author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Herminio Pacheco Báez y otros, acusados y recurridos.

      Número: CE-91-684

      Resuelto: 8 de junio de 1992

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, abogada de El Pueblo; Héctor Zayas Puig, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso el Estado recurre de una resolución y orden dictada el 31 de octubre de 1991 por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en la cual se concedió una moción de supresión de evidencia. Plantea como único error que el foro de instancia haya determinado que el Ministerio Pú-blico no rebatió la presunción de invalidez del registro sin orden impugnado por los acusados.

El 27 de noviembre de 1991 le concedimos un término a los acusados recurridos para que mostraran causa por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado, revocar la Resolución y Orden de 31 de octubre de 1991 y devolver el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos.

Los acusados recurridos han comparecido y su ponencia no nos convence. Procede resolver según lo intimado.

I

Los hechos

Del recurso presentado y de la oposición surgen los he-chos que dan fundamento a la solicitud que nos ocupa. La prueba en la vista de supresión consistió en el testimonio del agente Miguel Vázquez San Antonio. Éste declaró que es un agente de la División de Drogas y Narcóticos del pueblo de Yauco. El día de los hechos, 8 de febrero de 1991, a eso de las 11:00 p.m., él y irnos compañeros realizaban una ronda preventiva por el área del parque de pelota del Barrio Palmas de Yauco. Es de conocimiento de la Policía que este lugar se utiliza para el uso y la venta de drogas. Al acercarse pudo observar, en los palcos y asientos del par-que, a cuatro (4) personas sentadas allí. Los alumbró con una linterna. Notó que tenían una jeringuilla hipodérmica y un utensilio conocido como “koker” o "cooker”, de los que comúnmente se utilizan para quemar la droga. Procedió a identificarse como policía. Entonces el coacusado Herminio Pacheco Báez, que era el que tenía la jeringuilla, la lanzó hacia la grama y le dio con el pie al “cooker”. El agente Vázquez San Antonio procedió a registrar a los acusados. Como resultado de dicho registro le ocupó a Pacheco Báez ocho dólares ($8.00), cocaína y marihuana en el bolsillo del pantalón. También ocupó la jeringuilla que éste había tenido momentos antes en sus manos. Inmediatamente después les informó que estaban arrestados. Todo el inci-dente duró unos cinco (5) minutos. La secuencia de registro y arresto fue simultánea, un incidente detrás del otro. Por estos hechos se acusó a los acusados recurridos de poseer con la intención de distribuir las sustancias controladas conocidas por cocaína y marihuana.

En su escrito para mostrar causa, los acusados recurri-dos arguyen que procedía la supresión de la evidencia ya que el agente Vázquez San Antonio obró contrario a lo dis-puesto en Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972), al registrar a los acusados antes de arrestarlos, no siendo el registro efectuado sin orden, por lo tanto, incidental a un arresto válido. No les asiste la razón; veamos.

II

El arresto y el registro incidental

La solución de la controversia ante nuestra considera-ción exige que determinemos cuándo es que verdadera-mente ocurre el arresto que activa las garantías constitu-cionales contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. Art. II, Sec. 10 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Emda. IV, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.

La Regla 4 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, define el arresto de la manera siguiente:

Un arresto es el acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza. Podrá hacerse por un funcionario del orden público o por una persona particular. El arresto se hará por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona o sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario. El arrestado no habrá de estar sujeto a más res-tricciones que las necesarias para su arresto y detención, y ten-drá derecho a que su abogadq o su familiar más cercano lo visite y se comunique con él. (Énfasis suplido.)

Una persona queda arrestada cuando está efectivamente restringida en su libertad. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 199, 201 (1969). En un caso donde ha habido una demostración de autoridad por parte de un agente del orden público, y la persona la ha acatado, la determinación de si ésta ha sido o no arrestada no puede hacerse depender exclusivamente del hecho de que el agente del orden público le haya informado o no al detenido de su intención de ponerlo bajo arresto. Tampoco depende exclusivamente de si el agente tuvo la intención de que la intervención fuera efectuada con el propósito de arrestar a la persona o que así fuera entendida por el detenido. Estos elementos subjetivos no configuran por sí solos un arresto. Si se está o no bajo arresto depende de si al hacer un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias que rodean el incidente se puede concluir que una persona prudente y razonable, inocente de todo delito, hubiera pensado que no estaba en libertad de marcharse. W.R. LaFave, Searches and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 2, Sec. 5.1(a); O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Orford, Equity Publishing Co., 1990, Sec. 7.1; LaFave and Israel, Criminal Procedure Sec. 3.5(a) (1984); United States v. Mendenhall, 446 U.S. 544 (1980); Florida v. Royer, 460 U.S. 491 (1983); Michigan v. Chesternut, 486 U.S. 567 (1988).

Ahora bien, “un registro o incautación sin orden judicial se presume inválido, por lo que le compete al Ministerio Público rebatir dicha presunción mediante la presentación de prueba sobre las circunstancias especiales que justifique la intervención”. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 476-477 (1988). Véanse: Pueblo, v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). Tomando en consideración que la garantía constitucional del Art. II, Sec. 10 de nuestra Carta de Derechos, supra, protege a la ciudadanía contra registros que, aunque legales, sean irrazonables, a manera de excepción se ha permitido, bajo ciertas circunstancias, el registro sin orden judicial del sospechoso y del área a su alcance, cuando el registro es incidental a un arresto válido. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987); Pueblo v. Malavé González, supra; D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, See. 7.5. Es “condición indispensable que da origen a la excepción ... que se haya practicado un previo arresto válido ya sea con la orden correspondiente o sin orden en los casos que el arresto se ha encontrado razonable. La razonabilidad constitucional de este registro requiere, además, que el mismo sea incidental en tiempo y lugar al arresto”, pues el mero hecho de que se haya hecho un arresto legal no con-valida, ipso facto, un registro o incautación sin orden. (Én-fasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido.) Resumil de Sanfilippo, op. cit., Sec. 9.11, pág. 228. Véase Pueblo v. Sosa Díaz, supra.

A tenor con lo dispuesto en la Regla 11(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, un agente del orden público puede efectuar un arresto sin orden “[c]uando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia”. Con relación a esta acepción, el agente percibe, por observación personal, con sus sentidos, los elementos constitutivos de una conducta punible. No es necesario que el delito se haya cometido; basta con que el agente así lo crea. Nevares-Muñiz, op. cit, Sec. 5.71(a) y (b).

Si hay o no “motivos fundados” para arrestar, se determina a base de criterios de probabilidad y razonabilidad. Un agente del orden público tiene “motivos fundados” para arrestar a una persona si tiene conocimiento o información “que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser arrestada ha cometido un delito público, razón por la cual se hace necesaria la evaluación de las circunstancias específicas de cada caso en particular”. (Énfasis en el original.) Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 770 (1991). Véanse: Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326 (1980); Pueblo v. Lafontaine Álvarez, 98 D.P.R. 75 (1969); Resumil de Sanfilippo, op. cit., Sees. 7.5 a 7.7. “La existencia de ‘motivos fundados’ para el arresto sin orden de magistrado es el resultado de una rápida evaluación de circunstancias, en la cual el oficial de policía llega a la conclusión de que la persona ha cometido un delito en su presencia. Para así concluir el agente debe relacionar el comportamiento de la persona frente a él, con los hábitos de conducta y manera de actuar de infractores de la Ley en circunstancias similares.” (Cita y escolio omitidos.) Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99, 100-101 (1978).

Al analizar y sopesar los hechos en el caso ante nuestra consideración y aplicar las normas de derecho que hemos reseñado, debemos también tener presente que los agentes del orden público, “en protección de la ciudadanía en general, tiene[n] perfecto derecho a patrullar las vías [y áreas] públicas de nuestro país”. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985).

hH HH I — I

Aplicación de las normas de derecho a los hechos

Del testimonio del agente Vázquez San Antonio surge que el día de los hechos por la noche éste se encontraba, en unión a otros compañeros, patrullando, en misión preven-tiva, en un área conocida por el uso y la venta de drogas. Fue en este lugar donde se toparon con los acusados. Al alumbrarlos con una linterna, notó que uno de ellos tenía una jeringuilla en la mano y a su lado, en el piso, un “cooker”. Se identificó como policía. Acto seguido, el coacu-sado Pacheco Báez botó la jeringuilla que tenía en la mano y con el pie le dio al “cooker”. Lo próximo que ocurre, en rápida sucesión de eventos, es el registro de los acusados y la ocupación de la evidencia cuya supresión se solicita. In-mediatamente después del registro, el agente Vázquez San Antonio le indicó a los acusados que estaban bajo arresto. Toda la operación tomó escasamente cinco (5) minutos; “ ‘la secuencia de registro y arresto fue simultánea, uno detrás de otro ...’ ”. Petición de certiorari, pág. 3. Ante estos he-chos tenemos que concluir que se configuró el arresto, una vez el agente observó un acto ilegal a plena vista, se iden-tificó como policía, los acusados se sometieron y se inició la serie de eventos que culminaron cuando el agente informó a los acusados que estaban bajo arresto.

