author:
      {Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General
     Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Erick Cruz Granados y Luis Camacho Ortiz, acusados y apelantes.

      Número: CR-83-57

      Resuelto: 18 de diciembre de 1984

      Héctor Lugo Bougal, abogado de los apelantes; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Miguel A. Santana Bagur, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Por existir duda razonable sobre la culpabilidad de los acu-sados se revoca la sentencia apelada dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce.

Así lo pronunció el Tribunal y certifica la señora Secre-taria General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión separada a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió.

{Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

—O—

Opinión del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Decidimos esta apelación evocando que “ [h] asta tanto se disponga de un método infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquilla, 102 D.P.R. 545, 551-552 (1974). En esta misión es regla auxiliadora “el análisis de perspectiva integral de la prueba, atribuyéndole mayor valor probatorio a la evidencia apor-tada que contiene la característica de garantía circunstancial de veracidad entre las cuales se destaca la que posee ingredien-tes de espontaneidad y contemporaneidad con el suceso. Las muchas dudas que surgen con respecto a la credibilidad que merece un testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo más cercano y probable a la realidad extrajudicial ya pasada, son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas mediante este en-foque”. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 358 (1975).

El proceso investigativo tendente a esclarecer e identificar exitosamente al autor de un crimen no es tarea fácil. Inter-vienen numerosos factores entre los cuales se destaca la dis-ponibilidad de testigos oculares. Sobre éstos, el criterio cuali-tativo testimonial, a saber, la habilidad del deponente para percibir el acontecimiento, aptitud para conservarlo en su memoria, capacidad para evocarlo, modo de querer expre-sarlo, y cómo puede hacerlo, es esencial. El elemento tiempo resulta importante y, de ordinario, afecta estos factores. “Ingredientes adicionales tales como el grado de inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad para verbalizar y expli-car, el nerviosismo natural que genera la sala de un tribunal, las expectativas de una confrontación de lo atestado con el contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final del caso y un sinnúmero de imponderables, imponen sobre los tribu-nales de instancia la más delicada función del quehacer judicial humano: el descubrir la verdad haciendo el mayor es-fuerzo en dirimir prueba conflictiva y en muchas ocasiones incompleta.” García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 357-358. Este proceso mental y realidad forense —que corresponde más bien a la disciplina de la psicología del testimonio— nunca puede ser ignorado por un tribunal. Su comprensión y apli-cabilidad será en última instancia el elemento que inclinará de uno u otro lado la balanza de la justicia. Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 464 (1982).

En la noche del 9 de mayo de 1979 fue incendiada una estructura que albergaba en su segundo piso el Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) en la calle Comercio esquina Mayor de Ponce.

Erick Cruz Granados y Luis Camacho Ortiz fueron acu-sados conjuntamente con José A. Rodríguez Ortiz c/p “Pe-tróleo”() de incendio agravado. La causa se ventiló ante tribunal de derecho (Hon. Víctor Vargas Negrón, J.).

El Ministerio Fiscal desfiló y sometió prueba circunstan-cial tendente a establecer que el incendio se debió al acto criminal de los acusados.

A tal efecto, se estipuló la declaración del químico de la Policía José H. Santiago Rentas. Aunque la minuta consigna que éste “analizó un galón plástico y pedazo de botella de cris-tal con una mecha detectando [síc] residuo de gasolina en ella” (Exhibit 3), según su propio informe suscrito el 2 de julio de 1979 (Exhibit 4 de El Pueblo), el resultado de la prueba de laboratorio para determinar la presencia de ace-lerante o incendiarios sólo fue positivo en cuanto al galón plástico que contenía un líquido rojizo en su interior. Dicho líquido era “un derivado de petróleo conocido como gasolina”. Este dictamen pericial quedó confirmado posteriormente por el informe de 23 de abril de 1980 del químico de laboratorio Julio Román Muñoz (Exhibit 6 de El Pueblo). En su análisis también detectó gasolina en ese envase plástico. Sin embargo, señaló que no había acelerantes o sustancia inflamable en “el cuello de una botella de Pepsi-Cola con residuos quemados en su interior y fragmento de vidrio claro correspondiente a parte de la misma y residuo de materia quemada”. Tampoco los había en una “caneca de vidrio transparente” y en “envase color ambar, capacidad de 1 galón”.

