author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    La Sucesión de Victoria Capella y Otros, demandantes y recurridas, v. Iglesia de Dios Pentecostal, Incorporada, demandada y recurrente.
    Número: R-69-306
    Resuelto: 21 de febrero de 1974

      Alberto Picó, abogado de la recurrente; Estrella García Capella, abogada de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

No pretendemos deslindar los predios de Dios y del Estado. Nuestra encomienda puramente terrenal es armonizar la libertad de culto con la libertad de vivir en paz en su casa.

Nadie puede sustraer sus actos y conducta a las reglas que por legislación ha establecido la sociedad en protección de la paz, la moral y el orden público. La práctica religiosa no crea un cantón aparte donde le está vedado al Gobierno hacer respetar las leyes. (Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 (1878) 25 L.Ed. 244.) De otro modo, bajo el manto de inmu-nidad religiosa y con la irrestricta libertad constitucional para rendir culto al Creador dentro y fuera de iglesias recono-cidas, podrían desarrollarse prácticas que por tener la desa-probación general están definidas como delitos con sanción punitiva en las leyes penales. En fin, la libertad de culto escrita en la Constitución es patrimonio del ser racional y derecho inalienable del hombre a cumplir lo que crea ser su obligación de conciencia ante el misterio de la vida, pero no es licencia para crear un mundo aparte intocable y autócrata capaz de trastocar impunemente los sensitivos equilibrios del todo armónico que es la sociedad política.

El vértigo de la vida moderna deja libres muy pocos momentos para la reflexión sin la cual no habrá un cabal entendimiento de las libertades. Unicamente el hogar brinda esos momentos de serenidad en que además de partir el pan con los suyos pueda el hombre encauzar su existencia y la de su familia entre lo conocido y el arcano que nos ofrece la vida. Sin esas oportunidad para la serenidad y la reflexión que van reduciéndose paulatinamente, ha dicho el Juez Frankfurter, la libertad de pensamiento se torna en burla, y sin libertad de pensamiento no puede existir una sociedad libre. No concebimos derecho de posición preferente a la liber-tad de estar y sentirse tranquilo en su casa.

La libertad personal y la privacidad de los recurridos están gravamente perturbadas por los ejercicios y ritos de un templo de la Iglesia de Dios Pentecostal que el juez de instan-cia en sus conclusiones describe en parte así: “ .. se expresan en alta voz, producen palmadas con sus manos, usan distintos instrumentos musicales de viento y percusión tales como cor-netas, clarinetes, platillos y otros, se lanzan contra el suelo, dan con los pies en el piso, cantan himnos en alta voz, en forma estentórea, de tal modo que dicho ruido producido por sus voces y por los distintos instrumentos musicales que utili-zan trasciende el ámbito del local y se esparce por los alrede-dores produciendo incomodidad, malestar y desasosiego entre los vecinos del sector.” Algunos vecinos se han mudado, otros abandonan su residencia por el tiempo que duran dichas prácticas que tienen lugar tres o cuatro veces por semana de 7:00 P.M. a 10:00 P.M. y los domingos y días feriados en horas del día; los recurridos y demás vecinos están arbruma-dos por la angustia, irritación y la desesperación, consecuen-cia del volumen de ruido que se origina en el templo y que el juez de instancia califica de “magno escándolo”. Los vecinos se ven forzados a encerrarse en sus hogares, no pueden ver televisión ni solazarse en forma alguna, tienen que comuni-carse en voz alta y los de edad escolar no pueden estudiar en la casa. A pesar del largo tiempo transcurrido desde la pre-sentación de la demanda la perspectiva no es halagadora a juzgar por la expresión de uno de los feligreses: “esa gente nos ha demandado porque nosotros alborotamos pero se van a tener que tapar los oídos.” Como remedio a esta situación el tribunal de instancia, fundado en la Sec. 2761 del Título 32, de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, ordenó a la iglesia recurrente que tome las medidas necesarias para aislar el ruido.

Este caso presenta un conflicto entre dos derechos funda-mentales que ya antes de su inclusión en el texto de las consti-tuciones de los pueblos libres se conceptuaron derechos natu-rales: la libertad de culto (Art. II, Sec. 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico); y el derecho a lá vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad (Art. II, Sec. 7 de la misma Constitución).

La libertad religiosa no es untura de inmunidad que releve a los profesantes de observar y respetar las leyes bajo las cuales se ha organizado la sociedad, y que recogen en su preceptos los principios de paz, de moral y de orden público. Concedido que la vida interior y la obligación de conciencia están fuera del alcance de cualquier regulación por el Estado, no lo está la conducta externa de los practicantes. “Las leyes se hacen para gobernar los actos, y si bien no pueden intervenir con las creencias y opinión religiosa, sí pueden hacerlo con la práctica.” Konvitz, Bill of Rights Reader, 2da. ed., pág. 56.

En los albores de la historia constitucional norteameri-cana, Jefferson sintetizó el principio en el preámbulo del estatuto adoptado por la Cámara de Delegados de Virginia en 1784 al escribir: “Permitir que el magistrado civil entremeta su poder en el campo de la opinión, y restringir la convicción o difusión de principios bajo el supuesto de su tendencia per-niciosa es una falacia peligrosa que de inmediato destruye toda libertad de religión; será llegado el momento de los legí-timos fines del gobierno civil y de sus funcionarios para inter-venir cuando los principios se desborden en actos manifiestos contra la paz y el buen orden.” Konvitz opus, págs. 53-54. El derecho a la libertad de culto con toda su gran respetabili-dad que en algunos criterios constitucionales le ha ganado un trato preferente, se ejerce por lo regular no en páramos ais-lados y solitarios sino en el centro mismo de nuestros pueblos y vecindarios, y su práctica no está inmune a la intervención moderadora del Estado cuando en alguna forma excede la proporción razonable de inconvenientes y molestias, inevitable concomitante de la vida en núcleos civilizados. El “récord” de este caso presenta suficiente demostración de que hay seres humanos sometidos a tortura y angustia en su propio hogar por el persistente estremecimiento de su sensibilidad y ante una situación así el Estado no puede abstenerse.

La protección constitucional ampara la libertad de conciencia mas no la libertad de torturar. El Estado no puede intervenir con la devoción y creencia religiosa pero sí con el método de sus practicantes cuando éste hiere y lastima hasta anular el derecho de intimidad (privacy) de la familia. De negar su interposición, el Gobierno estaría claudicando su obligación de garantizar a todos la igual protección de las leyes (Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico), porque no tienen los observantes del culto Pentecostal más derecho a sus disonancias y estrépitos que sus vecinos al recogimiento hogareño. No puede darse derecho contra derecho ni verdad contra verdad. Aun la cuestionable “posición preferente” de algunos derechos no confiere la atribución de anular el de los demás, toda vez que ninguna de las libertades es absoluta. Los preceptos de la Carta de Derechos no se eliden sino que se refuerzan unos a otros.

Que la iglesia de los recurrentes existió por años en su ubi-cación actual antes de que la familia recurrida comprara casa en dicho vecindario no es elemento decisivo, vistos los hechos. No es cuestión de ocupar el campo y por la sola razón de llegar primero convertirlo en territorio donde nadie más tendrá derechos constitucionales, creando una especie de mo~ nopolio de la libertad. Todos los derechos fundamentales son parte de la misma constitución en cuyo contexto están entre-tejidos. (Frankfurter, J., en Kovacs, citado.)

Tampoco nos impresiona que la esquina de las calles Sol y Cruz donde surgió el conflicto está envuelta en otros ruidos normales en el tráfico de personas y vehículos en una capital moderna como lo es San Juan, y se ha dicho que esto es parte del precio por vivir en una comunidad civilizada aun en una zona principalmente residencial. En tránsito por las calles y demás sitios públicos somos “audiencia cautiva” que muchas veces ha de soportar espectáculos, sonidos y propaganda indeseable por tolerar el derecho de otros a comunicarse, pero ello no significa que sigamos “cautivos” de todas esas expresiones objetables en el santuario del hogar. Public Utilities Commission v. Pollak, 343 U.S. 451 (1952), 96 L.Ed. 1068; Rowan v. United States Post Office, 397 U.S. 728, 738 (1970), 25 L.Ed.2d 736, 744. Reconocemos el valor de avivamiento espiritual y aleccionamiento en solidaridad humana presente en la prédica religiosa de la recurrente pero el Estado no puede demostrarse insensible a la tortura y extremo sufrimiento moral de las personas cuya intimidad (privacy) ha sido anulada por esta práctica. La sociedad contemporánea es fundamentalmente laica y si bien a la gente le agradan las muestras tanto públicas como privadas de religiosidad, en su ánimo cala más hondo y genera más pasión y fervor la preservación de sus derechos y libertades. Kovacs v. Cooper, citado; Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940) 84 L.Ed. 1213; cf. Prof. Pfeifer, Rights of the Americans, pág. 336.

La Iglesia de Dios Pentecostal, como otras tantas religiones, encarna una obligación de conciencia y una virtud que anima a sus profesantes a dar a Dios lo que ellos creen es en culto debido y hasta ese punto tiene a su favor toda la fuerza y protección constitucional. No vacilaríamos en reprimir cualquier perturbación del derecho a profesar su religión ordenadamente. Sin embargo, sus ritos y prácticas en las calle Cruz y Sol que en este caso específico el juez de instancia describe como “magno escándalo” en cuanto plantean una clara invasión del derecho de intimidad de santuario reconocido al hogar de las recurridas, infringe el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución. La ley contra perturbaciones (32 L.P.R.A. sec. 2761) bajo la cual se trae esta acción civil es el remedio adecuado para reivindicar los derechos de los recurridos. Estos tienen derecho a exigir una “pared” que impida al ruido entrar a su casa como ya se ha impedido la entrada a publicaciones indeseables. Rowan v. United States Post Office, supra. “La familia es la natural y básica unidad grupal de la sociedad y es acreedora a la protección por ésta y por el Estado.” Art. 16(3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 10 de diciembre de 1948.

Todo cuanto aquí se expresa es una llamada a la modera-ción y hasta una esperanza de auto-restricción por parte de los feligreses en aras de la serenidad y buena convivencia a que debemos aspirar como estilo de vida en nuestra patria. Queda siempre el recurso a la fuerza coactiva de la Ley que es igual para todos cuando el remedio indispensable a la restau-ración del buen orden social no aflora en la voluntad y en la acción reparadora de quienes de algún modo lo han afectado.

El perjuicio aquí sancionado puede corregirse sin eroga-ciones cuantiosas y sin muchos exigir de la militancia de estos ardidos cristianos. Basta con aislar la sonoridad del templo, solución que preservaría la paz de los vecinos y ganaría acogida y buena voluntad para la iglesia.

