author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Delfina Colón Gutiérrez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.

      Número: O-83-220

      Resuelto: 9 de diciembre de 1983

      Livia E. Rovira de Fuster, abogada de la recurrente; el Registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante una escritura sobre “Segregación y Adjudi-cación” los miembros de una sucesión, como compare-cientes de la primera parte, segregaron una “parcela” de una finca de cinco cuerdas y se la adjudicaron, en pago total de su haber hereditario, a la aquí recurrente, compare-ciente de la segunda parte, hecho que esta última “así acepta y se da por pagada”.

En la referida escritura, en adición a los ya mencionados otorgantes, comparecieron doña Enriqueta Colón Bernier y don Clotilde Lebrón Vázquez —como comparecientes de la tercera parte— quienes son cónyuges supérstites de dos de los herederos originales y cuya comparecencia fue a los únicos efectos de “indicar que la finca que más adelante se dirá [la de cinco cuerdas objeto de la escritura] era un bien privativo de sus respectivos cónyuges y que por su usufructo viudal en la referida finca, recibirán otros valores”.

Al final de la mencionada escritura se hizo constar que “los comparecientes aceptan esta escritura en todas sus partes por estar redactada de acuerdo con sus instruccio-nes”, y que leída “esta escritura por los otorgantes perso-nalmente, en la misma se ratifican”. Aparece, al final de la escritura, la firma de todos los comparecientes.

Presentada la escritura para su inscripción, el señor registrador denegó la misma por el fundamento de que fal-taba “el consentimiento expreso de Enriqueta Colón Ber-nier y Clotilde Lebrón Vázquez para la segregación y adjudi-cación que comprende dicho documento, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley y el Artículo 102.1 del Reglamento”.

Mediante la radicación del correspondiente recurso gu-bernativo acude ante este Tribunal la recurrente Delfina Colón Gutiérrez y alega, en síntesis, que erró el señor regis-trador al denegar la inscripción solicitada por cuanto el consentimiento a que se refiere el Art. 95 de la nueva Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2316, —al requerir el consen-timiento de “todos los interesados”— es el de los titulares del derecho de dominio y no el de los titulares de un derecho real, como es el de usufructo. En la alternativa, alega la recurrente que los citados cónyuges supérstites de todas formas consintieron en vista de lo expresado al final de la escritura a los efectos de que todos los comparecientes “aceptan y ratifican” la misma. No le asiste la razón; vea-mos por qué.

I

El citado Art. 95 de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 define y regula los procedimientos de inscripción en el Registro de la Propie-dad de los títulos y derechos hereditarios. En lo pertinente a la controversia aquí planteada, dicha disposición legal dis-pone:

Para inscribir adjudicaciones concretas, deberán determi-narse en escritura pública o por resolución judicial firme, los bienes o partes indivisas de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, o también escritura pública a la cual hayan prestado su consentimiento todos los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y aquéllos tuvieren la libre disposición del mismo. (Énfasis suplido.)

Como vemos el citado precepto legal contempla la inscripción de adjudicaciones concretas —ya sean las mis-mas voluntariamente realizadas por los herederos o por resolución judicial firme— en pago de las participaciones hereditarias. Estas adjudicaciones podrían ser totales o parciales, dependiendo, naturalmente, de si se adjudica toda la masa hereditaria o solamente parte de ésta a uno o más de los herederos. En el presente caso, de acuerdo con los hechos anteriormente reseñados, se trata de una adjudi-cación parcial en donde únicamente se adjudica la partici-pación correspondiente a uno de los herederos.

Los miembros de la sucesión aquí en controversia esco-gieron, para así hacerlo, el vehículo jurídico de la segre-gación. Debemos determinar si la escritura pública a esos efectos otorgada debe tener acceso al Registro de la Propiedad.

Como norma general el acto jurídico de segregar se considera un acto de dominio mediante el cual el dueño de una finca ejercita su discreción y potestad con el fin de separar una parte de su finca para formar una nueva, Mattei v. Registrador, 94 D.P.R. 467 (1967); Diez v. Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 4 (1907); R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 515 y 519.

Tratándose de un acto de dominio la doctrina postula, en general, que no se requiere que consientan a la segregación los titulares de los derechos reales que gravan la finca en cuestión. J. L. Lacruz Berdejo, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, pág. 91; Roca Sastre, op. di, pág. 520.

Consecuencia de ello es que, de ordinario, no se requiere el consentimiento o expresión afirmativa de un usufructuario para que el nudo propietario pueda segregar su finca. Así se sostuvo por la Dirección General de los Registro^ y del Notariado de España en la R. de 24 de diciembre de 1934 y en la R. de 27 de diciembre de 1934. Véase: R. M. Roca Sastre y J. de Molina Juyol, Jurispru-dencia Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1953, T. VII, págs. 588 y 594. La única condición que se requiere es que al efec-tuarse la segregación no se modifique la función económica y social de la finca ni se perjudique al usufructuario en las facultades que le reconoce el ordenamiento.

En el presente caso, sin embargo, no estamos ante un simple acto de segregación realizado por un dómine. Hemos visto que en el caso de autos la finca objeto de segregación es parte integrante de un caudal hereditario. El propósito del negocio jurídico recogido en la escritura en controversia es precisamente segregar de la finca matriz una parcela para adjudicar la misma a uno de los herederos en pago de su haber hereditario, provocando así la transformación de la participación abstracta de dicho heredero en el caudal hereditario, en una titularidad concreta sobre un bien determinado. En otras palabras, estamos en presencia de una operación particional, en la etapa o fase de la división y adjudicación.!

Siendo ello así, en el presente caso no se trata meramente de definir quiénes son los titulares de derechos cuyo consentimiento se requiere al efectuarse una segre-gación. Se trata, por el contrario, de precisar quiénes son los llamados a participar, y consentir, en una operación particional.

La doctrina es clara a los efectos de que se requiere el consentimiento de todos los herederos en la partición que se realice. Dicho principio está plasmado en los Arts. 1011 y 1012 de nuestro Código Civil. Estamos obligados a precisar, en su consecuencia, la condición del cónyuge viudo, es decir, si éste se reputa o no como heredero.

En España, un sector de la doctrina niega toda posibi-lidad de considerarlo como tal al sostener que sus derechos y facultades respecto al caudal hereditario derivan de su condición de legitimario. Otro sector lo ha tratado como heredero a los efectos de descalificarlo como contador par-tidor, para la reivindicación de bienes hereditarios, y otra serie de situaciones inherentes al Derecho sucesorio.

Al interpretar el Art. 736 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2362 este Tribunal, en el caso de Luce & Co. v. Cianchini, 76 D.P.R. 165 (1954), “adoptó” la teoría que considera al cónyuge viudo como un heredero forzoso. En González de Salas v. Vda. de González, 99 D.P.R. 577, 585 (1971), nos reafirmamos expresamente en dicha posición.

Ahora bien, independientemente de que se considere al cónyuge viudo como legitimario o como heredero, los comentaristas están acordes en que el cónyuge viudo debe concurrir en las operaciones particionales. Así, por ejemplo, J. M. Manresa, en su Comentarios al Código Civil español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, S.A., T. VI, Vol. I, pág. 930, expresa que “el consentimiento del cónyuge es indispensable para la validez de las operaciones particionales, y, por tanto, para que los herederos propietarios puedan enajenar o gravar los bienes hereditarios”. Aun Puig Brutau, quien es uno de los autores que rechaza que el cónyuge viudo sea heredero, expresa que es “muy cierto que el viudo, sin necesidad de ser heredero, ostenta un interés bastante poderoso para que se le deba tener en cuenta en las operaciones divisorias . . .”. Por último, y a estos mismos efectos, tenemos la sentencia de 26 de marzo de 1940 emitida por el Tribunal Supremo de España en que se sostuvo que “no es inscribible la partición en que no interviene la viuda de uno de los hijos del causante, fallecido con posterioridad a éste, por ser preciso el consentimiento de todos los interesados” .

En virtud de todo lo anteriormente expresado, resolvemos que, como regla general, para que puedan inscri-birse en el Registro de la Propiedad adjudicaciones concre-tas conforme lo dispuesto por el referido Art. 95 de la nueva Ley Hipotecaria es menester que haya prestado su consen-timiento el cónyuge viudo en la escritura pública compren-siva de la transacción que se realice por ser éste uno de los “interesados” a que se refiere dicha disposición legal.

II

Lo anteriormente expresado, sin embargo, no es sufi-ciente, por sí solo, para disponer del caso de autos. La regla general antes expuesta tiene una muy importante excep-ción, a saber: lo que se denomina en el Derecho sucesorio como una conversión o sustitución del usufructo viudal. Como sabemos ello implica que, en cumplimiento de las disposiciones del citado Art. 765 del Código Civil, los herederos le han satisfecho su cuota al cónyuge viudo asignán-dole una renta vitalicia, o los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo.

Nos resta por determinar, por lo tanto, si en el pre-sente caso hubo o no una conversión o sustitución en relación con el usufructo viudal de los dos cónyuges supérs-tites. Dicha determinación es sumamente importante, ya que hasta tanto la conmutación o conversión se efectúe estarán afectos al pago de la referida cuota viudal usufruc-tuaria todos los bienes de la herencia. En palabras de Man-resa, se trata “de una garantía pa[ra] asegurar el pago de lo que si bien puede ser un derecho real, autoriza la ley para que se convierta en una obligación de los herederos propie-tarios”. Manresa, op. cit., pág. 929.

Como corolario de lo anteriormente expresado, una vez es satisfecha o efectivamente asegurada la cuota usufructuaria viudal no hay razón legal alguna para requerir la participación o consentimiento del cónyuge supérstite en las actividades particionales que realicen los otros herederos. Véanse: Manresa, op. cit., págs. 929-930; Puig Brutau, op. cit., pág. 147. Consecuencia de lo anteriormente expresado es que de haber ocurrido así en el caso que nos ocupa, resultaría innecesario requerir que los dos cónyuges supérstites hubiesen prestado su consentimiento en la escritura pública sobre segregación y adjudicación.

Ahora bien, desde el punto de vista de la manera en que procede, la doctrina sostiene que la elección de la forma de satisfacer la legítima viudal sólo puede ser ejerci-tada una vez y antes, o al momento, de efectuarse la parti-ción. J. Vallet de Goytisolo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Pri-vado, 1978, T. XI, pág. 448. Para que queden adecuada-mente protegidos los derechos del cónyuge supérstite, de-berá valorizarse su cuota vidual tomando en consideración el valor de los bienes al momento de efectuarse la conver-sión o conmutación.