El lugar en que ocurrió el incidente, la rapidez con que se sucedieron los hechos y las actuaciones de los agentes y de los acusados, en otras palabras, la totalidad de las circunstancias, denota claramente la existencia de un ambiente de privación efectiva de la libertad de los acusados recurridos desde el mismo momento en que se inició el incidente (al identificarse el agente Vázquez San Antonio como policía y éstos someterse). Sin duda alguna, los hechos relatados por el agente crearían en cualquier persona prudente y rázonable, inocente de todo crimen, la aprehensión de que efectivamente no estaba en libertad de marcharse. El registro efectuado fue razonable y necesario —según las circunstancias de este caso— para asegurarse de que los acusados no tuvieran armas u otros objetos que pudieran utilizar para escapar a la detención y para evitar la posible destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito. Pueblo v. Sosa Díaz, supra, pág. 631.

Estamos, además, ante una situación en que los agentes del orden público tenían motivos fundados para válidamente arrestar a los acusados sin orden judicial. Regla 11(a) de Procedimiento Criminal, supra. El producto del registro no fue lo que justificó el arresto, pues éste era independientemente válido. Aquí lo que hubo fue una simple inversión del orden usual de arresto formal seguido inmediatamente del registro cuya validez se cuestiona. Bajo estas circunstancias, como bien apunta el profesor Chiesa Aponte, “[s]i hay causa probable para arrestar sin orden o hay orden de arresto, no debe haber un resultado distinto con base en el orden, cuando uno sigue inmediatamente a otro: el registro sigue inmediatamente al arresto, que es el orden natural o lógico, o el arresto sigue inmediatamente al registro”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 6.14(A), pág. 411. Véase Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98, 111 (1980). Lo que no debe ni “pue-de tolerarse es justificar el arresto con el registro y el re-gistro con el arresto ...”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 411.

Por todo lo antes expresado, se dictará sentencia expi-diendo el auto, revocando la resolución y orden emitida el 31 de octubre de 1991 por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, y devolviendo el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernán-dez Denton concurrieron con sendas opiniones escritas. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Entendemos necesario expresarnos por separado —aun cuando brevemente— con el propósito de dejar claramente establecidas las razones por las cuales, a nuestro juicio, es correcto el resultado a que se llega en la decisión que hoy emite el Tribunal en el presente caso.

Hacemos la salvedad, de entrada, que entendemos co-rrecta la decisión hoy emitida bajo la premisa de que la misma no revoca la decisión que emitiera este Tribunal en Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972). Esto es, la norma jurisprudencial establecida en el referido caso de González Rivera —a los efectos de que no es jurídicamente permisible que un agente del orden público primero regis-tre a una persona y entonces, luego de encontrar evidencia delictiva, proceda a arrestar a la referida persona— conti-núa vigente en nuestra jurisdicción, haciendo inadmisible en evidencia en nuestros tribunales el material delictivo así obtenido. Ello necesariamente tiene que ser así ya que, desde hace más de cuarenta años, resolvimos que un regis-tro ilegal no deja de serlo por razón de que en la persona o lugar en que el mismo se efectúa se encuentre evidencia delictiva. Véase Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171 (1951).

Lo que sucede es que los hechos que dieron lugar a la decisión que se emitiera en Pueblo v. González Rivera, ante, son diferentes —y, por ende, distinguibles— de los hechos del caso hoy ante nuestra consideración. Conforme surge de la relación que de los hechos hiciera el Tribunal en el citado caso de Pueblo v. González Rivera, págs. 653-654:

Esa tarde recibieron una querella escrita de manos de una persona conocida del Agente Díaz Alamo y quien se había identifi-cado como Comisario de Barrio del Sector conocido como Colec-tora, Coroza, Gandul y Trinchera. En cinco o seis ocasiones anteriores el Comisario había dado querellas a los agentes, las que fueron investigadas por éstos con resultado positivo. Todos esos sectores tienen la reputación de ser lugares donde se tra-fican diariamente con drogas. En la tarde de referencia los agentes se dirigieron a la calle Gaviota a investigar la querella del Comisario y tratar de localizar a las personas que se denun-ciaban en dicha querella. Al llegar a la calle Gaviota, los agen-tes abandonaron el automóvil y continuaron caminando a pie. Al penetrar en mío de los callejones, vieron un grupo de perso-nas, entre las cuales se encontraban los acusados-apelantes. Al notar la presencia de los agentes, el acusado Olmedo García le pasó a la co-acusada María González Rivera un paquetito en-vuelto en papel color rosa y ésta se lo llevó al seno. El agente Díaz Alamo se dirigió a María y agarró el paquete que sobresa-lía un poco de su escote. Al examinar el paquete el agente en-contró una caja partida de cigarrillos y dentro de la caja 21 “decks” y otra caja pequeña de cigarrillos conteniendo 13 sobre-citos de papel plomado que se usan para envasar la cocaína. Fue entonces que el agente puso bajo arresto a María y a Olmedo. Analizando químicamente los 13 “decks” dieron todos positivos de cocaína. (Énfasis suplido y en el original y escolio omitido.)

Como podemos notar, de una mera lectura de lo ante-riormente transcrito, el agente del orden público en el caso de Pueblo v. González Rivera, ante, realmente no tenía mo- tivos fundados para arrestar a ninguna de las personas que ese día se encontraban en la Calle Gaviota del sector cono-cido como Colectora, Santurce, Puerto Rico. Ello así, por cuanto, a pesar de que dicho agente había anteriormente recibido información sobre alegado trasiego de drogas en dicho sector, lo único que observó fue a una persona pasarle a otra “un paquetito envuelto en papel color rosalo cual, ni aun bajo la circunstancia adicional de ser dicho sector uno “caliente”, no le autorizaba a arrestar a dichas perso-nas por carecer los agentes de motivos fundados para ello.

En el caso hoy ante nuestra consideración la situación fáctica es completamente distinta. En adición a que el lugar en controversia, igualmente, era conocido como uno utili-zado “para el uso y venta de drogas”, la observación que hace el agente —cuatro personas sentadas, con una “jerin-guilla hipodérmica y un utensilio conocido como ‘koker’ o ‘cooker’, de los que comúnmente se utilizan para quemar la droga”— lo llevan a tener “motivos fundados”, suficientes en derecho, para arrestar a dichas personas al amparo de las disposiciones de la Regla 11(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Bajo esas circunstancias específicas, y como correcta-mente se expresa en la Opinión del Tribunal, resulta inma-terial que el agente del orden público verbalmente le infor-mara a estas personas que las estaba poniendo bajo arresto antes, o después, de proceder a registrarlas. En otras palabras, teniendo el agente “motivos fundados” para arrestar a los peticionarios, no es ilegal el registro que de dichas personas realizó el agente por el mero hecho de que no les hubiera informado a éstos que efectivamente los es-taba arrestando.

Con relación a esta clase de situaciones, lo verdadera-mente importante, y determinante, lo es la existencia, o no, de los “motivos fundados” para intervenir y/o arrestar al ciudadano. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Cap. 6, Sec. 6.14.

En resumen, a nuestra manera de ver las cosas, debe quedar claro que la norma jurisprudencial hoy establecida no revoca, ni es contradictoria a, la norma jurisprudencial que establecimos en Pueblo v. González Rivera, ante. Las mismas, en nuestra opinión, son completamente armoniza-bles entre sí y ambas constituyen precedente obligatorio para los tribunales de instancia.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Por entender que en las circunstancias de autos había motivos fundados para arrestar a los acusados, y que para evitar la destrucción de la prueba procedía que el registro se practicara inmeditamente antes del arresto, concurro con la revocación de la resolución recurrida. Desde Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651, 656-657 (1972), a modo de excepción, aceptamos la validez de un registro sin orden “cuando la propiedad a ser incautada está en proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida ...”. Por estas razones no estimamos aconsejable pronunciarnos so-bre si en el caso de autos se configura un arresto cuando el agente los alumbró con la linterna y se identificó como policía. Una vez establecido el peligro de destrucción de la evidencia y la existencia de causa probable para arrestar desde el inicio de la intervención, es innecesario calificar este primer contacto como un arresto por alegadamente haber ocurrido una muestra de autoridad y los apelantes haberse sometido a ésta.

