text:
    Córdova & Simonpietri Insurance Agency et al., demandantes, v. Crown American Insurance Company of Cananda, demandada.

      Número: O-80-405

      Resuelto: 14 de mayo de 1982

      Jorge Bermúdez Torregrosa, de Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago & Pérez, abogado de la demandada; Gilberto Mayo Pagán, de Cando, Cuevas & Mayo, abogado de los deman-dantes.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

De conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil y la Núm. 27 del Reglamento de este Tribunal, I Práctica Forense, R. 53.1, Ap. I-A R. 27, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos ha certificado las siguientes preguntas por referirse las mismas a cuestiones de Derecho puertorriqueño que pueden determinar el resultado de la causa pendiente ante ese foro.

1. Si la Ley Núm. 75, de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. see. 278 y ss.) conocida como. Ley de Contratos de Distribución,, es de aplicación a la relación entre un asegurador y un agente general que está haciendo negocios en Puerto Rico bajo el Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1 y ss.

2. Si fue la intención legislativa el no hacer efectiva la Ley Núm. 75, supra, a la relación entre un asegurador y un agente general que hace negocios bajo el Código de Seguros, supra.

3. Si la Ley Núm. 75, supra, es inconstitucional en su aplicación prospectiva por constituir una deprivación de propiedad sin el debido procedimiento de ley.

Las primeras dos preguntas propiamente se reducen a un solo planteamiento: si aplica la Ley de Contratos de Distribución, Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. see. 278 y ss.), o el Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1 y ss., a la terminación de un contrato de agencia de seguros entre un asegurador y un agente que hacen negocios en Puerto Rico bajo dicho Código. La formulación del plan-teamiento en estos términos facilita, a nuestro juicio, el análisis jurídico de la controversia sin que se afecte el propósito de la certificación ni los intereses de las partes. Conviene advertir que los términos específicos utilizados por la Corte federal para la formulación de las preguntas no limitan en forma alguna nuestra facultad para exponer la controversia conforme nuestro mejor entendimiento del récord ni restringe el ámbito de nuestra función interpre-tativa. Esta es también la norma reconocida en la juris-dicción federal. DeWitt v. Duce, 642 F.2d 159 (1981); Martínez v. Rodríguez, 394 F.2d 156 (1968) y Hopkins v. Lockheed Aircraft Corp., 358 F.2d 347 (1966).

Con esta advertencia pasamos a resolver el plantea-miento, luego de exponer brevemente los hechos que le sirven de marco.

Córdova y Simonpietri Insurance Agency, Inc. fue el agente y representante en Puerto Rico de la aseguradora Crown Life Insurance Company of Canada desde el 1970 hasta marzo de 1979, cuando ésta le notificó la terminación del contrato de agencia a tenor con la cláusula 30 del mismo. Dicha cláusula autoriza a cualquiera de las partes a dar por terminada la agencia mediante notificación al efecto con 30 días de anticipación.

Con motivo de la terminación unilateral del contrato, Córdova y Simonpietri inició en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una acción de reclamación de daños contra Crown, fundada en la mencionada Ley Núm. 75. A petición de Crown el caso se trasladó a la Corte federal, en donde se suscitó la cuestión que nos ha sido certificada para resolución.

La posición de la aseguradora Crown es que el Código de Seguros excluye la aplicación de la Ley Núm. 75 a la terminación de los contratos de agencias de seguros. Su contención es que dicho Código establece un abarcador esquema regulatorio que se extiende a todas las fases de la relación entre la aseguradora y el agente de seguros, provee múltiples mecanismos para reglamentar los aspec-tos operacionales, financieros y tarifarios de la industria, y confiere al Comisionado de Seguros amplia facultad para controlar todo lo relacionado con dicha industria con exclusión de toda otra ley. Argumenta, además, que el Art. 9.430 del Código de Seguros específicamente dispone para la terminación de la relación entre la aseguradora y el agente, lo que, por ser legislación especial, excluye la aplicación de una ley general como es la Ley Núm. 75.

Es principio general de interpretación de estatutos que una ley de carácter especial sobre la materia prevalece sobre una de carácter general. Este principio dimana del Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12, y lo hemos reiterado consistentemente en nuestra jurisprudencia cuando hay conflicto entre dos estatutos, uno de carácter general y otro de carácter especial. Woods v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 233 (1950); París v. Canety, 73 D.P.R. 403 (1952); Sierra v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 841 (1954). En este caso, sin embargo, no hay conflicto entre el Código de Seguros y la Ley Núm. 75 en lo que concierne a la terminación de contratos de agencia. No empece su abarcador esquema regulatorio, el Código de Seguros en efecto guarda silencio sobre la cuestión, por lo que es ineludible acudir a la Ley Núm. 75 como legislación general sobre la materia, para cubrir esa deficiencia. Cf. Serrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc., 108 D.P.R. 477 (1979); Pueblo ex rel. López v. Pérez Peña, 54 D.P.R. 804 (1939).

No es correcto el argumento de Crown de que el Art. 9.430 del Código de Seguros específicamente regula la terminación del contrato de agencia al permitir que el asegurador pueda dar por terminado el contrato mediante una notificación por escrito al Comisionado de Seguros, con copia al agente, sin que haya necesidad alguna de mencionar la causa para la terminación. Entiende Crown que este artículo la exime de aducir justa causa. Una mera lectura de su texto es suficiente para demostrar que dicho artículo sólo establece un procedimiento para la cancelación de la licencia de agente de seguros y que nada tiene que ver con la terminación del contrato de agencia. Veamos:

La licencia de un agente se cancelará a petición por escrito presentada al Comisionado, bien por el agente o bien por el asegurador. Si es el asegurador quien hace la petición, ésta deberá ir acompañada con prueba de que asimismo se ha enviado por correo aviso de dicha petición al agente, y dicha cancelación no será efectiva hasta después que el agente haya recibido la notificación por los canales regulares del correo. La petición del asegurador podrá expresar las causas de dicha cancelación y la información que se sumi-nistre al Comisionado será de carácter privilegiado y no podrá utilizarse como prueba en ninguna acción contra el asegurador ni ninguno de sus representantes. Código de Seguros, Art. 9.430 (26 L.P.R.A. see. 943).

Igualmente es inaplicable el Art. 9.460 del Código de Seguros que autoriza al Comisionado a denegar, suspender, revocar o negarse a revocar una licencia de corredor de seguros excedentes o la de agente general por los motivos que allí se mencionan.

Es cierto que el Código de Seguros proscribe los métodos de competencia desleal o cualquier acto o práctica injusta o engañosa en el negocio de seguros, así como todo acto de boicot, coerción o intimidación que conduzca o tienda a conducir a una restricción irrazonable o a un monopolio del negocio de seguros, Arts. 27.090, 27.100 y 27.800 (26 L.P.R.A. secs. 2709, 2710 y 2730, respectiva-mente). Pero tales prohibiciones tampoco tienen que ver con la terminación del contrato de agencia. Las mencio-nadas disposiciones se refieren únicamente a la protección del público contra tales prácticas y no regulan en forma alguna la terminación del contrato de agencia.

En ausencia, pues, de una disposición específica del Código de Seguros que cubra la materia, es necesario acudir a la Ley Núm. 75 como estatuto de carácter general para determinar si dicha Ley cubre o no la terminación de contratos de agencias de seguros.

La Ley Núm. 75 define la figura del distribuidor y del contrato de distribución en los siguientes términos:

(a) Distribuidor: persona realmente interesada en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o repre-sentación de determinada mercancía o servicio.
(b) Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual. .. el primero se hace . . . cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico.

Ya en San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211, 215 (1978), reconocimos que al interpretar estas disposiciones los distribuidores protegidos por la Ley Núm. 75 no sólo son los que distribuyen mercancías, sino también los que prestan un servicio al principal. Allí identificamos la figura del distribuidor con la “gestión de crear un mercado favorable y conquistar una clientela para un producto o servicio mediante la promoción y conclusión de contratos de venta”. El agente de seguros cae de lleno dentro de esta definición.

El Art. 9.010 del Código de Seguros lo define como “la persona, razón social o corporación nombrada por un asegurador para gestionar solicitudes de seguro o negociar seguro en su nombre, y si fuere autorizado para ello por el asegurador, para efectuar y refrendar contratos de segu-ros”. 26 L.P.R.A. see. 901. La gestión primordial del agente de seguros consiste, pues, en vender pólizas de seguros; es decir, en promover y concluir contratos de seguros para beneficio de la aseguradora. Uría comenta el contrato de agencia en la siguiente forma:

Entre los auxiliares autónomos del empresario (v. núm. 29) destacan por su actual importancia en el tráfico los llamados agentes comerciales. La función típica que éstos desempeñan consiste en promover en su actividad, y median-te una retribución, la conclusión de contratos en favor de su principal, o bien la de concluirlos por sí pero a nombre y por cuenta de este último. El empresario recurre, por tanto, a los agentes con objeto de crear, conservar o ampliar la clientela propia de su establecimiento. (Énfasis nuestro.) Rodrigo Uría, Derecho Mercantil, lima ed., 1976, see. 581.

En orden a lo anterior, concluimos que la actividad mercantil del agente de seguros, en tanto en cuanto promueve y concluye contratos de seguro, constituye la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia en el mercado de Puerto Rico bajo la Ley de Contratos de Distribución, supra.

Resuelto afirmativamente el planteamiento esbozado al comienzo de la opinión y, en consecuencia, contestadas las primeras dos preguntas certificadas por la Corte federal, procede que dispongamos de la tercera interrogante relativa a la constitucionalidad de la Ley Núm. 75.

La tercera pregunta plantea la validez constitucional de la Ley Núm. 75 en su aplicación prospectiva porque, según se alega, constituye una privación de propiedad sin el debido procedimiento de ley, tanto bajo la Constitución del Estado Libre Asociado como bajo la Constitución federal. En Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982), establecimos la norma de no contestar preguntas certificadas cuando la cuestión planteada se refiere a la validez constitucional de una ley nuestra bajo una disposición de la Constitución del Estado Libre Asociado que es similar a una disposición de la Constitución federal, lo cual es precisamente el plantea-miento de la tercera pregunta. Por las razones allí expuestas rehusamos contestar dicha pregunta.

Se dictará la correspondiente sentencia la cual se remitirá a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

       El Art. 12 del Código Civil dispone:
      “En las materias que se rijan por leyes especiales la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este título.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Luis Ayala Córdova, Antonia Cruz de Ayala y la Sociedad de Gananciales compuesta por éstos, demandantes y recurridos, v. San Juan Racing Corporation y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-79-11

      Resuelto: 14 de mayo de 1982

      Gonzalo J. Barreras Varona, abogado de los recurrentes; José E. de la Cruz Skerret, Marcelino Meléndez La Fontaine y Luis Carbone, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Revisamos en el presente caso una sentencia que concedió indemnización al Sr. Luis Ayala Córdova y a su esposa por daños y perjuicios causados como consecuencia de la detención ilegal de que él fue objeto mientras asistía a un evento hípico en el Hipódromo El Comandante. Los planteamientos de los demandados recurrentes requieren que examinemos la naturaleza de la acción por detención ilegal en relación con las acciones por difamación libelosa y por persecución maliciosa, y que consideremos algunos aspectos procesales sobre admisibilidad y alcance de prue-ba documental y testifical con respecto a la condición de salud de una persona. Resolvemos finalmente que procede sostener la decisión del tribunal recurrido en cuanto responsabilizó a los demandados recurrentes, aunque de-berá modificarse la cuantía de la indemnización concedida al señor Ayala Córdova al evaluarse el efecto del incidente sobre su persona.

