author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Jaime Gallardo Hernández, demandado y recurrente, v. Cecilia Petiton García y Vistas de Tierras Nuevas, Inc., demandantes y recurridas.

      Número: RE-89-635

      Resuelto: 30 de noviembre de 1992

      Jorge Luis Ortiz Viera y Daniel Remas Beceiro, abogados del demandado y recurrente; Jorge L. Marzán y Félix A. Toro, Jr, abogados de Cecilia Petiton García, demandante y re-currida; Raúl Caballero Meléndez, abogado de Vistas de Tierras Nuevas, Inc., demandante y recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver, en el presente caso, si las partes efec-tivamente realizaron una compraventa con pacto de retro, según el Art. 1407 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3912, o si en verdad se efectuó un préstamo con garantía hipoteca-ria, según el Art. 1410 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3915.

I

Hechos

La Sra. Cecilia Petiton García advino dueña, mediante permuta, de un predio de terreno ubicado en el barrio Tie-rras Nuevas Poniente del Municipio de Manatí.!) Dicho predio de terreno tiene una cabida superficial de cuarenta mil trescientos cuatro punto veintiséis sesenta y cinco metros cuadrados (40,304.2665 m/c), identificado como Lote Uno (R-l), el cual consta debidamente inscrito en el Regis-tro de la Propiedad, Sección de Manatí.

Para completar la permuta acordada entre la señora Petiton García y Vistas de Tierras Nuevas, Inc. (en adelante V.T.N.), estas partes decidieron segregar del Lote R-l un solar de mil (1,000) metros, el cual se adjudicaría a V.T.N. libre de gravámenes. Este acuerdo se hizo constar en la Escritura Pública Núm. 177 de 2 de julio de 1987, sobre Segregación y Complemento de Permuta con Condición Suspensiva, efectuada ante el notario Raúl Caballero Meléndez. La traslación del dominio del solar quedó sujeta a que la segregación fuera aprobada por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe).()

En la fecha anteriormente señalada y ante el mismo notario, la señora Petiton García también otorgó la Escri-tura Núm. 178 sobre hipoteca en garantía de pagaré que fue emitido por la suma de veinticinco mil dólares ($25,000), con vencimiento a la presentación. Surge de las determinaciones de hecho del tribunal de instancia que “[l]a emisión del referido pagaré se hizo por doña Cecilia con el propósito de negociarlo y levantar fondos para cubrir ciertas necesidades personales imperiosas. Dicha escritura contenía una cláusula o reserva respecto al compromiso contraído con Tierras Nuevas”.

Varios días después de la emisión del pagaré, la señora Petiton García acudió ante el Sr. Jaime Gallardo Hernán-dez, prestamista.() Estuvo acompañada por el Sr. Etienne Carmine. Tanto la señora Petiton García como el señor Ga-llardo Hernández acordaron negociar sujeto a las condicio-nes fijadas por este último. Entre las condiciones estable-cidas estaba la de cancelar el pagaré de veinticinco mil dólares ($25,000). Acordaron, además, que el señor Ga-llardo Hernández le entregaría a la señora Petiton García la suma de trece mil dólares ($13,000) y éste recibiría a cambio la suma de dieciocho mil dólares ($18,000) en el término de un (1) año.

El señor Gallardo Hernández retuvo los documentos que llevaba consigo la señora Petiton García y refirió los mismos al notario Ángel Millet Martínez para la prepara-ción de una escritura de compraventa con pacto de retro.

El 14 de agosto de 1987 la señora Petiton García acudió en compañía del señor Carmine a las oficinas del notario Millet Martínez con el fin de culminar la transacción acor-dada con el señor Gallardo Hernández. Allí se procedió a cancelar el pagaré antes mencionado mediante la Escri-tura Núm. 82. Asimismo se procedió a preparar la Escri-tura Núm. 83 sobre compraventa con pacto de retro.() Al ser referida la misma para la lectura de la señora Petiton García, ésta inquirió a través de su acompañante sobre la frase “Compraventa con Pacto de Retracto”. Aclaró en ese momento la señora Petiton García que la transacción que ella efectuaba con el señor Gallardo Hernández era un préstamo. A esto el notario les explicó que meramente se trataba de una formalidad, que la compraventa con pacto de retro era un préstamo que debía pagar en el término de un (1) año. Así entendido, procedió a firmar la escritura.

Para junio de 1988, el señor Gallardo Hernández dirigió una carta certificada a la señora Petiton García recordán-dole que estaba ya próximo a vencer el término convenido para el pago de los dieciocho mil dólares ($18,000). Dicha carta, sin embargo, no fue recibida por la señora Petiton García, por lo que la misma fue devuelta al señor Gallardo Hernández.

A pesar de ello, la señora Petiton García se comunicó con el demandado para solicitarle una prórroga para el pago de los dieciocho mil dólares ($18,000). Alegadamente esta prórroga se solicitó y se concedió antes del venci-miento del término de un (1) año que tenía la señora Peti-ton García para hacer el pago de la cantidad acordada. Dicha prórroga fue sujeta por un mes al cargo de seiscien-tos dólares ($600) adicionales.

La señora Petiton García intentó pagarle al señor Ga-llardo Hernández la suma acordada dentro de la prórroga concedida. No obstante, su gestión no dio fruto. Por tal razón, acudió al Ledo. Jorge L. Marzán para que éste efec-tuara la entrega, del dinero adeudado y otorgara los docu-mentos de rigor. El licenciado Marzán se comunicó con el señor Gallardo Hernández, pero éste no quiso aceptar el pago. Igualmente lo rechazó cuando el licenciado Marzán se personó de imprevisto a la oficina del señor Gallardo Hernández.

Ante tal situación, la señora Petiton García presentó demanda en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, me-diante la cual solicitó que se declarase nulo el contrato realizado el 14 de agosto de 1987, entre ella y el señor Gallardo Hernández, por virtud de la Escritura Núm. 83 otorgada ante el notario Millet Martínez sobre compra-venta con pacto de retro. Además, reclamó daños. Alegó en la demanda que el negocio realizado fue de préstamo con hipoteca a ser pagado en el término de un (1) año.

Por otra parte, V.T.N. presentó también demanda de cumplimiento específico de contrato contra el señor Ga-llardo Hernández y la señora Petiton García. Alegó ser dueña de un predio de terreno que forma parte del inmue-ble adquirido por el señor Gallardo Hernández mediante la escritura pública de compraventa con pacto de retro. Sos-tuvo, además, que la transacción efectuada entre el señor Gallardo Hernández y la señora Petiton García fue una de préstamo. Por lo tanto, procedía que se anulara la inscrip-ción del inmueble a favor del señor Gallardo Hernández en el Registro de la Propiedad, Sección de Manatí, y que se ordenara a la señora Petiton García que otorgara la corres-pondiente escritura de segregación y traspaso del solar de mil metros cuadrados (1,000 m/c), luego de que se obligue al señor Gallardo Hernández a recibir el pago de la deuda hipotecaria. Ambos casos fueron consolidados.

El señor Gallardo Hernández, por su parte, contestó las demandas. Alegó que la transacción que él realizó con la señora Petiton García no fue de préstamo y sí la indicada en la escritura de compraventa con pacto de retro. Sostuvo, además, que al haber transcurrido el término pactado sin que la señora Petiton García ejercitara su derecho al re-tracto, la venta quedó consumada. Negó, a su vez, que él le hubiese concedido una prórroga a la señora Petiton García como ella alega en la demanda.

Así las cosas, el señor Gallardo Hernández presentó una moción mediante la cual solicitó que se desestimara y/o se dictara sentencia sumaria a su favor decretando el archivo con perjuicio del caso. Solicitó también la imposición de una suma razonable en honorarios de abogado.