       El agente Vázquez San Antonio expresó que aunque ocupó la jeringuilla no la envió a analizar porque sólo contenía una gotita de líquido, insuficiente para el análisis químico.

       Se alegó reincidencia.

       En United States v. Mendenhall, 446 U.S. 544, 554 (1980), el Juez Stewart, a quien se le unió el Juez Rehnquist, expresó lo siguiente:
      “We conclude that a person has been ‘seized’ within the meaning of the Fourth Amendment only if, in view of all of the circumstances surrounding the incident, a reasonable person would have believed that he was not free to leave. Examples of circumstances that might indicate a seizure, even where the person did not attempt to leave, would he the threatening presence of several officers, the display of a weapon by an officer, some physical touching of the person of the citizen, or the use of language or tone of voice indicating that compliance with the officer’s request might be compelled. ... In the absence of some such evidence, otherwise inoffensive contact between a member of the public and the police cannot, as a matter of law, amount to a seizure of that person.” (Énfasis suplido y escolio omitido.)

        De otra parte, en California v. Hodari D., 113 L. Ed. 690, 697 (1991), al con-frontarse con una situación en que hubo una demostración de autoridad que no produjo el que la persona se detuviera, o sea, la obedeciera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo lo siguiente:
      “...with respect to a show of authority as with respect to application of physical force, a seizure [does not] occurs [unless] the subject ... yield. ... An arrest requires either physical force ... or, where that is absent, submission to the assertion of authority.” (Enfasis suprimido.)
      Para una crítica a esta posición, véase la opinión disidente del Juez Stevens.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Samuel Pagán Ayala.

      Números: AB-92-17
    AB-91-55

      Resueltos: 9 de junio de 1992

      Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar.

   per curiam:

Tres (3) ciudadanos afectados por la con-ducta irresponsable de un miembro de la profesión legal invocan la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal y la del Procurador General de Puerto Rico para que, a la luz de la facultad inherente de este Foro para reglamentar el ejercicio de la abogacía, sancionemos nuevamente la con-ducta del Ledo. Samuel D. Pagán Ayala.

Tomando en consideración el historial previo de este le-trado y el hecho de que su conducta ha requerido nuestra intervención en múltiples ocasiones, se decreta su suspen-sión indefinida del ejercicio de la profesión de abogado hasta que nos acredite fehacientemente su disposición de conducirse con la dignidad y responsabilidad que debe ca-racterizar a un miembro de la clase togada.

Veamos brevemente cuáles fueron los hechos que confi-guraron la formulación de las dos (2) querellas traídas a nuestra atención y la suspensión indefinida que hoy decretamos.

I

Por una queja presentada ante la Secretaría de este Tribunal por la Sra. María Zukowski Charuzca, el Secretario General cursó una comunicación escrita al licenciado Pa-gán Ayala. En la misiva solicitaba una contestación, dentro del término de diez (10) días, a la alegación de la señora Zukowski a los efectos de que había adelantado unos hono-rarios al abogado para que le tramitara una demanda civil por impericia profesional médica, y éste no había realizado gestión alguna a pesar de las múltiples llamadas que ella le hiciera para darle seguimiento al asunto.

Pagán Ayala no contestó ese requerimiento ni el que le hiciera la Oficina de la Procuradora General, luego de que le remitiéramos el asunto para la realización del corres-pondiente informe. No obstante el hecho de que en aquella oficina se le concediera un último término de diez (10) días para que ofreciera su versión sobre lo ocurrido, el licen-ciado Pagán Ayala ni se inmutó y el Procurador General, conforme a la advertencia que le hiciera, nos rindió su in-forme sin el beneficio de su comparecencia. En dicho in-forme el Procurador General nos solicitó que sancionára-mos al licenciado, tanto por su incomparecencia en este caso como por su actitud de indiferencia en otra querella que se había presentado en su contra en aquella oficina.

Esta segunda querella fue presentada el 30 de mayo de 1991 por el Sr. Luis Manuel Soto Astacio y su esposa Elba M. Cruz García. Informaron en su queja que habían con-tratado los servicios del licenciado Pagán Ayala para que los representara en una acción de daños y perjuicios, que le habían adelantado cuatrocientos dólares ($400) y que éste había delegado el caso en el Ledo. Israel Pacheco Acevedo, otro abogado que trabajaba en el bufete. Una vez iniciado el pleito, el licenciado Pacheco renunció a la representación legal del matrimonio Soto Cruz y continuó ésta el licen-ciado Pagán Ayala. Alegaba la pareja que desde la renuncia del licenciado Pacheco no se les informaba el curso que había seguido el caso y que, a pesar de haberle solicitado la devolución del expediente del caso a Pagán Ayala, éste se negaba a entregárselo. Además, aparentemente se había mudado en varias ocasiones sin informarlo a sus clientes.

Debido a la irresponsabilidad del licenciado Pagán Ayala, alegaban los esposos Soto Cruz, el 30 de diciembre de 1991 advinieron en conocimiento de que la demanda presentada en el asunto en que el abogado les represen-taba había sido archivada con perjuicio por inacción del demandante.

A raíz de esta queja, el 23 de julio de 1991 el Procurador General procedió a informarle por escrito al licenciado Pa-gán Ayala las imputaciones hechas en su contra y a conce-derle diez (10) días para ofrecer su versión sobre los hechos. En apoyo a su solicitud, el Procurador General usó el caso In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984), en el cual este Tribunal había suspendido indefinidamente al abo-gado de marras por no atender los reclamos de aquella oficina en el ejercicio de sus funciones disciplinarias. El abogado Pagán Ayala no contestó, aun después de que el Procurador le concediera un plazo adicional de cinco (5) días para contestar.

Así las cosas, el Procurador sometió su informe y, a la luz de éste, emitimos una resolución el 6 de marzo de 1992 en la que se concedía veinte (20) días para que compare-ciera a dicha oficina con apercibimiento de sanciones disciplinarias. Simultáneamente, le ordenamos que nos mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado “en vista de su conducta reiterada de hacer caso omiso a las citaciones del Procurador General y de este foro”. Resolu-ción de 6 de marzo de 1992. Del expediente se desprende que el abogado recibió personalmente la resolución. Como en las ocasiones previas, no ha ofrecido contestación alguna. Procede su suspensión indefinida.

II

Recientemente, en In re Colón Torres, 129 D.P.R. 489, 492-493 (1991), expresamos que:

Es conocido ya, por todos los miembros de la clase togada, que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa aten-ción y obediencia a las órdenes de este Tribunal [y a las del Procurador General], particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presentada en su contra que está siendo investigada. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

La similaridad entre el nombre del licenciado Pagán Ayala que apoyó nuestras expresiones y el que hoy suspen-demos no es coincidencia. El letrado Samuel Pagán Ayala ha merecido amonestaciones publicadas o suspensiones por parte de este Tribunal en cuatro (4) ocasiones adicio-nales a la que ahora nos ocupa.

En In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980), censura-mos a este abogado por no prestar atención a las cartas que le fueron enviadas por el Procurador General y por violar los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Ante el hecho de que en aquella ocasión los quejosos desis-tieron de su querella, sólo expresamos al licenciado Pagán Ayala que: “Si desde un principio hubiese atendido como era su deber sus obligaciones profesionales, hubiese evi-tado a los quejosos las molestias que sin duda incurrieron y hubiese evitado a la oficina del Procurador General y a este Tribunal tener que distraer de nuestro ocupado tiempo para atender lo que parece haber sido una bien fundada queja.” In re Pagán Ayala, supra, pág. 714 . Ordenamos que se uniera una copia de la opinión al expediente del letrado.

Posteriormente, en 1984, su conducta fue traída ante nuestra atención nuevamente en dos (2) ocasiones separadas.