I

Los hechos se desarrollaron como a continuación se expone. Para el 10 de noviembre de 1974 la codemandada San Juan Racing Association Corp. era dueña del Hipó-dromo El Comandante y lo administraba. Además de sus propios empleados de seguridad, dicha corporación man-tenía en vigor un contrato de servicios de vigilancia especial con la Policía de Puerto Rico, mediante paga, en virtud del cual se destacaban miembros de la Policía en el Hipódromo, que compartían con dichos empleados de seguridad la función de mantener el orden en días de carreras.

En la expresada fecha se celebraban carreras de caballos. Concluida la primera carrera, un agente de seguridad del Hipódromo sospechó que el Sr. Luis Ayala Córdova hacía apuestas clandestinas, al observar que pasó dinero a otras personas y éstas no se movieron a hacer jugadas en las bancas. Sin más observación de actuaciones similares adicionales por parte del señor Ayala Córdova ni comprobación de que en efecto estuviera violando la ley, se comunicó con el policía Héctor Orozco, quien prestaba servicios de vigilancia especial como miembro de la Policía de Puerto Rico, y le señaló que el señor Ayala Córdova “estaba jugando clandestino”. Éste se hizo acompañar de otro compañero policía y se dirigió hacia donde estaba Ayala Córdova, quien se hallaba acompañado de una vecina y amiga de la familia, de nombre María González. El incidente que a continuación ocurrió fue recogido por el tribunal sentenciador en las siguientes determinaciones de hecho:

2. Después de la primera carrera del programa para la tarde hípica, se acercó al demandante Luis Ayala, el policía estatal Héctor Orozco. Éste le instruyó que tenía que acompañarle. El demandante le requirió una explicación al arresto, pero no se le ofreció. Al policía hacer contacto físico con el demandante, éste rechazó acompañarlo. El policía Orozco, tomándolo por los brazos le obligó a salir al pasillo iniciando su marcha hasta la Oficina de la Guardia de Seguridad del Hipódromo. El arresto llamó la atención, arremolinándose los expectadores [sic] alrededor del de-mandante. Entonces se unieron miembros de la guardia de seguridad del hipódromo asistiendo al policía Orozco en la tarea del arresto, ya que el demandante se resistía a la vez que pronunciaba lenguaje obsceno.
3. La señorita María González también fue intervenida y en presencia de la guardia de seguridad del hipódromo, se le vació el contenido de su cartera, registrándose entonces el mismo luego de lo cual se le informó que podía marcharse y se fue a su casa. Ella entregó la cartera cuando se le solicitó sin ofrecer resistencia.
4. El demandante Ayala Córdova, quien estaba siendo llevado aplicándole un agarre de mano a su espalda a nivel de la cintura, sufrió caídas en el trayecto y haciendo uso de la fuerza se le obligó a subir las escaleras y al llegar a la puerta de entrada de la oficina de la guardia de seguridad se le agredió por la espalda cayendo al piso en la misma oficina. Allí se le registró y, según se alega, se le sustrajo la suma de $310.00 que llevaba consigo. No se preparó ningún informe sobre este arresto ni tampoco se hizo anotación en el libro de novedades que se mantenía en la oficina de segu-ridad del Hipódromo El Comandante. Lo anterior ocurrió en la oficina, ante la presencia del demandado José Nazario, Jefe de Seguridad y exteniente [sic] de la Policía de Puerto Rico, y del demandado Zoilo Reyes, quien también había sido policía estatal, y segundo en el mando del grupo de guardias del hipódromo. Este último inclusive fue la persona que una vez en la oficina, se encargaba de “tranquilizar” al demandante forzándolo a que se estuviera quieto en una silla donde fue sentado.
5. El origen del arresto fue que alegadamente un emplea-do de seguridad del hipódromo observó una escena aparen-temente delictiva conducida por el demandante Luis Ayala Córdova al aceptar apuestas clandestinas. Dicho empleado promovió el arresto a través de uno de los policías estatales. El registro practicado en la persona del demandante y de su acompañante demostró que éstos no poseían nada, que le incriminaran [sic] en delito alguno. No se radicaron denun-cias contra ninguna de las personas envueltas en los incidentes. El demandante ante la mirada de varios expec-tadores [sic], abandonó la caseta de seguridad, temblándole su cuerpo, descompuesto emocionalmente, llorando y con su camisa abierta y regresó a su casa.
6. El demandante Ayala es una persona con un largo historial médico de desajustes mentales y, además, tiene otros padecimientos físicos, por los cuales está pensionado. Los incidentes, no cabe duda, tuvieron un dramatismo e impacto superior en la persona del demandante por su condición física y mental. El demandante trató de mostrar una tarjeta expedida por la Administración de Veteranos que hacía constar la incapacidad del mismo, pero declaró que su intento fue frustrado al ser desatendido su reclamo.
7. Después de acontecidos los hechos de referencia, el demandante fue recluido de emergencia con la asistencia de sus dos hijos, el 18 de noviembre de 1974, en la división de psiquiatría del Hospital de Veteranos, donde permaneció 21 días, hasta el 9 de abril de 1974, \sic\ siendo referido para seguimiento a la Clínica de Higiene Mental.

Esas determinaciones de hecho tienen respaldo en la prueba desfilada, cuya exposición narrativa ordenamos y hemos examinado. Se demandó a San Juan Racing Association Corp., a los empleados de seguridad y a su aseguradora Reserve Insurance Company. Contra la sen-tencia que les ordena indemnizar al señor Ayala Córdova en la suma de $21,500 y a su esposa en la cantidad de $2,500 por los daños sufridos, más $1,000 para honorarios de abogado los demandados han recurrido. Sus plan-teamientos pueden resumirse en tres imputaciones de error, a saber: en las determinaciones sobre prueba médica, al responsabilizar a los demandados, y en la fijación de la indemnización. Los consideraremos en orden a su importancia.

II

Los recurrentes plantean que no se les debió responsa-bilizar por no haberse establecido mediante la prueba que los empleados de San Juan Racing instigaran a los agentes de la Policía para que actuaran contra el demandante en la forma en que lo hicieron. Citan en su apoyo los casos de Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975), y Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 103 D.P.R. 778 (1975). Dichos casos son distinguibles del presente. En Cortés Portalatín la causa de acción invocada se basó en un alegado libelo contenido en una carta en que se informaba sobre determinadas actuaciones del demandante en la casa del demandado y la coincidencia de la desaparición de un revólver que el demandado tenía en su casa. En Raldiris se trataba de una alegada persecución maliciosa de parte de un empleado de la corporación demandada al informar hechos a la Policía que culminaron con el encausamiento del demandante por el delito de hurto, del cual fue absuelto. En ambos casos revocamos las sentencias que condenaron a los demandados a indemnizar a los deman-dantes por daños.

Resolvimos en Cortés Portalatín que, aparte de no haberse probado que la queja contenida en la carta se debiera a motivos impropios o fuese irrazonable o que el demandado le hubiese impartido publicidad, éste estaba protegido por la “doctrina del privilegio restringido”. Señalamos, pág. 739: “Un ciudadano que sospeche razona-blemente que se ha cometido o que se piensa cometer un crimen tiene el privilegio, para su protección y la de la sociedad, de comunicárselo a las autoridades correspon-dientes o a quien él crea de buena fe que pueda tomar acción correctiva. La comunicación puede ser falsa, pero el privilegio persiste.”

Señalamos en Raldiris, pág. 781, que para que sea accionable civilmente una causa originada en persecución maliciosa no es suficiente el mero hecho de que el deman-dado informe a las autoridades la comisión de un delito, “sino que debe demostrarse que el demandado instigó activa y maliciosamente la iniciación del proceso y que no fueron las autoridades quienes a base de su propia evalua-ción de los hechos decidieron procesar al demandante”. Al igual que en Cortés Portalatín, subrayamos, pág. 782, la necesidad de proteger contra esta clase de reclamaciones al ciudadano que de buena fe y a base de una creencia ra-zonable informa a la Policía sobre la comisión de un crimen.

La causa de acción ejercitada en el presente caso no se basa ni en libelo ni en persecución maliciosa. Se trata aquí de un caso de detención ilegal. Aunque la acción por libelo fue reconocida expresa y específicamente por la Ley de 19 de febrero de 1902 (32 L.P.R.A. sees. 3141 a 3149), en ausencia de dicho estatuto tendría base, como la persecu-ción maliciosa y la detención ilegal, en la disposición general del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, que dice:

See. 5141. Obligación cuando se causa daño por culpa o negligencia
El que por acción u omisión causa daño a otro, intervi-niendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.

Más aún, como señaláramos en Cortés Portalatín, supra, estas causas de acción serían autoejercitables, ex proprio vigore, aun en ausencia de dicha disposición del Código Civil ni de ley alguna, en vista de las disposiciones constitucionales que consagran el principio de inviolabili-dad de la dignidad del ser humano, el derecho a la libertad, el derecho de toda persona a la “protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Colón Vda. de Rivera. v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 259-260 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125, 133 (1963).

La tipificación de estas causas de acción, particular-mente persecución maliciosa y detención ilegal, es de naturaleza jurisprudencial, adoptada en esta jurisdicción del Derecho angloamericano. Allá se les conoce como malicious prosecution y false imprisonment, y a cada una se le señalan características definitorias particulares. Así, el primer caso que informa nuestra jurisprudencia en que se reclamó indemnización por persecución maliciosa —Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342 (1913)— adoptando criterios de juris-prudencia norteamericana, estableció (pág. 346):

En las acciones por persecución maliciosa, cuatro son los elementos esenciales que deben alegarse y probarse, a saber:
1. Que el demandante ha sido denunciado por el deman-dado.
2. Que la causa terminó de modo favorable para el demandante.
3. Que fué seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable.
4. Que el demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ello. Field on Damages, artículo 686, pág. 544; 26 Cyc., 8; Breneman v. West, 21 Tex. Civ. App., 21, 50 S.W. Rep., 471; Collins v. Campbell, 18 R.I. 738, 31 Atl. Rep. 832.

Estos requisitos de la acción por persecución maliciosa han sido reiterados en Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948); Jiménez v. Sánchez, 76 D.P.R. 370 (1954); Fonseca v. Oyola, 77 D.P.R. 525 (1954); Escoda v. Hull Dobbs Co. of P.R., 100 D.P.R. 305 (1971); Raldiris v. Levitt & Sons of P.R., Inc., supra, pág. 781.