Se confirmará la sentencia del tribunal de instancia.

       Comentando a Reynolds, supra, dice el Prof. Pfeffer: “La libertad de mantener creencias y opiniones religiosas es absoluta. Sin embargo, lo aquí envuelto es la libertad para actuar, y ésta, aun cuando motivada por convicciones religiosas, no está totalmente libre de restricciones legislativas. Así, por ejemplo, el hecho de que la poligamia sea un mandato positivo de la religión Mormona no impide al gobierno declararla ilegal y considerar su práctica ilegal.” Pfeffer, Church, State and Freedom, pág. 284, ed. 1967.

       “Ninguna sociedad bien organizada puede dejar en los individuos un derecho absoluto a hacer decisiones finales, inatacables por el Estado, respecto a todo cuanto ellos quieran o no quieran hacer. La Primera Enmienda no va tan lejos. Las confesiones religiosas honestamente practi-cadas no relevan al individuo de su responsabilidad de conducirse con obediencia a leyes que, o son imperativamente necesarias para proteger la sociedad como un todo de graves e inminentes peligros, o que sin contener una prohibición general, simplemente regulan el tiempo, lugar y manera de la actividad religiosa.” West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnett, 319 U.S. 624, 643, 644 (1942), 85 L.Ed. 1628, 1640.

       Uno de los valores más preciados de la vida civilizada es la vivienda, que sin ser fastuosa sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea. Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177 (1973).

        Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77, 89 (1949), 93 L.Ed. 513, 528.

       Una maestra describe su experiencia:
      “R. ... No puede decir que es mala fe o lo que sea, pero la iglesia tiene unos ritos religiosos, cosa que ellos quizás no se dan cuenta, pero a los que estamos frente fuera nos perturba verdaderamente nuestra paz, tanto espiritual como material.
      “P. ¿A qué iglesia se refiere usted?
      “R. Yo me refiero a la iglesia que queda al frente de la casa de la señora García Capella.
      “P. ¿Usted sabe el nombre de la iglesia?
      “R. La Iglesia de Dios Pentecostal, algo así.
      “P. Tenga la bondad de explicarle al Tribunal, si usted pudo observar, en qué consisten los ritos y ceremonias o servicios religiosos.
      “R. Parece que ellos tienen por costumbre usar ciertos instrumentos musicales y quizás al recibir ellos esas cosas que reciben, sin darse cuenta, como ellos están allá dentro, no saben lo de afuera, la alegría de ellos es muy fuerte. Es tan fuerte el impacto, que tiene allí, una cosa junta, las griterías, cánticos, las caídas al piso, instrumentos y todo junto, es fuerte, fuerte para los que estamos afuera. Quizás para ellos, que están dentro no, pero sí para los que están afuera.” (T.E., To. I, págs. 192-193.)

        “P. . . . ¿Cómo son? [los servicios religiosos].
      “R. En una forma completamente alarmante.
      “P. ¿En qué consiste la alarma?
      “R. Porque una, en esa cosa de ellos, se siente desorientado completa-mente, como que también pierde algo de uno. A mí me afecta bastante. Muchísimo, digo, me ha afectado a mi sistema nervioso y a mi propia persona.
      “P. ¿En qué consiste la afección?
      “R. La afección consiste en que si uno no se sabe controlar, sale corriendo como los locos también, o entra a hacer lo mismo o sale corriendo para otro lado.” (T.E., Tomo I, pág. 194.)
      “P. ¿Qué era lo que la hacía llorar?
      “R. El mucho ruido. Era algo alarmante, muy alarmante, sincera-mente hablando.
      “P. En qué consistía la alarma?
      “R. No puedo descifrar, porque no estaba dentro. Yo sé que veía de esos aparatos grandes que tocan, que se da duro. Y se sentían platillos y sentía gente que se caía y sentía taconeos. Lo que sentía era de afuera, porque yo nunca entré allí. Tampoco quiero. Puede que ellos, como están allá dentro, no se den cuenta del efecto que hacen afuera. Como están todos en la misma forma, quizás no se dan cuenta del efecto que hacen, pero hacen un efecto bastante alarmante y perjudicial a uno. (T.E., To. I, págs. 195-196.)
      “P. Claro, usted declaró que no le molesta la iglesia.
      “R. Nunca la iglesia me ha molestado. Yo lo que digo son los ritos, la forma de ceremonia, que quizás sin ellos saberlo, me molestaron en la época que estuve allí. No quiere decir que lo hagan de mala fe, pero molesta.” (T.E. To. I, pág. 203.)

       Sec. 2761. Perturbación, definición de; acción para obtener su cese.-

      “Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los. sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios. — Código Enj. Civil, 1933, art. 277.”

       Art. II, Sec. 3.
      “No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.”
      Art. II, Sec. 7.
      “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.”

       La facultad del Gobierno, bajo la Constitución para suprimir la expresión oral sólo para proteger a otros de oírla depende de una demos-tración al efecto de que sustanciales derechos de intimidad (privacy) están siendo invadidos de modo esencialmente intolerable. Cohen v. California, 403 U.S. 15-21 (1971), 29 L.Ed.2d 284, 291; Hess v. Indiana, 94 S.Ct. 326 (1973), 38 L.Ed.2d 303.

       El “bombardeo” de la sensibilidad (Harlan, J.) en Cohen v. California, supra, presente en la agresión acústica genera extremado sufrimiento moral y grave perjuicio al organismo humano.
      “La exposición prolongada al ruido intenso causa la pérdida perma-nente de la facultad auditiva. Niveles mucho más bajos de ruido, sin embargo, menoscaban la conversación normal, impiden todo esfuerzo de concentración mental, inducen la tensión, causan ineñciencia en el trabajo, imposibilitan el sueño, producen irritabilidad y frustran el descanso y la diversión. Finalmente, aparte de consideraciones de salud y productividad humana, al igual que los ríos contaminados, el aire saturado de humo y la fealdad de los arrabales, el ruido degrada la calidad de nuestras vidas y nos priva del disfrute de la vivienda urbana.” Anthrop, “The Noise Crisis”, University of Toronto Law Journal, Vol. 20, No. 1 (1970), pág. 1.

       Pfeifer, en Rights of the Americans, pág. 342.

       “E1 caso de Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 reiteró la cono-cida regla de que el derecho a pensar y creer lo que uno quiera sobre religión es absoluto, mientras que el derecho a actuar y a hablar de acuerdo con esas creencias está sujeto a restricción en interés de la paz y el buen orden.” Frank, Cases on Constitutional Law, ed. 1952, pág. 851.
      “No importa lo libre que sea la práctica religiosa debe estar subordi-nada a las leyes criminales del país que sancionan actos generalmente con-ceptuados como objetos propios de legislación punitiva.” Davis v. Beason, 133 U.S. 333 (1890), 33 L.Ed. 637.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Báez Cintrón c/p Negro y Miguel Lozada Fernández c/p Miguel, acusados y apelantes.
    Número: CR-73-36
    Resuelto: 25 de febrero de 1974

      Santos P. Amadeo y Jorge Santiago abogados de los acusados; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los apelantes planearon con aeuciador detalle el asalto para robar en una estación de gasolina que realizaron la noche del 19 de diciembre de 1969, y cuando el empleado resistió y dio voces, uno de ellos le enterró un cuchillo en el vientre produciéndole heridas que le causaron la muerte en breve plazo. Fueron juzgados ante jurado por asesinato en primer grado resultando ambos convictos en dicho cargo “por mayoría de 9 ó más” y el coacusado Báez lo fue además por infracción del Art. 4 de la Ley de Armas, y sentenciados el 26 de marzo de 1971 ambos reos a cadena perpetua, y Báez adicionalmente a un año de cárcel.

En su récurso de apelación señalan como errores: (1) in-constitucionalidad del veredicto por mayoría; (2) inclusión en las instrucciones al jurado de la fuga de los apelantes como elemento a considerar en la prueba; (3) ausencia de instruc-ción al jurado sobre su poder para absolver aun cuando la prueba sostenga la culpabilidad de los acusados; (4) instruc-ción en cuanto a la presunción de veracidad en la declaración de todo testigo; (5) falta de instrucción en cuanto al carácter de cómplice de un testigo y la necesidad de corroborar su testimonio; (6) falta de incluir en las instrucciones una ad-vertencia sobre cautela y especial análisis del testimonio del alegado cómplice; y (7) insuficiencia de la prueba para esta-blecer la culpabilidad más allá de duda razonable.

(1) Enfrentándose a la cuestión de si la garantía constitucional de un juicio por jurado (ampliada en Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145; Baldwin v. New York, 399 U.S. 66; y DeStefano v. Woods, 392 U.S. 631), necesariamente requiere ser juzgado por exactamente 12 personas, ni más ni menos, en el caso de Williams v. Florida, (1970) 399 U.S. 78, donde el jurado que conoció de una acusación por robo estuvo compuesto de sólo 6 individuos, resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “Sostenemos que un panel de 12 no es ingrediente necesario del ‘juicio por jurado’, y que la negativa del Estado a escoger más de los 6 jurados provistos por la ley de Florida no vulneró los derechos del acusado bajo la Enmienda VI según extendidos a los Estados bajo la XIV.”

Con gran sensatez se resuelve en Williams, supra, que la función primordial del jurado es deliberativa y que su confiabilidad para determinar hechos no depende de su tamaño, por lo que la decisión deja en manos del Congreso y de las Legislaturas estatales, sin restricción por la Enmienda VI, la integración cuantitativa del jurado.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 11 ordena:

“En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de 9.”

En términos de raciocinio y de función deliberativa de grupo, cumple mejor la clásica encomienda de juicio por sus pares un jurado cuyo veredicto ha de estar sostenido por no menos de 9 que el de 6 validado por la decisión de Williams, supra. Si se tribuye el origen del jurado al propósito de crear un cuerpo protector del acusado frente a posibles abusos de funcionarios judiciales y ejecutivos que intervienen en el proceso judicial, la Regla de veredicto por mayoría propicia aquella intención original en cuanto permite absoluciones por 9, 10 u 11 votos, posibilidad totalmente excluida por la unanimidad que jamás fue escrita en la Constitución ameri-cana y que con tanta insistencia preconizan los apelantes. Y si por el contrario fuese adverso al acusado el veredicto de mayoría, no puede atribuirse calidad de razonable a la duda que falló en mover la conciencia y el intelecto de 9, 10 u 11 jurados de un grupo de 12. De modo que el veredicto por mayoría cumple y satisface a cabalidad el sentido básico de justicia, juego limpio y debido proceso que satura nuestro método de enjuiciamiento.