El 15 de mayo de 1989 la parte demandante consignó en la Secretaría del tribunal de instancia la cantidad de die-ciocho mil seiscientos dólares (18,600). Esta consignación fue admitida por el tribunal el 18 de mayo de 1989, con la objeción del señor Gallardo Hernández. Dicha cantidad fue retirada por la señora Petiton García mediante solicitud a esos efectos y permitida por el tribunal en virtud de la orden de 6 de julio de 1989.

El 18 de octubre de 1989 el tribunal de instancia dictó sentencia en la cual decretó que el negocio jurídico plas-mado en la Escritura Núm. 83 de 14 de agosto de 1987, denominada “Compraventa con Pacto de Retro”, otorgada ante el notario Millet Martínez, era en realidad un con-trato de préstamo con garantía hipotecaria, puesto que se cumplían en este caso las tres (3) condiciones o requisitos del Art. 1410 del Código Civil, supra. A base de lo anterior, declaró nulo e inexistente el traspaso de la propiedad ob-jeto del litigio y reconoció que la señora Petiton García es la dueña de dicha propiedad. Le ordenó a ésta que devol-viera al señor Gallardo Hernández la cantidad de trece mil dólares ($13,000), suma que éste le prestara. No obstante, indicó que de esa suma le corresponde al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico la cantidad de tres mil doscientos cin-cuenta dólares ($3,250), porque en el contrato se pactaron intereses usurarios en contravención a lo que dispone la Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985 y el Art. 1652 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4594.

Se ordenó al Registrador de la Propiedad, Sección de Manatí, que procediera a cancelar la inscripción quinta de la finca Núm. 12,949 que aparece anotada al Folio 52 vuelto del Tomo 339 de Manatí, dejando en vigor el título previo de la señora Petiton García.

También se ordenó a la señora Petiton García otorgar la escritura correspondiente de segregación y complemento de permuta sobre el Lote RI-A a favor de V.T.N. Final-mente, se le impuso al demandado el pago de las costas en ambos casos y la suma de tres mil dólares ($3,000) por concepto de honorarios de abogado.

Inconforme con esta determinación, la parte deman-dada presentó una solicitud de revisión ante nos. Planteó como único señalamiento de error el siguiente:

El Honorable Tribunal de Instancia cometió error de derecho al darle curso a las demandas radicadas y dictar la sentencia objeto del presente recurso, sin que adquiriera previamente ju-risdicción sobre la materia, en contravención ello a las disposi-ciones del artículo 1407 del Código Civil, vigente, según enmendado.

Decidimos revisar y expedimos el auto solicitado.

( — (

El presente caso requiere que discutamos varios de los artículos referentes al retracto convencional para que determinemos si, a la luz de los hechos, se configuró entre las partes esta obligación o, por el contrario, se pactó algo distinto. Comencemos, pues, haciendo referencia al Art. 1396 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3901, el cual define lo que es el retracto convencional de la manera siguiente:

Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expresado en la see. 3912 de este título, y lo de-más que se hubiese pactado.()

El Art. 1407 del Código Civil, supra, dispone que el vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto a menos que reembolse al comprador el precio de la venta y, además, los gastos del contrato y cualquier otro pago que se considere legítimo para la venta. Además, el vendedor tiene que reembolsar al comprador los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. A su vez, el párrafo final de dicho artículo dispone:

Para que pueda darse curso a las demandas de retracto se requiere que se consigne el precio si es conocido, o si no lo fuere, • que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 3912.

La Ley Núm. 71 de 27 de mayo de 1980 nos indica en su exposición de motivos que la Ley de Enjuiciamiento Civil que rigió en Puerto Rico a partir de 1886 no ha sido derogada en cuanto al requisito que se exige para ejercitar la acción de retracto. 1980 Leyes de Puerto Rico 187. Allí claramente se dice que el retrayente debe consignar el precio y que este requisito o disposición es de carácter sustantivo. A pesar de que las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 derogaron la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1885, esta disposición sustantiva se mantuvo provisionalmente vigente hasta tanto se incorporó dicha disposición al Código Civil, mediante la Ley Núm. 71, supra, la cual enmendó el citado Art. 1407 a los efectos de añadir el párrafo antes citado. Por ello, en Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 10-11 (1961), se dijo refiriéndose al Art. 1616(2) de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que:

Claramente nos indica ese artículo que la única suma que está obligado a consignar el comunero retrayente para cursarse su demanda de retracto es el precio de la primera venta que originó la retroacción y ninguna otra suma. Es obvio que la exigencia de la consignación simultánea y efectiva del precio de venta con la presentación de la demanda de retracto, o en su caso la de dar fianza, no se hace extensiva en forma alguna a las otras sumas adicionales que por mandato expreso del artí-culo 1407 de nuestro Código Civil viene obligado el retrayente a “reembolsar al comprador”, y que son: “los gastos del contrato, y cualquier pago legítimo hecho para la venta” y los “gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida”. (Énfasis suplido.)

El carácter sustantivo de la disposición antes aludida tiene su fundamento en que “el retracto, por su natu-raleza privilegiada, limitativa de la facultad dispositiva del comprador y que algunas veces se considera como un ins-tituto perturbador de la libre contratación, no es un dere-cho absoluto que pueda desligarse de su ejercicio, sino que, por el contrario, se subordina a éste, haciendo depender su efectividad de la circunstancia especial de que llegue a re-clamarse en forma y cumpliéndose con las condiciones esenciales del derecho de retracto Zalduondo v. Iturregui, supra, pág. 20.

No hay entonces la menor duda de que a base de la letra del Art. 1407 del Código Civil, supra, y lo dicho por este Tribunal anteriormente, es indispensable que al presentarse una demanda de retracto se consigne a la vez el precio de venta. Es importante señalar que si las partes no han acordado término alguno de duración, el retracto durará por el término de cuatro (4) años, contados desde la fecha del contrato. En caso de que las partes estipulen un plazo, éste no puede exceder de diez (10) años. Art. 1397 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3902.

Ahora bien, en el presente caso la parte demandante sostuvo que la transacción efectuada con el señor Gallardo Hernández fue de préstamo y que aplicaban las disposiciones del Art. 1410, supra, el cual dispone:

Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa se presumirá que constituye un contrato de préstamo por el mon-tante del precio, con garantía hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:
Primero: Cuando el comprador no hubiere entrado en pose-sión material de la cosa vendida.
Segundo: Cuando el vendedor pague interés al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrenda-miento o se le dé otro nombre cualquiera.
Tercero: Cuando se hiciere figurar en el contrato, como precio de enajenación, una cantidad enteramente inadecuada.

Cabe señalar que este artículo es autóctono y que no tiene precedente alguno en los códigos españoles. El mismo, de acuerdo con el profesor Vélez Torres, es la res-puesta puertorriqueña a un problema que nos aquejó en las primeras décadas del presente siglo. J.R. Vélez Torres, Contratos: Contratos Nominados, Facultad de Derecho de la U.I.A., 1987, Parte II, Cap. V, Comenta el profesor Vélez Torres, op. cit, págs. 284-285, lo siguiente:

Resulta que los campesinos puertorriqueños, dueños de pe-queñas parcelas de terreno de las cuales extraen el sustento de ellos y de sus familias, necesitaron, un día, el financiamiento que les permitiera dedicar sus terrenos a siembras que ellos consideraron más productivas. Pero como su título de propie-dad nunca ganó acceso al Registro de la Propiedad, sino que siempre se desenvolvió a espaldas de éste, cuando quisieron dar sus tierras en garantía de los préstamos que necesitaban con suma urgencia, no pudieron hacerlo por la circunstancia de que la garantía que representaba la hipoteca sobre el inmueble no podía nacer como derecho real, porque no se podía inscribir. Entonces los prestamistas, muchos de ellos interesados en el título de propiedad de los terrenos envueltos en cada transac-ción, acudían a sus abogados y, éstos, siempre hábiles en esto de extraer soluciones de la normativa vigente, echaron mano a la figura del retracto convencional. Y fueron muchas las tran-sacciones que con el nombre de “compraventa con pacto de retro” o, simplemente, “retroventa”, llenaron los protocolos de los notarios de aquella época. Con esta práctica, que se generalizó en toda la Isla, nuestros campesinos pusieron en manos de los prestamistas de los pueblos, muchos de ellos inescrupulosos, el futuro económico de ellos y el de su familia. Años después, em-pezó a manifestarse la mano insensible y egoísta del Shylock tropical.
Por esta vía, muchos campesinos puertorriqueños fueron víc-timas del despojo que propiciaba el recurso de la venta con pacto de retracto, usado indebidamente para encubrir verdade-ros préstamos personales, muchas veces usurarios.

