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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado v. José A. Torres Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-93-34

      Resuelto: 2 de diciembre de 1994

      Cándida Valdespino Zapata y Rebecca Viera Trenche, aboga-das del apelante; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de reiterar importantes principios y normas de derecho y procedimiento penal, al aplicarlas in-tegradamente en el contexto particular del caso ante nos.

r-H

El apelante, José Armando Torres Rivera, fue acusado ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina, por los delitos de violación, secuestro agravado, sodomía, robo y por violaciones a los Arts. 6, 7 y 32 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Luego de haberse celebrado el juicio por ju-rado, el acusado fue hallado culpable de los delitos impu-tados y fue sentenciado a cumplir cinco penas consecutivas para un total de 224 años de reclusión.

Los hechos se exponen a continuación, según surgen de la exposición narrativa de la prueba. La joven E.B.R. re-gresó a su residencia de un ensayo a las doce de la media-noche y estacionó su automóvil en la orilla de la acera, frénte a su casa. Se bajó del vehículo, sacó las llaves y se dirigió a la marquesina de su casa. Luego de abrir los dos portones de ésta, regresó al automóvil, se montó en él y procedió a estacionarlo dentro de la marquesina. La luz de la marquesina estaba encendida y era bastante potente. Una vez aparcó el automóvil en la marquesina, lo apagó, salió de éste y se fue a cerrar los portones. Mientras bajaba la rampa de la marquesina, aparecieron tres individuos enmascarados. Estos la apuntaron con un arma de fuego y la obligaron a entrar de nuevo a su automóvil. El acusado, José Armando Torres Rivera, ocupó el asiento del conductor. Intentó poner el auto en marcha, pero no lo lo-gró hacer debido a que éste tenía un mecanismo de seguri-dad que interrumpía la corriente eléctrica, conocido como “corta corriente”. La víctima le dijo al acusado que el auto-móvil no funcionaba, que se había dañado. En ese mo-mento, la víctima se encontraba entre el acusado, quien ocupaba el asiento del conductor, y Fabián Rivera Rivera, quien ocupaba el asiento al lado del conductor. El tercer individuo se encontraba en el asiento de atrás. Como Torres Rivera no lograba poner el automóvil en marcha, le gritó a la víctima que lo hiciera ella, que ella sabía cómo hacerlo. Ella le acercó las manos al rostro (que ya en ese momento tenía al descubierto) y le dijo: “por favor, no prende”. El acusado se desesperó. Entonces, Rivera Rivera sacó a la víctima del automóvil y, luego, fuera de la marquesina. El acusado la agarró por un brazo y Rivera Rivera por el otro. Ella se resistió y se agarró de la verja del vecino. El tercer individuo siempre estuvo detrás de uno de los otros dos, por lo que la víctima no pudo verlo con claridad. Mientras la víctima se resistía, ésta le preguntó para qué querían el automóvil. Ellos contestaron que te-nían que huir porque los estaban buscando para matarlos; que no le harían daño a ella; que ellos la iban a dejar en otro lugar y luego le devolverían el automóvil. La víctima entonces accedió a poner el automóvil en marcha. Así lo hizo y, luego de ello, el acusado y los otros individuos que estaban allí, levantaron a la víctima por encima del asiento del conductor y la pasaron a la parte de atrás del automó-vil, junto con el acusado, quien esta vez ocupaba ese asiento. Rivera Rivera entonces ocupó el asiento del conductor y salieron de la casa de la víctima. En el trayecto, el acusado comenzó a manosear a la víctima. Se dirigieron hacia un manglar cerca de la Base Muñiz en Carolina. Allí sacaron a la víctima del vehículo, la despojaron de su ropa y procedieron a violarla y sodomizarla. Cada uno de los agresores tomó su turno para satisfacer sus instintos, mientras obligaban a la víctima a masturbar a los otros. Mientras esto ocurría, se acercó un vehículo y los agresores huyeron. El vehículo resultó ser del Agente Pedro L. Pa-gán, quien estaba por allí de ronda. Al ver a E.B.R., la ayudó a salir del lugar. En ese momento, la víctima descri-bió a uno de los agresores como uno de pelo negro largo hasta el hombro, bigote negro y delgado, de aproximada-mente 23 años de edad, quien vestía bermudas blancos; a otro como de pelo oscuro, bigote pequeño y delgado, de aproximadamente 22 años de edad, quien llevaba puesto unos pantalones largos de tono claro (blanco, gris o crema). Al tercero no lo pudo identificar. La víctima fue llevada al cuartel, donde repitió lo que había ocurrido y dio la des-cripción de los atacantes. Más tarde fue a un hospital, acompañada de sus parientes. Allí fue examinada por un doctor.

Luego de ocurridos estos hechos, la agente Carmen Qui-ñones, de la Unidad de Delitos Sexuales del Cuerpo de In-vestigaciones Criminales (en adelante C.I.C.), inició una investigación. Como parte de ella, buscó información en el vecindario donde vivía la víctima y entrevistó a personas del área. Dicha investigación la condujo al acusado, a quien citó para una rueda de detenidos. La rueda se se-ñaló para el 16 de noviembre de 1990 en las oficinas del C.I.C. La agente Quiñones fue a un Hogar Crea para ver si había personas que se parecieran al sospechoso, los encon-tró y los utilizó para la rueda. Se efectuó la rueda y se colocó a los integrantes delante de una cabina que tenía un cristal amplio. Del otro lado del cristal se encontraban la víctima, el padre del acusado, la agente Quiñones y el Agente Edwin Vázquez. La víctima procedió a observar a los sospechosos. Luego le solicitó al agente Vázquez que le pidiese a los sospechosos que dijesen unas palabras. El agente Vázquez les ordenó que dijeran “soy de San José”. Después que los miembros de la rueda hablaron, la víctima los estudió con detenimiento e identificó al acusado como su agresor. Posteriormente, se celebró una vista sobre re-nuncia de jurisdicción sobre el acusado, por ser éste menor de edad, ante el Tribunal Tutelar de Menores. La renuncia fue declarada con lugar, y se ordenó el traslado de los casos a la jurisdicción del Tribunal Superior, para que el ape-lante fuese juzgado como adulto, y se presentaron las acu-saciones correspondientes. Celebrado el juicio por jurado, éste rindió un veredicto de culpabilidad.

Inconforme con el veredicto, el acusado apeló ante nos y alegó los siguientes señalamientos de error:

1. Erró el Tribunal de instancia al no concederle a la de-fensa el tiempo mínimo a que tenía derecho el acusado para prepararse adecuadamente para el juicio.
2. Erró el Tribunal de instancia al no suprimir la identifica-ción del acusado.
3. Erró el Tribunal al declarar culpable y convicto al acu-sado cuando no se probó su conexión con los delitos imputados más allá de duda razonable.
4. Erró el Tribunal al no concederle los beneficios de una sentencia suspendida y al imponer todas las penas con el máximo de agravantes y consecutivas para un total de 224 años de reclusión, no obstante ser el acusado menor de edad y primer ofensor.

Habiendo sometido las partes sus alegatos, procedemos a resolver.

HH HH

En su primer señalamiento de error, el apelante alega que la negativa del foro a quo a suspender el inicio del juicio constituyó una limitación irrazonable que menoscabó su derecho a confrontar la prueba en su contra, a tener una adecuada y efectiva representación legal y a tener un juicio justo e imparcial. No le asiste la razón.

Aunque hemos sostenido y sostenemos que el derecho a la asistencia de abogado incluye tener disponible un tiempo razonable para que el abogado pueda entrevistarse con el acusado y para que pueda prepararse para el juicio, dicho derecho no puede ser utilizado por el acusado para obstaculizar el trámite normal de las causas. Romero v. Jones, Alcaide, 78 D.P.R. 572, 577 (1955). Lo que constituye tiempo razonable varía de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular, según el grado de sencillez o complejidad de cada uno. Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964); Pueblo v. Rodríguez Correa, 88 D.P.R. 653 (1963).

La representación legal del apelante en el caso de autos tuvo una amplia oportunidad para prepararse para el juicio. Entró en contacto con el caso desde diciembre de 1990, cuando entrevistó al apelante para determinar si éste cualificaba para recibir los servicios de Asistencia Legal. A petición de la propia defensa, la vista preliminar fue celebrada el 23 de enero de 1991, un mes después de la fecha originalmente pautada para ella. Para la celebración de esta vista, la representación legal del apelante tuvo que aprestarse y continuar así su preparación para el juicio. Este se realizó luego de varias solicitudes de suspensión presentadas por la propia defensa, precisamente para dis-frutar de más tiempo para preparar su caso. El 11 de marzo de 1991 dio inicio el proceso de desinsacular al Ju-rado y el 14 de marzo comenzó a declarar la primer testigo.

Un examen de autos y de la exposición narrativa de la prueba revela que el apelante tuvo una representación legal adecuada y efectiva. Su abogada interrogó a los señores del Jurado, formuló las recusaciones, tomó parte activa du-rante el proceso y efectuó con diligencia los contrainterrogatorios. Incluso presentó dos testigos con el propósito de establecer una duda razonable sobre la parti-cipación de su representado en los hechos imputados. Por lo tanto, este error no fue cometido.

IV

Como segundo señalamiento de error se alega que la identificación que hizo la víctima, mediante el procedi-miento de rueda de detenidos, estuvo viciada y que por ello el foro a quo erró al no suprimirla.

Para determinar la validez de la identificación de un sospechoso deben dilucidarse dos cuestiones principales, a saber: (1) si dicha identificación ha sido confiable, y (2) si en el curso de ésta no hubo irregularidades los que afectasen irremediablemente los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972); Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). Reiteradamente he-mos señalado que la validez de una identificación depende de la totalidad de las circunstancias que rodean al proceso de identificación. Pueblo v. Torres Ramos, 121 D.P.R. 747 (1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987); Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977); Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976); Pueblo v. Figueroa Torres, 102 D.P.R. 76 (1974). Hemos señalado como factores principales que se deben evaluar para determinar la confiabilidad de la identificación: “la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación”. Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, pág. 183.

También hemos señalado que “[l]o importante no es el método utilizado en la identificación, sino que la misma sea libre, espontánea y confiable”. Pueblo v. Ramos y Alvarez, 122 D.P.R. 287, 312 (1988). En consecuencia, hemos aprobado el uso de varios métodos para la identificación de sospechosos. Pueblo v. Ramos y Alvarez, supra. Incluso he-mos aceptado la validez de la identificación de un acusado realizada en el acto del juicio, y ello aun cuando la identificación previa efectuada durante la etapa ivestigativa re-sultare inadmisible, claro está, siempre y cuando esa iden-tificación posterior no dependa ni sea el producto de sugestividad que hubiese viciado la identificación. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980); United States v. Crews, 445 U.S. 463 (1980).

