author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Colón Morales, acusado y apelante.

      Número: CR-70-52

      Resuelto: 11 de junio de 1971

      Enrique Miranda Merced, abogado del acusado; Gilberto Gier-bolini, Procurador General, y Candita R. Orlandi, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto del asesinato de su esposa y de su hijo. A tenor con la Regla 76 de Procedimiento Criminal levantó la defensa de locura. Fue sentenciado a cumplir en un caso cadena perpetua y en . el otro de 15 a 20 años de presidio, En apelación señala como errores que el Minis-terio Público no cumplió su obligación de probar la sanidad mental del acusado fuera de toda duda razonable y que el tribunal incidió al instruir al jurado sobre la defensa de locura.

Aparece de los autos lo siguiente: Los hechos fueron co-metidos el 25 de julio de 1967. El apelante fue declarado en estado no procesable el 4 de junio y el 6 de agosto de 1968. A solicitud del Ministerio Fiscal, el 4 de octubre el tribunal ordenó la excarcelación del acusado ya que llevaba más de un año preso sin que se le pudiera celebrar juicio debido a su estado no procesable, y, ordenó su ingreso al Hospital de Siquiatría de Ponce. Posteriormente, en abril de 1969, luego de una vista sobre el estado del apelante, el tribunal concluyó que se encontraba mentalmente capacitado para someterse a juicio y procedió a señalar los casos para vista.

La prueba desfilada demostró que el apelante vivía con su esposa y sus hijos en el barrio Coto Laurel de Ponce. La noche de los hechos después de haber comido, el apelante pidió a una de sus hijas que fuera a buscar a su esposa, quien se encontraba de visita en la casa de su hijo Héctor Luis. Cuando la esposa subió le entró a machetazos. Al intervenir su hijo Héctor Luis, también lo acometió causándoles a ambos la muerte sin que mediara discusión alguna. La autopsia de la occisa Antonia Ortiz reveló múltiples heridas incisas de dos a nueve pulgadas de largo y la del cadáver del occiso Héctor Luis Colón cerca de 25 heridas incisas penetrantes y visceración del intestino. Una de las hijas del apelante tes-tificó que el apelante estaba tranquilo, que al cometer los hechos estaba contento y se reía. Al preguntársele si el ape-lante tenía coraje, contesto: “Al contrario se reía”. (T.E. págs. 72-73.)

El testigo Jacobo Albizu Guzmán, vecino del apelante, tes-tificó que conocía a éste como un hombre serio y cumplidor de sus deberes. También declaró que:

“Como al final del año, o a principios del año sesentisiete el hombre estaba desquilibrado, no sé si le pasaba algo o tenía algo, un hombre que actuaba diferente a como él acostumbraba a actuar, al extremo que conmigo hizo un pequeño negocio de un toro que tenía que me lo vendió y no quiso cobrarlo y a las dos semanas se presentó a casa y tuve que darle el toro.” (T.E. págs. 121A a 122A.)

Otro testigo, Juan Santos García, declaró que para la fecha de los hechos el apelante estaba loco.

“Dígame una cosa en los días más o menos, en los meses cercanos al 25 de julio de 1967, usted notó algún cambio en la conducta de don Juan?
Bueno sí, lo conocí que estaba loco.
Ledo. García:
¿ Por qué dice que estaba loco ?
Testigo:
Porque yo trabajaba con él.
¿Usted trabajaba con él?
Si y al cambiar la manera de mandarme yo noté que estaba loco.
¿Qué hacía?
Que me mandaba y me decía que una gente lo estaba velando. ¿ Qué usted decía a eso ?
Yo no sé, porque yo no veía a nadie.
¿No le decía donde estaba esa gente?
Debajo de una alcatarilla, al lado de él.
¿Y usted iba a ver?
Si, y no había nadie.
¿Usted le decía a él que no había nadie?
Seguro.-
¿ Y qué hacía él, qué le decía él a usted ?
Me decía que estaba allí y como yo no veía a nadie le decía que no había nadie.
Ledo. García:
¿Y dice usted que lo conoce hace como veinte años?
Testigo:
Como veinticinco.
¿Trabajando juntos cuánto tiempo llevaban?
Como 17 años.
¿Y esa conducta de él que usted dice que él decía que lo per-seguían, que la gente estaba debajo de la alcantarilla, eso se repi-tió o fue una sola vez?
Como cinco o seis meses antes.
¿Cuantas veces él se expresó en esa forma?
Muchas veces. (T.E. págs. 129A-131A).

Otro testigo, Manuel Bonilla Santiago, declaró:

“Yo lo conozco que ha sido un hombre bueno un hombre humilde, un hombre de trabajo y a los cuatro o cinco meses antes de los sucesos yo diría que estaba diciendo disparates.
¿Que manifestaba él?
El decía que lo estaban velando.
¿Se lo decía a usted?
Sí, que había gente en la alcantarilla y yo buscaba y no encon-traba a nadie. (T.E. pág. 148.)

Hay otros testimonios que describen aspectos anormales en la-conducta del apelante para la fecha de los hechos. Todos los testigos describen al acusado como un hombre trabajador, honrado y bueno.

El siquiatra, Dr. Juan Marino Román, examinó al ape-lante 10 meses después de los hechos y llegó a la conclusión de que no estaba capacitado para entrar a juicio. La evaluación siquiátrica demostró que el apelante padecía de una reacción esquizofrénica. El 17 de febrero de 1969 más de un año y medio después de cometer los hechos se hizo una nueva evalua-ción al apelante y se encontró en remisión parcial de síntomas.

En Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46 (1956), expresamos que por consideraciones de orden público la ley presume que toda persona acusada de delito está en su sano juicio al momento de cometer los hechos. Esta presunción de sano juicio releva al Ministerio Público de probar la capacidad mental de un acusado. No obstante, dicha presunción puede ser controvertida. En el caso de autos, efectivamente lo fue, como hemos visto, con el testimonio de varios testigos sobre la conducta anormal del acusado en fechas cercanas a los hechos y por el relato de la propia hija del acusado sobre la actitud del apelante al cometer los hechos imputados — con-tento, sin coraje y con risa. Controvertida así la presunción por el apelante, recaía sobre el Ministerio Público el peso de la prueba sobre el hecho de la cordura del acusado, hecho que tenía que probar como cualquier otro, más allá de toda duda razonable. No es sostenible la posición del Procurador General en su informe al efecto de que la evidencia presentada por el apelante no fue suficiente para controvertir la pre-sunción de 'sano juicio. El apelante rebatió eficazmente la presunción.

El Procurador General arguye que el Ministerio Público presentó abundante prueba para establecer la cordura del apelante al momento de cometer los hechos. Hemos exami-nado detenidamente el récord y no estamos de acuerdo. La prueba .que al respecto aparece del récord consiste de la vaga expresión de la testigo Gladys Colón Cruz, hija del apelante, de que no notó nada anormal en relación a su papá, y que éste nunca estuvo recluido en institución para personas dementes. (T.E. págs. 62 y 63.) Sin embargo, la forma en que esta misma testigo describe el comportamiento de su padre al momento de los hechos — contento, sin coraje, se reía — no es el de una persona normal. También la testigo Norma Iris Cruz Aguirre, yerna del acusado, testificó a preguntas del fiscal de si había notado algo que le llamara la atención en cuanto al comportamiento del apelante, declaró qué no. (T.E. pág. 86.) Pero también en el contrinterroga-torio declaró que nunca tuvo conversaciones prolongadas con el apelante, que solamente le saludaba cuando se encontraban y que no podía decir nada sobre la condición en que se encon-traba el apelante.

El otro testigo presentado por el fiscal sobre este punto fue José M. Rivera, quien a preguntas del fiscal de si había notado algo anormal en la conducta del apelante contestó: “No, señor.” (T.E. pág. 124.) Este mismo testigo en el con-trainterrogatorio declaró que no conocía bien al apelante, que no sabía donde trabajaba y que nunca había hablado con él. (T.E. pág. 134.)

Dicha prueba, es claramente insuficiente para establecer más allá de toda duda razonable la salud mental del apelante, razón por la cual no puede prevalecer el fallo condenatorio.

La absolución del apelante por razón de incapacidad mental no significa que éste será puesto en libertad inmediata-mente. Han muerto ya, en manos del apelante, dos inocentes seres humanos ligados a él por vínculos de sangre y de afecto. Es evidente que su enfermedad mental puede constituir un grave, riesgo para la comunidad. Es por eso que al revocar la sentencia apelada el apelante continuará recluido bajo la custodia del alcaide de la cárcel y el tribunal de instancia dará cumplimiento a la Regla 2U1 de Procedimiento Criminal.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no inter-vino.

         También fue convicto y sentenciado por infracción a la Ley de Armas.

       Véanse los testimonios de Andrés Almodóvar: “. . . ya última-mente yo le decía, ‘no te puedo atender’ y cogía y me iba porque me salía con disparates y eso”. (T.E. pág. 138 A.) También véase el testimonio de Flor Aguirre Collazo. (T.E. pág. 144.)

      Dicha Regla dispone:
      “Si el jurado absolviera al acusado por razón de incapacidad mental, y tuviere el tribunal base razonable para creer que el acusado en ese mo-mento continúa incapacitado, iniciará los trámites para hacer la deter-minación correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en la Regla 240. El tribunal podrá ordenar que el acusado permanezca bajo la custodia del alcaide de la cárcel hasta tanto terminare dicho procedimiento. Si el tribunal determinare que el acusado continúa mentalmente incapaci-tado, ordenará que sea recluido en una institución apropiada hasta que cese su incapacidad, y si determinare lo contrario, ordenará que sea puesto en libertad.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor E. Rivera Arroyo, acusado y apelante.

      Número: CR-70-137

      Resuelto: 14 de junio de 1971

      Luis A. Archilla Laugier, abogado del apelante; Gilberto Gier-bolini, Procurador General, Héctor R. Orlandi Gómez, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante, Víctor E. Rivera Arroyo, fue acusado y convicto de conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez (Sec, 5-801 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960 — 9 L.P.R.A. see. 1041). Se le impuso una multa de $150 ó 15 días de cárcel y se le suspendió su licencia de conducir por el término de un año. Más tarde, el juez sentenciador enmendó la sentencia para dejar sin efecto la suspensión adicional de ocho meses de la licencia de conducir por negarse injustificadamente a someterse al análisis químico, en vista de lo que resolvimos en Pueblo v. Ortega Otero, 97 D.P.R. 477 (1969).

La prueba de cargo consistió del testimonio de Dionisio Rosas González y el del policía Luis Daniel Rivera. Explicó aquél que al tomar una semicurva en una carretera de Guay-nabo notó que venía un Volkswagen conducido por el apelante quien se detuvo a la orilla de la carretera y al arrancar nuevamente impactó el vehículo del testigo por el guardalodo izquierdo delantero; que el apelante tenía los ojos colorados “pero no estaba borracho . . . estaba medio alterado . . . no quería hacerse culpable ni nada .... Estábamos discutien-do . . . como de 15 a 20 minutos ... en eso llegó el policía.” (Énfasis nuestro.)