La acción por detención ilegal no ha sido específica-mente depurada en nuestra jurisprudencia, quizás porque cuando se ha reclamado ha estado sumergida en alega-ciones por persecución maliciosa. Y es que la persecución maliciosa, si bien se inicia con la persona de un instigador que maliciosamente mueve el aparato represivo del Estado para lograr el encausamiento criminal de una persona, casi siempre produce el arresto o detención de la víctima. ¿Quiere ello decir que no puede haber detención ilegal si falta un instigador? La respuesta es, obviamente, no.

En Casanova v. González Padín Co., 47 D.P.R. 488, 498 (1934), también haciendo uso de citas de jurisprudencia norteamericana, se definió la detención o “prisión” ilegal —la sinonimia se utiliza indistintamente— así:

Entiéndese por prisión ilegal el acto de restringir ilegal-mente a una persona contra su voluntad o libertad de acción personal. La médula del delito de prisión ilegal la constituye la detención ilegal. 25 C.J. 443.

De aquí se deduce que puede existir una causa de acción por detención ilegal sin que exista o culmine en la persecución maliciosa. Una persona, sea o no funcionario del orden público, puede por sí, o por mediación de otro, detener ilegalmente o causar que se detenga ilegalmente a otra persona. En ambos casos dicha persona respondería en daños y perjuicios, si dicha actuación es culposa o negligente.

Es así en el Derecho angloamericano. Véanse Prosser, Law of Torts, 4ta ed., 1971, sec. 11; Restatement (Second), Torts 2d, 1965, secs. 35 y 44. Y es así bajo la teoría general de las obligaciones que emanan de culpa y negligencia reconocidas en el Derecho civil. Castán, Derecho civil español, común yforal, 1977, T. 4, págs. 894-895, señala:

El supuesto de la responsabilidad extracontractual lleva consigo, como advierten los anotadores de Enneccerus, la lesión de un derecho subjetivo o de cualquiera de los bienes de la persona cuyo menoscabo sea susceptible de producir un daño. “Al sancionar la obligación de reparar el daño causado a otro por acción u omisión culposa o negligente, el art. 1.902 no ha especificado (a diferencia de lo que hace el Código alemán) una serie de derechos cuya lesión constituya el fundamento dé la pretensión de indemnización. El artículo citado no exige literalmente más que un daño, sin otra especificación; pero es evidente que quedan comprendidas en su previsión las lesiones contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad y cualquier otro bien de la persona, tenga o no entidad de derecho subjetivo.” No se excluye tampoco el honor, como lo demuestran, entre otras, las sentencias de 6 de diciembre de 1912, 14 de diciembre de 1917, 12 de marzo de 1928, 31 de marzo de 1931, 25 de junio de 1945, 28 de febrero de 1959 y 7 de febrero de 1972. “Todo acto positivo que cause daño, salvo que esté justificado o permitido por el Derecho, está prohibido o bien concreta-mente por disposición especial o bien generalmente por el principio alterum, non laedere del art. 1902.” (Énfasis suplido.)

Véase, al mismo efecto Colin Capitant, Curso elemental de Derecho civil, Madrid, 1960, T. II, pág. 774, citado por Castán.

Sobre la coincidencia ocasional de los dos sistemas tradicionales de Derecho —el angloamericano y el civil— en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, lo que explica el uso para fines de Derecho comparado de doctrinas del Derecho común en estos casos, dice Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, 1956, T. II, Vol. II, pág. 660:

Sin embargo, a pesar de esta divergencia entre los derechos del grupo que podríamos llamar continental y el angloamericano, la materia regulada es de las que ofrece caracteres más uniformes en todos los países. Cabe recordar las palabras de Ferdinand F. Stone: “desde el momento que los hombres se portan de manera semejante en Italia que en Wisconsin y que los progresos de la técnica, en general, imprimen rasgos comunes en la vida social de las más distintas partes del mundo, es natural que los problemas puedan resolverse con técnicas jurídicas, no imitadas o copiadas, pero sí inspiradas en la experiencia ajena.” Aun con grave riesgo de afirmar una vulgaridad, nos atrevemos a señalar que si el acto, por ejemplo, de contraer matrimonio está ligado en cada país a valores sociales diversamente arraigados, el acto de cruzar una calle y sufrir el atropello causado por un vehículo de propulsión mecánica tiene en todas partes la misma significación.

Al mismo efecto, véase Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609, 610 (1976).

Desde el punto de vista de la responsabilidad civil que pueda exigirse a quien personalmente efectúe la detención ilegal de una persona, conviene resaltar que nuestro ordenamiento procesal penal es menos restrictivo cuando se trata de un agente del orden público que cuando se trata de una persona particular. Véanse las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Criminal. Es razonable que así sea, pues el agente del orden público tiene la obligación específica de “prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obedien-cia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen”. Ley de la Policía de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 1003. Si bien esa es, además, obligación de la ciudadanía en general, la persona particular ha de ser más prudente al intervenir con la libertad de un individuo, sea si lo hace directamente o si lo hace por mediación de un agente del orden público, pues la persona particular de ordinario no posee el entrenamiento especializado que para el desempeño de sus funciones recibe el agente del orden público.

La determinación sobre la procedencia de una acción civil por daños contra la persona particular que efectúa o causa la detención de un ciudadano que no ha cometido delito, bajo circunstancias que no constituyen una persecución maliciosa, ha de depender de criterios de razonabilidad. En la búsqueda de un adecuado balance entre la obligación que toda persona tiene de cooperar en la lucha contra el crimen y el derecho que toda persona tiene a no ser privado ilegalmente de su libertad, el criterio de razonabilidad debe aplicarse a base de las circunstancias de cada caso. Aparte de los requisitos de legalidad que hallamos en las Reglas 11 y 12 de Procedi-miento Criminal, antes transcritas (escolio 5), debe recu-rrirse a la figura del hombre prudente o razonable, el reasonable man de la jurisprudencia angloamericana, equi-valente al “buen padre de familia” a que se refiere el Derecho civil. Sobre el particular, son atinadas las si-guientes expresiones de Puig Brutau, op. cit., pág. 681:

. . . Con más motivo, en materia de culpa aquiliana deberá atenderse de manera general al prototipo de conducta que corresponde al diligens paterfamilias (cf. el segundo párrafo del art. 1.104), que sin duda favorece la adopción de un criterio objetivo para fundar la culpabilidad, de la misma manera que según hace notar Lawson, el abogado inglés recurre al standard representado por la conducta del reasonable man, del hombre razonable. Como señala este mismo autor, “en todo caso, la distinción entre un standard subjetivo y el que sea objetivo no puede resultar tan claro en la práctica como tantas veces se hace aparecer en teoría, pues aunque la responsabilidad se haga depender de la intención (state of mind) del demandado, la única manera de comprobarla normalmente consistirá en comparar su con-ducta con la de un hombre razonable en las mismas circunstancias”. (Escolios omitidos.)

La razonabilidad de las actuaciones de la persona que es demandada civilmente en daños por alegada detención ilegal del demandante y su responsabilidad por ello, deben medirse tomando en consideración los siguientes factores: la persona del demandado, su edad, preparación intelectual, condiciones morales y sus experiencias previas; la persona del detenido, incluso su edad, apariencia y su comportamiento; conocimiento que en la fecha de los hechos tuviera el demandado de la persona del detenido y aquellas que con él se relacionaban; la conducta sospechosa, incluso la gravedad del delito que ella pudiera implicar, el lugar, la ocasión, y la frecuencia de dicha conducta. El listado de estos factores no pretende ser exhaustivo. Cada caso tiene sus peculiaridades que deberán tomarse en cuenta al deter-minar si se incurrió o no en una detención ilegal.

Atendidos los particulares expuestos, es insostenible la posición de los aquí recurrentes de que no incurrieron en responsabilidad. Los empleados del Hipódromo, si obser-varon conducta sospechosa de parte del señor Ayala Córdova, por su especial función de agentes de seguridad y experiencia en su trabajo, pudieron y debieron esperar a confirmar si en efecto dicha conducta era delictiva. Por el contrario, observada la conducta sospechosa al terminar la primera carrera, no esperaron a ver si se repetía dicha conducta en otras carreras. No fueron ante los agentes del orden público unos meros informadores de una sospecha, sino que les expresaron que el demandante estaba “jugan-do clandestino”. Y no se concretaron a dar dicha informa-ción, sino que se unieron y asistieron al policía Orozco en la tarea del arresto y facilitaron la oficina de seguridad del Hipódromo en que lo mantuvieron detenido ellos y la Policía. Allí lo registraron, lo amenazaron y agredieron, y finalmente lo expulsaron de los terrenos del Hipódromo. Dijimos en Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 87 D.P.R. 30, 36 (1962):

La responsabilidad por los daños causados con motivo de un encarcelamiento ilegal recae no sólo sobre las personas que perpetran el confinamiento, sino también sobre quienes lo ordenan o instigan, aun cuando no participen activamente en el acto físico de la detención. Jillson v. Caprio, 181 F.2d 523 (C.A. D.C. 1950), comentado en 49 Mich. L. Rev. 917 (1951), 25 St. John’s L. Rev. 100 (1950) y 35 Cornell L.Q. 904 (1950); Mayo Hotel Company v. Cooper, 298 P.2d 443 (Okl. 1956); Matovina v. Hult, 123 N.E.2d 893, 898 (Ind. 1955).

Cabe señalar, además, que los agentes del orden público que intervinieron con el demandante actuaron en el desempeño de una relación especial para beneficio de San Juan Racing, en virtud del contrato existente entre San Juan Racing y la Policía de Puerto Rico. Los policías eran, como los agentes de seguridad, un brazo extendido de San Juan Racing.

En resumen, no se trata aquí de un caso de difamación. La prueba no estableció, ni concluyó el tribunal de instancia como cuestión de hecho, que al señor Ayala Córdova se le imputara públicamente la comisión de un delito. Tampoco se trata de un caso de persecución maliciosa, pues no se instó acción judicial alguna contra el demandante. De hecho, luego de detenérsele y registrársele se comprobó que no había base alguna para encausarlo. Se trata de un caso de detención ilegal en que, además de la instigación activa y persuasiva por parte de un empleado del Hipódromo, hubo la participación y cooperación afir-mativa y voluntaria entre policías al servicio del Hipó-dromo y empleados de la empresa en la detención ilegal y prolongada del demandante en una dependencia del Hipó-dromo. Ante dichas actuaciones los demandados no pueden evadir su responsabilidad civil.

III

En cuanto a la prueba sobre la manera como fue afectado el demandante Ayala Córdova, alegan los recu-rrentes que el tribunal de instancia erró al considerar en su totalidad el récord médico sobre su hospitalización, no obstante haberse estipulado que se admitiera solamente parte de dicho récord. Alegan además que las determina-ciones del tribunal sobre el efecto del incidente sobre el demandante son erróneas por no estar basadas en testi-monio pericial.

Un examen de los autos demuestra que el récord se ofreció como prueba del demandante en el “Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados”, suscrito por los abogados de ambas partes. La parte número seis de dicho informe dice:

6. Prueba Documental:
A) Parte Demandante:
2. Record médico del demandante, Luis Ayala Córdova, en el Hospital de Veteranos.
Sobre estos documentos no hay objeción.
B) Parte Demandada:
Ninguna.