Veamos si al aplicar estos principios a los hechos espe-cíficos del presente caso, la identificación del apelante fue confiable o si estuvo viciada a tal extremo que afectara los derechos del acusado. El apelante plantea que su identifi-cación fue sugestiva y que no cumple con los criterios de confiabilidad para relacionarlo con los delitos imputádosle. Alega que, durante la celebración de la rueda de detenidos, se le indicó a los integrantes de la rueda que dijeran su nombre y ello le perjudicó, ya que en ese momento la víc-tima conocía su nombre y su presunta participación en los hechos delictivos objeto de investigación. La prueba desfi-lada sobre este particular fue contradictoria. Por un lado, la víctima y la agente Quiñones negaron que se le hubiese requerido a los miembros de la rueda decir sus nombres. Por otro lado, los testigos presentados por la defensa señalaron que los miembros de la rueda sí dijeron sus nombres. Habiendo determinado el tribunal que la rueda de detenidos no estuvo viciada, le correspondía al Ju-rado adjudicar la credibilidad que estos testigos le merecie-ran y así lo hizo, contra el acusado. Reiteradamente hemos señalado que no intervendremos con la apreciación y adju-dicación de credibilidad que de la prueba testifical hizo el Jurado, a menos que un examen sereno, detallado y des-apasionado de la prueba produzca en nuestro ánimo insa-tisfacción o intranquilidad de conciencia. Pueblo v. Men doza Lozada, 120 D.P.R. 815 (1988); Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

Alega el apelante, además, que la víctima no pudo espe-cificar en qué momento vio las caras de los individuos que la atacaron y que en el lugar de los hechos no había sufi-ciente iluminación para observarlos. No tiene razón. El testimonio creído por el Jurado señala que la víctima de-claró que pudo observar la cara de sus agresores desde el momento cuando la obligaron a subir a su automóvil, ya que tuvo al acusado muy cerca de ella y en ese momento éste ya no llevaba puesta la camiseta sobre la cara. Ade-más, tuvo la oportunidad de observarlos durante el tra-yecto al lugar donde ocurrieron los hechos delictivos. Luego, la naturaleza y duración de los ataques sexuales sufridos por la víctima en el manglar cerca de la Base Mu-ñiz y demás incidentes ocurridos allí, requirieron un grado razonable de atención de la testigo, que le permitió obser-var a sus agresores detenidamente. En cuanto al lapso de tiempo transcurrido entre los hechos y la celebración de la rueda de detenidos, éste fue de un mes, que no es un lapso tan largo como para olvidar el semblante del ofensor. En cuanto a la descripción que hizo la víctima del acusado, la discrepancia fundamental entre el Ministerio Público y la defensa gira en torno a la edad del acusado. La víctima, al describir a los acusados a la Policía, señaló —en cuanto a este particular— que uno de ellos parecía de 23 años, otro de 22 y al tercero no lo pudo identificar. Por su parte, la defensa alega que el acusado es un menor, de 17 años de edad, que aparenta ser más joven y que luce como un niño, y no como un joven de 22 ó 23. Independientemente de que el acusado no luzca como un joven de 22 ó 23 años, la rea-lidad es que tampoco podemos concluir que fácilmente se confunda con un niño. Aunque es cierto que la víctima en su descripción inicial al agente Pagán el día de los hechos señaló que dos de sus agresores parecían de 22 ó 23 años de edad, luego, durante el proceso de investigación, ésta le informó a la agente Quiñones que uno de sus agresores parecía menor. Esta discrepancia por sí sola no vicia la identificación del acusado de tal forma que la haga no confiable. Véase Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93 (1988). El apelante no hace referencia al resto de la descripción hecha por la víctima, por lo que presumimos que estuvo correcta. Nuevamente señalamos que cualquier conflicto a este respecto correspondía dirimirlo al Jurado, lo que hizo, contra el apelante. En ausencia de circunstan-cias extraordinarias no alteraremos el valor, la credibilidad y la determinación que el Jurado le otorgó a la prueba. Pueblo v. Acabá Raíces, supra; Pueblo v. Cabán Torres, supra; Pueblo v. Torres Ramos, supra.

V

Como tercer error se alega que no se probó la relación del acusado con los delitos imputados más allá de duda razonable, por la alegada falta de confiabilidad de la identificación y el testimonio exculpatorio presentado por la defensa. Respecto a la falta de confiabilidad en la identificación del acusado, ya hemos dispuesto de este señalamiento previamente, por lo que no tenemos nada más que añadir al respecto. En cuanto al testimonio exculpatorio alegado, debemos señalar que éste provenía de testigos que el Jurado tuvo ante sí y al cual no adjudicó credibilidad alguna. Sobre este asunto de apreciación de la prueba, reiteradamente hemos resuelto que concedemos gran deferencia a las determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales de instancia. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991); Pueblo v. Falcon Negrón, 126 D.P.R. 75 (1990); Pueblo v. Rodríguez Román, supra. Más aún, cuando el planteamiento de insuficiencia de prueba se reduce a uno de credibilidad de los testigos. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990).

Ante tales planteamientos, en ausencia de error, prejui-cio o parcialidad, no intervendremos con la apreciación de la prueba ni con el veredicto condenatorio del Jurado, quien está en mejor posición de aquilatar testigos, elemen-tos éstos con los que no cuenta un tribunal apelativo y frente a los cuales debemos reconocer la posición iniguala-ble en la que se halla el tribunal de instancia. Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577 (1993); Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989); Pueblo v. Reyes Morón, 123 D.P.R. 786 (1989).

VI

Como último error, alega el apelante que erró el foro a quo al negarle al acusado los beneficios de una sentencia suspendida y al imponerle penas con agravantes, a pesar de ser primer ofensor y menor de edad. No tiene razón.

La sentencia impuesta al apelante fue la establecida por el legislador para estos delitos, cuando están presentes cir-cunstancias agravantes. Dicha sentencia fue impuesta luego de que el Ministerio Público presentara una moción de agravantes que se apoyaban en la prueba desfilada. •

Surge de dicha moción, así como de la prueba desfilada, que los delitos por los cuales fue encontrado culpable el apelante son de naturaleza violenta y que causaron grave daño corporal a la víctima. Los hechos revelan una gran crueldad de su parte, carencia de respeto por la vida y la dignidad humana, así como un total rechazo de las normas básicas de decencia. El apelante, en unión a dos indivi-duos, con un arma de fuego en mano, sustrajo de su hogar a la víctima y la llevó a un lugar apartado donde la obligó a sostener todo tipo de relación sexual. Esto, según surge de la prueba, se llevó a cabo de la forma más despiadada y brutal posible. El apelante asumió una posición de líder, a los fines de satisfacer sus más bajos instintos. Además, debe destacarse su burla ante los reclamos de piedad de la víctima, reclamos que fueron rechazados mediante pala-bras soeces, indicativas de una ausencia total de calidad humana.

La posición de líder del apelante puede apreciarse desde el comienzo de la acción delictiva, cuando fue él quien le requirió a la víctima que pusiera el vehículo en marcha y luego cuando inició el ataque sexual contra ésta. Ante estos hechos, no erró el tribunal al imponer las penas con agravantes. Por la misma razón, tampoco abusó de la discreción que el ordenamiento jurídico le otorga para im-poner las penas de manera consecutiva. Pueblo v. Hernández Mercado, supra; Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969).

En cuanto a la denegatoria de suspender la sentencia, reiteradamente hemos señalado que la concesión del beneficio de sentencia suspendida es discrecional. Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969). El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio, no un derecho. Pueblo v. Álvarez Maurás, supra; Pueblo v. Martinez Rivera, supra; Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 880 (1957). En vista de ello, la denegatoria de una sentencia suspendida cae dentro de la discreción de un tribunal. Tiene dicha denegatoria la presunción de ser justa y correcta. Pueblo v. Pérez Bernard, supra; Pueblo v. Acosta Torres, 92 D.P.R. 887 (1965); Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947). La ausencia de antecedentes penales no es por sí una causa suficiente para que un convicto obtenga la libertad a prueba. Pueblo v. Pérez Bernard, supra; Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954).

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sen-tencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina, el 31 de mayo de 1991.

       Art. 99 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4061.

       Art. 137(a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4178(a).

       Art. 103 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4065.

       Art. 173 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4279.

       25 L.P.R.A. sees. 416, 417 y 442.

       Según surge de la prueba, el acusado fue sentenciado a cumplir de manera consecutiva las penas de 50 años por el delito de violación; 99 años por el de secues-tro; 20 años por el de sodomía; 50 años por el de robo, y 5 años por infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951 (25 L.P.R.A. see. 411 et seq.). A éste se le impusieron, además, dos penas adicionales por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, una de 5 años y otra de 6 meses, que debían de ser cumplidas de manera concurrente con la otra impuesta por la misma infracción y de manera consecutiva con las demás, para un total de 224 años consecutivos de reclusión.

       Durante la investigación, la agente Quiñones obtuvo una foto del acusado y la utilizó para mostrarla a las personas del vecindario. No obstante, la agente señaló que en ningún momento la víctima vio la fotografía, la cual destruyó antes de cele-brarse la rueda de detenidos.

        Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964); Pueblo v. Rodríguez Correa, 88 D.P.R. 653 (1963).

       Surge de los autos que acompañan el recurso de apelación, que el foro a quo suspendió en dos ocasiones la vista del juicio a solicitud de la defensa para que ésta se pudiese preparar y para que pudiera entrevistar a unos testigos. Véanse: Minuta de 1ro de marzo de Í991 y Minuta de 7 de marzo de 1991.

       Dichos testigos eran Víctor Dipiní, Investigador de la Sociedad para Asis-tencia Legal, Jorge A. De Jesús Dávila, paciente del Hogar Crea, y José A. Torres Rodríguez, padre del acusado.

       Surge del expediente que, luego de comenzado el juicio, el tribunal, en au-sencia del Jurado, celebró una vista evidenciaría para discutir una moción de supre-sión de identificación presentada por la representación legal del acusado. Habiendo escuchado la prueba presentada por la defensa, el tribunal declaró no ha lugar a la moción aludida por entender que la identificación no había estado viciada.

