author: PER curiam:

text:
      In re Vanessa Vergne Torres y Manuel Álvarez Meléndez, querellados.

      Número: CP-89-565

      Resuelto: 11 de enero de 1995

      Jorge E. Pérez Díaz, Anabelle Rodríguez, Procuradores Gene-rales, Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General In-terina, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José L. Hidalgo Irizarry, de Cin-tron Vázquez, Ferrer & Hidalgo, abogados de los querellados.
   PER curiam:

I

El Procurador General de Puerto Rico presentó tres (3) informes relacionados con la conducta profesional de los abogados Vanessa Vergne Torres y Manuel Álvarez Meléndez. El 22 de junio de 1989 los consolidamos y or-denamos incoar la querella correspondiente. En síntesis, se les imputó cuatro (4) cargos por infracciones al Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX (obligación de ejer-cer en todo momento celo, cuidado y prudencia en la ges-tión profesional); Canon 19 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX (mantener al cliente siempre informado; apartarse del Criterio General que obliga al abogado a tener hacia el cliente un trato profesional caracterizado por la mayor ca-pacidad y la más devota lealtad y honradez), y el Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX (obligación de pre-servar el honor y la dignidad de la profesión).

Inicialmente, los querellados contestaron en términos generales los casos que eran objeto del Informe Núm. AB-89-38 relativos al licenciado Álvarez Meléndez. El 25 de octubre de 1991 contestaron los demás casos de las quejas Núm. AB-88-36 contra ambos abogados y la Núm. AB-89-37 contra la licenciada Vergne Torres.

b-H

Previa vista evidenciaría, el Comisionado Especial de-signado, ex Juez Superior Carlos M. Maldonado Casillas, rindió un informe detallado, en el cual consignó las Deter-minaciones de Hecho siguientes:

1. El licenciado Manuel Álvarez Meléndez fue admitido a la práctica de la abogacía el día 1ro de noviembre de 1978. Al presente se encuentra suspendido indefinidamente de la prác-tica de la abogacía mediante Opinión Per Curiam de 13 de diciembre de 1991 en el caso MC91-11.
2. La licenciada Vanessa Vergne Torres fue admitida a la práctica de la abogacía el día 7 de noviembre de 1979. Al pre-sente se encuentra suspendida indefinidamente de la práctica de la notaría mediante Opinión Per Curiam de 27 de mayo de 1988, en el caso que aparece informado en el Tomo 121 de las Decisiones de Puerto Rico, a la página 500.
3. La licenciada Vergne Torres y el licenciado Álvarez Me-léndez son casados entre sí y en todas las fechas que se indican en los casos contenidos en la querella practicaban la profesión de abogado en conjunto y mantenían una oficina localizada en la Calle Collins 635, de la Urb. Summit Hills de Río Piedras, Puerto Rico.
4. Los querellados estuvieron practicando la profesión acti-vamente desde dichas oficinas durante los años de 1985 y 1986. Para mediados de 1987 los querellados comienzan a experimen-tar serias dificultades en el ámbito familiar a consecuencia de la condición que padecía el pequeño hijo de las partes que re-quería atención constante, que inicialmente la brindaba una persona encargada de ello y posteriormente tuvo que brindarla exclusivamente la querellada Vanessa Vergne Torres. Dicha si-tuación se complica cuando la señora madre de la querellada Vergne, quien también estaba en condición precaria de salud, sufrió un accidente que requirió el traslado de los querellados a la ciudad de Arecibo para poder asistir directamente a la se-ñora quien, a la sazón, vivía sola.
5. Al trasladarse a Arecibo los querellados no tomaron las providencias mínimas de rigor para informar de la situación a sus clientes, quienes confrontaron grandes dificultades para po-derse comunicar con éstos. A pesar de que la querellada Vergne Torres manifestó que la oficina de la Calle Collins en Summit Hills tenía un contestador de teléfono, no indicó el texto del mensaje contenido en dicho contestador, ni que el mismo seña-lara particularmente el paradero de los querellados donde po-dían ser localizados por sus clientes.
6. Aunque la querellada, Vanessa Vergne Torres, era quien se dedicaba exclusivamente a la fase notarial y con mayor én-fasis a la fase práctica de la profesión legal, cuando contrata-ban con clientes no se aclaraba adecuadamente dicha situación a éstos, quienes en muchas situaciones consideraron que habían contratado con el licenciado Alvarez Meléndez.
La propia querellada declaró que los pagos mediante cheque efectuados por los clientes se hacían a nombre de su esposo, el licenciado Alvarez Meléndez, ya que ella prefería no manejar la cuenta de banco ni envolverse con dinero. Esta situación, sin embargo, no se le aclaraba o explicaba a los clientes, quienes estaban totalmente ajenos a ella.
7. Cuando los querellados se trasladaron a Arecibo a vivir, tampoco notificaron al Tribunal Supremo su cambio de dirección.
8. La situación delicada de salud del hijo de los querellados les requirió a éstos el pago de grandes sumas de dinero en gas-tos médicos que éstos proveyeron mediante préstamos y utili-zando fondos entregados por los clientes para satisfacer deter-minados gastos, particularmente el de los derechos correspondientes a las presentación de documentos en el Regis-tro de la Propiedad para ser inscrito, lo que dio margen al in-cumplimiento por los querellados de los compromisos contraí-dos con sus clientes en ese respecto. Luego de iniciados los trámites en esta querella y en otras quejas presentadas ante el Procurador General, los querellados han devuelto a sus clientes las sumas adeudadas. No obstante, para que ello ocurra ha sido preciso la intervención de las autoridades en el ámbito disciplinario.
9. El querellado, Manuel Álvarez Meléndez, aunque pre-sente en ambas vistas evidenciarías, optó por no testificar, des-cansando únicamente su defensa en el testimonio de la quere-llada Vanessa Vergne Torres.
DETERMINACIONES DE HECHOS PARTICULARES
A. Informe de Conducta Profesional AB-86-36
Caso Número I
1. La señora Lydia Casañas contrató a los querellados para la autorización de tres escrituras. Satisfizo a éstos la suma de $666.50 para honorarios de abogado, gastos de sellos de Rentas Internas e inscripción en el Registro de la Propiedad de dichas escrituras.
2. Se prepararon las escrituras pero no se presentaron al Registro según acordado.
3. Durante el transcurso de estos procedimientos la señora Casañas señaló que ya no interesaba la presentación al Regis-tro de la Propiedad de la escritura en su casa de Fair View. No obstante, señaló que sí interesaba que se presentara en dicho Registro la escritura de cancelación de pagaré hipotecario.
4. La querellante tuvo que pagar al Inspector de Protocolos los sellos correspondientes para obtener copias certificadas de ambas escrituras y los sellos de presentación de la escritura de cancelación de hipoteca. Esto es así en vista de que la quere-llada Vanessa Vergne Torres, notario que preparó y otorgó los documentos, había sido suspendida indefinidamente de la prác-tica de la notaría desde el 27 de mayo de 1988, y manifestó que no tenía dinero para el pago correspondiente.
5. El Comisionado considera probado este caso.
Caso Número II
1. Los esposos John y Ruth Zimmerman contrataron a la querellada Vergne Torres para autorizar una escritura de com-praventa y su posterior inscripción en el Registro, pagando la suma de $310.00 por concepto de honorarios de abogado y $296.50 para los sellos de inscripción de la escritura.
2. Al momento de presentar la escritura al Registro, los querellados habían dispuesto del dinero pagado para ese pro-pósito y el señor Zimmerman volvió, a solicitud de los querella-dos, a aportar la suma de $296.50 para la inscripción. El que-rellado Alvarez Meléndez le otorgó un pagaré por dicha suma, a vencer en el término de sesenta (60) días, e incumplió con dicha obligación. Posteriormente el hermano de la querellada, doctor Raymond Vergne, quien era vecino de los Zimmerman en Esta-dos Unidos, manifestó que habrían de devolver a éstos la suma representativa del segundo pago para la inscripción de la escri-tura de compraventa, desconociéndose si, en efecto, se llevó a cabo la devolución.
3. El Comisionado considera probado este caso.
Caso Número III
1. La querellada Vanessa Vergne Torres fue contratada por el señor Antonio Ramos y la tía política de éste, señora Ana Nolla Cabrera, para que les autorizara una escritura de com-praventa y otra de cancelación de hipoteca respectivamente.
2. Se hicieron por los querellantes pagos por $200.00 y $515.00, respectivamente, que fueron entregados al querellado Alvarez Meléndez.
3. El contrato con la señora Nolla Cabrera requería la otor-gación de una escritura de cancelación de hipoteca, lo cual se hizo, y su presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad.
4. No se cumplió con la presentación e inscripción en el Re-gistro cuando se debía por razón de que el protocolo de la que-rellada Vergne Torres fue incautado a consecuencia de su sus-pensión de la notaría efectuada en 1988. La última escritura del protocolo de 1987 es precisamente la correspondiente a la señora Nolla Cabrera.
5. Al inquirirse de la querellada Vergne Torres la razón por la cual no se presentó prontamente la escritura de la señora Nolla, ésta manifestó que se debió a que no tenía dinero para presentarla.
6. El contrato con el señor Antonio Ramos requería la pre-paración de una escritura de compraventa de una propiedad que había adquirido de su señora madre, luego de fallecer el padre de éste. Se acordó por ello la suma $300.00, de los cuales Ramos adelantó $200.00. Para dicho otorgamiento era preciso gestionar y obtener por los querellados el pago o relevo de la contribución de herencia del Departamento de Hacienda y pre-paración de un poder a ser enviado a Estados Unidos donde se otorgaría para luego protocolizarlo en Puerto Rico, todo ello antes del otorgamiento de la referida escritura de compraventa. Los querellados prepararon la planilla de contribución sobre herencias y el poder a ser otorgado por una hermana del que-rellante señor Ramos.
7. Al otorgarse el poder y venir devuelto, ya la querellada Vergne Torres no era notario, por lo que estaba imposibilitada de protocolizarlo y continuar con las gestiones a que se había obligado.
8. Mientras esto ocurría, los querellados se habían trasla-dado a residir a Arecibo y el señor Ramos, luego de un número de gestiones, logró contacto con el querellado Alvarez Meléndez en la ciudad de Arecibo. Alvarez regresó temporeramente a San Juan, a la oficina de Summit Hills, e hizo entrega al quere-llante Ramos de su documentos, quien tuvo que emplear otro notario para la preparación y posterior inscripción en el Regis-tro de la escritura de compraventa que había originalmente motivado su contratación de la querellada Vergne Torres. La contratación de un nuevo notario conllevó para el querellante Ramos el pago de la suma adicional de $350.00.
9. Cuando inicialmente contrata con los querellados, el que-rellante Ramos entendía que la obligación de realizar el trabajo contratado correspondía al querellado Álvarez Meléndez, en vista de que la relación interna del funcionamiento de la oficina y división de trabajo acordada entre los querellados no le fue explicada en momento alguno.
10. El Comisionado considera probado este caso.
B. Informe de Conducta [Profesional] AB-89-38
Caso Número I
1. La querellante Odalis Ostolaza contrató al querellado Ál-varez Meléndez para que le gestionara el arreglo de su crédito ante el Credit Bureau. Adelantó para ello la suma de $100.00, de $200.00 que habría de satisfacer por dichos servicios.
2. La querellada Vergne Torres declaró que la señora Osto-laza había sido cliente de la oficina previamente en un caso de divorcio, y que lo que la llevó nuevamente a buscar los servicios era el obtener una copia certificada de su sentencia de divorcio, en cuyo caso las partes habían hecho ciertas estipulaciones re-ferentes al pago de deudas conyugales, que era lo que motivaba el perfil de crédito negativo de la querellante. Declaró también que fue ella la contratada.
3. No obstante, las gestiones ante el Credit Bureau las rea-lizó el querellado Alvarez Meléndez, consistentes éstas en una reunión con un funcionario de dicha agencia y en la obtención de un perfil de crédito (“credit Profile”) de la querellante. La gestión ante el Credit Bureau incluía la preparación y presen-tación de declaraciones juradas, a fin de que el perfil de crédito de la querellante reflejara que la información relacionada con determinadas deudas estaba en disputa. Esta parte de la ges-tión no se llevó a cabo.
4. En vista de que pasaba el tiempo sin que se solucionara el problema, la querellante acudió en varias ocasiones a las oficinas de los querellados a reclamar la devolución del dinero pagado, resultando infructuosas todas esas gestiones en vista de que los querellados no se encontraban en el lugar.
5. El Comisionado considera probado este caso.
Caso Número II
1. El querellado Álvarez Meléndez fue contratado por el se-ñor Jorge Luis Fojo Mercado y el padre de éste, Luis Fojo Bel-trán, para que le gestionara un contrato de arrendamiento de un solar que éstos ocupaban en un sitio llamado La Poza del Obispo en Arecibo, donde explotaban un negocio de bebidas y comidas. Dicho solar pertenecía a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.
2. Los querellantes contrataron las gestiones y representa-ción en la suma de $1,200.00, suma que fueron pagando según eran requeridos para ello por el querellado, llegando a satisfa-cer $1,000.00.
3. El querellado radicó en el Tribunal de Distrito de Arecibo una acción de consignación a favor de los querellantes, tra-tando de evitar el desahucio por parte del Municipio de Arecibo quien, a la sazón, cobraba la renta del solar. Esto se hizo mien-tras se hacían las gestiones correspondientes con la Autoridad de Puertos ya que, por investigación del querellado, se había determinado que era dicha agencia la verdadera dueña del terreno.
[4.] Habiendo una vista señalada en el Tribunal de Distrito de Arecibo para la dilucidación de uno de los incidentes de dicho caso, el querellado solicitó de los querellantes el pago de la suma de $500.00 adicionales, y al negarse éstos optó por no comparecer. Eventualmente, los querellantes obtuvieron nueva representación legal en dicho caso y requirieron al querellado la entrega de los expedientes, que incluían no sólo el caso de Arecibo, si que también toda la documentación relacionada con las gestiones frente a la Autoridad de Puertos, negándose el querellado a entregar dicho expediente, lo cual vino finalmente a realizar por orden del Comisionado emitida en la vista del 15 de enero de 1992, haciendo dicha entrega, según dispuesto, a través de la oficina del Procurador General.
[5.] El Comisionado considera probado este caso.
Caso Número III
1. La querellante Josefina Savignon contrató al licenciado Álvarez Meléndez para que le representara en un caso ante el Comisionado de Seguros, donde se le había negado cubierta al esposo de la querellante por razón de una condición médica preexistente.
2. Se contrataron honorarios en la suma de $375.00, de los cuales la querellante adelantó la suma de $75.00 mediante cheque.
3. Dos días más tarde la querellante llamó a las oficinas del querellado indicando que se había enterado de que no necesita-ban representación profesional en su caso y señalando que ha-bría de detener el pago del cheque (“stop payment”), lo cual en efecto hizo.
4. Varios días más tarde se suscitó un incidente en las in-mediaciones de las oficinas de los querellados en el que la que-rellante, haciéndose pasar por una persona distinta, trató de obtener la devolución de la póliza de seguro que había entregado. Mediante la intervención de una tercera persona se retiró la querellante del lugar.
5. Luego, en una ocasión posterior, la querellante conversó con la querellada Vanessa Vergne Torres relacionado con la de-volución de su póliza, y ésta le pidió que pasara personalmente a recogerla y firmar el recibo correspondiente.
6. La querellante no ha pasado a recoger el documento se-gún requerido.
7. El Comisionado considera que este caso no se probó en contra del querellado Alvarez Meléndez.
Caso Número TV
1. El querellado Álvarez Meléndez fue contratado por la se-ñorita María Ivette Ortiz para representarla en una acción de daños y perjuicios, a consecuencia de un accidente automovilís-tico, pactándose honorarios contingentes en la suma de 33%. Con posterioridad a la radicación de la demanda, el querellado le requirió y obtuvo de la querellante el pago de $200.00 para gastos. La comunicación entre abogado y cliente se producía únicamente a iniciativa de la querellante. Luego de pagar la suma de $200.00 la querellante no supo más del querellado.
2. Luego de quejarse al [Procurador [GJeneral, la quere-llante fue al Tribunal donde se hallaba el caso radicado y se percató de que éste había sido archivado por inactividad y luego reabierto a instancias del querellado, a quien se impuso una sanción de $50.00. El pago de esta sanción coincide con el re-querimiento a la querellante de los $200.00 antes mencionados.
3. Luego de reabierto el caso, el querellado vuelve a aban-donar el mismo, viéndose forzada la querellante a obtener nueva representación, lo que hizo, para continuar con su recla-mación judicial.
4. Luego de la intervención de Procurador General, y ha-llándose en trámite la presente querella, el querellado devolvió a la querellante los $200.00 mediante giro bancario fechado 7 de noviembre de 1991.
5. El Comisionado considera probado este caso.
Caso Número V
1. La querellante María Vega Paz contrató con el querellado Álvarez Meléndez su representación en un pleito de custodia y reclamación de alimentos. Se pactaron honorarios en la suma de $300.00, de los cuales la querellante adelantó $200.00.
2. El querellado Alvarez Meléndez abandonó la representa-ción de la querellante, según se comprueba con la Minuta del día 14 de enero de 1987 en el caso civil número RF79-4007 del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, donde se indica que la querellante concurrió sola al Tribunal mientras que su ex-esposo estaba representado por abogado y se llegaron a deter-minados acuerdos entre las partes, que el Tribunal finalmente aprobó.
3. El querellado devolvió el expediente del caso a la quere-llante, aunque no así los $200.00 adelantados, los que final-mente fueron devueltos el 7 de noviembre de 1991 luego de radicada esta querella y de estar el caso en trámite ante el Tribunal Supremo.
4. El Comisionado considera probado este caso.
C. Informe de Conducta Profesional AB-89-37
Caso Número I
1. La querellada Vanessa Vergne Torres fue contratada por la señora María B. Figueroa para que la representara en un divorcio. La querellante le indicó que su esposo estaba dis-puesto a divorciarse pero no a comparecer al Tribunal en persona. Posteriormente la querellada se enteró de que la razón era que el esposo era buscado por las autoridades policíacas.
2. Se preparó la demanda y se envió un emplazador con una contestación aceptando los hechos, a fin de proceder en forma no contenciosa y, al no localizarse al esposo de la querellante, se comunica la querellada con ésta para indicarle de la necesidad de publicar edictos. Esto conllevaba mayores costos. La quere-llante no estuvo de acuerdo en satisfacer los mismos, insis-tiendo en que se completara el trámite por la suma satisfecha de $100.00.
3. La querellada no estuvo de acuerdo con esto, indicándole a su cliente que fuera a recoger su expediente, pero ésta no lo ha hecho. Después de esto, la oficina de la querellada localizada en Summit Hills, donde la querellante contrató sus servicios, fue cerrada de modo permanente.
4. No ha sido explicado de forma alguna por qué no se envió o intentó enviar el expediente a la dirección de la querellante, que se supone que obre en el mismo.
5. A preguntas del Comisionado, la querellada manifestó que ni remotamente había contemplado la posibilidad de la complicación surgida de tener que publicar edictos, con el au-mentó en costos correspondientes, al momento de contratar sus servicios con la querellante.
6. El Comisionado considera probado este caso en el sentido de que la querellada tenía la obligación de completar el trámite del divorcio de la querellante, lo cual no hizo cuando ésta se negó a renegociar el costo de su representación.
Caso Número II
1. La querellada contrató, mediante un corredor de bienes raíces, la preparación de una escritura de compraventa me-diante la cual una persona norteamericana vendía al quere-llante, Jacinto Ruiz Candelaria, una propiedad inmueble. El trabajo conllevaba gestiones ante el Departamento de Hacienda, la protocolización e inscripción de un pagaré otorgado en el extranjero, la preparación de instancias, el otorgamiento de la escritura de compraventa y su ulterior presentación e inscripción en el Registro. La presentación e inscripción se con-trató con el querellante Ruiz Candelaria, para lo cual este pagó la suma de $222.00.
2. Los gastos de los otros trámites, inclusive los de otorga-ción de la escritura de compraventa, corrían de parte del vendedor.
3. Al mudar las oficinas de los querellados, como ya se ha indicado previamente, se extravió la instancia y ello impidió la presentación de la escritura de compraventa en el Registro se-gún pactado y acordado con el querellante.
4. La querellada no desplegó la diligencia necesaria para la localización de dicho documento al tiempo.
5. Finalmente, la escritura de compraventa fue presentada al Registro de la Propiedad de Caguas el día que se celebraba la primera vista evidenciaría en este caso, o sea, el 15 de enero de 1992.
6. El Comisionado considera probado este caso.
En atención a las determinaciones generales y particulares que previamente se consignan, el Comisionado considera pro-bados los cuatro cargos imputados en la querella por el Procu-rador General de Puerto Rico contra los letrados Vanessa Vergne Torres y Manuel Álvarez Meléndez. (Énfasis suplido y en original.) Informe del Comisionado Especial de 19 de abril de 1994, pags. 5-16.