Expresa Manresa que ese “derecho de garantía, que apa-rece al nacer el derecho o legítima del viudo, se extingue en cuanto se realiza el pago de esa legítima, en cuanto se determinan los bienes sobre que recae el usufructo o en cuanto se asegura al cónyuge el cobro de determinada renta o productos”. Por último, expresa el mismo autor que pensar “que la gaarantía desaparece sólo porque los herede-ros se obliguen en forma solemne a pagar renta o productos, nos parece absurdo”.

Al aplicar estos postulados al caso de autos, notamos que ni de la escritura en controversia ni de los documentos suplementarios surge que tratándose de una conversión de usufructo se les haya asegurado a los cónyuges el pago de sus respectivos derechos de una manera real y efectiva. La mera aseveración a los efectos de que los mencionados cónyuges supérstites indican que “por su usufructo viudal en la referida finca, recibirán otros valores” no es ni puede ser suficiente.

Como no se ha realizado en el presente caso la susti-tución conforme lo requiere la doctrina, resulta obligatoria la conclusión de que era necesario la comparecencia y el consentimiento de doña Enriqueta Colón Bernier y de don Clotilde Lebrón Vázquez para la segregación y adjudi-cación aquí practicada por razón de contar éstos, al momento de otorgarse la escritura, con un derecho indife-renciado sobre los bienes del activo hereditario.

III

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, de-bemos resolver si los dos cónyuges supérstites, como alega la parte recurrente en la alternativa, prestaron su consen-timiento a la segregación y adjudicación efectuada.

Es un hecho incontrovertido, que los cónyuges supérs-tites comparecieron en dicha escritura y que firmaron e iniciaron la misma. Fundado en ello, la parte recurrente alega que hubo una aceptación tácita o implícita de la tran-sacción efectuada por parte de dichos cónyuges.

No tiene razón; resolver conforme lo alegado, equivaldría a determinar que la mera comparecencia en una escritura pública equivale al consentimiento que requiere el citado Art. 95 de la nueva Ley Hipotecaria.

No podemos sustraernos del hecho de que la compare-cencia de los cónyuges en la referida escritura fue, repeti-mos, a los únicos efectos de “indicar que la finca que más adelante se describe era un bien privativo de sus respectivos cónyuges y que por su usufructo viudal en la referida finca, recibirán otros valores”.

Los cónyuges no fueron hechos partícipes en las partes dispositivas de la escritura, correspondientes a la segre-gación y adjudicación efectuada. Dicha escritura no con-tiene una renuncia expresa de los’ cónyuges, en relación con el bien inmueble que es objeto de la misma, de la “garantía” que establece el citado Art. 765 de nuestro Código Civil, como tampoco contiene la referida escritura una termino-logía precisa y clara a los efectos de que los cónyuges con-sienten a la transacción específica efectuada.

Por último, sabido es que, para que se entienda prestado el consentimiento a un negocio jurídico, ya expresa o implícitamente, es necesario que el declarante tenga conocimiento adecuado del alcance de su declaración. Federico De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid, Gráficas Marisal, 1971, pág.’58; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 77. En palabras de Núñez-Lagos, el “notario de buen consejo debía advertir a los comparecientes la significación y consecuencias legales de las cláusulas del instrument a fin de que las partes quedaran perfectamente cercioradas de la significación y alcance de sus actos. Cerciorada la parte no podía alegar ignorancia”. (Escolio omitido.) En otras palabras, el ejercicio válido de una facultad presupone el previo conocimiento de la plenitud de la misma. Es obvio que ésta no fue la situación en el caso de autos.

La calificación del Señor Registrador debe ser con-firmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre y disiente con opinión.

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Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Coincidimos en que no se cumplió satisfactoriamente con el Art. 95 de la Ley Hipotecaria y el Art. 102.1 del Regla-mento en cuanto a plasmar de manera suficiente en la escritura objeto del presente recurso gubernativo, la inten-ción y validez del consentimiento a la segregación y adjudi-cación atribuida a los cónyuges supérstites Enriqueta Colón Bernier y Clotilde Lebrón Vázquez. Ello dispone del recurso.

I

Sin embargo, tenemos reservas en torno a la interpre-tación del Art. 765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2415, dispositivo de un gravamen temporal y general sobre los bienes de la herencia, con el propósito de garantizar el pago de la cuota de usufructo viudal. Aunque no se expone expresamente, la premisa en que descansa la ponencia en su Parte II está predicada en la conclusión de que el viudo y los herederos están impedidos de realizar transacciones parciales hasta tanto medie una partición final o una con-versión o sustitución de la referida cuota usufructuaria. Así, la opinión pone énfasis y adopta el criterio de Manresa que caracteriza de absurdo sostener “que la garantía desaparece sólo porque los herederos se obliguen en forma solemne a pagar rentas o productos . . .”. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, S.A., 1973, T. VI, Vol. I, pág. 930.

Si bien es necesario el consentimiento del cónyuge para la validez de las operaciones de partición, también se reco-noce que ese derecho adquirido puede ser renunciado y aun enajenado. Manresa, op. cit., págs. 934-935. Nos pregunta-mos: si se admite la renuncia total del derecho al usufructo, ¿cabe en buena lógica interpretar el Art. 765 restrictiva-, mente, como el que prohíbe a un cónyuge supérstite el desistir parcialmente de la garantía legal consagrada en este articulado, a menos que se le haya asegurado el pago “de una manera real y efectiva”?

       Escritura número 44 de fecha 1ro de diciembre de 1982 otorgada ante la Notario Livia E. Rovira de Fuster.

       El Art. 765 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2415, dispone:
      “Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignán-dole una renta vitalicia, o los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
      “Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge viudo.” (Énfasis suplido.)

       Radicado en tiempo escrito de recalificación, el registrador ratificó su denegatoria original.

       Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada.

       El historial legislativo especifico relativo a este articulo es muy pobre. Uni-camente encontramos expresiones al efecto de que en "el Articulo 95 propuesto, se incluye una disposiciOn inspirada en Ia legislación española, muy acorde con el Codigo Civil en cuanto a Ia naturaleza del derecho hereditario. Se incluye expre-samente, para que no haya dudas, que las enajenaciones de cuotas especificas no adjudicadas, no serán inscribibles. Esto para Ia defensa de posteriores adquirentes contra condiciones no expresas, pues es sabido que dichas enajenaciones quedan sujetas a futuras particiones entre los herederos. Queda claro que Ia totalidad o parte del derecho hereditario, en abstracto, si es enajenable". 33 Diar'io de Sesio-nes de Ia Asainblea Legislativa 1122-1123 (1979). Un examen de la IegislaciOn hipotecaria espanola -Ley de 30 de diciembre de 1944, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y su Reglamento de 14 de febrero de 1947- revela que la fuente del citado Art. 95 lo es el Art. 14 de Ia citada Ley de 30 de diciembre de 1944 y del Art. 83 del correspondiente reglamento.

       Véase, R. de 24 de diciembre de 1934, R. M. Roca Sastre y J. de Molina Juyol, Jurisprudencia Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1953, T. VII, pág. 588.

       Puig Brutau, citando a Roca Sastre, define partición como “aquel acto jurí-dico, unilateral o plurilateral, necesario e irrevocable, de naturaleza declarativa, compuesto de un conjunto ordenado de operaciones, verificadas sobre ciertas bases o supuestos de hecho y de derecho, y en el cual, después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder a su avalúo y liquidación, se fija el haber de cada partícipe, se divide el caudal partible y se adjudica cada lote de bienes formado a cada heredero respectivo, provocando la transformación de las participaciones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto (derecho hereditario) en titularidades concretas sobre bienes determinados (dominio o pro-piedad exclusiva y ordinaria)”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, T. V, Vol. III, págs. 460-461.

       Citando a Espín Cánovas, Puig Brutau, en lo referente a las operaciones particionales, establece tres etapas, a saber: inventario y avalúo, liquidación, y división y adjudicación. Id., pág. 580.

       “El principio de unanimidad en la partición por los herederos es básico en nuestro sistema positivo, en cuanto falte la voluntad de uno solo de ellos deberá acudirse a la partición judicial, ejercitando la correspondiente actio familiae erciscundae, de acuerdo con las normas del juicio de testamentaría, en el cual, bajo el ‘control’ judicial, actuará incluso la teoría del silencio. El llamado principio de unanimidad está consagrado en nuestro Derecho por dichos arts. 1.058 y 1.059 y otros del Código civil. . . .” R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. III, pág. 763.

      3i L.P.R.A. see. 2877:
      “Cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente.”
      31 L.P.R.A. see. 2878:
      “Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en los preceptos sobre procedimientos legales especiales.”

       Véase: Puig Brutau, op. cit., págs. 110-133.

       Puig Brutau, op. cit.

      “Son herederos forzosos:
      “1. Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos, y los hijos naturales legalmente reconocidos respecto de sus padres y ascendientes naturales o legítimos.
      “2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.
      “3. El viudo o viuda en la forma o medida que establecen las secs. 2A11, 2U12, 2J/.13 y 2AU de este título.” (Énfasis suplido.)

       En el escolio 5 del citado caso expresamos:
      “Los comentaristas no están acordes en cuanto a este punto, pero nos decidi-mos por la doctrina y la jurisprudencia española que afirman el carácter de heredero forzoso del cónyuge viudo. 14 Scaevola, Código Civil, 213 y 678; 6 Man-resa, ob. cit. [sic], 302. Este carácter lo dan los propios artículos 730 y 736 de nuestro Código Civil. Contra: 8 Colin y Capitant, ob cit. [sfc], 327.”

       Para una distinción entre legitimario y heredero, véase Puig Brutau, op. cit., págs. 110-133.

      Puig Brutau, op. cit., pág. 112.

        Repertorio de Jurisprudencia, Aranzadi, T. VII, S. Núm. 282, págs. 177, 178.

      Las autoridades han utilizado indistintamente los conceptos conversión, sustitución o conmutación al referirse a esta figura. Véase, J. L. Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, Vol. II, pág. 95; Puig Brutau, op. cit., pág. 140; Manresa, op. cit., pág. 921; E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, 1983, Vol. I, pág. 93.

       Escolio número 2, ante.

       Ese fue el obvio propósito de la antes transcrita aseveración que aparece en la escritura aquí en controversia a los efectos de que los referidos cónyuges supérstites “comparecen para indicar . . . que por su usufructo viudal en la refe-rida finca, recibirán otros valores”.

       La doctrina ha discutido extensamente la naturaleza de este gravamen. La posición moderna descarta la posibilidad de que se trate de una hipoteca legal tácita o de un derecho objeto de anotación preventiva.
      En lugar de ello han explicado el gravamen a base del mismo derecho real de usufructo en términos de que está latente en todas y cada una de las partes de los bienes y derechos de la herencia mientras no se satisfaga al viudo su legítima en cualesquiera de los modos provistos en el antes citado Art. 765 del Código Civil. Véase: J. Vallet de Goytisolo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978, T. XI, pág. 450.
      Nuestra Ley Hipotecaria de 1979 incluyó, en su Art. 112, la providencia de la anotación preventiva en relación con esta materia. En el 1980, se enmienda la ley para eliminar la misma. El propósito de dicha enmienda eliminatoria, en nuestra opinión, fue el equiparar nuestra ley a la referida doctrina moderna.

