text:
    Daisy Vega Lozada y otros, demandantes y recurrentes, v. J. Pérez y Cía., Inc. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-92-370

      Resuelto: 11 de abril de 1994

      Héctor L. Moreno Luna, abogado de los recurrentes; José J. Santiago, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de precisar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo de la acción judicial de daños y perjuicios establecida en el Art. 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 16, para los casos de patronos no asegurados.

J. Pérez & Cía., Inc. (en adelante J. Pérez Inc.) es un patrono que se dedica al negocio de venta de comestibles. Desde 1923 ha mantenido vigente una póliza para cubrir a sus empleados contra accidentes del trabajo con el Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo) y sus organis-mos predecesores. El 10 de junio de 1982 el Fondo, como parte del procedimiento de cobro, envió a J. Pérez Inc. una notificación de cobro de primas de seguro obrero para 1981-1982 y primer semestre de 1982-1983. En la misma le indicó la liquidación final de primas para 1981-1982 y la prima preliminar para 1982-1983. La liquidación final in-cluía un balance adicional de $1,107.51. El 50% de la prima preliminar ascendía a $3,540.75 que, sumados al balance adicional, totalizaban $4,648.26. El Fondo concedió a J. Pérez Inc. hasta el 20 de octubre de 1982 para el pago de la suma referida. Le apercibió de que “la falta de pago total de la prima dentro del término o su prórroga surtirá el efecto de suspender la efectividad de su póliza”. Le conce-dió, además, hasta el 31 de enero de 1983 para el pago del restante 50% de la prima para 1982-1983 ($3,540.75). J. Pérez Inc. no solicitó prórroga para pagar.

El 17 de noviembre de 1982 J. Pérez Inc. envió al Fondo un pago parcial por $3,540.75 y quedó al descubierto un balance adicional de $1,107.51 de la liquidación final para 1981-1982.

El 24 de diciembre de 1982, sin que aún J. Pérez Inc. hubiese pagado el balance adicional de la liquidación final para 1981-1982, Julio E. Franco Piñeiro, empleado de la compañía en cuestión, sufrió un accidente laboral que le ocasionó gravísimas heridas craneales y trauma cerebral severo. Luego de dicho accidente, Franco recibió los corres-pondientes beneficios del Fondo. El 5 de julio de 1985 el Administrador del Fondo le notificó al obrero lesionado su decisión de declarar a J. Pérez Inc. patrono no asegurado en relación con el accidente de 24 de diciembre de 1982.

Esta notificación la recibió Daisy Vega Lozada en su ho-gar mientras su esposo Franco Piñeiro se encontraba inter-nado debido a una condición mental. Con dicha notificación la recurrente se enteró por primera vez de que J. Pérez Inc. era patrono no asegurado al momento en que su esposo sufrió el accidente que produjo su incapacidad. Antes del recibo de dicha notificación, la recurrente no había recibido indicio alguno que la llevara a pensar que J. Pérez Inc. no estaba al día en el pago de las primas de su seguro patronal.

Transcurrido el término legal de treinta (30) días para revisar la decisión del Fondo sin que J. Pérez Inc. apelara de la determinación que le declaró patrono no asegurado, la recurrente presentó una demanda de daños y perjuicios contra J. Pérez Inc. por sí y en representación de su esposo e hijos. El patrono contestó la demanda y alegó como defensas afirmativas que la acción estaba prescrita y que él era un patrono asegurado. Solicitó una sentencia suma-ria a su favor, fundamentada en la defensa de inmunidad patronal. El 6 de febrero de 1992 el tribunal a quo dictó sentencia sumaria a favor del demandado por entender que dicho patrono estaba asegurado al momento del acci-dente y, por lo tanto, inmune a la acción en daños y perjuicios. Dicha sentencia fue notificada el 11 de febrero de 1992. El 26 de febrero de 1992 la parte demandante solicitó su reconsideración. El 28 de febrero de 1992 el tribunal le concedió un término de veinte (20) días a la parte demandada para que replicara a la moción de reconsideración. El 27 de marzo de 1992 el tribunal dictó nueva sentencia mediante la cual desestimó todo el pleito, pero esta vez por el fundamento de prescripción. Esta sen-tencia fue archivada el 1ro de abril de 1992. La parte de-mandante solicitó la reconsideración de esta segunda sen-tencia el 10 de abril de 1992, al igual que determinaciones de hecho y de derecho adicionales. La consideración de dichas mociones fue pospuesta por encontrarse de vacaciones el juez a cargo del caso, según surge de la Orden de 9 de abril de 1992, notificada el 15 abril de 1992. El 10 de julio de 1992 el tribunal acogió las mociones del demandante y concluyó que la acción del obrero y la de sus dos (2) hijos menores no estaba prescrita a tenor del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 254. No obstante, resolvió que la acción de la señora Vega Lozada estaba prescrita. La recurrente no estuvo de acuerdo y oportuna-mente acudió ante nos para solicitar la revisión del dicta-men de instancia. El 9 de octubre de 1992 expedimos el recurso solicitado.

hH i — I

Antes de examinar el planteamiento de la recurrente, procede evaluar un señalamiento jurisdiccional de la recurrida. Ésta alega que la tercera sentencia de instancia, titulada Segunda Resolución de Reconsideración y Senten-cia Sumaria fue emitida sin jurisdicción y que, por lo tanto, la solicitud de revisión presentada ante nos fue radicada fuera de término.

No tiene razón la recurrida. La segunda sentencia de instancia de 27 de marzo de 1992 fue dictada como resul-tado de una moción de reconsideración acogida por el tribunal. Por ello es propiamente una nueva sentencia que sustituyó la primera, al ser revocada ésta expresamente por el tribunal. Surge del texto de dicha segunda sentencia lo siguiente:

El Tribunal luego de tener la oportunidad de revisar más detenidamente los autos del presente caso, toda la documenta-ción sometida, así también como la Sentencia, la Reconsidera-ción y la jurisprudencia aplicable entiende de que la parte de-mandante en este caso le asiste la razón; ha logrado mover la discresión del Tribunal en su Moción de Reconsideración para que el Tribunal revoque su Sentencia Sumaria del día 6 de fe-brero de 1992 por entender que los fundamentos utilizados en la misma estaban incorrectos. (Énfasis suplido.) Apéndice 6 de la Solicitud de revisión, pág. 51.

Por lo tanto, la llamada “segunda” moción de reconside-ración no fue más que una reconsideración de la nueva sentencia, de 27 de marzo de 1992, lo que en derecho procedía. Esta última reconsideración fue presentada y acogida a tiempo y dio lugar a la tercera sentencia de ins-tancia, que es la que está ante nos y respecto a la cual el recurso fue presentado dentro del término jurisdiccional.

Resuelto el planteamiento jurisdiccional, procedemos a evaluar si el tribunal de instancia actuó correctamente al resolver que la causa de acción de la demandante estaba prescrita.

1 — I H-t i — I

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., concede inmunidad contra las acciones de daños y perjuicios por accidentes laborales a los patronos asegurados con el Pondo. Sin embargo, por excepción, autoriza al obrero perjudicado o a sus beneficiarios a instar una acción de daños y perjuicios si el patrono no está asegurado. Art. 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Esta acción, aunque se rige principalmente por las normas generales del Código Civil y la jurisprudencia (Castro v. Marrero, 54 D.P.R. 201 (1939); Rosario Rivera v. Ramos, 105 D.P.R. 114 (1976)), también está regulada en parte por la referida ley (11 L.P.R.A. sec. 16) que establece que en dicha acción civil el patrono no podrá oponer las defensas de negligencia contributiva, asunción de riesgo o que la lesión fue producto de la negligencia de un contratista independiente. En este sentido difiere de la acción típica considerada en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. De cualquier modo, en ambos casos, el término prescriptivo aplicable es de un (1) año. Véanse: Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298; Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 797 (1978).

La acción de daños y perjuicios en contra de un patrono no asegurado, como hemos señalado, es de naturaleza excepcional y está basada esencialmente en el hecho fundamental de que el patrono no está asegurado por el Fondo. De otro modo, no existiría esta particular causa de acción, ya que dicho patrono estaría protegido por la inmunidad patronal que provee la ley. En vista de ello, como cuestión de realidad práctica, el conocimiento de si el patrono estaba asegurado o no adquiere especial importancia al momento en que se considera incoar la acción. Procede determinar, entonces, qué efecto —si alguno— tiene dicho conocimiento en cuanto al término prescriptivo de esta acción.