Se dirá que Williams, supra, dejó la cuestión de veredicto unánime para ser resuelta más tarde. Sin embargo, en Puerto Rico se ha venido resolviendo consistentemente que no hay necesidad de importar un método de garantizar el derecho fundamental a juicio por jurado pues lo provee nuestra Cons-titución en su Art. II, Sec. 11. Nuestro jurado no trae raíces del derecho común por lo que está libre de los “mitos” de número integrante y veredicto unánime. La doctrina de Reid v. Covert, (1957) 354 U.S. 1; 1 L.Ed.2d 1148, no puede desvincularse de los hechos que la motivaron: juicio de corte marcial seguidos a familiares de militares sirviendo fuera de los Estados Unidos (Japón e Inglaterra).

A la repetitiva objeción de los apelantes al veredicto por mayoría autorizado por la Constitución del Estado Libre Asociado, reiteramos nuestra posición reconociendo autonomía a Puerto Rico dentro de su relación política con los Estados Unidos para adoptar esa norma. Ratificamos una vez más la validez de veredictos por mayoría de 9 ó más. “Sería absurdo sostener que después de aprobada la Ley 600, la Enmienda V exige un juicio por jurado en los casos criminales que se ventilan en las cortes de Puerto Rico y también un veredicto por unanimidad. El propósito de la Ley 600 fue precisamente ampliar y no restringir los poderes y la autonomía de Puerto Rico sobre sus asuntos internos. Cf. Figueroa v. People of Puerto Rico, 232 F.2d 615 (1st Cir. 1956)”; Fournier v. González, 80 D.P.R. 262, 268-9, Saldaña, J, (1958); Jaca Hernández v. Delgado, 82 D.P.R. 402, Blanco Lugo, J. (1961); Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, Ramírez Bages, J. (1969); Pueblo v. Concepción Díaz, 101 D.P.R. 279 (1973); García Mercado v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 293, 301-5 (1970), cert. den. 401 U.S. 100328 L.Ed.2d 539.

(2) El juez de instancia dio al jurado la siguiente instrucción sobre la fuga de los apelantes del lugar del crimen:

“Damas y caballeros del Jurado. En este caso ha habido prueba al efecto, o sea, ha habido prueba tendiente a establecer que los acusados en unión a otra persona, el testigo Torres González, huyeron del sitio de los hechos una vez los mismos ocurrieron. Debo instruirles que la huida de una persona des-pués de la comisión de un crimen es una circunstancia que puede ser considerada por ustedes como demostrativa de una conciencia no exenta de culpabilidad, aunque os instruyo, de que por si, no es, o sea, que la huida por sí sola, no es suficiente ese solo hecho para establecer la culpabilidad de un acusado. O sea, dicha circunstancia la apreciarán ustedes y la ponderarán como tendiente en algún grado a provocar un sentimiento de culpabi-lidad, siendo de la incumbencia de ustedes el determinar su significado o insignificancia, así como el peso que consideradas todas las circunstancias presentes en el caso.” (T.E. págs. 335-336.)

Al hacer énfasis en que la fuga no es por sí sola determi-nante de culpabilidad, pero que es un elemento a evaluarse en el conjunto total de la prueba, la instrucción no afectó la imparcialidad del juicio ni la presunción de inocencia. Recono-cemos como válido el argumento de que un inocente, presa del pánico, puede traducir su terror a fuga; pero nos negamos a aceptar que en todo caso el autor del crimen rehúse la opor-tunidad de huir y escapar al arresto prefiriendo hacer guardia junto a la víctima caída exponiéndose a la vista de testigos y allí esperar la llegada del policía. Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, 483; 9 L.Ed. 2d 441, es fácilmente dis-tinguible, pues allí los agentes, carentes de prueba para obte-ner una orden de allanamiento invocaron la huida del inter-venido como elemento único sobre el cual descansar una infe-rencia de su culpabilidad, suficiente para generar la causa probable para su arresto. En el caso de autos hubo prueba de que los apelantes huyeron luego de realizado el asalto, pero no hay prueba que en forma alguna explique o justifique su huida. Es la fuga inexplicada la que debe ponderarse como indicio o detalle evidenciarlo de posible culpabilidad, corres-pondiendo al juzgador de los hechos así tomarlo o descartarlo según resulte del proceso deliberativo en que se consideren todas las circunstancias que integran el caso sometido para decisión. Pueblo v. Juarbe Albarrán, 83 D.P.R. 747 (1961); Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157, Rigau, J. (1964); cf. Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625 (1968); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

(3) La realidad de que un jurado puede desechar la más persuasiva evidencia y rendir un veredicto contrario a la misma es una de las fallas de la noble institución que debemos esforzarnos por corregir, en vez de legitimar los veredictos arbitrarios y disparatados dándoles entrada a las instrucciones del juez que preside. Las instrucciones tienen como propósito ilustrar y familiarizar al jurado con las nor-mas básicas de derecho que habrán de guiarlo en su función deliberativa. Autorizar a un jurado a incurrir en flagrante menosprecio de la prueba y de las instrucciones equivale a convertir el estrado en púlpito de anarquía. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73, Torres Rigual, J. (1971); United States v. Dellinger, 472 F.2d 340, (1972); United States v. Dougherty, 473 F.2d 1113 (1972); United States v. Boardman, 419 F.2d 110 (1969); Sparf v. United States, 156 U.S. 51 (1895).

(4) En sus instrucciones al jurado el juez de instancia inclyó la siguiente:

“Se presume que todo testigo dice la verdad aunque esta presunción puede ser destruida o rechazada por su manera de declarar, por el carácter de su testimonio, o por su evidencia que afecte su honradez, veracidad, integridad, o sus motivos, o por evidencia contradictoria, siendo el jurado, siendo ustedes, el único juez de la credibilidad de los testigos.” (T.E. pág. 338.)

Atacan los apelantes dicha instrucción como lesiva al debido proceso de ley e invocan la decisión de este Tribunal en Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253, Dávila, J. (1973), proscribiendo la misma. Bajo la propia regia de París Medina no puede prosperar el señalamiento de error porque la instrucción no fue objetada en primera instancia y además porque el juicio de los apelantes tuvo lugar los días del 23 al 26 de marzo de 1971 y la norma de París se aplica a juicios ventilados a partir del 1ro. de mayo de 1973. No encontramos razón fundada para impartir efecto retroactivo a esta regla, ni estamos den-tro de circunstancias de excepción que clamen por la protec-ción de un inocente. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, Santana Becerra, J. (1965).

(5 y 6) No consideramos necesario modificar la regla enunciada en Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727, 733, que al no considerar cómplice a un menor de 18 años, exime su testimonio de corroboración. El valor de su doctrina radica en que el adulto que induce o acepta a un menor de edad como socio de empresa en la comisión de un delito grave provee a la sociedad, con el simple testimonio no corroborado de éste, una razonable expectativa de castigo para el principal delincuente. La corroboración del testimonio del cómplice es regla decadente que ha ido perdiendo el favor del pensamiento jurídico contemporáneo. Wigmore On Evidence, 3ra. ed., sec. 2057, pág. 322. Y no considerando al menor de edad cómplice tam-poco se justifica una instrucción de cautela al jurado que pon-dría el prestigio del juez en línea para desacreditar un testigo, situación que hemos repudiado en Pueblo v. París Medina, ante. En las circunstancias de este caso la instrucción que se pide tiene el efecto último de una invasión por el juez del campo de apreciación y evaluación de la prueba reservado al jurado. La labor del abogado defensor debe en todo caso ser suficiente para destruir la credibilidad de un testigo cómplice cuando su declaración no es confiable. Existe en esta área del enjuiciamiento un justo equilibrio entre los recursos eviden-ciarios del Estado y el acusado que no debe alterarse.

(7) Además de la declaración del joven co-autor hay en el récord abundante evidencia de que los apelantes trama-ron el asalto, escogieron la estación de gasolina cercana a un matorral, fueron dejados en el lugar de los hechos por un amigo a quien le pidieron transportación, fueron vistos huir del sitio por persona que luego los identificó en el Cuartel de la Policía con todas las exigencias de ley; un agente del Cuerpo de Investigación Criminal encontró el reloj del joven co-autor en el área de la estación de servicio; al testigo que lo vio herido y lo envió al hospital le dijo la víctima que “fue-ron tres ladrones”; y el cuchillo utilizado en el crimen fue hallado detrás del garage.

Se modificará la sentencia apelada en el caso seguido contra Víctor Báez Cintrón por infracción del Art. U de la Ley de Armas reduciendo la pena a 6 meses de cárcel a tenor de la Ley Núm. 9 aprobada el 7 de julio de 1971 (34 L.P.R.A. sec. 1712), y así modificada se confirmarán ésta y las demás sentencias apeladas.

El Juez Asociado, Señor Martín, está conforme y adicio-nalmente expresará un criterio concurrente respecto a la unanimidad del veredicto del jurado.

        Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1899), que el apelante cita como autoridad exigente de veredicto unánime aparte de regular una circunstan-cia ex post facto no presente aquí que obligó a recurrir a nociones del derecho común en vez de la Constitución, ha sido descartado por tener más de mística que de doctrina jurídica, saturado del trasfondo supersticioso del número 12 por ser 12 los apóstoles, 12 las tablas de la ley, 12 las tribus de Israel, etc., Williams v. Florida, citado, a la pág. 89.

       Se brinda así la “mayor y más eficaz protección a los derechos del acusado”, eje central del argumento de los apelantes, sin afectar el debido proceso de ley ni alterar el principio de duda razonable. Johnson v. Louisiana, (1972) 406 U.S. 356; Apodaca v. Oregon, (1972 ) 406 U.S. 404.

       En París Medina, supra, dijimos: “Pero cuando solamente han declarado los testigos de cargo, la presunción de que se está diciendo la verdad puede ser equivalente a una asunción de culpabilidad en la mente del jurado y eonfligir así con la presunción de inocencia de un acusado.”
      Recientemente en Cupp v. Naughten, Rehnquist, J., sentencia de 4 de diciembre de 1973 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (38 L.Ed.2d 368), un caso en que el acusado no declaró ni presentó prueba alguna en su defensa, se resolvió que la instrucción objetada por los apelantes de autos no niega la presunción de inocencia ni cambia el peso de la prueba, toda vez que no debe tomarse la misma aisladamente sino en el contexto general de las instrucciones en su totalidad, en las que se afirma explícitamente la presunción de inocencia y la obligación del Estado de probar culpabilidad más allá de toda duda razonable.


author: per curiam: Juez Asociado Señor Martín

text:
    Narciso Rabell Martínez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. Modesto Velázquez Flores, Juez, demandado.
    Número: O-71-297
    Resuelto: 27 de febrero de 1974

      Fermín B. Arraiza Miranda y Graciany Miranda Marchand, abogados del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador

      General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Contra el peticionario se determinó causa probable y se expidió y diligenció orden de arresto en virtud de denuncia jurada el 29 de abril de 1969 por el delito de cons-piración, cuyo texto relevante transcribimos:

“DENUNCIA
. . Durante los meses de octubre 1968 a marzo de 1969. De noche y de día. En el Distrito Judicial de Aguadilla y de San Juan, ....
“Los arriba indica [sic] acusados en la fecha, sitio y hora arriba indicada, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, actuando en concierto y de común acuerdo entre sí y en el Distrito Judicial de Aguadilla así como en el Distrito Judicial de San Juan, conspiraron para cometer actos de terrorismo encaminados a la fabricación de artefactos explosivos, alteraciones a la paz pública, incendio de estructuras y cañaverales, poniendo en peligro con dicho actos la vida y propiedad de personas . . . .”