El policía Rivera testificó que cuando él llegó al lugar de los hechos procedió a entrevistarse con los conductores de los vehículos accidentados; que “al yo hablar con el conductor del Volkswagen [el apelante] noté que le salía un fuerte olor a licor ... y entonces me hablaba entrecortado, por lo qué pude notar que estaba borracho.” (Énfasis nuestro.) Al entre-vistarlo, dijo que estaba a una distancia más o menos como de la silla del testigo a la del juez sentenciador en el tribunal. Testificó también que le dijo que “le iba a someter un caso por estado de embriaguez y le hice las advertencias de rigor . . . que si quería sacarse la sangre u orina voluntaria-mente .... El se negó ... lo monté en la patrulla .... Para llevarlo al hospital a ver si en el transcurso él se decidía a sacársela ... se negó” y entonces le dije que, “de negarse, al someterse el caso el magistrado le podría retener la licencia hasta el día del juicio, y si salía inocente o culpable, el Ma-gistrado le podría suspender la licencia por dos años tam-bién . . . procedí a someter el caso a la Sala de Investiga-ciones.” En contrainterrogatorio testificó que “Yo le dije que me mostrara la licencia de conducir y la del vehículo, me la dio” que la sacó “Del bolsillo, supongo . . . también él me informó a mí que había impactado al carro del joven ese porque el joven ese creo, creo que y que le había puesto las luces largas o algo así . ... El me dijo la dirección [de donde él vivía].” (Énfasis nuestro.)

El apelante testificó en su defensa que “Ese día lo que pasó es que fui a Corozal, a ver a la madre mía que estaba sola, y entonces de regreso, como era sábado y en esos días estaba el tráfico congestionado, y como vivo en Río Piedras, tuve que usar esa carretera, y en el momento de los hechos lo que sucedió fue que un carro venía detrás de mí, quiso pasar, yo paré y pasó, y entonces cuando estoy en una semi-curva hacia adelante, un carro, me enfocó y chocamos . . . entonces nos apeamos los dos, yo le pregunté que si había algún problema o algo, y él me dijo que no había pasado nada, y yo me puse un poco nervioso, además yo estaba, yo tenía la mujer acá, y me temblaban las manos como me tiemblan ahora y estábamos hablando, y yo le dije que no se ocupara, que arregláramos todo, y él me dijo no, y en ese momento llegó el guardia, me vio y me dice ‘si tú lo que estás es borracho, vente, vamos a llevarte”, y me puse más nervioso, la mujer sola por acá, nadie le quiso informar, y me puse más nervioso y entonces me llevaron.” (Énfasis nuestro.) Negó que el policía le hiciera advertencia alguna. Dijo que del lugar de los hechos el policía lo llevó al cuartel y luego donde un magistrado. Preguntado si siempre tiene la vista así rojiza, contestó que “si yo lo que hago es leer casos y más casos”. En contrainterrogatorio negó que hubiera ingerido bebida alcohólica alguna; que “si voy a estudiar por la noche no podía dármelo [un palo] . . . sería ilógico”; que el policía al llegar le dijo “si tú lo que estás es borracho”; admitió que lo llevaron donde un médico; que “le hablaron de la san-gre” y que allí negó que estuviera borracho, (Énfasis .nuesr tro.)

No hubo prueba de que el apelante observara una con-ducta anti-social.

La prueba en este caso es casi idéntica a la prueba aducida en Pueblo y. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, .67, 68 (1963) y menos robusta que la prueba en Pueblo v. Díaz Just, 97 D.P.R. 59, 63 (1969), y Pueblo v. Galleti Rodríguez, 88 D.P.R. 284, 286, 287 (1963). Véase, además, Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963). En estos casos revocamos la sentencia de culpabilidad porque la prueba no; estableció la culpabilidad más allá de duda razonable. Por esta misma razón concluimos que la sentencia en este caso debe ser revocada.

Estimamos conveniente aclarar lo relativo a las dos razones por las cuales, bajo la Ley de Vehículos y Tránsito, procede la suspensión de la licencia de conducir en estos casos. Las penalidades prescritas por la ley para castigar el delito de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes están provistas en la Sec. 5-802 de la ley, 9 L.P.R.A. see. 1042. El apartado (a) de esa sección dispone para multa o cárcel, o ambas penas, por la primera infracción. Los apartados (b) y (c) de dicha sección disponen para otras penalidades cuando concurren otras circunstancias.

El apartado (d) de dicha Sec. 5-802 de la ley, 9 L.P.R.A. sec. 1042(d), dispone en forma mandatoria que en caso de una primera convicción además de las penalidades antes indicadas, el tribunal decretará la suspensión de la licencia de conducir por un período que no podrá ser menor de un año ni mayor de dos. En caso de reincidencia la revocación será permanente. También ese apartado (d) provee para cuando la persona no es residente.

En otra sección de la ley, la 5-804, 9 L.P.R.A. see. 1044, se provee el procedimiento que habrá de observarse cuando la persona arrestada se negare a someterse al análisis químico. Provee el apartado (c) de esa sección que en el acto del juicio, si el magistrado determina que el acusado no estuvo justificado a negarse a someterse al análisis químico a que se refiere la Sec. 5-803 de la ley, el magistrado deberá disponer la suspensión de la licencia por un término no mayor de dos años.

Lo antes descrito comprende dos situaciones distintas. La primera se refiere a la comisión del delito de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. La segunda se contrae a determinar si el acusado estuvo justificado o no al negarse a someterse al análisis químico. Por eso es posible que un acusado sea convicto y condenado por la primera y no por la segunda, y a la inversa, es posible que salga absuelto del delito de conducir bajo la influencia de bebidas embriagantes y que sin embargo se le suspenda la licencia por encontrar el magistrado que el acusado no estuvo justificado al negarse a someterse al examen químico. Pueblo v. Otero Valle, 89 D.P.R. 73, 80-81 (1963).

Por los fundamentos previamente indicados debe revo-carse la sentencia dictada en este caso y absolverse al apelante.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Pérez Pimentel no intervinieron.

       Compárese la prueba aducida en Galleti, supra, con la prueba presentada en Pueblo v. Eliza Colón, 95 D.P.R. 670 (1968), en que con-firmamos la convicción por conducir en estado de embriaguez.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Ofelia Pantoja y Otros, querellantes y recurridos, v. Esco Corporation y Baronet of Puerto Rico, querellados y recurrentes.

      Número: R-67-201

      Resuelto: 14 de junio de 1971

      Hartzell, Fernández & Novas y José Luis Novas Dueño, aboga-dos de los recurrentes; Jesús Hernández Sánchez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Los querellantes reclamaron de las querelladas el pago de la mesada ascendente a $3,124 por despido injustificado según se desglosa en un exhibit de la querella que relaciona los nombres de los querellantes y la cuantía de la mesada de cada uno.

Se impugna la sentencia dictada en este caso que condenó a las querelladas a pagar a cada uno de los querellantes el importe de su sueldo correspondiente a un mes y que dicta-minó que “Dicho pago debe hacerse a base del cómputo que resulte del salario semanal que devengaba cada querellante al momento del despido” porque (1) el tribunal de instancia carecía de jurisdicción sobre la materia; (2) no se presentó prueba de que los querellantes, con excepción de Ofelia Pan-toja, fueran despedidos y del salario mensual que recibían de las querelladas en el momento del despido.

En su contestación, las querelladas negaron todas las alegaciones de la querella y como defensas alegaron que (1) el tribunal carecía de jurisdicción pues los hechos que se alegan son de la exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo; (2) que los querellantes alegaron los mismos hechos ante la referida Junta y ésta desestimó los cargos basados en dichos hechos; (3) la causa de acción está prescrita; (4) la querella no aduce hechos constitutivos de una causa de acción; (5) la cesantía de los querellantes ocurrida el 22 de abril de 1960 se debió a falta de trabajo.

La única testigo de los querellantes, Ofelia Pantoja, tes-tificó que ella y los demás querellantes (cuyos nombres re-cordó de una lista que ella preparó) asistieron a una reunión de orientación y organización de la unión celebrada en un salón de un caserío público anexo a la fábrica, en 21 de abril de 1965; que al día siguiente el gerente de ambas querelladas reunió a los obreros y les informó que las personas que habían asistido a la reunión de la unión y habían firmado, iban a ser despedidas “por asuntos de la unión”; que con posterio-ridad (el 22 de abril de 1960 según la contestación) los que-rellantes fueron dejados cesantes y se colocaron otras per-sonas en sus puestos; que dejaron cesantes tanto a los que firmaron como a los que no firmaron; que después del despido hubo piquetes frente a la fábrica.

Las partes estipularon que estos obreros fueron susti-tuidos después de su despido y durante el subsiguiente estado de huelga en las fábricas de las querelladas.

En cuanto al salario o jornal que ganaban los quere-llantes al ser despedidos, la única prueba que aparece del récord es el testimonio de Ofelia Pantoja quien, al contestar una pregunta del juez de instancia, dijo que ganaba de $24 a $25, a lo que su representante legal añadió “semanales”;

Las partes también estipularon que las querelladas se dedicaban al comercio interestatal y que en relación con al-gunos de los hechos en este caso, Ofelia Pantoja intervino en el caso Núm. 24 CA Núm. 1306 ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo; que dicha Junta ejerció su juris-dicción en relación con hechos de este caso según los casos Núms. 24 CA 1338 y 1306.

1. — El despido de un obrero debido a su actividad unional es una práctica ilícita que, cuando ocurre en las operaciones dedicadas al comercio interestatal, la jurisdicción es exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo excepto en aquellos casos en que dicha Junta haya declinado su jurisdicción. J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844, 849-851 (1964).

En relación con un cargo por actos y conducta de la unión en violación de la Sec. 8(b) (7) (C) de la Ley de Rela-ciones Obrero-Patronales (29 U.S.C.A. 158(b) (7) (C), luego del despido de los querellantes, radicada por las querelladas ante la Junta Nacional, se sostuvo uña orden de entredicho dictada por el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico que ordenó a la unión a desistir de mantener piquetes frente a las fábricas de las querelladas no obstante la ale-gación de la unión de que los piquetes se establecieron con el único propósito de protestar del despido de 39 obreras el viernes anterior al martes cuando se dio comienzo al piquete y que dicho piquete no se estableció con el propósito de forzar o requerir al patrono que reconociese, o a los empleados que aceptasen, a la unión como el agente de negociación colectiva de los obreros. En opinión dictada por el Tribunal de Apela-ciones del Primer Circuito Federal se hizo referencia a que el patrono en este caso “había dejado cesante a 33 obreras en Vega Baja, ostensiblemente por falta de trabajo pero, de acuerdo con un cargo subsiguientemente radicado por las Uniones, en represalia por asistir a una reunión unional la noche anterior.” Local 346 International Leather Goods Union v. Compton, 292 F.2d 313 (1st Cir. 1961). (Énfasis nuestro. )

No se adujo prueba alguna de la acción que tomó, si es que tomó alguna, la Junta Nacional, en relación con el refe-rido cargo radicado por las uniones por la alegada práctica ilegal de las querelladas de despedir de su empleo a dichas obreras.

Correspondía a la Junta Nacional, en virtud del referido cargo radicado por las uniones, determinar si los querellantes fueron despedidos por falta de trabajo como alegaron las querelladas, en cuyo caso hubo causa justificada para su cesantía y, por consiguiente, no procedía el pago de la mesada, o si el despido constituyó una práctica ilícita del trabajo, en cuyo caso hubiera ordenado el reempleo de los querellantes y que se les pagase su salario desde la fecha de su cesantía. En este último caso tampoco procedía el pago de mesada alguna. Time-O-Matic Inc., v. N.L.R.B., 264 F.2d 96 (7th Cir. 1959); National Labor Relation Board v. Polson Logging Co., 136 F.2d 314 (9th Cir. 1943).

2. — No aparece del récord prueba alguna de la cuantía de la mesada reclamada. Como la cuantía de la mesada alegada en la querella fue negada categóricamente por las querelladas era obligación de los querellantes aducir prueba específica del .salario que cada uno ganaba en el momento de ser despedido de su trabajo de manera que sirviera de base para determinar la mesada reclamada.