Como se sabe, la prescripción es materia sustantiva y no procesal, regida por los principios que informan el derecho civil. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). Tiene su fundamento en la necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica y a otros efectos adversos que surgen cuando se postergan o dejan pendientes posibles acciones judiciales. Persigue también el fin de sancionar el abandono de derechos por el titular de éstos. Q.M. Scaevola, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 1, pág. 237. En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984), explicamos estos propósitos del modo siguiente:

La institución de la prescripción extintiva aspira a asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975). Su innegable necesidad y valor responden a “una presunción legal de abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin reclamar un derecho”. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89, 93 (1962). Sin embargo, ninguno de los intereses a los cuales responde es absoluto —de un lado salvaguardar un dere-cho y del otro darle carácter definido a la incertidumbre de una posible reclamación— •sino que deben ser aquilatados en su justa proyección. (Enfasis suplido y en el original.) Véanse, ade-más: Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986); Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 D.P.R. 484 (1982); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946).

Evidentemente se trata de un asunto que admite ajus- • tes judiciales, según lo requieran las circunstancias y nuestras nociones sobre lo que es justo.

En Colón Prieto v. Géigel, supra, resolvimos además que el verdadero punto de partida para el inicio del término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios es la fecha en que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su acción. Al así resolver, aceptamos que el conocimiento que tenga el titular sobre si ha nacido ya la acción que tiene derecho a ejercer es un factor determinante al evaluar si está prescrita o no dicha acción. Por eso también hemos resuelto que un estatuto de prescripción que tenga el efecto de exigirle a los demandantes instar su acción antes de que tengan conocimiento de que tal causa de acción existe, viola el debido proceso de ley. Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986). No cabe duda de que hemos acogido ya en Puerto Rico la tendencia liberal en la doctrina civilista en lo relativo a la prescripción de las acciones de daños y perjuicios. Conforme a esa tendencia, por consideraciones de justicia, se estima que el término para ejercer las acciones corre a partir, no desde que se sufre el daño reparable, sino desde que se conocen los otros elementos necesarios para poder ejercer la acción. Como bien señalan los eminentes comentaristas Barrel Macla y Santos Briz en sus respectivas obras sobre el derecho de daños, “para que la justicia quede a salvo en todo caso, con que el agraviado haya sabido de la obligación de reparar daños, se ha de requerir, además, que haya podido ejercitar la acción”. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, 1963, pág. 293. Y, claro está, no puede ejercitarse una acción si de buena fe el titular desconoce que tiene derecho a ejercitarla. A tono con esta elevada concepción están nues-tros pronunciamientos no sólo en Colón Prieto v. Géigel, supra, y en Alicea v. Córdova, supra, sino también en Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987), y en Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992), donde también reiteramos que una acción de daños no nace mientras el perjudicado no tenga conocimiento de su derecho a esa acción. Claro está, si el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no son aplicables las aludidas consi-deraciones que la doctrina liberal civilista ha sobreim-puesto a la normativa general sobre la prescripción. López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243 (1993); J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 1224-1225.

IV

Examinemos ahora los hechos del caso a base de la ex-posición doctrinal antes expuesta. Surge de los autos que el patrono, de ordinario, mantenía vigente su póliza y que incluso hizo el pago correspondiente al primer semestre 1981-1982. También efectuó el pago del segundo semestre, aunque de modo incompleto. Ante estas circunstancias, la recurrente podía descansar plenamente en la presunción jurídica de que la ley que requiere a los patronos asegu-rarse con el Fondo y hacer el pago de sus pólizas dentro del plazo requerido había sido acatada. Véase Regla 16 de Evi-dencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV). Sólo J. Pérez Inc., como patrono con el control exclusivo de esa información, sabía que al ocurrir el accidente podía estar al descubierto por no haber satisfecho dentro del plazo requerido por el Fondo la deficiencia correspondiente al pago del segundo semestre. No existe evidencia en los autos de que la señora Vega tuviese conocimiento de esta información. Al contra-rio, todo el trámite realizado por J. Pérez Inc. para tratar de pagar la deficiencia fuera del término y sus trámites en apelación, también fuera del término, ante la Comisión para dejar sin efecto la determinación de patrono no ase-gurado, revelan una actitud de ocultar al perjudicado la información de que no tenían los pagos de la póliza al día. No puede imputársele dicho conocimiento a la demandante y luego resolver que estaba prescrita su acción. Como bien afirma Puig Brutau, “no puede entenderse nacida la acción cuando la lesión del derecho ocurra en unas circunstancias tales que supongan un acto ... oculto del cual no pueda tener conocimiento el titular del derecho, que actúa con el grado normal de diligencia que establece la ley”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, Vol. 1 (2da parte), pág. 877.

La recurrente no presentó su acción poco después de haber ocurrido el accidente laboral debido al efecto inhibi-dor de la conocida inmunidad patronal, no por un aban-dono voluntario de su causa. Al momento del accidente la recurrente, quien descansó en la presunción de ley antes citada, creía de buena fe que el patrono estaba asegurado y que, por ende, no poseía una causa de acción. No es hasta que recibe la notificación del Fondo que declaró a J. Pérez Inc. patrono no asegurado al momento del accidente de su esposo, que la recurrente adviene en conocimiento de que podía reclamar a dicho patrono por no estar éste cubierto por la inmunidad patronal. A partir de ese momento actuó diligentemente. Esperó que la decisión del Fondo, en la cual se declaró a J. Pérez Inc. patrono no asegurado, fuera final y firme y, un mes después, presentó la demanda de daños y perjuicios.

A la luz de estos hechos, aplica claramente aquí la ten-dencia liberal de la doctrina civilista que ya hemos acogido en Puerto Rico. En cuanto al asunto de la prescripción, su acción de daños no nació hasta que la perjudicada tuvo conocimiento de su derecho a esa acción.

Lo expresado anteriormente no es incompatible con lo resuelto en Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, supra. En dicho caso no teníamos propiamente ante nos una cues-tión de prescripción. Allí el obrero presentó una demanda bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, contra su alegado patrono. El Tribunal a quo declaró sin lugar la demanda y determinó que el demandante no era empleado del deman-dado el día del accidente, sino de otro patrono. Lo que dio lugar al recurso fue que antes de dictarse esta sentencia el Fondo determinó que dicho demandado no era un patrono asegurado. El obrero entonces presentó otra acción idén-tica contra el mismo demandado ante la Comisión y el ale-gado patrono invocó la defensa de cosa juzgada. La Comi-sión se negó a aceptar tal defensa. Adujo que el tribunal de instancia había actuado sin jurisdicción al dictar la anterior sentencia, porque no existía una determinación previa del Fondo de que el demandado era patrono no asegurado. Al revocar la decisión de la Comisión, resolvimos concreta-mente que el obrero en ese caso tenía derecho a ejercitar su acción ante los tribunales o ante la Comisión, pero que una vez escogía la vía judicial, la resultante sentencia del Tribunal Superior, al advenir firme, era oponible como cosa juzgada respecto a la misma acción presentada luego ante la Comisión. Fue en este contexto que indicamos que:

La determinación de la condición de patrono no asegurado por el Fondo del Seguro del Estado es una fase inicial del pro-cedimiento administrativo que habrá de continuarse ante la Comisión, pero no es requisito previo ni mucho menos jurisdic-cional para la adjudicación de la cuestión litigiosa en el ámbito judicial. Dicha condición de patrono no asegurado es susceptible de determinación sin gran dificultad por los tribunales y no hay razón para detener la marcha eficiente del procedimiento civil en espera de un trámite administrativo, que en ley no precede sino que coexiste como opción, con la acción civil. Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, supra, págs. 801-802.