La acusación original jurada por el fiscal el 27 de junio de 1969 siguió el texto de la denuncia. El 19 de mayo de 1970, pasado el año que es término de prescripción del delito de conspiración, presentó el fiscal previo permiso del tribunal, una acusación enmendada en la que imputó al peti-eionario y a otros ocho co-acusados el mismo delito en el siguiente lenguaj e:

. . actuando en concierto y de común acuerdo entre sí, cons-piraron para cometer actos perjudiciales a la seguridad pública y encaminados a pervertir y obstruir la justicia y la debida admi-nistración de las leyes y a tales efectos cometieron actos de terro-rismo, fabricaron artefactos explosivos, cometieron alteraciones a la paz pública, incendios de estructura y cañaverales, poniendo en peligro con dichos actos la vida y propiedad de personas . . .

El acusado-recurrente pidió que se desestimara esta última acusación por haber prescrito el delito (R.P.C. 64 (m)), soli-citud que fue correctamente denegada por el tribunal de instancia. Arguye que toda vez que la denuncia bajo la cual se sometió el caso a un juez instructor no aduce hechos suficien-tes para imputar delito, ni ésta ni la orden de arresto, ni la primera acusación que incorporó en su texto el lenguaje de la denuncia, sirvieron para interrumpir el término prescriptivo de un año.

Sin que sea necesario resolver si la alegación presente tanto en la denuncia como en la acusación original, de que los acusados pusieron en peligro la vida y propiedad de perso-nas, con sus actos de terrorismo encaminados a la fabricación de artefactos y explosivos e incendio de estructuras y cañave-rales, coloca ambos pliegos acusatorios dentro de la excep-ción del Art. 63 del Código Penal que las releva de señalar afirmativamente un acto manifiesto (overt act), encontramos que el curso procesal seguido en este caso se ajusta a derecho.

Bajo las Reglas de Procedimiento Criminal la denuncia y acusación cumplen la función básica de informar al acusado que se ha iniciado un proceso judicial en su contra; es a manera de advertencia o alerta para que prontamente gestione y ponga en acción sus elementos de defensa con los cuales enfrentar la acusación. Precisamente para que el transcurso del tiempo no opere contra el acusado borrando el recuerdo, desapareciendo testigos o produciendo la pérdida o extravío de evidencia material, la ley fija a la mayoría de los delitos un término de prescripción dentro del cual el Estado debe comenzar el enjuiciamiento. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24, 27 (1961). El Estado retiene su facultad, dentro de su obligación de preservar la paz y el orden social, de negar prescriptibilidad a los delitos que por su intensidad de agravio a la sociedad organizada, deban en cualquier tiempo exponerse a la depuración del proceso judicial.

Tal aviso o advertencia de proceso, si bien ha de informar racionalmente el delito imputado, no tiene que incorporar con extenuante perfección académica absolutamente todos los elementos integrantes y definidores del delito por el cual se procesa. La posibilidad de error por insuficiencia técnica está prevista y la solución suplida en la Regla 38(b) de Procedimiento Criminal en cuanto dispone :

“(b) Subsanaeión de defecto sustancial. Si la acusación o la denuncia adoleciere de algún defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventilare originalmente el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la convicción o absolu-ción del acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo. Si se tratare de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le celebre de nuevo el acto de la lectura de la acusación. . .

No hay duda en cuanto a que la primitiva denuncia razo-nablemente informó y alertó a tiempo al recurrente del co-mienzo de un proceso por conspiración en su contra. No tenía que ser una acusación perfecta para interrumpir la prescrip-ción.

Como hemos visto, la “denuncia” preparada para someter un caso para determinación de causa es un pliego informativo de la naturaleza del delito imputado del cual no se exigen requisitos extremos de suficiencia que satisfagan la definición óptima del delito, ya que el juez para determinar causa probable no se guía por la denuncia sino por la prueba. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972). Aparte de lo expresado, al sentido común de cualquier acusado de mediana inteligencia que es a quien se dirige la información contenida en la denuncia, no escapa que fabricar explosivos en cualquier época, unido a actos de alteración de la paz pública y de quema de edificios y cañaverales pone en grave peligro la vida y los hogares de seres humanos.

Determinada la existencia de causa probable, estaba en orden la presentación de la acusación. Es cuestionable la alegada insuficiencia de la acusación por omitir la alegación de un acto manifiesto (overt act), considerado el texto del citado Art. 63 del Código Penal dispensando ese requisito cuando la conspiración va dirigida a cometer un delito grave contra alguna persona o un delito de incendio o asalto de morada. No obstante, el defecto de haberlo fue subsanado en una acusación enmendada y para ello había facultad derivada de la Regla 38(b) de Procedimiento Criminal que permite adicionar mediante enmienda antes del juicio hasta un elemento esencial del delito. Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969). Toda vez que no se trata de “una nueva acusación” sino de una enmienda a la original, no ha habido interrupción del tracto procesal ni se ha roto la secuencia acusatoria de tal modo que permita el correr del término prescriptivo del delito. No habiéndose archivado la acusación defectuosa, la misma era susceptible de enmienda. Ortiz Báez v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 261 (1970); Rodríguez Muñoz v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 360 (1967). De otro modo se malograría la administración de justicia, resultado que se propuso evitar precisamente con la Regla 38 de Procedimiento Criminal. Ríos Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 117 (1967).

Se anulará el auto expedido y se devolverá el expediente al tribunal de origen para continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en opinión separada. El Juez Asociado, Señor Cadillá Ginorio, disintió reservándose el derecho de radicar por escrito opinión disi-dente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1974

Concurro con la opinión de este Tribunal en cuanto re-suelve que para la determinación de causa probable para arrestar no se debe exigir que la denuncia exponga con per-fección legal todos los elementos del delito que pretende imputar, ya que la prueba que es sometida ante el juez instructor suple cualquier defecto en la denuncia. En este caso no se alega la ausencia de prueba. Basta que de la denuncia misma surja con razonable claridad el acto punible que se alega realizó el denunciado. Exigir que la denuncia pre-sentada ante un magistrado para la determinación de causa probable para arrestar exhiba con precisión todos y cada uno de los elementos constitutivos del delito atribuido, haría difícil de instrumentar eficazmente las disposiciones de la Regla 5 de Procedimiento Criminal, las cuales permiten que los miembros de la Policía Estatal en todos los casos, y otros funcionarios y empleados públicos en los casos relacionados con el desem-peño de sus deberes y funciones, y personas particulares con conocimiento personal de los hechos que constituyen el delito imputado firmen y juren denuncias.

Con las aclaraciones expuestas, concurro con e. resultado de la opinión del Tribunal.

       Art. 79 del Código Penal (33 L.P.R.A. sec. 233). “La acción penal por cualquier delito menos grave deberá establecerse dentro del año de su comisión . . . .”
      La conspiración para las fechas en que alegadamente se desarrolló, tenía una sola clasificación como delito menos grave (misdemeanor). Poste-riormente, por Ley Núm. 63 de 23 de junio de 1971 se enmendó el Art. 62 del Código Penal (33 L.P.R.A. sec. 161) mediante la adición del siguiente párrafo:
      “La conspiración constituirá delito grave cuando su propósito sea la comisión de asesinato, incendio malicioso, infracción a las sees. 586 y 587 del Título 25, conocidas como ‘Ley de Explosivos de Puerto Rico’, o infrac-ción a la Ley de Armas de Puerto Rico, secs. 411 a 454 del Título 25. En tales casos la pena será de presidio por un término no menor de dos ni mayor de cinco años.”

       La enmienda tuvo el aparente propósito de ajustar la acusación a la Regla 152 de Procedimiento Criminal que dispone:
      “En un proceso de conspiración, siempre que para la comisión del delito se requiriere un acto manifiesto (overt act) no podrá declararse con-victo al acusado a menos que uno o varios de tales actos hubieren sido expresamente alegados en la acusación o denuncia y se probare uno de ellos, pero podrán probarse otros actos manifiestos que no fueren los alegados.”

       Art. 63 del Código Penal (33 L.P.R.A. sec. 162).
      “Ningún convenio, excepto para cometer delito grave contra alguna persona, o para cometer el delito de incendiar o asaltar moradas, consti-tuye conspiración, a no concurrir a algún acto para llevarlo a cabo, por uno o más de los convenios.”

       Igual remedio estaba disponible bajo el antiguo Código de Procedi-miento Criminal. Pueblo v. Morales, 79 D.P.R. 605 (1956); Pueblo v. Calero, 68 D.P.R. 316 (1948).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Salvadora Ruiz Sánchez, demandante y recurrida, v. San Juan Racing Association y Trans Oceanic Insurance Co., demandadas y recurrentes.
    Número: R-72-183

      Resuelto: 27 de febrero de 1974

      Max Olivera Mariany, abogado de las recurrentes; José Francisco Quetglas Álvarez y Francisco M. Vázquez Santoni, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Por resolución de 25 de abril de 1973 decidimos revisar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, causa civil número 70-357, por virtud de la cual se condenó a San Juan Racing Association y su aseguradora Trans Oceanic Insurance Co. a indemnizar a Salvadora Ruiz Sánchez en la cantidad de $16,333.40, más costas y $1,000 de honorarios de abogado. Examinados los autos originales y leída la volumi-nosa transcripción de todas las incidencias del juicio celebrado es forzoso concluir que incidió el tribunal sentenciador al aqui-latar la prueba, ignorando o prescindiendo de considerar he-chos que poderosamente señalan hacia la elaboración de una ilegítima causa de acción contra las partes demandadas.