      Este hecho —de que ha habido una válida sustitución o conversión-deberá ser demostrado a satisfacción de los señores registradores de la propiedad por el “solicitante”, utilizando los medios que autoriza la ley y la jurisprudencia, como requisito necesario para inscribir la partición que contenga conmutación del usufructo viudal. J.L. Mezquita del Cacho, Conmutación del Usufructo Viudal Común, 15 Rev. Der. Not. 213, 283 (1957).

       Sobre la valorización del usufructo viudal, véase: Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 D.P.R. 702 (1983).

       Manresa, op. cit., pág. 930.

       Manresa, op. cit. pág. 930.

       Abundando un poco sobre la necesidad de asegurar el pago del derecho del viudo en caso de sustitución, Vallet expresa que “será cuestión del cónyuge viudo y de los herederos convenir las garantías que aseguren su pago, y, a falta de acuerdo, deberá imponerlas la autoridad judicial”. Vallet, op. cit., pág. 451.

       Obsérvese que en el presente caso la aseveración sobre promesa de pago futuro de la cuota usufructuaria viudal que aparece en la escritura, no proviene de los otros herederos —situación que, como vemos, Manresa considera insuficiente — , sino de los propios cónyuges supérstites.

       Ya hemos visto que dicha “promesa” no es suficiente en derecho para ser considerada como una válida y eficaz conversión.

         Véase, en relación con los derechos de terceros, Mezquita del Cacho, op. cit., págs. 282-283.

       R. Núñez-Lagos, Los Esquemas Conceptuales del Instrumento Público, 1-2 Rev. Der. Not. 49,126 (1963).

       Es de rigor señalar que el notario ante el cual se otorgó la escritura aquí en controversia es el que precisamente ha comparecido ante este Tribunal para negar toda posible prerrogativa de los titulares de la cuota viudal usufructuaria. En su consecuencia, difícilmente puede argumentarse que los cónyuges su-pérstites en el presente caso fueron adecuadamente asesorados en cuanto al alcance de sus derechos, los efectos que sobre los mismos tiene la escritura otor-gada, y las consecuencias de la misma. Debe quedar claro, sin embargo, que dicha falta de asesoramiento adecuado no se debe ni a negligencia del notario ni a la mala fe del mismo. Recuérdese que la presente ponencia es la primera ocasión en que este Tribunal ha interpretado el citado Art. 95 de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

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text:
    Luis R. Díaz Velázquez et al., recurridos, v. Secretario de Hacienda, peticionario.

      Número: O-82-765

      Resuelto: 15 de diciembre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Doris M. Santiago, abogada del Departamento de Justicia, abogados de El Pueblo, 'peticionario; Vicente Ortiz Colón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Históricamente, y por razones obvias, los estatutos aprobados por nuestra Asamblea Legislativa referentes a la materia de “retribución uniforme” siempre se han estructu-rado con la intención de que, dentro de lo posible, guarden armonía con la ley de personal vigente en un momento dado.

La antigua Ley de Personal no contenía disposición alguna relativa a la concesión de aumentos de sueldo auto-máticos para aquellos empleados que no hubieren recibido aumento alguno durante un período de tiempo determinado. La ya derogada Ley de Retribución Uniforme de 1974, tampoco contenía disposición alguna referente a los antes mencionados aumentos.

Es en el 1975 que, por primera vez, nuestro legislador entendió procedente aprobar legislación respecto a este punto en específico al aprobar la vigente Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975. Mediante la Sec. 4.4(l)(e) de dicha ley, se dispuso que se “aprobará reglamentación para que los empleados que permanecen por largo tiempo en el mismo nivel de clasificación reciban aumentos de sueldo periódi-camente”. (Énfasis suplido.)

En cumplimiento del mandato legislativo, la Oficina Central de Administración de Personal promulgó el Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Méritos. Dicho cuerpo de normas, según lo determináramos en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 52-53 (1980), entró en vigor el 30 de noviembre de 1976. La See. 8.4 del citado reglamento dispone:

Los planes de retribución y de aumentos de sueldos pro-veerán lo necesario para atender al reconocimiento de los méritos de los empleados, independientemente de los lugares en que trabajen, pero teniendo en cuenta limitaciones en las oportunidades de adiestramiento y ascenso, y de cualesquiera otras condiciones de empleo que sean limitativas a las opor-tunidades de progreso de los empleados. Ello deberá conducir a una distribución justa y equitativa de los aumentos de suel-dos. Si, a pesar de esta norma, hubiera empleados que no reciben aumentos de sueldo ni ascensos en períodos de tiempo considerables, los planes de retribución proveerán aumentos periódicos a tales empleados, en armonía con los recursos presupuestarios existentes. Los reglamentos dispondrán dichos aumentos en períodos no menores de cinco (5) años, que se con-tarán a partir de la fecha de vigencia de este Reglamento. (Énfasis suplido.)

Nuestra Asamblea Legislativa —entendiendo adicio-nalmente que era “imperativo aprobar una nueva Ley de Retribución que contemple y armonice con las nuevas estructuras, creadas en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 [la vigente Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico], y que aplique criterios uniformes de retribución a través de todo el nuevo Sistema de Personal” (énfasis suplido)— aprobó en el año de 1979 la vigente Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 del 12 de julio de 1979.

En el Art. 7(2) de la citada Ley Núm. 89 se dispuso:

Aumentos de sueldo por años de servicio
A partir del primero de julio de 1979, aquellos empleados de carrera que ocupen puestos regulares en agencias de la Administración Central y en agencias consideradas Adminis-tradores Individuales, que no hayan recibido ninguna clase de aumentos de sueldo excepto los otorgados por disposiciones de ley, durante un período ininterrumpido de cinco años de ser-vicios, recibirán un aumento de sueldo equivalente a un tipo o paso de la escala correspondiente. En el caso de los munici-pios, éstos procederán conforme si lo permite su capacidad económica. Dicho aumento de sueldo se podrá conceder en forma consecutiva hasta que el empleado, alcance el tipo máximo de la escala asignada a su puesto. Cualquier auto-ridad nominadora podrá denegar el aludido aumento de sueldo a cualquier empleado si a su juicio los servicios del empleado durante el período de cinco (5) años correspon-dientes no hubiesen sido satisfactorios. En este caso la auto-ridad nominadora habrá de informarle por escrito al em-pleado las razones por las cuales no se le concede el referido aumento y además su derecho de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. (Énfasis suplido.)

Con fecha de 12 de septiembre de 1979, un grupo de empleados del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en la alegación de que a esa fecha llevaban un exceso de cinco años sin recibir aumento de sueldo y que en virtud de las disposiciones del antes transcrito Art. 7(2) de la citada Ley Núm. 89 tenían derecho a recibirlo a partir del 1ro de julio de 1979, solicitaron del Secretario del referido depar-tamento que les concediera un aumento de sueldo “equiva-lente a un tipo o paso de la escala correspondiente”.

El Secretario de Hacienda denegó la solicitud por el fundamento de que la disposición de ley aplicable lo era la antes citada See. 8.4 del Reglamento de Personal. Alegó el Secretario que, en su consecuencia, la solicitud resultaba prematura por cuanto la fecha a partir de la cual los empleados tendrían derecho al aumento lo era el 1ro de diciembre de 1981; ello debido a que el período de cinco años de que habla la citada disposición reglamentaria comienza a contarse desde la fecha de vigencia del Regla-mento de Personal, o sea, desde el 30 de noviembre de 1976.

No conformes, los empleados apelaron ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal, foro que desestimó el recurso al estimar correcta la posición asumida por el refe-rido Secretario. El honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, determinó, al revocar la decisión emitida por la Junta de Personal, que le asistía la razón a los empleados. Expedimos auto de certiorari a solicitud del Secretario de Hacienda.

I

Dispone el Art. 18 de nuestro Código Civil que las “leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro”.

Aparte del hecho significativo de que estamos ante dos disposiciones legales de distinto rango, hecho que discu-tiremos más adelante, es de rigor señalar que las disposicio-nes del antes transcrito Art. 18, aun cuando son una guía valiosa, no son suficientes, por sí solas, para la correcta solución del presente caso.

Ello es así por cuanto, a pesar de que podemos con-cluir que, desde el punto de vista de la finalidad de los mismos, hay compatibilidad entre las dos disposiciones legales en controversia, existe un irreconciliable con-flicto en lo referente a las fechas en que se entiende materia-lizado el derecho de los empleados a recibir el aumento.

La terminología de la citada See. 8.4 del Reglamento de Personal es extremadamente clara en lo relativo a la fecha a partir de la cual procede la concesión del aumento: se expresa que los “reglamentos dispondrán dichos aumentos en períodos no menores de cinco (5) años, que se contarán a partir de la fecha de vigencia de este Reglamento” (énfasis suplido), que, como anteriormente expresáramos, es la de 30 de noviembre de 1976, Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, ante, por lo que el derecho de los empleados a recibir los aumentos, según esta disposición reglamentaria, comienza a partir del 1ro de diciembre de 1981.

A nuestro juicio, la fraseología del Art. 7(2) de la citada Ley Núm. 89 sobre Retribución Uniforme, en relación con este punto, tampoco deja lugar a dudas: entendemos que establece claramente que el derecho de los empleados públicos a recibir el aumento, se materializa a partir del 1ro de julio de 1979.

Obsérvese que dicho artículo de ley dispone, en lo perti-nente, que a partir de la fecha arriba mencionada “aquellos empleados de carrera . . . que no hayan recibido ninguna clase de aumentos de sueldo . . . durante un período ininte-rrumpido de cinco años . . . recibirán un aumento de sueldo”. (Énfasis suplido.)

Recordemos que el texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa, Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101 (1964). La frase “que no hayan recibido” —pretérito perfecto de subjuntivo— expresa una acción ocurrida con anterioridad al momento en el que se habla. A nuestro entender, ello significa que la intención del señor legislador fue la de que la citada disposición legal cobijara o se aplicara a todo aquel empleado cubierto por las disposiciones de esta ley, que al 1ro de julio de 1979 ya hubiere “acumulado” o ya contare a su haber con un período de cinco años consecutivos en que no hubiere recibido aumento alguno de sueldo, que no fuere el otorgado por las disposiciones de ley.