Además se estipularon los testimonios de Walter Valenzuela, agente de la Unidad de Incendios y Explosivos que ocupó el galón plástico y la botella de cristal y del entonces alcalde José G. Tormos Vega, Presidente del P.N.P. en Ponce, respecto a que no consintió ni permitió que ninguna persona le pegara fuego a la estructura.

En adición a estas estipulaciones y los objetos e informes antes mencionados, se admitieron un sinnúmero de fotogra-fías. Subsiguientemente prestaron testimonio Franquie Pérez Ginorio, Pedro D. Castilloveitía y Wigberto Bolier.

Pérez Ginorio, investigador del Negociado de Investiga-ciones Especiales (NIE), atestó que según su examen pericial el incendio no se debió a un corto circuito eléctrico u otra causa natural, sino que fue causado intencionalmente.

Pedro Castilloveitía, estudiante, declaró que residía junto a su abuela frente al referido comité. Estaba estudiando cuan-do “a eso de las 11:30 a 12:00 de la medianoche” oyó el ruido de un carro detenerse un momento, romperse una botella de cristal, y al acercarse y mirar por la ventana, se percató del siniestro al tiempo que el vehículo abandonaba el lugar a toda velocidad. Llamó a los bomberos. “Cuando salió al balcón, vió el fuego que estaba en todo él techo de la estructura.”

El testigo principal fue Wigberto Bolier, a la sazón guar-dián de seguridad del cercano Condominio La Ceiba. Para el día de los hechos su horario era de 11:00 P.M. a 7:00 A.M. Relató que vio “una cosa tan grande como un fuego”. La curio-sidad le movió a subirse sobre unos bancos de una cancha de-trás del condominio para observar mejor. Inmediatamente vio las luces de un vehículo. Bajó para abrir el portón. En un carro gris de dos puertas identificó a José A. Rodríguez c/p “Petróleo”, y a los apelantes Erick Cruz Granados c/p “El Flaco” y a Luis Camacho Ortiz c/p “El Pelú”. Los conocía con anterioridad. El vehículo pertenecía y era conducido por Cruz Granados. Éste lo estacionó y salió con los otros del vehículo. Transcurrido algún tiempo, “Petróleo” le echó los brazos y le dijo “Bolier yo quemé el comité del P.N.P.”. Profirió palabras obscenas y estaba molesto con el alcalde Tormos Vega. Cruz Granados lo recriminó y advirtió que si seguía hablando podía ser delatado a la Policía. No obstante ese aviso de cautela, dijo además que vio a Cruz Granados sacar ante él una botella de “Coca Cola” llena de gasolina con una mecha del baúl del auto. “Petróleo” la lanzó a un pastizal anejo. El incidente duró aproximadamente diez (10) minutos.

Bolier finalmente declaró que los tres individuos olían a gasolina. Que “Petróleo” le manifestó que entre él y “El Pelú” “fueron los que le pegaron fuego al comité”. “El Flaco” “estaba en el parking velando”. Cuando ocurrieron estas manifesta-ciones los apelantes Cruz Granados y Camacho Ortiz se encon-traban como a siete (7) pies de distancia.