Mediante opinión per curiam, el 16 de mayo de 1984 suspendimos indefinidamente al licenciado Pagán Ayala del ejercicio de la profesión de abogado por no haber hecho caso a los requerimientos que le hiciéramos a raíz de una querella donde se le imputaba haber retenido unos hono-rarios pagados por adelantado. Después de una moción de reconsideración por él presentada, ordenamos su reinsta-lación con efectividad al 1ro de agosto de 1984, pero remi-timos los méritos del asunto, o sea la retención de honora-rios sin hacer la gestión acordada con el cliente, a la Oficina del Procurador General.

Su conducta en aquella ocasión generó nuestra opinión en In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986). Allí establecimos que nuestro ordenamiento ético no impide que un abogado que haya incurrido en mala práctica profesional indemnice extrajudicialmente a su cliente. Resolvimos, sin embargo, que dicha indemnización no podrá subordinarse a que el cliente no presente la correspondiente querella disciplinaria. En ese caso Pagán Ayala indemnizó ex-trajudicialmente a sus clientes pero en la estipulación sujetó dicha indemnización a que no se procediese éticamente en su contra.

Con la salvedad antes aludida, aprobamos la estipula-ción y dictamos la correspondiente sentencia.

Hoy, cinco (5) años después de su último incidente dis-ciplinario, la irresponsabilidad, negligencia y total desobe-diencia del licenciado Pagán Ayala a las órdenes de este Foro y de la Oficina del Procurador General requieren nuestra intervención y la correspondiente pérdida de tiempo y esfuerzo.

La paciencia de este Tribunal con el licenciado Pagán Ayala se ha consumido en su totalidad. Su actitud de indi-ferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida con el apercibi-miento de que no estaremos dispuestos a decretar su reinstalación hasta que nos acredite fehacientemente una intención de responder diligentemente a las necesidades de sus clientes y a nuestras órdenes. En esta ocasión, a diferencia de las situaciones previas, seremos mucho más severos al evaluar su capacidad para reingresar al ejercicio de la abogacía. El licenciado Pagán Ayala ha demostrado una actitud abusiva de privilegio de pertenecer a la clase togada del país que no admite sanción alterna.

Se decreta la suspensión indefinida del licenciado Samuel Pagán Ayala y se ordena al Alguacil General que se incaute de su obra notarial.

       Fue suspendido nuevamente mediante opinión per curiam de 26 de noviem-bre de 1984. Aunque parezca increíble, su suspensión se debió nuevamente a la falta de diligencia y completa actitud de indiferencia en cuanto a los requerimientos he-chos por este Tribunal y por la Oficina del Procurador General.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Reynaldo Rivera Castillo et al., demandantes y recurridos, v. Municipio de San Juan, demandado y peticionario.

      Número: CE-88-622

      Resuelto: 9 de junio de 1992

      Miguel A. Giménez Muñoz y David Rivé Rivera, del Bufete Vargas y Rivé, Héctor L. Fuentes Romeu, del Bufete Iriza-rry Colón y Soler Banuchi, y Samuel A. Silva Rosas, del Bufete Lasa, Escalera y Reichard, abogados del peticiona-rio; Ausberto Guerrero y Eugenio Rivera Lozada, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante petición de certiorari, acude ante nos el Mu-nicipio de San Juan (en adelante Municipio) para que re-visemos la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan. En esta resolución el foro de instancia resolvió que cierta demanda de daños y perjuicios —ini-ciada como pleito de clase, pero denegada su certificación como tal— no estaba prescrita respecto a los demandantes que fueron incluidos antes de que transcurriera un (1) año desde la denegación.

Por considerar que los intereses protegidos por la pres-cripción extintiva quedan adecuadamente atendidos y por-que promueve la solución justa, rápida y económica de los litigios, confirmamos el dictamen recurrido. Veamos los he-chos y el trámite procesal que generan el recurso de marras.

I

Por un incendio ocurrido, el 21 de agosto de 1982, en la Plaza de Mercado de Río Piedras, se presentó ante la Se-cretaría del Tribunal Superior, Sala de San Juan, una “De-manda de pleito de clase” contra el Municipio de San Juan, la Autoridad de Energía Eléctrica y sus aseguradoras. Tal demanda fue presentada el 19 de agosto de 1983 por el Sr. Reynaldo Rivera Castillo (en adelante Rivera Castillo), dueño del puesto Núm. 226 en la Plaza del Mercado, nueve (9) propietarios adicionales de puestos en la referida Plaza del Mercado y sus respectivas sociedades de bienes gananciales. Comparecieron estas partes, por sí y “en re-presentación [de los] Comerciantes Mayoristas de la Plaza del Mercado de Río Piedras ...”. Apéndice 1. Como las re-clamaciones surgían de una misma causa y evento, y siendo las cuestiones de hecho y derecho comunes entre ellos, solicitaron del tribunal que certificara el pleito como uno de clase conforme lo dispuesto en la Regla 20 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Un segundo litigio en relación a estos mismos hechos comenzó el 1ro de septiembre de 1983 cuando los Sres. Elias Sol y Juan A. Guiliani también demandaron al Mu-nicipio de San Juan. Este caso fue consolidado con el que había iniciado Rivera Castillo como pleito de clase, a soli-citud del Municipio.

Después de varios trámites procesales, cuya narración detallada resulta ser innecesaria por no ser pertinente al asunto ante nuestra consideración, el 28 de septiembre de 1983 el Tribunal Superior dictó la siguiente resolución:

“Denegamos la certificación de esta acción como pleito de clase. Parte demandante deberá radicar listado [sic] de los de-mandantes que representa y los daños sufridos por éstos.” Pe-tición de certiorari, pág. 2.

Posterior a otros incidentes procesales, Rivera Castillo sometió la lista de demandantes requerida por el foro de instancia.

La respuesta de los codemandados a la inclusión de este nuevo grupo de demandantes no se hizo esperar. Poco tiempo después, la representación legal del Municipio de San Juan solicitó la desestimación de la demanda con res-pecto a los veinticinco (25) demandantes incluidos con pos-terioridad a la denegación de la certificación porque sus causas de acción habían prescrito. Por esta misma razón, el Municipio se opuso a que los demandantes añadidos pos-teriormente contestaran los interrogatorios cursados y, además, a que uno de los comerciantes fallecidos fuera sus-tituido por su viuda. Las solicitudes de desestimación fue-ron declaradas sin lugar sin ulterior fundamento. El caso continuó su trámite hasta señalarse para vista en su fondo. En la fecha señalada, sin embargo, el juez de instan-cia determinó que por haber varias mociones sin resolverse el caso no estaba maduro aún para vista. El tribunal sen-tenciador determinó, además, que antes de comenzar el juicio debía señalarse una vista en la cual se discutiera la defensa afirmativa de prescripción. Posteriormente, las partes presentaron sendos escritos sobre la mencionada defensa afirmativa.

Mediante resolución, el tribunal sentenciador resolvió que la causa de acción no estaba prescrita con respecto a las personas que se incluyeron como demandantes dentro del término de un (1) año computado desde que el tribunal denegó la certificación del pleito como uno de clase. Es de-cir, que la denominada acción de clase presentada por los demandantes interrumpió el término prescriptivo de un (1) año. La denegación de la certificación de pleito de clase, según el Tribunal Superior, tuvo el efecto de hacer que el término de un (1) año transcurriera nuevamente. El Tribunal Superior basó su dictamen en el caso American Pipe & Construction Co. v. Utah, 414 U.S. 538 (1974), del Tribunal Supremo de Estados Unidos que interpretaba la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., regla de la cual se origina la nuestra. El foro sentenciador resolvió, ade-más, que los demandantes, respecto a los cuales se había presentado la defensa de prescripción, tendrían treinta (30) días para contestar los interrogatorios sometidos por los codemandados, el Municipio y sus aseguradoras.

De esta resolución acude ante nos el Municipio de San Juan. En síntesis, aduce que fue errónea la determinación del Tribunal Superior “al considerar interrumpido el tér-mino prescriptivo con la interposición de la demanda de pleito de clase que no fuera certificada” (Petición de certio-rari, pág. 3), al aceptar como válida la ulterior demanda suplementada mediante moción y al condonar la conducta de los demandantes respecto a la contestación de los interrogatorios.

Por plantear el recurso una cuestión novedosa en nues-tra jurisdicción, expedimos auto de certiorari y hoy confir-mamos el dictamen recurrido. Examinemos, en primer lu-gar, el derecho aplicable a la controversia de autos.