La parte recurrente trae a nuestra atención las disposiciones del Art. 3 del Código Civil como impedimento para que se le dé efecto retroactivo a las disposiciones del citado Art. 7(2). Alega que no habiendo el legislador dispuesto expresamente que el mismo tendría efecto retroactivo, estamos impedidos de así hacerlo. No tiene razón. En Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 384-386 (1973), expresamos:

Dicho artículo [Art. 3] sólo tiene el alcance de una regla general de interpretación de estatutos. No es un principio rígido de aplicación absoluta. ... A juicio de Manresa el artículo en sí es superfluo, pués, “. . . con la simple utilización de las reglas generales de interpretación de la ley se llegaría siempre a la misma conclusión aunque el artículo del Código no exis-tiera.” . . . Scaevola adopta también una interpretación flexible afirmando con Laurent que “el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartaría su libertad de acción en perjuicio de la sociedad y de los individuos.”
“. . . Esta regla de interpretación no es una camisa de fuerza. Cuando la Legislatura no ha expresado su intención en forma expresa dicha regla no debe ser seguida ciegamente haciendo caso omiso de los factores que puedan dar luz sobre la inten-ción legislativa.” (Énfasis suplido, citas omitidas.)

Un examen del “historial” de toda la legislación aquí en controversia precisamente demuestra que la intención del legislador al aprobar el citado Art. 7(2) de la Ley sobre Retribución Uniforme de 1979 fue la de que todos los empleados públicos cubiertos por dicha ley en Puerto Rico tuvieran el derecho a recibir el aumento allí contemplado a partir del 1ro de julio de 1979, en lugar de a partir del 1ro de diciembre de 1981.

Recordemos que en la vigente Ley de Personal de 1975 el legislador dispuso, mediante la antes citada Sec. 4.4(l)(e), que se “aprobará reglamentación para que los empleados que permanecen por largo tiempo en el mismo nivel de cla-sificación reciban aumentos de sueldo periódicamente”.

Como expresáramos anteriormente, la Oficina Central de Administración de Personal promulgó, entre otras, la citada See. 8.4 mediante la cual, en términos generales, autorizó a las distintas “dependencias” del gobierno a aprobar sus propios reglamentos con la directriz general de que en los mismos se dispondrá para el aumento exigido por el legislador “en períodos no menores de cinco (5) años”. (Énfasis suplido.)

Ello, obviamente, no fue del agrado del señor legislador. Éste, mediante la Ley de 1979, determinó que se debían aplicar “criteros uniformes de retribución a través de todo el nuevo Sistema de Personal”. (Énfasis suplido.) El resul-tado de su acción fue el tantas veces citado Art. 7(2) de la Ley de Retribución Uniforme. Somos del criterio que la “interpretación retroactiva” de los términos de dicho ar-tículo de ley resulta en una interpretación razonable y mucho más consistente con el obvio propósito legislativo. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968).

En resumen, ya que existe un insuperable conflicto entre las dos citadas disposiciones, es menester que deter-minemos cuál de ellas es la que ejerce el control respecto al punto en controversia.

II

Resolvemos que la disposición de ley que debe preva-lecer lo es el Art. 7(2) de la citada Ley Núm. 89 sobre Retri-bución Uniforme de 1979. En consecuencia, los empleados cubiertos tienen derecho al aumento de sueldo a partir del 1ro de julio de 1979.

Ello es asI por cuanto aun entre estatutos de igual rango, -cual no es el caso presente- "Si existe un conflicto irreconciliable entre una nueva disposiciOn y estatutos pre-vios referentes a la misma materia, la nueva disposición será la que controle o prevalezca, ya que constituye la ültima expresiOn de la legislatura". J. G. Sutherland, Statutes and Statutory Construction, 3ra ed., Chicago, Callaghan and Company, 1943, Vol. 2, Sec. 5201, pág. 532. (Traducción nuestra.) Con más razón cuando, como en el presente caSo, el conflicto es entre una disposiciOn aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como lo es el antes citado Art. 7(2) de la Ley sobre RetribuciOn Uni-forme, y una disposiciOn reglamentaria aprobada por un organismo administrativo, como lo es la citada Sec. 8.4 del Reglamento de Personal. No hay duda de que la disposición reglamentaria tiene que ceder ante el mandato legislativo. Véanse, en general: A.P.I.A.U., Inc. v. Srio. de Hacienda, 100 D.P.R. 173, 179 (1971); Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 642 (1967).

M t-H HH

Por los fundamentos antes expresados, se dictará senten-cia confirmatoria de la dictada por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el caso Civil Núm. 80-U0U8.

       Ley Núm. 345 del 12 de mayo de 1947.

      Ley Núm. 111, Parte 1, del 8 de julio de 1974.

       Originalmente, la citada See. 4.4 se encontraba ubicada en las disposiciones de la ley relativas a traslados, ascensos, etc. Mediante la Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979, Art. 14, se reubicó esta disposición en las secciones correspondientes a los planes de retribución.

       3 L.P.R. A. see. 1354, según enmendada.

       No existe correlativo en Reglas y Reglamentos.

       Véase: Exposición de Motivos, Ley de Personal de 1975.

      3 L.P.R.A. sec. 760f(2).

       Dicho Departamento no promulgó reglamento propio alguno. Véase, See. 8.4, ante.

      31 L.P.R.A. sec. 18.

       Véase, además: J. G. Sutherland, Statutes and Statutory Construction, Sec. 5201, In Pari Materia and Adopted Statutes, 3ra ed., Chicago, Callaghan and Company, 1943, Vol. 2, pág. 531.

       Tanto el citado Art. 7(2) de la Ley Núm. 89 como la citada Sec. 8.4 del Reglamento tienen el propósito último y común de que se concedan aumentos de sueldo a aquellos empleados públicos que hayan prestado servicios sin haber reci-bido aumentos durante un período ininterrumpido de por lo menos cinco años.

       Véase, María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Ed. Gredos, 1982, Vol. 2, págs. 1464-1493.

       “Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo contrario.” 31 L.P.R.A. see. 3.

        Cf. Guardiola Pérez v. Morán, 114 D.P.R. 477 (1983) (per curiam).

       Obsérvese que mediante el referido artículo de ley el legislador no sólo estableció la fecha del 1ro de julio de 1979 como punto de partida del derecho de los empleados al aumento, sino que eliminó toda posibilidad de que, por reglamen-tación al efecto, las distintas dependencias del Gobierno de Puerto Rico establecie-ran diferentes períodos de tiempo como condición previa para recibir dicho aumento.

      Los dos restantes planteamientos de la parte recurrente para negar la aplicación retroactiva del citado Art. 7(2), son inmeritorios. Alega en primer término, que al así aplicarse dicho artículo de ley se va más allá de la fecha de vigencia de la Ley de Personal de 1975 y, en segundo lugar, que los “empleados de carrera” a que se refiere el Art. 7(2) no existían antes de la referida Ley de Personal de 1975.
      En cuanto al primero de ellos, basta con decir que el legislador —quien, como expresáramos anteriormente en la exposición de motivos de la Ley de Retribución Uniforme de 1979, hizo expresa referencia a la Ley de Personal de 1975— así lo quiso.

      En cuanto al segundo argumento, recuérdese que los llamados “empleados de carrera” bajo la Ley de Personal de 1975 son “los empleados en el servicio por oposición” de la derogada Ley de Personal de 1947.

      “[i]f there is an irreconciliable conflict between the new provision and the prior statutes relating to the same subject matter, the former will control as it is the later expression of the legislature.”


author: PER CURIAM:

text:
    Marcelo Muñoz Santiago, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-83-505

      Resuelto: 19 de diciembre de 1983

      Melva Edet Hoyos, abogada del recurrente Fondo del Seguro del Estado; Mayra J. Serrano Borges, abogada del recurrido.
   PER CURIAM:

El señor Muñoz sufrió un accidente del trabajo el 5 de octubre de 1976, en el que se le fijó una inca-pacidad de 25% de las funciones fisiológicas del pie derecho. Posteriormente, reclamó que sufría de una condición emo-cional relacionada. El Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.), le proveyó tratamiento y el 10 de septiembre de 1980 lo dio de alta con un diagnóstico de reacción depresiva clase II relacionada y le reconoció 10% de incapacidad de las funciones fisiológicas generales. Le pagó $2,025 de indem-nización por la incapacidad parcial permanente. El obrero apeló a la Comisión Industrial y luego de una vista celebrada el 29 de octubre de 1981 se devolvió el caso al Fondo para que se le diera tratamiento adicional en descanso.

El obrero reclamó dietas por el período comprendido entre el 10 de septiembre de 1980, fecha en que fue dado de alta por el Fondo y el 29 de octubre de 1981, fecha en que la Comisión Industrial ordenó tratamiento adicional. El Fondo denegó la reclamación de dietas porque su médico (el del F.S.E.) estimó que el obrero estaba apto para trabajar durante el período reclamado. En apelación la Comisión Industrial revocó la decisión del Fondo y concedió dietas por el período solicitado.

El Fondo recurrió de la resolución de la Comisión Industrial. Plantea que no procedía el pago de dietas porque el obrero no estaba incapacitado para trabajar ni estaba reci-biendo tratamiento que le impidiera trabajar. Ante esos planteamientos expedimos orden a la parte recurrida para que mostrara causa por la que no debía expedirse el auto de revisión y revocarse la resolución recurrida.

La parte recurrida ha comparecido. Señala que fue co-rrecta la concesión de dietas, porque la determinación de la Comisión de conceder tratamiento adicional en descanso al obrero, significa que el Fondo lo dio de alta prematura-mente sin haber terminado su período de recuperación. No estamos de acuerdo. La decisión de la Comisión Industrial estuvo basada en la recomendación del Dr. David Caiseda, su psiquiatra consultor, quien evaluó al obrero en agosto de 1981 (casi al final del período de dietas reclamado), y reco-mendó que se le diera tratamiento adicional en descanso. De esa prueba no puede inferirse que el Fondo actuó prematu-ramente al darlo de alta. Fortalece esta posición el hecho de que las condiciones emocionales no son constantes y los pacientes pueden mejorar y volver a recaer. La concesión de dietas debe estar sustentada por prueba clara de que el obrero no estaba en condiciones de trabajar, ya fuere por su incapacidad o por su tratamiento, durante todo el período reclathado.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.


author: per CURIAM:

text:
    José L. Cabán Méndez, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-83-615

      Resuelto: 27 de diciembre de 1983

      José M. Fernández Luis, abogado del recurrente; Carmen L. Ro-dríguez Umpierre, abogada del recurrido.
   per CURIAM:

El señor José L. Cabán Méndez, de 33 años de edad, trabajaba como Auxiliar de Bibliotecario para el Departamento de Instrucción Pública en Añasco. El 29 de agosto de 1979 acudió al Fondo del Seguro del Estado y alegó que el hecho de tener que atender tantas personas le había afectado su sistema nervioso y eso le impedía trabajar.