Como puede observarse, hicimos este señala-miento sólo para despachar la cuestión de si el tribunal de instancia tenía jurisdicción o no para entender en la recla-mación del obrero. Las aludidas expresiones nuestras se limitan a establecer que la determinación de inmunidad patronal no es un asunto que sólo el Fondo puede dilucidar, sino que los tribunales también poseen la capacidad para resolverlo cuando ello es necesario en acciones como las consideradas en Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, supra. Sin embargo, el que los tribunales posean tal com-petencia no implica necesariamente que tengan que ejer-cerla siempre. A tenor con la doctrina de jurisdicción pri-maria, los foros judiciales de ordinario se abstienen de pasar juicio sobre determinado asunto para permitirle a los organismos administrativos hacerlo bajo el supuesto de que éstos poseen destrezas y conocimientos especializados afines. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433 (1992). De esta forma se promueven las decisiones mejor informadas a la vez que se reducen las posibilidades de adjudicaciones conflictivas o incompatibles. Por lo tanto, aunque en estos casos, con-forme a Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, supra, no es necesario que los procedimientos legales en los tribunales se paralicen en espera del trámite administrativo, lo más conveniente, a tenor con la doctrina de jurisdicción prima-ria, es que sea el Fondo quien realice la determinación ini-cial de inmunidad patronal. Así se establece un modo uni-forme de notificación a los obreros para que puedan incoar las acciones legales correspondientes dentro del plazo esta-blecido para ello. Aclaramos, pues, que nuestro pronuncia-miento en Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, supra, no tiene el alcance de impedir por razón de prescripción el ejercicio de las acciones de daños y perjuicios de obreros y otros perjudicados que en forma bonafide advienen en co-nocimiento por primera vez de que poseen una causa de acción contra el patrono cuando el Fondo les notifica que su patrono no estaba asegurado para la fecha en que ocurrió el accidente. Ello es particularmente cierto en casos como el de autos, en los que el patrono acostumbraba a mantener el pago de sus pólizas al día, por lo que no existía ningún indicio que le advirtiera a la parte demandante que el patrono no estaba al día en sus pagos. Dado que quien tiene control exclusivo sobre el pago de las pólizas es el patrono y que esta información, por razones obvias, no se divulga de ordinario a los obreros, sería injusto concluir que la acción en cuestión estaba prescrita, cuando resulta claro que la acción no fue incoada antes, por la creencia razonable del demandante de que el patrono gozaba de inmunidad.

Por otro lado, el caso Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192 (1978), tampoco es de aplicación a la situa-ción de autos, ya que en el mismo quien causó el daño no fue un patrono sino un tercero. A diferencia del caso de autos, el ejercicio de la acción del peijudicado no estaba subordinada a que el demandado no estuviese protegido por la inmunidad patronal. La decisión del Administrador del Fondo de subrogarse en los derechos del obrero en nada alteraba la identidad del causante del daño, por lo que el esposo y la sociedad de gananciales, en el caso Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, no estaban impedidos de incoar su acción dentro del año en que ocurrió el accidente. Tenían conocimiento desde el mismo día en que ocurrió el accidente de quién causó el daño y podían, sin impedi-mento alguno, ejercer su acción.

Por lo tanto, resolvemos que el término prescriptivo para ejercitar la acción de daños y perjuicios, en casos como el de marras, comienza a transcurrir desde la fecha en que el Fondo notifique que el patrono no está asegurado. Conforme a lo anterior, se dictará sentencia revocatoria de la determinación del tribunal de instancia de 10 de julio de 1992, de que la acción de la demandante Daisy Vega Lo-zada estaba prescrita.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

       Según esta decisión, el referido patrono pagó tardíamente la suma adicional de $1,107.51 perteneciente a la liquidación final para el período de 1981-82. Esto provocó que el Fondo le negara la cubierta para la fecha del accidente.

       No obstante haber transcurrido el término para revisar la decisión del Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo), el 14 de octubre de 1985 (a 101 días de haberse notificado la decisión del Administrador del Fondo) J. Pérez & Cía., Inc. (en adelante J. Pérez Inc.) presentó un escrito de apelación ante la Comisión Industrial (en adelante Comisión) en el que solicitó que se le declarase patrono asegurado. La Comisión accedió y revocó la determinación del Administrador del Fondo mediante la Resolución de 15 de abril de 1986. Esta actuación provocó que la representación legal del obrero lesionado nos solicitara la revisión de dicha resolución. Mediante Sentencia de 30 de abril de 1990 (90 J.T.S. 69) revocamos y resolvimos que la Comisión carecía de jurisdicción para revisar la decisión del Fondo por haber transcurrido el término para ello, por lo que quedaba en vigor la determinación previa de patrono no asegurado.

       El recurrido alega que el P. de la C. 323, el P. del S. 360 (18 y 19 de marzo de 1985) y el P. del S. 75 de 25 de enero de 1989 son evidencia de que el legislador se oponía a que el término para incoar la acción contra patronos no asegurados comen-zara a transcurrir desde que el Fondo determina tal condición. Hemos examinado el historial legislativo existente y no hemos encontrado nada que sostenga tal interpretación. No podemos concluir, pues, que esa haya sido la intención legislativa respecto a este asunto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Hernández Denton.

license: Public Domain

text:
    Banco Central Corporation, demandante y recurrente, v. Capitol Plaza, Inc., Capitol Center Limited Partnership, S.E. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-93-496

      Resuelto: 13 de abril de 1994

      Manuel Moreda Toledo y David Muñoz Ocasio, de McConnell Valdés, abogados del recurrente; Harry Anduze Montano, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver por primera vez si un emplazamiento es ineficaz porque al diligenciarlo no se incluyó también, junto con la copia de la demanda, copia de sus correspon-dientes anejos {exhibit).

i-H

Los hechos esenciales del caso son los siguientes.

El 26 de noviembre de 1991 Banco Central Corp. pre-sentó demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Los emplazamientos correspondientes fueron dili-genciados personalmente dentro de los seis meses reglamentarios. Ciertos codemandados comparecieron soli-citando prórrogas para contestar la demanda, sin cuestio-nar la validez del procedimiento seguido para emplazarles y sin objetar la jurisdicción del tribunal. Los codemanda-dos Silva Iglesia y Soto Velázquez comparecieron sin some-terse a la jurisdicción del foro de instancia. Solicitaron de éste que anulase sus respectivos emplazamientos y que or-denase la desestimación de la demanda. En la moción de desestimación estos codemandados argumentaron que la demanda les fue entregada sin los anejos {exhibit) a los cuales aquélla hacía referencia, por lo que la demanda es-taba incompleta y, alegadamente, el emplazamiento era to-talmente ineficaz.

Antes de la presentación de la moción de desestimación por los codemandados aludidos, el demandante había pre-sentado una “moción informativa”, que fue notificada a to-das las partes, junto con la cual acompañó copia de todos los anejos mencionados en la demanda. Luego de recibir la referida moción de desestimación, el demandante inter-puso una moción en la que se oponía a la desestimación y alegaba que la aludida falta de anejos no era un error per-judicial que privara al tribunal de jurisdicción sobre la persona de los codemandados Silva-Soto.

Así las cosas, luego de efectuada una vista evidenciaría y de que las partes presentaran memoriales de derecho sobre el asunto en cuestión, el tribunal de instancia deses-timó con perjuicio la demanda en cuanto a los aludidos codemandados, fundado en que el diligenciamiento de la demanda y el emplazamiento efectuados eran fatalmente defectuosos por no haber sido entregada, a esos codeman-dados, una copia completa de la demanda, es decir, con los respectivos anejos. Determinó que ese defecto privaba al tribunal de jurisdicción sobre la persona de dichos codemandados.

De dicha sentencia acudió ante nos el demandante me-diante recurso de revisión. Adujo la comisión del error si-guiente:

El Tribunal Superior erró manifiestamente y abusó de su dis-creción al desestimar con perjuicio y en sus méritos, por ale-gada falta de jurisdicción sobre la persona, la demanda presen-tada contra Rolando A. Silva, Nelson Soto Velázquez, sus esposas y respectivas sociedades de gananciales, debido a una alegada defectuosidad en los emplazamientos.
A. Aún sin los anejos, la demanda expone contra los recu-rridos una causa de acción suficiente que justifica la concesión de un remedio.
B. Aún si realmente hubo un defecto en el diligenciamiento del emplazamiento, el mismo se subsanó, y de no haberse sub-sanado, el curso de acción correcto era concedernos una oportu-nidad para emplazar nuevamente a los recurridos. Solicitud de revisión, págs. 9-13.

Mediante una resolución, el 10 de diciembre de 1993 le concedimos un término a los recurridos para mostrar causa por la cual no se debía expedir el recurso solicitado y revo-car la sentencia parcial del 14 de septiembre de 1993. Los recurridos comparecieron el 4 de febrero de 1994, luego de haber obtenido una prórroga para ello.

HH I — I

Nos corresponde determinar si tiene mérito la alegación de los recurridos de que el emplazamiento en-este caso fue totalmente ineficaz y que no le confería jurisdicción al tribunal sobre la persona de los emplazados. En esencia su planteamiento, acogido por el foro de instancia, es que cuando la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, requiere que el emplazamiento sea diligenciado con una copia de la demanda, se refiere a la demanda com-pleta, incluyendo sus anejos. Por ende, como al momento de diligenciar el emplazamiento no se les hizo entrega de los anejos, el emplazamiento en cuestión es fatalmente de-fectuoso, según los recurridos, y la posterior notificación de dichos anejos, aun antes de expirar el término para contes-tar, no subsana el defecto.