       Los hechos de este caso, según probados, se ajustan a los subincisos (a), (b) y (e) de la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, los cuales dispo-nen:
      “Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguien-tes:
      “(A) Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona del acu-sado, incluyendo entre otros:
      “(a) El delito fue de violencia, se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un rechazo a las normas de la decencia;
      “(b) el acusado utilizó un arma en la comisión del delito;
      “(e) el acusado indujo a otros a participar en la comisión del delito u ocupó una posición de líder o dominante entre los demás participantes


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Ruy N. Delgado Zayas, etc., demandante y recurrido, v. Hospital Interamericano de Medicina Avanzada, demandado y peticionario.

      Número: CE-94-149

      Resuelto: 5 de diciembre de 1994

      Eladio Cartagena Colón, abogado del demandado y peticiona-rio; Andrés Espinosa Ramón, abogado del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante un recurso de certiorari comparece ante nos el Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (en ade-lante Hospital) y solicita la revocación de una sentencia del Tribunal Superior, que confirma una orden del Tribunal de Distrito para obligar al demandado peticionario a que pa-gue al Sr. Lino Álvarez Alvarado la suma de mil trece dó-lares ($1,013) por concepto de indemnización por despido injustificado. El 9 de mayo de 1994 emitimos una resolu-ción en la cual concedimos al demandante recurrido un término de veinte (20) días para que compareciera por es-crito y mostrara causa por la cual no debía revocarse la sentencia dictada por el Tribunal Superior. Revocamos.

I

Lino Alvarez Alvarado comenzó a trabajar para el Hospital el 15 de noviembre de 1988. Se le contrató como tra-bajador de servicios de alimentos, y a partir del 21 de diciembre ocupó la posición de cocinero. Álvarez fue despedido el 18 de mayo de 1990, luego de que el Hospital llevara a cabo una investigación de su conducta y conclu-yera que éste había hostigado sexualmente a Damaris Pa-gán, su supervisora.

Los hechos que provocaron la investigación y posterior suspensión sumaria y el despido de Álvarez fueron los siguientes.

Damaris Pagán, quien estaba a cargo del Departamento de Dietas del Hospital, testificó que a la fecha de los hechos tenía bajo su supervisión a Álvarez. Pagán declaró que mientras se encontraba en el área de la cocina, que ella supervisaba, recibió una invitación de parte de Álvarez para asistir juntos al Festival de las Flores de Aibonito. Ella la rechazó.

Algún tiempo después de esta invitación, Álvarez le im-pidió y bloqueó físicamente la salida de los baños a Pagán, con las manos puestas en los marcos de la puerta, a la vez que le requirió que saliera con él. En ese momento, ella le comunicó a Álvarez su disgusto con su actuación de impe-dirle la salida del baño y procedió a notificarle el incidente a la Supervisora de Dietas del Hospital. La querella de Pagán a su supervisora dio comienzo a una investigación de la conducta de Álvarez que resultó en una suspensión sumaria y el despido.

Álvarez, a su vez, declaró que invitó a Pagán a salir en dos (2) ocasiones en ánimo de socializar fuera de horas laborables y la invitó a salir porque le gustaba como mujer y quería relacionarse con ésta.

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos presentó una querella en representación y en beneficio de Álvarez contra el Hospital, para reclamar una indemnización por despido injustificado. Luego de que el Hospital contestó la querella y de otros trámites procesales, se procedió con la vista en sus méritos en el Tribunal de Distrito.

Según la resolución del Tribunal de Distrito que con-tiene la exposición narrativa de la prueba, en la vista se estipuló que el Hospital tiene unas normas estrictas que prohíben el hostigamiento sexual en el empleo e imponen como sanción el despido inmediato del hostigador. Dicho reglamento adopta la definición de lo que constituye hosti-gamiento sexual, según lo define la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. secs. 155-155Z). Se estipuló, además, que el Hospital ha dado a conocer las normas que prohíben el hostigamiento sexual y qué Álvarez conocía las normas existentes. Para rebatir la presunción de despido injustifi-cado el Hospital presentó prueba de que el señor Álvarez había violado el reglamento de hostigamiento sexual.

El Tribunal de Distrito concluyó que la conducta de Ál-varez no constituía una violación tan grave de las normas del Hospital a los efectos de despedirlo a la primera ofensa. Como resultado de esta determinación, el tribunal le im-puso la obligación al Hospital de satisfacer a Álvarez la suma de mil trece dólares ($1,013) como indemnización por su despido injustificado. El Hospital solicitó al Tribunal Superior la revisión de dicha sentencia. Dicho tribunal confirmó la decisión emitida por el Tribunal de Distrito luego de determinar que los hechos probados en el caso no constituyeron hostigamiento sexual de acuerdo con nues-tro derecho positivo.

Oportunamente el Hospital presentó un recurso de cer-tiorari en el cual sostiene que erró el foro de instancia en la apreciación de la prueba al concluir que no medió justa causa para el despido. En su recurso, el Hospital alega que hubo justa causa para el despido ya que el empleado violó el reglamento contra el hostigamiento sexual. Argumenta que el empleado violó su reglamento al incurrir en con-ducta sexual no deseada y crear así un ambiente hostil de trabajo para su supervisora. El Hospital plantea, además, que dicho foro se equivocó al resolver que las invitaciones a salir de parte de Alvarez no constituían un hostigamiento sexual, según lo define la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, definición que adoptó en su reglamento, y al determinar que la conducta del señor Alvarez no fue tan grave como para despedirlo.

Concedimos al Secretario del Trabajo y Recursos Huma-nos un término para que compareciera por escrito y mos-trara causa por la cual no debía revocarse la sentencia del Tribunal Superior. En su escrito dicho Secretario alega que la conducta del empleado no violó el reglamento del Hospital, pues su conducta no constituye hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil. Luego de analizar el escrito en cumplimiento de orden presentado por el Secre-tario del Trabajo y Recursos Humanos, procedemos según el curso decisorio antes intimado.

i — H 1 — 1

El Art. 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a) establece que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo, que sea despedido de su cargo sin que haya mediado una causa justa, tendrá derecho a recibir de su patrono, ade-más del sueldo que haya devengado, el salario correspon-diente a un (1) mes por concepto de indemnización y una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) semana por cada año de servicio.

El Art. 2 de la misma Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. see. 185b) expone lo que se entenderá como justa causa para el despido. En Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 542 (1979), interpretamos esta disposición y establecimos que “la [l]ey no pretende ni puede ... ser un código de conducta conteniendo una lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa”. (Escolio y énfasis suprimidos.)

También expusimos que aunque la citada Ley Núm. 80 no favorece el despido como sanción a la primera falta, considera una sola ofensa o primera falta como justa causa si por su gravedad y su potencial de agravio pone en riesgo el orden, la seguridad o la eficiencia que constituyen el funcionamiento normal del establecimiento. Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543. Reiteramos que la Ley Núm. 80, supra, permite que, en un caso de falta única por parte del empleado, el patrono le imponga como sanción el despido, siempre y cuando las circunstancias del caso no reflejen una decisión arbitraria o caprichosa.

Por último, establecimos con claridad que la falta o el acto aislado que dé lugar al despido del empleado en pri-mera ofensa tiene que ser “de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría im-prudencia esperar su reiteración para separarlo del establecimiento”. Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 544.

Por otro lado, el Art. 8 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185h) crea una presunción de que el despido del empleado fue injustificado. Le toca al patrono rebatir dicha presunción. Si el patrono opone como defensa afirmativa haber mediado justa causa para el despido, le corresponde probar, mediante la preponderancia de la evidencia, que el despido estuvo justificado. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 D.P.R. 599, 610 (1989); Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra.

HH HH hH

Debido a que las alegaciones del patrono y del empleado se fundamentan en la definición de hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil según lo expone la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, es necesario que entremos brevemente en la discusión de los principios le-gales sobre el hostigamiento sexual.

El Art. II, Sec. 1 de la Constitución del E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 257, expone que la dignidad del ser humano es inviolable, que todos los hombres son iguales ante la ley, y añade que:

... [N]o podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de ins-trucción pública encarnarán estos principios de esencial igual-dad humana.

La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) recogió dichos preceptos constitucionales en el ámbito obrero-patronal. Dicha ley prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social e ideas políticas o religiosas.

En Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117 (1990), expusimos que el hostigamiento sexual constituye una modalidad del discrimen por razón de sexo proscrito por la Ley Núm. 100, supra. No obstante, en 1988 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17, supra, que, en lo pertinente, "declara como política pública del Estado Libre Asociado que el hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo y como tal constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable”. 29 L.P.R.A. see. 155. La Asamblea Legislativa expresó su intención de prohibir el hostigamiento sexual en el empleo en todas sus modalidades e imponer responsabilidades y fijar penalidades.

El estatuto responsabiliza al patrono tanto por sus actos de hostigamiento como por los de sus supervisores o agentes, independientemente de si la actuación que originó la reclamación fue autorizada o prohibida por el patrono. 29 L.P.R.A. sec. 155d. Además, responsabilizó al patrono por los actos de hostigamiento “entre empleados en el lugar de trabajo si el patrono o sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que tomó una acción inme-diata y apropiada para corregir la situación”. 29 L.P.R.A. sec. 155e.

Un elemento fundamental de esta ley es que le impone al patrono la responsabilidad afirmativa en la prevención, prohibición y erradicación del hostigamiento sexual en el empleo. El Art. 10 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155i, le exige al patrono que exponga de una forma clara su política contra el hostigamiento sexual entre sus supervisores y empleados, para así proteger su dignidad y garantizar que el ambiente en su lugar de empleo sea seguro. Para cumplir con la obligación de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo, la ley le impone al patrono el deber de mantener el lugar de trabajo libre de hostigamiento e intimidación y, en particular, tomar ciertas medidas, que incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

(a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el patrono tiene una política enérgica contra el hostigamiento sexual en el empleo.
(b) Poner en práctica los métodos necesarios para crear con-ciencia y dar a conocer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo.
(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de trabajo, para los aspirantes a empleo, de los derechos y protección que se les confieren y otorgan ....
(d) Establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual. 29 L.P.R.A. sec. 155i.

El Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. see. 155b, define el hostigamiento sexual en el empleo como cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual, cuando se da una o más de las circunstancias siguientes:

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición del em-pleo de una persona.
(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona.
(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de inter-ferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hos-til u ofensivo. 29 L.P.R.A. sec. 155b.

Los incisos (a) y (b) de este artículo se refieren al tipo de hostigamiento equivalente quid pro quo (algo a cambio de algo). En la modalidad quid pro quo, los patronos acondi-cionan las oportunidades y los beneficios del empleado a cambio de favores sexuales.