Luego de evaluado, el Fondo le diagnosticó una condición de esquizofrenia no diferenciada, crónica, y determinó que tal condición no estaba relacionada con el empleo. Incon-forme con esta decisión el lesionado recurrió a la Comisión Industrial, la que concluyó que existía duda razonable en cuanto a la relación causal y que venía obligada a darle el beneficio de la duda al obrero. En consecuencia, revocó la decisión del Fondo y ordenó darle la íntegra protección de la ley.

El Fondo recurrió ante nos y plantea que erró la Comi-sión Industrial al declarar que está relacionado con el empleo la condición de esquizofrenia sin que estén presentes los requisitos establecidos en Rivera Cruz v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 229 (1965), y a pesar de que no existe testimonio pericial que sostenga la decisión. El 20 de octubre de 1983, expedimos una orden a la parte recurrida en los siguientes términos:

Examinada la petición de revisión y documentos que la acompañan, aparece: que el recurrido padece de una seria condición mental adquirida como consecuencia de un servicio militar en Vietnam, a causa de lo cual recibe una pensión del Gobierno Federal; que comenzó a trabajar como auxiliar de bibliotecario para el Departamento de Instrucción, en Añasco, y que a los ocho meses se quejó al Fondo del Seguro del Estado de que no podía continuar trabajando porque el atender per-sonas en la biblioteca le ha afectado su sistema nervioso; que la Comisión Industrial revocó la decisión del Fondo y deter-minó que tiene duda razonable en cuanto a la relación causal entre la condición del recurrido y su trabajo, y viene obligada a darle el beneficio de la duda, por lo que ordenó dar al recu-rrido la íntegra protección de la ley.
Apareciendo que la base para la decisión de la Comisión es más bien especulativa y, visto lo resuelto en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712 (1975), se concede al recurrido un plazo a vencer el 7 de noviembre de 1983 para que muestre causa, si la hubiere por la cual no debamos expedir el auto de revisión solicitado y revocar la resolución recurrida, manteniendo así la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

El lesionado recurrido ha comparecido y su representación profesional ha hecho un gran esfuerzo para convencernos de que la resolución de la Comisión Industrial debe ser sostenida. Dicho esfuerzo, sin embargo, no puede contrarrestar el hecho de que la prueba que tuvo ante sí la Comisión para persuadir de la existencia de relación causal fue altamente especulativa. Del informe del oficial exami-nador que presidió la vista pública, citamos lo siguiente sobre el testimonio del psiquiatra, Dr. J. Ramírez Fuentes:

En cuanto si es de opinión que la condición de esquizofrenia fue agravada por las condiciones de su trabajo en la biblioteca contestó: sí, fue agravada, pero puede que no haya sido agra-vada tampoco porque la esquizofrenia tiene una característica de que es periódica, o sea, los brotes vienen periódicos. Hay periodicidad, aunque no suceda nada, pues ocurre un brote sicótico.
A preguntas del Ledo. Delgado nuestro Siquiatra contestó que la condición; o sea; el trabajo para un ser humano que padece la condición de este señor en alguna medida puede ser terapia. Este hombre estaba trabajando en una biblioteca, tenía ideas de referencia, la biblioteca era un sitio tranquilo, si trabajara bregando con público en una iglesia podría ocurrir-le lo mismo.

Este testimonio unido al hecho de que con anterioridad a su empleo en la biblioteca había estado recluido en el Hospital de Veteranos para tratamiento por su condición de esqui-zofrenia crónica, nos llevan a concluir que al recurrido no se le agravó su condición por el empleo, sino que la fase activa en que se encuentran los síntomas de su condición es parte del curso normal de su enfermedad.

El principio de liberalidad que permea la interpretación de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo debe ser aplicado únicamente cuando existe duda razonable sobre la relación causal. El testimonio del perito psiquiatra no fue suficiente para crear esa duda razonable.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.


author: EL Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Carmen Guadalupe Viera, demandante y peticionaria, v. John Morell, demandado y recurrido.

      Número: O-83-367

      Resuelto: 27 de diciembre de 1983

      Luis R. Torres, abogado de la peticionaria; Ismael Cuevas Veláz-quez, abogado del recurrido.
   EL Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

En un incidente para el cobro de pensiones alimenticias atrasadas impuestas al padre de unos menores, éste invocó y el tribunal de instancia le reconoció el derecho a descontar de lo adeudado determinados pagos hechos por él en relación con gastos extraordinarios para beneficio de los menores. La madre de los menores, promovente en instancia del incidente, ha recurrido ante nos. Plantea que no proce-dían dichos descuentos y que erró, además, el tribunal, al negarse a trasladar el caso a la sala en cuya demarcación geográfica residen los menores. En cuanto al traslado, no tiene razón. Aparte de que fue tardío su planteamiento —lo hizo después de dictada la resolución sobre alimentos— re-solvemos que el lugar de la residencia de los menores no es por sí solo determinante de a qué sala corresponde inter-venir en el asunto, debiendo considerarse, a tal efecto, la totalidad de las circunstancias pertinentes al logro de la más pronta, económica y justa decisión. En cuanto a permitir los descuentos erró el tribunal de instancia pues, tratándose de una pensión alimenticia impuesta por el tribunal a un padre que no tiene la patria potestad y custodia sobre los menores, no puede dejarse a su arbitrio la decisión de a qué gastos debe aplicarse la pensión ni la forma de satisfacerla.

I — I

Los hechos

En el matrimonio que existió entre la Sra. Carmen Guadalupe Viera y el Sr. John Morell se procrearon tres hijos, un varón y dos hembras, que para la fecha en que se inició la acción que aquí nos ocupa —5 de enero de 1983— contaban diez y nueve años el varón, y catorce y doce años de edad, respectivamente, las dos niñas. Decretado el divorcio entre dichos cónyuges por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, se concedió a la madre demandante la custodia y patria potestad sobre los tres hijos, y se dispuso que el padre (demandado) pasaría para dichos menores una pensión ali-menticia de $400 mensuales, más tarde rebajada a $300 mensuales.

El 5 de enero de 1983 la demandante presentó moción ante la sala sentenciadora en que alegó que el padre adeu-daba $8,000 por concepto de atrasos en el pago de la pensión y solicitó se le declarara incurso en desacato. El padre com-pareció y aceptó que un cómputo hecho a partir del 29 de mayo de 1982, fecha en que se estipuló una determinada cantidad como adeudada, arroja un balance a la fecha de la moción de $8,600, pero opuso que a dicha suma debían acre-ditársele pagos hechos por él por concepto de tratamiento dental a una de las hijas; matrícula y gastos escolares, para ambas; honorarios de abogado que pagó por el hijo en relación con un asunto judicial en que se vio afectado; costo de tres vehículos de motor que en diferentes fechas propor-cionó a éste; y pagos hechos a la abuela paterna de los niños por gastos por ella incurridos para alimentación, ropa y otros, para beneficio de los menores.

Luego de dar audiencia a las partes el 6 de abril de 1983 y recibir las pruebas que tuvieron a bien aportar, el tribunal concluyó que los pagos hechos por el padre por los expresa-dos conceptos deben deducirse del balance adeudado; acreditó $1,200 que éste había consignado, y falló que se encuentra al día en el pago de la pensión. En consecuencia, desestimó la moción de desacato en corte abierta. Contra esta decisión, y la negativa del tribunal a trasladar el caso a la Sala de Humacao, dentro de cuya demarcación territorial residen en la actualidad los menores —petición hecha por moción de 4 de mayo de 1983 — , la demandante ha recurrido mediante solicitud de certiorari.

Argumenta ante nos la peticionaria que los siguientes descuentos o créditos autorizados por el tribunal recurrido son improcedentes: $1,440 pagados por el demandante por tratamiento dental a una hija; $2,400 por pagos de matrícula y otros gastos escolares; $700 de honorarios de abogado satis-fechos en relación con un caso en que se vió afectado el hijo; $4,600 invertidos en la compra de tres automóviles para dicho hijo; $1,500 pagados a una tercera persona como indemnización por daños ocasionados por el hijo en un acci-dente; $1,800 rembolsados a la abuela paterna de los menores por gastos incurridos por ella en alimentación, ropa y otros similares para los menores.

Por resolución de 23 de junio de 1983 requerimos del demandado recurrido que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y modificar la resolución recurrida para limitar los descuentos a las partidas por con-cepto de gastos dentales y reembolsos hechos a la abuela de los menores. Hemos considerado detenidamente los argu-mentos del recurrido en su escrito sobre mostración de causa, hemos examinado igualmente los autos originales, y estamos en condiciones de resolver.

HH I — I

La cuestión del traslado

Dispondremos en primer lugar de lo relativo al traslado. Aparte de que el incidente sobre alimentos fue promovido por la demandante y madre de los niños ante la sala de instancia, habiéndose sometido con ello a su competencia, su solicitud fue tardía. Fue presentada después de la audiencia en que las partes adujeron sus pruebas y después de haber recaído resolución sobre el incidente de desacato. Esto bastaría para mantener la decisión del tribunal de instancia. Empero, parece oportuno que consideremos el tema con algún detenimiento.

De conformidad con la Regla 3.4 de Procedimiento Civil, en los casos de reclamación de alimentos “el pleito se trami-tará en la sección o sala correspondiente a la residencia del demandante”. Cabe señalar que aquí no se trataba de la tramitación de un pleito sobre alimentos y sí de un incidente para hacer cumplir la disposición sobre alimentos para los menores tomada al dictarse sentencia de divorcio entre sus padres. Véase Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se unieron cinco magistrados de este Tribunal en que reafirmamos, págs. 360-361, que es “principio, en divorcio y sus acciones derivadas de alimentos y custodia, de que la corte que originalmente adqui[ere] jurisdicción sobre las partes la retiene para ulteriores providencias, sin que para ello sea necesaria la residencia continua dentro de su territorio o demarcación”.

Independientemente de que así sea, la residencia de los menores no puede considerarse como el único factor deter-minante de qué sala es la competente. La razón de la dispo-sición de la Regla 3.4, que hemos citado, cuya procedencia la hallamos en el Art. 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 407, según enmendado por la Ley Núm. 16 de 21 de abril de 1954, fue expresada en Millán Rivera v. Solís Lazú, 85 D.P.R. 478, 482 (1962). Allí señalamos que la enmienda del 1954 al mencionado Art. 81 restauró el anterior concepto de la sede territorial para el caso especial de alimentos de menores por estar ello revestido de “un alto interés público”.

Ese interés público no puede ser otro que el de pro-veer para la litigación de estas acciones el foro más conveniente al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y la economía en el trámite. El lugar de la residencia de los menores es, como regla general, el más conveniente desde estos puntos de vista. No lo es, sin embargo, en el caso de autos. Veamos.