Para evaluar el planteamiento concreto ante nos es me-nester delinear primero los principios y las normas aplicables. Ello es así, particularmente cuando se trata de un asunto novel sobre el cual este Tribunal no se ha expre-sado antes.

Como se sabe, el propósito principal del emplaza-miento es notificar al demandado de que se ha instado una acción judicial en su contra, para así garantizarle su dere-cho a ser oído y a defenderse. Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963); Hack Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 D.P.R. 58 (1983); Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). Ahora bien, al momento del emplazamiento, lo que hay que comunicarle al demandado es sólo “una relación sucinta y sencilla de la reclamación” en su contra. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. No es nece-sario precisar en ese momento todos los detalles de la ac-ción que se incoa. “[E]n el procedimiento civil moderno se acepta que las alegaciones sólo tienen una misión: notificar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y defensas de las partes. Para precisar con exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones en controversia y aclarar cuáles son los hechos que deberán probarse en el juicio, es imprescin-dible recurrir a los procedimientos para descubrir prueba ...” Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). La función de las alegaciones es simplemente bosquejar la controversia, por lo que al momento del emplazamiento a través de la demanda sólo es necesario comunicarle al de-mandado la naturaleza general de las contenciones del demandante. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972).

La Regla 8.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que cualquier documento o escrito que se acompañe como exhibit a una alegación se considerará como parte de ésta. Dicha regla, pues, autoriza la presentación de anejos con la demanda. En ocasiones ello es conveniente porque abunda en los hechos de la acción y puede ayudar a clarificar o detallar los mismos. Pero se trata de algo potestativo; no es mandatorio. Así lo señalan claramente Wright y Miller en su fundamental tratado sobre procedimiento civil, al interpretar la Regla 10(c) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., regla de donde procede la 8.3 nuestra:

Rule 10(c) authorizes the incorporation of exhibits or writings attached to a pleading and makes them an integral part of the pleadings for all purposes. ...
The provision for incorporation of exhibits is permissive only, and there is no requirement that the pleader attach a copy of the writing on which his action or defense is based. 5 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1327, págs. 761-762 (1990).

Conforme los anteriores conceptos, en United States v. Vernon, 108 F.R.D. 741, 742 (1986), se resolvió lo siguiente:

A reading of the plain language of Fed.R.Civ.P. 10(c) indicates that written instruments are not required to be attached to a party’s pleading. Moreover, case law similarly concludes that “the failure of [a] plaintiffi] to attach to their complaint a copy of the contract sued upon is not ground for dismissal of the complaint, since attachment of a contract sued upon is permissive, and not mandatory.” Ryan v. Glenn, 52 F.R.D. 185, 191 (N.D.Miss.1971); Maryland Cas. Co. v. Kelly, 3 F.R.D. 28 (E.D.Pa.1943); see also Wright & Miller 5 Federal Practice and Procedure section 1327.

En United States v. Vernon, supra, al igual que en el caso ante nos ahora, la parte demandada había solicitado la desestimación de la demanda porque el demandante no había acompañado con ella unos documentos pertinentes a la hipoteca que se pretendía ejecutar, pero allí el tribunal de instancia rechazó la pretensión de la parte demandada.

I — I hH i — I

A la luz de la normativa reseñada brevemente, surge con claridad que, de ordinario, el no entregar copia de los anejos correspondientes a una demanda al momento de diligenciar el emplazamiento no lo hace ineficaz o nulo, ni priva al tribunal de la jurisdicción que de otra forma tendría sobre la persona emplazada. Si de la copia de la demanda sin sus anejos surgen con suficiente claridad los hechos en que se fundamenta la causa de acción, en particular el derecho y el remedio reclamados por el demandante, se cumple con el requisito de entregar copia de la demanda al emplazar, exigido por las Reglas 4.4 y 4.5 de Procedimiento Civil nuestras, 32 L.P.R.A. Ap. III. No tiene sentido jurídico alguno elevar a requisito jurisdiccional un elemento cuya inclusión en la demanda es discrecional.

En el caso ante nos, la demanda en cuestión por sí sola comunicaba suficiente y efectivamente la naturaleza de la acción interpuesta contra los recurridos y los hechos que la sustentaban. Los demandados estaban bien informados del derecho y del remedio reclamados por el demandante y es-taban en posición- de poder contestar la demanda. Se tra-taba de una acción en cobro de dinero y ejecución de hipo-teca por la vía ordinaria. En la demanda se describían claramente todos los detalles esenciales del préstamo otor-gado y de la hipoteca que lo garantizaba; se identificaba específicamente a los recurridos Silva y Soto como garan-tizadores personales solidarios del préstamo; se describía en detalle el incumplimiento de los codemandados; se ale-gaba de manera específica el monto adeudado, y se recla-maba concretamente el pago de la deuda o la ejecución del inmueble hipotecado en subasta pública.

La demanda hacía referencia a determinados anejos, tales como copia del contrato de préstamo, copia del contrato de hipoteca y copias de las propias declaraciones juradas de los recurridos, mediante las cuales éstos habían consti-tuido sus garantías personales. Estos fueron los anejos que no se le entregaron a los recurridos al momento del empla-zamiento, pero que no eran necesarios, sin embargo, para comunicarles a éstos los elementos esenciales de la acción en su contra, ya que dichos elementos estaban todos debi-damente relatados en la demanda en sí. Por lo tanto, erró el tribunal de instancia al determinar que el emplaza-miento de los recurridos fue fatalmente defectuoso y, por ende, nulo. Las alegaciones en la demanda entregada al emplazar a los recurridos eran suficientes para cumplir con el propósito del emplazamiento de notificarle de la ac-ción en su contra y darle la oportunidad de defenderse. Ello es particularmente cierto en una situación como la de marras, en la cual los anejos en cuestión fueron enviados a los recurridos antes de éstos siquiera comparecer a impug-nar el emplazamiento, y en la que los anejos en cuestión eran conocidos por los recurridos, ya que ellos eran parte de las transacciones y de los negocios que dieron lugar a la demanda, y otorgaron algunos de esos anejos. Los recurri-dos, pues, no habían sufrido ni remotamente daño real al-guno por no haber recibido copia de los anejos al diligen-ciarse el emplazamiento. Decretar la nulidad de dicho emplazamiento y la falta de jurisdicción del tribunal sobre la persona de los recurridos, y desestimar la demanda con perjuicio consecuentemente, constituyeron actos del foro de instancia que no estaban conformes con el propósito de nuestras Reglas de Procedimiento Civil de garantizar un proceso judicial justo, rápido y económico. Prevalecía en ellos un tecnicismo extremo, en detrimento de los reitera-dos fines de nuestros procedimientos. Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365 (1973); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727 (1976); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986).

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de revisión solicitado; se dictará sentencia revocatoria de la dictada por el tribunal de instancia el 14 de septiembre de 1993.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con opinión escrita.

- O -

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Al igual que la opinión mayoritaria, concluimos que pro-cede revocarse la decisión del tribunal de instancia que desestimó la demanda instada en el presente caso. Sin embargo, concurrimos por entender que, aunque el emplaza-miento realizado fue defectuoso, dicho error quedó debida-mente subsanado mediante la moción presentada por el demandante.

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, exige que, junto con el emplazamiento, se le entregue al demandado una copia de la demanda. Por su parte, la Re-gla 8.3 del mismo cuerpo, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que un anejo que se acompañe a una demanda “se considerará para todos los efectos como parte de ésta”. Para emplazar correctamente a una persona es siempre necesario entre-garle una copia de la demanda con todos los anejos que pueda tener. Por tal razón, en el presente caso no se em-plazó correctamente a los demandados puesto que la copia de la demanda que se les entregó al emplazarlos estaba incompleta por faltarle los anejos.