En vista de lo expuesto, debe revocarse la sentencia dic-tada en este caso y desestimar la querella.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Rafael Malavé Vélez et al., demandantes y recurridos, v. Hospital de la Concepción y Security Insurance Company, demandados y recurrentes.

      Número: R-70-259

      Resuelto: 14 de junio de 1971

      Polo, Rivera Mercado & Lasa, y Ulpiano Falcón Matos, abogados de las recurrentes; R. Elfrén Bernier y Plinio Pérez Marrero, abogados de los recurridos. .
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Hemos examinado con detenimiento los autos originales del caso. Le hemos dado debida consideración a los alegatos y a los informes orales de las partes y dedicado tiempo considerable a la lectura de la transcripción de evidencia. Ante todo, hemos tenido siempre presente la deferencia que merece y de la cual es acreedor el distinguido juez sentenciador en la delicada función que le corresponde al formular sus determinaciones de hecho por virtud de la sana y necesaria norma de revisión consagrada en la Regla 43.1 de Procedimiento Civil. El estudio del caso ha dejado en el ánimo de este Tribunal el convencimiento de que se ha cometido un error manifiesto por parte del tribunal de instancia en la apreciación de la prueba, función ésta que es la más delicada que corresponde a un tribunal de hechos. Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428, 436-437 (1963).

Es evidente que el tribunal de instancia hizo suyo un proyecto de determinaciones de hechos y sentencia que le sometió la parte demandante. No sugerimos que deba desalentarse la práctica que suele seguirse en los tribunales de instancia de solicitar y recibir de las partes proyectos de determinaciones una vez sometidos los asuntos al juez para su adjudicación. Al igual que la presentación y uso de memoriales escritos, estas medidas sirven para aliviar el enorme volumen de trabajo que pesa sobre los jueces de instancia y pueden ser de valiosa ayuda al juez en el descargue de su delicada función adjudicativa. Huelga recordar que no es ésta una función delegable. Tales proyectos no pueden sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica del juez en su labor de desentrañar la verdad. En tanto en cuanto surja una dependencia extrema del juez en estos proyectos, par-ticularmente aquellos ex-parte, nuestro deber nos exige ser más minuciosos en el examen de las determinaciones que son objeto de revisión. El Juez Jerome N. Frank del Segundo Circuito de Apelaciones Federal se expresó así en United States v. Forness, 125 F.2d 928, 942 (2d Cir. 1942) :

“Enfatizamos este asunto por la gran importancia de la determinación de hechos. La determinación correcta, tan exacta como pueda ser, de los hechos en un litigio, es tan sumamente importante como la aplicación de las reglas de derecho apropia-das a los hechos según determinados. Una regla de derecho impecablemente ‘correcta’ aplicada a los hechos ‘incorrectos’ produce una decisión tan defectuosa como la resultante de la aplicá-ción de la regla de derecho ‘incorrecta’ a los hechos ‘correctos’. Este último tipo de error, desde luego, puede corregirse en apelación. Pero el anterior no está sujeto a tal corrección á menos que el apelante venza el gran peso de demostrar que las determinaciones de hecho son ‘evidentemente erróneas’. El Juez Presidente Hughes comentó una vez: ‘Un administrador ines-crupuloso puede tener la tentación de decir, “Déjenme deter-minar los hechos para la gente de mi país, y me importa poco quien establece los principios generales”.’ Ese comentario debe extenderse para incluir hechos determinados sin el debido cui-dado, como también la determinación de hechos, inescrupulosa; pues tal falta del debido cuidado probablemente se revele por sí misma menos que la falta de escrúpulos, que confiamos, rara vez exista. Y el comentario del Juez Presidente Hughes es tan aplicable a la determinación de hechos hecha en forma des-cuidada por un juez, como a la de un oficial administrativo. El poder judicial propiamente impone a los oficiales administrativos altas normas en el desempeño de su función en la determinación de hechos. El poder judicial debe, por lo menos, responder a las mismas normas.”

Sobre esta práctica, véanse: Otis, Improvements in Statement of Findings of Fact and Conclusions of Law, 1 F.R.D,. págs. 83-87 (1940); Barron and Holtzoff, Federal Practice and Procedure, Vol. 2B, sec. 1124, págs. 491-495; Note: The Role of Counsel in Preparation of Special Findings of Fact: Roberts v. Ross, 344 F.2d 747 (3d Cir. 1965), 51 Cornell L.Q., págs. 567-575; United States v. El Paso Gas Co., 376 U.S. 651, 656-657 (1963); In Re Las Colinas, Inc., 426 F.2d 1005 (1st Cir. 1970).

La fuente de la responsabilidad impuesta a la recurrida se encuentra en la siguiente determinación de hecho adoptada por el Tribunal:

“Concluimos que la caída súbita sufrida por la demandante fue ocasionada por estar el piso algo desgastado en el área por el que ella bajaba, pero mayormente por estar altamente res-balosa por haberse mojado pocos momentos antes con el agua con detergente (jabón) que usan en dicho hospital al hacer la limpieza.”

Veamos la prueba. La de la parte demandante consistió en el testimonio de la lesionada Francisca Rivera de Malavé y el de su hija María de las Nieves Malavé, quien no presenció el accidente. Declaró la señora Rivera de Malavé que tiene 58 años de edad, usa espejuelos bifocales y que visitaba ese día domingo, alrededor de las cuatro de la tarde, en unión de su hija y otros familiares, una nieta suya que se encontraba recluida en una de las habitaciones del segundo piso del Hospital de la Concepción en San Germán. Después de per-manecer allí algún rato decidió seguir a su hija María de las Nieves, quien había bajado a buscar unos regalos en el automóvil que habían dejado en el área de estacionamiento. En relación con la caída declaró a preguntas de su abogado:

“R. Salí atrás de mi hija . . . que ella fue a buscar unos regalos, pero ellos se habían ido alante, yo me quedé abajo y quise bajar más después, bajé la primera base, cuando pisé a la plazoleta de la escalera que tiene, ahí resbalé y me fui al lado de la escalera, resbalé cerca, al caer traté de aguantarme y me fui y caí al otro lado, a la otra plazoleta donde van a entrar.” (T.E. pág. 8.)
“R. El descanso, aquí va la otra escalera, ésta la bajé bien, cuando caí aquí que puse el pie en esta escalera, me fui, traté de aguantarme, pero no pude y caí abajo.” (T.E. pág. 9.)
“P. ¿Y doña Francisca, qué fue lo que motivó su caída? ¿Por qué se cayó?
■ R. Bueno, pues sería desgracia, porque yo iba bien, llevo una vida normal, tranquila, yo sé que resbalé, el piso estaba mojado, eso fue.
P. Nada más.” (T.E. págs. .18-19.) (Bastardillas nuestras.)

Merece destacar el hecho que al ser contrainterrogada doña Francisca fue confrontada con una declaración pres-tada por ella en una deposición anterior al juicio. El inci-dente surge de las págs. 24 a la 25 de la transcripción.

“Ledo. Polo:
Yo le pregunté aquí cuando dijo que estaba brilloso, le pregunté, quiere decir que estaba encerado, estaba pulido o había agua o cáscaras de algo, y usted contestó, ‘yo no me pude fijar, yo sé que estaba brilloso’, ¿cómo usted sabe que estaba brilloso, sino se pudo fijar?
R. Bueno, yo lo vi brilloso y en ese estado cuando bajaba y entonces cuando me caí seguí.
■ P. ¿Cuando bajaba vio que estaba brillosa y mojada?
R. Yo se que estaba como que habían brillado.” (Bastardillas nuestras.)

Nos parece obvio que la declaración de doña Francisca no puede servir de base, por sí sola, a la determinación del tribunal de que el piso estaba algo desgastado, altamente res-baloso, ni que “había sido mojado pocos momentos antes con el agua con detergente (jabón).”

La próxima testigo de la parte recurrida fue la hija de doña Francisca. Ella no presenció el accidente. Dijo la testigo a preguntas de su abogado:

“P. ¿En qué condiciones estaba esa escalera?
R. Subiendo en grupo, yo sí noté que estaba un poco res-baladiza como si tuviera cera cuando bajé, siempre yo tengo la precaución de usar el pasamanos, ya hacía rato cuando yo bajé continuaba como si estuviera encerada, brillosa y resbala-diza, estaba un poco resbaladiza.” (T.E. pág. 29.)
“R. Inmediatamente me llamaron, yo iba con las dos primas mías; .... Fui a ver la escalera inmediatamente, después de ver la escalera dejé a mi mamá con mi tío y las niñas y fui a ver las escaleras y estaban húmedas, estaban bastante mo-jadas.

P. ¿ Sabe usted si alguna persona que usted viese del hospital estaba realizando algunas gestiones de limpieza?

R. Sí, señor; se estaban limpiando, parece que cuando llega-mos, el hospital se estaba limpiando.” (T.E. pág. SO.)
“Testigo:
Se estaba limpiando, cuando bajé estaban limpiando el primer piso del hospital.
Lie. Pérez:
P. ¿Cómo lo limpiaban?
R. Con un mapo.” (T.E. pág. 31.)

Más adelante al ser repreguntada por el abogado de' la recurrente, declaró:

“P. ¿Cuando llegó que dice que estaban limpiando, qué sitio específico estaban limpiando?
R. Primer piso.
P. ¿Y le estaban dando brillo con una máquina de .brillar?
R. Estaban mapeando.
P. ¿Cuántas personas?
R. Una.
P. ¿Hombre o mujer?
R. Era un hombre.
P. ¿ En la escalera no vio haciendo eso ?
R. No, señor.” (T.E. págs. 37-38.)

Los testimonios de la lesionada Francisca Rivera y de su hija María de las Nieves Malavé constituyen toda la prueba oral de los demandantes. Como parte de su prueba fueron admitidas dos fotografías de la escalera tomadas por María de las Nieves al die siguiente de ocurrido el accidente (T.E, pág. 29). La parte recurrente ofreció y fueron también admitidas en evidencia dos fotografías de la escalera.- Las fotografías ofrecidas por ambas partes muestran que la escalera en toda su extensión estaba cubierta con un material formando ranuras o estrías transversales, cuyo propósito evi-dente es evitar una superficie lisa que propicie las caídas. Además, estaba dotada de dos pasamanos, uno a cada lado. El tribunal no formuló ninguna conclusión sobre ello. Pero sí formuló una conclusión al efecto de que la escalera se encon-traba altamente resbalosa por haberse mojado pocos momen-tos antes “con el agua con detergente, (jabón) que usan en dicho hospital al hacer la limpieza.”

Nos parece claro que los testimonios de la lesionada y su hija no sostienen dicha conclusión. La lesionada declaró, como hemos visto, que hasta “el descanso lo había bajado bien" y que “cuando caí aquí que puse el píe en esta escalera,.me fui, traté de aguantarme, pero no pude . ...” Y al preguntár-sele por su abogado cuál había sido el motivo de la caída, contestó “. , . yo sé que resbalé, el piso estaba mojado, eso fue” (T.E. págs. 18-19). (Bastardillas nuestras.) Su hija testificó que la escalera “estaba brillosa ... un poco res-baladiza . . . , húmedas, bastante mojadas” (T.E. págs. 2.9-30). .

La sentencia recurrida descansa en la supuesta presencia de un detergente líquido mezclado con agua utilizado por el hospital en la limpieza efectuada momentos antes, el cual creó una condición altamente resbaladiza en la escalera. La referencia al detergente surge únicamente por voz del testigo Elíseo Borrero, Administrador del Hospital. A preguntas de la recurrente, declaró este testigo que la limpieza de los pisos y las escaleras se hace diariamente entre seis y siete de la mañana, hora en que no hay visitas, utilizando -un-detergente industrial disuelto en agua de uso general en los hospitales (T.E. pág. 78),.y luego se seca con un mapo “bien seco” (T.E. pág. 83), y que durante las horas de visita no se hace este tipo de limpieza, excepto recoger los papeles y colillas de cigarillos que caigan al piso (T.E. pág. 10).