i — I H — I h — H

Coincidimos plenamente con el Comisionado Especial, licenciado Maldonado Casillas, en cuanto a que los cuatro (4) cargos fueron probados. Ciertamente, los querellados Vergne Torres y Alvarez Meléndez infringieron los términos y espíritu de los Cánones 18, 19 y 38 de Ética Profesional, supra, que obligan a todo abogado ejercitar celo, cuidado y puntualidad en su gestión profesional, mantener al cliente informado y desempeñarse al grado de más alta capacidad, dedicación, lealtad y honradez.

La abogacía no puede practicarse de ese modo; tampoco diluirse la responsabilidad al extremo de no aclarar con cuál de los cónyuges abogados contrataban los clientes. Véanse: In re Rodríguez Mercado, 133 D.P.R. 208 (1993); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In re Castro Mesa et al., 131 D.P.R. 1037 (1992); In re Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876 (1989); In re Siverio Oria, 117 D.P.R. 14 (1986); In re Rosario, 116 D.P.R. 162 (1985), y casos allí citados No albergamos duda de que la lamentable situación familiar —padecimiento de su hijo y endeble salud de la madre de la querellada Vergne Torres— fueron los factores que contribuyeron activamente a que ambos descuidaran sus deberes profesionales y prestaran tan pobres servicios a sus clientes, aun cuando éstos le satisficieron los honorarios exigidos.

Según indicado, el licenciado Álvarez Meléndez fue sus-pendido indefinidamente de la abogacía el 13 de diciembre de 1991 (Caso Núm. MC-91-11). Dicho decreto se funda-mentó en el planteamiento siguiente:

Independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, él tiene la obligación ineludible de responder sin demora a los requerimientos de este Tribunal. Consideramos que “la indebida, irrazonable e inexcusable tar-danza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos de este Tribunal”. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975). La naturaleza y la importancia de sus funciones, reclama del abogado una observancia estricta de las órdenes de los tribuna-les y la voluntaria desatención de este tipo de comunicación socava nuestra función reguladora de la profesión.

También, inicialmente la licenciada Vergne Torres fue suspendida indefinidamente del ejercicio de la notaría por diversas deficiencias notariales, incluso el omitir cancelar los Sellos de Rentas Internas por valor de quinientos cin-cuenta y un dólares ($551) en treinta y cuatro (34) escrituras. In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988).

Después, el 16 de noviembre de 1993, fue suspendida indefinidamente del ejercicio de la abogacía mediante una opinión per curiam por ignorar nuestros requerimientos en cuanto a una petición del Colegio de Abogados para solici-tar su suspensión por no pagar la cuota anual.

Estas suspensiones previas no tornan en académicas las querellas ni su adjudicación. Distinta a la situación de los informes del Colegio de Abogados y del Procurador General de Puerto Rico, estamos ante la etapa final de un proceso de jurisdicción original disciplinario iniciado que exigió una vista evidenciaría ante un Comisionado Especial, contiene sus determinaciones tácticas y requiere que lo evaluemos, por ende, no debemos posponer la decisión final. Dicho de otro modo, no estamos ante un mero “Informe” del Procurador General o del Colegio, sino uno adjudicativo de hechos ya probados después de una vista evidenciaría que requiere su culminación. Unir el Informe del Comisionado a los expedientes personales de los querellados, sin su adjudicación definitiva por este Tribunal, representaría una pérdida de valiosos recursos y carecería de valor institucional decisorio alguno.

Con vista a esos antecedentes, la naturaleza de los car-gos probados, el patrón repetitivo de conducta distante a la recta ética profesional, las circunstancias familiares que la motivaron, las medidas tomadas por los querellados para resolver, aunque tardíamente, los problemas causados a los clientes, y el tiempo de suspensión previo, como sancio-nes, procede extender las suspensiones decretadas contra Alvarez Meléndez y Vergne Torres ahora por el término mínimo adicional de seis (6) meses. Reiteramos, que la se-paración de la abogacía de Vergne Torres será hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nues-tras órdenes y con las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.RR.A. see. 771 et seq.) —en cuanto a la cuota anual Colegio de Abogados— y dispongamos lo que proceda en derecho; además, aclaramos que ella queda excluida permanentemente del notariado.

Se dictará la sentencia correspondiente.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton disintieron por enten-der que, en las circunstancias del caso, el Tribunal debió abstenerse de adjudicar finalmente las querellas y, en su defecto, debió ordenar que el Informe del Comisionado Especial se uniera a los expedientes personales de los quere-llados, abogados previamente suspendidos. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervino.

       Informe Núm. AB-88-36 contra ambos, que contenía tres (3) casos; Informe Núm. AB-89-37 contra la licenciada Vergne Torres, que contenía dos (2) casos; In-forme Núm. AB-89-38 contra el licenciado Alvarez Meléndez, que contenía cinco (5) casos.

       Referente al caso Núm. 4 —la queja de la Srta. María Ivette Ortiz— el licenciado Álvarez Meléndez admitió haber omitido informar su cambio de dirección a Arecibo y que no ejerció la mejor diligencia en sus gestiones profesionales. Ajuicio suyo, en consideración a su situación familiar, ese proceder sólo ameritaba una amonestación.

       En la queja de la Sra. Lydia Casañas, los querellados no negaron el cargo. Se limitaron a señalar que estaban en la disposición de entregar todos los documentos en la dirección de su antigua oficina localizada en la Calle Collins 635, Summit Hills, Río Piedras, Puerto Rico. Indicaron que habían solicitado una copia certificada al Inspector de Protocolos, quien tenía incautados los Protocolos de la licenciada Vergne, entonces suspendida de la notaría. Dichos documentos se presentarían al Registro de la Propiedad y podían ser recogidos con el testamento en la misma dirección.
      Sobre los querellantes John y Ruth Zimmerman, la contestación tampoco negó el cargo. Sólo indicó que el hermano de la querellada Vergne Torres habría de devol-ver el dinero, lo cual no hizo, y señaló que ellos habrían de hacerlo después de verificar la dirección a remitir el pago.
      El tercer caso, con relación al Sr. Antonio Ramos, no se contestó. Sobre la Sra. Ana Nolla Cabrera, la contestación alude a una Sra. Ana A. Valle, exponiendo que se obtuvo del Inspector de Protocolos una copia certificada de una escritura de cance-lación de hipoteca y se presentó al Registro de la Propiedad. Los documentos y el boleto de presentación estarían a la disposición de los querellantes en la dirección antes indicada.

       La licenciada Vergne Torres negó en términos generales la queja Núm. AB-89-37. Indicó que estaba dispuesta a devolver cuarenta y cinco dólares ($45) del dinero entregado, luego de restarle el sello de radicación de veinte dólares ($20), y del emplazador de veinticinco dólares ($25). La querella alegaba que se adelantaron cien dólares ($100), no noventa dólares ($90).
      En el caso Núm. 2, contestó que haría gestiones con el Inspector de Protocolos para obtener una copia certificada de la escritura de compraventa e inscribirla en el Registro de la Propiedad. No negó que mantuviera al cliente sin comunicación.