La única circunstancia que relaciona a los menores con Humacao es el hecho de residir en una urbanización en dicho municipio. Frente a ese hecho aislado están los siguientes, según surgen de los autos ante nos: las niñas estudian en un colegio privado en Caguas; el dentista que las atiende tiene su consultorio en Caguas; su señora madre se dedica a la venta de automóviles en un comercio conocido por Miniauto radicado en Caguas; en Caguas se divorciaron sus padres y allí se ha tramitado todo lo relacionado con el pago de la pensión alimenticia, sin objeción, hasta que recayó la resolución objeto del presente recurso. Añádase a esto que Caguas y Humacao se conectan por una moderna autopista que permite que una persona pueda desplazarse de una ciudad a la otra en cuestión de minutos. Y nótese que el abogado que representa a los menores ante el tribunal de instancia y ante nos, tiene sus oficinas en Hato Rey, mucho más distante de Humacao que de Caguas. Todas estas cir-cunstancias demuestran que se cumple mejor el propósito legislativo de rapidez y economía manteniendo todo el trámite en Caguas. Trasladarlo a Humacao satisfaría la letra de la Regla 3.4, pero violaría su claro propósito. Resol-vemos, por tanto, que la determinación de cuál ha de ser la sala competente para ventilar una cuestión de alimentos debe depender, además del lugar de residencia del alimen-tista, de todos los factores que en un balance de convenien-cias aseguren la más pronta y económica tramitación del asunto.

III

A. Concepto de los alimentos

La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos tiene dos bases estatutarias. La primera es parte del contenido jurídico del ejercicio de la patria potestad y emana del Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 601.() M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. IV, pág. 17; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V, pág. 504; V. Colón Rodríguez, La institución de alimentos ante una nueva política pública del Estado, 42 Rev. Jur U.P.R. 305 (1973).

La otra base estatutaria de la obligación alimenticia surge del Art. 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 562, () que es parte del articulado que regula lo concerniente a ali-mentos entre parientes. Se percibe con toda claridad que la obligación del alimentante que emana de estas disposiciones, en lo que respecta a un hijo suyo sobre el cual no tiene la patria potestad, surge y opera de manera distinta a cuando la tiene.

En el caso del Art. 153, es decir, la obligación alimenticia que emana del ejercicio de la patria potestad, se parte del supuesto de que el alimentista menor de edad está bajo la custodia del padre que ejerce sobre él la patria potestad, o de ambos si están casados entre sí.() Como señala Beltrán de Heredia, () no se trata estrictamente de una obli-gación alimenticia independiente o autónoma, sino que está incorporada al conjunto más amplio de deberes y dere-chos que representa la patria potestad, entre los cuales se encuentra el deber de convivir con los hijos, alimentarlos en su mesa, educarlos, guiarlos y representarlos. Este deber de alimentación, ínsito a la patria potestad, no depende de un estado de necesidad del hijo, pues éste incluso podría tener bienes suficientes para su sostenimiento y aún tener derecho a ser alimentado por sus padres con patria potestad, sino que se basa en el hecho mismo de la generación. ()

La obligación alimenticia que surge del Art. 143 se refiere al caso del padre o de la madre de hijos no emancipados que no viven en su compañía y sobre los cuales no tiene la patria potestad, y a hijos y otros parientes, no importa su edad, que tengan necesidad de alimentos, y siempre que el alimentante cuente con recursos para proveerlos. A diferencia de la obligación bajo el ejercicio de la patria potestad, el deber de proveer alimentos bajo el articulado del Código que regula los alimentos entre parientes 142 al 151 (31 L.P.R.A. sees. 561 a 570)— se basa en el estado de necesidad del hijo y depende de la condición económica del padre alimentante. Se distingue, además, en que la obligación es exigible cuando se demuestra la necesidad de alimentos del hijo y son reclamados judicialmente. Art. 147 (31 L.P.R.A. see. 566).

El concepto de alimentos, según los define el Art. 142 (31 L.P.R.A. see. 561), incluye todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Comprende, además, la educación del alimentista, cuando es menor de edad. Esta enumeración que hace el Código cubre todas las necesidades básicas de un ser humano, tanto físicas como intelectuales. En el aspecto de educación e instrucción la duración de la obligación se ha limitado a la minoridad del alimentista, pero los tratadistas están de acuerdo en que los términos del Código no pueden entenderse en sentido tan absoluto y restringido de modo que si éste se ha iniciado en un oficio o carrera durante la minoridad, tiene derecho a exigir que el alimentante le provea los medios para terminarlo, aun después de haber llegado a la mayoridad. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 791; Puig Peña, op. cit., T. V, pág. 501.

El concepto de alimentos cubre también los honorarios de abogado de los menores en una acción para reclamar alimentos, sin que sea necesario que el demandado actúe con temeridad al defenderse de la reclamación. Conesa v. Corte, 72 D.P.R. 68 (1951); Valdés v. Tribunal de Distrito, 67 D.P.R. 310 (1947).

La determinación de la cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio de los tribunales, teniendo en cuenta que haya proporción entre el estado de necesidad del alimentista y la posibilidad económica del alimentante. Art. 146 (31 L.P.R.A. see. 565). Este principio de proporcionalidad responde a que la definición de alimentos del Art. 142 toma en consideración la posición social de la familia. Como consecuencia de este requisito de proporcionalidad la cuantía de los alimentos será aumentada o reducida a medida que aumenten o disminuyan ambos factores. Art. 146 (31 L.P.R.A. see. 565); Falcón v. Cruz, 67 D.P.R. 530 (1947). El estado de necesidad no implica absoluta indigencia, sino que basta que lo sea en relación con sus condiciones perso-nales y sociales. () La determinación de la posibilidad econó-mica del alimentante se hará tomando en consideración los medios de que disponga luego de atender su propio sosteni-miento. Algunos tratadistas opinan que en el caso de la estricta obligación alimenticia, la que surge bajo el Art. 143, el llamado a suministrar los alimentos no está obligado a trabajar para ponerse en condiciones de administrarlos, pero sí está obligado a hacerlo cuando se trata de las obliga-ciones alimenticias que surgen como efecto personal de la patria potestad y del deber de los cónyuges de socorrerse mutuamente. ()

B. Modo de satisfacer los alimentos

Con estas consideraciones en mente, veamos la situación del caso ante nos. Aquí se trata de una pensión alimenticia en la cantidad de $300 mensuales impuesta al padre de tres menores de edad no emancipados, que están bajo la patria potestad y custodia de la madre. La obligación del padre está aquí enmarcada en el Art. 143 del Código Civil. No está ante nuestra consideración la suficiencia de la pensión.

El padre ha dejado de satisfacer los $300 mensuales, acumulándose un atraso de más de $8,000. Reclama que a esa suma deben acreditarse los pagos hechos por él, relacionados en la parte I de esta opinión. Aceptar esta proposición obligaría a apartarnos del principio cardinal de necesidad del alimentista como base de la pensión y sería contrario al mantenimiento de un debido orden en el cumplimiento de la obligación alimenticia. El alimentante no puede escoger, a su propio arbitrio, la manera como se ha de distribuir entre sus hijos la pensión impuesta para los tres, ni puede a su discreción decidir la manera de satisfacerla.

Con excepción de los pagos hechos para matrícula y gas-tos escolares ($225), y los reembolsos hechos a la abuela paterna de los menores por gastos de alimentación y ropa ($1,800), los demás gastos son de naturaleza extraordinaria y no hallamos base en los autos para justificar su necesidad. Es posible que fuera necesario incurrir en $1,440 para tra-tamiento de ortodoncia a una de las hijas, pero ese gasto no puede imputarse a la pensión de $300 mensuales en detri-mento de la, obligación alimenticia para los otros hijos. Tam-poco hay justificación en los autos para gastos de cerca de $5,000 para automóviles para el hijo de diecinueve años, ni pueden imputarse a la pensión de los tres hijos esos gastos hechos a favor del hijo mayor, ni los $700 de honorarios de abogado satisfechos en un pleito en que éste fue parte o los $1,500 pagados a un tercero por daños causados por el hijo.

La pensión alimenticia ha de satisfacerse en la cantidad dispuesta por el tribunal, sin descuentos hechos a voluntad del alimentante. De otra manera se causaría un efecto detrimental en la planificación del presupuesto familiar que debe hacer en este caso la madre para atender adecuada y equitativamente las necesidades de los tres menores. Sólo cuando haya mediado acuerdo previo y la autorización del tribunal podrá el alimentante descontar del monto de la pensión aquellas cantidades de dinero que gaste para beneficio de los menores.

No podemos pasar por alto que en la vida de los hijos surgen necesidades imprevistas, algunas de las cuales hay que atender con premura. En esos casos la pensión alimenticia puede no ser suficiente para costear esas necesidades. Recurrir al trámite judicial para que se provea un remedio podría en algunos casos resultar tardío. El gasto extraordinario que en tal caso pueda incurrir el alimentante podría ser objeto de consideración por el tribunal para un reajuste de la pensión, si es que dicho gasto ha afectado su capacidad económica para proveer la pensión. Cada caso deberá atenderse conforme a sus particulares hechos y circunstancias.

Advertimos que en el caso de autos tanto el padre como la madre de los menores trabajan y producen ingresos suficientes para sostener y educar a sus hijos. Si los pagos hechos por el padre y reclamados por él fueron necesarios, no deben imputarse a la pensión dispuesta por el tribunal, mas podrían constituir un crédito contra la madre de los menores. Ambos padres deben compartir esos gastos extraordinarios en proporción a sus respectivos medios de fortuna. Por otro lado, cada padre es dueño de su libérrima voluntad de incurrir en gastos extraordinarios para uno o más hijos, aunque no sean necesarios. Éstos, por supuesto, no pueden afectar el patrimonio del otro padre y mucho menos la pensión alimenticia de los hijos.

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Conclusión

Por los fundamentos expresados, se expedirá el auto soli-citado, se dejará sin efecto la resolución recurrida en cuanto dispuso que se acreditaran a lo adeudado por concepto de la pensión alimenticia los pagos reclamados por el demandado, y se dispondrá que previa audiencia a las partes en que pue-dan aportar las pruebas que a bien tuvieren, se determine cuáles de dichos gastos incurridos por el demandado fueron necesarios y en cuanto a éstos, la proporción en que debió con-tribuir a dichos gastos la demandante aquí peticionaria. Mientras tanto el demandado deberá continuar pagando, a través de la Secretaría del Tribunal Superior, Sala de Caguas, sin descuentos ni deducciones, la cantidad de $300 mensuales dispuesta como pensión alimenticia para sus hijos, y $1,000 para honorarios de abogado de éstos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      (1) Dice así:
      “See. 601. Facultades y deberes de los padres

      “El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:
      “1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
      “2. La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.”