Durante el contrainterrogatorio, Bolier indicó que el inci-dente relatado ocurrió como “a eso de las No comunicó los hechos a la Policía al día siguiente, aun cuando en el con-dominio residían varios agentes de la Policía. Tampoco los informó a su madre, con quien vivía, ni a ninguna otra persona. Estuvo ajeno a la noticia difundida radialmente que como autor intelectual del incendio señalaba al Alcalde Tormos Vega. Según Bolier, “ellos vinieron a mí” refiriéndose al De-partamento de Justicia. Aclaró que un agente de apellido Mercado le visitó para inquirirle sobre los hechos. Al mo-mento de prestar declaración jurada a petición del Departa-mento de Justicia, Bolier. estaba desempleado. Habían trans-currido cinco (5) meses del incendio. Admitió que le era leída la declaración jurada con frecuencia por un oficial de apellido Vargas con el propósito de refrescarle la memoria.

La defensa presentó prueba para controvertir la veraci-dad del testimonio de Bolier y la legitimidad de la teoría del Ministerio Fiscal.

Jaime Negrón Castro, cabo de la Policía Municipal de Ponce, atestó que prestó declaración jurada escrita el 6 de septiembre de 1979. En la misma manifestó que “[e]l día si-guiente al incendio me llamó el Sr. Eddie Zavala, secretario municipal de Ponce y me informó que el Club del P.N.P. ‘lo habíamos mandado a quemar nosotros’ ”, y que “los que come-tieron el incendio fueron el ex-policía municipal José A. Rodrí-guez conocido por Petróleo y el ex-agente del N.I.C. Jorge González . . . era para distraer la atención pública sobre el caso del Cerro Maravilla”.

Que luego de prestar dicha declaración fue citado por los fiscales Pedro Colton y Figueroa Vivas en San Juan y allí ale-gadamente fue reprendido, insultado y coaccionado para que cambiara su declaración, si no “le iban a quitar el uniforme”.

Los apelantes Cruz Granados y Camacho Ortiz negaron toda relación con el incendio. Relataron algunos supuestos in-cidentes de coacción e intimidación por parte de los fiscales Pedro Colton y Ángel Figueroa Vivas durante el proceso de investigación. En igual forma adujo haber sido tratado el tes-tigo Sigfrido Arriaga, joven estudiante dominicano. Dijo que durante una investigación relacionada con una alegada con-versación en el Condominio La Ceiba fue amenazado de ser deportado. Negó toda participación.

Además, presentaron declaraciones juradas de Jaime Ne-grón Castro y Sigfrido Arriaga Félix ante el fiscal. Por último sometieron una declaración jurada presentada por José A. Ro-dríguez Ortiz c/p “Petróleo”, en presencia del cabo municipal Héctor O. Irigoyen, ante el notario Samuel Ramírez Torres el 21 de septiembre de 1979. Luego de ser advertido de las consecuencias legales, en la misma éste relató que “Georgi” “que es como si fuera hermano mío”, le dijo que había que quemar el comité. Estudiaron el “ambiente” tres días antes. Entrarían temprano al local, se quedarían allí, regarían la gasolina, lanzarían un fósforo y escaparían por la parte de atrás. Hubo un primer intento fallido debido a la presencia en las inmediaciones del local de dos guardias municipales. Días después “Georgi” recibió una llave del comité para fa-cilitar la entrada. El día señalado, entraron a las 6:30 P.M. y se acostaron a dormir. La gasolina estaba en cuatro (4) galones plásticos. Cuando llegó la hora “como a las doce de la noche” regaron con gasolina el interior. “[C]uando se nos vaciaba un galón cuando estábamos regando gasolina lo [síc] íbamos regando por otra parte cosa para que cuando cogiera fuego los galones se quemaran.” “Georgi tiró el fósforo.” Luego huyeron corriendo. Rodríguez se marchó á su casa, se dio un baño y se puso a “hablar con el Wacheman [sic\ allí. Ya yo se lo había dicho a Irigoyen [cabo de la guardia municipal]”. A preguntas de quién dio la orden de quemar el comité, señaló que “ [s] olamente lo saben estas personas, Eddie Zavala, el Alcalde José Tormos Vega, la esposa del Alcalde Irdín Chardón, Georgi, yo y Lamoutte”.