El inciso (c) se refiere al hostigamiento sexual que cree un ambiente hostil o intimidante. En esta modalidad el empleado, independientemente de la posición que ocupa en el empleo, trabaja en un ambiente ofensivo o abusivo. En otras palabras, cualquier empleado —sin importar su posi-ción en el lugar de empleo— puede crear un ambiente hostil. Ellison v. Brady, 924 F.2d 872 (9no Cir. 1991).

En el ámbito federal, el Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. sees. 2000e(l)-2000e(17)) presenta un ordenamiento que pro-híbe la utilización de prácticas discriminatorias en el em-pleo contra cualquier individuo por razón de su raza, color, religión, origen nacional y sexo.

En Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57 (1986), el Tribunal Supremo federal concluyó que un demandante puede incoar una acción por violación del Título VII al probar que el discrimen por razón de sexo ha creado un ambiente de trabajo abusivo y hostil. El Título VII no está limitado al discrimen económico o tangible. Por tal razón, no es necesario que un demandante demuestre que el hostigamiento alegado haya ocasionado un efecto económico negativo en su empleo. Basta que se haya creado un ambiente hostil de trabajo mediante la conducta del alegado hostigador. Estableció, además, que no todo tipo de conducta o lenguaje es suficiente para sostener una alega-ción de hostigamiento sexual por la creación de un am-biente hostil. Dicho hostigamiento debe ser lo suficiente-mente severo como para alterar las condiciones de empleo y crear un ambiente de trabajo desfavorable para la víctima.

Recientemente, en Harris v. Forklift Systems, Inc., 510 U.S. 17, 114 S.Ct. 367, 126 L.Ed.2d 295 (1993), el Supremo federal reiteró y clarificó el estándar emitido en Meritor Savings Bank v. Vinson, supra, sobre qué constituye un ambiente hostil y abusivo. Al así hacerlo, adoptó una posi-ción intermedia entre hacer procesable cualquier conducta que sea meramente ofensiva y requerir que la conducta haya causado un daño sicológico tangible. En otras pala-bras, la Corte Suprema federal aclaró que para que un empleado pueda establecer un caso prima facie de hostiga-miento sexual por ambiente hostil no tiene que probar que sufrió un daño sicológico. El Título VII entra en vigor antes de que la conducta hostigadora resulte en el colapso ner-vioso de la víctima.

Un ambiente hostil e intimidante, aunque no afecte se-riamente el bienestar sicológico de la víctima, puede afec-tar el funcionamiento y la efectividad de la víctima en el empleo, desalentar al empleado a permanecer en el empleo y dificultarle el progreso en su carrera. Si el ambiente puede ser razonablemente percibido como hostil y en efecto es percibido por la víctima como un ambiente hostil o abu-sivo o que atente contra su dignidad, no hay necesidad de que también sea sicológicamente dañino. Harris v. Forklift, supra.

El Tribunal Supremo federal concluyó que la determinación de si un ambiente es hostil o abusivo sólo se puede hacer mediante el análisis de todas las circunstan-cias del caso. Estas circunstancias pueden incluir la fre-cuencia de la conducta discriminatoria, su severidad, si es físicamente intimidante o humillante y si interfiere de ma-nera irrazonable con el funcionamiento del empleado en su trabajo. Se puede tomar en cuenta el daño sicológico su-frido como cualquier otro factor relevante, pero no hay un solo factor que sea requerido. Harris v. Forklift Systems, Inc., supra.

Éste no es, y por su naturaleza no puede ser, un examen con precisión matemática, por esto la opinión elaboró un estándar que tome en cuenta la hostilidad del ambiente de trabajo desde la vertiente subjetiva de la víctima y desde la vertiente objetiva de una persona razonable.

La opinión que hoy emitimos en ninguna forma varía el estándar de prueba que tiene que presentar un patrono para rebatir la presunción de despido injustificado. Para rebatir dicha presunción el patrono puede presentar como defensa afirmativa la prueba que establezca, mediante la preponderancia de la evidencia, que hubo justa causa para el despido. Pasemos a examinar los hechos del caso de autos para determinar si el patrono rebatió la presunción antedicha.

IV

En el caso de autos, la controversia que ha de resolverse es si la actuación de un empleado, que violó las normas del patrono al incurrir en un acercamiento sexual no deseado, constituye justa causa para el despido.

Damaris Pagán estaba a cargo del Departamento de Dietas del Hospital y tenía bajo su supervisión a Lino Alvarez, quien era cocinero. Pagán testificó que, mientras es-taban en el área de la cocina, Alvarez la invitó a ir con él al Festival de las Flores de Aibonito. Ella le rechazó la invitación. Luego, algún tiempo después, Alvarez le blo-queó la salida del baño, poniendo las manos en los marcos de la puerta y le exigió que saliera con él. Pagán rechazó el requerimiento y le comunicó su desagrado con su actuación de intimidarla al impedirle la salida.

Un análisis objetivo de las circunstancias en el caso de marras nos lleva a concluir que la acción de Alvarez de impedirle la salida de los baños a su supervisora, a la vez que le requería que saliera con él, constituye un acerca-miento sexual no deseado y, además, humillante, física-mente amenazante e intimidante. Mediante su acción de restringirle la libertad a Pagán, Alvarez interfirió irrazo-nablemente con el funcionamiento de ésta en su puesto de supervisora al menospreciar y retar su autoridad.

Subjetivamente, Pagán percibió que el ambiente en su área de trabajo se tornó hostil y abusivo como consecuencia del incidente en el baño con Alvarez. Prueba de esto es que, luego de que Alvarez le impidiera la salida, ella se querelló ante su supervisora. El Hospital procedió a investigar la querella de Pagán y concluyó que, según sus normas, hubo hostigamiento sexual, y la sanción para el hostigamiento era el despido.

En la contestación a la orden de mostrar causa, el Se-cretario del Trabajo y Recursos Humanos, en representa-ción de Alvarez, alega que la citada Ley Núm. 80 no favo-rece el despido a la primera falta de un empleado y que la acción de Alvarez no era del tipo que por su gravedad pone en riesgo el orden, la seguridad y la eficiencia, que consti-tuyen la normalidad operatoria del establecimiento; que, por lo tanto, no hubo justa causa para el despido. No tiene razón.

En el caso de marras, el despido de Álvarez no fue por un capricho del patrono; todo lo contrario. El Hospital, al responder a la política pública del E.L.A. contra el hostiga-miento sexual, creó unas reglas razonables y estrictas para prohibir el hostigamiento en su establecimiento. Así lo es-tipularon las partes ante el foro de instancia.

Según consta de la resolución del Tribunal de Distrito que contiene la exposición narrativa de la prueba, las par-tes también estipularon que el Hospital dio a conocer la norma que prohíbe el hostigamiento sexual, que Álvarez conocía estas reglas y que sabía que el despido era el cas-tigo para una primera violación. Aunque conocía este re-glamento tan estricto, Álvarez le faltó el respeto a su su-pervisora, la humilló y la intimidó físicamente al restringirle su libertad cuando le impidió la salida del baño mientras le requería que saliera con él. El Hospital deter-minó que esta conducta constituía un hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil, según la defi-nición de hostigamiento sexual adoptada en el reglamento de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.

El patrono no podía esperar a que se reiterara la con-ducta deplorable de Álvarez para entonces despedirlo, ya que su conducta era claramente lesiva a la paz y al funcio-namiento normal del Hospital. El incidente único de impe-dirle la salida a su supervisora, mientras le requería salir con él, fue de tal seriedad que puso en peligro el orden en la empresa. Por lo tanto, el despido a la primera violación del reglamento estuvo justificado siguiendo la norma ex-puesta en Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra.

Hubiese sido una imprudencia del Hospital no tomar acción inmediata contra Álvarez. Además, no estaría cum-pliendo con la responsabilidad que le impone la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo a los patronos de pro-hibir el hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de trabajo y de tomar una “acción inmediata y apropiada para corregir la situación”. 29 L.P.R.A. sec. 155e. Concluí-mos que en el caso de autos hubo justa causa para el des-pido y que el patrono actuó correctamente al destituir a Alvarez, una vez realizada la investigación solicitada por la víctima del hostigamiento, y tomar acciones enérgicas para corregir la situación y desalentar en el futuro cual-quier conducta impropia entre empleados.

Es política pública del Estado Libre Asociado erradicar el hostigamiento sexual del lugar de empleo. La ley de hostigamiento le impone al patrono el deber de tomar las medidas necesarias para prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo. El patrono tiene un deber afirmativo de adoptar una política para eliminar el hostigamiento sexual en su negocio o empresa. Sin embargo, la ley de hostigamiento sexual no recomienda que los patronos adopten un reglamento en particular para cumplir con el propósito de la ley, sino que les da unas guías mínimas para que, a su discreción, adopten una política efectiva en contra el hostigamiento. Corresponde a cada patrono, a la luz de sus circunstancias particulares, tomar las medidas cautelares que sean necesarias para evitar con efectividad el hostigamiento sexual en sus talleres de trabajo.

Por otro lado, la Ley Núm. 80 en su Art. 2, supra, exige que las reglas y los reglamentos que establezcan los patro-nos para el funcionamiento de la empresa sean razonables. El Hospital en este caso cumplió con el ordenamiento apli-cable, pues adoptó una política razonable y efectiva contra el hostigamiento. Esto no significa que en todos los otros talleres de empleo se le requerirá a los patronos el mismo tipo de medidas disciplinarias para cumplir con nuestro ordenamiento.

El tribunal de instancia erró en su apreciación de la prueba y en la aplicación del derecho al concluir que no hubo justa causa para el despido. El Hospital cumplió con su deber de rebatir la presunción de despido injustificado al traer como defensa afirmativa y probar por preponde-rancia de la evidencia que el señor Alvarez violó el regla-mento al incurrir en un acercamiento sexual no deseado y crear un ambiente hostil para la señorita Pagán y violar así sus normas contra el hostigamiento sexual en el empleo. Conforme con la política pública del Estado Libre Asociado contra el hostigamiento sexual, en las circunstan-cias particulares de este caso determinamos que la viola-ción del reglamento establecido por el patrono para evitar el hostigamiento sexual en el Hospital constituye justa causa para el despido. Por todo lo cual, revocamos.