II

Al abordar la figura del pleito de clase, recordemos que éste

...adelanta los objetivos siguientes: (1) fomenta la economía judicial en la medida que disminuye el número de casos que deben resolver los tribunales al permitirles adjudicar de una vez todas las cuestiones comunes a varios litigios. Además, evita la posibilidad de reclamaciones múltiples y repetitivas; (2) permite hacer justicia a personas que de otra manera no la obtendrían, especialmente cuando las sumas individuales en controversia no son cuantiosas y, por lo tanto, las personas agraviadas no se sienten motivadas a litigar, y (3) protege a las partes de sentencias inconsistentes. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 446 (1988).

En Puerto Rico, las acciones o pleitos de clases están regulados por la Regla 20 de Procedimiento Civil, supra. La Regla 20.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en particular establece los requisitos que debe re-unir una clase que interese ser certificada como tal:

Uno o más miembros de una clase podrán demandar o ser demandados como representantes de todos los miembros de la clase solamente si (1) la clase fuere tan numerosa que la acu-mulación de todos los miembros resultare impracticable; (2) existieren cuestiones de hecho o de derecho común a la clase; (3) las reclamaciones o defensas de los representantes fueren típicas de las reclamaciones o defensas de la clase; y (4) los representantes protegerían los intereses de la clase de manera justa y adecuada.

La vigente Regla 20 de Procedimiento Civil, supra, corresponde íntegramente con la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, supra, con la sola excepción sobre notificación a los miembros de la clase. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Vol. II, Cap. IV, pág. 99; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra.

En sus inicios, “[l]os pleitos de clase fueron originados en los tribunales de equidad para permitirles entender en acciones donde el número de los interesados en la litigación era de tal magnitud que su acumulación como partes, de conformidad con las usuales reglas de procedimiento, era impracticable. Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32 (1940)”, según citado en Cuevas Segarra, op. cit., pág. 99. Su propósito era entonces evitar la multiplicación de la tarea de adjudicar una sola cuestión de hecho y de derecho presentada por infinidad de partes. Mediante la intervención de un representante de todos los litigantes que constituyen la clase, el proceso judicial se simplificaba enormemente cumpliéndose así cabalmente el principio que nutre todo nuestro sistema procesal civil, es decir, la solución, justa, rápida y económica de todo proceso. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En un principio, la acción de clase en Puerto Rico estaba regulada, muy rudimentariamente, en el Art. 66 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. see. 316. Las Reglas de Procedimiento Civil de 1943, si-guiendo su equivalente federal, comenzaron a desarrollar esta figura procesal y ya, al aprobarse las de 1958, podían trazarse tres (3) tipos de acciones de clase. La establecida en la Regla 20.1(a), 32 L.P.R.A. Ap. II (ed. 1969), era deno-minada verdadera acción de clase (true class action). La regulada en la 20.1(b), 32 L.P.R.A. Ap. II (ed. 1969), se conocía como la acción de clase híbrida, y la tercera, encon-trada en la regla 20.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. II (ed. 1969), se ocupaba de lo que se conoce como una acción de clase espuria. Estas clasificaciones se tornaron obsoletas y crea-ron una confusión que provocó enmiendas sustanciales en la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, supra. Cuevas Segarra, op. cit.; R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1981, págs. 96-98. La regla original ade-más planteaba serios problemas con relación a las medidas que debían tomarse durante el curso del juicio para asegu-rar un procedimiento justo para las partes, especialmente en materia de notificaciones. Hernández Colón, op. cit., pág. 100.

La Regla 20 de entonces fue enmendada conforme a los cambios sufridos por la regla federal para atender los inconvenientes identificados previamente. Debido a la correlación entre la regla federal y la nuestra, en términos de su desarrollo, y particularmente su contenido, la jurisprudencia interpretativa de ésta resulta altamente persuasiva. Véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, pág. 448.

En el caso de autos este hecho resulta ser de enorme relevancia por ser el asunto uno novel en nuestra jurisdic-ción, a saber, si la presentación de un pleito de clase, cuya certificación es posteriormente denegada, interrumpe el periodo prescriptivo para los litigantes individuales, poten-ciales miembros de la clase denegada.

Antes de examinar la jurisprudencia federal sobre el asunto en controversia, se imponen unas breves expresio-nes sobre la figura de la prescripción extintiva.

III

Al abordar la figura de la prescripción extintiva, lo hacemos conscientes de que en Puerto Rico “la prescripción es materia sustantiva y no procedimental, regida por los principios que informan el Derecho civil”. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742-743 (1981). Véase Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405 (1974). El propósito de que las reclamaciones legales tengan un término fijo establecido previamente “es evitar que el poder público proteja indefinidamente los derechos no reclamados por su titular y que tampoco han sido reconocidos por aquellos sobre quienes pesan”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991). Aspira, además,

... a asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975). Su innegable necesidad y valor responden a “una pre-sunción legal de abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin reclamar un derecho”. [Citas omitidas.] Sin embargo, ninguno de los intereses a los cuales responde es absoluto —de un lado salvaguardar un derecho y del otro darle carácter definido a la incertidumbre de una posi-ble reclamación— sino que deben ser aquilatados en su justa proyección. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984).

La figura, además, fomenta la concepción de que las reclamaciones válidas se ejercen con premura y que no se abandonan. Además “evit[a] las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones viejas” con las consecuencias que ello conlleva, tales como: “pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos.” Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 950.

Vemos, pues, a la luz de lo expuesto anteriormente, que el principio de que las reclamaciones tienen un término fuera del cual no se pueden instar protege fundamentalmente dos (2) intereses. En primer lugar, ampara a la parte contra la cual puede instarse una reclamación, al evitar fijando un término, que esté expuesta a ella ad infinitum, y, en segundo lugar, a la parte reclamante le brinda un término razonable dentro del cual puede vindicar su derecho. Ahora bien, ninguno de los dos (2) intereses son absolutos. Por esta razón, al evaluar y analizar bajo nuestro ordenamiento civil cuándo ha quedado interrumpido un período prescriptivo, ambos valores deben ser tomados en consideración.

Al hacer este balance, en esta controversia en particular, tomaremos en consideración la interpretación que ha hecho este Tribunal sobre las formas que la ley dispone para la interrupción del término prescriptivo, en conjun-ción con la jurisprudencia federal sobre pleitos de clase. No olvidemos que el mecanismo procesal del pleito de clase surgió en los tribunales de equidad y tiene, por lo tanto, raigambre diversa al de la figura de la prescripción.

VI

En Puerto Rico la prescripción se interrumpe “por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303. La interrupción de la prescripción por cualquiera de dichos medios produce el efecto de que tenga que comenzar a contar de nuevo el término. De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 152 (1927); Sucn. Gorbea v. Portilla, 46 D.P.R. 289 (1934). Sin embargo, y tomando en consideración que “[e]l Código Civil... no indica los actos o gestiones del acreedor que constituyen el ejercicio de su acción ante los tribunales a los efectos de interrumpir el término prescriptivo”, F. Castro Amy, La interrrupción de la prescripción por gestión judicial, 14 Rev. Jur. U.I.A. 801 (1980), nos hemos expresado sobre este particular.

Así, por ejemplo, hemos resuelto que la presentación de una causa de acción contra un coautor solidario inte-rrumpe el término prescriptivo en perjuicio de todos los demás, García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951), que una acción iniciada por el Fondo, del Seguro del Estado y por la viuda de un obrero interrumpe el período prescriptivo que como herederos de la causa de acción de su padre tienen los hijos, Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 630 (1974), y que dicho término prescrip-tivo se interrumpe con la mera presentación de la de-manda sin que sea necesario emplazar a la parte demandada, Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655 (1966), y aun cuando voluntariamente se desista de ella, Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550 (1987).

Por otro lado, hemos establecido que la presentación de una demanda por un padre en reclamación de sus propios daños y en representación de su hijo lesionado, interrumpe el término prescriptivo de su causa de acción no empece el hecho de que en la demanda no se alegaron los daños expresamente sufridos por éste, Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972), y que aun cuando una demanda sea in-terpuesta ante un foro sin jurisdicción o competencia, tal demanda interrumpe el plazo prescriptive desde su presen-tación y causa que comience a correr un nuevo término al emitir sentencia final y firme el primer foro. Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982). Recientemente, en Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992), resolvimos que la notificación hecha al Secretario de Justicia, exigida por la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, interrumpe el término prescriptivo de un (1) año provisto para este tipo de acción.

En aquella jurisprudencia, al evaluar los propósitos de los estatutos de prescripción, llegamos a la conclusión de que no quedarían derrotados con la elaboración de las nor-mas sobre interrupción allí expuestas. No vemos cómo en este caso se justifique una solución diferente si se conside-ran además las razones que nutren la figura procesal de pleito de clase.

