivera, como compradora no comparecieron ante el quere-llado a suscribir el traspaso del vehículo tal y como éste lo acre-ditó al certificar el acto como notario. Ninguna lo conoce.
14. Las firmas de Lillian Falcón Rodríguez y de Rosa M. Alvarado Rivera que aparecen al dorso de la licencia del antes men-cionado vehículo, no son las de éstas.
15. Rosa M. Alvarado Rivera no compareció ante el querellado, Lie. Genaro Rodríguez Gerena, a suscribir la declaración auten-ticada por dicho notario bajo su número de testimonio 3979 de fecha 23 de enero de 1987 mediante la cual hace constar que se le extravió la tablilla de un vehículo Mazda del 1986. Su firma tampoco es la que aparece en dicha declaración.
16. Carlos F. Luna Ortiz, figuraba como dueño, en la licencia de vehículo de motor expedida por el Departamento de Transpor-tación y Obras Públicas, del vehículo marca Nissan del año 1985, serie JN1PB12S4FU648247.
17. Dicho vehículo lo había vendido Luna Torres a un tal “Güisin”. Nunca formalizaron el traspaso correspondiente. El vehículo fue hurtado estando en posesión del tal “Güisin”. Fue recuperado desmantelado por lo que Luna Ort[i]z lo entregó a la entidad que lo financió para no deteriorar su crédito.
18. El querellado notarizó el traspaso del vehículo de Carlos Luna Ort[i]z a favor de Ramiro Matías Martínez al dorso de la licencia del vehículo, mediante su testimonio número 3947 de fecha 21 de enero de 1987.
19. Cón ello acreditó que Carlos Luna Ort[i]z compareció ante él y suscribió el referido traspaso como vendedor del vehículo.
20. Carlos Luna Ort[i]z no compareció ante el notario quere-llado a suscribir el referido traspaso del vehículo que figuraba a su nombre. La firma que aparece autenticada por el notario querellado bajo su número de testimonio 3947, de fecha 21 de enero de 1987, al dorso de la licencia del vehículo de motor marca Nissan del año 1985, no es la suya. No conoce al notario querellado.í) Informe, págs. 5-7.

I — I hH

“ ‘[L]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo esquema de autenticidad documental’ In re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803, 808 (1989). Ya en Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979), seguido en In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 451 (1990), habíamos dicho que “el ‘mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y conocimiento por el notario. En otras palabras, la fe de conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento ...’ (Enfasis en el original.)

“Sin la fe del conocimiento, sobran los notarios. Por ende, su inobservancia es una falta grave sujeta a estrictas medidas disciplinarias. In re Echevarría González, 116 D.P.R. 423, 424 (1985); In re Félix, 104 D.P.R. 379 (1975). Las violaciones en declaraciones juradas de vehículos de motor no son la excepción. In re Nieves Rivera, [supra]; In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987).” (Énfasis suprimido.) In re Feliciano Crespo, 132 D.P.R. 69, 71 (1992).

Reiteramos una vez más, la importancia suprema e ineludible de que los notarios observen escrupulosa y cuidadosamente el mandato sobre comparecencia y conocimiento de los otorgantes, usando incluso las medidas supletorias de identificación visualizadas en la Ley Notarial. Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992). Nuestros pronunciamientos van acorde con el Canon 35, supra, en lo relativo a la sinceridad y honradez personal y profesional que debe caracterizar la fe notarial en todo negocio jurídico; intereses de profundo contenido social lo exigen.

Las circunstancias particulares ante nos denotan un pa-trón en que las firmas falsificadas y la conducta del notario Rodríguez Gerena hizo viable el traspaso “legal” de vehícu-los hurtados. Procede decretar su separación indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. In re Nieves Rivera, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García limitaría la sanción al ejercicio de la notaría y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón lo separaría permanentemente de la notaría.

      (1) El Procurador General desistió del cargo de que Ramiro Matías Martínez no compareció ni suscribió como comprador el traspaso del vehículo propiedad de Carlos Luna Ortiz ante Rodríguez Gerena.
      Igualmente desistió la alegación de que el señor Matías Martínez no compreció ni suscribió la declaración autenticada por el notario en su testimonio Núm. 3978, fechado 6 de mayo de 1987.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Norma I. Cepeda Torres, demandante y recurrida, v. Andrés García Ortiz, demandado y peticionario.