La conclusión sobre la presencia del detergente como factor de responsabilidad en este caso no es la más lógica y racional, ni la más justa. El accidente ocurrió un domingo a las 4:30-5:00 de la tarde, en horas de visitas. Parece improbable que el hospital adoptase estas medidas de lim-pieza en las horas en que, precisamente por estar abierto al público, resultaría más oneroso para los visitantes, el público en general y el hospital en contra de su natural interés de lograr un mejor resultado sin exponerse a contratiempos con los visitantes que tales labores puedan ocasionar. De entre toda una declaración, el tribunal logró entresacar el uso del detergente y situarlo, fuera del contexto de la declaración deí testigo, como factor determinante de responsabilidad.

El tribunal' cometió un error manifiesto de apreciación. La hija de la lesionada declaró a preguntas del juez que dos a dos horas y media después del accidente había hablado con una de las religiosas, cuyo nombre no recordaba,' que hacían labor de caridad en el hospital y le había informado que el borde de la escalera “estaba desgastado” (T.E. pág. 43). Una de estas religiosas, Sor María Díaz, declaró durante el juicio. Dijo ser la Directora de las enfermeras;, tuvo conocimiento del accidente momentos después de ocurrido; examinó la escalera, la encontró seca y limpia (T.E. pág. 52). Esta testigo declaró que la hija de la señora lesionada le había alegado que “la escalera estaba desgastada” (T.E. pág. 53). Nada declaró la hija de la lesionada de haberse quejado a la religiosa sobre la condición de humedad de la escalera. Las contestaciones de los recurridos a los inte-, rrogatorios escritos de la recurrente en torno a las circunsr. tandas del accidente, mantenimiento de las escaleras, etc., tampoco informan el estado de humedad de la escalera como factor o base de responsabilidad.

Una ojeada a la jurisprudencia reciente sobre caídas en escaleras demuestra que actuamos en estos casos con particular minuciosidad en el descargue de nuestra misión revisadora. Tratándose de caídas en escaleras es natural que así sea. Como se dijo en Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887, 900 (1961).

“La existencia de una escalera por donde una persona ha de transitar es aparente y obvia y también es de esperarse que las personas ejerzan prudencia y cuidado al subir o bajár escaleras.”

Así, por ejemplo, en Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76, 80 (1962), después de un minucioso examen del récord, revo-camos la sentencia que declaró sin lugar la demanda soste-niendo que aunque nos encontrábamos con un. caso “difícil” era pertinente enfatizar que la superficie de los peldaños era pulida, que unida a la construcción en descubierto, pro-pendía a convertirlos en resbaladizos cuando se mojan por efecto de. las lluvias.

En Torres v. Metropolitan School, 91 D.P.R. 1, 7 (1964), al revocar una sentencia que impuso responsabilidad a la demandada — las losetas de las escaleras eran completamente lisas y las escaleras tenían solo un pasamanos — , sostuvimos que:

“Son defectuosas, a los efectos de imponer responsabilidad en estos casos, aquellas escaleras con escalones gastados, rotos, con hoyos, agrietados, salidos, con clavos o tornillos sobresalientes o que son de tamaño o forma irregular-, muy gastados, lisos como cristal y muy resbalosos.”

En Ferro v. A.M.A., 91 D.P.R. 770 (1965), una señora se cayó al descender de un autobús. El tribunal sentenciador había determinado que el accidente ocurrió porque los escalo-nes de salida de la guagua eran de metal, tenían más de cuatro años de uso, estaban bastante desgastados y no tenían la protección de alfombra de gomas, a consecuencia de cuya circunstancia la demandante resbaló al apoyar su pie en el último escalón, cayendo de bruces a la acera. Al revocar sostuvimos, a la pág. 771:

“La prueba anteriormente reseñada no es suficiente para establecer que los escalones estuvieran lisos, máxime si se con-sidera que la parte demandada presentó en evidencia unas foto-grafías de los escalones y éstas muestran que tenían estrías y ño estaban lisos o gastados. La ausencia de gomas en los esca-lones no constituye negligencia, pueden ser seguros sin tener que estar protegidos por alfombras de goma cuando como en el presente caso tenían estrías, cuyo propósito es evitar uña super-ficie completamente lisa que propicie las caídas.”

En Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967), se estableció por la prueba de la propia parte de-mandada que el piso de la escalera era sumamente liso y resbaloso aunque estuviera seco. Fue basándonos primordial-mente en esa prueba que sostuvimos la sentencia condena-toria. Y a pesar de la existencia de esa prueba de los deman-dados, cuatro jueces votaron por revocar la sentencia, soste-niendo en su disenso, a la pág. 546:

“Indudablemente, la recurrida trató de probar que resbaló en agua por dos razones, es decir (1) para tratar de asemejar su caso al de Weber, supra; y (2) porque la prueba de estar el piso resbaladizo, al extremo de constituirse en peligroso era sumamente débil e imprecisa ya que los dos testigos antes mencionados sólo dijeron en contrainterrogatorio que era res-baladizo ‘hasta cierto punto’ o ‘a veces’. Por otra parte, la prueba fue clara y firme de que el piso no estaba mojado. No hubo circunstancia alguna que justifique asemejar este caso al de Weber, supra.

La sentencia recurrida será revocada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado Señor Hernández Matos no intervinieron.

       Durante la vista oral ante nos, el abogado de la parte recurrida reconoció que el factor de “desgaste” de la escalera no era suficiente como base de responsabilidad. En efecto así es. La prueba sobre este extremo fue sumamente vaga e imprecisa para servir de apoyo a una conclusión sobre responsabilidad.


author: PER curiam:

text:
    Tomás Amilivia Nazario et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y/o Departamento de Instrucción, demandados y recurrentes.

      Número: R-70-196

      Resuelto: 15 de junio de 1971

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Sub-pr o curador General, y Adolfo Negrón Cruz, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurrentes; W. Meléndez Lugo, abogado de los recurridos.
   PER curiam:

Ángel Luis Amilivia perdió un ojo al ser alcanzado por una piedra mientras jugaba en el patio de una escuela con otro niño. Representado por su padre incoó acción en contra del Estado Libre Asociado. Fue compensado. Al fallar el tribunal de instancia formuló las siguientes determinaciones de hechos:

“El menor demandante estuvo presente en su salón ese día hasta las 3:00 P.M. hora en que al sonar el timbre de salida, salió del salón de clases junto a varios de sus condiscípulos.

En lugar de encaminarse a su casa, dicho menor, junto a varios amigos, permaneció en el patio en espera de otros ami-guitos. Mientras allí se encontraban comenzaron a jugar tirán-dose piedras unos a otros, cuyas piedras recogían de las que por allí se encontraban y, particular, de las abandonadas al demolerse la torre • ya mencionada.

Cuando aún se encontraban jugando como se deja dicho una conserje de la escuela Barbosa caminó de la escuela Barbosa hasta la Hernández, cruzando el patio, y regresó por igual ruta, observando a los niños en el peligroso juego de apedrearse unos a otros. Dicha conserje, nada hizo para disuadir a los niños del peligroso juego ni informó lo que ocurría.

Al cabo de unos 5 ó 10 minutos de comenzado el juego, como a las 3:15 P.M., el menor José Luis Liceaga, estudiante de la escuela Hernández, lanzó una piedra alcanzando al menor reclamante sobre el ojo derecho. La lesión product dale al menor demandante por la piedra causó que éste perdiera su ojo susti-tuyéndosele con uno de cristal.

Como consecuencia de dicha lesión el menor Amilivia sufrió intensos dolores físicos y morales y sus padres padecieron de igual modo hondos sufrimientos morales y mentales.

Al momento del desgraciado accidente, no se hallaba en la referida área de recreo o patio ningún profesor pero en una oficina cercana se encontraban la directora o principal de escuela, su secretaria, una de las profesoras y la conserje aludida ante-riormente.

Con anterioridad a la fecha de este accidente los niños esco-lares habían participado en este tipo de juego lanzándose piedras en diversas ocasiones sin que los agentes del demandado inter-viniesen para impedirlo.”

Imponerle responsabilidad al Estado Libre Asociado con estos hechos equivale a exigirle una supervisión total y cons-tante sobre todos los alumnos que asisten a las escuelas públicas. Eso no lo exige la ley. No puede imponérselo los tribunales. En California la ley le impone esa responsabi-lidad. Ziegler v. Santa Cruz City High School District, 335 P.2d 709 (Cal. 1959); Dailey v. Los Angeles Unified School District, 470 P.2d 360 (1970). Pero donde no existen disposiciones similares las cortes han expresado que:

“No se requiere del maestro que tenga bajo continua e incesante vigilancia cada una de las áreas de juego; ni tampoco se exige que la supervisión general sea continua y directa.”

Nestor v. City of New York, 211 N.Y.S.2d 975 (1961).

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron.

       Lee así la disposición pertinente:
      “Every teacher in the public schools shall hold pupils to a strict account for their conduct on the way to and from school, on the playgrounds, or during recess. A teacher, vice principal, or principal shall not be subject to criminal prosecution or criminal penalties for the exercise, during the performance of his duties, of the same degree of physical control over a pupil that a parent would be legally privileged to exercise but which in no event shall exceed the amount of physical control reasonably necessary to maintain order, protect property, or protect the health and safety of pupils, or to maintain proper and appropriate conditions conducive to learning. The provisions of this section are in addition to and do not supersede the provisions of Section 10854 of this code.”

       El Art. 1803 del Código Civil de Puerto Rico dispone en parte que: “El padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son res-ponsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.”


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

text:
    Enrique Clavell Borrás, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Domingo Raffucci, Juez, demandado.

      Número: O-70-237

      Resuelto: 15 de junio de 1971

      Enrique Clavell Borras, por su propio derecho.; Baker & Woods, Gilberto Mayo Aguayo y Rafael Cuevas Kuinlam, abogados ■■ ’ de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Gazette Offset Americana, Ltd., instó acción ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra Litoimpresion, Inc., Enrique Clavell, María Martínez de Clavell y Gerardo Bal-drich, en cobro de un pagaré por la suma de $19,804.65 que estaba garantizado con una hipoteca sobre bienes muebles.

Contestaron los demandados negando unos hechos y acep-tando otros, y estableciendo defensas especiales. El code-mandado Enrique Clavell, además reconvencionó.

Hubo una serie de incidentes procesales, tales como ór-denes para el embargo de bienes en aseguramiento de sen-tencia sin fianza, toma de deposiciones, renuncias de repre-sentación legal, y anotación de rebeldía, celebración de vista y recepción de prueba sobre mociones de las partes.

En noviembre 24 de 1967 el demandado Enrique Clavell, alegando por derecho propio que el embargo trabado por la demandante sin fianza, le ocasionaba serias pérdidas y per-juicios, solicitó el señalamiento del caso en sus méritos para la fecha más próxima posible. En diciembre 20 de 1967 el Ledo. Basilio Santiago Romero asumió la representación legal del codemandado Clavell.

Ocurrieron varios incidentes procesales más, entre ellos uno sobre toma de deposición del demandado Clavell señalada para el 18 de noviembre de 1968. El demandado solicitó se pospusiera dicha toma de deposición para una fecha posterior.