El Juez Asociado Señor Negrón García “disintió, conce-diéndole deferencia a las apreciaciones fácticas y a la aqui-latación de la prueba de los testigos conforme las senten-cias emitidas por el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior en apelación. El único incidente en que se basó el despido del Sr. Lino Alvarez Alvarado no revela funda-mento ni reviste motivo suficiente para su despido sumario”. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. Los Jueces Asociados Señores Alon-so Alonso y Fuster Berlingeri se inhibieron.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Lo resuelto en el día de hoy por una mayoría de los integrantes del Tribunal constituye un precedente, dañino y peligroso, en el campo de las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico; situación que resulta ser todavía más lamentable cuando consideramos el hecho de que la decisión emitida no sólo es errónea sino que completamente innecesaria.

La mayoría en el día de hoy, de un plumazo y posible-mente sin tener consciencia clara de lo que realmente está decidiendo, establece una modalidad del “hostigamiento sexual” jamás concebida por la legislación referente a la materia ni por la jurisprudencia interpretativa de la misma.

Es enteramente correcto, como se señala en la opinión mayoritaria, que el Art. 3 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155b), conocida como la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, define el “hostiga-miento” sexual en el lugar de trabajo como cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de fa-vores sexuales, y cualquier otra conducta, verbal o física, de naturaleza sexual, siempre que estén presente una o más de las siguientes circunstancias o situaciones:

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona.
(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona.
(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de inter-ferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea una ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. (Enfasis suplido.

Una somera lectura de lo arriba transcrito es todo lo que se necesita para poder uno percatarse del hecho que en las primeras dos (2) circunstancias se parte de la premisa de que la “parte adora” en el, o causante del, hostigamiento sexual es un empleado de mayor jerarquía en la compañía que la víctima del hostigamiento; ello es la única manera en que se puede dar el “quid pro quo” requerido en las mismas. En estas dos (2) situaciones no constituye defensa de clase alguna el hecho de que la víctima del hostiga-miento haya “tolerado” el, o se haya sometido al, hostiga-miento por algún período de tiempo. Ello así ya que se entiende, con razón, que la víctima lo toleró, o se sometió al hostigamiento, debido al hecho de tener fundado temor de perder su trabajo, el cual, de ordinario, necesita para su sostenimiento y el de su familia.

No hay duda de que —en relación con la tercera de las circunstancias o situaciones, esto es, la del “ambiente inti-midante, hostil u ofensivo”— no se parte de la premisa de que el hostigamiento provenga de un empleado de mayor jerarquía hacia uno de menor jerarquía. Esto es, y aun cuando el ambiente hostil e intimidante también puede darse en las primeras dos (2) circunstancias, esta tercera situación pretende regular la interacción entre empleados de igual jerarquía en el lugar de trabajo. En relación con la misma, igualmente se acepta que, aun entre empleados de igual jerarquía, la víctima del hostigamiento sexual tolere el mismo durante algún tiempo por miedo a perder el empleo. Esta víctima puede entender que el reportar el hostigamiento a sus superiores puede tener la consecuen-cia de la pérdida de su empleo, ya que puede ser conside-rado como una persona problemática que no puede funcio-nar “en equipo”.

Ahora bien, ¿consideró el legislador la existencia y ocu-rrencia del hostigamiento sexual en el empleo cuando la alegada víctima del mismo es un empleado de mayor jerar-quía que el victimario? Esto es, ¿es realmente factible que un empleado de menor jerarquía cause o cree en el empleo, respecto a un empleado de superior categoría, un ambiente de trabajo hostil, intimidante y ofensivo durante algún pe-ríodo de tiempo?

Aceptamos, naturalmente, que un empleado de menor jerarquía le pueda faltar el respeto a, y herir la dignidad de, un empleado de superior categoría mediante avances de índole sexual. Igualmente aceptamos que dicha actua-ción sea considerada como “justa causa”, bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185m), para despedir sumariamente a ese empleado de la compañía.

Lo que nos resistimos a aceptar es que se resuelva que esos avances —de un subordinado a un superior— puedan, de ordinario, causar un ambiente de intimidación y hosti-lidad en el empleo. Como es sabido, “ambiente de hostiga-miento sexual” constituye unas “condiciones existentes”, una “atmósfera”, que se crea por la conducta, repetitiva e insistente, de una persona a esos efectos. No podemos per-der de vista que está en manos de ese empleado de superior jerarquía tomar, de manera inmediata, las medidas perti-nentes para que ese subordinado suyo sea inmediatamente suspendido o cesanteado en su empleo; evitando con ello, precisamente, la creación de un ambiente hostil e intimi-dante en el lugar del trabajo.

En primer lugar, no hay razón alguna para que el em-pleado de superior jerarquía tolere, por un minuto, esa con-ducta y no lo reporte al cuadro directivo de la compañía. Ello así ya que no hay razón de clase alguna, en esa situa-ción específica de hechos, para que el supervisor piense, o tema, que puede perder su empleo al reportar la conducta ofensiva. En segundo término, la creación de un ambiente hostil e intimidante en el empleo requiere, por definición y de ordinario, que transcurra cierto período de tiempo du-rante el cual la conducta intimidante, con connotación sexual, se repita. Esto es, no se crea un “ambiente hostil e intimidante” en el empleo en un segundo, minuto, o día. No existiendo razón alguna para tolerar ni por un minuto la conducta ofensiva, repetimos, no existe impedimento de clase alguno por el cual el supervisor no pueda tomar la acción correctiva inmediata y, con su acción de sancionar o cesantear al subordinado, precisamente evitar la creación de un ambiente hostil e intimidante en el lugar de trabajo.

En el presente caso, el alegado hostigamiento sexual ocurrido consistió, conforme expresa la mayoría, de dos (2) acciones de parte del subordinado hacia su supervisora. En primer lugar, la supervisora “recibió una invitación de parte de [Álvarez] para asistir juntos al Festival de las Flores en Aibonito” (Sentencia de 25 de enero de 1994, pág. 2); la cual invitación la supervisora rechazó. No obstante los esfuerzos mentales que hemos hecho, no alcanzamos a comprender cómo una sencilla, y aparentemente respe-tuosa, invitación verbal a asistir al mencionado Festival puede ser considerada como un acto de hostigamiento sexual. En segundo término —y ésta sí constituyó conducta ofensiva reprobable— “algún tiempo después”, el referido empleado “le impidió y bloqueó físicamente la salida de los baños [a la supervisora], con las manos puestas en los mar-cos de las puertas, [a la vez que le requirió que saliera con él]”. íd.

Aceptamos que dicha conducta constituye suficiente justa causa para el despido decretado o, cuando menos, para la imposición de una severa sanción al empleado. Así se hizo inmediatamente por el patrono, luego de que la su-pervisora le reportara dicha conducta.

Procede que nos preguntemos: ¿se creó un ambiente hos-til e intimidante en el lugar de trabajo que constituyera hostigamiento sexual? La contestación en la negativa pa-rece ser obvia. No se creó ninguna clase de ambiente. Tan pronto el empleado incurrió en conducta reprobable, el pa-trono lo despidió.

El presente caso —el cual plantea una sencilla contro-versia respecto a la existencia, o no, de “justa causa” para despedir un empleado de su empleo— ha sido convertido por el Tribunal, innecesariamente, en un alegado caso de hostigamiento sexual en el empleo; creando así un peli-groso precedente en el campo de las relaciones obrero-patronales que puede llevar a la innecesaria imposición de responsabilidad civil a los patronos en Puerto Rico. La rea-lidad es que la mayoría no cesa de sorprendernos con las decisiones que emite.

       El Hospital presentó a Damaris Pagán como testigo y el señor Álvarez testificó a su favor.

       “(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
      “(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del pro-ducto que se produce o maneja por el establecimiento.
      “(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
      “(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento,
      “(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cam-bios de los servicios rendidos al público.
      “(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocu-rrir el despido.
      “No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” En lo pertinente, Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185b).

       En Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117 (1990), adopta-mos este criterio expuesto por el Tribunal Supremo federal en Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57 (1986).

       En Ellison v. Brady, 924 F.2d 872 (9no Cir. 1991), la Corte fue más allá que el Tribunal Supremo federal en Harris v. Forklift Systems, Inc., 126 L.Ed.2d 295, 510 U.S. 17 (1993), al establecer que en la evaluación de la severidad de la conducta del hostigador —en los casos de hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil— el enfoque debe de ser en la perspectiva de la mujer razonable. La Corte señaló que los tribunales deben de considerar la perspectiva de la víctima y no las nociones estereotipadas de lo que constituye un comportamiento aceptable. Además, sostuvo que este estándar de la víctima razonable puede clasificar como hostiga-miento sexual una conducta aunque el hostigador no considere que su comporta-miento creó un ambiente hostil e intimidante.

       29 L.P.R.A. sec. 155b.

       Aceptamos, sin embargo, que una sola ocasión podría bastar; esto es, en caso de una actuación que sea patentemente ofensiva desde un punto de vista sexual.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Ricardo Molinari Such, demandado y peticionario.

      Número: CE-94-837

      Resuelto: 5 de diciembre de 1994

      Joaquín Monserrate Matienzo, abogado del peticionario; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del El Pueblo.
   SENTENCIA

HH

El Ministerio Fiscal presentó dos (2) pliegos acusatorios contra Ricardo Molinari Such por hechos alegadamente ocurridos el 25 de junio de 1994 en un accidente vehicular, mientras conducía en estado de embriaguez. Como conse-cuencia de éste, resultó muerto el niño Julio Antonio Arroyo y, posteriormente, su madre, la Leda. Lilliam Alfonso Nogales. Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006; Secs. 5-801 y 3-301 de la Ley de Vehículos de Trán-sito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sees. 1041 y 721.

El 21 de septiembre de 1994 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Miguel Rivera Arroyo, Juez), señaló el juicio para el 15 de noviembre de 1994. Mientras tanto, como parte de la campaña del referéndum de enmiendas constitucionales que se celebraría en la Isla el 6 de noviem-bre, el 27 de octubre comenzó a difundirse por televisión un anuncio cuyas imágenes y sonidos aludían (frenazo y mano) al caso en controversia, acompañadas de las si-guientes palabras del locutor:

Un accidente puede cegarle la vida a cualquiera, al culpable le esperaría la cárcel, pero si es amigo de Rosselló, la justicia es diferente.
De Fortaleza vienen a sacarlo del lío, el superintendente puede declarar negligente a la víctima, se olvidan las pruebas de alcohol. Al rico lo protegen sus influencias, al pobre sólo tiene sus derechos ....
¡Cuidado! Al que abusa del poder no se le puede dar más poder. (Enfasis suplido.) Solicitud de certiorari, pág. 6.