A Rodríguez se le permitió hacer alegación de culpabili-dad por el delito menor (incendio). El 15 de diciembre de 1981 fue sentenciado a cumplir de cinco (5) a siete (7) años de presidio, bajo el régimen de sentencia suspendida. Fue repre-sentado por el Lie. Samuel Ramírez Torres.

El caso quedó sometido el 13 de noviembre de 1981. El tribunal de instancia, varios meses después —el 14 de abril de 1982— emitió una resolución escrita en la cual, luego de resumir la prueba, los declaró culpables. Impúsoles una pena de tres (3) a cinco (5) años de presidio bajo el régimen de sen-tencia suspendida, en atención a la que le fue impuesta a José A. Rodríguez c/p “Petróleo”. Expuso el siguiente razona-miento :

El caso de Serrano Nieves [93 D.P.R. 56 (1966)] nos re-cuerda la tarea que no acaba, la apreciación de la prueba, para cuyo descargo todavía no se ha inventado la computa-dora salvadora.
Contrario al caso de Serrano, el testimonio de Bolier no es improbable, ni increíble. Admitimos que no se trata de un testigo glamoroso, sino de una persona de muy escasa ins-trucción; que no sabe leer ni escribir, pero precisamente son esas cualidades las que lo rescatan de incurrir en falsedades, y que ante la figura imponente del abogado defensor, supo defender con hidalguía tal vez su único atractivo, su respeto a la verdad. Cuando Bolier dice que vió una cosa grande, como un fuego, cuando dice además, que estuvieron allí ha-blando como diez horas, expresión que arrancó un comentario del abogado, cuando se asombra de que alquien pueda creer que un alcalde va a mandar a pegar fuego, todo ello es indicio de una ingenuidad tal, que excluye cualquier posibilidad de artificio.
Frustrada la maniobra de desacreditar la credibilidad del testigo, la defensa encaminó sus esfuerzos a demostrar una conspiración de las autoridades para implicar a los co-acu-sados en el fuego del local que ocupaba el partido de gobierno en Ponce, pero dichos esfuerzos nunca levantaron vuelo.

Los jueces de instancia y los jurados normalmente están en mejores condiciones de aquilatar la prueba oral. Tienen la ventaja de ver y escuchar directamente a los testigos. Sus determinaciones merecen gran respeto. Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973). De ordinario la credibilidad y el dictamen de un caso sólo será alterado ante parcialidad o error manifiesto en la evaluación de la evidencia. Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699, 703 (1968); Pueblo v. Iturrino De Jesús, 90 D.P.R. 706, 712 (1964); Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 520 (1961). Esta regla sufre excepción en prueba documental y tangible. Sobre la misma estamos en igual posición que los foros primarios para apreciar su valor probatorio.

II

Hecha esta aclaración, evaluemos el primer error plan-teado sobre la suficiencia de la prueba.

A los fines de una adecuada adjudicación es menester unos breves comentarios sobre las leyes físicas y químicas elemen-tales en juego, susceptibles de conocimiento judicial cuando investigamos las causas y razones de un incendio. Las auto-ridades son abundantes. Después de todo la conducta humana en fuegos accidentales por imprudencia o negligencia, o en los que interviene una mano criminal, tiende a repetirse. Con buen juicio se ha dicho que las leyes del hombre pueden ser quebrantadas pero no las de la naturaleza y física. Siempre éstas nos dejarán válidos indicadores o huellas para acercar-nos y descubrir el ideal de la verdad. “La realidad previa-mente expuesta cobra mayor importancia tratándose de casos de incendio, como el que nos ocupa, en que por la naturaleza del elemento envuelto, la génesis del suceso regularmente re-sulta difícil de determinar, perpetuar y producir subsiguien-temente ante los tribunales.” García v. A.F.F., supra, pág. 358.