       El Informe del Comisionado Especial de 19 de abril de 1994, págs. 3-5, expone, además:
      “Al comienzo de la vista las partes informaron al Comisionado que los querella-dos habían realizado determinados actos encaminados a aminorar la posible sanción que el Tribunal pudiera en su día imponer a éstos en el caso; sujeto ello a posterior comprobación e Informe del Procurador General.
      “En cuanto al caso número uno de la queja AB-88-36, se le indicó al Comisio-nado que la señora Casañas había manifestado no tener interés en que se inscribiera en el Registro su escritura, copia certificada de la cual ya se le había entregado. El Informe del Procurador General indica que dicha señora, en efecto, no tenía interés en que se presentara en el Registro una escritura de una propiedad en Fair View. No obstante, interesaba se presentara en el Registro una escritura de cancelación de pagaré hipotecario. Para obtener copia certificada de estas escrituras, la querellante tuvo que dirigirse al Inspector de Protocolos, teniendo que satisfacer los derechos correspondientes, así como los sellos de presentación de la escritura de cancelación de hipoteca, cuyos servicios ya había satisfecho a los querellados.
      “En cuanto al caso número dos de la querella AB-88-36, referente a los señores Zimmerman, se le indicó al Comisionado que la licenciada Vergne testificaría que su hermano procedió a hacer la devolución de los honorarios cobrados indebidamente. El Informe del Procurador General indica que habiendo fallecido la señora Ruth Zimmerman hace aproximadamente un año, y habiendo fallecido anteriormente el esposo de ésta, el señor John Zimmerman, dicho caso quedaba sometido por el In-forme original.
      “En cuanto al caso número tres de la querella AB-88-36, indican los querellados que una vez iniciado este procedimiento se presentó en el Registro para su inscrip-ción copia de la escritura de la señora Ana Nolla Cabrera, y así lo acepta el Procu-rador General. En cuanto al señor Antonio Ramos, también interesado en dicho caso, nada manifestaron los querellados, quedando el asunto sujeto a la dilucidación por el Tribunal.
      “En lo que respecta al caso número uno de la querella AB-88-37 contra la licen-ciada Vergne Torres y referente a la señora María Figueroa, y en vista de la ausencia de Puerto Rico de dicha querellante, el caso de Procurador General quedó sometido por el Informe original.
      “En cuanto al caso número dos de la querella AB-88-37, referente al señor Ja-cinto Ruiz Candelaria, se informó al Tribunal que en el mismo día de la vista estaban siendo presentadas las escrituras en el Registro de la Propiedad, Sección de Caguas, lo que fue comprobado en el Informe del Procurador General, de fecha 30 de enero de 1992, que incluyó, entre otros, copia de los referidos boletos de presentación.
      “En cuanto al caso AB-89-38 contra el licenciado Álvarez Meléndez, se informó que en el caso número uno referente a la señora Ostolaza, y en vista de que ésta se encontraba fuera de Puerto Rico, el mismo se sometía por el expediente del Informe original del Procurador General.
      “En cuanto al caso número dos referente al querellante Jorge Luis Fojo Mer-cado, el Informe del Procurador General, a que antes hemos hecho referencia, indica que el expediente del caso del Tribunal de Arecibo que el querellado Álvarez Melón-dez retenía, le fue entregado al Procurador General para su posterior entrega al querellante.
      “En lo que respecta al tercer caso referente a la señora Savignon, en vista de que esta querellante no ha podido ser localizada, se somete dicho caso con el Informe original del Procurador General.
      “En lo que respecta al caso número cuatro referente a la señorita María Ivette Ortiz y al caso número cinco de esta queja referente a la querellante María M. Vega Paz, el querellado devolvió a cada una de ellas la suma de $200.00, según se com-prueba en el Informe del Procurador General de 30 de enero de 1992, que contiene fotocopias de los ‘money orders’ número 06-0124 y 06-0125, por $200.00 cada uno, a favor de las respectivas querellantes.”

       Por conducto del Comisionado Especial, su informe fue notificado a las partes el 20 de abril de 1994.
      Transcurrido en exceso el término de la Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, para las partes ofrecer sus comentarios u objeciones, el caso quedó sometido.


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license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Gilberto Rodríguez Zayas, demandado y recurrido.

      Números: CE-94-696
    CE-94-688

      Resueltos: 13 de enero de 1995

      Carlos Lugo Fiól, Subprocurador General, Grisel Hernández Nieves, Procuradora General Auxiliar, y Efraín Meléndez, Fiscal Especial Independiente, abogados de El Pueblo; José Ángel Cangiano y Félix A. Toro, Jr., abogados del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente nos vemos precisados a atender una solici-tud de traslado de un caso en el cual una de las partes es un juez en funciones en el tribunal donde se está venti-lando el mismo. Recientemente, en un caso civil, Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990), concedimos el traslado debido a que una de las partes laboraba como Juez Superior en la sala del tribunal donde se celebraría la vista. Allí determinamos que, aunque en pleitos relacionados con bienes muebles la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que la sala con competencia para dilucidar este tipo de pleito será aquella en “que radique el objeto de la acción”, ésta no disponía del asunto. En esa ocasión reconocimos que en un caso civil es el juez quien pasa juicio sobre la credibilidad que le merecen los testigos, incluyendo la del compañero juez, si éste decide testificar. Sobre este particular expre-samos:

Existe una realidad que no podemos ignorar. El codemandado, Hon. Fernando Campoamor Redín, es un Juez Superior asig-nado, de manera regular, a la Sala de Aibonito del Tribunal Superior. Dilucidar el caso en la referida Sala implica que un compañero juez de éste, el cual comparte día a día y hombro con hombro en la Sala de Aibonito la gran responsabilidad de im-partir justicia, tendrá la difícil encomienda de pasar juicio so-bre la credibilidad de un compañero de labores. Ello, en adición a situar en una angustiosa situación a dos compañeros jueces, puede poner en entredicho, y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción. Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, pág. 108.

Esta vez se trata de un caso de naturaleza penal en el cual la solicitud de traslado fue presentada por el Ministe-rio Público y el Fiscal Especial Independiente (en adelante F.E.I.). La petición está fundada en la publicidad excesiva recibida por los casos, así como en la familiaridad de los acusados —un juez y su secretaria— con el personal del tribunal donde se celebrará el juicio, debido a que éstos laboraron como funcionarios de dicho tribunal.

HH

Hechos

El 1ro de julio de 1994, el F.E.I. presentó doce (12) car-gos contra Gilberto Rodríguez Zayas, Juez del Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, por infracciones al Art. 209 del Código Penal (soborno), 33 L.P.R.A. see. 4360, y un (1) cargo por violación al Art. 205 del Código Penal (destruc-ción de documentos por funcionarios públicos), 33 L.P.R.A. see. 4356. Ese mismo día le fueron presentados, también, doce (12) cargos por soborno a la Sra. Neyda Rivera Febles, quien era la secretaria jurídica del juez acusado Rodríguez Zayas.

Celebrada la vista para determinar causa probable para el arresto contra ambos acusados el 1ro de julio de 1994, el juez de instancia determinó causa en seis (6) de los trece (13) cargos contra el juez y en ocho (8) de los doce (12) cargos contra la señora Rivera Febles. Luego de celebrada la mencionada vista, tanto el F.E.I. como el Ministerio Pú-blico, presentaron unas mociones que solicitaban el tras-lado de ambos casos para la celebración de la vista preliminar. El tribunal de instancia celebró una vista para discutir dicha solicitud, luego de la cual denegó am-bas mociones y señaló la fecha para la celebración de la vista preliminar en ambos casos. Tanto el Juez Rodríguez Zayas como la señora Rivera Febles, renunciaron a su de-recho a la celebración de la vista preliminar. Entonces se presentaron las correspondientes acusaciones y se señaló la fecha para la lectura de la acusación.

Después de la lectura de la acusación, el F.E.I. y el Mi-nisterio Público solicitaron el traslado de los casos para la celebración del juicio. El foro de instancia les concedió un término a las partes para expresarse. Estas comparecie-ron, y el tribunal denegó el traslado y ordenó a las partes a comparecer el día señalado para la vista preparadas para iniciar el proceso de selección del Jurado. También ordenó una serie de medidas cautelares para garantizar la impar-cialidad y la pureza del procedimiento.

Inconformes con esta determinación, el F.E.I. y el Minis-terio Público acudieron ante nos mediante una petición de certiorari para solicitar la revocación de la resolución recurrida. Luego de analizar ambos escritos, paralizamos los procedimientos en instancia y le concedimos un término a los recurridos para que mostraran causa por la cual no deberíamos revocar la resolución, objeto de revisión.

Las partes han comparecido y estamos en posición de resolver sin ulteriores procedimientos.

HH I — I

El traslado y el juicio por jurado

El traslado en un caso criminal requiere la consideración de elementos que no están presentes en un caso civil. Todo acusado de delito grave tiene derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial compuesto por vecinos del distrito donde alegadamente ocurrieron los hechos imputados. La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su segundo párrafo, dispone:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayo-ría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308.

La esencia del juicio por jurado es que el acusado sea juzgado por un grupo representativo de la comunidad en que reside, para que así se garantice la imparcialidad del proceso. Por ello, es importante que el grupo de jurados sea representativo y compuesto por miembros de los diversos sectores de la comunidad. Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 D.P.R. 606, 614 (1988); Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164, 167 (1980). Este precepto de rango constitucional delimita la aplicación de la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Dicha regla establece que:

A solicitud de El Pueblo o del acusado, un tribunal ante el cual se hallare pendiente una causa criminal podrá trasladarla a otra sala por los siguientes fundamentos:
(a) Cuando por cualquier razón que no sea una de las enume-radas en la Regla 76 no pueda obtenerse un juicio justo e im-parcial en el distrito donde está pendiente la causa.
(b) Cuando por razón de desorden público que exista en el distrito no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial para el acusado y El Pueblo con seguridad y rapidez.
(c) Cuando la vida del acusado o de algún testigo pueda po-nerse en peligro si se juzgare la causa en tal distrito.
(d) Cuando en dicho distrito no pueda obtenerse un jurado para el juicio del acusado. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 81.