      Número: CE-90-280

      Resuelto: 12 de febrero de 1993

      Nydia Migdalia Coito Vives, del Bufete Coito Vives, abogada del peticionario; Jorge L. Santiago Carrasquillo y Jesús R. Morales Cordero, abogados de la recurrida; Aleida Varona Méndez y Mildred Braulio, de la Comisión para los Asun-tos de la Mujer, Oficina del Gobernador; Iván Horacio Ayala Cádiz, Director de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico; Heriberto Quiñones Echevarría, Director de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Jorge E. Pé-rez Díaz, Procurador General, Juan R. Deliz Román, Pro-curador General Auxiliar, y Anabelle Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, de la Oficina del Procurador General; Georgina Candal, abogada de la Clínica de Asis-tencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos solicitan que revoquemos la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que concluye —para fines de evaluar una solicitud de aumento de pen-sión alimenticia a favor de la recurrida— que se incluya el ingreso de la esposa del peticionario aun cuando ambos están casados bajo el régimen económico de capitulaciones matrimoniales. Alega el peticionario que no se puede to-mar en consideración el ingreso de su cónyuge porque existe una separación de patrimonios y, además, su cón-yuge no es parte en este pleito.

Por entender que la comparecencia, como parte, de la Sra. Emma Enid Berrios Morales, esposa del peticionario —Sr. Andrés García Ortiz— es indispensable por mandato del debido procedimiento de ley, dejamos sin efecto la reso-lución del tribunal de instancia y ordenamos que se cum-pla con la orden de emplazamiento emitida por dicho tribunal. De esta manera, el tribunal adquirirá jurisdic-ción sobre una parte indispensable del pleito y podrá adju-dicar la controversia planteada emitiendo un decreto judicial completo.

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Veamos el trasfondo procesal del caso de marras. En 1983 se dictó sentencia para disolver el vínculo matrimonial entre el Sr. Andrés García Ortiz y la Sra. Norma Iris Cepeda Torres. Se fijó una pensión alimenticia de doscien-tos cuarenta dólares ($240) mensuales para sus tres (3) hijos procreados dentro del matrimonio. Posteriormente, esta cantidad fue aumentada a trescientos ochenta dólares ($380) mensuales.

Dos (2) años después, el señor García Ortiz, en compa-ñía de la señora Berrios Morales, otorgó una escritura pú-blica de capitulaciones matrimoniales y contrajo matrimonio.

Por su parte, la ex esposa del señor García Ortiz, la señora Cepeda Torres, presentó una moción de desacato y aumento de pensión alimenticia en contra del señor García Ortiz. Solicitaba al tribunal de instancia que le encontrara incurso en desacato por haber incumplido con las estipula-ciones acordadas por las partes y que se le aumentara la suma de la pensión alimenticia a seiscientos dólares ($600). El tribunal acogió la solicitud y expidió el manda-miento de citación personal. Luego de varios incidentes procesales sobre las relaciones paterno-filiales, la señora Cepeda Torres remitió al señor García Ortiz un pliego de interrogatorio. Éste se negó a contestar varias preguntas por entender que, dada la existencia de un régimen de se-paración de bienes, era inmaterial contestar todo aquello referente a los ingresos, gastos y ocupación de su cónyuge, la señora Berrios Morales.

El tribunal de instancia resolvió que el señor García Ortiz contestara sólo la pregunta referente a la entrega de las planillas de contribución sobre ingresos y declaró sin lugar la solicitud para que se contestaran las preguntas referen-tes a los ingresos y la ocupación de su cónyuge. Sin embargo, posteriormente dicho foro reconsideró la susodicha orden y ordenó al señor García Ortiz que contestara las preguntas referentes a los recursos económicos con que contaban ambos cónyuges para poder así fijar la cuantía de la pensión alimenticia. El juez determinó que, independientemente del régimen económico conyugal, ambos cón-yuges tenían la obligación de alimentar a los hijos menores de edad habidos en el matrimonio anterior del señor García Ortiz. El peticionario continuó negándose a contestar el interrogatorio aduciendo que no estaba en la obligación de hacerlo, puesto que ellos habían contraído nupcias bajo el régimen de separación de bienes, habiendo suscrito un con-trato de capitulaciones matrimoniales.() Además, señaló que, al momento de dictar la Resolución de 2 de mayo de 1988, su cónyuge, la señora Berrios Morales, no era parte en el pleito.