La opinión mayoritaria concluye que el emplazamiento estuvo bien hecho. Para hacerlo establece que se cumple con el requisito de entregar copia de la demanda al empla-zar, exigido esto por la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, si los documentos entregados al deman-dado al emplazarlo le comunican suficiente y efectiva-mente la naturaleza de la acción y los hechos que la sustentan. No estamos de acuerdo con este novel dictamen. No es suficiente que lo entregado al demandado cumpla con “el propósito del emplazamiento de notificarle de la acción en su contra y darle la oportunidad de defenderse”. Opinión mayoritaria, pág. 766. El criterio que hoy adopta la opinión mayoritaria permitiría concluir que un breve resumen de la demanda constituye “copia de la demanda”, la cual podría acompañar al emplazamiento, siempre y cuando el demandado quede razonablemente notificado de la reclamación en su contra. Esta conclusión es contraria al mandato claro y expreso de las Reglas de Procedimiento Civil y constituye una norma peligrosa, de dudosa sabiduría. El requisito impuesto por las reglas es el de en-tregar una copia de la demanda, no un facsímil razonable.

Por otro lado, la Regla 4.9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, autoriza al tribunal a

[e]n cualquier momento a su discreción y en los términos que crea justos ... permitir que se enmiende cualquier emplaza-miento o la constancia de su diligenciamiento, a menos que se demuestre claramente que de así hacerlo se perjudicarían sus-tancialmente los derechos esenciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento.

Según surge del texto de esta disposición, los tribunales deben ser liberales en permitir enmiendas al emplaza-miento, limitados únicamente por el requisito de que no se perjudiquen sustancialmente los “derechos esenciales” del demandado.

Aunque en este caso se entregó al demandado una copia incompleta de la demanda, por lo cual el emplazamiento estuvo mal hecho, concluimos que no procedía la desesti-mación de la demanda. Al amparo de la Regla 4.9, supra, cuando un emplazamiento es defectuoso por estar incom-pleta la copia de la demanda, el error se puede corregir mediante una “enmienda al emplazamiento” consistente en una moción que incluya lo omitido de la copia entregada al demandado, a menos que al así proceder se perjudiquen sustancialmente los derechos esenciales del demandado. El tribunal de instancia debió considerar la moción informa-tiva presentada por el demandante como una enmienda al emplazamiento, quedando subsanado el defecto de haber entregado una copia incompleta de la demanda. Como surge claramente de la opinión mayoritaria, los derechos esenciales del aquí demandado no se hubieran perjudicado de haberse permitido la enmienda ni se afectarán por re-conocerla ahora.

       En vista de lo que aquí resolvemos, no es necesario entrar a resolver concre-tamente los otros planteamientos ante nos sobre si la posterior entrega de los anejos, antes de que los recurridos compareciesen, subsanó el alegado defecto en el diligen-ciamiento del emplazamiento; si el alegado defecto era subsanable por enmienda al emplazamiento que el tribunal de instancia debía permitir, y si la desestimación en todo caso no podía ordenarse con perjuicio.


author: per curiam:

text:
      In re Ángel M. Padilla Pérez, querellado.

      Número: CE-87-285

      Resuelto: 15 de abril de 1994

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Luis E. Rodríguez Santiago, abogado del querellado; Angel M. Padilla Pérez, pro se.

   per curiam:

Contra el Ledo. Ángel M. Padilla Pérez la Oficina del Procurador General de Puerto Rico presentó querellas por conducta profesional en las cuales se le im-putó que

... actuó negligentemente y contrario a lo preceptuado en los Cánones de Etica Profesional, reflejando su conducta negli-gente en los asuntos encomendados por sus clientes y desaten-ción a los requerimientos del [t]ribunal de [ijnstancia; violando con su conducta los Mánones 9, 18 y 19 de Ética Profesional. Querella, pág. 1.

Los hechos que dan base a las referidas querellas son los siguientes:

El 17 de enero de 1983, el Sr. Ernesto C. Cruz Reyes presentó queja ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados contra el licenciado Padilla Pérez alegando, en síntesis, que él había contratado los servicios del abogado querellado para que éste iniciase dos (2) acciones indepen-dientes de daños y perjuicios; una a nombre de él contra San Juan Gas, por unos hechos ocurridos en 1978, y otra, a nombre de su hija, Rixy Cruz García, contra Telemundo Canal 2 por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 1979. Según la queja presentada, el licenciado Padilla Pérez dejó prescribir el primer caso y que se archivara el segundo por negligencia.

Con referencia al primer caso de daños y perjuicios contra la San Juan Gas, en el cual el señor Cruz Reyes recla-maba una compensación por los daños causados por una caída ocurrida el 8 de junio de 1978, el querellado Padilla Pérez realizó gestiones con la compañía aseguradora con el propósito de llegar a una transacción. Esta última le ofre-ció una suma de dos mil dólares ($2,000), oferta que re-chazó el cliente Cruz Reyes a pesar de que el abogado que-rellado le recomendó que los aceptara. El cliente le solicitó al querellado que continuara con los trámites correspondientes. Ante dificultades posteriores de comuni-cación entre el abogado querellado y su cliente, este último se comunicó con el abogado de la aseguradora quien le in-formó que su caso había prescrito porque el mismo no se había radicado ante el tribunal y que el término prescrip-tivo para dicha acción no había sido interrumpido. Ante este hecho, el querellado le informó a su cliente que había confiado en la palabra de un ajustador, el cual lo había engañado y que, por lo tanto, no había interrumpido el término prescriptivo. En vista de lo sucedido, el querellado llegó a un acuerdo con su cliente en el cual le pagaba dos mil dólares ($2,000), cantidad igual a la ofrecida por la compañía aseguradora como transacción.

En el segundo caso, el señor Cruz Reyes contrató los servicios profesionales del abogado querellado para que éste representara a su hija en una reclamación de daños y perjuicios por un accidente ocurrido en los alrededores de Telemundo Canal 2; caso que fue radicado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan (Caso Civil Núm. 81-2593(803)). Durante el transcurso de la toma de una deposición, surgió un incidente relacionado con la per-tinencia de una pregunta hecha a la demandante, la cual tuvo que ser resuelta por el tribunal de instancia, decre-tando dicho foro que la demandante debía contestar la pregunta. Con motivo de este dictamen, se le impuso a la demandante el pago de los honorarios del taquígrafo y ciento cincuenta dólares ($150) en honorarios de abogado. Al no pagarse las penalidades, el tribunal ordenó, como sanción, la desestimación de la demanda, posteriormente declarando no ha lugar a la moción de reconsideración ra-dicada por el querellado. Éste no mantuvo informado a su cliente sobre lo ordenado por el tribunal, por lo que éstos no supieron de la sentencia de archivo hasta mucho des-pués de haberse dictado la misma.

El 19 de enero de 1984, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados recibió una segunda queja contra el licenciado Padilla Pérez, de parte del Ledo. Daniel A. Rosenberg, en representación de Domestic Finance Corporation. En ésta se alegó que la referida Compañía había contratado los ser-vicios del abogado querellado con el propósito de que éste gestionara el cobro de varias cuentas pendientes de pago y que éste no había remitido el monto de lo cobrado. Se alegó, en adición, que el querellado no había mantenido la debida comunicación sobre el curso y el resultado de las gestiones profesionales por él realizadas.

El Colegio de Abogados rindió informes sobre ambas quejas, fechados los mismos el 4 y 21 de agosto de 1986, respectivamente. Luego de concederle término al quere-llado para contestar las referidas querellas, el 23 de julio de 1987 le encomendamos al Ledo. Filiberto Santiago Rosario, recibir la prueba y rendir un informe en calidad de Comisionado Especial, informe que nos fue presentado el 28 de diciembre de 1990.

Con relación a las querellas presentadas por el señor Cruz Reyes, el Comisionado Especial determinó que:

Hemos formulado la conclusión en el sentido de que el que-rellado en esta etapa de su vida no ha podido lidiar con las exigencias de una profesión que exige una base estable en lo emocional, económico y un dominio de la comunicación con los compañeros abogados adversarios, con el Tribunal y con los clientes. Esto produjo una desarticulación profunda de los pro-cesos de trámite y comunicación que lo llevó a incumplir con sus clientes y con el Tribunal.
Sin embargo, nada hay en el récord que demuestre que actuó con malicia, maldad, ánimo de lucro o que retuvo dinero indebidamente.
Su comunicación con los clientes, con los abogados adversa-rios y con el Tribunal fue defectuosa y desarticulada al extremo de que provocó el archivo y desestimación definitiva de un caso por el no pago de una cantidad ínfima por concepto de sanciones. Tampoco radicó alegato para fundamentar la impro-cedencia del archivo y desestimación definitiva como sanción por el no pago de una ínfima penalidad, determinación judicial que provocó a su cliente de un día en corte. Informe, pág. 4.