      (2) Este artículo, según enmendado por la Ley Núm. 5 de 11 de septiembre de 1979, pág. 1007, L.P.R., 1979, dice:
      “Artículo 143.—
      “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
      “1. Los cónyuges.
      “2. Los ascendientes y descendientes.
      “3. El adoptante y el adoptado y sus descendientes.
      “Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean uterinos, consanguí-neos o adoptivos los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra causa que no sea imputable ai alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.”
      El artículo a que se refiere como el precedente, es decir, el 142 (31 L.P.R.A. see. 561), define lo que son alimentos así:
      “See. 561. Alimentos, definición de

      “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habi-tación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.
      “Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.”

      (3) Recuérdese que a partir del 2 de junio de 1976 en que se enmendó el Art. 152 del Código Civil —Ley Núm. 99 de esa fecha— la patria potestad sobre los hijos no emancipados corresponde a ambos padres conjuntamente.

      (4)P. Beltrán de Heredia, La obligación legal de alimentos entre parientes, Salamanca, Eds. Anaya, 1958, T. III, Núm. 3, págs. 16-17. Véase, además, López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594 (1976).

      (5) Valga señalar, de paso, que disuelto por divorcio el matrimonio entre los padres del hijo no emancipado, la patria potestad y custodia han de adjudicarse al padre o a la madre, según lo determine el tribunal en su sentencia de divorcio, pero no a ambos. Así se desprende del Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 383, según enmendado por la Ley Núm. 100 de 2 de junio de 1976. Supone este artículo que la patria potestad y la custodia deben corresponder ambas a uno solo de los cónyuges una vez se decreta el divorcio. Esta interpretación armoniza el texto del Art. 107 con el del Art. 164 (31 L.P.R.A. see. 632), enmendado por la Ley Núm. 99 de esa misma fecha (2 de junio de 1976). El padre del hijo no emancipado a quien el tribunal otorgue la patria potestad y la custodia, las perderá si voluntariamente le abandonare por un período mayor de seis meses, debiendo seguirse para ello el procedimiento establecido en dicho Art. 164.

      (6)Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 37.

      (7) Beltrán de Heredia, op. cit., págs. 39-40.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Gayle Julsrud, etc., demandantes y recurridos, v. Peche de Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-83-421

      Resuelto: 28 de diciembre de 1983

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de la parte recurrente; Federico Calaf Legrand, de Reichard, Colberg & Calaf, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

G. Julsrud y J. Avalo, quienes hacen negocios como San Juan, Ltd. (la compradora), se dedican a suplir provisiones a barcos de turismo que visitan el puerto de San Juan. El 12 de agosto de 1981 San Juan, Ltd. compró a Peche de Puerto Rico, Inc. (la vendedora) ochocientas cincuenta libras de rabo de langosta para cumplir una orden recibida del buque Mardi Gras. La entrega se efectuó el mismo día, alrededor de las cinco de la tarde. La compradora se dirigió de inme-diato al muelle, donde arribó entre las 5:30 y las 5:45 p.m. Los oficiales del buque inspeccionaron la langosta, que estaba congelada, y la colocaron en su frigorífico.

Al día siguiente, en alta mar, el personal de cocina del barco puso a descongelar quinientas libras de la langosta adquirida en San Juan. Al tiempo comenzó a percibirse un fuerte olor a amoniaco proveniente de los rabos. El personal resolvió que estos no eran aptos para el consumo humano y los lanzaron al mar. El resto de la langosta fue trasbordado a otro buque en Miami, al igual que el Mardi Gras, operado por Seachest Associates. Seachest informó el 16 de agosto de 1981 a su suplidora San Juan, Ltd. lo ocurrido y le expresó que el balance de la mercancía llegaría a San Juan el 19 de agosto.

El 17 de agosto San Juan, Ltd. notificó el suceso al gerente de la vendedora y solicitó su presencia en el muelle para recibir el cargamento.

El 19 de agosto de 1981 llegó a San Juan el cargamento restante de los rabos de langosta. Un técnico avisado por la compradora, San Juan, Ltd., director de Langeton Laboratories, Inc., firma especializada en el análisis de productos alimenticios, examinó preliminarmente la langosta, la transportó a su laboratorio y concluyó, al día siguiente, que el producto se encontraba en la etapa inicial de descompo-sición.

El tribunal de instancia determinó que cuando la lan-gosta está congelada es imposible constatar su estado. Tras evaluar la prueba presentada resolvió, además, que la mer-cancía fue entregada por la vendedora a la compradora cuando se encontraba en el proceso inicial de descompo-sición.

Seachest no satisfizo a San Juan, Ltd. el precio de la mercancía averiada. El 24 de noviembre de 1981 San Juan, Ltd. demandó a la vendedora Peche de Puerto Rico. La vendedora alegó, entre otras defensas, que la acción estaba prescrita. El tribunal falló a favor de la compradora demandante y decretó la rescisión del contrato. La vende-dora ha acudido en alzada ante nos. Su argumento central gira en torno a la prescripción, aunque también ataca la apreciación de la prueba. Acordamos revisar. El caso plan-tea cuestiones importantes sobre la diferencia entre los defectos de calidad o cantidad y los vicios internos, así como sobre la naturaleza de los plazos de denuncia y prescripción aplicables.

1. La naturaleza de la venta

La compraventa realizada en este caso es de índole mercantil. El Art. 243 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1701, expresa que será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas con fines de lucro. Waterman Export Corp. v. Valdejulli, 88 D.P.R. 499, 503-504 (1963). En el análisis de este caso nos atendremos primeramente a lo dispuesto en el Código de Comercio o en leyes especiales y, en ausencia de disposición pertinente en tales cuerpos, a lo provisto en el Código Civil.

2. La índole del vicio

El Art. 263 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1721, dispone que en toda venta mercantil el vendedor queda obligado a la evicción y saneamiento en favor del comprador, salvo pacto en contrario. Los Arts. 254 y 260 (10 L.P.R.A. sees. 1712 y 1718) reglamentan parcialmente las acciones que nacen de tal obligación.

El Art. 254 dispone:

El comprador que, al tiempo de recibir las mercaderías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
El comprador tendrá el derecho de repetir contra el ven-dedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
En estos casos, podrá el comprador optar por la rescición [sic] del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo con-venido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado por los defectos o faltas.
El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.

El Art. 260 provee a su vez:

El comprador que no haya hecho reclamación alguna fun-dada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor.

Corresponde precisar cuál de estos dos artículos, si alguno, rige el caso presente.

La primera distinción a considerar es la existente entre cosa diversa (aliud) y cosa viciada. Cuando se entrega una cosa específica distinta de la pactada opera la figura de la cosa diversa, del aliud pro alio, lo que da margen a que el comprador pueda ejercer la acción de incumplimiento de contrato dentro del ancho plazo prescriptivo correspondiente. () Cuando se entrega la misma cosa requerida, aunque ésta presente vicios o defectos, el vendedor ha cumplido su obligación de proveer la cosa ordenada. Se trata entonces de la entrega de cosa viciada y las acciones disponibles son las edilicias —la acción redhibitoria o la de quanti minoris — , las que tienen vida mucho más corta que la de incumplimiento de contrato. J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Rev. Der. Mercantil, 1963, T. III, Yol. I, págs. 268-270. El caso de autos versa sobre la entrega de cosa viciada.

La segunda operación estriba en diferenciar entre los defectos de cantidad o calidad a que alude el Art. 254 y los vicios internos a que se refiere el Art. 260 del Código de Comercio.

Esta diferencia es antigua. Los Arts. 254 y 260 de nuestro Código de Comercio calcan los Arts. 336 y 342 del Código de Comercio español de 1885. El Código de Comercio español de 1829 reconocía también la diferencia en sus Arts. 370 y 371. Según Garrigues, el Art. 336 se aplica en el caso de vicios manifiestos y el 342, en el de vicios ocultos. Como el Código de Comercio no abunda en la diferencia, debe acudirse al Art. 1484 del Código Civil, equivalente al 1373 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 3841. Las diferencias de calidad son inherentes a la naturaleza de la mercancía, son diferencias básicas sobre su composición, sobre la índole de algún rasgo característico de la cosa, tales como diferencias de tejido, fibra, color, diseño, procedencia o carácter de las materias primas. El vicio oculto es el que escapa a la observación de una persona de diligencia media, el inherente al modo imperfecto en que la mercancía fue fabricada, embalada, manejada o custodiada, el que convierte en impropia la cosa para el uso a que ha de destinársele. Garrigues, supra, págs. 270-285.

Langle Rubio reconoce, al igual que Garrigues, que el concepto de vicio puede causar diferencias de criterio, “pero es llano que se trata de cualquiera anormalidad o imperfec-ción de la cosa misma, no al compararla con otra mejor, sino al estimarla en su propia individualidad, como perjudicial para el uso ordinario de ella, o como inferior a su natural estado, tenido en cuenta al contratar”. E. Langle Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. III, pág. 160.

Gay de Montellá se manifiesta en forma análoga cuando afirma que:

Entendemos por vicios internos aquellos que no pueden des-cubrirse a primera vista, ni tan solamente mediante un dete-nido examen, sea porque no aparezcan súbitamente, sea porque hayan pasado desapercibidos por haber sido ocultados cuidadosamente. Caracteriza a estos vicios internos de la cosa vendida que su causa se halla en la misma cosa, la cual, no siendo discernible con la sola inspección o examen superficial, son descubribles sólo mediante el análisis o la descomposición de la misma cosa.

R. Gay de Montellá, Código de Comercio Español, 2da ed. Barcelona, Ed. Bosch, 1948, T. Ill, Vol. 1, pág. 208. Véase, además, F. Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mer-cantil, 5ta ed., Valladolid, Ed. Clares, 1976, pág. 386.()

En el caso de autos, según las determinaciones de hecho del tribunal de instancia, el vicio no era manifiesto. El estado de descomposición de los rabos de langosta no podía precisarse antes de su descongelación. En el caso de ciertos artículos comestibles, el hecho de que la mercancía esté averiada puede descubrirse a simple vista. Schluter v. Fernández, 30 D.P.R. 123 (1922). Aquí no. El vicio era oculto o interno, escapaba a la observación de una persona de diligencia media. Se trataba de una imperfección de la cosa misma, producto a todas luces de un cuido inadecuado. () El artículo a aplicar es el 260 del Código de Comercio.

3. El significado del Art. 260 del Código de Comercio. Los términos prescriptivos aplicables a la compraventa mer-cantil de cosas afectadas por vicios internos

Nos hemos referido al alcance del Art. 260, antes trans-crito, en lo que se refiere al sentido de la frase “vicios inter-nos”. Corresponde precisar ahora el significado de la voz “reclamación”, a los fines de determinar la función de los treinta días a que alude el artículo. Se recordará que el Art. 260 exige que toda “reclamación” fundada en los vicios internos de la cosa vendida se haga “dentro de los treinta días siguientes a su entrega”. En el caso de autos, la com-pradora notificó por primera vez a la vendedora la existen-cia del vicio cinco días después de la entrega, pero no entabló demanda hasta tres meses, nueve días después de la transac-ción. La acción estaría prescrita si por “reclamación” se entendiese que debe incoarse demanda en corte dentro de un plazo de caducidad de treinta días.