Conscientes de que los factores que nutren la doctrina de prescripción, es decir, el derecho del demandante a tener un término razonable para ejercer su reclamo y el derecho del demandado a no estar sujeto a una reclamación indefinidamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, resolvió una situación que, procesalmente, era casi idéntica a la de autos.

En aquel caso, el estado de Utah inició una acción civil en el tribunal federal bajo las leyes antimonopolísticas contra la American Pipe, once (11) días antes de que se consu-miera el término de cuatro (4) años que proveía la ley. El Tribunal de Distrito federal, siete (7) meses más tarde, re-solvió que la acción de clase no podía mantenerse por no ser lo suficientemente numerosa bajo la Regla 23(a)(1) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.. Ocho (8) días más tarde, sesenta (60) de los miembros de la fallida clase soli-citaron intervención. Esta fue denegada. Al revocar, la corte de apelaciones razonó que a los miembros de la clase que no fue certificada debía permitírsele la intervención. El tribunal resolvió que el término de cuatro (4) años pro-visto por ley quedó interrumpido desde que se inició la ac-ción civil hasta que se denegó la certificación de la clase. El Tribunal Supremo federal confirmó y expresó:

Thus, the commencement of the action satisfied the purpose of the limitation provision as to all those who might subsequently participate in the suit as well as for the named plaintiffs. To hold to the contrary would frustrate the principal function of a class suit, because then the sole means by which members of the class could assure their participation in the judgment if notice of the class suit did not reach them until after the running of the limitation period would be to file earlier individual motions to join or intervenue as parties —precisely the multiplicity of activity which Rule 23 was designed to avoid in those cases where a class action is found “superior to other available method for the fair and efficient adjudication of the controversy”. American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, pág. 551.

Para apoyar esta solución, el Tribunal razonó que el propósito principal del pleito de clase se burlaría si se re-quiriera la intervención en el pleito de cada uno de los miembros para interrumpir el término prescriptivo. Ade-más, reconoció que la norma que elaboraba era perfecta-mente consistente y adelantaba el propósito de los térmi-nos prescriptivos; este es, que los demandados estén avisados a tiempo de las reclamaciones en su contra pero que, por otro lado, los demandantes no se duerman sobre sus derechos. American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, pág. 554. Cabe destacar que este caso de American Pipe & Construction Co., supra, versaba sobre el derecho de los potenciales miembros de la clase a intervenir bajo las reglas de intervención federales.

Posteriormente, y siguiendo la norma de American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Crown, Cork & Seal Co. v. Parker, 462 U.S. 345 (1983), resolvió que el término se interrumpía también cuando (al igual que el caso de autos) lo que se pretendía era iniciar una demanda independiente después de que la certificación se denegara.

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal no ha ofrecido un estándar uniforme sobre el efecto que tiene la interrupción del término prescriptivo. Es decir, no ha resuelto, a la luz de las reglas federales, si la interrupción del término meramente suspende el período prescriptivo o lo renueva. Se ha expresado, sin embargo, sobre el efecto de la interrupción del período prescriptivo de un (1) año concedido por nuestro Código Civil en acciones al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles.

En Chardón v. Fumero Soto, 462 U.S. 650 (1983), el Tribunal no sólo reiteró lo resuelto en American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, en cuanto a los pleitos de clase, sino que al interpretar nuestro estatuto de prescripción de un (1) año, que es el aplicable a las acciones bajo 42 U.S.C. see. 1983, resolvió que la norma en cuanto al efecto de la interrupción de la prescripción será la que se ha elaborado en Puerto Rico, esta es, que al interrumpirse la prescripción el término se renueva y que ésta será la utilizada en los pleitos bajo dicha sección de ley. Al explicar el razonamiento usado en el caso American Pipe & Construction Co. v. Utah, supra, el Tribunal expresó en Chardón v. Fumero Soto, supra, pág. 659:

The Court reasoned that, under the circumstances, the unnamed plaintiffs should be treated as though they had been named plaintiffs during the pendency of the class action. Otherwise, members of a class would have an incentive to protect their interests by intervening in the class action as named plaintiffs prior to the decision on class certification —a “needless duplication of motions” that would “deprive Rule 23 class actions of the efficiency and economy of litigation which is a principal purpose of the procedure”.

Wright y Miller, en su extensísima obra sobre procedi-miento civil, nos sugieren cuál va a ser el acercamiento del tribunal al tratar otros asuntos que puedan surgir con re-lación a la prescripción y a los pleitos de clase:

Guidance in answering other questions can be found in the approach taken by the Court in its decisions on statute of limitations in class actions. The decisions each rest on a finding that allowing tolling does not violate the underlying policies of the limitations bar, but does serve some important class action policies. In the absence of tolling, the members would be led to file individual actions prior to the denial of class certification and this would produce the multiplicity of suits that rule 23 was designed to avoid. 7B Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1795, pág. 330 (1986).

Expuesta la normativa sobre prescripción, los principios que ella protege y su relación con las acciones de clase, apliquémosla a los hechos de este caso.

V

No cabe duda, y tampoco se cuestiona el hecho de que las demandas originales presentadas en este caso por Rivera Castillo, en representación de una clase, fueron pre-sentadas en tiempo. Tampoco está en controversia el hecho de que el tribunal denegó la certificación de la clase y or-denó la inclusión de los nombres de los demandantes des-pués de que el término prescriptivo había concluido. Por esta razón, la parte recurrente aduce que los demandantes que no fueron nombrados en el pleito original han perdido su derecho a reclamar. Su posición no puede prevalecer a la luz de la doctrina expuesta previamente.

Con la presentación de la “demanda de pleito de clase”, Rivera Castillo y los diez (10) demandantes nombrados allí interrumpieron el término prescriptivo para los deman-dantes que se incorporaron por primera vez mediante mo-ción de 8 de marzo de 1984 y que dicha acción, a pesar de ser denegada, interrumpió igualmente el término prescrip-tivo respecto a los demandantes Elias Sol y Juan A. Gui-liani, quienes obviamente pertenecían a la clase preten-dida al momento de la presentación de la demanda y quienes presentaron su demanda con anterioridad al año siguiente a la fecha en que el tribunal denegó la certifi-cación de la clase.

Aducen los recurrentes, por último, que cometió mani-fiesto error el Tribunal Superior al concederle en su reso-lución treinta (30) días adicionales para contestar unos in-terrogatorios cursados. No estamos de acuerdo. Entendemos que el trámite procesal errático que ha carac-terizado a este litigio y la incertidumbre en cuanto a la defensa de prescripción justifican en alguna medida esta inacción. Por lo tanto, se le concede a las partes demandan-tes en este pleito treinta (30) días, a partir de la devolución del mandato, para que contesten los interrogatorios cursados. Dicho término, a la luz de los apercibimientos anteriores, será improrrogable. De no contestarse tales in-terrogatorios en el término señalado, se interpretará auto-máticamente como desinterés en el litigio, por lo que el tribunal de instancia procederá a desestimar sus reclama-ciones sin apercibimiento o sanción alterna.

Por los fundamentos expuestos, y con las modificaciones en cuanto a los interrogatorios, se confirma la resolución recurrida.

       Éstos eran: José M. Durán Cruz, Ramón Jiménez García, Juan Vázquez Jiménez, Vinicio Pagán Morales, Ovidio Pagán Morales, José Luis Rodríguez Rodríguez, José Suárez, Ramón Luis Medero y José A. Mojica Maldonado.

       En ella figuraban treinta y cinco (35) demandantes, incluyendo los diez (10) originales: Jaime Massanet Pérez, Juan M. Algarín Batista, Basilio Colón López, Alfonso Ramos Ramos, Ruperto Guzmán Escribano, Hipólito Solís Cuadrado, Víctor Pérez Castro, Pedro Alemán Figueroa, José Mojica Maldonado, Misael Hernández Cortés, Ramón Jiménez García, José Luis Robles, Adam Vázquez Marcano, Juan Vázquez Jiménez, Rafael Ruiz Hernández, José R. Santana Fabala, Moisés Hernán-dez Cruz, Raúl Sosa Medina, Manuel Sánchez Díaz, Enrique Corsino Rosa, José M. Durán Cruz, Fernando Massanet Pérez, Reynaldo Rivera Castillo, José Suárez, Ve-nicio Pagán Morales, Ovidio Pagán Morales, Ramón Luis Medero, A. Robles Guz-mán, Diograeia Márquez Hernández, Luis A. Ortiz, Ramón Ortiz, William Medero, Pedro Rodríguez y Aníbal Colón.