Es evidente que el récord se ofreció, sin objeción, en su totalidad. Así surge también de una estipulación hecha en corte abierta, cuya transcripción se ha unido a los autos ante nos. En lo aquí pertinente, dice (Transcripción de Autos, pág. 29):

Lie. Carbone:
La parte demandada y la parte demandante han llegado a unos acuerdos de ofrecer varias estipulaciones para que el Tribunal se sirva impartir la aprobación de las mismas, si es que así estima el Tribunal, y son las siguientes:
La número uno, V.H., es que se ofrece el récord médico completo del demandante que comienza con su admisión al Hospital de la Administración de Veteranos el día 19 de junio de 1951 y finaliza con la anotación del 12 de julio de 1976. Esa es la primera estipulación que ofrecemos a la consideración del Tribunal, V.H.

Más adelante se dice que se estipula la evaluación (iassessment) que está en dicho récord y el tratamiento (plan) recibido por el demandante. La frivolidad de ese alegado error es patente.

En cuanto a la ausencia de testimonio pericial, también es inmeritorio el planteamiento. El récord médico, cuya admisión se estipuló, es por sí solo prueba de la condición del demandante. La relación causal entre el incidente y la reclusión del demandante en el hospital ocho días después no era menester probarla mediante testi-monio pericial. La prueba circunstancial era suficiente para que el tribunal pudiera inferir esa relación. El testimonio de la esposa del demandante sobre el particular permitía así hacerlo, y dicho testimonio no era inadmisible. Declaró ella que durante esos ocho días él se mostraba sumamente nervioso y belicoso y fue eso lo que la llevó a recluirlo. Esas percepciones suyas eran admisibles bajo el estado de Derecho probatorio vigente en la fecha del juicio, que las Reglas de Evidencia de 1979 han recogido en la núm. 51, así:

Si un testigo no estuviere declarando como perito, su declaración en forma de opiniones o inferencias se limitará a aquellas opiniones o inferencias que estén racionalmente basadas en la percepción del testigo y que sean de ayuda para el mejor entendimiento de su declaración o para la determinación de un hecho en controversia.

Esa Regla tiene su antecedente en el Art. 20 de la anterior Ley de Evidencia, Art. 381 del Código de Enjui-ciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1662, que disponía:

Un testigo sólo puede declarar sobre hechos que le consten personal y directamente; es decir, que se deriven de sus propias percepciones, excepto en los pocos casos expresos en que sus opiniones o inferencias, o las declaraciones de otras personas, sean admisibles.

Nuestra jurisprudencia interpretó esa disposición para permitir que una persona, no perito, pudiera declarar sobre el estado de ánimo que observó en otra persona, Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Pueblo v. Martell Cajigas, 88 D.P.R. 636 (1963); sobre el aspecto de enfermo de una persona, Pueblo v. Gerardino, 37 D.P.R. 185 (1927); sobre sufrimientos de un enfermo, Yordán v. Ríos, 68 D.P.R. 259, 263 (1948). En ausencia de prueba de que el demandante se tornara belicoso y nervioso por razón de otra causa, estaba justificado el tribunal en inferir que tal condición fue consecuencia del incidente en el Hipó-dromo y causa de su hospitalización ocho días después.

IV

En el ejercicio de la causa de acción por detención ilegal el demandante tiene derecho a indemnización por el valor del tiempo perdido, por los inconvenientes y molestias físicas sufridas y por cualquier efecto adverso sobre su salud. Como el daño principal es de naturaleza mental, tiene derecho a recobrar por sus sufrimientos mentales, humillaciones, y daños morales análogos. Véase Prosser, Law of Torts, 4ta ed., 1971, Sec. 11.

En la demanda instada en instancia, con excepción de una alegación sobre la sustracción de $310 al señor Ayala Córdova, no se alegan daños especiales. Las determina-ciones de hechos del tribunal sentenciador se limitan, igualmente, a daños morales, señalándose en la núm. 6 que los incidentes ocurridos en el Hipódromo “tuvieron un dramatismo e impacto superior en la persona del deman-dante por su condición física y mental”. El récord médico, recogido en la número ocho de las determinaciones de hecho, describe al señor Ayala Córdova como un hombre de cincuenta años de edad, casado, desempleado, con preparación escolar de octavo grado, y con una incapaci-dad reconocida de cien por ciento. Recibe pensión de la Administración de Veteranos, según conclusión del tribunal de instancia.

En cuanto a su condición física, el examen que le fuera practicado no reveló condición extraordinaria digna de mención. El récord revela, en cuanto a condición mental, un caso de esquizofrenia crónica de tipo no diferenciado. El primer día de admisión al hospital —ocho días después del incidente— el señor Ayala Córdova no pudo ser entrevistado debido a que estaba confundido y tenía ideas agresivas. Tras veintiún días de tratamiento a base de psicoterapia individual, terapia ocupacional y recreativa, y farmacoterapia, fue dado de alta para seguimiento en una Clínica de Higiene Mental. Estaba en contacto con la realidad, sin que tuviera ideas suicidas u homicidas. Su incapacidad se considera severa.

No surge de la prueba que el incidente objeto de este recurso agravara de manera permanente la condición que ya aquejaba al señor Ayala Córdova. Por otro lado, es de esperar que una persona de su condición mental fuese más susceptible que una persona normal para una más grave y notable alteración de su sistema ante la provocación y humillación a que fue sometido. Es lógica la inferencia del tribunal de instancia al hallar relación causal entre el incidente del 10 de noviembre de 1974 y las reacciones que finalmente motivaron su hospitalización durante tres semanas. Véase Muñoz v. Escudero, 42 D.P.R. 540, 549 (1931). Considerado todo ello, nos parece que una indemnización en la suma de $10,000 está más proporcionada a los daños morales real y efectivamente causados.

Por las consideraciones que hemos expuesto, se modifi-cará la sentencia recurrida para reducir a $10,000 la indemnización concedida al demandante Luis Ayala Córdova y, así modificada, será confirmada.

       La Srta. María González no fue parte en este pleito en instancia ni está su caso ante nuestra consideración.

       Carta de Derechos, Art. II, Sec. 1.

       Carta de Derechos, Art. II, Sec. 7.

       Carta de Derechos, Art. II, Sec. 8.

       Disponen de la siguiente manera:
      Regla 11. Arresto por un Funcionario del Orden Público

      “Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente:
      “(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto.
      “(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (felony), aunque no en su presencia.
      “(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad.”
      Regla 12. Arresto por Persona Particular

      “Una persona particular podrá arrestar a otra:
      “(a) Por un delito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente.
      “(b) Cuando en realidad se hubiere cometido un delito grave (felony) y dicha persona tuviere motivos fundados para creer que la persona arrestada lo cometió.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Carlos J. Pizarro y Otros, demandantes y recurrentes, v. Municipio de Carolina y Hon. Roberto Iglesias, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-79-152

      Resuelto: 17 de mayo de 1982

      Luis Muñoz Rivera y José Aulet, abogados de los recurrentes; Carlos H. Dapena Roig, José Enrique Amadeo y Tomás Sandoval Cruz, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ochenta y un (81) obreros que fueron cesanteados por el ejecutivo municipal de Carolina, reclamaron el derecho a no ser destituidos sin justa causa conforme la Ley Municipal —Núm. 142 de 21 de julio de 1960— y violación del derecho constitucional a no ser objeto de discrimen político. Solicitaron judicialmente la reposición en sus puestos, paga atrasada y daños mentales. El tribunal declaró con lugar la demanda respecto a cuatro (4), desestimándola en cuanto a los setenta y siete (77) restantes, quienes recurren ante este Tribunal. Trabajaban en el municipio en calidad de jornaleros, pues cobraban a base de jornales diarios. Se desempeñaban en labores de mantenimiento y limpieza de carreteras y comprendían choferes, mecánicos, operadores de equipo pesado, etc.

Según se alega, debido a la precaria situación econó-mica que sufría el municipio y el consiguiente sobregiro en aumento de la partida presupuestaria destinada al pago de jornales, el recién instalado alcalde, Hon. Roberto Iglesias —siguiendo recomendaciones al efecto— notificó a un gran número de jornaleros el 18 de marzo de 1977 que que-darían cesantes efectivo el 15 de abril de 1977. Con pos-terioridad a esta notificación, las cesantías fueron dejadas sin efecto en virtud de unos esfuerzos dirigidos a dividir y alternar el trabajo entre los grupos de jornaleros. Estos esfuerzos resultaron infructuosos, pues ellos protestaron al no poder ser acreedores a recibir compensación por desempleo durante el tiempo en que no les correspondía trabajar. Además, el déficit continuó aumentando hasta alcanzar, la cifra de $2,259,218.28. En consecuencia, el alcalde ordenó al Director del Departamento de Obras Públicas municipal que preparara una lista de empleados a ser suspendidos “de conformidad con las necesidades del servicio y la eficiencia de [los empleados]”. Luego de preparada dicha lista, el 15 de abril de 1977 quedaron cesantes, sin formulación de cargos ni vista, trescientos sesenta y ocho (368) jornaleros a los que se les envió una carta similar a la antes mencionada.

Según el tribunal sentenciador, la prueba no estableció que no se siguieron los criterios de “necesidad del servicio y la eficiencia de los empleados” en la preparación de la lista de los que habrían de quedar cesantes. Determinó además que todos los demandantes pertenecían al Partido Popular Democrático (P.P.D.), se manifestaban como tales, y que no existía evidencia que indicase cuál era la afiliación política de los restantes jornaleros que fueron dejados cesantes junto a ellos, ni la de los quinientos veintidós (522) que conservaron su trabajo. “Tampoco aquella, de suficiente valor probatorio, que nos permita concluir que los demandantes fueron sustituidos en sus trabajos por otros del P.N.P.”

A base de esas determinaciones tácticas el foro de origen concluyó que los setenta y siete (77) jornaleros recurrentes eran empleados irregulares que de acuerdo a la Ley Municipal podían ser cesanteados sin formulación de cargos o determinación de justa causa, y que “en ausencia de discrimen contrario a la protección constitu-cional, la existencia de un motivo racional que justifique el despido es suficiente para validarlo”. Asimismo estimó que habiéndose probado la existencia de causa razonable —la difícil situación económica por la que atravesaba el muni-cipio — , y sin haberse demostrado a cabalidad la motiva-ción discriminatoria, “venimos obligados a decretar la legalidad del despido de los demandantes”. Con respecto a los otros cuatro (4) jornaleros, resolvió que, por llevar más de treinta (30) años trabajando, habían adquirido un status equivalente al de empleados regulares y debieron haber sido excluidos de la lista de cesanteados.

Los recurrentes apuntan cuatro errores que podemos agrupar en dos cuestiones, a saber: (1) si al ser despedidos por motivos económicos en la forma en que se hizo, fueron violados sus derechos estatutarios sobre su empleo; y (2) si en la negativa, si en efecto se trató de cesantías por motivos económicos o probaron los demandantes que las cesantías obedecieron a motivaciones políticas.