La citada regla autoriza a los tribunales a ordenar el traslado de un caso sólo cuando se demuestre que están presentes algunos de los criterios para concederlo. La concesión de una solicitud de traslado no debe hacerse livianamente. El peso de la prueba para demostrar que éste procede recae sobre quien lo solicita. Pueblo v. Sánchez Pérez, supra. El promovente de una solicitud de traslado tiene que presentar prueba de hechos específicos que evidencien el supuesto perjuicio. Meras creencias, opiniones o conclusiones no bastan. Maldonado v. Corte, 71 D.P.R. 537, 542 (1950).

En Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 736 (1988), expusimos los factores que debe considerar el tribunal al evaluar una solicitud de traslado. Estos son, a saber: (1) el tamaño de la comunidad; (2) la naturaleza y el alcance de la publicidad del caso; (3) la identidad, reputación y posición en la comunidad tanto del acusado como de las víctimas; (4) la gravedad de las ofensas, y (5) la dificultad en obtener un panel de jurados. La “decisión sobre la necesidad del traslado deberá estar fundamentada en los hechos de cada caso en particular y descansará sobre la sana discreción del tribunal sentenciador”. Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág. 736. Véase Maldonado v. Corte, supra, pág. 546. En situaciones en las cuales se solicite el traslado debido a la notoriedad del caso, el tribunal deberá determinar si —no empece a la notoriedad del mismo— pueden encontrarse unos jurados que rindan un veredicto justo e imparcial. Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 617; Maldonado v. Corte, supra, pág. 545.

Expuesta tanto la norma como los criterios rectores para establecer la procedencia de una solicitud de traslado en un caso criminal, procedemos a aplicarla a los hechos específicos de la presente controversia.

H-i HH h-H

Aplicación del derecho a los hechos

La solicitud de traslado del F.E.I. se fundamenta en la imposibilidad de obtener un Jurado imparcial debido a la publicidad excesiva que los medios publicitarios le han dado al caso. Además, alega que debido a que el juez acu-sado aún continúa en funciones, éste “entra y sale de las vistas proveniente de la puerta que conduce a las oficinas de los jueces y sala de jurados”. Aunque las alegaciones son en principio meritorias, debemos examinar si el F.E.I. las apoyó con hechos específicos. Veamos.

La evidencia aportada por el F.E.I. para apoyar la soli-citud de traslado se limitó a la presentación de varios re-cortes de noticias publicadas por los periódicos El Nuevo Día y El Vocero de Puerto Rico. Dichos recortes recogían la información sobre el proceso judicial seguido en el caso, incluyendo la determinación de causa probable para el arresto por los delitos imputados. El tribunal determinó que quedó establecido que los reportajes publicados en el periódico El Vocero de Puerto Rico circularon en la región de San Juan, pero que, sin embargo, el F.E.I. no pudo pro-bar cuántos de estos reportajes fueron incluidos en la edi-ción que circuló en la región de Ponce ni que la noticia fuera difundida o cubierta extensamente a través de la radio o la televisión. Tampoco demostró cómo estos reporta-jes, la familiaridad del juez con el personal del tribunal y el puesto de juez del acusado afectarían la mente del Jurado hasta el punto de empañar su imparcialidad. Como seña-láramos, para que proceda una moción de traslado funda-mentada en la notoriedad del caso, el tribunal debe tener ante sí evidencia no sólo de que existe esa notoriedad, sino también de que no “pueden encontrarse jurados que rindan un veredicto justo e imparcial”. Maldonado v. Corte, supra, pág. 545. En el caso de autos, el tribunal de instancia no fue puesto en condición de poder llegar a esa conclusión.

El Ministerio Público, por su parte, fundamentó su soli-citud de traslado en que debido al largo tiempo en que la señora Rivera Febles había laborado en la Sala de Ponce —veinte (20) años— era de suponer que había desarrollado relaciones con el personal del tribunal. Sin embargo, no aportó prueba específica sobre estas alegadas relaciones y el posible efecto que éstas podrían tener en la selección del Jurado. Lo prematuro del reclamo de traslado se hace pa-tente cuando se considera que ni siquiera ha comenzado el proceso de desinsaculación del Jurado.

Cabe señalar, además, que en el caso de autos, el tribunal a quo tomó las medidas cautelares siguientes:

1) El personal de sala —ésto es, alguacil, secretaria y taquí-grafa — , que junto a la juez suscribiente se trasladaron al Cen-tro Judicial de Ponce el 23 de septiembre de 1994 y no son funcionarios del Centro Judicial de Ponce, serán los funciona-rios que intervendrán en el caso.
2) El Tribunal hará un riguroso examen de todos los candi-datos a jurado y el fiscal podrá examinar a estos en forma individual.
3) El Tribunal se reserva la discreción de conceder, de ello ser necesario, perentorias adicionales en la selección del jurado.
4) Los acusados no podrán tener acceso al pasillo interior del Tribunal y mucho menos donde circulen los candidatos a jurado. Tampoco podrán utilizar las facilidades privadas del Tribunal. Si después de estas y otras medidas cautelares que pudieren tomarse, a juicio del Tribunal no pudiese obtenerse un jurado imparcial, entonces ordenaríamos el traslado del caso.
5) De constituirse un panel de jurados, se ordenará el secues-tro del mismo desde el momento en que preste juramento definitivo.
6) La custodia del jurado estará a cargo de la Unidad Especial de Alguaciles de la Administración de los Tribunales, la cual está integrada por alguaciles de todos los centros judicia-les de Puerto Rico.
Los alguaciles de Ponce, que formen parte de dicha Unidad no podrán intervenir en la custodia de ese jurado y se ordena [qúe] sean sustituidos por alguaciles de otros centros judiciales.

Consideramos que estas medidas son suficientes para salvaguardar y garantizar tanto los derechos del acusado como garantizar la pureza del proceso. Debemos destacar que la orden del tribunal sentenciador se limita a este mo-mento y que deja la puerta abierta para que, de probarse que realmente no ha podido obtenerse un Jurado impar-cial, tanto el Ministerio Público como el F.E.I. puedan re-producir la solicitud de traslado.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia confirmando la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, de 23 de septiembre de 1994 y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos en el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita.

       Además, el Fiscal Especial Independiente (en adelante F.E.I.) y el Ministerio Público acudieron en alzada de la determinación de causa probable para arresto para que se consideraran nuevamente los cargos contra los imputados. Ambos recursos fueron denegados.

       En Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 D.P.R. 606 (1988), se denegó una solicitud de traslado luego de haberse examinado cinco (5) jurados y luego de incidentes serios de influencias al Jurado por entender el tribunal que el Ministerio Público no pudo presentar suficiente evidencia para probar prejuicio y parcialidad.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Eduardo Reynolds Román, recurrido.

      Número: CE-92-460

      Resuelto: 17 de enero de 1995

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Peter Ortiz, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El caso de autos se inició mediante la presentación de veintiuna (21) acusaciones contra el Sr. Eduardo Reynolds Román por violaciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. sec. 3217), la Sec. 2-205(e) de la Ley Núm. 141 de 20 de. julio de 1960, según enmendada por la Ley Núm. 104 de 15 de julio de 1988 (9 L.RR.A. see. 436(e)) y los Arts. 166 y 272 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4272 y 4592.

El acusado recurrido presentó una moción de supresión de evidencia y una moción de desestimación de los catorce (14) cargos imputados por violación a la Ley Núm. 141, supra, para convertirlos en uno (1) solo. Ambas fueron se-ñaladas para vista, durante la cual las partes presentaron la prueba testifical. Al concluir la vista, el tribunal les or-denó que presentaran los memoriales de derecho. El tribunal estimó probados los hechos siguientes:

El imputado sostiene que la evidencia con que cuenta el mi-nisterio público para sostener las acusaciones ... en [su] contra ... debe suprimirse, puesto que se obtuvo como parte de un alla-namiento sin orden, e irrazonable por parte de los funcionarios del orden público que intervinieron en este caso.
Para analizar esta alegación del acusado, es necesario hacer una relación suscinta de los hechos, para resolver si la inter-vención policíaca fue contraria a derecho.
El [Sr. Tomás] Ramos Librán visitó el Negociado de Vehículos Hurtados, para solicitar una investigación contra el Sr. Mid[d]ton Rodríguez. Alegó el señor Ramos [Librán] que [ellos] habían permutado sus vehículos, pero que el señor Rodríguez no había continuado pagando al Banco el carro adquirido. El señor Rodríguez alegó que había vendido el auto[móvil] a R & G Auto Brokers y que el acusado le expidió un cheque sin fon-dos por seiscientos dólares ($600.00).
Así las cosas, el agente [Luis] Díaz Carrillo visitó el negocio del acusado con el [señor] Midton Rodríguez y un representante del Banco. El agente le solicitó al acusado su permiso de trafi-cante de vehículos y éste le mostró un permiso de ARPE y una patente municipal. No tenía el permiso de traficante exigido por la sección 436(a) del Título 9, expedido por el [Departamento de Transportación y Obras Públicas]. El agente indicó al imputado que estaba violando la Ley 104 y procedió a darle las advertencias. El policía le pidió examinar todos los expedientes de los vehículos del negocio y fotografió las oficinas. Se preparó un acta y el agente se incautó de los expedientes y luego del [automóvil] vendido por el [señor] Midton Rodríguez. El testimonio [del] acusado establece que firmó el acta consin-tiendo al registro, por la coacción del agente y el temor a que éste se incautara de todos los vehículos.