       Es preciso señalar en este momento que, por razones que no surgen de autos, en este caso han intervenido en algún incidente de este caso nueve (9) jueces dife-rentes, a saber: Hon. Edna Abruña Rodríguez, Hon. Pedro Pérez Pérez, Hon. Angel P. Rossy García, Hon. Luzgarda Vázquez de Santiago, Hon. Ismael O’Neill Rosa, Hon. María M. Pérez de Chaar, Hon. Carlos E. Polo, Hon. María Isabel G. de Maldonado y el Hon. Pedro López Oliver, quien resolvió el asunto de la prescripción.

       La prescripción de las acciones de daños y perjuicios se encuentra estatuida en el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298. Dispone dicho artículo que:
      “Prescriben por el transcurso de (1) año:
      . . . . . . . .
      “(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.”
      Su interrupción se regula en el Art. 1873 (31 L.P.R.A. see. 5303):
      “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribuna-les, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

       Somos conscientes de que la figura de la prescripción es de tradición civilista. Sin embargo, tomando en consideración que el pleito de clase no se origina en el Derecho Civil y que es copia de la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., y por el valor persuasivo de los fundamentos utilizados por el Tribunal para apoyar su decisión, utilizaremos la jurisprudencia federal que aborda este asunto. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 448 (1988).

       Lo anterior no significa que otros demandantes que se han pretendido incor-porar al pleito mediante contestación a interrogatorios o mediante el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, puedan continuar como partes demandan-tes en el presente caso. A parte de que dichas personas, de interesar comparecer como demandantes, debieron haber sido traídos como tales a través de una solicitud al tribunal, sus reclamaciones, por ser posteriores al año siguiente a la fecha en que el foro de instancia denegó el pleito de clase, están prescritas. Sin ser dichas perso-nas demandantes, el tribunal no tiene que desestimar la demanda en cuanto a ellos. Basta señalar que el tribunal no les reconoce como partes y que el pleito continuará respecto a los demandantes originales, los veinticinco (25) demandantes que fueron incluidos como tales mediante moción de 8 de marzo de 1984 y los demandantes Elias Sol y Juan A. Guiliani.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Juan José Moreu Merced, peticionario.

      Número: CE-91-464

      Resuelto: 15 de junio de 1992

      Luis E. Rodríguez Santiago, abogado del peticionario; Anabe-lle Rodríguez, Procuradora General Interina, Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En lo concerniente a la solicitud, por parte del Estado, para que se revoque la libertad a prueba que le haya sido concedida a una persona en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. sees. 1026-1029) conocida la misma como la Ley de Sentencia Suspendida, un análisis integral y armónico de las decisio-nes que este Tribunal emitiera en Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586 (1991), y Pueblo v. Rosa Atiles, 128 D.P.R. 603 (1991) —conforme los hechos específicos de los referidos casos— revela que la norma imperante es a los efectos de que los tribunales de instancia mantienen jurisdicción para revocar la probatoria concedida, aún después de ex-tinguido el período probatorio impuesto, siempre y cuando que la violación por el probando de las condiciones impues-tas ocurra durante el período probatorio fijado y que el trámite de revocación de la probatoria se inicie antes de que se cumpla la sentencia suspendida. Esa, repetimos, es la norma jurisprudencial establecida por este Tribunal en los antes mencionados casos, conforme los hechos particu-lares específicos de los mismos..

Es de notar, sin embargo, que puede darse la situación de que una persona que está disfrutando de los beneficios de una sentencia suspendida, al amparo de las disposiciones de la citada Ley Núm. 259 de 1946, incurra en una violación de las condiciones impuéstales días u horas antes de que venza el término probatorio impuesto por sentencia y que el Estado, por más diligente que quiera ser, no pueda informar de ello —y solicitar revocación— al tribunal antes de finalizar el período probatorio. No hay duda, en consecuencia, de que no podemos aplicar, de manera inflexible, la norma jurisprudencial establecida en Pueblo v. Pacheco Torres, ante, y Pueblo v. Rosa Atiles, ante —esto es, de que la solicitud de revocación tiene que ser radicada por el Estado antes de finalizar el período probatorio— pues ello tendría la consecuencia indeseable de concederle “inmunidad” a estos probandos por el mero hecho de que incurrieron en la violación ya próximo a vencerse dicho término. Ahí la razón de las expresiones de este Tribunal en Pueblo v. Rosa Atiles, ante —a manera de dictum, en virtud de los hechos particulares del caso— a los efectos de que “los tribunales retienen jurisdicción y tienen facultad para revo-car una sentencia siempre y cuando el incumplimiento haya ocurrido dentro del término de la sentencia y los pro-cedimientos iniciales para la revocación hayan sido comen-zados diligentemente por el Ministerio Fiscal”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Rosa Atiles, ante, pág. 605.

Añadimos, hoy, que la determinación a realizarse respecto a si el Ministerio Público fue “diligente”, o no, necesariamente tendrá que ser una hecha a base de los hechos específicos de cada caso, viniendo en la obligación el Estado de demostrar que acudió al tribunal en un término razonable luego de expirado el período probatorio. Esto es, las expresiones del Tribunal en Pueblo v. Rosa Atiles, ante, a los efectos antes mencionados, no deben ser interpretados como una “carta blanca” al Estado para cubrir su negligencia o displicencia al actuar en esta clase de situaciones.

El recurso hoy ante nuestra consideración nos per-mite expresarnos sobre una situación que, aún cuando similar, no es enteramente igual. En el día de hoy, contrario a los casos de Pueblo v. Pacheco Torres, ante, y Pueblo v. Rosa Atiles, ante, nos enfrentamos a la situación de una probatoria concedida por el tribunal a una persona al amparo de las disposiciones de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Veamos los hechos del mismo.

I

El Ministerio Público radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, un pliego acusatorio contra el peticionario Juan José Moreu Merced en el cual le im-putó la alegada comisión de un delito de escalamiento agravado; esto es, una supuesta infracción al Art. 171 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4277. Pendiente la celebración del juicio, Moreu Merced solicitó acogerse al "mecanismo o procedimiento de desvío” que es-tablece la antes citada Regla 247.1 de Procedimiento Criminal. A esos efectos, hizo alegación de culpabilidad. El tribunal de instancia, habiéndosele presentado evidencia de que el peticionario había suscrito un convenio escrito con el Departamento de Servicios contra la Adicción para someterse a tratamiento en relación con su adicción a dro-gas y conforme las disposiciones de la referida Regla 247.1, emitió el 10 de enero de 1989 una resolución mediante la cual ordenó “la paralización de los procedimientos con el consentimiento del acusado” (Apéndice, pág. 10), some-tiendo a éste “a libertad a prueba por el término de 24 meses” (id.), sujeto ello a que el aquí peticionario cumpliera con diez condiciones que enumeró.

Procede que se enfatice el hecho de que, como “condición especial”, el foro de instancia ordenó que el peticionario recibiera tratamiento para su adicción a drogas durante el referido período de veinticuatro (24) meses en aquel “pro-grama” que designara el oficial probatorio. A esos efectos, específicamente se dispuso que el peticionario tendría que permanecer en dicho “programa” hasta su total rehabilita-ción, no pudiendo abandonar el mismo a menos que con-tara con la autorización del tribunal. Igualmente necesario resulta enfatizar que, conforme las disposiciones de la ci-tada Regla 247.1, en dicha resolución expresamente se hizo constar que:

Si durante el período a prueba el acusado no viola ninguna de las condiciones y terminado dicho período, el Programa donde está recibiendo tratamiento certifica su rehabilitación, el Tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa celebración de vista, podrá exonerar al acusado y sobreseer el caso en su contra. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 12.

El peticionario Moreu Merced, en cumplimiento de la resolución emitida, estuvo ingresado en una institución re-cibiendo tratamiento para su adicción a drogas hasta el 18 de junio de 1990, fecha en que fue expulsado de la referida institución por violar las normas y reglamentos de la misma. Advertida inmediatamente de dicha situación la oficial probatorio a cargo del caso, dicha funcionaría refirió al peticionario a la Unidad Evaluadora del Departamento de Servicios contra la Adicción para una evaluación con el propósito de ofrecerle tratamiento adicional. El peticiona-rio hizo caso omiso de esta acción. A pesar de ello, el tribunal no fue informado de dicha situación con anterioridad a que se cumpliera el período de veinticuatro (24) meses im- puesto, esto es, antes del 10 de enero de 1991; ello alega-damente debido al mucho trabajo y gran número de casos bajo la supervisión de dicha funcionaría.