El 26 de enero de 1969 la señora Salvadora Ruiz Sánchez se encontraba en el Hipódromo El Comandante, donde fue a jugar a los caballos y a su vez vender billetes de lotería. Al con-cluir el programa de carreras, a eso de las seis de la tarde, su-frió una caída mientras trataba de abandonar dicho lugar, en momentos en que llovía y en que la gente avanzaba para salir. Exactamente el día en que vencía el año de prescripción que fija el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, es decir, el 26 de enero de 1970, la señora Ruiz Sánchez presentó y quedó radicada en la secretaría del tribunal de instancia una demanda contra la San Juan Racing Association y Trans Oceanic Insurance Company reclamando ser indemnizada por los daños y perjuicios que sufrió con motivo de la caída. Expuso en su demanda, párrafo 2, lo siguiente como causa de su caída:

“2. Que cuando se terminaron las carreras de ese día y al salir la demandante de la sección de preferencias de dicho Hipó-dromo hacia el área de estacionamiento, recibió la demandante un fuerte empujón, el cual provocó su caída al suelo. Una vez en el suelo, tres hombres que corrían debido a que estaba lliviendo, [sic] le pasaron por sobre su cuerpo y uno de ellos la pisó en la región pélvica.”

Las demandadas contestaron oportunamente la demanda negando responsabilidad y adujeron que la misma “no aduce hechos constitutivos de una causa de acción.” La demandante formuló interrogatorios escritos requiriendo de las demanda-das, entre otras cosas, que le informaran “su versión de como ocurrió el accidente” y “la prueba documental que utilizará en la vista en su fondo” del caso. Dichos interrogatorios fueron contestados el 15 de febrero de 1971, dando como ver-sión del accidente prácticamente la misma contenida en la demanda y anunciando entre la prueba documental una decla-ración prestada por la demandante. Dicha declaración, presu-miblemente examinada por los abogados de la demandante luego de una moción presentada por ellos el 26 de febrero de 1971 para que se le permitiera examinar y copiar la prueba documental anunciada por las demandadas, y respecto de la cual recayó una orden que así lo dispuso, de fecha 8 de marzo de 1971, fue luego admitida como prueba por estipulación de todas las partes y obra en autos. Fue prestada por la deman-dante en el hospital en que estaba recluida, el 6 de febrero de 1969, a pedido de un ajustador independiente encargado de investigar el accidente por la compañía aseguradora code-mandada. En lo aquí pertinente, lee así:

“Que el día 26 de Enero 1969 como a eso de las 6:00 P.M. me encontraba en el Hipódromo El Comandante, y después que se acabaron las carreras salía yo de las graderías y cuando me dirigía al portón de salida, debido a que estaba lloviendo estaban saliendo corriendo otras personas y tropezaron conmigo y me caí.”

Más adelante, al final de la declaración, expresó: “Yo no conocía ninguna de las personas que tropezaron conmigo. El único motivo de mi caída fue el tropezón.”

La declaración fue manuscrita por el ajustador. Al calce de la misma, una hija de la demandante, María M. Aguirre de Fonseca, maestra de escuela pública, escribió de su puño y letra lo siguiente, que firmó junto al nombre de la demandante, escrito por la primera:

“He leído este informe a la Sra. Salvadora Euiz que es mi madre y ella dice que es la verdad de lo sucedido. También soy testigo de su firma.”

El 25 de junio de 1971, ya señalado el caso para juicio para celebrarse el 20 de septiembre de 1971, la demandante, contestando un interrogatorio de las demandadas, dio la siguiente versión del accidente:

“4. El día 26 de enero de 1969 yo me encontraba visitando el Hipódromo El Comandante propiedad de la San Juan Racing, donde había jugado unas dupletas y cuando se terminaron las carreras salía del área de preferencias del Hipódromo hacia el área de estacionamiento, mientras caminaba tropecé con algo que había en el piso al mismo momento que recibía un fuerte empujón de personas que corrían para salir de dicho sitio. Una vez en el suelo pasaron sobre mi cuerpo algunas de las per-sonas que salían corriendo y una de ellas me pisó la región pél-vica, sufriendo fuerte golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, luego fui llevada a la enfermería del Hipódromo de donde me trasladaron al Hospital Universitario y luego hospitalizada y operada en el Auxilio Mutuo.” (Énfasis nuestro.)

El 20 de septiembre no se celebró el juicio. La demandante quería enmendar su demanda. El 11 de noviembre siguiente presentó moción escrita solicitando permiso para ello, la que acompañó de una propuesta demanda enmendada. La enmienda consistía en sustituir la versión original por la dada en la contestación al interrogatorio de las demandadas y que hemos transcrito. Las demandadas se opusieron por escrito. El tribunal a- quo nada proveyó respecto de dicha soli-citud. Al llamarse el caso para juicio se planteó nuevamente la cuestión sobre la propuesta demanda enmendada y el tribunal a quo se negó a proveer. Las demandadas, por voz de su abogado, expresaron: . . Entendemos que no hay demanda enmendada al presente y estamos listos para juicio a base de las alegaciones de la demanda original, según contestadas.” (Transcripción, inicio de la primera vista, de 25 de enero de 1972, pág. 7.) Luego de argumentos por ambas partes el juez expresó que se planteaba “una situación que es bastante deli-cada y no quisiera resolver en este instante.” (Transcripción, Id. supra, pág. 31.) Nunca resolvió.

No puede concluirse tampoco que las alegaciones fueron enmendadas por la prueba, conforme lo autoriza la Regla 13.2 de Procedimiento Civil. En adición a la advertencia con-signada por el abogado de las demandadas al iniciarse la vista del caso, que hemos transcrito, oportunamente objetó la prueba que la demandante pretendió aportar para probar su segunda versión de los hechos. Desde el mismo comienzo del testimonio de la demandante (pág. 46 de la Transcripción) objetó, y el juez expresó: “Fue lo que dijimos que está sujeta a la resolución posterior, luego que se elimine si no procede.” (Transcripción, pág. 47.)

Al formular sus determinaciones de hechos el tribunal sentenciador adoptó la segunda versión de la demandante. Nunca antes de así hacerlo recayó determinación alguna admitiendo la demanda enmendada. Hasta tanto no se admitiera dicha demanda enmendada, toda la prueba para establecer la versión en ella alegada era inadmisible y, como hemos señalado, fue oportunamente objetada. No es irrazonable que en determinadas circunstancias un juez posponga su resolución sobre un planteamiento de derecho. Empero, debe hacer saber su dictamen lo antes posible sobre todo cuando, como en este caso, la admisibilidad de la prueba tenía que depender necesariamente de a qué alegaciones se enfrentaban las demandadas. Bajo las circunstancias aquí presentes, fue irrazonable no resolver oportunamente la cuestión planteada.

No hemos perdido de vista que el tribunal a quo practicó una inspección ocular en el Hipódromo El Comandante. Halló, al final de un pasadizo, saliendo de las graderías, entre una cafetería y una escalera, una plancha de metal que al ser presionada, una esquina bajaba como una pulgada y la otra subía. (Conclusión de hecho número 2.) Ese sitio fue seña-lado por la demandante en el acto de la inspección ocular como aquél en que tropezó y se cayó. Es curioso e interesante notar que, aparte de la importante discrepancia entre las dos versiones dadas por la demandante sobre cómo ocurrió la caída, haya discrepancia también, en sus propias alegaciones y su prueba, sobre el sitio en que se cayó. Alegó en la demanda original que ella salía “de la sección de preferencias de dicho hipódromo hacia el área de estacionamiento.” Al requerírsele en el interrogatorio de las demandadas que dijera el sitio exacto donde alegadamente ocurrió el accidente (pregunta nú-mero 31), se limitó en su contestación a hacer referencia a la contestación dada a la pregunta número 4, transcrita supra, que le requería su versión detallada de la “forma y manera en que ocurrió el accidente.” Dicha contestación número 4 omitió dar el sitio exacto, limitándose a la misma generalidad dada en la demanda, es decir, entre el área de preferencias y el área de estacionamiento. En su testimonio la demandante, en vez de colocarse en el área de preferencias, dijo que “estaba en el sótano, abajo,” subió por la escalera al segundo piso, “donde están las dos cafeterías,” y le ocurrió el accidente. (Transcripción, pág. 44.) A la pregunta de “¿le sucedió algo allí?,” contestó: “Bueno, cuando yo estaba en la Cafetería, así, hay un saguan, [síc] un poco estrecho, hay como un re-dondel de lata, parece como un contador de agua, ahí tropecé, el zapato se me enredó y caí a lo largo y la gente me empujaba, la gente me empujaban y pasaban por encima y me pasaron por encima, como todo el mundo quería salir.” (Transcrip-ción, pág. 45.)

Ante esa discrepancia adicional forzoso es dudar si la demandante se cayó en el sitio que le indicó al juez de instancia durante la inspección ocular. Si fue allí, ¿por qué lo ocultó al contestar el interrogatorio? ¿Por qué no lo dijo, siendo natural que lo dijera, cuando fue entrevistada por un ajustador de la compañía aseguradora en presencia de su hija el 6 de febrero de 1969? ¿Lo ocultó también a su abogado? Un testigo se impugna no solamente por manifestaciones suyas incompatibles con su testimonio en corte sino también por haber omitido en ocasión anterior hacer referencia a un hecho esencial que hubiera sido natural que expusiera. Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 224-225 (1962).

La versión dada originalmente por la demandante en su demanda, además de reiterarla en la declaración prestada al ajustador, está corroborada en los expedientes médicos del hospital en que fue tratada, que obran en autos como parte de su propia prueba. Dichos expedientes informan que la paciente “sufrió una caída desde sus propios pies”. (Hojas 3 y 24 del expediente médico, admitido como Exhibit I de la Demandante.) Es natural que a una persona que se cae le pregunten por qué se cayó o que ella lo diga espontánea-mente. Decir una persona que se ha caído de sus propios pies es muy distinto a decir que se ha caído porque tuvo un trope-zón.

Es saludable el principio que obliga a respetar las determinaciones de hechos de un tribunal de instancia cuando éstas tienen apoyo en la prueba que tuvo ante sí. No obstante, y con base en la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, y antes en la 52(a) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943, no hemos vacilado en dejar sin efecto determinaciones de hechos que, aunque sostenidas en prueba aportada, resultan claramente erróneas. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964) y Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961). La prueba de la demandante, bajo las circunstancias de este caso, no puede en Derecho ser considerada satisfactoria por cuanto no produce una certeza o convicción moral. Art. 375, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 1633. La candidez es una deseable condición humana aun entrada la madurez de los años, pero no debe dejarse sorprender para provecho de la iniquidad. Dijimos en Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961), Serrano Geyls, J.: “Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería.”