La jurisprudencia española está dividida sobre esta cues-tión. Un número de sentencias sostiene que la acción prescribe de no acudirse a los tribunales dentro de los treinta días de la entrega. S. Núm. 156 de 6 de julio de 1915, Núm. 77 de 3 de marzo de 1919, Núm. 42 de 27 de mayo de 1926, Núm. 157 de 15 de julio de 1926, Núm. 27 de 3 de febrero de 1928, Núm. 146 de 21 de febrero de 1957 y Núm. 124 de 24 de abril de 1958. En otras se ha resuelto que. el término de treinta días es un plazo de denuncia, que la reclamación no tiene que formularse judicialmente, que cualquier tipo de notificación basta y que la acción por vicios internos no prescribe hasta los seis meses a contar desde la entrega. S. Núm. 36 de 28 de junio de 1946, Núm. 11 de 9 de marzo de 1948, Núm 76 de 2 de diciembre de 1954, Núm. 3 de 3 de enero de 1957, Núm. 2744 de 16 de junio de 1972.

Lo anterior revela que no existe en España jurispruden-cia constante o pacífica sobre el particular. A poco que se adentre el investigador en la jurisprudencia favorable a la posición de que debe acudirse al foro judicial dentro de los treinta días siguientes a la entrega, se topa con una circuns-tancia especial actualmente ausente de nuestro ordena-miento jurídico. En España sigue vigente hoy, contrario a Puerto Rico, el Art. 2.127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, el cual dispone, en parte:

Cuando proceda hacer constar el estado, calidad o cantidad de los géneros recibidos, o de los bultos que los contengan, con-forme a lo dispuesto en los artículos 219, 362 y párrafo segundo del 370 del Código, y demás casos análogos, el intere-sado acudirá al Juez en solicitud de que ordene se extienda diligencia expresiva de aquellas circunstancias, y si fuere necesario nombre perito que reconozca los géneros o bultos.

Las sentencias que entienden que la reclamación a efec-tuarse entraña una comparecencia judicial, se apoyan prin-cipalmente en el argumento de que el Art. 342 del Código de Comercio español es uno de los “casos análogos” a que se refiere el Art. 2.127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En estricto análisis, la primera corriente jurisprudencial citada exige que se cumpla con la especie de antejuicio estipulado en el Art. 2.127, no que se entable la acción judicial ordina-ria dentro de los treinta días siguientes a la entrega de la cosa viciada.

Derogada en Puerto Rico la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hallamos que tiene mayor valor persuasivo la co-rriente que concibe el término de treinta días como un plazo de denuncia. En la propia España, a pesar de la continuada vigencia del Art. 2.127 y en contraste con la división exis-tente en la jurisprudencia, la doctrina es virtualmente unánime en cuanto a catalogar los treinta días como un plazo de denuncia. Garrigues ha escrito:

No puede negarse, sin embargo, que el hacer intervenir a los Tribunales de Justicia, bien que sea en un acto de jurisdic-ción voluntaria, cada vez que un comprador quiera reclamar por defectos de la cosa comprada, es un sistema excesivo y que se traduce en una innecesaria paralización del tráfico de buena fe. Sólo cuando el vendedor se niegue a prestar atención a las reclamaciones del comprador es lógico que éste acuda a los Tribunales. Mas ningún comprador de buena fe estará constantemente acudiendo a ellos antes de saber cuál es la pos-tura del vendedor.

Garrigues, ante, págs. 281-282. Al mismo efecto: Lángle Rubio, op. cit, pág. 161. R. Uría, Derecho Mercantil, lima ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1976, págs. 480-481; F. Sánchez Calero, op. cit., págs. 386-387; F. Sánchez Calero, Los vicios ocultos y el ejercicio de las acciones que de ellos derivan en la compraventa mercantil, 21 Rev. Der. Mercantil 447, ^63-464, 467 et seq. (1956); F. Sánchez Calero, Denuncia de los vicios y examen de la cosa en la compraventa mercantil, 12 An. Der. Civ. 1191, 1193 et seq. (1959). Gay .de Montellá, op. cit., pág. 209, es el único autor que hemos hallado favorece-dor de una tesis distinta, mas ésta se apoya en el Art. 2.127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Conforme la doctrina mayoritaria citada, el término de treinta días representa un plazo de denuncia, mas este plazo es de caducidad o decadencia. La denuncia no tiene que cumplir requisito alguno de forma, pero debe hacerse indefectiblemente dentro de los treinta días siguientes a la entrega. () Si se efectúa la denuncia a tiempo, el plazo prescriptivo para deducir la acción judicial es el de seis meses dispuesto por el Código Civil para las acciones edilicias. ()

Adoptamos estas normas para la interpretación del Art. 260 de nuestro Código de Comercio, copia del Art. 342 español que las produjo. No se nos ha demostrado que la seguridad del tráfico mercantil en Puerto Rico, los usos de la plaza, las reglas de otras jurisdicciones civilistas u otros valores o realidades, exijan una conclusión distinta. Por el contrario, otras jurisdicciones civilistas rehuyen fijar tajan-temente un plazo tan corto como el de treinta días a partir de la entrega, como término fatal para el ejercicio de la acción judicial en estos casos. Desde comienzos del siglo XIX en Francia, el Código Civil (Art. 1648; el Código de Comer-cio guarda silencio sobre el particular) dispone que el plazo debe ser “breve”. Los tribunales fijan el término, en ausencia de convenio de las partes o uso del lugar, según las circuns-tancias específicas de cada caso. Encyclopédie Dalloz, Paris, T. VII, 1976, Vente (Obligations du vendeur), pár. 505. El plazo varía considerablemente, aunque se trate de la misma clase de mercancía. En el caso de los automóviles, por ejem-plo, términos de un año, veinte meses y aun dos años se han considerado comprendidos dentro de la frase “breve plazo”. Pár. 506. Distinto al derecho español, el término no comienza a contar desde la entrega de la cosa, sino del descubrimiento del vicio. Pár. 508

En Italia, se fija un plazo de denuncia de ocho días, pero a partir del descubrimiento del vicio. La acción judicial prescribe al año. Greco y Cottino, op. cit., págs. 232-238. En Portugal, el plazo de denuncia es de treinta días a partir del conocimiento del defecto. La acción judicial tiene que inter-ponerse dentro de los seis meses siguientes a la entrega. F. Andrade Pires De Lima y J. De Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, Coimbra Ed., 1968, Vol. II, Art. 916, pág. 159. En Suiza, el comprador debe avisar al vendedor sin tardanza después de descubrir el defecto. La acción judicial prescribe al año de la entrega. Scyboz y Gi-lliéron, Code Civil Suisse et Code des Obligations, Lausanne, Ed. Payot Lausanne, 1972, Arts. 201 y 210 del Code des Obligations.

Un número de casos en Puerto Rico permite en situaciones análogas a la presente, que el comprador recobre, aunque incumpla con los plazos de los Arts. 254 y 260 del Código de Comercio. Booth Pack. Co. v. Sobrino y Hno., 34 D.P.R. 15 (1925); Bay Shoe Co. v. Muñiz, 43 D.P.R. 352 (1932); Díaz v. Viejo, 54 D.P.R. 825 (1939). El argumento empleado en estas sentencias fue que, por servirse mer-cancía inidónea o de calidad inferior, se trataba de contratos sin causa que en momento alguno obligaron al comprador. Esta teoría, en la forma expuesta, tiene un efecto devasta-dor, ya que enerva los Arts. 254 y 260 del Código de Comer-cio. La teoría, para la cual no hemos hallado autoridad alguna que la apoye, se funda a todas luces en una visión equivocada de la causa y los efectos de su ausencia en situa-ciones como la actual. Según señala Manresa, no debe con-fundirse el concepto de causa con la infracción de lo pactado. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 621-622. La constatación de un vicio oculto anula la causa, pero a lo que esto da lugar es a las acciones de saneamiento, no a que el comprador quede libre de incumplir los requisitos de éstas. Manresa, op. cit, T. X, Vol. 1, 1969, pág. 272. No puede esquivarse el plazo de denuncia exigido por el Art. 260 cuando existan vicios internos, mediante el señalamiento especioso de que, debido a la infracción representada por ellos, se ha desplomado la causa. Son tales vicios y tal des-plome los que precisamente activan el Art. 260 del Código de Comercio. Se revocan pro tanto Booth Pack. Co., Bay Shoe Co. y Díaz, supra, en lo que respecta a este particular.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

      (1) Es innecesario, dados los hechos de este caso, expresarnos sobre la proceden-cia de los plazos de denuncia, en la situación del aliud, o analizar la difícil situación residíante cuando la cosa diversa vendida es de orden genérico. Véase: J. Garri-gues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Rev. Der. Mercantil, 1963, T. III, Vol. I, pág. 5.

      (2) Algunos códigos modernos evitan las dificultades del derecho español deriva-das de las clasificaciones descritas mediante el tratamiento uniforme de los vicios internos y los defectos de cantidad o calidad. Art. 1490 del Código Civil italiano. P. Greco y G. Cottino, Della Vendita (parte de A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile), Roma, Soc. Ed. Foro Italiano, 1970, pág. 185; F. Andrade Pires De Lima y J. De Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, Coimbra Ed., 1968, Vol. II, Art. 916, págs. 158-159.

      (3) La carga de probar, aunque sea circunstancialmente, el vicio y su preexistencia corresponde al comprador. Greco y Cottino, op. cit., pág. 203. Sobre otros aspectos del problema, véase: G. Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, 3ra ed., Torino, Unione Tip — Ed. Torinese, 1972, pág. 679. El tribunal de instancia concluyó en este caso que “la mercancía en cuestión fue entregada a la demandante estando ya en proceso inicial de descomposición”. No hay base en autos para intervenir con la apreciación de la prueba por el juzgador de los hechos.

      (4)E1 significado del término “entrega” no está ante la consideración del tribunal, como tampoco el problema de las compraventas sucesivas. Sobre estos particulares, véase: J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed. rev., Madrid, Imp. Aguirre, 1979, T. 2, pág. 81.

      (5) Antes de la aprobación del Código Civil español, el plazo prescriptivo para la acción redhibitoria era el de seis meses, mas la acción estimatoria no prescribía hasta pasado el año. Fue precisamente el Código de Comercio de 1829 el que unificó por primera vez el término, dentro del ámbito mercantil, en seis meses a partir del descubrimiento del vicio (ahora es desde la entrega, Art. 1379 (31 L.P.R.A. see. 3847)). P. González Huebra, Curso de Derecho Mercantil, 3ra ed., Madrid, Lib. de Sánchez, 1867, págs. 249-250.