Bajo esos hechos, el Tribunal Superior resolvió:

El agente tenía motivos fundados para creer que el acusado había cometido un delito en su presencial:] operar el negocio sin el debido permiso. Podía proceder al arresto, según lo establece la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal. Además, el agente ya tenía motivos fundados para creer que el imputado había cometido un delito grave anteriormente, puesto que ha-bía expedido un cheque sin fondos para comprar el vehículo del [señor] Midton Rodríguez, apropiándose ilegalmente del mismo, violando así [el Art. 18(2) de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. sec.] 3217(2)[:] Ley de Propiedad Vehicular.
Sin embargo, a[u]n cuando las circunstancias permitían el arresto, no son razonables para efectuar el registro de los expe-dientes de los vehículos, puesto que no eran las circunstancias especiales a que alude el caso de Pueblo v. Malavé González [120 D.P.R. 470, 478 (1988): registro incidental a un arresto válido]. El registro e incautación de los expedientes fue irrazo-nable; el agente debió obtener la orden judicial.
En cuanto al consentimiento al registro prestado por el acu-sado, éste estuvo viciado. La prueba sobre la renuncia ha de ser clara, demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna, directa o indirectamente. (Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776 (1982). La prueba demostró que el acusado consintió al registro ante el temor de que fuesen con-fiscados todos sus vehículos, por lo tanto, tampoco se activa esta excepción a los hechos ante nuestra consideración.

Así las cosas, el tribunal declaró con lugar la moción de desestimación y, en parte, la moción de supresión de evidencia.

Inconforme con la decisión, recurre el Procurador General mediante un recurso de certiorari para impugnar la parte de la resolución que declaró con lugar la moción de supresión de evidencia. Señala los siguientes errores:

A. Incurrió en error el Honorable Tribunal de instancia al darle curso a una moción de supresión de evidencia del impu-tado, basada en que éste habría entregado a la policía unos expedientes en contra de su voluntad por razón de sentirse coaccionado. La prueba desfilada sobre este extremo, sin embargo, no sólo no reveló el más mínimo indicio de coacción o coerción de parte del Estado, sino que además arrojó un docu-mento firmado por el propio imputado donde éste da fe de haber entregado voluntariamente los expedientes en cuestión.
B. Incurrió en error el Honorable Tribunal de instancia al resolver que el registro de los referidos expedientes fue irrazo-nable, porque supuestamente no estaban presentes las circuns-tancias que pudiesen sancionar un registro incidental a un arresto.

El 12 de agosto de 1992, le ordenamos a la parte recu-rrida que mostrara causa por la cual no deberíamos expe-dir el auto solicitado y revocar la resolución emitida por el tribunal de instancia. El acusado recurrido ha comparecido. Procedemos a resolver.

HH

Es norma reiterada por este Tribunal que todo registro y allanamiento que se realice sin existir una orden se presume irrazonable y, por ende, inválido. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 476 (1988); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979). Por tal razón, le corresponde al Mi-nisterio Público presentar prueba para destruir dicha presunción. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 174 (1986); Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991). Esto es así porque, conforme a la Regla 14 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, la parte contra la cual se establece una presunción viene obligada a ofrecer evidencia para refutar el hecho presumido, so pena de que el juzgador acepte la existencia del mismo. Pueblo v. Vázquez Méndez, supra, pág. 176. Tanto en la jurisprudencia federal como en la de Puerto Rico se han reconocido ciertas excepciones bajo las cuales resultan constitucionalmente válidos los registros, allanamientos e incautaciones sin orden judicial. El Minis-terio Público puede rebatir la presunción de ilegabilidad de un registro o allanamiento presentando prueba sobre las circunstancias especiales que le permitieron actuar sin orden. Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363 (1992); Pueblo v. Vázquez Méndez, supra, págs. 176-177.

Una vez el Ministerio Público ha presentado prueba de las circunstancias especiales mediante las cuales llevó a cabo un registro o allanamiento sin orden, convirtiendo dicha intervención en legal y razonable, le corresponde al perjudicado presentar prueba de que no existieron tales circunstancias. Una de las circunstancias especiales o ex-cepción a la norma constitucional de que todo registro, in-cautación y allanamiento debe realizarse con una orden judicial, lo constituye el registro realizado a base de un consentimiento válido. Schneckloth v. Bustamante 412 U.S. 218 (1973); Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42 (1970); Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Pueblo v. Ra mos Santos, supra; Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 D.P.R. 391 (1989). Sí una persona accede a un registro, contra el cual está protegido constitucionalmente, renuncia a la pro-tección y queda así validada la actuación gubernamental. El efecto concreto que esto tiene es que no progresaría una moción de supresión de evidencia con relación a una incau-tación producto de un registro consentido. E.L. Chiesa, De-recho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Sec. 6.15A, pág. 424. Por tal razón, en un procedimiento de supresión de evidencia, una vez el acusado establece el hecho de que la evidencia objetada fue ocupada sin orden judicial previa de registro o allanamiento, le corresponde al Ministerio Público demos-trar que el registro y la incautación fue una intervención legal y razonable de los agentes del Estado ya que medió el consentimiento del perjudicado. Tiene que presentar prueba de las circunstancias en las cuales se prestó el consentimiento. Establecido lo anterior, el peso de la prueba recae sobre el promovente de la moción de supre-sión de evidencia. Pueblo v. Vázquez Méndez, supra. Es decir, el acusado tiene que presentar prueba de las circuns-tancias por las cuales alega que el consentimiento estuvo viciado. No basta con hacer una alegación general de que hubo uno de los vicios del consentimiento.

En Puerto Rico, la doctrina sobre los registros consenti-dos, según expuesta en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982), establece que la renuncia a la protección constitucional ha de hacerse por el titular de ésta, de forma expresa o implícita pero voluntaria. íd., pág. 777. Cuando el Estado pretende sostener la razonabilidad de un regis-tro, porque medió consentimiento, deberá probar que dicho consentimiento se obtuvo libre y voluntariamente.

Ahora bien, la determinación de si un registro es o no razonable depende de los hechos y las circunstancias espe-cíficas de cada caso; de “la atmósfera total”. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra; Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

En Pueblo v. Malavé González, supra, págs. 473-474, al abordar la garantía contra registros y allanamientos, re-saltamos lo siguiente:

En este género de casos, como en tantos otros, hay colisión de intereses y nuestra tarea es luchar por hallar los modos de propiciar la armonía entre ellos. De un lado tenemos el interés histórico en proteger al ciudadano de los desmanes que provo-caron en primer término el establecimiento de la garantía. Del otro, se halla el interés en proteger a la sociedad de los estragos del crimen. Consideramos que el método más deseable de lo-grar el equilibrio necesario no consiste en la formulación de reglas mecánicas, excesivamente abarcadoras. Debemos distin-guir entre categorías de situaciones, adentrarnos en la atmós-fera total de cada caso para hallar el significado preciso, dentro de unas circunstancias específicas, de un concepto tan elusivo y volátil como es el de la razonabilidad. Nuestra tarea es conciliar los intereses en pugna y no permitir que uno pulverice al otro.

Esto es lo que persigue la doctrina al exigir un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias que preceden a un registro. Recuérdese que, aunque en Puerto Rico, el consentimiento prestado en un registro sin orden se deter-minará mediante un examen de si éste fue voluntario y si hubo ausencia de coacción, ya sea física o psicológica, dicha determinación tiene que hacerse mediante un análisis mi-nucioso de la totalidad de las circunstancias. En Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, aludimos a tres (3) factores para determinar sobre si medió o no una renuncia al derecho constitucional ante un registro sin orden previa. Estos son: (1) si ha habido fuerza o violencia; (2) si el registro se rea-lizó después de un arresto, y (3) si se encontraban otras personas presentes. Sin embargo, señalamos que éstos son solo algunos de los factores determinantes Id., pág. 777; Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429, 444, (1988).

En la jurisdicción federal, la norma del consentimiento ha sido interpretada subsiguientemente para incluir una sene de factores adicionales para determinar la volunta-riedad del consentimiento.

En U.S. v. Chaidez, 906 F.2d 377, 381 (8vo Cir. 1990), se resumen de la manera siguiente:

Las siguientes características de la persona que ha dado el consentimiento son relevantes al momento de valorar la volun-tariedad del consentimiento prestado: (1) su edad ... (2) su in-teligencia promedio y su educación ... (3) si la persona estaba intoxicada o bajo la influencia de drogas, al momento del con-sentimiento ... (4) si la persona consintió luego de ser informada de su derecho de rehusarse a consentir o habérsele dado las advertencias ... y (5) si había sido arrestado anteriormente y, por lo tanto, tenía conocimiento de las protecciones que provee el sistema legal a los sospechosos de un delito ....
Al examinar el ambiente en el cual se prestó el consenti-miento, los tribunales deben examinar si la persona que con-sintió: (1) estaba detenida o fue interrogada por un período largo o corto de tiempo ... (2) fue amenazada, intimidada física-mente, o maltratada por la policía ... (3) si descansó en prome-sas o falsas representaciones realizadas por la policía ... (4) si estaba bajo custodia o arrestado cuando dio el consentimiento ... (5) estaba en un lugar público o aislado ... o (6) se rehusó al registro o se mantuvo en silencio mientras éste se realizaba .... (Traducción nuestra.)

Tomando en consideración el transfondo jurídico antes mencionado, pasemos a analizar los hechos de este caso.

rH HH

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal Superior erró al resolver que el consentimiento del imputado a entregar unos documentos que obraban en su poder es-tuvo viciado por responder a coacción.

En primer lugar, de la prueba presentada surge un do-cumento firmado por el imputado donde éste señala que entregó los documentos voluntariamente.