I

Al resolver Ia primera cuestión, el tribunal de instancia descansO en nuestra decision en Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972), en el sentido de que los empleados irregulares municipales podian ser destituidos a discreción del alcalde -sin mediar razOn o formulación de cargos- siempre que no se tratase de destituciOn por n~otivos politicos. Ellos alegan que inde-pendientemente de su clasificaciOn como jornaleros, en vista de que ilevaban a cabo labores propias de empleados regulares, gozaban de la protecciOn estatutaria del Art. 93 de la Ley Municipal. Dicho foro, como ninguna de las partes, no consideró los efectos de la nueva Ley de Personal, Nüm. 5 de 14 de octubre de 1975. Unicamente el munici-pio recurrido alude a la cuestión en su alegato al señalar que los jornaleros no son "del grupo de servidores que caen bajo la clasificaciOn que tiene la protección, bien de la Ley Municipal o bien de la [nueva] Ley de Personal". Argu-menta además que Ia Ley de Personal permite cesantear a unos empleados regulares por eliminaciOn de puestos por falta de trabajo o fondos. Analicemos estos planteamientos.

Nada hay en la Ley de Personal que indique que la misma no se extiende a empleados en la categoría de jornaleros. Por el contrario, el estatuto es amplio. La See. 2.1, inciso 2 (3 L.P.R.A. sec. 1311(2)), consagra como uno de los postulados de la política pública que pretende hacer efectiva la Ley el que “todos los empleados públicos, sean éstos empleados estatales, municipales, o de corporaciones públicas estarán cubiertos por un solo sistema de personal, establecido para hacer cumplir el principio de mérito. . .”. (Énfasis suplido.)

En consonancia con el objetivo de “[ljograr que la administración pública se rija por criterios de la mayor uniformidad, equidad, y justicia”, la Ley —See. 5.9— limita las clasificaciones de empleados a empleados de confianza y de carrera. 3 L.P.R.A. see. 1349. Los de carrera comienzan como probatorios y luego se, convierten en regulares —See. 4.3. 3 L.P.R.A. see. 1333(10). La Ley permite además el reclutamiento y selección de empleados transitorios —See. 4.3, incisos (11) y (12), 3 L.P.R.A. see. 1333(11) y (12). La categoría de empleados irregulares no está reconocida en la nueva ley.

Por otro lado, la disposición sobre el status que adquirían los empleados al entrar ésta en vigor consigna que los empleados municipales serían clasificados como de carrera o de confianza según los criterios de ley, sin establecer otras distinciones —See. 9. 3 L.P.R.A. see. 1421(8).

Notamos, pues, que una vez aprobada la nueva Ley de Personal no se justificaba mantener a estos empleados como jornaleros. El municipio debió haber procedido a establecer los puestos regulares o transitorios que fuesen necesarios de conformidad con los criterios dispuestos en la See. 4.2(7). 3 L.P.R.A. see. 1332(7).

En conclusión, como único podría sostenerse que a los jornaleros recurrentes no les aplicaba la Ley de Personal, sería interpretando forzadamente que eran con-tratistas independientes y no empleados del municipio, lo cual no está sostenido por la prueba sobre la naturaleza de sus labores y de sus relaciones con el municipio.

II

Resuelto que los jornaleros recurridos eran em-pleados públicos cubiertos por la Ley de Personal de 1975 al momento de ser cesanteados de sus puestos, procede que examinemos si se les violaron los derechos de retención de empleo concedidos por dicha ley. La See. 4.6(6), 3 L.P.R.A. see. 1336(6), según interpretada por este Tribunal en Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981), dispone que podrá separarse del servicio a cualquier empleado por eliminación del puesto por falta de trabajo o fondos, siempre y cuando se haga siguiendo lo establecido en reglamento al respecto. Este último debe guardar conformidad con el Reglamento de Personal: Áreas Esen-ciales al Principio de Mérito, See. 9.3, el cual requiere: (1) que cada autoridad nominadora establezca y notifique a los empleados un método de cesantías a seguirse cuando éstas vayan a ser necesarias; (2) que se tome en cuenta la eficiencia y el tiempo en el servicio; y (3) que se notifique a cada empleado que vaya a ser cesanteado con 30 días de antelación.

Toda vez que estos requisitos amparan tanto a los empleados transitorios como a los probatorios y a los regulares, no es necesario determinar en cuál de estas categorías caían los recurrentes. No podían ser cesanteados en ausencia del requerido plan de cesantías. La lista de empleados a ser separados preparada por el director de la división para la cual trabajaban no constituye un cumplimiento sustancial de dicho requisito, pues en ella: (a) no hay constancia de los puestos y el número a ser eliminado; y (b) no contiene evaluación comparativa en virtud de los criterios de eficiencia y tiempo en el servicio de cada empleado en las distintas clases de puestos, a base de lo cual se determinaría quiénes habrían de ser cesanteados y quienes habrían de ser retenidos.

El presente caso dramatiza el propósito y la importan-cia de este requisito. Independientemente de cuán justifi-cadas pudieran haber estado unas cesantías desde el punto de vista económico, la política pública a favor de la implementación del sistema de mérito exige que haya constancia de que al eliminarse uno o más puestos en una clase se dejarán cesantes y serán retenidas las personas indicadas de acuerdo con los criterios objetivos que el sistema de mérito encarna. Es igualmente vital que todos los empleados públicos posean conocimiento previo del método a seguirse para que puedan defender adecuada-mente sus derechos, los cuales son relativos a los derechos de los demás. La ausencia de constancia clara, objetiva y difundida de los criterios para determinar quiénes habrán de quedar cesantes crea inseguridades y siembra dudas no sólo sobre la legitimidad de cada cesantía particular, sino sobre la validez y necesidad de la decisión de decretar cesantías en general. Ello, a su vez, fomenta la profusión de pleitos y causa erosión y disgusto entre los empleados y es contrario a los objetivos de la Asamblea Legislativa en lograr la mayor uniformidad, justicia, equidad, armonía, satisfacción y continuidad, y regularidad de los servicios públicos posibles. See. 2.2. (3 L.P.R.A. see. 1312).

Esta decisión que resuelve que las cesantías fueron decretadas sin observarse la Ley de Personal y su regla-mento, guarda íntima relación con la tesis de que las mismas obedecieron a motivos discriminatorios. Todos eran afiliados al P.P.D. Precisamente el incumplimiento de los criterios objetivos exigidos por la Ley y su reglamento para implementar válidamente cesantías por razones eco-nómicas tiende a sostener su carácter discriminatorio. En consecuencia, los restantes setenta y siete (77) recurrentes tienen derecho a ser reempleados y a recibir los jornales dejados de percibir con los descuentos autorizados en ley.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado sin opinión.

       La carta cuya copia los recurrentes incluyeron como apéndice 11 en el recurso, tenía como fecha de efectividad el 1ro de abril de 1977. El modelo reproducido por el tribunal sentenciador en sus determinaciones de hecho estaba fechado el 15 de abril.

      Esta segunda carta fechada 15 de abril de 1977 era efectiva inmedia-tamente.

       Se manifestó así:
      “No conocemos, en relación a [dichos criterios], la situación y circunstancias de los demandantes en comparación con los restantes cesanteados con ellos; ni la de todos los 368 cesanteados en comparación con los que permanecieron en su trabajo, por lo que no estamos en condiciones de formular hecho concreto al respecto.”

         En lo pertinente reza:
      “Los funcionarios y empleados municipales podrán ser destituidos por el Alcalde, por justa causa, previa formulación de cargos y previa audiencia señalada con diez (10) días de anticipación. 21 L.P.R.A. see. 1553.

       See. 2.2(1), 3 L.P.R.A. see. 1312(1).

      “(11) Se podrá establecer mediante reglamento procedimientos especiales de reclutamiento y selección para puestos de trabajadores no diestros o semidiestros, para puestos de duración fija, para programas financiados con fondos federales o especiales, cuando no se disponga de registros de elegibles apropiados para determinadas clases de puestos y la urgencia del servicio a prestarse lo justifique, y para becarios de programas de adiestramiento para el servicio público que hayan sido seleccionados mediante un proceso de competen-cia.” (Énfasis suplido.)
      “(12) Las personas nombradas en puestos de duración fija tendrán status tran-sitorio. La duración de estos nombramientos corresponderá al período por el cual se cree el puesto. Podrán efectuarse nombramientos transitorios en puestos per-manentes según se determine mediante reglamento.”

       De ordinario correspondería esta evaluación a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). Sin embargo, la cuestión de derecho no fue levantada por las partes en instancia, ni ante este Tribunal. En circunstancias como éstas, la Ley no opera para privar a este Tribunal de su jurisdicción revisora general. Ley de Personal, sec. 7.14 (3 L.P.R.A. see. 1394). Cf. Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978); Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977).

       El tribunal sentenciador determinó correctamente que no se probaron los daños mentales alegados en la demanda.


author: PER CURIAM:

text:
    Evaristo Rivera Alejandro y Otros, demandantes y peticionarios, v. Efraín Algarín López, etc., demandados y recurridos.

      Número: O-81-497

      Resuelto: 18 de mayo de 1982

      Maricarmen Ramos de Szendrey, abogada de los peticionarios; Luis M. Angelet Frau, de Dubón, González & Vázquez, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

El 23 de diciembre de 1977 se instó la demanda presente en que se alegaba, entre otros asuntos, que los médicos demandados habían actuado negligente-mente al atender al Sr. Evaristo Rivera Alejandro. Se alegó que el señor Rivera estuvo envuelto en un accidente en el cual sufrió una fractura craneal por lo que fue llevado al Hospital Universitario en donde fue operado; que como resultado de la falta de diligencia de los médicos demandados, el señor Rivera desarrolló una condición de gangrena en el pene; que la misma no se le diagnosticó, y que todo esto le causó grandes dolores físicos y angustias mentales al señor Rivera y angustias mentales a los demás demandantes.

Luego de repetidos intentos infructuosos, la parte demandante logró comenzar a tomar deposiciones a dos de los demandados, el Dr. Roberto F. Fortuño y el Dr. Humberto Ortiz. Por recomendación de sus respectivos abogados, los deponentes se negaron a contestar algunas preguntas. Adujeron que las mismas requerían que dieran opiniones periciales y que no siendo ellos peritos en el pleito, sino partes, las mismas no eran objeto de descu-brimiento de prueba. La parte demandante solicitó del Tribunal Superior que se ordenara a los doctores Fortuño y Ortiz que contestaran las preguntas. El tribunal denegó esta solicitud y relevó a los doctores de contestar las preguntas relativas a sus opiniones alegadamente peri-ciales. De esta resolución es que recurre ante nos la parte demandante.

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil define el alcance del descubrimiento de prueba en casos civiles. Su inciso (a) reza:

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y localización de cualesquiera libros, documentos u otros objetos tangibles y la identidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siem-pre que exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia admi-sible.

Puede apreciarse que la regla solo contiene dos limita-ciones: (1) no puede tratarse de materia privilegiada y (2) debe ser materia pertinente al asunto en controversia.