Examinada esta situación, el tribunal de instancia dictó una orden en la cual señalaba que la resolución emitida el 2 de mayo de 1988, por sí sola, no hacía parte en el pre-sente caso a la esposa del señor García Ortiz ni a la socie-dad legal de gananciales compuesta por ambos. Advirtió que de no hacerse parte a dichas personas no cobraría vi-gencia la resolución.

En vista celebrada en 1990 se fijó una pensión alimen-ticia de quinientos dólares ($500), provisionalmente, to-mando en cuenta sólo los ingresos del señor García Ortiz. El tribunal de instancia determinó que este Tribunal deci-diera si se deben tomar en consideración los ingresos del cónyuge del señor García Ortiz, aun cuando existan unas capitulaciones matrimoniales.

No obstante, un mes después, dicho foro concluyó que, aun existiendo un régimen de separación de bienes, esta-blecido mediante capitulaciones matrimoniales, el señor García Ortiz debía contestar las preguntas del interrogato-rio referentes a los ingresos, ocupación y gastos de su cón-yuge, ya que ambos eran responsables de los alimentos de los menores procreados en matrimonios anteriores.

El señor García Ortiz acude ante nos mediante certio-rari y señala que el tribunal incidió al concluir que los ingresos de la señora Berrios Morales tenían que ser con-siderados para determinar la cuantía del aumento de pen-sión alimenticia solicitado por la señora Cepeda Torres. Sostiene, además, que se cometió un error al determinar (contrario a lo anteriormente resuelto por el tribunal de instancia) que la señora Berrios Morales no tenía que ha-cerse parte de este litigio, lo cual era indispensable para que ella pudiera comparecer a defender el régimen de se-paración de bienes bajo el cual contrajo matrimonio. Por último, señaló que el tribunal de instancia erró al entender que el señor García Ortiz estaba facultado para declarar sobre los bienes privativos de su esposa, los cuales él no estaba autorizado a representar.

Posteriormente, el tribunal emitió una resolución en la que señalaba que existía una orden() para que se empla-zara a la señora Berrios Morales, pero que ella siempre podía presentar una moción de intervención y entonces el tribunal resolvería conforme a la ley.

Oportunamente, la señora Cepeda Torres presentó una moción para que se expidieran los emplazamientos, de suerte que se cumplieran con las órdenes del tribunal. Sin embargo, en una reunión celebrada entre abogados, el tribunal de instancia decidió no entrar en la solicitud de em-plazamiento hasta tanto esta Curia resolviera la controversia.

Luego de este trasfondo procesal, corresponde resolver la controversia ante nos.

W I — I

Para fines de la resolución adecuada de dicha controver-sia, es menester comenzar discutiendo si la señora Berrios Morales debió haber sido incluida como parte en este pleito.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya presen-cia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada!)

Este precepto procesal se inspira en dos (2) axiomas que preordenan nuestro quehacer jurídico. El primero es la protección constitucional que impide que persona alguna sea privada de la libertad y propiedad sin un debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974). El segundo es la necesidad de incluir a una parte indispensable para que el decreto judicial emitido sea completo. En Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952), este Tribunal identificó a una parte indispensable como “aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio”.

En Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982), señalamos que la Regla 16, supra, “tiene como propósitos proteger a las personas ausentes de los efectos perjudiciales que pudiera tener la resolución del caso sin la presencia de ellos y evitar la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo y completo”. (Cita omitida.) Véanse, además: Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841 (1978); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 604-605 (1983).

En Carrero Suárez v. Sánchez López, supra, este Tribunal se enfrentó a un caso en el que no se emplazó a una parte indispensable, dentro del contexto del concubinato. La controversia giraba en torno a una acción presentada por la concubina de un hombre casado que solicitaba la disolución y liquidación de la comunidad de bienes entre ella y su concubino casado. El concubino fue emplazado como única parte demandada. No hizo ninguna alegación y, dos años y medio (2Vs¡) más tarde, se dictó sentencia en rebeldía que adjudicaba a la concubina demandante “ la mitad del valor en el mercado’ de las tres fincas urbanas objeto de la reclamación”. íd., pág. 79. Este Tribunal revocó esta sentencia porque la esposa del concubino debió haber sido traída al pleito como parte indispensable, emplazán-dola y notificándola de todos los procedimientos para evitar que sus derechos resultaran perjudicados.