¿Cuál es entonces la procedencia del Art. 1410 del Código Civil, supra? Procede de la Ley Núm. 47 de 13 de abril de 1916, la cual se aprobó con el fin de atajar el grave e imperdonable problema de la usura. () En otras palabras, este artículo se aprobó para, en casos de que un propietario tuviera la necesidad imperiosa de obtener un préstamo y acudiera a un prestamista dando en garantía la propiedad, el mero transcurso del plazo acordado entre ambos para pagar lo adeudado, no pondría a operar el Art. 1407 del Código Civil, supra, puesto que no se estaría ante un retracto convencional, sino ante un préstamo. Ello siempre y cuando se dé al menos uno de los requisitos del citado Art. 1410. De esta manera se evitaba el despojo del propietario. Es interesante destacar que en la segunda mi-tad del siglo XIX muchos pequeños caficultores de la región de Utuado perdieron sus tierras mediante la transacción conocida como “venta con pacto de retro”. Nos comenta el profesor Fernando Picó lo siguiente:

Esto hace que el fulcro de las relaciones entre prestamista y caficultor sea la tierra misma; la tierra es la prenda perenne de las obligaciones. Su valor representa el límite de los créditos posibles. Su porción cultivada es la parte preferida de las eje-cuciones hipotecarias. El control que el refaccionista logra so-bre la tierra le da poderes, no sólo sobre la cosecha sino tam-bién sobre todas las actividades económicas del caficultor. En su forma más burda —en la venta con pacto de retroventa, que se practica hasta la década del 1870— el caficultor se convierte, virtualmente, en arrendatario de su propia tierra. Es como un aparcero que tiene un título precario sobre el suelo que cultiva, y que vive en perpetua agonía por cumplir con unos plazos, que podrían resultar académicos ante cualquier capricho climatoló-gico o vaivén de los precios mundiales. F. Picó, Amargo Café, Río Piedras, Eds. Huracán, 1981, págs. 78-79.

Teniendo en mente lo anterior, veamos si en el caso de autos está al menos presente uno de los requisitos del citado Art. 1410.() De entrada, una simple lectura de la Escritura Núm. 83, denominada “Compraventa con Pacto de Retro” de 14 de agosto de 1987 y otorgada entre la señora Petiton García y el señor Gallardo Hernández, nos hace sospechar que en este caso se pactaron intereses, aunque no se le dio tal nombre. La cláusula quinta de dicha escri-tura dispone:

Quinto: Se pacta el precio de retroventa en DIECIOCHO MIL DOLARES ($18,000.00) debido a que en el área donde se en-cuentra ubicada la propiedad objeto de este contrato se pro-yecta un aumento sustancial en la plusvalía de los terrenos, que las partes estiman un crecimiento de valor de aproximada-mente CINCO MIL DOLARES ($5,000.00) por sobre el precio acordado en el día de Hoy.

El tribunal de instancia determinó correctamente que la cláusula citada anteriormente lo que pretendía era disfra-zar el cobro de intereses mediante el supuesto aumento en valor que evidenciaría la propiedad, hecho incierto. En otras palabras, si las partes acordaron que la demandante recibiría trece mil dólares ($13,000) y pagaría dieciocho mil dólares ($18,000) al término de un (1) año, estaría pagando la cantidad de cinco mil dólares ($5,000) en exceso de lo recibido. Como correctamente se dice en la sentencia, “[u]na simple operación matemática nos lleva a concluir que el interés aplicado asciende a 38.5% lo que excede al máximo legal ...”. Sin embargo, en dicha sentencia se hace referencia incorrectamente a la Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985 que fijaba el interés legal en doce por ciento (12%) anual. Es importante señalar que el interés legal al que se refiere la Ley Núm. 82, supra, es el interés legal por sentencia.()

En este caso los intereses usurarios fueron parte del convenio pactado entre las partes. En cuanto a estos intereses que surgen por convenio especial de las partes, rige lo dispuesto en el Art. 1649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4591:

A falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o sobre cualquier clase de obligación o contrato será de seis (6) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en valor, y al mismo tipo por una suma mayor o menor, o por un período más largo o más corto; Disponiéndose, sin embargo, que no po-drá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) dólares anuales sobre cada cien (100) dóla-res o sobre su equivalente en valor, cuando el capital objeto del préstamo o del convenio no exceda de $3,000 y de ocho (8) dó-lares anuales por cada cien (100) dólares, cuando pase de dicha cantidad. Dentro de los límites que por este título se fijan, será legal descontar letras y pagarés y otras obligaciones análogas.

De manera que a base del citado Art. 1649, solamente se hubiera podido pactar intereses al ocho por ciento (8%), puesto que el convenio excede de tres mil dólares ($3,000). En este caso se pactaron intereses al treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%).

Debemos recordar que el Art. 1652 del Código Civil, supra, dispone en su parte pertinente que:

Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reserva, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor que el que se permite por [este capítulo], podrá hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado; y [la corte] deberá, además, disponer en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y cinco (75) por ciento de dicho capital y que el veinticinco (25) por ciento restante sea adjudicado y recobrado por el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento de eje-cución, del mismo modo que el demandante, y sin preferencia sobre el montante adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco (25) por ciento así adjudicado. Véase J.E. Caudal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962).

Los derechos establecidos en esta sección no son renunciables. Smith v. Negrón, 54 D.P.R. 401 (1939).

En cuanto al requisito de que el comprador no haya en-trado en posesión del inmueble, Art. 1410, supra, el tribunal de instancia concluyó que aunque el demandado visitó el barrio Tierras Nuevas Poniente donde ubica el inmueble objeto de la controversia, no pudo localizarlo. Tampoco lo logró cuando en una segunda ocasión visitó el lugar. De manera que “[c]omo cuestión de realidad nunca entró en posesión del inmueble ni conoció la propiedad. Así lo de-muestra el hecho incontrovertido de que confundió el in-mueble al tratar de mostrarlo a su propio tasador, señor Orlando Flores en ocasión de éste visitarlo para fines de preparar un informe de tasación”. Véase Rodríguez v. Rivera, 71 D.P.R. 290, 293 (1950).

Con respecto a si el precio de venta del inmueble es inadecuado, el tribunal de instancia concluye lo siguiente:

El inmueble en controversia constituye parte de una finca de treinta y nueve (39) cuerdas que está desarrollada casi en su totalidad en predios con cabida desde 1000 metros cuadrados cuyo precio de venta se ha realizado a razón de $15.00 por metro cuadrado y han sido objeto de edificaciones para vivienda de gran valor económico. Obra en autos abundante prueba docu-mental, no controvertida, en apoyo de esta determinación.
El predio, aunque inferior en topografía, goza de acceso a agua potable, energía eléctrica, teléfono y escuelas.
Está próximo a la carretera número dos (2), a la ciudad, a la zona playera y contiguo a un desarrollo de clase media alta por lo que su potencial económico es evidente. El perito tasador don Juan Dávila de Jesús, declarando como perito de la deman-dante así lo atestó confiriéndole un valor conservador de $107,500.00. Damos entero crédito a su testimonio. (Enfasis suplido.)