En cuanto a la primera de éstas, hemos resuelto que “el término ‘privilegiado’ se refiere exclusivamente a los privilegios que reconocen las reglas de evidencia”, Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 572 (1959). Véase además, Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865, 866 (1974). La materia que se pretende descubrir en el caso presente no es privilegiada. En casos de daños y perjuicios por impericia médica, como el de autos, no existe el privilegio médico-paciente. García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 732 (1976); Regla 26(C) (7) y 26(C) (8) de las de Evidencia.

Superado este escollo, examinemos si se cumple con el requisito de pertinencia. Nuestra regla recoge el principio aceptado modernamente de que el descubrimien-to de prueba debe ser amplio y liberal. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 573; Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 507 (1947); Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1970, Vol. 8, Sec. 2007. Véanse además, Ward v. Tribunal Superior, supra; Girard Industries Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 680 (1975); Zaragoza v. Tribl. Superior, 78 D.P.R. 447 (1955); Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 451 (1952). Se reconoce que este criterio de pertinencia para el descubrimiento de prueba es más amplio que el contenido en las reglas de evidencia para la admisibilidad de prueba. Wright & Miller, op. cih, Sec. 2008; Moore’s Federal Practice, New York, Matthew Bender & Co., 1981, Sec. 26.55[1]. Así, “[ijncluye todos los asuntos que puedan tener cualquier relación posible con la materia que es objeto del pleito, aunque no estén relacio-nadas con las controversias específicas que han sido esbozadas por las alegaciones”. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 573.

No obstante, en cuanto al descubrimiento de prueba pericial de la parte contraria, la Regla 23.1(c) provee restricciones adicionales. El inciso primero de esa regla le concede al tribunal la facultad de imponer las condiciones y limitaciones que estime necesarias para el descubrimiento de prueba pericial que la parte contraria intente presentar en el juicio. De tratarse de peritos consultados y contratados por la otra parte con anterioridad al pleito o en preparación para el juicio y los cuales no habrán de ser llamados a testificar, solo se podrán descubrir los hechos conocidos por el perito, así como sus opiniones, si se le demostrara al tribunal que existen circunstancias excepcionales que hagan impráctico para la parte que interese el descubrimiento obtener hechos u opiniones por otros medios. Regla 23.1(c)(2). En ambos casos, el tribunal ordenará a la parte que solicite el descubrimiento que pague al perito honorarios razonables por el tiempo invertido durante el descubrimiento. Regla 23.1(c)(3).

Con lo anterior en mente, examinemos la controversia ante nos. Debemos decidir si es suficiente en el caso de autos que se cumpla con la norma general de pertinencia consagrada en la Regla 23.1(a) o si aplican las restricciones adicionales de la 23.1(c). Se reconoce generalmente en Estados Unidos que los hechos y las opiniones periciales de un médico demandado en una demanda de daños y perjuicios por impericia profesional en torno al trata-miento dado por éste a su paciente pueden ser objeto de descubrimiento de prueba. Davis v. Lower Bucks Hospital, 56 F.R.D. 21 (1972); Williams v. Thomas Jefferson University, 54 F.R.D. 615 (1972); Rodrigues v. Hrinda, 56 F.R.D. 11 (1972); Carvalho v. New Rochelle Hospital, 384 N.Y.S.2d 508 (1976); Harley v. Catholic Medical Center of Brooklyn, 394 N.Y.S.2d 62 (1977); Johnson v. New York City Health & Hospitals Corp., 374 N.Y.S.2d 343 (1975); Kane v. Randt, 352 N.Y.S.2d 394 (1974); Anderson v. Florence, 181 N.W.2d 873 (1970); Rogotzki v. Schept, 219 A.2d 426 (1966); Estate of May v. Zorman, 487 P.2d 270 (1971); Myers v. St. Francis Hospital, 220 A.2d 693 (1966); Annotation, Scope of Defendant’s Duty of Pretrial Discovery in Medical Malpractice Action, 15 A.L.R.3d 1446 (1967); Wright & Miller, op. cit., Sec. 2033. El criterio que se utiliza en esta situación es el de pertinencia. Es decir, estarán al alcance del descubrimiento de prueba los hechos conocidos o las opiniones sustentadas por el médico demandado, en rela-ción con el tratamiento dado por él a su paciente, si éstas son pertinentes a la controversia del caso. Anderson v. Florence, supra, págs. 877-878, Rogotzki v. Schept, supra, págs. 432-436; Johnson v. New York City Health and Hospital Corp., supra, págs. 345-346; Kane v. Randt, supra, pág. 398; Estate of May v. Zorman, supra, pág. 271; Myers v. St. Francis Hospital, supra, pág. 697; Louisell & Williams, Medical Malpractice, New York, Matthew Bender, 1981, Sec. 10.05. La razón por la cual se le concede tal amplitud es que el médico demandado es un testigo de los hechos sobre los cuales se le pregunta. Como tal, está sujeto a descubrimiento de toda materia no privilegiada y que sea pertinente a la controversia, aunque se trate de una opinión. El hecho de que el deponente sea además un perito y se le hagan preguntas que solo un perito puede contestar, no es razón para estructurar una norma distinta. Rogotzki v. Schept, supra, pág. 432; Johnson v. New York City Health & Hospitals, supra, pág. 346; McDermott v. Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, 203 N.E.2d 469, 473 (1964).

Se ha formulado, sin embargo, una regla diferente cuando se intenta obtener de un médico demandado opiniones sobre asuntos como el diagnóstico y el tratamiento brindados por otro médico también demandado, cuando el deponente no ha participado en tales procesos. Carvalho v. New Rochelle Hospital, supra; Harley v. Catholic Medical Center of Brooklyn, supra. Contra: Estate of May v. Zorman, supra. En estos casos, el médico deponente no es un testigo de los hechos y cualquier pregunta sobre el tratamiento médico requerirá su opinión como perito. En consecuencia, el alcance del descubrimiento de prueba de estos deponentes no se rige por la norma general plasmáda en la Regla 23.1(a) sino por la regla especial sobre los peritos, la 23.1(c). Como vimos, esta regla solo permite el descubrimiento de prueba pericial en dos situaciones: (1) cuando se trata de peritos consultados por la parte contraria y que se espera sean presentados en el juicio y, (2) cuando se trata de peritos consultados con anterioridad o en preparación para el juicio, pero que no habrán de ser llamados a testificar. No se provee para el descubrimiento de prueba de peritos que no han sido consultados en preparación para el juicio. Esta prueba pericial está fuera, por tanto, del alcance del descubri-miento de prueba. M. H. Graham, Discovery of Experts Under Rule 26(b)(f) of the Federal Rules of Civil Procedure: Part One, An Analytical Study, 1976 U. Ill. L. F. 895, 914 (1976); Advisory Committee’s Explanatory Statement Concerning Amendments of the Discovery Rules, 48 F.R.D. 487, 503-504 (1970); Wright & Miller, op. cit, Sec. 2029.

En atención a lo anterior, resolvemos que un médico demandado en una acción de daños y perjuicios por impericia profesional debe, en el descubrimiento de prueba, contestar las preguntas que se le formulen relativas al tratamiento, diagnóstico y demás participaciones suyas en el caso. No obstante, a modo de excepción, están fuera del alcance del descubrimiento de prueba las opiniones sobre el tratamiento brindado por otro médico demandado, si es que el primero no tomó parte alguna ni presenció el proceso.

A la luz de esta doctrina, examinamos la controversia de autos. Las preguntas objetadas por los doctores Fortuño y Ortiz se refieren al tratamiento brindado por otros médicos. El doctor Ortiz, quien fue uno de los facultativos que operaron al lesionado, hoy fallecido, procedió a base del récord del señor Rivera, en el cual se detallaba el diagnóstico y tratamiento ofrecido por los otros médicos. La lectura e interpretación de estos récords es parte integral e importantísima del tratamiento brindado al paciente. En la medida en que posibles errores cometidos por los otros médicos eran detectables del estudio de los récords, el tratamiento brindado por dichos facultativos es pertinente a lá controversia entre el doctor Ortiz y la parte demandante. Así, las preguntas no van dirigidas a buscar una opinión pericial sobre el tratamiento brindado por los otros médicos, sino a inquirir sobre los hechos y opiniones del doctor Ortiz en relación con sus propias actuaciones en el caso. No lo ampara la excepción.

Por su parte, el doctor Fortuño se desempeñaba como Director del Departamento de Urología del Hospital Uni-versitario, donde fue atendido el señor Rivera. El doctor Fortuño fue uno de los doctores que atendieron al lesio-nado. La diligencia de los subalternos del doctor Fortuño es, además, pertinente a la determinación de su diligencia como supervisor. Las preguntas objetadas se encaminan a inquirir sobre su participación en el caso.

A tenor con las consideraciones expuestas, se revocará la resolución recurrida y en su lugar se ordenará a los doctores Fortuño y Ortiz que contesten todas las preguntas relacionadas con sus actuaciones en el caso de autos, aunque las mismas requieran su opinión profesional.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué no intervinieron.

      Se demandó además al causante del accidente, a la Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional, a la Adminis-tración del Fondo de Compensación al Paciente, a la Universidad de Puerto Rico, al Hogar Nuestra Sra. de los Ángeles, así como a las aseguradoras de todos los demandados.

       Véanse Apéndices.

       Estos comentaristas llegan a esta conclusión al examinar la Regla 26(b) de Procedimiento Civil federal, sustancialmente igual a la 23.1 nuestra.

       Como señala .Moore al discutir la Regla 26(b) federal, nada hay en dicha regla que excluya las opiniones de los deponentes del alcance del descubrimiento de prueba. Moore,' op. cit, sec. 26.53[3], Lo mismo ocurre con la Regla 23.1(a) nuestra.


author: per curiam:

text:
      In re Israel Arana Arana, querellado.

      Número: Q-376

      Resuelto: 19 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados promoven-tes; Israel Arana Arana, pro se.

   I

per curiam:

En 21 de septiembre de 1977 separamos al abogado Israel Arana Arana del ejercicio de la abogacía y del notariado por haber hecho caso omiso de los varios requerimientos para que ofreciera su explicación sobre una queja radicada ante este Tribunal por un cliente de dicho abogado y sobre su incumplimiento con las disposi-ciones de la Regla 8(j) del Reglamento de este Tribunal. In re Arana Arana, 106 D.P.R. 210 (1977).

Mediante nuestra resolución de 27 octubre de 1977 reinstalamos al abogado Arana al ejercicio de la abogacía, luego de haber comparecido e informado una dirección en la cual podía ser localizado. Quedó pendiente, sin embargo, la investigación que realizaba el Procurador General sobre varias quejas recibidas de clientes del abogado Arana sobre su proceder en el trámite de asuntos que le fueran encomendados.