Cuatro (4) días después, el acusado Molinari Such soli-citó con urgencia una vista para dilucidar si debía orde-narse el cese del anuncio, pues entendía que su difusión le negaba sus derechos a la presunción de inocencia y a gozar de un juicio justo e imparcial. Una vez celebrada, el tribunal de instancia rehusó paralizar dicho anuncio y declaró sin lugar la suspensión.

Así las cosas, el 15 de noviembre la defensa pidió de nuevo la posposición del juicio. El tribunal reiteró su nega-tiva, sin menoscabo de volver a considerar ese pedido en una etapa más adelantada. Comenzó, pues, el proceso de desinsacular al Jurado. Suscintamente, a modo ilustrativo, uno (1) de los candidatos expresó que no se sentiría tran-quilo si lo juzgara alguien en el estado de ánimo que él se encontraba; otro que era mejor que juzgara al acusado al-guien sin idea preconcebida de los hechos; una jurado in-dicó que le gustaría ser parte de la historia y que si la defensa la convencía, ella absolvía. En términos similares se expresó un candidato, quien manifestó que al oír el anuncio tuvo la idea de que el acusado era culpable y ten-dría que presentar pruebas que demostraran lo contrario. Por su parte, otra dijo que requeriría que el acusado pro-bara algo distinto a lo que había escuchado.

Terminado el interrogatorio del octavo jurado potencial, el tribunal reafirmó en términos finales su negativa a suspenden Consignó que las contestaciones de los candida-tos “ ‘no revelaban el tipo de prejuicio que viola los dere-chos constitucionales del acusado a tener un juicio justo e imparcial’ ”. Certiorari, pág. 10. Además, expresó que “ ‘el resultado sería igual ... si lo suspendo para dentro de dos semanas o dos meses’ ”. Id. De ese dictamen aflora diáfa-namente que su negativa a posponer el caso fue firme, no empece haber escuchado algunas expresiones susceptibles de ser interpretadas como que denotaban que no se encon-traban en posición de emitir un criterio imparcial, funda-mentado únicamente en la prueba que se desfilara.

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La publicación y difusión de noticias o anuncios, en torno a hechos que sean objeto de un proceso judicial, no redundan automáticamente en una violación per se al derecho a un juicio justo e imparcial. Sobre el acusado “ ‘recae el peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que los mismos fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le han privado de un juicio ante jurado impartial’ ”. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427, 436 (1990), citado con aprobación en Pueblo v. Moreno Morales II, 132 D.P.R. 290 (1992). Véanse, además: Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507 (1992); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 86 (1982); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 908 (1969).

Corresponde a los jueces de instancia usar con discreción y prudencia los mecanismos disponibles para “garantizarle al acusado un juicio justo mediante la selección de las personas que puedan ‘actuar con entera imparcialidad y rectitud en los asuntos que han de someterse’... y ... para seleccionar los candidatos idóneos y minimizar los efectos adversos de la publicidad anterior al juicio”. (Enfasis y citas omitidos.) Pueblo v. Hernández Mercado, supra, pág. 437. Dichas medidas incluyen un voir dire extenso y riguroso; la concesión de recusaciones perentorias adicionales; el aislamiento o secuestro del Jurado, e impartir unas instrucciones al Jurado sobre su responsabilidad de rendir un veredicto fundamentado exclusivamente en la prueba vertida durante el juicio.

Únicamente “[e]n casos extremos en los cuales no sea posible utilizar efectivamente estos instrumentos para garantizar un juicio justo, el tribunal puede suspender los procedimientos al amparo de la Regla 109 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, o puede ordenar el traslado a otra Sala”. Pueblo v. Hernández Mercado, supra, pág. 439.

III

En el caso de autos, la publicidad generada, epitomada y exacerbada por el anuncio político pagado, aunque no impide, dificulta en este momento la selección de un panel de jurado con un criterio justo e imparcial fundamentado solamente en la evidencia; situación excepcional, pues es-tamos ante un caso extremo que requiere prudencialmente la posposición del juicio. Nos explicamos.

Al analizar las contestaciones de los candidatos nota-mos que, si bien constituyen un número limitado, compo-nen una muestra que contiene un fuerte indicador del clima adverso creado que subsiste al presente. Aunque en casos anteriores nos habíamos enfrentado a situaciones que habían generado gran publicidad, éstas no eran de igual naturaleza, esto es, de origen político-partidista en un proceso electoral. Ello presenta unas peculiaridades que lo distinguen.

Al natural interés público y numerosas noticias que el accidente generó en la prensa se unió, como tema de opo-sición a la propuesta enmienda al derecho a la fianza del referéndum el anuncio político-partidista antes referido, de amplia, repetida y concentrada exposición en las esta-ciones de televisión del país, que denunciaba como culpable al acusado y expresaba que éste había recibido ventajas por ser amigo o conocido del actual Gobernador y ejercer influencia económica.

No podemos abstraemos de que dicho anuncio —al cual estuvieron expuestos los candidatos a jurados— se desa-rrolló en el contexto de una campaña de referéndum para considerar unas enmiendas constitucionales de gran inte-rés para la ciudadanía imbuida del natural apasiona-miento, efervescencia emocional e incluso fanatismo. Ello ha colocado al acusado Molinari Such en una posición muy vulnerable, pues su imagen se vio matizada por los tintes político-partidistas de un proceso eleccionario muy re-ciente, que todavía es objeto de discusión y artículos en la prensa y los medios noticiosos del país.

Si bien de ordinario no intervenimos con el criterio de los tribunales de instancia, en el caso de autos concluimos que el tribunal no aquilató en toda su magnitud el impacto temporero causado por la publicidad adversa en los poten-ciales jurados. Aunque respetable, no podemos concurrir con su criterio de que inexorablemente el estado mental de los candidatos será el mismo ahora y después. A base de la muestra que tuvo ante sí, lo correcto hubiese sido concluir que resultaba muy difícil reunir un Jurado imparcial en ese momento y no, como lo hizo, entender que la situación no variaría aún suspendiéndolo para finales “de enero o febre-ro” (Minuta).

En estas circunstancias peculiares —para salvaguardar los derechos constitucionales del acusado Molinari Such a la presunción de inocencia y a un juicio justo e imparcial— concluimos que prudencialmente debemos posponer el jui-cio por un período de tiempo razonable, en cuyo devenir disminuya la intensidad de la discusión política que aún permea el ambiente puertorriqueño. De esta manera tam-bién atendemos con prontitud el reclamo del acusado y to-mamos las medidas cautelares necesarias para garanti-zarle un juicio justo e imparcial. Ante la proximidad de la época navideña, es razonable esperar que se diluya ese ele-mento en la atención y controversia del caso. En vista de que en esa época los tribunales reducen su actividad por razón del alto número de días feriados, consideramos razo-nable posponerlo, como término mínimo, hasta una fecha no anterior al 31 de enero de 1995.

Se expide el auto y se dicta sentencia conforme lo expuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Uno de los graves males que aqueja al sistema judicial puertorriqueño lo es, sin duda, las continuas e injustifica-das suspensiones de los señalamientos de juicio a nivel de los tribunales de instancia; situación que causa no sólo in-comodidad, e inconveniencias, a los ciudadanos citados para dichos señalamientos, los cuales se ven obligados a comparecer al tribunal una y otra vez, sino que una inne-cesaria erogación de fondos públicos. Ello no obstante, y dada la peculiar situación de hechos del presente caso, con-currimos con el resultado a que llega el Tribunal en el mismo; esto es, que procede la suspensión del juicio que contra Ricardo Molinari Such actualmente se celebra ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.

Consideramos necesario, sin embargo, expresarnos por separado. Ello lo hacemos, entre otras razones, con la es-peranza de que nuestras palabras, de alguna forma, ayu-den a evitar que en el futuro se vuelva a repetir la sitúa-ción de derecho planteada hoy ante nuestra consideración; esto es, la necesidad de la suspensión de un proceso criminal debido a que un partido político inexplicablemente en-tendió procedente, con el único propósito de adelantar sus objetivos políticos, difundir un anuncio que afecta, de ma-nera sustancial, no sólo los derechos de un ciudadano que ha sido traído ante los tribunales del País para responder de la supuesta comisión de un delito público, sino la cali-dad de vida que debe imperar en nuestra sociedad.

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En horas de la madrugada del día 25 de junio de 1994 —y en la intersección que forman la carretera 177 con el “acceso” de la carretera 52, las cuales son vías públicas, y en jurisdicción de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico— ocurrió un trágico y lamentable accidente entre un auto-móvil marca Chrysler, modelo 1988, conducido por Ricardo Molinari Such y un auto Pontiac, modelo 1994, conducido por la Sra. Lilliam Alfonso Nogales.

Como consecuencia de dicho accidente murió, en el acto, el joven Julio Antonio Arroyo Alfonso, hijo de la señora Alfonso Nogales y quien viajaba, como pasajero, en el au-tomóvil Pontiac que ésta conducía. Varios días más tarde, y como resultado directo de las heridas sufridas en el refe-rido accidente, falleció la señora Alfonso Nogales. En adi-ción, en dicho accidente resultó herido el conductor Moli-nari Such. Esa misma noche, y aproximadamente dos (2) horas más tarde de la ocurrencia del accidente, la Policía de Puerto Rico sometió a Molinari Such a un análisis quí-mico de aliento, arrojando el mismo un resultado de “0.10 centésimas de uno por ciento de alcohol en [su organismo]”. Certiorari, pág. 2.

Luego de celebrada la correspondiente vista para deter-minación de causa probable para arresto y la vista prelimi-nar que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el Ministerio Fiscal radicó dos (2) plie-gos acusatorios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante los cuales le imputó a Ricardo Molinari Such dos (2) cargos por infracción al Art. 87 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4006, el cual es delito grave. En dichos pliegos acusatorios se alegó por el Estado, como hechos constitutivos de la "im-prudencia crasa y temeraria” que requiere la citada dispo-sición legal, que Molinari Such, al momento del accidente, conducía el automóvil en estado de embriaguez, a una ve-locidad mayor que la permitida por ley y sin llevar encen-didas las luces delanteras del vehículo.