Con relación a la querella presentada por el licenciado Rosenberg, a nombre de la corporación Domestic Finance, el Comisionado Especial determinó:

No surge de la prueba sometida por el Colegio de Abogados prueba alguna de que el querellado retuviera para sí el importe de los cobros y por tal razón el Hon. Procurador General no radicó cargo alguno sobre ese particular. Sí surge de toda la correspondencia y trámites del querellado con su cliente la cor-poración que el querellado manejó de forma muy informal y desorganizada todo el trámite del cobro de deudas y remisión del dinero a su cliente producto de la inestabilidad al cambiar el querellado de oficina y de secretaria. Acepta el querellado la posibilidad de que le adeude algún dinero a la corporación. In-forme, pág. 2.

Estando en condiciones de resolver el asunto ante nues-tra consideración, procedemos a así hacerlo.

r*H

El Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, establece en su parte pertinente que:

Será impropio de un abogado asumir una representación pro-fesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis suplido.)

A esos efectos, en In re Silverio Orta, 117 D.P.R. 14, 18 (1986), señalamos que la práctica de la abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia; por esto el abogado tiene que adoptar aquellas medidas que sean necesarias para no dejar en estado de indefensión a su representado y no causar dilación en los procesos en los tribunales. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976).

El abogado tiene el deber de defender los intereses de su cliente, con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honra-dez; su gestión debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos, experiencias y habilidades desempe-ñándose de una forma adecuada y responsable, capaz y efectiva. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 843 (1982). En el citado caso In re Acosta Grubb, ante, pág. 603, expresamos que:

Si bien el Código de Ética le reconoce al abogado el derecho de aceptar o rechazar una representación profesional, Canon 26 (4 L.P.R.A. Ap. EX), una vez acepta y asume la representación legal de un cliente, tiene la responsabilidad de descargar su labor con la requerida rapidez y eficiencia. La ética le exige a todo abogado que rehúse representar a una parte cuando está consciente de que no puede defender sus intereses en forma adecuada.

El deber de diligencia profesional que tiene todo abogado es incompatible con la desidia, despreocupación, inacción y displicencia. In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992).

h-i 1 — I

En el caso ante nos, los cargos contra el querellado re-velan un patrón de descuido y negligencia en el cumpli-miento de sus obligaciones como abogado, en perjuicio de los mejores intereses de sus clientes. In re Acosta Grubb, ante, pág. 604.

El querellado, por su falta de diligencia, dejó prescribir un caso de daños y perjuicios, no ejerciendo el celo, cuidado y prudencia que la profesión exige de sus miembros. El cliente de todo abogado confía en que sus asuntos serán atendidos por éste con un alto grado de responsabilidad, debiendo poner el abogado para ello todos sus conocimientos, experiencias y habilidades. In re Acosta Grubb, ante. El permitir que expirara el término prescriptivo para una acción civil de su cliente, entraña una violación al deber de diligencia que tiene todo abogado. Véase In re Pérez Santiago, ante.

Somos del criterio que el querellado fue negligente al no desplegar una defensa caracterizada por la mayor capacidad, eficiencia y rapidez en los asuntos encomenda-dos por su cliente; el dejar prescribir una acción por él encomendada demuestra que éste no actuó con la compe-tencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía. Véase In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985). El hecho de que éste haya indemnizado a su cliente, no exime a éste del trámite disciplinario por infracción al Código de Etica. In re Acosta Grubb, ante, pág. 604; In re Silverio Orta, ante, pág. 19.

Por otro lado, y en relación al caso referente a Rixy Cruz García, el querellado fue negligente y demostró un claro menosprecio por los asuntos encomendados por su cliente, al dejar que la demanda por él radicada referente a dicho caso fuera desestimada, no haciendo éste todas las gestio-nes necesarias para cumplir con todos los señalamientos del tribunal y no desplegando, además, toda su habilidad y capacidad en beneficio de su representado. In re Díaz Almesa, ante; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974). A esos efectos, el Comisionado Especial determinó que el trámite llevado a cabo por el querellado fue errático y desarticulado, motivado por la situación de su oficina y por la falta de comunicación con su cliente.

La conducta negligente del querellado también está reñida con el Canon 19 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo referente a que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Véanse, además: In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980); In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). Todo abogado debe mantener informado a su cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de los asuntos a su cargo. In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986). En In re Pérez Santiago, ante, expresamos que todo abogado tiene un deber ético-profesional de mantener informado a su representado de las incidencias de su caso incluyendo la notificación de la desestimación de la acción instada a nombre del cliente.

Cabe señalar que la actuación negligente de dicho querellado en la tramitación de este caso, al no cumplir con las órdenes del Tribunal ni pedir revisión de dicha orden, privó al cliente de su día en corte. Esta actuación —de no cumplir con la orden del Tribunal, en relación con la cual no solicitó revisión de la misma— contravino, además, lo expresado por el Canon 9 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual exige a todo abogado el ser diligente con las órdenes de los tribunales.

En resumen, somos del criterio que el licenciado Padilla Pérez fue negligente al aceptar varios casos, en los cuales no demostró la competencia y diligencia que exige el ejer-cicio de la abogacía, no manteniendo además al cliente in-formado de todos los asuntos importantes que surgieron en el desarrollo de los casos. Véanse: Canon 18 y 19 de Ética Profesional, ante; In re Rosario, ante.

I — I h-i i — i

Resta determinar la sanción disciplinaria a imponer. To-mamos conocimiento del hecho de que mediante opinión per curiam y Sentencia de 3 de diciembre de 1992 había-mos decretado la “suspensión temporal” del ejercicio de la profesión a Ángel M. Padilla Pérez. In re Padilla, 132 D.P.R. 75 (1992).

En vista a ello, y de la determinación a la que hemos llegado en la parte II de la presente, entendemos proce- dente decretar la suspensión indefinida de Ángel M. Padilla Pérez del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Con relación a las querellas presentadas por el señor Cruz Reyes, ante el Colegio de Abogados, este Tribunal el 28 de agosto de 1986 le concedió veinte (20) días al querellado para exponer su posición. Ante la incomparecencia del querellado a la orden antes mencionada, este Tribunal el 30 de octubre del mismo año, le con-cedió un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía por no responder a los re-querimientos del Tribunal. El 23 de noviembre el querellado presentó una moción excusando su incomparecencia ante nos, expresando que su situación económica era tal que no tenía secretaria, la maquinilla se descompuso y aparentemente quedó inservible ya que el costo de su reparación es más que su valor. Añadió que tiene que ir a la oficina de los clientes para que le faciliten las maquinillas. Informó además que ha perdido varios clientes importantes por cierre, bancarrota y varios otros mo-tivos ajenos a su voluntad. En dicha fecha radicó, además, su contestación requerí dale.
      Ante el informe presentado por el Colegio de Abogados, y la contestación pre-sentada por el querellado, referimos el caso al Procurador General, el 10 de diciem-bre de 1986, para que realizara la investigación correspondiente. El día 10 de febrero de 1987 el Procurador General presentó su informe. Mediante Resolución de 26 de febrero de 1986, ordenamos a dicho funcionario que radicara ante este Tribunal la querella conteniendo los cargos correspondientes.
      El 29 de abril de 1987, el Procurador General presentó el escrito de querella, por lo que el 20 de abril de ese año le concedimos quince (15) días al querellado para contestar las mismas. El 21 de mayo de 1987, mediante moción de prórroga, el que-rellado expuso que su estado de salud, su falta de facilidades de estudio y por sus dificultades económicas no había podido cumplir con los requerimientos del Tribunal. Mediante Resolución de 11 de junio de 1987 concedimos treinta (30) días adicionales para contestar la querella, cumpliendo éste con lo ordenado el 10 de julio de 1987.
      Con relación a la segunda querella, este Tribunal el 11 de septiembre de 1986 le concedió un término de treinta (30) días para que compareciera por escrito y mos-trara causa por la cual no deba ser objeto de trámite disciplinario.

       Con relación a la queja presentada por el licenciado Rosenberg, en relación a que el querellado no le había remitido el monto de lo cobrado de cuentas de sus clientes, el Comisionado Especial no encontró prueba que sustentara la misma; por ende no tomaremos acción al respecto. Cabe señalar que dicha conducta, en caso de ser cierta, está reñida con el Canon 23 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véase In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988).


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Ismael Rodríguez Sanabria, demandante y recurrido, v. Awilda Soler Vargas, demandada y peticionaria.