De los informes rendidos por el Procurador General en 26 de septiembre de 1977 y en 2 de diciembre de 1977, el Informe del propio querellado, y los exhibits que forman parte de ellos, surgen los hechos que se exponen a continuación:

1. Queja del Sr. Dennis R. Moore (en representación de Payco American Corp.).

En 13 de julio de 1976 el señor Moore se querelló de que en junio de 1975 había remitido al abogado Arana un cheque por la suma de $93 para cubrir costos y honorarios con la encomienda de cobrar una cuenta a Hormiguera Oriental, Inc. sin que el abogado querellado se hubiera vuelto a comunicar con ellos. Ello fue el resultado de un memo del querellado de marzo de 1975 dirigido a la quejosa, en el que se recomendaba la radicación de un pleito con la promesa de resultados en 45 días. El Procurador envió comunicación sobre la queja al quere-llado a distintas direcciones que pudo obtener, pero las cartas fueron devueltas. Tampoco pudo obtener el número telefónico del querellado luego de tratar con la Compañía Telefónica y el Colegio de Abogados. Finalmente el quere-llado recibió por correo certificado la comunicación del Procurador, haciendo caso omiso de ella. Después de haber sido suspendido el querellado por este Tribunal se comunicó con el quejoso Moore y llegaron a un acuerdo mediante la devolución de la suma de $93. Aunque el querellado trata de demostrar que su dirección fue siempre la misma, por lo que no se explica por qué las cartas del quejoso no le llegaban, lo cierto es que el querellado nunca intentó comunicarse con el quejoso.

2. Queja del Ledo. Samuel I. Kohn (abogado de Universal Match).

En 3 de diciembre de 1973 el bufete de abogados al que pertenece Kohn envió al abogado querellado la suma de $135 con la encomienda de que éste gestionara el cobro de una deuda de Costa Brava Restaurant sin que hasta el 14 de septiembre de 1976, fecha de la queja, hubiese realizado gestiones. El Procurador se dirigió al querellado comuni-cándole la queja. No fue hasta tres meses más tarde —en enero de 1977— que éste se comunicó con el Procurador y le solicitó una prórroga para someter una explicación, la cual no había sido sometida a la fecha del Informe del Procurador de 20 septiembre de 1977. Después de haber sido suspendido el querellado del ejercicio de la profesión, devolvió al licenciado Kohn la suma de $135.

3. Queja del Ledo. Stanley P. Salzman (en representa-ción de Employers Liability Insurance Corp.).

En abril de 1976 el Secretario de este Tribunal envió al querellado una copia de una queja contra éste formulada por dicho abogado Salzman. Aparece que el querellado informó al Secretario que por estar envuelto en actividades políticas deseaba esperar que terminara la campaña polí-tica para buscar ciertos documentos. Dos meses después de las elecciones solicitó tres meses de prórroga que fue limitada a dos meses. Dos días antes de vencerse la prórroga informó que necesitaba ir a Nueva York para aclarar ciertos extremos de la querella. Al regresar de Nueva York sometió al Secretario una explicación por escrito sobre la queja. Forma parte del expediente una comunicación del licenciado Salzman al querellado de 7 de diciembre de 1973 y otra de 24 de marzo de 1976 sobre el asunto que motivó la queja en el que exige una explicación sobre cierta diferencia en los cálculos de honorarios retenidos por el querellado, sin que conste que el querella-do hubiere respondido a éste por escrito y sin que se impugnara la legitimidad de la referida comunicación. La única gestión que informa el querellado bajo juramento es la visita a Nueva York casi un año después de la presen-tación de la queja sin que aparezca cuál fuera el resultado de ese viaje. Después de haber sido suspendido el querellado por este Tribunal es que produce una comunicación del que-joso al señor Juez Presidente en la que le informa que habiendo mediado la devolución por el querellado de la suma de $100 que se le había adelantado para cubrir los costos del pleito de cobro de dinero que le habían encomen-dado, se da el asunto por terminado. Cabe observar que la carta del quejoso al abogado Arana, que nunca le fue con-testada, contiene expresiones de desesperación por la falta de atención a las misivas anteriores. Dice, por ejemplo: “A pesar de su promesa de rendir una contabilidad de su remesa en la suma de $107.88 respecto a un cobro de $1,200 todo lo que recibí de su oficina fue una nota en Julio 1974 en el sentido de que usted se encontraba fuera en una emer-gencia y que pronto retornaría y me daría el beneficio de un informe. Le he suplicado repetidamente que me envíe un informe y ha llegado el momento en que debo insistir en ello. Si no recibiere un informe a vuelta de correo me veré obligado a proteger los intereses de mis clientes informando este asunto a las autoridades concernidas.”

4. Queja del Sr. Edward Kane (en representación de The International Lawyers Law List).

La queja enviada por el señor Kane al Señor Juez Presidente de este Tribunal señala que al querellado le fue encomendado el cobro de una cuenta de $5,036.76, la que cobró, pero no remitió el total a su representado, quedando a deber $3,536.76. El quejoso se vio obligado a contratar un abogado (Ledo. Joseph W. Kiefer) a quien el querellado entregó la suma de $500 y un pagaré por el balance en 24 de abril de 1975. En vista de que no honró el pagaré, se instó una reclamación contra el querellado y se obtuvo una sentencia en rebeldía la cual, al no ser satisfecha, provocó la queja contra él. Después de haber sido suspendido, el querellado se trasladó a Nueva York y logró llegar a un acuerdo con el quejoso, quien escribió al Señor Juez Presidente informándole que “éste (el querellado) ha re-suelto satisfactoriamente el asunto y hemos cerrado nues-tro expediente”.

II

El querellado Arana oportunamente sometió su informe explicando y exponiendo sus puntos de vista en cuanto a su proceder profesional, en respuesta a una orden nuestra de que compareciera a mostrar causa por la cual no debería ser disciplinado. Resolvemos.

Un examen de las cuatro quejas presentadas contra el abogado querellado Arana, a la luz de la experiencia misma que surge en el trámite ante este foro, tiende a revelar un patrón de conducta caracterizado por la indi-ferencia, desidia, despreocupación, inacción y displicencia de su parte con respecto a los asuntos que le son encomendados por algunos de sus clientes.

Salta a la vista la violación de los Cánones de Ética números 18, 19 y 23 que rigen los deberes del abogado para con sus clientes. El Canon 18, en lo pertinente declara:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18.

El Canon 19 exige:

El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 19.

Y el Canon 23 establece entre otros principios:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 23.

Las quejas relacionadas precedentemente acusan los trastornos que han sufrido los clientes con motivo de la falta de diligencia del querellado en el manejo de sus asuntos. No puede olvidarse que las personas que le hacían las encomiendas profesionales, como abogados debían responder a su vez a unos terceros. Aunque en su informe el querellado produce evidencia de que todas las quejas han sido satisfactoriamente resueltas, ello es un atenuante, pero no le exime de la sanción disciplinaria apropiada.

Ciertamente el querellado incurrió en una falta al retener fondos de sus clientes por tiempo indebido —algunas sumas por concepto de cobros (por lo menos en uno de los casos) y otras por concepto de honorarios adelantados— sin que se hicieran las gestiones a que se había comprometido. Aunque tal retención no fuera con propósitos de apropiación permanente, la dilación es de por sí una infracción al Canon 23. Su proceder en los casos antes examinados es lesiva a la imagen de la profesión de abogado y según señalamos constituye una violación de los Cánones de Ética Profesional indicados.

Más aún, el querellado observó conducta impropia hacia este Tribunal al incumplir repetidamente con los requerimientos del señor Secretario y las resoluciones emitidas con respecto a las quejas mencionadas. El propio querellado admite en su carta al Secretario de 18 de enero de 1977 que “durante el período 1972 al 1976 estuve sumamente ocupado en la lucha política de nuestro país y por eso se dificultó muchas veces el localizarme”. Acepta el querellado, además, que cerró su oficina en 1972 y corrobora ese dato mediante declaración que acompaña firmada por una vecina del edificio en que tenía el querellado su oficina profesional. Todo ello sin que tomara las providencias necesarias que se requerían en protección de los intereses de sus clientes.

La Regla 8(j) del Reglamento de este Tribunal dispone que “Todo abogado notificará al Secretario todo cambio en su dirección postal”. El querellado no dio cumplimiento a esta regla, resultando que varias veces no recibió las comunicaciones que se le remitían. En otras ocasiones, a pesar de recibirlas, inclusive por correo certificado con acuse de recibo, hacía caso omiso de ellas.

Lo anterior nos obligó a suspenderlo provisionalmente del ejercicio de la profesión conforme nos autoriza la Regla 13(d) de nuestro Reglamento, en 21 de septiembre de 1977. Al comparecer el querellado ante nos mediante represen-tación profesional y ofrecernos una explicación y enterar-nos de su paradero, le reinstalamos al ejercicio de la abogacía “sujeto ello a lo que resulte de la investigación que lleva a cabo el Procurador General y lo que en su día dispongamos sobre el particular”.

La conducta altamente censurable del querellado rela-tada precedentemente con respecto a sus clientes y a este Tribunal nos obliga a tomar medidas disciplinarias contra él. Estimamos que el abogado Arana debe responder por sus actuaciones. Procede como sanción disciplinaria —en adición al término que fuera suspendido— tres meses de suspensión del ejercicio de la abogacía efectivo en la fecha en que sea notificado de la presente. Queda apercibido de regular su conducta profesional dentro de los márgenes éticos preceptuados en los cánones. El querellado tomará todas las providencias que estime necesarias para proteger los intereses de los clientes que actualmente representa.

Notifíquese al Colegio de Abogados y la Administración de los Tribunales.

Se dictará la correspondiente sentencia.

       Observamos que en 24 de marzo de 1977 emitimos resolución dirigida al abogado Arana referente a la inobservancia de la Ley Notarial al no rendir a su debido tiempo determinados índices notariales, así como el no haber cumpli-mentado el informe estadístico anual de documentos autorizados durante el año 1976, y le apercibimos contra futuras inobservancias de las disposiciones de la Ley Notarial.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Rita Colón Vega, etc., demandantes y recurrentes, v. Carlos Martínez, Inc. et al., demandados y recurridos.

      Número: R-81-264

      Resuelto: 21 de mayo de 1982

      David Efron, abogado de la recurrente; Federico Calaf Legrand, de Reichard & Colberg, abogado de los recurridos Nevitt Imports Corp. y Conrado Valdés Balsinde; Miguel Ángel Ortiz Lugo, abogado de la recurrida Tiendas Donato, Inc.; Teodoro Peña García, de Rodríguez Ramón, Peña & Cancio, abogados de la recurrida La Esquina Famosa, Inc.; Guillermo L. Arbona Enriquez y Jorge A. Rodríguez Fraticelli, abogados de la recurrida Tiendas Arias.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante recurrente registró a su favor la marca de fábrica “Barong” el 5 de julio de 1978, aplicable a camisas, guayaberas, chaquetas o chaquetones, trajes y pantalones. La demandante utiliza alegadamente dicha marca desde mayo de 1975.

Los demandados recurridos son importadores o vende-dores de camisas cuyas marcas contienen la palabra “Barong”. Por entender que los demandados estaban infringiendo su marca de fábrica, la demandante instó la acción correspondiente. Los demandados solicitaron que se dictase sentencia sumaria a su favor sobre la base que la palabra “Barong” es genérica o descriptiva, ya que tal vocablo significa en las Islas Filipinas, entre otras acep-ciones en el idioma tagalo, camisa o guayabera. La demandante presentó a su vez moción de sentencia suma-ria alegando, en esencia, que la voz “Barong” no es genérica ni descriptiva en Puerto Rico. El tribunal de instancia resolvió, sin recibir prueba, que el término “Barong” es de índole genérica y, por lo tanto, no susceptible de inscripción como marca de fábrica de conformidad con el Art. 4(e) de la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923 (10 L.P.R.A. sec. 194(e)). La demandante recurrió a este foro y expedimos auto de revisión.