El acto de lectura de acusación se llevó a efecto el día 24 de agosto de 1994. En dicho día, el magistrado que presidía los procedimientos en ese momento, en sustitución del juez regular de la sala a la cual estaba asignado el caso, denegó una solicitud de posposición del “señalamiento automático de juicio” que se había realizado a nivel de vista prelimi-nar, predicada la misma en que en dicha fecha, 21 de septiembre de 1994, Molinari Such se encontraría cur-sando estudios en una universidad de los Estados Unidos. El día 21 de septiembre de 1994, y con el propósito de que se completara el descubrimiento de prueba, el tribunal de instancia suspendió el acto del juicio y procedió a re-señalar el mismo —sin objeción de la defensa — para el día 15 de noviembre de 1994.

Así las cosas —y con motivo del “referéndum” que es-taba señalado para celebrarse en Puerto Rico el día 6 de noviembre de 1994, “referéndum” mediante el cual los ciu-dadanos de este País votarían sobre unas propuestas en-miendas constitucionales— el 27 de octubre de 1994 se co-menzó a difundir por las distintas estaciones de televisión del País un anuncio, el cual, en lo pertinente, comenzaba con un “frenazo”, apareciendo en cámara el brazo de un niño, inerte, sobre el pavimento, escuchándose la voz de una persona que expresaba:

UN ACCIDENTE PUEDE CEGARLE LA VIDA A CUALQUIERA,
AL CULPABLE LE ESPERARIA LA CARCEL,
PERO SI ES AMIGO DE ROSSELLÓ,
LA JUSTICIA ES DIFERENTE.
DE FORTALEZA VIENEN A SACARLO DEL LÍO EL SUPERINTENDENTE PUEDE DECLARAR NEGLIGENTE A LA VÍCTIMA,
SE OLVIDAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOL.
AL RICO LO PROTEGEN SUS INFLUENCIAS,
EL POBRE SÓLO TIENE SUS DERECHOS. ...
¡CUIDADO!
AL QUE ABUSA DEL PODER
NO SE LE PUEDE DAR MAS PODER. Solicitud de certiorari, pág. 6.

La representación legal de Molinari Such, con fecha de 28 de octubre de 1994, partiendo de la premisa que el transcrito anuncio provenía del Partido Popular Democrá-tico, le cursó una misiva al Presidente de dicha colectivi-dad política, Hon. Héctor Luis Acevedo, en la cual expre-saba que el referido anuncio obviamente se refería al caso de su representado, le causaba un daño incalculable a éste, y le solicitaba que tomara la acción correspondiente para que dicho anuncio fuera retirado de la televisión. Varios días más tarde, el 31 de octubre de 1994, la representación legal de Molinari Such radicó ante el tribunal de instancia una “Moción urgente para que se muestre causa y sobre otros extremos”; escrito en el cual expresó, en síntesis, que el referido anuncio impedía que su representado recibiera un juicio justo e imparcial. Solicitó del foro de instancia el señalamiento y celebración de una vista para dilucidar la procedencia jurídica del anuncio, su inmediata suspensión, y la posposición del juicio pautado para el 15 de noviembre de 1994.

El tribunal de instancia emitió, ese mismo día, una or-den mediante la cual señaló una vista, a ser celebrada la misma el 1ro de noviembre de 1994. En adición, ordenó que se citara para dicha vista a los Ledos. Héctor Luis Acevedo y Carlos Ortiz Morales, “en sus respectivas capa-cidades de Presidente y Director de Campaña del P.P.D.”, al igual que a un representante de la agencia de publicidad productora del anuncio. La vista se llevó a cabo en el día señalado. El tribunal de instancia denegó la solicitud de paralización de la difusión del anuncio en controversia y ratificó el señalamiento de 15 de noviembre de 1994. En dicho día, la defensa reprodujo su señalamiento, solici-tando que el juicio fuera pospuesto para una fecha posterior. Dicha solicitud fue denegada por el tribunal de instancia, procediéndose a comenzar el proceso de selec-ción del Jurado que decidiría, como juzgador de los hechos, la inocencia o culpabilidad de Molinari Such.

Inconforme con la denegatoria del foro de instancia de suspender el juicio, Ricardo Molinari Such ha acudido ante este Tribunal —vía certiorari— en revisión de dicha deter-minación judicial, imputándole al foro de instancia haber errado:

... al Resolver No Ha Lugar una Moción de Suspensión radi-cada el 31 de octubre de 1994, resometida el 15 de noviembre de 1994 y declarada Sin Lugar el 16 de noviembre de 1994, en pleno abuso de la discreción judicial y violentando así el dere-cho del acusado a tener un juicio justo e imparcial. Solicitud de certiorari, pág. 4.

Mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 1994, ordenamos la paralización de los procedimientos a nivel de instancia, concediéndole término al Procurador General de Puerto Rico para que compareciera a exponer su posición respecto al recurso radicado. Dicho funcionario ha compa-recido, oponiéndose a la solicitud de suspensión del peticio-nario Molinari Such. Estamos contestes, repetimos, en que procede la revocación de la resolución recurrida.

1 — I

No hay duda de que el accidente automovilístico en con-troversia, trágico por demás, recibió amplia cobertura en los medios noticiosos del País. Prácticamente todos los ciu-dadanos de este País somos testigos de ello. Dicha cober-tura, tampoco debe haber duda, no sólo se debió al hecho lamentable y trágico de haber perecido en el mismo una joven madre con su joven hijo, sino que a otras circunstan-cias realmente ajenas a los hechos en sí; circunstancias que no deben, ni pueden, ser consideradas en relación con la determinación de inocencia, o culpabilidad, que tendrá que hacer, en su día, el juzgador de los hechos.

De cualquier forma, realmente no se necesita que uno sea muy perspicaz para poder aseverar, con cierto grado de seguridad, que, dada la masiva atención que el caso ha recibido de parte de la prensa del País y el hecho de que vivimos en una Isla de cien (100) por treinta y cinco (35), prácticamente todos, y cada uno de los ciudadanos que re-siden en la misma han oído hablar de, o leído sobre, el “caso Molinari” y tienen alguna opinión sobre lo sucedido. Dicha conclusión cobra fuerza por lo acontecido, hasta la fecha, a nivel de instancia durante el proceso de desinsa-culación del Jurado; esto es, las contestaciones que sobre el asunto han ofrecido los candidatos a jurados, a preguntas de los abogados de las partes, constituyen evidencia feha-ciente de ello.

Ello no obstante, y como es de todos conocido, el mero hecho de que la ciudadanía —o los candidatos a integrar el Jurado en un caso en particular— tengan algún conoci-miento sobre los hechos de un caso en específico, por razón de haber escuchado o leído sobre el mismo en los medios noticiosos, no es razón suficiente para suspender la cele-bración del juicio criminal que, en relación con unos hechos alegadamente delictivos, el Estado haya instado contra una persona.

Esto es, la procedencia de una solicitud de suspensión, de parte del imputado de delito, del juicio en su fondo de cualquier caso criminal, basada dicha solicitud en que el caso ha sido objeto de excesiva publicidad por parte de los medios noticiosos del País, dependerá de si dicho imputado puede demostrar, en forma satisfactoria, que la divulga-ción de noticias sobre su caso ha sido de tal naturaleza, impacto y exposición que efectivamente le privan del dere-cho constitucional a recibir un juicio justo ante un Jurado imparcial; derecho que, como es sabido, forma parte del debido proceso de ley, el cual le garantiza a todo imputado de delito que su inocencia o culpabilidad únicamente podrá ser determinada a base de la evidencia admitida en el re-cinto judicial y no como producto de noticias o informacio-nes ajenas al proceso judicial propiamente.

Dicha demostración, de parte del imputado de delito, es requerida debido a que la sociedad, al igual que éste, tiene el derecho a que los procesos criminales se ventilen prontamente. Como expresáramos en Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 817 (1993), citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 126 D.P.R. 810, 818 (1990), voto particular de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, el derecho a juicio rápido es uno que “ ‘cobija tanto a los acusados como al Pueblo, en el sentido de que si bien los acusados tienen el derecho constitucional a ser juzgados con celeridad, tam-bién la sociedad exige que aquellos a quienes se les acusa de violentar sus leyes sean juzgados con prontitud’ (Enfasis suplido.)

Es por ello que confrontado un magistrado, al comienzo de un caso y en etapa de la desinsaculación del Jurado, con un planteamiento sobre publicidad excesiva y adversa, éste deberá hacer todos los esfuerzos, razonables y a su alcance, por que se pueda seleccionar, para actuar como jurados, a doce (12) ciudadanos que puedan decidir el caso en forma imparcial y objetiva. En esta encomienda deberán mante-ner presente tanto el magistrado, como los abogados de las partes, que con toda probabilidad será imposible conseguir personas que no hayan leído o escuchado alguna informa-ción sobre el caso; razón por la cual lo verdaderamente importante no será el conocimiento, o ignorancia, que so-bre el caso tengan dichos ciudadanos sino que lo será la integridad de las personas escogidas y la firmeza de su compromiso de resolver el caso únicamente a base de la prueba que sea admitida en el juicio.

A esos efectos y fines, los magistrados de instancia po-drán tomar, entre otras, medidas tales como: llevar a cabo un voir dire exhaustivo y riguroso con el propósito de inda-gar sobre cuán extenso es el conocimiento pre con juicio adquirido por los candidatos a jurados y sobre los efectos que dicha información ha tenido sobre ellos; otorgar a las partes recusaciones perentorias adicionales a las provistas por la Regla 123 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; impartir, desde el comienzo del caso, instrucciones cuidadosas y exhaustivas sobre la responsabilidad de dichos ciudadanos al actuar como jurados y lo que se espera de ellos; y “secuestrar” al Jurado una vez el mismo ha sido escogido y juramentado en definitiva.

En el presente caso, sin embargo, realmente no nos en-frentamos a un planteamiento “clásico” sobre publicidad, pre juicio, excesiva y adversa por parte de los medios noti-ciosos del País. Esto es, no obstante la amplia cobertura, y atención, que la prensa radial, televisiva y escrita le ha dado, y brindado, al caso hoy ante nuestra consideración, la representación legal del peticionario Molinari Such, que tengamos conocimiento, nunca ha planteado, ni a nivel de instancia ni ante este Tribunal, que su representado no puede obtener un juicio justo e imparcial debido a la publi-cidad excesiva que ha recibido el caso de parte de los me-dios noticiosos del País. En relación a ello es dé notar, como señaláramos en la relación que de los hechos hiciéramos al comienzo del caso, que la defensa no objetó el señalamiento para juicio de 15 de noviembre de 1994 que el tribunal de instancia hiciera en el caso.

rH h-l h — I

A lo que realmente nos enfrentamos en el presente caso es a un planteamiento sobre publicidad adversa, de carác-ter sui géneris, de parte del peticionario Molinari Such; esto es, sobre una alegada imposibilidad de recibir un jui-cio justo e imparcial por razón de la difusión en la televi-sión de un anuncio político pagado, relacionado el mismo con el referéndum celebrado el pasado 6 de noviembre de 1994, y que “salió al aire”, por primera vez, él 27 de octubre de 1994. Dicha situación, naturalmente, puede tener el mismo efecto contaminador y perjudicial en los potenciales candidatos a jurados que una publicidad masiva y adversa por parte de los medios noticiosos.