En segundo lugar, de la prueba presentada no surge una posible coacción de tal magnitud que viciara el consen-timiento del imputado. No surge que haya sido una coac-ción amparada en la fuerza o la violencia. La única alusión escueta de la supuesta coacción es que el acusado consintió al registro ante el temor de que fuesen confiscados todos sus vehículos. No surge que el agente le amenazara con confiscarle los vehículos o si sencillamente le informó que le podían ser confiscados los automóviles. Anunció que, de hecho, es correcto, ya que la Policía puede confiscar una propiedad utilizada en relación con la comisión de delitos relacionados con la Ley de vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Art. 2 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. see. 1723. Relacionado con esto mismo, consideramos que no puede razonable ni legítimamente concebirse que el im-putado se sintiera coaccionado, cuando la prueba demostró que él mismo admitió que no poseía la licencia para trafi-car con vehículos de motor según lo requiere la ley. A base de esta actividad, en abierta contravención a la ley, la Po-licía tenía la facultad de incautarse de los vehículos que poseía el acusado, y cualquier manifestación del agente en ese sentido no era, per se, coercitiva.

Al analizar los hechos de este caso, a la luz de los facto-res expuestos en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, encon-tramos que el ambiente imperante no fue coaccionante o intimidante y que, por consiguiente, el consentimiento fue libre y voluntario. No surge de la prueba que mediara vio-lencia o intimidación por parte del agente de la Policía.

El imputado tampoco estaba bajo arresto ni hay indicios de que su libertad estuviera restringida. Pueblo v. Pacheco Baéz, 130 D.P.R. 664 (1992). Tampoco estuvo sujeto a un interrogatorio bajo custodia. Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992). Éste se encontraba en su negocio ante la presencia de un solo agente de la Policía y de un represen-tante del Banco.

De otro lado, siguiendo los criterios resumidos en U.S. v. Chaidez, supra, referentes a las características de la persona que presta el consentimiento, encontramos que el Sr. Reynolds Román es una persona adulta, de inteligencia y educación promedio, quien se dedica al negocio de venta de automóviles. Por lo tanto, éste debía conocer los requisitos que establece la Ley de Vehículos de Motor y del Tránsito para llevar a cabo este tipo de negocio. No era un desco-nocedor o un inexperto en esos asuntos. Estaba en perfecto estado de consciencia. El agente le impartió las adverten-cias Miranda tan pronto como el acusado le informó que no poseía la licencia de traficante de vehículos de motor.

En cuanto al ambiente imperante al momento de pres-tar el consentimiento, surge de las determinaciones de he-chos realizadas por el tribunal de instancia que el acusado no estaba detenido, arrestado o bajo custodia, ni sujeto a un interrogatorio por parte del agente. No se alegó ni pre-sentó evidencia de violencia o coacción por parte del agente. Solamente se hace alusión al “temor” de que le con-fiscaran todos los vehículos. El consentimiento se hizo ex-presamente en la propiedad del acusado, en donde única-mente estaba presente el agente y un representante del banco. Cabe señalar que varias jurisdicciones en Estados Unidos han sostenido la validez del consentimiento de un acusado para que se lleve a cabo un registro cuando éste ha sido precedido por declaraciones incriminatorias o cuando el acusado cooperó con los oficiales o los ayudó a realizar el registro.

A la luz de un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias que precedieron el registro, Pueblo v. Pacheco Báez, supra, y Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 675 (1970), resolvemos que el consentimiento prestado fue expreso, libre e inteligente y, por lo tanto, voluntario.

Por todo lo antes expuesto, se dicta sentencia revocando la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Her-nández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Presidente Señor An-dréu García.

Disentimos de la sentencia emitida por este Tribunal por entender que el registro sin orden efectuado en el ne-gocio del acusado fue irrazonable. Un análisis de los inci-dentes del caso a la luz de la normativa constitucional apli-cable nos ha convencido de que el consentimiento estuvo viciado y que no se dieron los elementos necesarios para efectuar un registro incidental a un arresto.

La determinación de si el consentimiento para un regis-tro o incautación fue o no voluntario es una cuestión de hecho que ha de ser resuelta por el foro de instancia. En el caso de autos, el Tribunal Superior (Hon. Hiram Torres Rigual, Juez) evaluó la prueba presentada y concluyó que el Ministerio Público no presentó suficiente evidencia para rebatir la presunción de irrazonabilidad e ilegalidad que engendra un registro e incautación sin orden. Por ende, ordenó la supresión de la evidencia. Coincidimos con su dictamen y lo confirmaríamos.

HH

Tomás Ramos Librán solicitó del Negociado de Vehícu-los Hurtados una investigación contra Midton Rodríguez. Alegó que Rodríguez y él permutaron sus vehículos y que éste dejó de hacer los pagos correspondientes al banco por dicho vehículo. Por su parte, Rodríguez le informó al inves-tigador que él había vendido el auto en cuestión a R & G Auto Brokers y que el dueño de la empresa, Eduardo Reynolds Román, le expidió un cheque sin fondos por seiscien-tos dólares ($600).

El agente Díaz Carrillo visitó R & G Auto Brokers y descubrió que Reynolds Román estaba operando su negocio sin la licencia de traficante de vehículos de motor y arras-tre, en violación de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada por la Ley Núm. 104 de 15 de julio de 1988 (9 L.P.R.A. sec. 436(e)). A raíz de este descubrimiento, el agente le leyó las advertencias de rigor y solicitó permiso para examinar todos los expedientes de los vehículos ven-didos por R & G Auto Brokers. Una vez obtuvo la autori-zación solicitada, el agente examinó los expedientes y, al encontrar otras violaciones de la ley, procedió a incautarse del vehículo comprado por R & G Auto Brokers y de todos los expedientes inspeccionados.

Como resultado de esta investigación, el Ministerio Pú-blico presentó veintiuna (21) acusaciones contra Reynolds Román por violaciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.RR.A. 3217) y a la Ley Núm. 104, supra. Oportunamente, Reynolds Román sometió ante el Tribunal Superior una moción para solicitar la desestima-ción de la acusación y una moción de supresión de evidencia.

El Tribunal Superior declaró con lugar la moción de de-sestimación por considerar que los catorce (14) cargos im-putados constituían un delito continuo y, por lo tanto, de-bían convertirse en uno (1) solo. En cuanto a la moción de supresión de evidencia, ésta fue declarada con lúgar por-que el tribunal determinó que el registro sin orden fue ilegal. En su resolución, el Tribunal Superior concluyó que “[e]l testimonio del acusado establece que firmó el acta con-sintiendo al registro, por la coacción del agente y el temor a que éste se incautara de todos los vehículos”. Apéndice, pág. 15. En su dictamen el Tribunal Superior resolvió que en el caso de autos no existieron las circunstancias espe-ciales que permiten el registro de los expedientes de los vehículos y que el agente debió obtener una orden judicial.

El Procurador General recurre ante nos mediante re-curso de certiorari para impugnar la supresión de la evidencia. En su escrito sostiene que la prueba desfilada revela que no hubo “el más mínimo indicio de coacción o coerción de parte del Estado, sino que además arrojó un documento firmado por el propio imputado donde éste da fe de haber entregado voluntariamente los expedientes en cuestión”. Petición de certiorari, pág. 4.

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La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.PR.A., Tomo 1, protege al ciudadano contra los registros y allanamientos irrazonables. Todo registro sin orden se presume irrazonable y, por ende, ilegal. Le corres-ponde al Ministerio Público rebatir la presunción de ilega-lidad, presentando prueba sobre las circunstancias espe-ciales que justificaron la intervención sin una orden judicial. Existen varias circunstancias especiales o excep-cionales a la norma constitucional de que todo registro, incautación y allanamiento debe realizarse con una orden judicial.

En su recurso el Procurador General sostiene que en el caso de autos las excepciones que son aplicables son el con-sentimiento al registro y el registro incidental al arresto válido.

La sentencia emitida por este Tribunal correctamente expone la normativa en Puerto Rico sobre los registros con-sentidos y establece que “la renuncia a la protección cons-titucional ha de hacerse por el titular de ésta, de forma expresa o implícita pero voluntaria”. Sentencia, pág. 806. Entendemos, además, que para constituir un consenti-miento voluntario, éste tiene que ser informado y libre de toda coacción, intimidación o coerción ejercida por los agentes del orden público. Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton en Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Para determinar si se consintió al registro es necesario examinar si hubo coacción, física o psicológica, a la luz del estado subjetivo vulnerable de quien la presta. Dicha de-terminación tiene que hacerse mediante un análisis deta-llado de la totalidad de las circunstancias. La prueba sobre la renuncia ha de ser clara, demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna, directa o indirectamente. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776 (1982). De ordinario, la decisión de si el consenti-miento fue voluntario es una cuestión de hecho que le compete al foro de instancia. Schneckloth v. Bustamante, 412 U.S. 218 (1973).

Por otro lado, la doctrina sobre el registro incidental a un arresto válido establece que es permisible un registro sin una orden de allanamiento efectuado en la persona del arrestado y del área que está a su alcance inmediato con el propósito de ocupar las armas que puedan ser utilizadas por la persona arrestada para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga, o para ocupar evi-dencia que de otro modo el arrestado podría destruir. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 477 (1988).

r — i HH HH

En el caso de autos el Tribunal Superior examinó minu-ciosamente las circunstancias del arresto de Reynolds Ro-mán a la luz de su testimonio en corte y determinó que no se activaron ninguna de las excepciones a la normativa constitucional que presume la invalidez de un registro sin una orden. En particular, el foro de instancia concluyó que las circunstancias en que se efectuó el arresto no justifica-ban el registro e incautación de los expedientes de los vehículos.

Su decisión está adecuadamente fundamentada. En ningún momento estuvo en peligro la vida del agente in-vestigador ni tampoco se demostró que había que incau-tarse de los expedientes para evitar que fuesen destruidos. Como los expedientes no estaban en el área inmediata de Reynolds Román, no podían ser destruidos por éste. Tam-poco constituían un arma que podía ser utilizada por el acusado para agredir al agente o para intentar la fuga.