A nuestro juicio, el comprador no derrotó la presunción juris tantum que establece el Art. 1410 del Código Civil, supra, a favor del vendedor. Marcano v. Registrador, 41 D.P.R. 542, 545 (1930). En el caso de autos, además de otro tipo de prueba, hubo también el testimonio de peritos. Sobre este particular hemos sostenido que “los tribunales de instancia, como este Tribunal en ejercicio de su facultad revisadora, tienen amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial pudiendo, aun, adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta”. Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 921 (1971). No encontramos razón alguna para descartar el testimonio del perito de la parte demandante, el cual creyó el foro de instancia.

En cuanto a los otros testimonios presentados por la parte demandante, éstos le merecieron entera credibilidad al juzgador de los hechos, por lo tanto, no intervendremos con dicha apreciación de la prueba en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987).

En virtud de lo anteriormente expuesto, se dictará sen-tencia confirmando en parte y modificando en cuanto a los intereses legales la emitida por el Tribunal Superior; Sala de Arecibo, el 18 de octubre de 1989.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión concurrente.

— O —

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

i — i

Cecilia Petiton García permutó con Vistas de Tierras Nuevas, Inc. (en adelante Vistas) un terreno. Acordaron segregarlo y complementar la permuta adjudicándole a Vistas cierto lote. Petiton García otorgó escritura de hipo-teca en garantía de pagaré, la cual contenía una cláusula sobre dicho compromiso. El pagaré fue negociado al comer-ciante Jaime Gallardo Hernández y cancelado posteriormente.

Gallardo Hernández acordó con Petiton García entre-garle $13,000, a cambio de lo cual al año recibiría $18,000. El 14 de agosto de 1987 se otorgó la Escritura Núm. 83 sobre compraventa con pacto de retro, subsiguientemente inscrita en el Registro de la Propiedad de Manatí.

Petiton García solicitó, y obtuvo de Gallardo Hernán-dez, una prórroga antes del vencimiento del término acordado. La prórroga de un (1) mes estaría sujeta al pago de $600 adicionales. Aunque ella intentó pagarle a tiempo, Gallardo Hernández rehusó aceptar el pago. Entonces, Pe-titon García solicitó la nulidad del contrato de compra-venta con pacto de retro ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo. A la vez, Vistas pidió su cumplimiento específico y alegó que esa compraventa con pacto de retro realmente era un préstamo. Ambos casos fueron consolidados.

Oportunamente, dicho foro concluyó en la afirmativa, esto es, que la compraventa con pacto de retro era un prés-tamo con garantía hipotecaria. La anuló en virtud del Art. 1410 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3915. En consecuen-cia, ordenó la devolución a Gallardo Hernández de los $13,000, menos $3,250 para el Estado Libre Asociado por concepto de intereses usurarios. También dispuso la cance-lación en el Registro de la Propiedad de la inscripción de la escritura de compraventa, más el pago de costas y honora-rios de abogado. Gallardo Hernández recurrió.

II

Al confirmar la sentencia del ilustrado foro de instancia, la opinión mayoritaria expone:

De entrada, una simple lectura de la Escritura Núm. 83, deno-minada ‘‘Compraventa con Pacto de Retro” de 14 de agosto de 1987 y otorgada entre la señora Petiton García y el señor Ga-llardo Hernández, nos hace sospechar que en este caso se pacta-ron intereses, aunque no se le dio tal nombre. La cláusula quinta de dicha escritura dispone:
“Quinto: Se pacta el precio de retroventa en DIECIOCHO MIL DOLARES ($18,000.00) debido a que en el área donde se encuentra ubicada la propiedad objeto de este contrato se pro-yecta un aumento sustancial en la plusvalía de los terrenos, que las partes estiman un crecimiento de valor de aproximada-mente Cinco Mil Dolahes ($5,000.00) por sobre el precio acor-dado en el día de Hoy.”
El tribunal de instancia determinó correctamente que la cláusula citada anteriormente lo que pretendía era disfrazar el cobro de intereses mediante el supuesto aumento en valor que evidenciaría la propiedad, hecho incierto. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 53.

Coincidimos en que el Art. 1410 del Código Civil, supra, crea la presunción legal de que una retroventa se presu-mirá préstamo con garantía hipotecaria si se da alguna de las circunstancias siguientes: (1) que el comprador no en-tre en la posesión física de la cosa vendida; (2) que el ven-dedor pague intereses al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera, y (3) que el precio contractual por la enajenación sea inadecuado. Aunque nuestro citado Art. 1410 no tiene precédente en España, las disposiciones que rigen la figura de venta con pacto de retro tienen su equivalente en el Art. 1.507 del Código Civil español. Obli-gatorio es, pues, examinarlo.

A su amparo, la doctrina permite que en la compraventa con pacto de retro se pacten variaciones en el precio de la venta. () En consecuencia, cuando el precio pagado inicial-mente sea diferente del pagado para retrotraer, ello no sig-nifica necesariamente que se haya pactado el pago de intereses. La Nueva Enciclopedia Jurídica nos ilustra:

En cuanto al precio de la venta, que necesariamente ha de reembolsarse éste antes del vencimiento del plazo estipulado, o consignarlo, si al ofrecimiento de pago siguió la negativa del obligado (2 diciembre 1914). Ese precio ¿habrá de ser necesa-riamente el mismo que aquel por el que se efectuó la venta? Los romanistas entendieron que el mentado precio podía cambiar en más o en menos; y así lo entendió también el Derecho canó-nico y la legislación de Partidas. Nuestro Código [Español] ha-bla del “precio de la venta”, por lo que parece inferirse que ha de ser el mismo; pero algunos comentaristas, como MANRESA, y escritores, como SERRANO, admiten la licitud del pacto por el que se debe retraer en cantidad mayor. La Jurisprudencia tiene declarado que el convenio por el cual se aumenta o dismi-nuye el precio fijado en el contrato anterior de venta con pacto de retro entraña una novación esencial del mismo (4 enero 1890), pero que si se hizo constar en la inscripción registral el precio de venta, a éste hay que atender, y no al que, aumentado, se hace figurar en una adición al contrato (3 julio 1906; Cfr. sentencia de 30 de marzo 1909). (Énfasis en el original y escolio omitido.) Nueva Encidopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1968, T. IV, pág. 533.

Es evidente, pues, que cabe la diferencia entre la com-praventa con pacto de retro, en la que se pactan variacio-nes en precio de venta (el acuerdo por el cual la persona que compra y adviene propietario de un inmueble y se com-promete a venderla a su vendedor, dentro de un término fijo de tiempo, por un precio mayor o distinto que el original) y el acuerdo por el cual una parte se compromete a pagar intereses sobre determinada cantidad de dinero, llá-mesele a éste “precio” o de otra forma. La opinión mayori-taria da a entender que toda diferencia en precio en com-praventa con pacto de retro equivale a un pacto de pago de intereses. No creemos que esa conclusión sea inescapable.

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Para que surja la presunción del citado Art. 1410 del Código Civil, basta que concurra una sola de las condicio-nes allí enumeradas. Como correctamente resuelven, aquí existen dos (2): (1) el comprador no entró en posesión del bien comprado y (2) en el contrato de compraventa con pacto de retro se hizo figurar una cantidad inadecuada como precio de enajenación. Claramente, el negocio jurí-dico realizado quedó cubierto por dicha presunción. Como no fue rebatida por Gallardo Hernández, se convirtió en un préstamo con garantía hipotecaria. Una vez determinado que el negocio fue un préstamo y no una compraventa, la diferencia en precio equivale a un interés.