El Art. 4(e) citado dispone:

No se registrará ninguna marca de fábrica que consista:
(e) en palabras descriptivas de los artículos en que se usan, o del carácter o calidad de dichos artículos, o simplemente de un nombre o término geográfico.

Esta norma proviene en última instancia del Derecho común. H. D. Nims, The Law of Unfair Competition and Trade-Marks, 3ra ed., New York, Baker, Voorhis & Co., 1929, pág. 630. Para el historial inmediato de nuestra Ley de Marcas de Fábrica y el valor persuasivo de la doctrina y la jurisprudencia norteamericana en su interpretación, véase: Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

Las partes en este caso aceptan que la palabra “barong” es un término descriptivo o genérico en las Filipinas. La cuestión a dilucidar es si el vocablo es genérico en Puerto Rico.

Existen diversas teorías sobre el problema de si una palabra que es descriptiva o genérica en un idioma o dialecto extranjero retiene ese carácter en el país receptor. La teoría seleccionada por el tribunal de instancia —que el carácter genérico se mantiene, no importa la naturaleza del idioma extranjero o la connotación que tenga para el público comprador— goza de considerable apoyo. J. T. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, Rochester, New York, The Lawyers’ Cooperative Publishing Co., 1973, Sec. 12:13, pág. 428; Nims, supra, pág. 630; C. Chapman, Trade Marks, New York, Harper & Bros., 1930, págs. 71-72; Seidel Dubroff y Gonda, Trademark Law and Practice, New York, Boardman Co., Ltd., 1963, Sec. 6.02, págs. 162-163. Otras autoridades consideran que tal regla se limita a idiomas principales de uso común en el país receptor. R. Callman, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 3ra ed., Illinois, Calaghan & Co., 1969, Vol. 3, Sec. 71.6, pág. 190; Zivin, Understanding Generic Words, 63 Trademark Reporter 173, 177 (1973); In re Northern Paper Mills, 54 F.2d 998 (1933). Otra teoría sostiene que una palabra genérica extranjera puede ser acreedora a la protección que ofrece la legislación sobre marcas de fábrica si su uso no es común o su significado es oscuro en el país receptor. J. M. Calimafde, Trademarks and Unfair Competition, Brooklyn, New York, Alpert Press, Inc., 1970, Sec. 1.13, pág. 31; J. Gilson, Trademark Protection and Practice, New York, Matthew Bender, Sec. 2.02[4], n. 57 y texto que la acompaña; McCarthy, op. cit, Sec. 12:13, n. 4 y texto que la acompaña; L. Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, Malmó, Ab Bason-Tryck, 1971, págs. 90-91; Norwich Pharmacal Co. v. American Pharmaceutical Co., 288 N.Y.S. 795 (1936); Collyrium, Inc. v. John Wyeth & Bros., 3 N.Y.S.2d 42 (1938); Le Blume Import Co. v. Coty, 293 F. 344 (2nd Cir. 1923). La posición asumida por estas autoridades es sencilla: si el público en general conoce el significado genérico de la palabra en el idioma extranjero, la palabra mantendrá su carácter original. Si el significado genérico no es conocido, o lo es por una porción ínfima de la población general, entonces el vocablo perderá su condición genérica y será susceptible de convertirse en una marca de fábrica válida.

Adoptamos esta última posición por considerarla más realista y ajustada a los fines de la legislación aplicable. ¿Qué es, a fin de cuentas, una marca de fábrica? Una marca de fábrica denota distinción, es la manera mediante la cual se distingue en el mercado un producto de otro. Shipley, Generic Trademarks, the F.T.C. and the Lanham Act: Covering the Market with Formica, 20 Wm. & Mary L. Rev. 1 (1978); Colón, Las Marcas de Fábrica en los Derechos Norteamericano y Puertorriqueño, 29 Rev. de Derecho Puertorriqueño 38, 41-42 (1968). Cuando el tér-mino carece de distinción, cuando el público consumidor lo identifica con el artículo producido en vez de con el que lo produce o distribuye, entonces el vocablo es genérico. Folsom y Teply, Trademarked Generic Words, 89 Yale L.J. 1323, 1327 (1980). ¿Por qué aplicar una regla distinta cuando nos enfrentamos a palabras extranjeras? Recha-zamos las teorías que, grosso modo, impiden que se registren en otro país, bajo circunstancia alguna, los términos de índole genérica en el país de origen. La distinción entre idiomas principales y exóticos nos parece también inaceptablemente rígida. Holmqvist, op. cit., pág. 89. Estimamos que la realidad es más compleja. Cada término debe considerarse separadamente. Algunas pala-bras extranjeras, no registrables en el país de origen por su naturaleza genérica, pueden tener acceso válido al registro de otro país, mas otras no. La piedra de toque es la reacción del público consumidor. El vocablo extranjero no es genérico si se le identifica con el productor y no con el producto.

En su moción de sentencia sumaria los demandados no argumentan que el tagalo es un idioma tan conocido en Puerto Rico que la palabra “barong” significa camisa para el público consumidor. Únicamente señalan que el término se describe en el diccionario en inglés, Webster’s Third International Dictionary (1971) y descansan en la teoría de que si el vocablo es genérico en el país de origen, conserva ese carácter en cualquier país receptor. Ello es insuficiente. No puede dictarse sentencia sumaria a favor de los demandados. Los demandados no han controvertido, ni vemos cómo podrían controvertir, la posición de la demandante al efecto de que el tagalo es casi desconocido en Puerto Rico y que por “barong” no se entiende general-mente aquí el artículo conocido por guayabera.

Del otro lado, surgen dudas sobre el hecho de quién utilizó primero en el comercio puertorriqueño el término “barong”. La cuestión se discute por los demandados y aun hay una determinación del tribunal de instancia sobre el particular, pero en el contexto de si el vocablo “barong” ha adquirido significado secundario en Puerto Rico, asunto que no es pertinente al caso. Si una palabra no es genérica, como “barong” no lo es en Puerto Rico, es innecesario explorar si el término ha adquirido significado secundario. En vista de la importancia del hecho referente a quién utilizó primero el término “barong”, consideramos que debe recibirse prueba sobre ello en el contexto apropiado. Véanse: Callman, op. cit, Sec. 76.1; McCarthy, op. cit., Sec. 16.3; Calimafde, op. cit, Sec. 4.09.

Se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.


text:
    Caguas Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandante y recurrida, v. José R. Martínez, etc., demandados; María M. Pontón, interventora y peticionaria.

      Número: O-82-176

      Resuelto: 21 de mayo de 1982

      Rafael Rodríguez Erna y José Guevara Fuertes, abogados del demandante-recurrido; Andrés J. García Arregui, abogado de los demandados; Miguel García Suárez, Raúl J. Tous Bobonis y Gloria Ortega Otero, abogados de la interventora-peticionaria.
   PER CURIAM:

La peticionaria interventora, Srta. María M. Pontón, vendió a los demandados, señores Martínez, una vivienda por el precio de $63,000. Los demandados constituyeron primera hipoteca a favor de Caguas Federal Savings and Loan Association, la demandante recurrida, por la suma de $50,400. Para pagar la diferencia, los demandados constituyeron segunda hipoteca en garantía de pagaré hipotecario por la suma de $13,000, con sus intereses y cargos correspondientes. Con conocimiento de los abogados de Caguas Federal se entregó este pagaré a la peticionaria. Algo más tarde se constituyó tercera hipoteca en garantía de pagaré hipotecario por la cantidad de $2,500. El pagaré fue entregado a Caguas Federal.

Los señores Martínez se atrasaron en sus pagos y Caguas Federal demandó en ejecución de hipoteca. Antes que se procediera con el recurso, los demandados presen-taron una petición de quiebra voluntaria ante la corte federal correspondiente. Los demandados incluyeron entre la lista de sus acreedores a la peticionaria, María M. Pontón, y a Caguas Federal. Éstas a su vez presentaron sus respectivas reclamaciones ante el referido foro, el cual paralizó los procedimientos en el Tribunal Superior.

La parte demandada formuló un plan de pagos ante la Corte Federal de Quiebras mediante el cual se compro-metía a pagarle lo adeudado a Caguas Federal a plazos mensuales y a continuar pagándole a la peticionaria los intereses de su pagaré.

Caguas Federal y los esposos Martínez solicitaron de la Corte de Quiebras, con la oposición de la peticionaria Pontón, que se permitiese la continuación de los procedi-mientos de ejecución de hipoteca. El Juez de Quiebras aprobó, con carácter retroactivo a meses antes de su orden, esta solicitud. No se notificó esta orden a la interventora, quien se enteró posteriormente que la subasta se había celebrado semanas antes de la orden del juez y que Caguas Federal se había adjudicado el inmueble, que ahora intenta vender a una suma considerablemente mayor, luego de obtener, sin intervención de la peticionaria, la cancelación de los gravámenes posteriores.

La peticionaria presentó entonces moción de interven-ción ante el Tribunal Superior, con solicitud de declaración de nulidad de la subasta y otros procedimientos posteriores a la sentencia de ejecución. El Tribunal Superior denegó la moción. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución recurrida.

El Art. 149 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2473, dispone en parte que:

En los casos de ejecución de hipoteca, los que hayan inscrito o anotado su derecho con posterioridad a la hipoteca y con anterioridad a la anotación de demanda, deberán ser citados para la subasta conforme a lo dispuesto en la legislación procesal vigente para el caso de los demandados, sin lo cual no podrá ordenar el tribunal la cancelación de estos asientos.

Según nuestra decisión en F. D. I. C. v. Registrador, 111 D.P.R. 602 (1981), la referida disposición no ampara, como regia general, al tenedor de un pagaré al portador. El Art. 149 se refiere a la citación personal de titulares posteriores definidos. El Art. 149, sin embargo, no es excluyente de los requisitos de las Reglas de Procedimiento Civil. Por el contrario, está supeditado a éstos. En el caso de autos, Caguas Federal conocía la identidad de la tenedora del pagaré. La Ley Hipotecaria no la exime de efectuar la notificación personal correspondiente bajo las Reglas.

Aun de concebirse técnicamente que Caguas Federal podía limitarse en este caso a la publicación por edictos, lo cual rechazamos, el principio de la buena fe y la doctrina del abuso del derecho impiden que Caguas Federal se adjudique la propiedad en las circunstancias presentes, en perjuicio de la legítima acreencia de la vendedora original. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981); Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979). La peticionaria tiene derecho a intervenir en este caso, Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 767 (1981), y le asiste plena razón en su planteamiento.

Se revoca la resolución recurrida. Se permite la inter-vención de la peticionaria y se ordena a Caguas Federal que notifique a la interventora, a los fines del Art. 22f de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 272U, el importe de la postura que obtuvo la buena pro. De haberse vendido la propiedad a un tercero, el tribunal de instancia deter-minará los daños pagaderos por Caguas Federal a la interventora.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.