Aparece en el expediente copia de una carta fechada 11 de diciembre de 1968 dirigida por el Juez, Hon. Domingo Raffucci al Director Administrador de los Tribunales, infor-mándole que el caso no estaba listo para juicio porque las partes se encontraban en la etapa de descubrimiento de pruebas.

En 17 de diciembre de 1968 se señala por primera vez la vista del caso en su fondo para el día 24 de abril de 1969. En dicha fecha comenzó el juicio habiendo la parte deman-dante presentado prueba testifical y además ofrecido prueba documental para su identificación. La continuación de la vista se señaló para el próximo lunes. La minuta del 28 de abril de 1969 expresa que no habiendo prosperado la esti-pulación por transacción, se señala nuevamente la continua-ción para el día 9 de septiembre de 1969. En dicho día la parte demandante continuó presentando el testimonio de Evelyn Berg y además ofreció prueba documental para su identificación. Se suspendió hasta nuevo señalamiento. La demandante solicitó mediante moción que se señalara la con-tinuación para los días 26, 27 y 28 de enero de 1970; pero el tribunal hizo el señalamiento para los días 4 y 5 de mayo de 1970.

El 22 de abril de 1970, el abogado de los demandados esposos Clavell y Litoimpresion, Ine., radicó una moción re-nunciando la representación de éstos. Como motivo para ello expuso que había sido nombrado para ocupar el cargo de Sub-Secretario de Hacienda que tomaría posesión del mismo el día primero de mayo. En su consecuencia solicitó se le concediera a los demandados un término de 30 días para procurarse los servicios de nueva representación legal.

No surge del récord que el tribunal tomara acción sobre dicha moción. Sin embargo es evidente que el caso fue sus-pendido.

En 21 de mayo de 1970 la demandante presentó una moción en la que alega que el tribunal aceptó la renuncia de representación hecha por el abogado, Sr. Basilio Santiago Romero y que por tal razón el caso tenía que comenzar a verse de nuevo, lo que resultaría sumamente gravoso a la parte demandante. “Siendo ello así”, dice la moción, “creemos justo y equitativo que antes que se haga un nuevo señala-miento para comenzar ‘de novo’ el caso de epígrafe los se-ñores demandados, con la excepción del Sr. Gerardo Bal-drich, deberán reembolsar a la parte demandante todos los gastos en que ha incurrido hasta la fecha, apercibiéndoles a los demandados que de no depositar en el tribunal, para entrega a la demandante de las cuantías que se mencionan más adelante, se procederá a eliminar las alegaciones, tanto de la demanda [síc] como de la reconvención, y anotarse la rebeldía a dichos demandados y desestimar la reconvención.”

“10. — Que la parte demandante ha incurrido en los siguientes gastos:
Hotel, 4 días en Abril 1969, $16.00 por día 4 días en Septiembre 1969, $16.00 por día $128.00
Transportación aérea doble, New York a San Juan y vice versa a razón de $195.00 por cada viaje de ida y vuelta 890.00
Taxímetro a Kennedy Airport, Aeropuerto Internacional en Puerto Rico a hotel, hotel a aeropuerto, viajes a oficina de abogado y corte 64.00
Comidas 8 días a $15.00 por día 120.00
Llamadas telefónicas a Puerto Rico y de Puerto Rico a Nueva York 52.00
Pérdida de tiempo e ingreso para la deman-dante 500.00
100.00 Gastos Misceláneos
$1,354.00
Gastos Legales reembolso 1,000.00
$2,354.00”

Señalada para vista y discutida la referida moción el tribunal dictó en 11 de septiembre de 1970 la siguiente:

“Resolución
El Tribunal, oídas las manifestaciones de la parte deman-dante, concede a la parte demandada el término de treinta días para designar nueva representación legal y consignar en el Tribunal los gastos incurridos por la parte demandante.
De no hacerse así, se ordenará la eliminación de las alega-ciones y la anotación de su rebeldía.”

En 21 de septiembre de 1970 comparecieron los abogados Benny Frankie Cerezo y Rafael Quiñones Manautou asu-miendo la representación de las co-demandadas Litoimpresion, Inc. y María Martínez de Clavell y solicitaron la recon-sideración de la orden de 11 de septiembre que imponía a los demandados la obligación de depositar en corte la suma de $2,469.00 en concepto de gastos alegadamente incurridos por la demandante durante toda la tramitación del pleito. La reconsideración fue declarada sin lugar.

Expedimos un auto de certiorari para revisar la susodicha orden de 11 de septiembre de 1970.

La drástica sanción impuesta a los demandados en este caso no encuentra justificación ni en los incidentes ocu-rridos durante toda la tramitación del caso, ni en la ley. No se trata de la imposición de una condición razonable para acceder a la suspensión de un juicio que puede acarrear per-juicios económicos a la parte contraria. Es decir, no se trata de obligar a los demandados a resarcir a la demandante los gastos que a ésta le ocasionara una suspensión inesperada de la vista, sin culpa de su parte. No cuestionamos la facultad del tribunal de instancia para acceder a suspensiones bajo aquellas condiciones que considere y sean justas. Se recor-dará que con bastante anticipación a la fecha señalada para la continuación de la vista del caso, el abogado de los deman-dados radicó su moción sobre renuncia de representación fundada en la causa cierta y legítima de su imposibilidad de continuar la representación que ostentaba por haber aceptado un cargo público. Medíante tales circunstancias no se justifica la imposición de sanciones a los demandados por razón del aplazamiento de la continuación del juicio. No se trata tam-poco del ejercicio de la facultad del tribunal para imponer sanciones bajo las Reglas 27.7, 34, 37.2 y de cualquiera otras de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.

En verdad la resolución qué revisamos lo que hace es imponer a los demandados el pago de las costas del litigio incluyendo honorarios de abogado. Tal actuación es contraria a la ley. Las costas se conceden a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. Dispone la Regla 44.4 (a) de Procedimiento Civil:

“Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas.”

Los honorarios de abogado se imponen en las sentencias a la parte que haya procedido con temeridad. Regla 44.4(d).

No procede por tanto, la imposición de las costas a una parte, cuando el litigio no ha terminado, ni se ha dictado sentencia en su contra. Con mayor razón es improcedente la condena en honorarios de abogado cuando aún no se ha resuelto nada sobre la temeridad de los litigantes.

El fundamento principal de la demandante, que parece haber sido aceptado por el tribunal de instancia, para condenar a los demandados al pago de las costas, y honorarios de ahogado como condición para continuar litigando, es el de que por razón de la renuncia de representación del abogado Sr. Basilio Santiago, tendría que celebrarse un “juicio de novo”, es decir, que el juicio debería comenzar desde el principio, volviéndose a pasar la misma prueba ya presentada por la demandante.

Carece totalmente de mérito tal contención. El cam-bio de abogados de una u otra parte, en nada altera o afecta el procedimiento excepto en lo que respecta al tiempo que pueda necesitar el nuevo abogado para compenetrarse de las cuestiones litigiosas y del estado de desarrollo del proceso. Ni siquiera esta circunstancia sería una base legal o justa para sostener la resolución recurrida. Se amilará dicha resolución y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arthur Landmark, acusado y apelante.

      Número: CR-70-56

      Resuelto: 20 de agosto de 1971

      Yamil Galib Frangie, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Arthur Landmark fue acusado por infracciones a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959, 24 L.P.R.A. see. 974, consistentes en poseer, trans-portar u ocultar y vender la droga narcótica conocida por marihuana. El jurado lo halló culpable del cargo de venta de marihuana pero lo absolvió de los cargos de posesión y transportación.

En apelación nos solicita la revocación del fallo condena-torio impugnando, entre otras cosas, las instrucciones impar-tidas al jurado por el juez de instancia en relación con los posibles veredictos del caso.

El veredicto, según veremos más adelante, es inconsistente. Aunque tal condición no lo invalida, Pueblo v. Negrón, 73 D.P.R. 559 (1952), Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970), sin embargo, no puede prevalecer en este caso, por ser resultado directo de instrucciones impartidas al jurado que no responden a la prueba desfilada. Es necesario considerar las instrucciones en cuestión a la luz de la prueba desfilada y de las circunstancias del caso.

La prueba directa consistió en el testimonio del agente encubierto Wilfredo Ríos Méndez, quien testificó que se matri-culó como estudiante en la Universidad Interamericana de San Germán, haciéndose pasar entre los estudiantes como un puertorriqueño criado en Nueva York, adicto al uso de marihuana. El 3 de abril de 1968, teniendo ya Ríos información de que él apelante vendía marihuana, lo localizó en el Centro de Estudiantes informándole de su interés en comprar dicha droga. Ambos se dirigieron al servicio sanitario donde el apelante sacó del bolsillo derecho de su pantalón una bolsa plástica conteniendo picadura de marihuana la que vendió a Ríos por la suma de $5.00.

El tribunal de instancia impartió una instrucción al efecto de que el jurado podía “absolverlo en todos los delitos o pueden condenarlo en algunos y absolverlo en otros, según sea el criterio de ustedes, dependiendo de la prueba que ustedes estimen establecida.” (T.E. pág. 214.)

El jurado se retiró a deliberar pero al no poder llegar a un acuerdo volvió a sala y solicitó instrucciones adicionales. Específicamente inquirió del juez de instancia si podía traer un veredicto de culpable en uno de los cargos y otro de absolución en los demás cargos, o, viceversa. Es preciso repro-ducir aquí las instrucciones que al efecto impartió el juez de instancia porque ellas constituyen la cuestión medular del caso:

“Hon. Juez:
¿Hay alguna otra pregunta que quiera [sic] los caballeros del Jurado hacerle al Tribunal?
Sr. Ferdinand Vega:
¿Puede salir culpable en un caso o dos, o sea, puede salir inocente en uno y culpable en dos o inocente en dos y culpable en uno?
Hon. Juez:
El veredicto puede ser separado. El veredicto en el cargo número uno no los obliga a ustedes a dictar un veredicto igual en el cargo número dos. El cargo número uno requiere una cantidad de prueba y una clase de prueba para establecer la posesión y el dominio de la droga; el cargo número dos se refiere a la ocultación y la transportación, que es otro tipo de prueba para sostener ese cargo, y el tercero se refiere a la transacción de la venta, la venta, que es otra clase de prueba, y el veredicto en uno no lo obliga a dictar a ustedes el mismo veredicto en el otro, fuera de toda duda razonable, para condenarlo o absol- verlo. De modo que ustedes pueden dictar un veredicto en uno condenándolo y absolviéndolo en dos o pueden condenarlo en dos y absolverlo en los tres, según ustedes estimen que se haya establecido en la prueba. No tienen que dictar un mismo vere-dicto para los tres casos. Eso es discrecional de ustedes, de acuerdo con la prueba que ustedes estimen establecida. ¿Alguna otra pregunta?” (T.E. págs. 224-225.) (Bastardillas nuestras.)

No habiéndose aducido prueba separada y distinta en apoyo de cada cargo, de manera, que el jurado estuviera justificado en justipreciar la prueba de cada cargo separadamente, convenimos con el apelante en que tales instrucciones son erróneas. No responden a la prueba desfilada. La prueba con respecto a los cargos imputados — posesión, transportación y venta — fue la misma para los tres cargos. Consistió, como hemos visto, del testimonio del agente encubierto con respecto a una simple transacción en que los actos de posesión, transportación y venta ocurren casi simultáneamente. Correspondía exclusivamente al jurado determinar la credibilidad de este testigo. La alternativa era sencilla y libre de confusión: o le daba completo crédito, en cuyo caso venía obligado a traer un veredicto de culpable en los tres cargos, o no se lo daba, en cuyo caso se imponía un veredicto absolutorio en todos los cargos.