La acción civil de la concubina promoviendo la liquidación de una comunidad de bienes con un hombre legalmente casado aun cuando incluya al marido como única parte demandada, necesariamente afecta y somete el interés de la esposa en la sociedad de gananciales .... La Regla 16.1 de Procedimiento Civil dirige al tribunal hacia la inclusión como parte de toda persona que tenga un interés común en la cuestión litigiosa.
... [E]l debido proceso de ley es singular encomienda de los tribunales que no tienen que depender de la iniciativa de las partes para imponerlo en todo momento. Es ésta una garantía de verdadero orden público que no sucumbe a la conducta de los litigantes ni a las decisiones del juzgador. Se vislumbra en este caso la probable privación de propiedad de una persona que no ha sido oída por el tribunal. (Cita omitida.) Carrero Suárez v. Sánchez López, supra, págs. 80-82.

En Alicea Álvarez v. Valle Bello, Inc., 111 D.P.R. 847, 854 (1982), sostuvimos la necesidad de la inclusión de am-bos cónyuges como partes, sirviéndoles emplazamientos in-dividuales “en acciones que afectan el patrimonio de la so-ciedad de gananciales obviando el riesgo de nulidad, ante la posibilidad de que la defensa del interés social por uno solo no se ejercite con la debida eficiencia, o la existencia de incompatibilidad entre los cónyuges respecto a la de-fensa de su interés dentro de una sociedad que ambos gobiernan con igual autoridad”. Finalmente, en Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591, 594 (1984), expresamente señala-mos que “la mejor práctica” es emplazar a ambos cónyuges.

La situación planteada por el caso de marras no trata sobre un concubinato o sobre un matrimonio sometido al régimen de la sociedad legal de gananciales. Trata, sin embargo, de un matrimonio sujeto al régimen económico de separación de bienes mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. Entendemos que, al igual que en la jurisprudencia antes señalada, la señora Berrios Morales, esposa del señor García Ortiz, es parte indispensable para resolver la presente controversia. De incluirse tanto los ingresos de ella como los de su cónyuge —para determinar la pensión alimenticia de los hijos de éste— el patrimonio de la señora Berrios Morales se vería afectado sin habérsele dado a ella una oportunidad efectiva para defender sus intereses.

Por lo tanto, como no tenemos jurisdicción sobre una parte indispensable en el pleito, en esta etapa de los procedimientos no procede que resolvamos los méritos de la controversia medular. Si interviniéramos a dilucidar los méritos del caso, estaríamos yendo contra dos (2) axiomas fundamentales del procedimiento judicial: se privaría a una persona de su propiedad sin darle un debido proceso de ley, y emitiríamos un decreto judicial incompleto.

Por consiguiente, por los fundamentos anteriormente expuestos, dejamos sin efecto la resolución del tribunal de instancia y se ordena que se cumpla con la orden de empla-zamiento emitida por dicho foro.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López —aun cuando entiende que es correcta la de-terminación del Tribunal de que resulta indispensable que la actual esposa del peticionario sea “traída al pleito”, ra-zón por la cual ha brindado su conformidad a la opinión emitida— desea hacer constar desde este momento su cri-terio a los efectos de que los ingresos de esta persona no pueden ser tomados en consideración para fines de fijar la pensión alimentaria que ha de ser pagada por el peticiona-rio; ello, naturalmente, por razón de que éste y su actual esposa contrajeron nupcias bajo el régimen económico de capitulaciones matrimoniales.

      (1) La escritura sobre capitulaciones matrimoniales fue otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de febrero de 1986. Véase la Resolución del Tribunal Superior de 2 de mayo de 1988, pág. 36.

      (2) Orden de 11 de octubre de 1988 emitida por el Hon. Juez Rafael Vega Figueroa.

      (3) La regla equivalente en la jurisdicción federal es la Regla 19(a) de Procedi-miento Civil federal, 28 U.S.C. Ap. La importancia procesal de dicha regla ha sido señalada por los comentaristas:

        “Rule 19(a) is applicable when nonjoinder would have either of the following effects. First, it would prevent complete relief from being accorded among those who are parties to the action or, second, the absentee ‘claims an interest relating to the subject matter of the action and is so situated’ that his absence from the action will have a prejudicial effect on his ability to protect his own interests or will ‘leave any of the persons already parties subject to a substantial risk of incurring double, multiple, or otherwise inconsistent obligations’.” 7 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Sec. 1604, págs. 37 — 38 (1986).