      Número: CE-93-571

      Resuelto: 27 de abril de 1994

      José A. Feliciano, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver si procede la imposición de intereses por mora cuando un tribunal, por un craso error, suspende el pago de una pensión alimentaria a un padre que había incumplido reiteradamente con su deber de proveer sus-tento a sus hijos menores de edad.

( — I

Decretado el divorcio de Ismael Rodríguez y Awilda So-ler por la causal de trato cruel, el foro sentenciador le im-puso a aquél el pago de la pensión alimentaria correspon-diente para los hijos menores habidos en el matrimonio. Luego del divorcio, durante doce años, Rodríguez incurrió en un patrón de craso y reiterado incumplimiento con su deber de proveer alimentos a sus hijos menores, obligando a la señora Soler —en múltiples ocasiones— a acudir a los tribunales con las correspondientes mociones de desacato para lograr el pago de las pensiones adeudadas.

La última vez que Soler acudió al foro judicial para so-licitar el pago de la pensión adeudada, Rodríguez alegó como defensa que no mantenía relaciones saludables y efectivas con sus hijos. Ello dio lugar a que el 20 de sep-tiembre de 1988, el foro de instancia (Hon. Ángel D. Ramí-rez Ramírez, Juez) dictara una resolución en la cual orde-naba la suspensión del pago de las pensiones alimentarias adeudadas y el pago de las pensiones futuras, hasta que se revisasen las relaciones paterno-filiales de Rodríguez con sus hijos y se dilucidara el asunto. Soler, entonces, acudió mediante certiorari ante nos. Lo expedimos y, mediante sentencia el 2 de abril de 1992 revocamos la resolución recurrida. Determinamos, entonces, que en dicho caso “[l]o que procedía era la celebración de una vista donde se dilu-cidara lo relativo a las relaciones paterno-filiales, sin suspender mientras tanto el pago de la pensión alimenticia”. (Enfasis en el original.) Apéndice, pág. 20. En nuestra sen-tencia, hicimos hincapié en que el recurrido había desaten-dido, con frecuencia intolerable, su deber moral y jurídico de pagar las pensiones alimentarias adeudadas e intima-mos que el tribunal de instancia había cometido un claro y serio error al suspender el pago de la pensión.

Luego de nuestra sentencia aludida, la señora Soler compareció ante el foro de instancia para solicitar una vista de desacato. En esencia, adujo que, de acuerdo con nuestra sentencia, procedía la celebración de una vista de desacato para evaluar el incumplimiento de Rodríguez con las pensiones alimentarias adeudadas a sus hijos. Además, solicitó que el tribunal ordenase el pago de intereses legales sobre la suma adeudada.

Celebrada la vista solicitada, el tribunal emitió una re-solución donde determinó que Rodríguez adeudaba la suma de $16,000 en concepto de pensiones alimentarias atrasadas. Quedó pendiente de adjudicación una deuda adicional, la cual sería evaluada con posterioridad por el tribunal. El tribunal ordenó a Rodríguez continuar pa-gando la pensión regular fijada de $300 mensuales. Nada dispuso en cuanto al pago de los intereses legales solicitados.

Soler compareció entonces otra vez ante el foro senten-ciador para solicitar que se fijara el pago de intereses adeudados. Concretamente, solicitó del tribunal que le or-denase a su ex esposo el pago de la suma de $9,394.42 por concepto de los intereses legales acumulados de la pensión adeudada, los cuales no habían sido satisfechos por éste. Rodríguez, a su vez, compareció para oponerse. Alegó que no procedía el pago de la totalidad de dicha suma, puesto que a partir de 20 de septiembre de 1988 no había pagado las pensiones alimentarias por orden del tribunal. A esto, Soler replicó que el cobro e imposición de los intereses le-gales sobre las pensiones adeudadas era un derecho que le asistía, que no había sido renunciado expresa o implícitamente. El tribunal entonces ordenó a ambas par-tes que sometieran memorandos de derecho en apoyo de sus posiciones.

En su memorando de derecho, la señora Soler sostuvo que su ex esposo justificaba no realizar el pago total de los intereses legales sobre las pensiones alimentarias adeuda-das amparándose en una resolución del tribunal de instan-cia que este Foro había revocado en su totalidad, y que, por haber sido dejada sin efecto, dicha resolución no tenía va-lidez jurídica, por lo que su ex esposo no podía ampararse en ella para justificar su posición. Por su parte, Rodríguez adujo que la mora, en la cual incurrió, fue consecuencia de haber acatado lo que el Tribunal Superior le había orde-nado y que, al haber suspendido los pagos por instrucción del tribunal, no procedía la penalización del alimentante.

Atendidos ambos planteamientos, el foro de instancia dictó resolución y determinó que “[e]n pro de lo que es justo, entendemos que habiendo sido el propio Tribunal el que ordenó la suspensión del pago de las cuotas de la pen-sión alimenticia futura, el alimentante no incurrió en mora, no habiendo, además, devengado interés legal al-guno estas cuotas específicas de la pensión”.

De dicha determinación acudió otra vez ante nos la se-ñora Soler, e hizo el siguiente señalamiento de error:

a - Erró el tribunal a quo al eximir al recurrido del pago de los intereses legales por mora durante el período comprendido entre el 20 de septiembre de 1988 y el 2 de abril de 1992.

El 17 de diciembre de 1993 le concedimos un término al recurrido para mostrar causa por la cual no debíamos re-vocar la resolución recurrida. El recurrido no compareció. Resolvemos según intimado.

h-i hH

En derecho es claro que incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa, desde que el acreedor les exija —judicial o extrajudicialmente— el cumplimiento de su obligación. Art. 1053 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3017. En Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 470 (1982), resolvimos que “es mandatorio el que un tribunal, al dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia sin excepción de clase alguna”. También hemos resuelto que “las sentencias y resoluciones en casos de pensiones alimenticias devengan intereses legales por mora”. Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164, 170 (1985).

Por otro lado, en la doctrina civilista, tanto Castán como Puig Brutau han señalado que en el cumplimiento de las obligaciones “sólo es mora el retraso culpable” del pago de lo debido. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 140. J. Puig Brutau, La mora o retraso en el cumplimiento (derecho general de las obligaciones), en J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. 1, Vol. II, págs. 412-413. Véase, además, Valcourt v. Iglesias, 78 D.P.R. 631, 638 (1955). Toda vez que el foro de instancia relevó a Rodríguez del pago de la pensión a partir de 20 de septiembre de 1988, ¿podría pensarse que su incumplimiento con el deber de alimentar no fue “culposo”, como decidió el foro a quo?

A nuestro juicio, las circunstancias muy particulares de este caso exigen una solución distinta a la decretada por el tribunal de instancia. Nótése que no tenemos ante nos un caso corriente de mora. Se trata, en el caso de ma-rras, de la responsabilidad de un padre con la pensiones alimentarias de sus hijos. Reiteradamente hemos resuelto que los casos de alimentos paterno-filiales están revestidos del más alto interés público. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986). La obligación de alimentar que está presente en estos casos “ ‘tiene su fundamento en el derecho a la vida’ ”. íd., pág. 621. Martínez v. Rivera Hernández, supra. Se trata, pues, de una obligación primordial cuyo cumplimiento debe exigirse con el mayor rigor.

A la fecha de ser dictada la resolución de instancia de 20 de septiembre de 1988, Rodríguez era ya un deudor con-suetudinario de la pensión alimentaria en cuestión, por ha-ber incumplido reiteradamente con su obligación de pagarla. Del expediente ante nuestra consideración surge claramente que el ex esposo de la peticionaria no observó durante años una conducta responsable hacia sus hijos. Por lo tanto, eximirle del pago de los intereses por mora equivaldría a refrendar su conducta crasamente ilegal antes y durante la vigencia de la resolución dictada por el foro de instancia en 1988, la cual era claramente improce-dente, según resolvimos al dejarla sin efecto.

Los casos de alimentos se fundan en principios reconocidos de solidaridad humana. En el caso de autos, fue la propia conducta de Rodríguez, carente de esa solidaridad, ía que provocó la celebración de diversas vistas ante el foro de instancia y eventualmente indujo el dictamen crasamente erróneo de instancia de 20 de septiembre de 1988, el cual beneficiaba a Rodríguez indebidamente. Si ahora eximimos al deudor del pago de intereses, le daríamos viso de legalidad a toda esa conducta irregular de Rodríguez y a la decisión del tribunal de instancia. No podemos favorecer a quien con su conducta ha menoscabado el bienestar de sus propios hijos y también ha inducido al foro judicial a cometer un error craso. Faltaríamos a la norma que hemos establecido de que los tribunales deben “ser fuertes y rigurosos” en casos en que los padres incumplen crasamente con su deber de alimentar a sus hijos -Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, supra, pág. 627; Ex parte Valencia, 116 D.P.R. 909, 912 (1986)- norma que es espe-cialmente necesaria en nuestros días en vista del graví-simo problema social que encara el país en lo que respecta al incumplimiento del deber de los padres de alimentar a sus hijos. También aplica aquí nuestro anterior pronun-ciamiento de que, “[cjuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos”. Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978).