Hemos observado el “tape o cinta video magnetofónica” de dicho anuncio en varias ocasiones; “cinta” que no sólo fue presentada ante el foro de instancia sino que fue acom-pañada como anejo del recurso de certiorari radicado ante este Tribunal. Varias conclusiones se derivan de dicho exa-men u observación. En primer lugar, el anuncio obviamente se refiere al caso hoy ante nuestra consideración. Por otro lado, resulta igualmente obvio que el mensaje conte-nido en el mismo resulta ser perjudicial para el peticiona-rio Molinari Such. El mismo es uno sumamente impactante. Como correctamente expresa la representa-ción legal de éste en el recurso radicado, en dicho anuncio se parte de la premisa que el peticionario Molinari Such es culpable de los hechos que se le imputan y que, por ser “amigo de Rosselló”, el peticionario ha recibido y/o recibirá trato preferente de parte de nuestro sistema de justicia; lo cual puede llevar, o presionar, a los miembros del Jurado a hacer una determinación final con total abstracción de la prueba que se, presente en el caso. En tercer término, el anuncio en controversia —posiblemente distinto a la cober-tura anterior de que fue objeto el caso de parte de los me-dios noticiosos del País— le inyecta, de forma directa, un ingrediente político-partidista al caso; hecho que, dado el alto clima de politización que reina en nuestra Isla, defini-tivamente puede afectar la expectativa, y el derecho, del peticionario Molinari Such a recibir un juicio justo e imparcial. Por último, y conforme la prueba presentada a nivel de instancia por la representación legal del peticiona-rio, dicho anuncio fue visto en un 80% de los hogares puertorriqueños.

En vista a todo lo anteriormente expresado, y tomando en consideración el hecho de que ésta realmente sería la primera suspensión del caso, somos del criterio que se sirven mejor los intereses de la justicia con la posposición, por un tiempo prudente y razonable, del juicio en el pre-sente caso. Dicha posposición, aun cuando ciertamente no constituye una garantía absoluta de imparcialidad por parte del juzgador de los hechos en el nuevo señalamiento, provee un período razonable de “enfriamiento” que —en unión a las medidas cautelares antes mencionadas que po-drá tomar el tribunal de instancia al reactivarse el proceso de desinsaculación del Jurado— seguramente permitirá que el peticionario Molinari Such obtenga un juicio justo e imparcial. Esto es, uno en que el juzgador de los hechos determine su inocencia o culpabilidad exclusivamente a base de la prueba que sea admitida durante el proceso por el tribunal de instancia y a base de las instrucciones que dicho foro le brinde al Jurado.

IV

Ello no obstante, deseamos adicionalmente dejar cons-tancia de nuestro sentir sobre los hechos que originaron el recurso que hoy resolvemos.

Resulta verdaderamente preocupante que un partido político y/o las personas que dirigen los destinos del mismo hayan incurrido en la insensible conducta que desembocó en la difusión del anuncio en controversia. La razón para la difusión del anuncio, por parte del referido partido polí-tico, era clara: el mismo adelantaba los intereses de dicha colectividad política en el referéndum que se celebró en Puerto Rico el pasado 6 de noviembre de 1994. Igualmente claro, sin embargo, resultaba ser el hecho de que la difu-sión de dicho anuncio afectaba y perjudicaba, de manera sustancial, los derechos que le garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al peticionario Molinari Such; persona que estaba próxima a ser enjuiciada.

A nuestra manera de ver las cosas, resulta hasta aterro-rizante que el clima de politización extrema que existe en nuestra Isla haya causado que el propósito de adelantar intereses político-partidistas haya prevalecido, sin más, en esta situación. Esto es, que así se haya actuado con total abstracción del enorme daño que se sabía que la difusión del anuncio le causaría no sólo a un ciudadano en particular sino que a la sociedad puertorriqueña en general. No adelantamos nada, como seres humanos, exacerbando a la ciudadanía y sembrando cizaña entre los miembros de nuestra sociedad; actuación la cual, inclusive, puede cau-sar, en un momento determinado, confrontaciones y desgra- das entre familias puertorriqueñas. Ello así ya que anun-cios de esta naturaleza pueden llevar a los ciudadanos a perder la fe en el sistema judicial puertorriqueño y, en con-secuencia, a “tomar la justicia en sus propias manos”.

Dicho de la manera más sencilla —e independiente-mente del incuestionable hecho de que los partidos políti-cos, al igual que los ciudadanos, tienen derechos que los tribunales vienen en la obligación de respetar y poner en vigor— no existe justificación alguna, de índole jurídica, para que el foro judicial permita la publicación indiscrimi-nada de anuncios de la naturaleza del aquí en controversia. En el “balance de intereses” que el foro judicial viene en la obligación de hacer en esta clase de situa-ciones, la balanza necesariamente se tiene que inclinar ha-cia la protección de los derechos del ciudadano. No debe perderse de vista que el partido político en cuestión podía publicar y difundir, como lo hizo, un sinnúmero de otros anuncios que le permitían “educar” a la ciudadanía res-pecto a la posición que dicho partido sustentaba en el men-cionado “referéndum”, los cuales hacían totalmente innece-sario el anuncio aquí en controversia.

Es hora de que los ciudadanos de este País realicen el hecho de que, si es que interesan que el mismo tenga algún futuro, hay que hacer lo indecible por ponerle fin no sólo a la ola criminal que nos azota sino que al canibalismo polí-tico que, de manera rampante e insensible, existe en esta bendita Isla. En el entretanto, y en cuanto a esto último, este Tribunal debe mantenerse atento a la ocurrencia de esta clase de situaciones y, como lo ha hecho en el presente caso, prontamente tomar la acción correctiva necesaria para mantener totalmente libre de influencias políticas los procesos criminales que se llevan a cabo en nuestra jurisdicción.

       Dispone:
      “Cuando en la muerte ocasionada por una persona al conducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circuns-tancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que pro-bablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado.” 33 L.P.R.A. see. 4006.

       No nos corresponde determinar el grado de persuasión y efectividad del anuncio. Tomamos conocimiento judicial de que la enmienda propuesta a la fianza fue descartada mediante el voto, contra más de setecientos mil (700,000) electores.

       Véase el pliego acusatorio radicado por el Ministerio Fiscal en relación con una alegada infracción a la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 1041.

       Establece el citado Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006, que:
      “Cuando en la muerte ocasionada por una persona al conducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circuns-tancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que pro-bablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado.”

       Debe señalarse que el Estado, en adición, radicó dos (2) pliegos acusatorios adicionales contra Molinari Such, a saber: uno por una alegada infracción a la See. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, ante, y el otro por una supuesta infracción a la Sec. 3-301 de la referida ley, 9 L.P.R.A. see. 721, ambos delitos menos graves.

       Con el propósito de acelerar los procedimientos, y para evitar tener que citar nuevamente al imputado de delito, su abogado, y los testigos del caso, se estila a nivel de instancia, una vez se determina causa probable en la vista preliminar, que el magistrado que preside dicha vista, cite “automáticamente” a las personas antes mencionadas para el acto de lectura de acusación y/o el acto del juicio.

       Ello así surge de la “minuta” que recoge, y resume, lo acontecido ante el tribunal de instancia el día 21 de septiembre de 1994.

       Hecho que, posteriormente, fue aceptado por el director de la campaña del “referéndum” del P.P.D.

       Durante la misma, la representación legal de Molinari Such ofreció prueba testifical y documental que establecía la frecuencia con que había “salido al aire” el anuncio en controversia; esto es, un total de veintiuna (21) ocasiones desde el día 27 de octubre al 1ro de noviembre de 1994.
      En adición, se presentó prueba documental y testifical sobre el número de ho-gares a los cuales había llegado el referido anuncio, promediando una cobertura del 80% del total de los hogares puertorriqueños.

       Durante dicho proceso de selección de jurado —el cual está en su etapa preliminar, no habiéndose juramentado, en forma definitiva, ningún jurado— se ha puesto de manifiesto que varios candidatos al mismo han expresado que no sólo han leído, y oído, sobre el “caso Molinari” sino que vieron y escucharon el anuncio político en controversia. Algunos de dichos candidatos a jurado han expresado que entienden “que Molinari Such es culpable y que éste viene en la obligación de traerles prueba sobre su inocencia”.

       Véase Sec. 11 del Art. 2 de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1; véanse, en adición: Pueblo v. Moreno Morales II, 132 D.P.R. 290 (1992); Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

        Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507 (1992); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969).

        Pueblo v. Miranda Santiago, ante; Pueblo v. Lebrón González, ante.

        Pueblo v. Hernández Mercado, ante.

       La diferencia entre ambas situaciones radica en que, en el caso hoy ante nuestra consideración, los intereses “en pugna” lo son el “derecho de expresión” del partido político que publicó el anuncio vis-á-vis el derecho a un juicio justo e imparcial de parte del peticionario Molinari Such. Véase Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).
      En el caso “ordinario” de publicidad masiva y excesiva por parte de los medios noticiosos del País, los derechos en pugna lo son el antes mencionado derecho a un juicio justo e imparcial del acusado vis-á-vis el derecho a la libertad de prensa.

       Hecho que, inclusive, aceptó el juez de instancia al negarse a suspender el juicio.

       Que el mismo tuvo una cobertura, y alcance, extenso lo demuestra, en adi-ción, las contestaciones que brindaron varios de los jurados durante el proceso de desinsaculación de jurado que hasta la fecha se ha llevado a cabo a nivel de instancia.

       El señalamiento “automático” del 15 de septiembre de 1994 fue dejado sin efecto por acuerdo entre los abogados de las partes y el tribunal de instancia; ello debido al hecho que no había habido realmente tiempo para realizar, y terminar, el descubrimiento de prueba.

       El vehículo procesal apropiado para dilucidar dicho planteamiento lo era una acción civil sobre injunction y sentencia declaratoria. Véase Colón v. Romero Barceló, ante.