Todo fuego sigue unas leyes físicas y químicas común-mente reconocidas. Para que un fuego se inicie es menester que concurran tres condiciones: temperatura (calor sufi-ciente), combustible o material inflamable y oxígeno u otro agente oxigenante. J. Kennedy, Fire and Arson Investigation, Chicago, Investigations Institute, 1962, pág. 223; Tedeschi-Eckert-Tedeschi, Forensic Medicine, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1977, Vol. I, pág. 735. Una buena labor investi-gativa conlleva examinar metódicamente los escombros para localizar pistas y preservar evidencia. Los daños deben ser interpretados a la luz de estos fenómenos de la naturaleza para arribar a unas conclusiones racionales sobre su origen. Son indicadores claves —coetáneos o posteriores— el color del humo, la presencia o no de vapor, el color de la flama, el tamaño del incendio, la dirección en que viaja, la localización de las flamas y los olores detectables. C. E. O’Hara, Fundamentals of Criminal Investigation, 7ma ed., Illinois, Ed. C. C. Thomas, 1967, págs. 201-203; G. D. Bennett, The Arson Investigator and Technical Aids, 49 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 172-177 (1958).

La prueba del Ministerio Fiscal está huérfana sobre mu-chos de esos datos. No se presentó evidencia en torno a la inter-vención del Servicio de Bomberos. El informe oficial de dicho cuerpo —fácilmente accesible— contentivo del tiempo que duró, posibles orígenes, magnitud y otras valiosas observa-ciones, lamentablemente quedó fuera del recinto judicial. Por ende, forzosamente habremos de referirnos a aquellos limi-tados detalles que surgen de la evidencia total.

Se acepta que una propagación rápida de un incendio “es indicativa del uso de acelerantes o algún otro método de prepa-ración física”. (Traducciónnuestra.) O’Hara, op. cit, pág. 202. De importancia es la trayectoria en que viaja. Todo fuego, por razón de leyes físicas, tiende a elevarse hasta que al to-parse con obstáculos se proyecta horizontalmente para buscar otra vez vías verticales. “La extensión y velocidad de despla-zamiento en dirección horizontal dependerá primordialmente de la dirección del viento y de las condiciones de ventilación tales como puertas y ventanas abiertas. El que un fuego se propague en una dirección poco común o a una velocidad ex-cepcional debe levantar sospechas sobre la presencia de acele-rantes o de una preparación previa en cuanto a las puertas y ventanas.” (Traducción nuestra.) íd., pág. 203.

La gasolina es uno de los acelerantes más usados por in-cendiarios. Existe la errónea impresión de que no puede ser localizada, aislada e identificada. Nada más lejos de la ver-dad. Tedeschi-Eckert-Tedeschi, op. cit, pág. 736. La expe-riencia y las pruebas de laboratorio revelan lo contrario. Nat. Inst., Arson and Arson Investigation, Law Enforcement and Criminal Justice 77 (oct. 1977). En la investigación forense, desde la década de 1960 existen exámenes de laboratorio efi-cientes para descubrir trazas de hidrocarburo derivado de pe-tróleo. Hay distintos métodos. El más generalizado y efectivo es el de la técnica de “cromatografía gaseosa” (gas chromatography) . Stone-Lomonte-Fletcher & Lowry, Accelerant Detection in Fire Residues, 23 J. Forensic Sci. 78-83 (1978); Armstrong & Wittkower, Identification of Accelerants in Fire Residues by Capillary Column Gas Chromatography, J. Forensic Sci., op. cit, págs. 662-671; Chissum & Elzerman, Identification of Arson Accelerants by Gas Chromatografic Patterns Produced by a Digital Log Electrometer, 17 J. Forensic Sci. 280-291 (1972); D. Q. Burd, Detection of Traces of Combustible Fluids in Arson Cases, 51 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 263-264 (1960); D. L. Adams, The Extraction and Identification of Small Amounts of Accelerants from Arson Evidence, 47 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 593-596 (1957); J. W. Brackett, Jr., Separation of Flammable Material of Petroleum Origin from Evidence Submitted in Cases Involving Fires and Suspected Arson, 46 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 554-561 (1956).