Siendo esta la situación, no era correcto instruir al ju-rado al efecto de que podía traer un veredicto absolutorio en todos los cargos o condenarlo en algunos y absolverlo en otros. Tampoco tenía apoyo en la prueba la instrucción de que: “. . . El cargo número uno requiere una cantidad de prueba y una clase de prueba para establecer la posesión y él dominio de la droga; el cargo número dos se refiere a la ocultación y la transportación, que es otro tipo de prueba para sostener ese cargo, y el tercero se refiere a la transacción de la venta, la venta, que es otra clase de prueba, y el veredicto en uno no lo obliga a dictar a ustedes el mismo veredicto en el otro,....” (Bastardillas nuestras.)

Como hemos visto, se trataba de un solo testigo para los tres cargos. Cualquier distinción sobre la cantidad y clase de prueba para sostener cada uno de los cargos resultaba confusa y contradictoria. Sólo podía hacerse tal distinción si se hubiera aducido prueba distinta y separada en apoyo de cada cargo.

A la luz de la prueba desfilada, la única instrucción ló-gica sobre posibles veredictos era la de culpable en todos los cargos o de absolución. La omisión de una instrucción clara y específica en ese sentido constituye error perjudicial en este caso.

El Procurador General en su informe intenta sostener la validez del veredicto impugnado arguyendo, en esencia, que siendo válidos los veredictos inconsistentes, las instrucciones impartidas por el juez de instancia sobre los posibles vere-dictos — culpable en uno y absolución en otros — son correctas. No estamos de acuerdo.

No es éste propiamente un caso de veredictos inconsisten-tes sino de instrucciones inconsistentes con la prueba. En forma alguna la conclusión a que hemos llegado altera la norma que hemos establecido sobre la validez de veredictos inconsistentes.

Al sostener la validez de estos veredictos, lo hemos hecho adoptando un enfoque realista que responde racionalmente a la naturaleza y funciones del jurado. Pueblo v. Negrón, supra, Pueblo v. Medina Ocasio, supra, y casos citados en el escolio -2. Como se sabe, el jurado es un cuerpo delibe-rativo compuesto por personas legas en materia de derecho que con frecuencia atenúa el rigor de la ley a su propio sentido de justicia. Véanse Pueblo v. Medina Ocasio, supra, Dunn v. United States, supra, United States v. Maybury, 274 F.2d 899.

El juez, por el contrario, es un conocedor del derecho, un jurisperito, y, por lo tanto, viene obligado a actuar en forma consistente y lógica tanto en la adjudicación de un veredicto como en las instrucciones al jurado. Sólo en la imposición de la pena puede el juez atenuar el rigor de la ley a su sentido de justicia.

Las instrucciones, cuyo propósito fundamental es iluminar al jurado en la aplicación de los principios de derecho a los hechos del caso, deben ser claras, precisas, consistentes y lógicas. En esa forma se pueden evitar veredictos inconsistentes, caprichosos o arbitrarios.

En el caso de autos, como hemos visto, las instrucciones fueron inconsistentes, promoviendo directamente la inconsistencia en los veredictos. Es, pues, por el vicio de instrucciones inconsistentes que se anula el veredicto en este caso y no por la inconsistencia en sí del veredicto.

La conclusión a que hemos llegado impide la celebración de un nuevo juicio por el cargo de venta. Ello es así por operación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia. En virtud de esta doctrina las cuestiones de hecho litigadas y determinadas por sentencia son concluyentes entre las partes. Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 559 (1945). La absolución por los cargos de posesión y transportación adjudicó en forma definitiva, como cuestión de hecho, que el apelante no transportó la droga al servicio sanitario ni la poseyó allí y entonces. Estos hechos son esenciales en el caso de autos para sostener la convicción por venta, según vimos en la prueba desfilada.

Se dictará sentencia revocando el veredicto impugnado y decretando la absolución del acusado.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino al igual que el Juez Asociado Señor Martín.

       El apelante señala en su alegato nueve errores. Los primeros cinco apuntamientos se refieren a las instrucciones. El sexto a la admisibilidad de un testimonio, el séptimo a la apreciación de prueba y los apuntamientos octavo y noveno a la nulidad del veredicto y denegación de la moción de nuevo juicio.

       Véanse también Pueblo v. Burgos Gregory, Cr. 68-94, Sentencia de 8 de mayo de 1969, Pueblo v. Santiago González, Cr. 68-248, Sentencia de 3 de diciembre de 1969, Pueblo v. Fuentes Báez, Cr. 65-389, Sentencia de 19 de mayo de 1966.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Miguel Giménez Muñoz, Juez, demandado; Miriam Rivera Vázquez, interventora.

      Número: O-70-2

      Resuelto: 8 de septiembre de 1971

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Dolores Ruiz de Zambrana, Procuradora General Auxiliar, abogados de los peticionarios; Elizabeth Armstrong de Watlington, abogada de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Un agente encubierto juró denuncia contra Miriam Rivera Vázquez por infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico, cometidas el 19 de septiembre de 1968. Un Juez de la Sala de Investigaciones determinó causa probable contra la denunciada y ordenó su arresto mediante orden de 15 de enero de 1969. Dicha orden fue diligenciada el mismo día en un apartamiento del caserío Nemesio R. Canales ocu-pándose allí y entonces por los agentes diligenciantes material delictivo consistente en drogas narcóticas.

Por los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1968 que dieron origen a la expedición de la orden de arresto, se formularon acusaciones contra la referida Miriam Rivera Vázquez ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, bajo los números G-69-295, 296 y 297 por infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos.

Por los hechos ocurridos el día 15 de enero de 1969 cuando se diligenció la orden de arresto, se formuló contra la acusada ante la misma Sala del Tribunal Superior, una acusación bajo los números G-69-298 y 299 imputándole dos cargos por in-fracciones a la propia Ley de Drogas y Narcóticos, habién-dose radicado además otras acusaciones por los mismos hechos contra el marido de la acusada.

Después de varios incidentes procesales, entre ellos so-licitud sobre rebaja de fianza, examen psiquiátrico para de-terminar si la acusada estaba mentalmente capacitada para someterse a juicio, y posposiciones de la vista de los casos, fueron señalados todos para el 21 de mayo de 1969. En dicha fecha el abogado de la acusada solicitó que las acusaciones radicadas bajo los números G-69-295, 296 y 297 fueran tras-ladadas al Tribunal de Menores porque para la fecha en que ocurrieron los hechos imputados en dichas acusaciones — 19 de septiembre de 1968 — la acusada tenía menos de 18 años de edad. Comprobado ese hecho mediante la certificación de nacimiento de la acusada quien nació el día 17 de noviembre de 1950 y aceptado por el fiscal que el Tribunal de Menores no había renunciado su jurisdicción hasta ese momento, se ordenó el traslado de dichos casos al referido Tribunal de Menores.

En cuanto a los casos G-69-298 y 299 por los hechos ocurridos el 15 de enero de 1969, cuando ya la acusada era mayor de 18 años de edad, la defensa solicitó y le fue con-cedida la posposición del juicio habiéndose señalado nueva-mente para el día 16 de julio de 1969, fecha en que también fue pospuesto para darle oportunidad a la defensa de for-mular por escrito un planteamiento de derecho.

Posteriormente la acusada presentó una moción solici-tando la supresión de la evidencia ocupada el día 15 de enero de 1969, por ser la misma el producto de un registro ilegal incidental a un arresto ilegal ya que la orden de arresto expedida por un magistrado de la Sala de Investigaciones contra un menor de edad era nula. Para sostener la nulidad de la orden de arresto, alegó, en síntesis, que el magistrado que expidió la orden de arresto actuó sin jurisdicción porque no era un magistrado del Tribunal Superior, Sala de Me-nores; que dicho magistrado estaba impedido de expedir la referida orden de arresto ya que la Ley de Menores concede jurisdicción exclusiva al Tribunal Superior, Asuntos de Me-ñores; que solamente un magistrado de este tribunal está facultado en ley para ordenar el arresto de una menor y que la acusada era una “niña” cuando cometió las infrac-ciones en septiembre de 1968, conforme a las. disposiciones de la Ley de Menores, no obstante haberse expedido y dili-genciado la orden de arresto cuando ya había cumplido 18 años de edad.

Se opuso el fiscal y luego de discutida dicha moción, el tribunal de instancia dictó resolución en 9 de septiembre de 1969, declarándola con lugar y ordenando la supresión de la evidencia solicitada por la acusada.

Expedimos un auto de certiorari para revisar dicha reso-lución.

La indicada resolución resuelve, en síntesis, 1) que la acusada no fue arrestada legalmente ya que la ley no autoriza el arresto de menores, 2) que la acusada no estaba sujeta a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, ni podía ser objeto de un procedimiento criminal como lo es un arresto, y 3) que la acusada no podía ser objeto de la determinación de causa probable para su arresto por la comisión ño de un delito y sí de una falta.

Los procedimientos judiciales en relación con menores se rigen por las disposiciones de la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, según ha sido enmendada y por las Eeglas de Procedimiento para los asuntos de menores adoptadas por este Tribunal de conformidad con la autoridad que le concedió la propia Ley Núm. 97 y en vigor dichas reglas desde el 30 de julio de 1959.

Los menores que incurren en infracción o tentativa de infracción de cualquier ley estatal u ordenanza municipal, no cometen delito sino falta y el procedimiento que contra ellos se sigue ante el Tribunal de Menores no es de naturaleza criminal. Un menor que infrinja o haya intentado infrin-gir cualquier ley estatal u ordenanza municipal puede ser detenido. Art. 7 de la Ley; Regla 3 de Procedimiento del Tribunal Supremo en relación con asuntos de menores.

Ahora bien, una vez un menor es detenido, y el hecho de su minoridad es conocible, en ese momento, el procedimiento a seguirse es el señalado en las referidas Reglas de Procedimiento de este Tribunal y no el señalado en las Reglas de Procedimiento Criminal para la detención y arresto de adultos. No se aplica a los menores el procedimiento señalado para la determinación por un magistrado de causa probable para el arresto.

De suerte que cuando un agente del orden público u otro funcionario interviene con un menor de 18 años de edad que ha infringido o intentado infringir una ley estatal u orde-nanza municipal y conoce el hecho de la minoridad del infractor, los procedimientos a seguirse deben ajustarse a las dis-posiciones de la Ley Núm. 97 y a las Reglas de Procedi-miento para los asuntos de menores adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Mas puede ocurrir, como lo demuestran los hechos del presente caso, que la apariencia física del infractor, su conducta u otras circunstancias sean indicativas de que se trata de un adulto y que como tal se le procese. Si en cualquier etapa de estos procedimientos se comprobara que la persona procesada era un “niño” para la fecha de la supuesta comisión de los hechos delictivos, deberá trasladarse el caso al Tribunal de Menores donde se seguirán en su contra los procedimientos señalados en la Ley Núm. 97 y las Reglas de Procedimiento adoptadas por el Tribunal Supremo para los asuntos de menores. Así se hizo con los casos números G-69-295, 296 y 297, cuando después de varias suspensiones del juicio se comprobó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que para la fecha de la comisión de los hechos delictivos imputados en dichos casos, la acusada era mayor de 17 años pero menor de 18 años, y era por tanto, para dicha fecha una “niña” según las disposiciones de la susodicha Ley Núm. 97.

Mas no podemos convenir con la acusada, en que los procedimientos ordinarios aplicables a los adultos seguidos en su contra cuando se desconocía el hecho de su minoridad, están de tal suerte viciados de nulidad, que la orden para su arresto y el registro practicado con motivo de dicha orden, cuando ya era mayor de 18 años de edad, sean nulos, y como consecuencia, inadmisible en evidencia el material delictivo que se le ocupara en esa ocasión.