Es inconcebible para nosotros que al entrevistarse con sus abogados, de ser cierto que su caída se debió a un tropezón y no a que la empujaran, la demandante no lo expresara así a ellos. Más inconcebible aún sería que al redactarse la de-manda por los abogados estos se apartasen de la versión dada por la demandante para alegar otra que nada aduce en lo concerniente a responsabilizar a las demandadas. La intras-cendente y fútil aseveración de la demanda original no podía tener otro resultado que su desestimación, a menos que la inexistente causa de acción fuese transigida por lo que se ha dado en llamar el nuisance value. No podemos dar por sen-tado que este último fuera el fin perseguido por los abogados. Por el contrario, tenemos que presumir que actuaron con sentido de responsabilidad y en obediencia a los Cánones de Ética Profesional. La iniciación de pleitos inmeritorios con conocimiento de ello es repulsiva al proceder responsable de un abogado. Estamos conscientes de que en ocasiones los de-mandados, particularmente compañías de seguros, están prestos a pagar una cantidad nominal a un demandante que no tiene caso para librarse de incurrir en los gastos que conlle-varía el tenerse que defender, especialmente si el demandante no está en condiciones de pagar honorarios de abogado y costas. Iniciar un pleito con miras a tomar ventaja de esa circunstancia constituiría una práctica indeseable y reproba-ble por demás.

Se dictará sentencia revocando la dictada por el Tribunal de instancia y en su lugar ordenando la desestimación de la demanda.

       El mismo día del accidente fue hospitalizada, diagnosticándose una “fractura intertrocantérica de la cadera derecha.” Fue operada el 30 de enero para reducción de la fractura y fijación con clavos y una plancha metálica y dada de alta del hospital el 13 de febrero siguiente. Resultó con acortamiento de su extremidad inferior derecha y reducción en la circun-ferencia del muslo y la pantorilla de dicha extremidad así como limitación en los movimientos de flexión y abducción de la cadera, moderada limitación de rotación interna y externa y debilitamiento en la fuerza de los cuadrí-ceps, y limitación en el movimiento de flexión de la rodilla. El tribunal a quo valoró dichos daños y sus sufrimientos físicos y mentales en $12,000.

       Preguntas 1 y 3, respectivamente.

       Transcripción de la vista del 26 de enero de 1972, pág. 70.

       La demandante hizo una cruz al lado de su nombre. Su hija María M. Aguirre de Fonseca prestó testimonio en el acto del juicio y expresó haber estado presente mientras el ajustador entrevistaba a su señora madre, haber escrito la anotación que hemos transcrito y haberlo hecho luego de leerle la declaración a la demandante y preguntarle si “eso había ocurrido así” y la demandante haberle contestado afirmativamente moviendo la cabeza. (Transcripción de la vista celebrada el 26 de enero de 1972, págs. 72 y 73.)

       Contestación a la pregunta número 4 del referido interrogatorio de las demandadas, pág. 43 de los autos originales.

       Minuta de ese día.

       E1 Código de Ética Profesional que rige la conducta de los abogados dispone como sigue:
      Canon 17. — “Todo abogado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Su comparecencia ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada.” (4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 17.)


author: Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Héctor A. Serrano, acusado y recurrente.
    Número: O-67-195
    Resuelto: 28 de febrero de 1974

      Reichard & Colberg, abogados del acusado y peticionario; J. E. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Elpidio Arcaya, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
    Compuesto el Tribunal a esta fecha por ocho Jueces, el Juez Asociado Señor Martín emitió opinión para revocar con la cual concurren el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel y los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio emitió opinión para con-firmar con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual y Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió también opinión para confirmar con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual y Cadilla Ginorio.
   Opinión del

Juez Asociado Señor Martín

recomendando la revocación de la sentencia apelada, con la cual concurren el Juez Presidente Señor Pérez Pimentel y los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué

En el caso de autos se enjuició y fue convicto el señor Héctor A. Serrano por el solo hecho de ser gerente de una corporación porteadora que entregó mercancía tributable sin habérsele presentado previamente la correspondiente autori-zación del Departamento de Hacienda.

No hubo prueba a los efectos de que el peticionario partici-para, tuviera conocimiento o autorizara dicha transacción. A pesar de esta ausencia de relación causal, el Procurador General invoca la See. Núm. 1 de la Ley Núm. 50 del 7 de mayo de 1937, 34 L.P.R.A. sec. 1661, para sostener la convicción.

La Ley Núm. 50, en su Sec. 1, reza de la siguiente forma:

“Cuando una corporación cometiere un delito menos grave podrá formularse denuncia contra dicha corporación ante la corte correspondiente, como si se tratara de un individuo particular; Disponiéndose, que la denuncia podrá presentarse contra la corporación como tal, o contra el administrador, gerente, mayordomo, superintendente, capataz o director de la corpora-ción que hubiere cometido la infracción de la ley o reglamento de que se trate.”

Como puede verse la medida en cuestión consta de dos partes diferentes: (1) La primera oración de la sección 1 establece que el proceso criminal (por un delito menos grave) contra una corporación podrá llevarse como si se tratara de un individuo particular. Esta, ciertamente, es una medida procesal, pues señala la manera o forma de procesar criminal-mente a una corporación. (2) El “disponiéndose” impone responsabilidad criminal al “administrador, gerente, mayor-domo, superintendente, capataz o director de la corporación que hubiere cometido la infracción de la ley o reglamento de que se trate.” Esta es una disposición substantiva, pues no trata de la manera o forma de iniciar, desarrollar o tramitar un proceso judicial, sino que establece responsabilidad por una infracción penal.

Es el “disponiéndose de la Ley Núm. 50 el que se pretende utilizar para sostener la convicción del peticionario. Por eso, debemos primero preguntarnos si dicho “disponiéndose” está aun vigente en vista de la adopción de las Reglas de Procedi-miento Criminal en 1963.

La cláusula derogatoria de las Reglas de Procedimiento Criminal lo es la número 254 que dispone:

“El Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, aprobado el primero de marzo de 1902, según ha sido enmendado hasta el presente, y cualesquiera otras leyes, en todo cuanto se relacione o refiera a procedimiento criminal que sea incompatible o contrario a estas reglas, quedan por éstas derogados.”

Surge palmariamente del texto citado que la derogación aludida se refiere a las leyes que se relacionen o refieran a pro-cedimiento criminal que sea incompatible o contrario a lais Reglas de 1963. Así el Codigo de Enjuiciamiento Criminal de 1902, en sus disposiciones substantivas, y cualesquiera otras leyes, en tanto en cuanto contengan medidas substantivas, no fueron derogadas por las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963.

Esta interpretación de la Regla 254 coincide con lo expre-sado en el Informe del Comité de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial de Puerto Rico establecida en 1954. El Lie. Francisco Ponsa Feliú, Presidente del Comité de Pro-cedimiento Criminal, en su ponencia sobre el Informe del Comité ante dicha Conferencia Judicial, expresó:

“. . . El propósito es que se derogue totalmente el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, que se derogue totalmente el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente. Hay un número de disposiciones en él Código, sin embargo, que son disposiciones de naturaleza sustantiva. Esas disposiciones en la cláusula deroga-toria que se prepare, deberán ser, naturalmente, salvadas de la derogación.” (Énfasis suplido.) Conferencia Judicial de Puerto Rico, Memoria de la Primera Sesión Plenaria, 12 de diciembre de 1958, pág. 141.

Siendo el “disponiéndose” de la Ley Núm. 50 del 7 de mayo de 1937 una disposición substantiva y refiriéndose la Regla 254 de Procedimiento Criminal a la derogación de leyes de naturaleza procesal, es inescapable la conclusión de que el referido “disponiéndose” no fue derogado con la adopción de las Reglas de Procedimiento Criminal en 1963.

Aclarada la vigencia de la disposición legal contenida en el “disponiéndose”, veamos su interpretación. Básicamente el problema interpretativo que está planteado es la determina-ción de si la frase “que hubiere cometido la infracción de la ley o reglamento de que se trate”, que se expresa al final del “disponiéndose” de la Ley Núm. 50, se refiere a la corporación propiamente o al funcionario que allí se denomina como ge-rente, administrador, mayordomo, superintendente, capataz o director. Si determináramos que se refiere a la corporación estaríamos diciendo que el “disponiéndose” tiene el efecto de descartar la exigencia de causalidad que en todo caso de res-ponsabilidad criminal o civil, como regla general, debe ser demostrada, y que en los casos penales debe surgir más allá de toda duda razonable. Por el contrario, si entendiéramos que la frase en cuestión se refiere a los funcionarios que la ley menciona, no tenemos duda de que debe probarse la participa-ción activa de éstos en la comisión del acto punible.

Hemos favorecido la interpretación restrictiva de los esta-tutos penales a favor del acusado. Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 517 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 439 (1973). Ya anteriormente este Tribunal había reconocido como un principio general de Derecho el que un oficial de una corporación no es responsable por los actos de-lictivos de la corporación si éste no ha participado en la con-ducta ilegal de que se trate. Pueblo v. Rojo, 66 D.P.R. 919, 923 (1947). Similar norma general ha sido sostenida por la jurisprudencia de muchas jurisdicciones estatales. Blacketer v. State, Okl. Cr., 485 P.2d 1069, 1072 (1971); Clifton v. State, 51 Del. 339, 145 A.2d 392 (1958); People v. Dalsis, 168 N.Y.S.2d 549, 555 (1957); People v. Lieber, 304 P.2d 869, 146 C.A.2d Supp. 910 (1956); People v. International Steel Corp. 226 P.2d 587, 592, 102 Cal. App.2d Supp. 935 (1951); People v. Brainard, 183 N.Y.S. 452, 192 App. Div. 816 (1920).

Si interpretáramos liberalmente el “disponiéndose” en cuestión para imponer responsabilidad absoluta a los oficiales o empleados corporativos aludidos estaríamos violando la norma de hermenéutica sostenida por una larga tradición jurisprudencial, que exige que se resuelva la duda a favor del acusado (véase Pueblo v. Tribunal Superior, supra); y por ende se pondría en peligro la validez constitucional del refe-rido disponiéndose en tanto en cuanto imputa la comisión de un delito a un inocente sin exigir prueba de su conexión con el delito imputado. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 41 (1950).

Resultan especialmente pertinentes y aleccionadoras en este caso las siguientes palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Fairmont Co. v. Minnesota, 274 U.S. 1, 10, que este Tribunal adoptó hace ya más de dos décadas:

“No es permisible aprobar una ley que en efecto tienda una red para que todo el mundo caiga en ella, en la posibilidad de que, si bien los inocentes caerán en sus tejidos, también algún delin-cuente caiga en igual forma.” Pueblo v. Mantilla, supra, a la pág. 40.