Como señalan Pérez González y Alguer, el Código Civil español no contiene definición alguna del concepto interés. L. Enneccerus y H. Lehmann, Tratado de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1955, T. II. Tampoco nuestro Código Civil. En los campos de lo económico y de lo jurídico se han ofrecido varias definiciones del concepto. Barré lo define como “ ‘el precio pagado en dinero por el uso del propio dinero’ ”. Economía política, trad, de García Lomas, t. II, págs. 115-118, en Nueva Enciclopedia Jurídica, op. cit, T. XIII, pág. 216. Von Stackelberg lo define como “la renta procedente de la posesión del capital, y su explica-ción sería análoga (nunca idéntica) a la de la renta de la tierra concebida como ingreso neto procedente de ésta y a la del salario como remuneración del trabajo”. Principios de teoría económica, pág. 293 y ss, en Nueva Encidopedia Jurídica, op. cit, T. XIII, pág. 216. Por su parte, Pérez González y Alguer definen el interés como “ ‘el rédito que produce el dinero en relación a la cantidad a que asciende y al tiempo que se desplaza de la utilización de su titular’, distinguiéndolo de la renta porque ésta no presupone una obligación de capital y de la amortización porque sólo re-presenta un pago parcial de aquél”. Enneccerus-Lehmann, Tratado de Derecho civil, t. II — 1, págs. 55 a 61, en Nueva Encidopedia Jurídica, op. cit., T. XIII, pág. 216. El Diccio-nario de Derecho Civil lo define como “las cantidades de dinero a satisfacer por la utilización de un capital dinerario”. M.A. del Arco y M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 85. En términos generales, podríamos decir que el interés es el precio que se paga por el uso del dinero. De ordinario, ese precio consiste en la diferencia entre la cantidad que se recibe en préstamo y la cantidad que se debe devolver.

Establecido que se pactó el pago de intereses, nos uni-mos al análisis mayoritario de que eran usurarios.

      (1) Así consta en la Escritura Núm. 37 sobre Permuta, otorgada el 18 de febrero de 1987 en San Juan, Puerto Rico, ante el notario Raúl Caballero Meléndez.

      (2) La segregación del solar de mil metros cuadrados (1,000 m/c) fue aprobada por la Administración de Reglamentos y Permisos el 19 de abril de 1989.

      (3) En las determinaciones de hecho del tribunal de instancia se dice que el Sr. Jaime Gallardo Hernández es un comerciante con amplia experiencia en los negocios de compra y venta de propiedades y concesión de préstamos con garantía.

      (4) La Escritura Núm. 83 fue presentada e inscrita en el Registro de la Propie-dad de Manatí al Folio 52 vuelto del Domo 339, Finca Núm. 12,949, inscripción quinta, libre de cargos.

      (5) BI equivalente a nuestro Art. 1396 (31 L.P.R.A. see. 3901) en el Código espa-ñol es el Art. 1.507. Algunos en España han propuesto la eliminación de esta insti-tución (venta con pacto de retro) porque sostienen que fomenta el desarrollo de la usura.
      Sin embargo, otros como Manresa, por ejemplo, sostienen que “más se combate la institución por los abusos a que se puede prestar, que por su bondad o maldad intrínseca, y este criterio no creemos, en verdad, que se pueda citar como modelo de criterio de crítica jurídica”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 431. Atribuye, precisamente, el mal uso que se le da a esta institución a la manera en que las leyes españolas reglamentan la constitución y efectividad del crédito hipotecario. Sostiene que la hipoteca en España es cara y mala y que el “procedimiento ejecutivo aplicado a la misma, en el que se exige hasta el embargo de los bienes especialmente hipotecados, resulta largo y costoso, que la garantía disminuye con esta amplitud y esta difusión de la ley Procesal, y que las gentes, cuando se encuentran que en el molde legal no caben sus aspiraciones, se van procurando otro en donde puedan verse satisfechas”, íd., pág. 432.
      Concluye, finalmente, que “[e]l retracto convencional es como el arsénico y, des-pués de todo, como todas las cosas, sirve para matar y para sanar: lo que hay que hacer es reglamentar las condiciones en las cuales sana, e impedir en lo posible aquellas otras en las que mata. A más no se puede llegar. La posibilidad de abuso no es peculiar de esta institución; es común a todas”. Manresa, op. cit., págs. 432-433.

      (6) En Iglesia Católica v. Registrador, 96 D.P.R. 511 (1968), se dice que con la aprobación de la Ley Núm. 47 de 13 de abril de 1916 se le dio un duro golpe a los prestamistas usureros. Además, se destaca el hecho de que a partir de dicha legisla-ción la institución del retracto convencional prácticamente cayó aquí en desuso. “La gran mayoría de nuestras decisiones, desde Lizardi v. Registrador, 24 D.P.R. 863 (Hernández) (1917) hasta Shivell v. Barber y Boscio, 92 D.P.R. 400 (Rigau) (1965), unos 57 casos, versan sobre el retracto legal”. Id., pág. 542 esc. 8.

      (7) El profesor Vélez Torres nos advierte lo siguiente refiriéndose al Art. 1410 • (31 L.P.R.A. see. 3915):
      “Sabido es que la inscripción del derecho real de hipoteca es constitutivo de derechos, de suerte que nunca puede considerarse ‘préstamo con garantía hipoteca-ria’ una transacción de préstamo destinada a desenvolverse fuera del Registro de la Propiedad.” J.R. Vélez Torres, Contratos: Contratos Nominados, Facultad de Derecho U.I.A., 1987, Parte II, Cap. V, págs. 283-284.
      En todo caso estaríamos ante un préstamo con una garantía real, pero no hipotecaria.

      (8) La Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985 enmendó la Regla 44.3 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Posteriormente, se volvió a enmendar dicha regla por la Ley Núm. 78 de 11 de julio de 1988 a los fines de establecer que el interés a pagarse sobre la cuantía de una sentencia será el que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y esté en vigor al momento de dictarse la sentencia.

      (1) Varios tratadistas acogen esta idea. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1944, T. III, pág. 59 esc. 1; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, pág. 161.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
      In re Ángel Luis Ocasio Arriaga, querellado.

      Números: CP-88-485
    MC-88-26

      Resueltos: 1ro de diciembre de 1992

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Miriam Álvarez Archilla y Eladís Orsini Zayas, Procuradoras Generales Auxiliares, abogadas del querellante;, Miguel A. Febles González, abogado del querellado; Angel Luis Ocasio Arriaga, pro se.

   per curiam:

El Procurador General compareció ante nos presentando un informe sobre la conducta profesional del Ledo. Angel Luis Ocasio Arriaga. Examinado este informe, ordenamos al Procurador formular la correspondiente que-rella contra dicho abogado. En cumplimiento de dicha or-den, el Procurador impuso y formuló el cargo siguiente:

El abogado Angel Luis Ocasio Arriaga incurrió en conducta ilegal y antiética allá para el 25 de junio de 1982 al disponer impropiamente del dinero de su cliente, Milagros I. Rivera Guevara, para su uso personal.
Este abogado depositó en su cuenta bancaria particular, nú-mero 115-72579-2 del Banco Popular de Puerto Rico, el cheque número 196708 del Banco Central y Economías fechado 22 de junio de 1982 por la cantidad de $15,901.47 a nombre de Milagros Ivette Rivera Guevara, su cliente. Querella, pág. 1.

Vista la anterior querella, nombramos como Comisio-nado Especial para escuchar y recibir la prueba que las partes pudieran presentar al Ledo. Agustín Mangual Her-nández, ex juez superior. Este rindió su informe y las par-tes expresaron su posición por escrito al respecto, por lo que estamos en condiciones de evaluar el caso ante nos.

Todas las partes están contestes con las determinacio-nes de hecho siguientes que hiciera el Comisionado Especial, las cuales transcribimos y adoptamos como propias.