La notificación sobre violación de condiciones de liber-tad a prueba fue radicada ante el tribunal el 18 de enero de 1991, esto es, ocho (8) días con posterioridad al día en que “vencía” el período probatorio impuesto. El tribunal pron-tamente inició los procedimientos de revocación. El peticio-nario solicitó la desestimación de los mismos, basado en una alegada falta de jurisdicción del tribunal para así ha-cerlo; solicitud que fue declarada sin lugar. Mediante Re-solución y Sentencia de 14 de junio de 1991, reducida a escrito y notificada el 24 de junio, el tribunal de instancia revocó los beneficios de la probatoria concedida y lo senten-ció a cumplir una pena de quince (15) años de presidio por el delito de escalamiento agravado.

Inconforme, Moreu Merced acudió, vía certiorari, ante este Tribunal. En el escrito que a esos efectos radicara le imputó al foro de instancia haber errado “al no declarar CON LUGAR la Moción de Desestimación por falta de ju-risdicción [referente] a la solicitud de revocación de proba-toria ... y al ordenar la revocación de la probatoria conce-dida ... y sentenciarlo a cumplir quince (15) años de prisión”. Petición de certiorari,.pág. 3.

Mediante Resolución de 20 de septiembre de 1991, una Sala Especial de Verano denegó la expedición del auto de certiorari indicado. Inconforme, el peticionario Moreu Merced solicitó reconsideración. El 25 de octubre de 1991, y “a los fines de evaluar la moción de reconsideración radi-cada” (Resolución de 25 de octubre de 1991), le concedimos término a la Procuradora General de Puerto Rico “para mostrar causa por la cual no se debe acceder a la solicitud del peticionario”. íd. La Procuradora General compareció en cumplimiento de la citada Resolución. Procede confir-mar la actuación del foro de instancia. Veamos por qué.

II

Conforme expresáramos anteriormente, la situación de hechos del caso hoy ante nuestra consideración, aun cuando similar, no es igual a las situaciones de hechos que sirvieron de origen a las decisiones que este Tribunal emi-tiera en los antes citados casos de Pueblo v. Pacheco Torres, ante, y Pueblo v. Rosa Atiles, ante. En dichos casos, como certeramente señala la Procuradora General, los proban-dos disfrutaban de una probatoria concedida al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 259 de 1946, ante, común-mente conocida como la Ley de Sentencia Suspendida. Esta es una probatoria concedida a una persona después de la celebración de un juicio en los méritos; esto es, luego de que la persona ha sido convicta de delito público y sen-tenciada a la pena de prisión correspondiente. Bajo este régimen, el término de la probatoria tiene que ser exacta-mente igual al término de la sentencia. Ello así, por razón de que el término de una sentencia no es prorrogable. 34 L.P.R.A. sees. 1029 y 1044.

En el caso hoy ante nuestra consideración, se trata de un “programa de desvío” con antelación al juicio. Esto es, es un programa mediante el cual se le brinda la oportuni-dad a una persona que es acusada de la supuesta comisión de un delito, la comisión del cual se debe a su adicción a drogas, de no sólo no ir a la cárcel sino que de rehabilitarse del problema de la adicción. El legislador entendió que no hay razón para que este adicto a drogas, si se “cura” de la adicción a drogas que previamente lo llevó a cometer el delito que se le imputa, vaya a la cárcel ni tenga récord penal; ello, naturalmente, predicado en que se rehabilite. A esos efectos, facultó al tribunal para someter a tratamiento al adicto por un período de tiempo que no podrá exceder de cinco (5) años.

Tenemos, entonces, que la rehabilitación del acusado de su problema de adicción es lo fundamental en esta clase de situaciones. Debido precisamente a ello es que la citada Regla 247.1 de Procedimiento Criminal establece, en lo pertinente, que:

Si durante el período de libertad a prueba lá persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejer-cicio de su discreción, y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, podrá exonerar a la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público y se-parado de otros récords, a los fines exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla. (Enfasis suplido.)

En vista de lo anteriormente transcrito, forzoso resulta concluir que el período probatorio que se le impone a una persona que se acoge a este procedimiento o mecanismo de desvío bajo la Regla 247.1, ante, no termina automáticamente con el mero transcurso del período de tiempo impuesto. Esto es, el tribunal no pierde jurisdicción sobre la persona que se acogió a dicho procedimiento hasta tanto se celebre la vista que a esos efectos establece la referida Regla 247.1 y hasta que el tribunal da por terminado el período probatorio, “exonerando” al acusado y ordenado el sobreseimiento de la acusación radicada en su contra.

En otras palabras, la vista que requiere que se celebre la citada Regla 247.1, con el propósito de sobreseer el procedimiento, tendrá que ser celebrada, de ordinario y por necesidad, con posterioridad a la fecha en que “termina” el período probatorio que el tribunal le impone a la persona que voluntariamente se acoge a los procedimientos que es-tablece la citada disposición reglamentaria. El Estado, na-turalmente, viene en la obligación de solicitar la celebra-ción, y el tribunal celebrar, la referida vista en un término razonable luego de “finalizado” el período probatorio impuesto.

HH HH 1 — 1

En el presente caso, como hemos visto, el probando violó las condiciones de la probatoria impuesta meses antes de “finalizar” el período probatorio. El Estado, en consecuen-cia, muy bien pudo haber solicitado la revocación de la pro-batoria antes de finalizar dicho período probatorio. El he-cho de que así no lo hiciera hasta después de finalizado el referido período, sin embargo, no significa que el mismo se extinguiere automáticamente. La “exoneración” y sobresei-miento de la acción radicada originalmente contra el aquí peticionario tampoco se podía dar automáticamente. Con-forme las disposiciones expresas de la citada Regla 247.1, para que ello así sucediere, tiene que por necesidad cele-brarse la vista a esos efectos dispuesta. La referida vista —con el propósito de ordenar el sobreseimiento de la acu-sación— nunca se celebró, por lo que nunca se ordenó el archivo de los procedimientos judiciales contra el peticio-nario y los mismos estaban vigentes al momento de la cele-bración de la vista que finalmente celebró el tribunal de instancia y en la cual le revocó la probatoria concedida y procedió a sentenciarlo formalmente.

El Estado solicitó la celebración de dicha vista de revo-cación en un “término razonable”, esto es, ocho (8) días después de “finalizado” el período probatorio fijádole al pe-ticionario, y el tribunal de instancia actuó prontamente so-bre dicha solicitud.

No se le violó, en consecuencia, ningún derecho al aquí peticionario. Procede, por ende, la confirmación de la ac-tuación del tribunal de instancia. Se expide el auto de “cer-tiorari” radicado y se dictará sentencia confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       La Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece:

        “El tribunal, luego del acusado hacer una alegación de culpabilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo soli-citare y presentare evidencia de que el acusado ha suscrito un convenio para some-terse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio, podrá suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razona-bles que tenga a bien requerir, y por el término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acusado el cual no excederá de cinco (5) años.

      “Como parte de los términos del convenio estará el consentimiento del acusado a que, de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determi-nación de causa probable, la vista sumaria inicial que disponen las sees. 1026 et seq. de este título. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.
      “En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en las sees. 1026 et seq. de este título.
      “Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa cele-bración de vista en la cual participará el fiscal, podrá exonerar a la persona y sobre-seer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público, y separado de otros récords, a los fines exclusivos de ser utiliza-dos por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla.
      “La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convic-ción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera récords de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación al caso sobreseído.
      “La exoneración y sobreseimiento de que trata esta regla podrán concederse en solamente una ocasión a cualquier persona.
      “La aceptación por un acusado del sobreseimiento de una causa por el funda-mento señalado en esta regla constituirá una renuncia a la desestimación de la acción por los fundamentos relacionados en los incisos (e), (f), (m) y (n) de la Regla 64.” (Énfasis suplido.)

       Dicha Sala Especial de Verano estuvo compuesta “por su Presidente, el Juez Asociado señor Negrón García y los Jueces Asociados señor Hernández Denton y señor Alonso Alonso”. Resolución de 20 de septiembre de 1991.
      En la Resolución que a esos efectos se emitiera, se hizo constar que el Juez Asociado Señor Hernández Denton “expediría”.