Finalmente, es menester indicar que recientemente nuestra Asamblea Legislativa enmendó el Art. 147 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 566, a los fines de incorporar al ordenamiento jurídico nuestro pronunciamiento en Martínez v. Rivera Hernández, supra, sobre el pago de intereses por mora en casos de pensiones alimentarias. Ahora dicho Art. 147 del Código Civil incluye un tercer párrafo que expresamente y en términos tajantes ordena que:

Los alimentos concedidos comenzarán a devengar intereses legales por mora, desde el momento en que se dicte la sentencia o si es de mes a mes, desde que venció o debió ser satisfecha la obligación.

Véase la Ley Núm. 131 de 17 de diciembre de 1993 (31 L.P.R.A. see. 566). Esta enmienda legislativa refleja el particular interés del legislador en asegurar el más riguroso cumplimiento del deber de los padres de alimentar a sus hijos. El claro mandato legislativo, que consolida nuestros pronunciamientos anteriores sobre el particular, quedaría desatendido si en un caso como el de autos sostuviésemos la posición acomodaticia del padre deudor.

En vista de la convergencia de las particulares circuns-tancias presentes en este caso, antes explicadas, resolve-mos, pues, que Rodríguez incurrió en un retraso culposo y, en consecuencia de ello, el foro de instancia debió imponer los intereses por mora reclamados entre el 20 de septiem-bre de 1988 y el 2 de abril de 1992.

Por los fundamentos antes expuestos, se debe modificar la resolución recurrida y ordenarse el pago también de in-tereses por mora durante el tiempo que estuvo vigente la resolución de instancia, que revocamos mediante sentencia el 2 de abril de 1992.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

- O -

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Estamos totalmente de acuerdo con los pronunciamien-tos generales y con la exposición del derecho aplicable ex-puestos en la opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López. Sin embargo, concurrimos con el resultado al cual llega la opinión del Tribunal debido a que, a dife-rencia de lo expresado en ambas ponencias, el tribunal de instancia, mediante su Resolución de 20 de septiembre de 1988, no le suspendió el pago de las pensiones futuras al señor Rodríguez.

En realidad, todo lo que hizo esta resolución fue suspender el pago de las pensiones adeudadas hasta ese mo-mento, sin mencionar las futuras. Existiendo una senten-cia previa que ordena a Rodríguez a pagar cierta pensión mensual a sus hijos y al no haber la resolución alterado expresa o implícitamente este dictamen, le tenía que que-dar claro a Rodríguez que la deuda se seguiría acumu-lando, con la obligación correspondiente de pagarla. Tam-bién debió comprender que todo el beneficio que le daba la resolución era concederle una prórroga respecto al pago de las pensiones hasta ese momento acumuladas, para darle la opción de no pagar y, a la vez, evitar el desacato. Este diferimiento o prórroga no alteró la existencia o magnitud de la obligación alimentaria establecida originalmente.

Como el tribunal de instancia no suspendió el pago de las pensiones futuras a Rodríguez ni le rebajó o eliminó el monto de su obligación alimentaria, éste venía obligado, aun antes de que revocáramos la resolución, a seguir pa-gando las pensiones que vencieran a partir de la concesión de la prórroga en cuanto a las pensiones ya vencidas. Al no haberlo hecho, tiene ahora que satisfacer los intereses acu-mulados sobre dicha cantidad.

- O -

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

No cuestionamos el irrefutable y sabio principio a los efectos de que “los casos de alimentos paterno-filiales están revestidos del más alto interés público”. Opinión mayorita-ria, pág. 780. Tampoco cuestionamos la aseveración a los efectos de que “[l]a obligación de alimentar que está pre-sente en estos casos ‘tiene su fundamento en el derecho a la vida’ ”. íd.

Aceptamos como correcta la norma jurisprudencial que establece que “ ‘es mandatorio el que un tribunal, al dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la senten-cia sin excepción de clase alguna” —(énfasis suprimido) opinión mayoritaria, pág. 783 — y la sabia norma a los efec-tos de que “ ‘las sentencias y resoluciones en casos de pen-siones alimenticias devengan intereses legales por mora’ ”. íd.

Ahora bien, conforme se reconoce en la propia opinión mayoritaria, pág. 783, la doctrina civilista, respecto al asunto de “mora”, es a los efectos de que “ ‘sólo es mora el retraso culpable’ del pago de lo debido”. (Enfasis en el original.)

Es, precisamente, debido a ello que no podemos suscribir la opinión que emite el Tribunal en el presente caso. Somos del criterio que nadie puede ser considerado “culpable” de conducta de clase alguna, ni puede ser sancionado o res-ponsabilizado de modo alguno, por razón de obedecer y aca-tar el dictamen de un tribunal.

Eso, llana y sencillamente, fue lo que hizo el recurrido Rodríguez en el presente caso al abstenerse de satisfacer la pensión alimentaria durante el período de tiempo transcu-rrido entre la fecha de la resolución que emitiera el Tribunal Superior, suspendiendo el pago de la pensión, y el día en que este Tribunal emitió la sentencia revocando dicha resolución.

No hay duda que el recurrido Rodríguez, como conse-cuencia de la sentencia originalmente emitida por este Tribunal —revocatoria de la antes mencionada resolución-tiene la obligación de satisfacer la pensión alimentaria, que le fuera impuesta, en relación con el período de tiempo allí en controversia. Ello no significa, sin embargo, que se le deba penalizar, imponiéndole intereses por mora, por no haberlo hecho en vista de que así actuó siguiendo un dicta-men del foro de instancia, la corrección del cual tenía dere-cho a presumir.

Si fuera correcto el razonamiento que utiliza el Tribunal para llegar a la conclusión a la que erróneamente llega, el recurrido Rodríguez no sólo vendría en la obligación de pa-gar intereses por mora sino que, inclusive, podría ser en-contrado incurso en desacato por la conducta que observó durante el antes mencionado período de tiempo, lo que constituiría, igualmente, un absurdo.

“Hard cases make bad law”, dijo hace algún tiempo un gran jurista y filósofo del derecho. La decisión que se emite en el presente caso es un vivo y claro ejemplo de ello.

       Estudios realizados por el Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico revelan que Puerto Rico tiene un gravísimo problema relativo al incumplimiento de los padres de su obligación moral y jurídica de alimentar a sus hijos. Dicho Depar-tamento tiene una clientela de aproximadamente 125,000 niños abandonados. Más aún, el Departamento tiene estadísticas y estudios que revelan que 66% de los padres no cumplen con su obligación de alimentar a sus hijos, aunque la mayoría de ellos tienen la capacidad económica necesaria para hacerlo. Véase la Exposición de Motivos del proyecto de ley para crear la Administración para el Sustento de Meno-res, 1994 Leyes de Puerto Rico 391, 392-464.

       En lo pertinente, la Resolución de 20 de septiembre de 1988 dispone:
      “3. Según los argumentos vertidos, a este Tribunal se le ha demostrado la imposibilidad del demandante de tener unas relaciones saludables y efectivas con sus hijos, y que si bien es cierto que adeuda pensiones alimenticias, el mismo está en disposición de satisfacer las mismas cuando así lo ordene este Tribunal.
      “4. El demandante adeuda la suma de $4,000.00 por concepto de pensiones alimenticias atrasadas, al mes de agosto de 1988.
      “5. Se le ordena a la demandada que, en un plazo de treinta (30) días, exponga por escrito y bajo juramento a este Tribunal la forma y manera en que se efectuarán las relaciones paterno-filiales en este caso, en atención a lo indicado previamente por los informes sociales, a los fines de disponer para el depósito y pago de las pensiones alimenticias aquí adeudadas.” Apéndice, págs. 13-14.
      En nuestra Sentencia de 2 de abril de 1992 lo que hicimos fue revocar dicha resolución en cuanto permite el aplazar el pago de pensiones vencidas hasta tanto se determine cómo se conducirán las relaciones paterno-filiales.