En cuanto al consentimiento al registro, el Tribunal Superior determinó que éste estuvo viciado porque “[e]l acu-sado consintió al registro ante el temor de que fuesen con-fiscados todos sus vehículos”. Apéndice, pág. 14. El foro de instancia oyó a todos los testigos y se convenció de que Reynolds Román psicológicamente había sido coaccionado por el agente. Considerando que el Tribunal Superior escu-chó a los testigos, incluso al acusado, y tomó una determi-nación después de dirimir la credibilidad, confirmaríamos su dictamen. El Tribunal Superior adjudicó credibilidad y esta Curia no debe intervenir con dicha determinación, ya que no se nos ha demostrado que existe error grave o ma-nifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad. Recordemos el principio reiterado de que los tribunales de instancia se encuentran en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba presentada y que su apreciación merece gran defe-rencia por el tribunal apelativo. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991).

Por estar de acuerdo con el análisis de los hechos y la interpretación del derecho del Tribunal Superior, confirma-ríamos su resolución. La prueba presentada por el Minis-terio Fiscal no fue suficiente para rebatir la presunción de ilegalidad del registro llevado a cabo sin una orden. El de-recho a la intimidad del ser humano es muy preciado y es nuestra obligación proteger a las personas contra los regis-tros e incautaciones irrazonables por parte de los agentes del orden público. Disentimos.

       Apropiarse ilegalmente, sin violencia ni intimidación, de un vehículo de motor perteneciente a otra persona.

       Operar un negocio de traficante de vehículos de motor y arrastre sin licencia.

       Apropiación ilegal agravada y posesión y traspaso de documentos falsificados.

       Este negocio pertenece al Sr. Reynolds Román.

       De la prueba presentada surge que el cheque fue expedido por la cantidad de doscientos cincuenta dólares ($250).

       El agente es Sargento de la Policía.

       En ésta se hizo constar que el Sr. Reynolds Román le entregaba voluntaria-mente los expedientes al agente y que le permitía tomar fotos del lugar.

       El tribunal mantuvo la admisibilidad del vehículo confiscado.

       El Pueblo acató la parte de la resolución que desestimó los catorce (14) cargos imputados para convertirlos en uno (1) solo.

       Ei Procurador General señala en su alegato que el acusado adujo que no le hacía falta para operar su negocio la licencia requerida por la Ley Núm. 104 de 15 de julio de 1988 (9 L.P.R.A. sec. 436(a), (e) y (f)) porque él no traficaba con vehículos. Argüyó que entendía por “traficar”, el importar y vender carros nuevos y no así el hacer transacciones comerciales en vehículos de motor previamente vendidos y financiados. El acusado señaló en su memorial de derecho presentado en el tribunal de instancia que entendía que para ser un intermediario (broker) no se requiere la licencia para operar un negocio de venta.

        Rhodes v. State, 120 S.W.2d 1070 (1938); People v. Davis, 309 P.2d 1 (Cal. 1957); Stratton v. Commonwealth, 263 S.W.2d 99 (Ky. 1953); Anderson v. State, 205 A.2d 281 (1964); People v. Guyette, 41 Cal.Rptr. 875 (1964); State v. Bindhammer, 209 A.2d 124 (1965).

        United States v. Berryman, 717 F.2d 650 (1er Cir. 1983); United States v. Moeller, 644 F.2d 518 (5to Cir. 1981); United States v. Valencia, 645 F.2d 1158 (2do Cir. 1980); United States v. Wiener, 534 F.2d 15 (2do Cir. 1976); United States v.

        Ruyle, 524 F.2d 1133 (6to Cir. 1975); United States v. Filipponio, 561 F. Supp. 750 (N.D. Ill.1983); United States v. Luc-Thirion, 501 F. Supp. 875 (E.D. N.Y. 1980); United States v. Miller, 442 F. Supp. 742 (D. Maine 1977); Application of Santos, 400 F. Supp. 784 (M.D. Pa. 1975).

       La decisión a que llegamos hace innecesario expresarnos sobre el segundo error señalado.


author: per curiam:

text:
      In re Enrique M. Bray Leal.

      Número: 6428

      Resuelto: 20 de enero de 1995

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Enrique M. Bray Leal, pro se.

   per curiam:

Mediante Memorando de 24 de octubre de 1994, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén Martínez Suris, nos informó que el abogado-notario Enrique M. Bray Leal no había rendido los índices notariales correspondientes a los meses de enero a mayo de 1994; ello a pesar del requerimiento específico de dicha ofi-cina a esos efectos.

En vista de lo antes mencionado, el 2 de diciembre de 1994, emitimos la siguiente resolución:

Bajo apercibimiento de la imposición de severas, e inmedia-tas, sanciones disciplinarias, tendrá el Ledo. Enrique M. Bray Leal el término improrrogable de veinte (20) días para radicar, ante la Oficina del Director de Inspección de Notarías, todos y cada uno de los índices notariales que no ha radicado y para mostrar causa por la cual este Tribunal no deba suspenderlo del ejercicio de la notaría y/o la abogacía. Resolución de 2 de diciembre de 1994, pág. 1.

Notificado el referido notario con copia de la anterior resolución, procedió a radicar los índices notariales en la mencionada Oficina. En su comparecencia para mostrar causa ante este Tribunal expone, como alegada justifica-ción para su incumplimiento con el mandato de la Ley Notarial de Puerto Rico, la ya gastada excusa de que dicha omisión se debió a la ineficiencia de su entonces secretaria “cuyas habilidades y conocimientos secretariales no corres-pondían a la información contenida en su résumé”. Moción en cumplimiento de orden, pág. 1.

HH

En repetidas ocasiones hemos enfatizado que la obligación de los notarios de rendir índices notariales es una de estricto cumplimiento. El notario que incumple con su obligación de rendir índices notariales incurre en conducta que acarrea la imposición de sanciones disciplinarias. In re Gómez Rijos, 129 D.P.R. 811 (1992); In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991); In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990); In re Serrano Casanova, 124 D.P.R. 800 (1989); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988); In re Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1988); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Desde nuestra opinión per curiam en In re Colón de Zengotita, ante, advertimos expresa y enfáticamente a la profesión que habríamos de ser rigurosos en la aplicación de sanciones disciplinarias por el incumplimiento de los deberes notariales. En consecuencia, se suspende al abogado-notario Enrique M. Bray Leal del ejercicio del notariado en Puerto Rico por el término de sesenta (60) días.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervinieron.

       El notario Bray Leal hizo caso omiso al requerimiento del licenciado Martí-nez Suris; lo cual hizo que dicho funcionario nos informara que, en su opinión, al licenciado Bray Leal “no parece preocuparle el asunto de los índices notariales”.


text:
    Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (U.T.I.E.R.), demandante y recurrente, v. Autoridad de Fuentes Fuviales (A.F.F.), demandada y recurrida.

      Número: CE-94-528

      Resuelto: 20 de enero de 1995

      Sr. Lorenzo Díaz Díaz, representante del Comité de Querellas de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, recurrente; Francisco L. Acevedo Nogueras, abo-gado de la parte recurrida.
   per curiam:

1 — 1

El 23 de junio de 1994, el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Eduardo Álvarez de la Vega, Juez), a soli-citud de la Autoridad de Energía Eléctrica —antes Autori-dad de Fuentes Fluviales— (en adelante la Autoridad), en auxilio de su jurisdicción, ordenó la paralización de los Ca-sos Núms. A-3202-93 y A-3205-93, que estaban pendientes ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos debido a que invo-lucraban la misma controversia planteada ante ese foro judicial. No conforme, la Unión de Trabajadores de la In-dustria Eléctrica y Riego (en adelante U.T.LE.R.) presentó este recurso de certiorari.

El 14 de octubre de 1994 concedimos a la Autoridad un término para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos expedir el auto, a los únicos fines de revocar dicho dictamen y ordenar la continuación de los procesos de arbitraje.

En su comparecencia, y en sus méritos, la Autoridad argumenta que la U.T.I.E.R. pretende ahora ventilar en el arbitraje lo mismo que planteó antes en el Tribunal. Aduce que, distinto a la contención de la U.T.I.E.R., el caso no versa sobre la compensación extraordinaria (horas extras). Tampoco se trata de una reclamación de daños por viola-ción de convenio, pues el Tribunal carecería de facultad para conceder daños y perjuicios por esa alegada violación, potestad exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y limitada a los daños económicos.

I — i 1 — i

Carecemos de jurisdicción para atender este recurso. Este no fue presentado y firmado por un abogado, sino por tres (3) oficiales de la U.T.I.E.R. bajo la rúbrica de “derecho propio”.

La capacidad representativa gerencial de una Unión no le autoriza ni se extiende, bajo la caracterización de “derecho propio”, a la práctica y al ejercicio de la abogacía. A la U.T.I .E.R. le aplican los pronunciamientos directivos de B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825, 827 (1980) —reafirmados en González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 D.P.R. 638, 641 esc. 1 (1993), y Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 786 (1988)— a los efectos de que la abogacía

... contempla personas naturales pues solamente éstas pue-den ser autorizadas a ejercer la profesión por este Tribunal. Esta apreciación se robustece al admitirse y permitirse, por vía de excepción, que una persona represente ante los tribunales “sus asuntos propios”; lógicamente dicha salvedad no puede aplicarse a quien no es una persona natural, quedando así ex-cluidas las criaturas jurídicas corporativas. (Énfasis suprimido.)

El que una Unión no sea una corporación, no varía el resultado. En el fondo estamos ante una entidad (persona no natural) que, aunque pueda representar y negociar ante un patrono a nombre de sus miembros y tenga la capacidad para demandar y ser demandada, no puede autorepresen-tar en los tribunales sus propios asuntos.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.