En vista de lo expresado precedentemente es forzoso con-cluir que la mencionada frase: “que hubiere cometido la in-fracción de la ley o reglamento de que se trate”, contenida en el “disponiéndose” de la Ley Núm. 50, no autoriza la imputa-ción de un delito a los funcionarios o empleados de la corpora-ción allí mencionados a menos que aquéllos fueren conectados con la comisión del delito. Debía revocarse la sentencia ape-lada y absolverse libremente al peticionario.

Opinión del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

recomen-dando la confirmación de la sentencia apelada con la cual concurren los

Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual y Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 1974

Se trata de un sentencia dictada en apelación, por la Sala de San Juan, del Tribunal Superior de Puerto Rico (Hon. Herminio Miranda Jr., Juez), confirmando la del Tribunal de Distrito, Sala de San Juan (Hon. Ana D. Sánchez de Morales, Juez) por la cual se encontró culpable al Sr. Héctor A. Serrano del delito imputádole, y se le condenó al pago de $100.00 de multa, sin costas.

La prueba demuestra que el señor Héctor A. Serrano era el Gerente de la corporación porteadora Add Airfreight Corporation, la cual entregó a la Refrigeration Parts Equipment una mercancía tributable remitida por la firma The Trans. Co., de Clarksville, Tenn., sin haber pagado los arbitrios correspondientes, en violación al Art. 71 de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 1956, 13 L.P.R.A. sec. 4071.

El diccionario Vox define la palabra “Gerente”, así:

“Gerente: (1. gerere, dirigir) m. Director de una empresa o sociedad mercantil.”

Y el de la Real Academia Española la define así:

“Gerente: (del lat. gerens, entis, p. a. de gerere, dirigir) Com. El que dirige los negocios y lleva la firma en una sociedad o empresa mercantil, con arreglo a su constitución.”

Según declaró el agente de Rentas Internas, el señor Serrano, al ser requerido para el pago de los arbitrios, se negó a ello, alegando que esa mercancía no fue entregada por ellos; pero estoy de acuerdo con el juez de instancia, en que el señor Serrano, como gerente, tenía el . . control de todo lo de la compañía”, conforme a la definición que dan los diccionarios de la lengua española citados, en cuanto a lo que es un gerente.

Serrano declaró que él no tenía que ver directamente con la entrega de la mercancía ni dió órdenes para su entrega y que el encargado de esta función era el vice-presidente señor Orlando Torres y que había un gerente de entrega, el señor Mario Yélez.

Es natural que un funcionario que desempeñaba el cargo del señor Serrano, no podía personalmente ocuparse de las múltiples labores que tiene una corporación; pero por la natu-raleza de su cargo todos los empleados estaban bajo su super-visión.

Creo que la Ley Núm. 50 del 7 de mayo de 1937, sec. 1, 34 L.P.R.A. see. 1661, demuestra el propósito del legislador de imponer responsabilidad a los funcionarios expresados en ella, por los actos de la corporación; en este caso especial, en armonía con el Art. 71 de la Ley Núm. 2, supra. Es una mani-festación absoluta y clara del poder legislativo, para proteger al gobierno: en este caso en cobro de sus arbitrios; y evitar que se defraude al erario público, como ocurrió en el caso de autos. Mantener lo contrario sería abrir una brecha en la ley a través de la cual los porteadores podrían, fácil e impune-mente, eludir el pago de los arbitrios recurriendo al taimado recurso de mandar a un empleado desconocido a entregar la mercancía al consignatario sin la certificación del' Secretario de Hacienda y sin pagarse los derechos correspondientes. El señor Serrano, no importa que no hubiera hecho la entrega personalmente, era responsable de la actuación de dicha en-trega por la corporación, y no podía ignorar las disposiciones de la Ley, ya que su ignorancia no excusa de su cumplimiento; y, como “Gerente” de la corporación tenía que conocer esa disposición y velar porque las personas encargadas de la entrega no la violaran.

Creo que el caso de Pueblo v. Rojo, 66 D.P.R. 919 (1947), es distinto a éste porque allí no se acusó a Rojo, como oficial de la corporación, sino individualmente; pero aunque se le hubiera acusado como un oficial de la corporación, la doctrina allí expresada, solamente en cuanto a la responsabilidad de los oficiales de una corporación, debe ser dejada sin efecto, y revocada, aunque tenga un cuarto de siglo de vigencia; porque establece un precedente que induce fácilmente a encontrar un camino tortuoso para violar la ley.

Estoy enteramente de acuerdo con lo expresado por el Juez Asociado Señor Díaz Cruz en su opinión. Contrario a la situación en el caso de Ortíz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973), en el cual se imponía responsabilidad absoluta al entrenador del caballo Igneíto, sin tener dicho entrenador su día en Corte y la oportunidad de defenderse, en el presente caso la ley, no le impone ninguna responsabilidad absoluta a los oficiales o empleados de la corporación. El oficial acusado tiene y tuvo la oportunidad de defenderse. A las situaciones que menciona el Señor Juez Díaz Cruz en el párrafo cuarto de su opinión añadimos también el caso de un dependiente que, en ausencia de su principal, infringe un reglamento de pre-cios.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Opinión del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

con la cual con-curren los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual, y Cadilla Ginorio

San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 1974

Como parte del esfuerzo gubernamental para allegar fondos públicos, y especialmente para asegurar la responsa-bilidad fiscal de las corporaciones, se aprobó por la Asamblea Legislativa hace muchos años, la Ley Núm. 50 de 7 de mayo de 1937 (34 L.P.R.A. sec. 1661) que citamos:

“Cuando una corporación cometiere un delito menos grave podrá formularse denuncia contra dicha corporación ante la corte correspondiente como si se tratara de un individuo particular; Disponiéndose, que la denuncia podrá presentarse contra la corporación como tal, o contra el administrador, gerente, mayordomo, superintendente, capataz o director de la corpora-ción que hubiere cometido la infracción de la ley o reglamento de que se trate.”

En el curso de sus operaciones mercantiles, la corporación porteadora Add Airfreight entregó una mercancía que no había pagado impuestos. Se denunció a su presidente y a su administrador general por infracción del Art. 71 de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo que es la Núm. 2 de 20 de enero de 1956 enmendada (13 L.P.R.A. sec. 4071).

Una mitad del tribunal absolvería al gerente general Serrano en base a su propio testimoio de “que él no tenía que ver directamente con la entrega de mercancía, ni dio órdenes para su entrega y que el encargado de esta función era el vice-presidente Sr. Orlando Torres y que había un gerente de entrega, Sr. Mario Vélez.” Su defensa es un cándido “yo no fui”, a todas luces inaceptable.

Es irrazonable pretender que para probar el delito come-tido por la corporación tenga el Estado que averiguar cuál de sus oficinas o divisiones tenía a su cargo la entrega de mer-cancía en el caso específico, o en la alternativa denunciar al chófer o al peón del camión que llevan a efecto la entrega física de la mercancía. Para eso no había necesidad de legislar como se hizo mediante Ley Núm. 50 de 7 de mayo de 1937 (34 L.P.R.A. sec. 1661) supra.

Esta ley tiene como fin traer las corporaciones a responder ante la justicia con igual eficacia que se persigue al infractor no incorporado; no fue la intención inmunizar las corpora-ciones contra procesos criminales como resultaría ante la exigencia de probar una participación directa de cada oficial o director en cada entrega de mercancía. Si la principal gestión comercial de todo porteador marítimo, aéreo o terrestre, almacenista o depositario es entregar mercancía, las personas naturales que opten por las ventajas corporativas para dedicarse a hacer negocios deben estar avisadas de que no podrán burlar el pago de impuestos, y que si lo hacen los directores y oficiales responderán bajo la misma ficción jurí-dica al amparo de la cual libremente se han organizado.

La opinión que a ésta se opone lee en la Ley Núm. 50 algo que el estatuto no contiene cuando dice: “si determináramos que se refiere a la corporación estaríamos diciendo que el ‘disponiéndose’ tiene el efecto de descartar la exigencia de causalidad que en todo caso de responsabilidad criminal o civil, como regla general, debe ser demostrado, y que en los casos penales debe surgir más allá de duda razonable.”

Esta fue una ley aprobada para evitar la evasión de impuestos por las corporaciones, y siendo ése su único objetivo no vemos cómo pueda excluírselas por interpretación.

La letra del estatuto no impone ninguna responsabilidad absoluta a los oficiales o empleados de la corporación. Nada hay que les impida rebatir la acusación con evidencia que establezca su desvinculación del acto de evasión contributiva por parte de la corporación. La ley ni siquiera establece una presunción controvertible ni regla evidenciaría fijando respon-sabilidad prima facie, método en entera armonía con la Constitución. Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973). ¿Por qué eximir de responsabilidad implícita y dar a los oficiales corporativos un tratamiento distinto en el campo del Derecho Penal del que le damos al jefe de familia en cuyo hogar se encuentra un arma de fuego sin registrar; al dueño de un puesto de leche al detall que recibe la leche en envases cerrados de la planta pasteurizadora y que luego el inspector de salud encuentra adulterada; a los ocupantes de un auto-móvil privado donde se hallaren armas o explosivos; o al pequeño comerciante que tenga en su aparador bebidas alcohó-licas sin la correspondiente licencia expedida por el Secretario de Hacienda? ¿Hemos llegado al punto de decir que a éstos no podrá procesárseles “a menos que fueren conectados con la comisión del delito” cuando las circunstancias incriminantes se reducen a vivir en la casa, figurar su nombre en la licencia del puesto, abordar el automóvil o poseer las botellas de licor, en los respectivos casos señalados?

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       El Art. 71 de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sec. 4071, castiga como delito menos grave el que un porteador, almacenista o depositario entregue mercancía sujeta a arbitrios sin la autorización del Secretario de Hacienda.

       E1 Comité de Procedimiento Criminal fue nombrado por este Tribunal el 18 de noviembre de 1957 siendo este Comité el responsable de la formulación del proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal, que con algunas modificaciones pasaron a ser las Reglas de 1968.

       Véase declaración de Héctor Serrano en la Relación del Caso de la. Juez de Distrito, pág. 2.

       Dicha sección prohíbe la entrega de la mercancía por el porteador-sin que se le presente una certificación del Secretario de Hacienda autori-zando la entrega de la mercancía, sin haberse efectuado el pago de los arbitrios correspondientes; y declara tal actuación un delito menos grave. Requeridas las dos corporaciones, se han negado a pagar los arbitrios.

      (Vox: Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Bibliograph, Barcelona, España, 1972; pág. 842.)

        (Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Espa-ñola, Madrid, 1970, pág. 663.)