2. El 17 de enero de 1973, la Leda. June I. Ortiz, abogada de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, radicó una moción ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso civil número 73-350 mediante la cual consignaba la suma de $9,994.00 a favor de la beneficiaría me-nor de edad, Milagros I. Rivera Guevara (Exhibit III de la prueba estipulada).
3. El 10 de febrero de 1982 ante el querellado actuando como notario, comparecieron don Edgardo Rivera Marrero y Milagros Ivette Rivera Guevara, y el primero emancipó a la segunda mediante la escritura número 4 de esa fecha. Surge de la misma que Milagros Ivette Rivera Guevara nació el 13 de enero de 1964 (Exhibit VIII de la prueba estipulada).
4. El 24 de marzo de 1982 el querellado Angel Luis Ocasio Arriaga, en representación de Milagros Ivette Rivera Guevara radicó una moción de retiro de fondos en el mencionado caso civil 73-350, en la cual se alegaba que habiendo sido emanci-pada la peticionaria solicitaba se le entregara lo allí consignado y depositado en la cuenta número 07-091253-5. (Exhibit IV de la prueba estipulada).
5. El Tribunal Superior de San Juan mediante Orden de 15 de jimio de 1982 dictaminó que se le entregara un cheque a favor de la peticionaria María Ivette Rivera Guevara, de con-formidad con la mencionada moción de retiro de fondos (Exhibit V).
6. El Ledo. Angel Luis Ocasio Arriaga recibió el cheque nú-mero 196708 expedido por la Secretaría del Tribunal a nombre de la Srta. Milagros I. Rivera Guevara por la cantidad de $15,901.47 y lo depositó en una cuenta personal que tenía en la sucursal de Santa Rosa del Banco Popular y que lleva el nú-mero 115-72579-2, con número de Seguro Social [ XXX-XX-XXXX ], que es el mismo número de Seguro Social del querellado en este caso (Exhibit VII [de] la prueba estipulada). .
7. La señorita Rivera Guevara declaró ante el Procurador General que la firma que tiene al dorso el mencionado cheque no es su firma porque ella no endosó el mencionado cheque y no lo vio hasta que se le mostró copia del mismo el [10] de mayo de 1988.
8. El querellado le entregaba cantidades de dinero a la seño-rita Rivera Guevara desde el año 1983.
9. Declaró, además, la señorita Rivera Guevara que cuando el querellado le entregó las cantidades parciales le dijo que no podía sacar el dinero completo, que sólo lo podía sacar en pe-queñas cantidades. Declaró, además, que el 10 de septiembre de 1986 él le prometió que para el 31 de enero de 1987 le sal-daría el remanente de la cantidad que él había depositado en su cuenta, pero no fue hasta el 5 de mayo de 1988 que le entregó el remanente de dicho dinero (Exhibit X de la prueba estipulada).
10. Durante la vista celebrada ante el suscribiente, la seño-rita Rivera Guevara declaró que estaba solicitando su.dinero desde que cumplió los dieciocho (18) años, cuando fue emanci-pada, y que el querellado le daba el dinero poco a poco y ella deseaba la cantidad completa (Página 7 de la transcripción del testimonio de la señorita Rivera Guevara).
11. El querellado le entregó a la señorita Rivera Guevara un gran total de $22,700.00 desde el año 1983 hasta mayo de 1988. Informe del Comisionado Especial, pág. 2.

Surge, además, del expediente de autos que en términos económicos la señorita Rivéra Guevara no sufrió daño al-guno ya que recibió todo el dinero al cual era acreedora, junto con los intereses correspondientes. Surge también que el querellado es pariente político de la señorita Rivera Guevara ya que está casado con una prima de ésta, y que vino a ser representante legal de la joven Rivera Guevara a raíz de su emancipación por encomienda del padre de ésta, Edgardo Rivera Marrero, quien es primo hermano de la esposa del querellado. Finalmente, surge del expediente que después de presentada la querella contra el licenciado Ocasio Arriaga por el Procurador General de Puerto Rico, tanto la señorita Rivera Guevara como su padre, suscribie-ron una declaración jurada haciendo constar, en esencia, que la conducta del licenciado Ocasio Arriaga respondió a las directrices que éste recibiera del padre de la joven Rivera Guevara, aceptando ambos que el licenciado Ocasio Arriaga nunca cobró honorarios de clase alguna por los ser-vicios rendidos a ellos, y que lo realizado por el querellado había sido para el beneficio de la señorita Rivera Guevara. Esta declaró también que no deseaba que el Ministerio Pú-blico siguiera adelante con esta querella.

Lamentablemente, la conducta del licenciado Ocasio no cumplió cabalmente con lo que exigen los cánones de ética profesional, por lo cual no puede escapar al ejercicio de nuestra facultad disciplinaria.

El Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone en su último párrafo que:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bie-nes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen. (Enfasis suplido.)

El licenciado Ocasio debió tener presente que aun cuando inicialmente era el padre de la señorita Rivera Guevara el que había solicitado sus servicios profesionales, ésta se convirtió en su cliente cuando él compareció representándola ante el tribunal —luego de su emancipación— para retirar los fondos de la joven que estaban allí depositados. Como su abogado, no podía retener el dinero de su nueva cliente sin que importaran los lazos familiares que les unían ni las directrices que le fueron impartidas por el padre de la joven para beneficio de ella. Su conducta infringió el Canon 23 citado y constituye una falta que no podemos ignorar. Sin embargo, tomando en consideración como atenuantes: (a) lá ausencia de perjuicio a la señorita Rivera Guevara; (b) las circunstancias sui géneris de este caso, que no representa la situación ordinaria de conducta impropia dispuesta en los cánones por tratarse más bien de un asunto entre parientes; (c) los sufrimientos que estamos seguros ha tenido el querellado durante todo el trá-mite ante nos, y (d) su actitud de cumplimiento, diligencia y responsabilidad para con nuestras órdenes, limitamos nuestra sanción a una reprobación formal de su conducta. Se censura la actuación del Ledo. Ángel Luis Ocasio Arriaga y se le apercibe respecto a no volver a mezclar el dinero de sus clientes con los bienes propios.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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Los principios deontológicos siguen palideciendo. No po-demos limitar la sanción disciplinaria a una simple cen-sura y apercibimiento. “[E]l retraso en la devolución de fondos a los clientes ... es grave, porque no sólo implica vulnerar principios éticos, sino que roza la infracción penal.” R.H. Viñas, Etica de la abogacía y la procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1972, pág. 193.

El Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A., Ap. IX, in fine, dispone que la “naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que venga a su posesión y no debe mezclarlo con sus pro-pios bienes ni permitir que se mezclen”. (Énfasis suplido.)

En juego están valores éticos-comunitarios pluridimen-sionales, que trascienden los intereses privados y los de-seos de los protagonistas.

La delicadeza es regla imperativa en el ejercicio de la abogacía. Por ello la probidad debe llevarse hasta el escrúpulo. La negligencia y la falta de orden en el manejo de dineros u otros bienes del cliente, sea que provengan de entregas hechas directamente por éste o por la contraparte o efectuadas por cualquier otro conducto, aunque sea explicable en algunos ca-sos de gran recargo de trabajo profesional, suelen conducir a una sospecha de indelicadeza, lo cual es gravísimo para el abo-gado que sea culpable de dicho descuido. Es, pues, indispensable, cuando en una oficina de abogado se.manejan dineros aje-nos, como es el caso de quienes se dedican a juicios ejecutivos, cobranzas extrajudiciales, administración de bienes en virtud de poder general, etc., disponen de una adecuada organización contable y administrativa que asegure al cliente el cuidadoso manejo de sus bienes y la oportuna rendición de cuentas.
Si aun la negligencia o el desorden pueden conducir a sospe-cha de indelicadeza, con mayor razón se presentará tan grave presunción cuando el abogado demora, aunque sea por pocos días, la entrega de dinero que el cliente espera, o cuando omite informar sobre la cuantía excacta del dinero que ha recibido con destino a dicho cliente o no expide recibos por los valores que se le entregan. S. Syro Giraldo, Ética de la Abogacía, Derecho, XVIII Rev. C. Abo. Medellin 53 (1970).