No nos impresiona el argumento de que el juez que ex-pidió la orden de arresto contra la acusada no tenía auto-ridad para ello por tratarse de una “niña”, quien por disposi-ción de la Ley de Menores no comete delito sino falta. En primer lugar, el hecho de que la acusada era niña no era conocible por el agente del orden público que juró la denuncia ni por el magistrado que determinó causa probable para su arresto y en segundo lugar, un arresto puede ser legal aun cuando posteriormente se determine que la persona arrestada no cometió el delito. Cf. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245-249 (1966).

Una persona mayor de 16 años de edad y menor de 18 años de edad, a quien se le impute la infracción de una ley estatal, puede ser procesada como adulta si el Tribunal de Menores renuncia su jurisdicción. 34 L.P.R.A. see. 2004. Bajo estas circunstancias, que no están presentes en este caso, el argumento sobre nulidad de los procedimientos seguidos contra ella como adulta, se debilitaría grandemente. Mas la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de los procedimientos no debe descansar en la decisión posterior del Tribunal de Menores de renunciar su jurisdicción. El criterio más ade-cuado en cuanto a la legalidad de los procedimientos debe ser el de si al expedirse la orden de arresto conforme a las dis-posiciones de las Reglas de Procedimiento Criminal, a las autoridades concernidas le era conocible el hecho de la mino-ridad de la persona contra quien se expidió la orden. Ya hemos dicho que este caso no lo era.

Por las consideraciones expuestas estimamos que el tribunal de instancia incidió al dictar su resolución ordenando la supresión de la evidencia ocupada a la acusada al ser arrestada, y en su consecuencia debe revocarse dicha resolu-ción y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

         Muñoz Sullivan v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 682 (1964); Pueblo v. López Rivera, 94 D.P.R. 579 (1967).

         Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727 (1961). E.L.A. en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242 (1961).

       En relación con esta cuestión bajo la Ley de Menores de 1915, véase Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954).


author: PER CURIAM:

text:
    Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida; Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida.

      Números: O-69-208, O-69-197

      Resuelto: 27 de septiembre de 1971

      José Vila Ruiz, Luis F. Caudal, Luis M. Rivera Pérez, Marcelino Delgado Medina y Rafael Buscaglia Guillermety, abogados de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico; Vicente Ortiz Colón, abogado de la U.T.I.E.R.; Gilberto Gierbolini Ortiz, Procurador General, Celia Canales de González, José E. Rodriguez Rosaly y Miguel A. Rivera Arroyo, abogados de la recurrida.
   PER CURIAM:

Con motivo de cargos presentados por el señor Nemesio Poventud, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico expidió sendas querellas contra la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico y la Unión de Traba-jadores de la Industria Eléctrica y Riego de. Puerto Rico (UTIER). A la Autoridad de las Fuentes Fluviales se le imputó haber violado el convenio colectivo negociado con la (UTIER) en su Art. VII, Sec. 9, al no extender nombra-miento al señor Nemesio Poventud, luego de haberlo seleccio-nado, para ocupar la plaza en ascenso de Operador de Relevo II en la Central Carite de Guayama, Puerto Rico y además haber violado el mismo convenio en su Art. VIII, Sec. 11 al extender nombramiento al señor Santos Molina sin que el Comité de Adjudicación de Plazas tomara jurisdicción sobre el nombramiento a la plaza de Operador de Relevo II luego que los representantes de la unión y el patrono no se pusieron de acuerdo sobre el nombramiento en exceso del término que establece el convenio para que dicho Comité intervenga.

A la UTIER se le imputó en la querella expedida por la Junta que habiendo la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico seleccionado al señor Nemesio Poventud para la plaza vacante de Operador de Relevo de Central Hidro-eléctrica II y no habiendo estado de acuerdo la querellada con dicha selección éste se negó a someter el asunto al Comité de Ajuste dispuesto en el convenio y gestionó y logró el nombramiento por la Autoridad del señor Santos Molina para ocupar la referida plaza. Por tal razón, se alega en la querella que la indicada Unión querellada violó el Art. VII del convenio y no representó al señor Poventud justa e im-parcialmente en el procedimiento relativo al nombramiento para la plaza de Operador de Relevo.

Luego de contestadas las querellas, el caso se sometió a un Oficial Examinador a base de la prueba documental que obraba en los autos. Dicho oficial rindió su Informe en el cual concluyó que las querelladas habían incurrido en prác-ticas ilícitas del trabajo dentro del significado de los incisos 8(1) (b) y 8(2) (a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

Adoptando las conclusiones de hecho del Examinador aunque no así las de derecho, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico emitió su “Decisión y Orden” en 31 de julio de 1969. La orden dispone:

“Orden
Se ordena a la querellada, Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico a:
1) Cesar y Desistir de:
a) Violar los términos del convenio colectivo que tiene firmado con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER).
2) Tomar la siguiente acción afirmativa:
a) Ofrecer al querellante Nemesio Poventud una plaza igual o similar a la adjudicada al señor Santos Molina.
b) Compensar al querellante Nemesio Poventud por los ingresos que dejó de percibir por razón de la práctica ilícita incurrida. Esta obligación es de carácter solidario con la que se impone en igual sentido a la Unión de Trabajadores de la Indus-tria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER).
c) Fijar en su oficina y en sitios conspicuos de su negocio y mantenerlos fijados por un período no menor de treinta (80) días copias del Aviso que se incluye como Apéndice A.
d) Notificar al Presidente de la Junta, dentro del término de diez (10) días, de las providencias tomadas para cumplir’con las disposiciones afirmativas de la Orden.
Se ordena a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléc-trica y Riego de Puerto Rico (UTIER) a:
1) Cesar y Desistir de:
a) Violar los términos del convenio colectivo que tiene firmado con la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico.
2) Tomar la siguiente acción afirmativa:
a) Obviar en este caso las disposiciones sobre publica-ción de plazas contenidas en el Artículo VII del convenio.
b) Compensar al señor Nemesio Poventud por los ingre-sos que dejó de percibir por razón de la práctica ilícita incu-rrida. Esta obligación es de carácter solidario con la que se impone en igual sentido a la Autoridad de las Fuentes Fluviales.
c) Fijar durante treinta (30) días en sitios visibles para los trabajadores copia del Aviso que se incluye como Apéndice A.
d) Notificar al Presidente de la Junta dentro de los próximos diez (10) días del recibo de este Informe las pro-videncias tomadas para cumplir con lo ordenado.” (Exhibit E, págs. 8 y 9.)

Ambas querelladas han solicitado que revoquemos la trans-crita orden.

En su Decisión y Orden la Junta hace tanto una exposi-eión de los hechos como del derecho a su juicio, aplicable. Veamos.

“Relación de Hechos

Los alegatos de las partes, así como sus alegaciones durante la vista oral celebrada en este caso el día 3 de julio de 1969, demuestran que los hechos no están controvertidos por ninguna de las partes, y que surgen, además, de los documentos some-tidos conjuntamente en evidencia por las partes.

El 15 de diciembre de 1964, la Autoridad publicó los requi-sitos de la plaza de Operador de Relevos de Central Hidro-eléctrica II que incluían:

a) Ser graduado de escuela superior, escuela técnica o una equivalencia.

b) tener conocimiento del funcionamiento y manejo de una central Hidroeléctrica.

c) tener de uno a tres años de experiencia previa relacio-nada.

d) aprobar exámenes de aptitud y examen médico.

El 17 de febrero de 1965, se celebró una reunión en la oficina de las Centrales Carite entre el Ingeniero Eduardo Tuya, Jr., Jefe Operador, y el Sr. Saúl A. Ferrer Vives, Presidente del Capítulo de Guayama de la UTIER, con el fin de seleccionar el candidato para ocupar la plaza requerida. Se consideraron los dos candidatos que solicitaron la plaza, los señores Santos Molina Rivera y Nemesio Poventud, el querellante. El Ingeniero Eduardo Tuya, Jr. seleccionó a Nemesio Poventud ‘porque reúne todos los requisitos de la plaza y está cualificado para desempeñarla.’ El candidato Santos Molina fue rechazado por la Autoridad debido a que no reunía el requisito de escolaridad aunque tenía más años de experiencia en la Autoridad. El Presidente del Capítulo de Guayama de la UTIER no estuvo de acuerdo con la selección hecha por la Autoridad (Exhibit 6). El acta de la reunión aparece firmada por ambos participantes.

El 4 de mayo de 1965, se reunieron los señores Tuya y Ferrer Vives con el Sr. Rafael Ledesma, Superintendente General de Operación y Administración de la División de Pro-ducción y Transmisión de la Autoridad, a considerar en apela-ción la selección del querellante para ocupar la plaza en cues-tión. Se analizaron los argumentos de los representantes de la UTIER y de la Autoridad. El Sr. Ledesma, según su memorial del 2 de junio de 1965, manifestó que en caso de no poder producirse la prueba [de] escolaridad requerida por la plaza y que el Sr. Santos Molina alegaba poseer, ‘ya que el Sr. [Ferrer Vives] insistía en la antigüedad como única base para la selec-ción, el caso debería ser sometido a la consideración del respec-tivo Comité de Adjudicación de Plazas, ya que a pesar de su antigüedad el candidato Molina no llena los requisitos de la plaza’ (Exhibit 7). El señor Molina presentó únicamente prueba de haber obtenido un diploma de ‘Junior High School’, o noveno grado (Exhibit 12).

El 2 de junio de 1965, el Sr. Rafael Ledesma le escribió un memorando a la División de Personal sobre la selección del candidato para cubrir la plaza de Operador II de la Central Carite Núm. 1. En este memorial, el señor Ledesma señaló que la UTIER objetó la selección de la Autoridad a pesar de que el candidato Nemesio Poventud llenó todos los requisitos, ba-sándose en que su candidato Santos Molina, aunque no tiene la escolaridad requerida, es el trabajador más antiguo de la Autoridad. Señaló el señor Ledesma que como el señor Molina no había presentado la evidencia sobre la escolaridad que alegaba tener, recomendaba que se procediese a nombrar el Sr. Nemesio Poventud, con carácter condicional, y que el caso fuese sometido a la consideración del Comité de Adjudicación de Plazas (Exhibit 8).

El 6 de julio de 1965, se reunió el Comité de Adjudicación de Plazas para discutir el caso de Nemesio Poventud y Santos Molina. Como la minuta donde se sometía el caso no estaba firmada por el Sr. Saúl A. Ferrer, el Comité decidió que se le preguntara a éste si estaba de acuerdo con que se discutiera el caso en este Comité. Si no estuviese de acuerdo, se devolvería el caso para que las partes siguieran discutiendo esta plaza (Exhibit 9). El Sr. Ferrer manifestó que el caso debía devol-verse al Sr. Ledesma para continuar con la discusión de la plaza. El Comité decidió devolver el caso al señor Ledesma para que se continuara con la discusión en torno a la plaza.

El 9 de julio de 1965, el Comité de Adjudicación de Plazas le envió un memorial al Ingeniero Jorge Dávila, Ingeniero Ad-ministrativo de la División de Producción y Transmisión, en el cual se señalaba que en reunión del 8 de julio de 1965, se había acordado devolver el caso sometido el 2 de junio de 1965, sobre la plaza de Operador de Relevo de Central Hidroeléctrica II, debido a que el Sr. Saúl A. Ferrer objetaba que este caso hubiese sido sometido al Comité ya que él entendía que el mismo estaba todavía abierto a discusión (Exhibit 10).