       Este artículo reza en lo pertinente así:
      “Ningún porteador marítimo, aéreo o terrestre ni ningún almacenista o depositario que tenga bajo su custodia artículos tributables por este Subtítulo, podrá entregar la mercancía al consignatario, o persona que pro-piamente la reclame, a menos que se le presente una certificación del Secretario autorizando la entrega de dicha mercancía y en la forma que por Reglamento éste prescriba. Cualquier porteador, o depositario que viole esta disposición, además de ser convicto de un delito menos grave (misdemeanor), vendrá obligado al pago del impuesto correspondiente a dicha mercancía, incluyendo recargos, intereses, multas administrativas, y demás penalidades prescritas en este Subtítulo si dicho pago no es efectuado por el contribuyente.”


author: per curiam:

text:
      In re Gregorio Ayuso Ramírez, querellado.
    Números: O-73-65, O-72-179

      Resuelto: 1ro. de marzo de 1974
    El querellado, por sí, y representado por Plinio Pérez Marrero y Richard Ramos Algarín (Caso 0-72-179), y Aníbal Flores Betancourt (Caso 0-73-65); Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Américo Serra, Peter Ortiz, Cándita R. de Orlandi y Magda Hydel de Martí, abogados del querellante.
   per curiam:

La vorágine provocada por el barco que se hunde puede arrastrar y llevarse a quien no se aleja a tiempo. La contumaz asociación del querellado con un ex-abogado a quien este Tribunal separó permanentemente de la profesión por dictamen en In re Castro Figueroa, 96 D.P.R. 317 (1968), lo ha llevado a cumplir el mismo destino.

Son dos los expedientes de desaforo contra este abogado que ahora consolidamos para resolver. El querellado, admitido a la práctica de la abogacía en el año 1960 y del notariado en el 1963, autorizó como notario público la escritura Núm. 19 de 23 de septiembre de 1969 en la que figuran los miembros de la Sucesión Dones Martínez vendiendo una finca urbana a Luis Felipe Molano. La escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad y para completar el precio de $8,500 hubo de tomar el comprador $5,000 en calidad de préstamo del Banco de San Juan, dándole en garantía hipotecaria el mismo in-mueble. José Castro Figueroa, separado de la profesión de abogado en el año 1968, había intervenido en asuntos de la Sucesión Dones Martínez compuesta por 12 herederos y tenía en su poder toda la documentación del patrimonio hereditario. Castro Figueroa tomó la firma del comprador Molano en el taller mecánico de éste y recibió de sus manos el importe del precio. Como pasara el tiempo y no le entregaran la propie-dad, Molano instó demanda de desahucio en precario contra sus supuestos vendedores que no prosperó pues salió a la luz que ninguno de los miembros de la Sucesión, dueña de la finca urbana en litigio, conocía al notario querellado, ni había fir-mado la escritura de venta ni recibido parte alguna del precio. Subsiguientemente la Sucesión presentó demanda sobre nuli-dad de título contra Molano, el Banco de San Juan, Castro Figueroa y Ayuso Ramírez. El querellado no presentó prueba en su defensa de cargos fundados en el Preámbulo y en el Canon 33 del Código de Etica Profesional y la Ley Notarial.

La conducta del querellado acusa corrupción y total des-precio de la dignidad profesional. Con sus actuaciones, ente-rado como estaba de los turbios manejos de Castro Figueroa, permitió y facilitó a éste la práctica ilegal de la abogacía y puso a su disposición todos los elementos formales representa-tivos de la fe pública notarial de la que era guardador, dando acceso al Registro de la Propiedad a un documento no otor-gado ante él y señalado como el ropaje del fraude y la estafa.

Si hemos de conservar la confianza del pueblo en sus abo-gados, no puede haber desviación de la integridad exigida por los cánones de ética, que no toleran “ni aun la apariencia de conducta impropia.”

Esta que ahora resolvemos es la segunda querella de desaforo contra este abogado. En la primera que lleva el Núm. O-72-179 el querellado también en asociación y conni-vencia con Castro Figueroa fue instrumento dúctil prestando su representación profesional en un caso de divorcio sin tener encomienda ni autorización de la parte demandante que su-puestamente servía, en contravención del Canon 17 del Código de Etica.

El abogado que pone su título al servicio de un desaforado vulnera el mandato del Tribunal Supremo, lesiona la sociedad que seguirá sufriendo la deshonestidad y la corrupción de aquél y degrada el buen nombre de su profesión.

No encontramos en la manifiesta insensibilidad ética del querellado, en su reiterada conducta inmoral e impropia ningún indicio redentor.

Se le separará permanentemente del ejercicio de la profe-sión de abogado y notario.

       Preámbulo Código de Etica
      “En Puerto Rico, donde el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad y donde la fe en la justicia se considera factor determinante en la convivencia social, es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa con-fianza y apoyo de la ciudadanía.
      “La consecución de estos fines le impone a los miembros de la profesión jurídica, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad.
      “En particular, el logro de estos fines le exige al abogado:
      (a) que entienda que el fin primordial de su función como jurista es el servicio a la sociedad, servicio que tiene que estar dirigido principalmente a lograr la existencia real de un orden jurídico íntegro y eficaz y que tiene que estar orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano que rigen la convivencia social en el país;
      (b) que tenga presente siempre que las gestiones de su profesión afectan de una manera sustancial los aspectos principales de la vida comunal;
      (c) que reconozca que existe un imperioso interés social en que todo ciudadano que lo necesite tenga fácil acceso a los servicios legales de abogados cuya conducta sea siempre honrosa, diligente y educada;
      (d) que esté consciente de la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia;
      (e) que tenga un compromiso solemne e inquebrantable, no sólo de conducir su propia persona de acuerdo con los anteriores principios y los que siguen, sino también de velar porque la conducta de sus compañeros de profesión, se rija igualmente por dichas exigencias.
      “Los cánones de ética profesional que a continuación se enumeran son adoptados por el Colegio de Abogados de Puerto Rico como normas mínimas que ñjan de manera más concreta lá conducta que la sociedad le exige a los miembros del foro. La enumeración de deberes específicos, sin embargo, no deja de hacer mandatorias otras obligaciones no señaladas en este cuerpo de normas y que son inherentes a la responsabilidad social y profesional de los juristas y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión. Estará vedado al abogado violar los presentes cánones aun por medios indirectos o mediante el empleo de terceros.”
      Canon S3.
      “Tanto en su propia oficina como fuera de ésta el abogado tiene la obligación de evitar la práctica ilegal de la abogacía o la notaría por personas no autorizadas para ello. Será impropio de un abogdo el permitir o facilitar a una persona o entidad que no esté autorizada a ejercer la abogacía o el notariado que cobre total o parcialmente por los servicios profesionales o notariales prestados por el abogado.
      “También es indebido que un abogado o firma legal permita que personas no autorizadas a ejercer la profesión de abogado o notario en Puerto Rico suministren cualquier clase de consejo legal a clientes del abogado o de la firma legal aun cuando para ello dichas personas no tengan que comparecer a los tribunales. Esto no impide que el abogado o la firma legal se asesore con una persona no autorizada a ejercer la abogacía en Puerto Rico para prestar un mejor servicio a su cliente.
      “Será impropio de un abogado el unirse en sociedad con una persona que no ha sido autorizada a ejercer la abogacía o la notaría cuando cual-quiera de las actividades de la sociedad envuelva la práctica de la abogacía o la notaría.”

       Ley Notarial, Núm. 99 aprobada el 27 de junio de 1956, ef. 1ro. de enero de 1957 (4 L.P.R.A. secs. 1001 y ss.):

        “Sec. 1 — El notario es el único funcionario autorizado para dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extraju-diciales que ante su presencia se realicen.
      “See. 9 — Escritura original es la que redacta el notario sobre el con-trato o acto sometido a su autorización, y que firman los otorgantes y los testigos, en los casos en que este Capítulo exija o permita la comparecencia de estos últimos autorizándola el notario ante el que se otorgue, con su firma, signo, sello y rúbrica, no siendo permitido el firmar con estampilla.
      “Sec. 16 — Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos. También darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con relación al dicho de los mismos, y en caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expresará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento.”

       Canon 17 de Etica Profesional
      “. . . [la comparecencia del abogado] ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alega-ción en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada.”


author: PER CURIAM:

text:
    Lourdes Prado, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Edna Abruña Rodríguez, Juez, demandado; Orlando Rodríguez Porrata, interventor.
    Número: O-73-430

      Resuelto: 6 de marzo de 1974

      Rafael L. Franco Garda, abogado de la peticionaria; William Estrella, abogado del interventor.
   PER CURIAM:

Dentro de una acción de divorcio el Tribunal Superior, Sala de San Juan, fijó en $2,500 mensuales la pen-sión alimenticia provisional de la esposa y dos hijos de 17 y 11 años de edad. En reconsideración pedida por el marido y ha-biéndose emancipado la hija por matrimonio, el tribunal la redujo a $1,075.80 más “pago del carro”. Desde la primera Resolución (29 de enero de 1973) asignando alimentos a la esposa, el obligado descuidó y desatendió la orden del tribunal al extremo de acumular atrasos que según certificación de la Sala de Relaciones de Familia para el 13 de noviembre de 1973 alcanzaban la suma de $31,303.20. En 9 de octubre de 1973, apercibido de desacato por su incumplimiento, pidió el alimentante que se redujera la pensión a $300, y un día antes de la vista del desacato solicitó la eliminación de las alega-ciones de la alimentista porque no había contestado dos pliegos de interrogatorios a lo que proveyó el tribunal en Orden de 7 de noviembre de 1973 señalando para el 20 del mismo mes “todas las mociones pendientes y el caso en su fondo.” Recu-rrió la demandada en divorcio y este Tribunal suspendió el juicio y expidió el auto de certiorari.

El derecho a alimentos cuya exigibilidad ya ha sido esta-blecida por resolución del tribunal, toma precedencia sobre el derecho del demandante a ventilar su caso de divorcio. Las reiteradas mociones de la peticionaria plantean al tribunal una situación de menosprecio e incumplimiento de sus órdenes a la que debe enfrentarse sin más demora con la energía que demanda la dignidad de los procedimientos judiciales. En el ordenado curso procesal que ha de preceder la vista del caso en su fondo, el tribunal deberá, antes de señalar el juicio, resolver todos los incidentes y mociones relacionados con la pensión alimenticia pendente lite.

Habiendo provisto nuestra orden en auxilio de jurisdic-ción la suspensión del juicio que estuvo señalado para el 20 de noviembre de 1973, y examinados los autos, se devolverá el caso para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión.

       Dramatiza esta necesidad la alegación de la peticionaria de que el hijo menor fue suspendido de clases por no pagar la mensualidad escolar.