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La seriedad de la actuación del Ledo. Ángel L. Ocasio Arriaga es manifiesta. El trasfondo de hechos refleja un esquema que hábil y subrepticiamente le permitió, du-rante cinco (5) años, mezclar y utilizar para su beneficio exclusivo, el dinero perteneciente a la joven Milagros I. Rivera Guevara. Su conducta violó la veracidad, caracte-rística intrínseca que debe animar a quien es llamado a servir la justicia y a colaborar en su administración. In re Rodríguez Bonhomme, 119 D.RR. 500 (1987); In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Elias Rivera, 118 D.P.R. 174 (1986); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Rechazamos la conclusión de que la Señorita Rivera Guevara no sufrió daño alguno por el simple hecho de que años después recibió finalmente su dinero, más los intereses. Nunca se pactó un préstamo. Para obtener dinero, están los bancos y las demás instituciones financieras. El Tribunal pasa por alto que ella era acree-dora a recibirlo totalmente, sin que el licenciado Ocasio Arriaga se lo entregara “poco a poco” a modo de cuentagotas. Ese proceder desnaturalizó el propósito de su emancipación judicial.

La actuación del licenciado Ocasio Arriaga merece ser sancionada con una suspensión temporal del ejercicio de la abogacía. La condición de pariente no es defensa. La fidu-cia, eje central de los cánones de ética profesional, protege también a los parientes, sean por afinidad o políticos.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Disentimos; ello por razón de entender que la “sanción” impuesta en el presente caso —consistente la misma en un “apercibimiento”— es una insuficiente.

Conforme surge de la Opinión Per Curiam emitida por la mayoría del Tribunal, el abogado Angel Luis Ocasio Arriaga se apropió ilegalmente de un dinero perteneciente a un cliente. Esto es, en efecto cometió el delito de apropia-ción ilegal agravada que establece el vigente Código Penal de Puerto Rico en su Art. 166 (33 L.P.R.A. see. 4272).

El hecho de que la perjudicada fuera pariente del abo-gado querellado; que dicha perjudicada, y sus familiares, posteriormente “perdonaran” al referido abogado; y que éste restituyera el dinero que se había apropiado, no hace menos grave la conducta en que éste incurrió.

Pero, hay más. En días recientes, y por conducta similar, hemos separado del ejercicio de la profesión de abogado a otros miembros de la profesión. Ciertamente no estamos aplicando la “misma vara” en el presente caso. No se debe perder de vista que el ser consistentes en nuestra decisio-nes, aun cuando no es garantía absoluta de que resolvemos correctamente, sí es garantía de tranquilidad de conciencia.


author: PER curiam:

text:
      In re Marcos A. Feliciano Crespo, querellado.

      Número: CP-90-99

      Resuelto: 3 de diciembre de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Ivonne Casanova Pelosi y Ricardo E. Alegría Pons, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del querellante; Noel Colón Martínez y José R. Lebrón Velázquez, abogados del querellado.
   PER curiam:

1 — i

El Procurador General formuló una querella contra el notario Marcos Feliciano Crespo, imputándole tres (3) vio-laciones a la Ley Notarial de Puerto Rico consistentes en haber autenticado las firmas de seis (6) personas en afidá-vit para traspasar unos vehículos de motor, sin que los su-puestos otorgantes comparecieran ante él.

Inicialmente, el querellado Feliciano Crespo negó los hechos. Designamos al ex Juez Superior José M. Aponte Jiménez Comisionado Especial para recibir y aquilatar la prueba y rendirnos un informe.

Durante la vistaO) se estipuló y se sometió la controver-sia por el informe rendido por el Procurador General con anterioridad a la presentación de la querella, entendién-dose como una aceptación libre, voluntaria y espontánea de las faltas imputadas.()

Conforme a dicha prueba y a dichas estipulaciones, el Comisionado Especial formuló las determinaciones de he-cho siguientes:

El querellado, Marcos Feliciano Crespo, fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 28 de marzo de 1957. Se le autorizó a ejercer como notario el 20 de abril de 1959.
Conforme el resultado de la evidencia aportada, en funciones de notario, el 25 de agosto de 1981 autorizó el affidavit 12,319. Certificó la legitimación de las firmas de la señora Ednydia López Nieves y la del señor Luis González Lugo como vende-dora y comprador respectivamente, las cuales aparecen al dorso de la licencia de vehículo de motor número 0331371 en el espa-cio provisto para el cambio de dueño del vehículo mediante traspaso. Acreditó con ello que dichas personas suscribieron el documento en su presencia.
Igualmente, el 9 de agosto de 1983, autorizó el affidavit 14,949. Certificó la legitimación de las firmas de los señores Ercito Trujillo Cardona y Carlos Irizarry Ponce como vendedor y comprador respectivamente, las cuales aparecen al dorso de la licencia de vehículo de motor número 2-1945992 correspon-diente a un vehículo Chevrolet 1983 en el espacio provisto para el traspaso de dicho vehículo al dorso de la licencia.
Las personas cuya legitimación de firmas certificó el notario querellado al autorizar los mencionados affidavits 12,139 y 14,949, no comparecieron ante él al suscribir los traspasos en las licencias de los vehículos aludidos en los cargos I y II de la querella. Las firmas de Ednydia López Nieves en el affidavit 12,139 y la de Ercito Trujillo Cardona en el 14,949, ambas como vendedores, no corresponden a la de las personas que representan.
Las actuaciones del notario querellado que producen la pre-sente querella no peijudicaron a terceras personas. Estuvieron ajenas y no forman parte de una intención fraudulenta. (Énfa-sis suplido y en el original.) Informe, págs. 3-4.

La presente querella representa una más de numerosas instancias en que notarios de experiencia incumplen con el mandato legal en que se apuntala la Ley Notarial de Puerto Rico: la fe de conocimiento de los otorgantes.

Sin la fe del conocimiento, sobran los notarios. Por ende, su inobservancia es una falta grave sujeta a estrictas me-didas disciplinarias. In re Echevarría González, 116 D.PR. 423, 424 (1985); In re Félix, 104 D.PR. 379 (1975). Las violaciones en declaraciones juradas de vehículos de motor no son la excepción. In re Nieves Rivera, 124 D.PR. 803 (1989); In re González González, 119 D.PR. 496 (1987). In-cumplimientos notariales de este género hacen viable que vehículos hurtados adquieran status de legitimidad.

Vista la extensa obra notarial que por varias décadas ha acumulado el querellado Feliciano Crespo, su previo histo-rial limpio y el carácter aislado de estas violaciones, se le suspende del ejercicio de la notaría por el término de seis (6) meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

      ) Por no contar con la prueba necesaria, el Procurador General desistió del cargo relativo a las firmas de la Sra. Marlyn Suárez Rodríguez y el Sr. Firpo Díaz.

      () Se admitieron como evidencia las dos (2) licencias de vehículos de motor donde figuran los traspasos notarizados y, por estipulación, las declaraciones juradas prestadas por los testigos Ercito Trujillo Cardona, Raúl Esteves Hernández, Benja-mín Nieves Santiago y Luis González Lugo en torno a las faltas imputadas.
      Además, se estipuló que el querellado Feliciano Crespo es y ha sido un ciuda-dano ejemplar en todos los órdenes de su vida. Aparte de ser abogado, ostenta el grado de Maestro de Divinidad en el Concilio Evangélico de Puerto Rico y pertenece al Tribunal Eclesiástico Nacional del Presbyterian Church of the United, States. La Iglesia Presbiteriana, sínodo de Puerto Rico, ha acordado, tomando en consideración su preparación teológica y sus conocimientos, ordenarle al Santo Ministerio próximamente.


author: per curiam:

text:
      In re Roberto E. Vélez Morales, querellado.