El 7 de septiembre de 1965, el señor Ledesma le refirió el asunto de la plaza al señor Tuya, Jefe Operador, pidiéndole que lo discutiese con el señor Ferrer, ‘con miras a determinar que materia adicional tenemos para discusión, y ver de ponerle fin al mismo apelando al Comité si fuera necesario’ (Exhibit 13).

El 19 de enero de 1966, se reunieron en las oficinas de las Centrales de Carite el Ingeniero Eduardo Tuya, Jr. y el Sr. Saúl A. Ferrer. En esta reunión consideraron los dos candidatos que originalmente solicitaron la plaza. En el acta de la reunión se señaló que el querellante reunía todos los requisitos de la plaza, pero . tenía menos antigüedad que el señor Molina. El señor Molina • fue evaluado considerando los años de experiencia en sustitución de los requisitos de escolaridad. Basándose en esa evaluación, aceptaron al señor Molina como candidato a ocupar la plaza bajo ciertas condiciones de adiestramiento.

“La UTIEft objetó las condiciones impuestas-en el nombra-miento del señor Santos Molina y sometió al Comité de Ajuste el asunto para que éste resolviera si correspondía adjudicar la plaza en adiestramiento (Exhibit 20, pág. 8 Informe). El 13 de septiembre de 1967, el Comité emitió su decisión sosteniendo la corrección del nombramiento condicionado (Exhibit 25, pág. 9 Informe).

“El 1ro. de febrero de 1968, el Sr. Eduardo Tuya, Jr. le envió al Sr. Santos Molina una notificación de Acción de Personal donde le notificó su ascenso, en adiestramiento, a Ope-rador de Relevo de Central Hidroeléctrica II. (Exhibit 28) La “Notificación de Acción de Personal” de la Autoridad fue formalizada en esa misma fecha (Exhibit 26).

Las Prácticas Ilícitas :

“A la luz de estos hechos, debemos resolver si la UTIER y el Patrono incurrieron en prácticas ilícitas de trabajo en el significado de las disposiciones sobre violación de contrato de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.
Las disposiciones pertinentes del contrato leen como sigue:
‘Artículo VII
Sección 1. — Cuando haya que cubrir plazas regulares vacantes o de nueva creación se dará preferencia, de acuerdo con el orden de prioridad y selección que se establece más adelante, a los trabajadores regulares con más. tiempo de servicio en la Autoridad que estén capacitados para desem-peñar tales plazas y que las soliciten.
Sección 2. — Con el fin de dar oportunidad a los trabaja-dores regulares a que soliciten las- plazas vacantes o de nueva creación, éstas se publicarán especificando en idioma español los requisitos de las mismas, aplicándose el siguiente orden de prioridad. . . .
Sección 9. — Cuando haya que cubrir una plaza dentro' de la unidad apropiada la Autoridad discutirá con la Unión compareciendo el representante de la Sección y/o el Presi-dente del Capítulo, sobre aquellos candidatos elegibles para ocupar la plaza en cuestión. La Autoridad notificará el nom-bramiento a la Unión dentro de un período de quince (15) días calendario a partir de la fecha de efectividad del mismo. De no estar conforme la Unión con el nombramiento o con la selección hecha por la Autoridad, la Unión podrá someter una querella directamente al Comité de Ajuste que se esta-blece en este convenio dentro de un período de quince (15) días a partir de la fecha en que la Unión sea notificada por la Autoridad del nombramiento hecho por ésta.’

Si nos atuviéramos estrictamente a la letra de esta disposi-ciones a la luz del acuerdo de la Junta Consultiva (Exhibit 4), concluiríamos que las querelladas cumplieron con el convenio y con la Ley.

Nótese cómo desde la primera reunión, la celebrada el 17 de febrero de 1965, entre el Ingeniero Eduardo Tuya, Jr. y el Sr. Saúl A. Ferrer Vives, la UTIER cuestionó la selección hecha por la Autoridad (del señor Nemesio Poventud) sin tomar en consideración el elemento de antigüedad. Puede razonablemente concluirse que la UTIER se opuso a la selección del señor Nemesio Poventud amparándose en el acuerdo de la Junta Consultiva del año 1962, antes citado. No hay controversia sobre el hecho de que el señor Molina era el candidato más antiguo. Su única limitación consistía en no llenar el requisito de esco-laridad. El acuerdo a que se ha hecho referencia tomado por la Junta Consultiva demuestra que las partes, la UTIER y la Autoridad, habían decidido sustituir el requisito de escolaridad en aquellos casos en que esto fuera posible.

Bajo los términos de este acuerdo válido de la Junta Con-sultiva, no es posible resolver que el señor Santos Molina fue indebidamente seleccionado por las partes, la UTIER y la Auto-ridad. Al sustituirse el requisito de diploma de cuarto año por la experiencia de tres años en una plaza análoga quedaban ambos solicitantes en igualdad de condiciones. Bajo esta situa-ción, entraba en juego el elemento de antigüedad, que el señor Santos Molina superaba por ser el empleado más antiguo.

La afirmación hecha por el Oficial Examinador a la página 10 de su Informe bajo el subtítulo El Derecho aplicado a los hechos, es errónea. Dice así el Oficial Examinador:

‘Toda vez que el 17 de febrero de 1965, la Autoridad seleccionó al querellante para ocupar la referida plaza, con el desacuerdo de la UTIER, el Artículo VII (9) le imponía a la A.F.F. el deber de adjudicar la plaza al querellante.’

El Artículo VII (9) no obliga a la Autoridad a adjudicar la plaza al seleccionado. Por el contrario, dicho artículo prevee un proceso de discusión entre la UTIER y la Autoridad mediante el cual, en el toma y daca de la negociación colectiva, se llega a un acuerdo.

Sin embargo, es de rigor examinar dichas disposiciones con plena conciencia de los derechos que generan y de los efectos que conllevan para todas las personas afectadas.

Los convenios colectivos se firman para proteger a los em-pleados incluidos en la unidad apropiada. Una vez firmados, los convenios generan derechos para dichos empleados individuales.

Aunque la sección 9 del Artículo VII contempla un período de discusión que culmina en la selección y nombramiento de alguno de los solicitantes, no podemos sancionar la extensión irrazonable de dicho período de discusión. Los hechos revelan que en el caso del señor Nemesio Poventud el período de discu-sión se prolongó por más de un año. (El 15 de diciembre de 1964 se publicó la plaza; el 19 de enero, ambas partes — unión y patrono — se pusieron de acuerdo en la selección del Sr. Santos Molina.

En este caso, la extensión irrazonable de ese período de dis-cusión, tanto por parte de la UTIER como de la Autoridad, constituye una violación de las disposiciones del convenio, que perjudicó a un beneficiario de dicho convenio, el señor Nemesio Poventud. La Junta incumpliría su misión tutelar en la protec-ción de los derechos de los trabajadores si en casos como el de autos no buscase un remedio justiciero, pues nuestra Ley reza como sigue ....

‘El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de las partes en dichos convenios colectivos que-dan, por tanto, sujetos a aquella razonable reglamentación que sea necesaria para lograr las normas públicas de esta Ley.’ (Artículo I, Sección 5 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.)

En enero de 1966, la Autoridad y la UTIER lograron po-nerse de acuerdo en que el nombramiento recayera sobre el señor Santos Molina, a quien la Autoridad se proponía exten-derle un nombramiento condicional. En noviembre de ese mismo año, — sin que aún se hubiese formalizado el nombramiento— la UTIER recurrió ante el Comité de Ajuste a cuestionar la condicionalidad que la Autoridad se proponía imponer. Nos llama la atención que la UTIER recurriera al Comité de Ajuste en el caso de la selección del señor Santos Molina, sin que se hubiera hecho aún su nombramiento, cuando que en el caso del señor Poventud no hizo otro tanto.

Por todo lo cual, resolvemos que las querelladas violaron el convenio colectivo vigente al prolongar irrazonablemente el pe-ríodo de discusión provisto en la sección 9 del artículo VII. . . .” (Exhibit E, págs. 2 a 8.)

Surge meridianamente claro de la Decisión y Orden de la Junta que la violación del convenio colectivo imputada a los querellados consistió en haber prolongado irrazonablemente el período de discusión provisto en la See. 9 del Art. VII del Convenio Colectivo. Sin embargo dicha See. 9, según lo reconoce la propia Junta “contempla un período de discusión que culmine en la selección y nombramiento de algunos de los solicitantes.” Reconocemos que aunque el Convenio no establece un límite a este período, el mismo debe ser unq razonable. Dados los incidentes ocurridos en este caso en el proceso de selección y nombramiento no podemos concluir que las querelládas extendieran irrazonablemente dicho período de selección y nombramiento y que incurrieran, por tanto, en una práctica ilícita del trabajo. •'

Por otro lado, no entendemos como es que, aun en el supuesto de que el susodicho período se prolongara innecesaria e irrazonablemente, tal circunstancia obligue a las querelladas a (I) ofrecer al señor Nemesio Poventud una plaza igual o similar a la adjudicada al señor Santos Molina, y (2) compensar a dicho señor Poventud por supuestos in-gresos que dejó de percibir, cuando la plaza en discusión fue adjudicada correctamente a otra persona a quien correspondía de acuerdo con los términos del Convenio Colectivo.

Es innecesario entrar en otras consideraciones ya que la orden de la Junta es claramente errónea y debe ser revocada.

Se dictará sentencia revocando la Orden objeto de esta revisión.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

         Ambos incisos declaran práctica ilícita del trabajo la violación de los términos de un convenio colectivo tanto por parte de un patrono como por una organización obrera.

       “E1 Exhibit 4, sometido conjuntamente por las partes al Oficial Examinador, demuestra que para junio de 1962 la Unión y el Patrono se reunieron en la Junta Consultiva creada por el contrato e hicieron varias aclaraciones en la aplicación, interpretación y cumplimiento del convenio colectivo entre la Autoridad y la UTIER. Entre otras cosas, se acordó lo siguiente:
      ‘E. A los fines de cubrir plazas publicadas, que tenga como requisito poseer diploma de cuarto año de escuela superior, podrán ser considerados para ocupar dichas plazas aquellos trabajadores regulares que durante un período de no menos de tres años hayan desempeñado satisfactoriamente plazas iguales o análogas aun cuando no posean dicho diploma, a menos que la Autoridad determine que por los conocimientos que requiere dicha plaza es necesario poseer el mismo. En todos los casos el trabajador deberá llenar los demás requisitos de la plaza, poseer la preparación académica necesaria y estar capacitado para desempeñar la misma.’ (Subrayado nuestro.)” (Exhibit E, págs. 4 y 5.)

      “E1 señor Santos Molina desempeñaba la plaza de Auxiliar de Operador de Relevo de Central Hidroeléctrica, plaza análoga a la que estaba en controversia.”

       “Cuando haya que cubrir una plaza dentro de la unidad apropiada la Autoridad discutirá con la Unión compareciendo el representante, etc. (Artículo VII, See. 9 del convenio colectivo.)”

      La Sec. 9 del Art. VII del Convenio dispone:
      “Sección 9. — Cuando haya que cubrir una plaza dentro de la unidad ápropriada la Autoridad discutirá con la Unión compareciendo el repre-sentante de la Sección y/o el Presidente del Capítulo, sobre aquellos can-didatos elegibles para ocupar la plaza en cuestión. La Autoridad notificará el nombramiento a la Unión dentro de un período de quince (15) días calendario a partir de la fecha de efectividad del mismo. De no estar conforme la Unión con el nombramiento o con la selección hecha por la Autoridad, la Unión podrá someter una querella directamente al Comité de Ajuste que se establece en este Convenio dentro de un período de quince (15) días a partir de la fecha en que la Unión Sea ■ notificada por la Autoridad del nombramiento hecho por ésta.”.