      Número: CP-89-477

      Resuelto: 3 de diciembre de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Eliadís Orsini Zayas, José Roberto Vega Díaz, Ivonne Casanova Pelosi y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradores Generales Auxiliares; Roberto Eliel Vélez Morales, pro se.

   per curiam:

HH

El Procurador General formuló una querella disciplina-ria contra el abogado Roberto E. Vélez Morales. Le imputó conducta contraria a los Cánones 23 y 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en la postulación de los Casos Civiles Núms. RF-86-473 y CP-89-477 ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Específicamente, le imputó haber retenido y mezclado con sus bienes propios, sin el consentimiento de sus clientes, dineros montantes a $30,000, entregádoles en calidad de depósito, habiendo dis-puesto de los mismos contrario a las instrucciones recibi-das de sus clientes.

Subsiguientemente, se enmendó la querella para impu-tarle que otorgó un contrato de servicios profesionales en el cual dejó en blanco la suma de los honorarios y luego, uni-lateralmente, llenó dichos blancos sin consultar a sus clientes.

En sus contestaciones, el querellado Vélez Morales negó haber infringido los derechos de sus representados y adujo que todo se debió a la falta de acción de ellos y a la inter-vención indebida de otro abogado. Designamos Comisio-nado Especial al ex Juez Superior José F. Rodríguez Rivera, con la encomienda de recibir y aquilatar la prueba y rendirnos un informe.

A la vista, el querellado Vélez Morales compareció por derecho propio y renunció a estar representado por abogado. El caso quedó sometido a base del récord y de la transcripción de evidencia de la litigación civil ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Se limitó a someter dos (2) documentos.

Con vista a la prueba, el Comisionado Especial formuló las determinaciones de hecho siguientes:

1. El querellado Roberto Eliel Vélez Morales fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado el 20 de noviembre de 1980 y al notariado el 23 de febrero de 1981.
2. A la luz del expediente del litigio civil relacionado con el presente caso el querellado ha actuado en todo momento con excesiva temeridad, habiendo abusado sobremanera del pro-ceso judicial y recargado intolerablemente la labor y carga de trabajo del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.
3. También en la ventilación del caso por conducta profesio-nal ante el Tribunal Supremo el querellado incurrió en el mismo curso de conducta al cuestionar irrazonablemente as-pectos que fueron adjudicados por la Sala de Mayagüez y que constituyen parte de la sentencia que a la fecha de hoy es final y firme.
4. A la luz de la transcripción de evidencia unida al r[é]cord, de las constancias que surgen de los autos del proceso civil y de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayag[ü]ez en la litigación arriba citada, allá para el 1982 el querellado fue con-tratado como abogado de una sucesión para encargarse de las gestiones legales correspondientes. Uno de los miembros de la Sucesión habría de adquirir una casa perteneciente a dicha su-cesión y le hizo entrega al querellado de la suma de $30,000.00 en dinero efectivo, mediante tres pagos de $10,000.00 entre abril de 1983 y febrero de 1984. En un momento dado el quere-llado fue inquirido por una miembro de la sucesión sobre dicho dinero y aquél informó falsamente que el mismo se encontraba depositado en un banco en una cuenta especial de la sucesión, habiéndose comprobado luego dicha falsedad.
5. La evidencia en el r[é]cord revela que dicha suma de $30,000.00 fue retenida por el querellado y de la misma apenas hizo erogaciones para el caso de la sucesión consistentes en el pago de $1,196.93 al Departamento de Hacienda y $1,000.00 al Ingeniero Augusto Torres Torres (Véase Moción informativa del querellado dirigida al Comisionado). Adjudicó el Tribunal sen-tenciador que el querellado sólo tenía derecho al cobro de $3,000.00 por sus servicios profesio[na]les y le ordenó que res-tituyera $27,000.00 lo cual no hizo.
6. Concluyó expresamente el Tribunal Sentenciador que el querellado promovió prórrogas con relación a disposiciones ju-diciales que no iba a cumplir, por lo cual lo censuró y expre-sando que ello merecía el más enérgico repudio del Tribunal.
7. Allá para el 29 de junio de 1989 el Tribunal [Superior] denegó la revisión de la sentencia dispositiva de las anteriores medidas contra el querellado.
8. Respecto a la enmienda a la querella en el sentido de que el querellado llenó unilateralmente los blancos de un contrato de servicios profesionales después de ser firmado el mismo por los clientes, el querellado admitió bajo juramento haber proce-dido según las alegaciones. (Véase: Transcripción de evidencia unida a los autos, página[s] 150-152). (Énfasis suplido.) In-forme del Comisionado Especial, págs. 2-3.

I — I 1 — i

La gravedad de la conducta del abogado Vélez Morales es evidente. Con su proceder manchó la buena imagen que debe promover todo miembro de la profesión legal. Incurrió en uno de los pecados capitales: haber retenido y mezclado con sus bienes propios dinero perteneciente a sus clientes. Unilateralmente, fijó los honorarios en un formulario de servicios sin consultar a los clientes. Abusó de la confianza en él depositada e incurrió en conducta temeraria en el curso de los procesos judiciales relacionados con estos hechos. Véanse: In re Rodríguez Bonhomme, 119 D.P.R. 500 (1987); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982); In re Félix, 111 D.P.R. 671 (1981); In re Ávila Jr, 109 D.P.R. 440 (1980).

No es acreedor a ser abogado. Procede decretar la sepa-ración indefinida de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Ángel Manuel Padilla.

      Número: 5007

      Resuelto: 3 de diciembre de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   PER curiam:

HH

El pasado 21 de agosto de 1992 emitimos la resolución siguiente:

I
Habiendo prestado el notario Angel Manuel Padilla la fianza notarial, se archiva el trámite correspondiente a ese requisito. Se le apercibe de en el futuro ser diligente en su cumplimiento.
II
No obstante, surge diáfanamente de su expediente, que en múltiples ocasiones él Director de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, ha intentado infructuosamente que dicho notario le comunique la dirección física de su oficina para poder realizar una inspección de su obra notarial. Esas comu-nicaciones han sido dirigidas a su apartado postal 8056, Baya-món, 00960, que resulta ser el mismo que el 16 de julio de 1992 el notario certificó en su comparecencia para mostrar causa ante este Foro.

III

A la luz de lo expuesto, se le concede al notario Padilla un término perentorio de diez (10) días para que, sin excusa al-guna, proceda a notificar al Ledo. Martínez Suris la dirección física exacta en que se encuentra su obra notarial, ello bajo apercibimiento de ser suspendido temporalmente del ejercicio de la abogacía sin ulterior trámite. (Enfasis suplido y en el original.) Resolución de 21 de agosto de 1992.

hH

Notificado de esta resolución por correo certificado el pa-sado 10 de septiembre, al día de hoy el notario Padilla no ha comparecido, ignorando nuestra orden. La situación es intolerable. Compárense: In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992); In re Manzano, 129 D.P.R. 955 (1992), y casos allí citados; In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

Conforme a la Ley Notarial de Puerto Rico, todo notario está en la obligación continua de notificar a este Foro cual-quier cambio de dirección residencial o de su oficina notarial. 4 L.P.R.A. see. 2011. Su conducta ha imposibili-tado que durante varios años se haya podido examinar su obra notarial. Ya antes, el 9 de noviembre de 1984, le ha-bíamos apercibido de su obligación de obedecer fielmente la disposición de la Ley Notarial de Puerto Rico en lo concer-niente a los índices.

Esta conducta amerita su suspensión temporal del ejer-cicio de la abogacía hasta tanto consideremos apropiada su reinstalación. Cf. In re Hernández, 130 D.P.R. 861 (1992); In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

Se dictará la correspondiente sentencia.