“Expuesta en términos sencillos, cromatografía gaseosa representa el método mediante el cual una mezcla de moléculas son rápidamente separadas y examinadas usando un gas como el agente transportador.” (Traducción nuestra.) F. Lund-quist, Methods of Forensic Science, New York, Interscience Pub., 1963, Vol. II, pág. 129. Como la técnica de separación conlleva a veces diferentes colores, se le denomina “cromato-grafía”, término que literalmente significa “escritura a color”. Smoot-Price-Smith, Chemestry — A Modern Course, Ohio, C. E. Merrill Pub. Co., 1983, págs. 287, 291-292; Lundquist, op. cit., págs. 127-170.

En síntesis, la primera característica de importancia apli-cable al caso de autos, es que el fuego siempre tiende a desarro-llarse verticalmente en ausencia de alguna obstrucción.

Otros factores pertinentes son sus efectos sobre determi-nado material. Cabe aquí recordar que la estructura del comité era casi en su totalidad de madera. “El fuego que envuelve una viga de madera tiende a redondear las esquinas del lado más lejano de la fuente de la flama. La superficie de una madera carbonizada experimenta un patrón de grietas que en apariencia es similar a la piel de un cocodrilo. El punto probable de origen es aquel sitio donde están las marcas más pe-queñas del ‘patrón de cocodrilo’ y se encuentran las más pro-fundas. Así, un investigador al acercarse más al punto de origen, encontrará que la carbonización es más profunda y los segmentos de ‘huellas de cocodrilo’ se convierten en más peque-ñas.” (Traducción nuestra.) O’Hara, op. cit, págs. 205-206; Arson and Arson Investigation, op. cit, págs. 87-88.

Finalmente, en cuanto al uso de combustible acelerante, como la gasolina, también la forma en que se quema la madera es reveladora. “Si la madera, antes de quemarse, es empapada con un producto de petróleo, como gasolina o querosén, adqui-rirá una apariencia distinta al carbonizarse. El ‘efecto de piel de cocodrilo’ será más fácil de observar. Las marcas de carbo-nización serán más profundas donde el líquido haya penetrado la madera. Así, la carbonización seguirá el patrón del líquido derramado.” (Traducción nuestra.) O’Hara, op. cit, pág. 207.

H-f » — 4 I

Con vista a estas observaciones preliminares sobre el fe-nómeno y dinámica de un incendio, el proceso integral racio-nal y reflexivo de formar conciencia judicial ha sido arduo, complejo y pausado. Hemos leído y releído la Exposición Na-rrativa de la Prueba, las declaraciones juradas y los informes de laboratorio. Hemos examinado acuciosamente las fotogra-fías. Estas últimas gozan de una garantía circunstancial especial de veracidad. La precisión y claridad con que presentan a la vista las imágenes recogidas por el lente de la cámara es más elocuente que muchos testimonios verbales. Salvo cuando responden a una composición alterada y ficticia son entera-mente objetivas y confiables, particularmente en casos de in-cendios, pues son “capaces de perpetuar ciertos detalles de subsiguiente importancia los cuales nadie notó al momento de inspeccionar el lugar”. (Traducción nuestra.) R. Leofic Jackson, Criminal Investigation, 5ta ed., Toronto, The Carswell Co. Ltd., 1962, pág. 144; Kennedy, op. cit, págs. 257-272.

Los Exhibits fotográficos 7(a) al 7(k) y 9(a) al 9(g) recogen la escena del siniestro un día después de acaecido. Siete fotografías correspondientes al Exhibit 9 fueron esti-puladas como expositivas “del origen del fuego”. Son muy iluminadoras.

De las mismas, en términos generales, surge que el interior del local fue totalmente consumido, excepto sus paredes de ladrillo. La sensación es que fue ingobernable. Aparecen escombros de innumerables maderas, vigas carbonizadas y otros objetos.() Igualmente vemos las planchas de zinc del techo. Además hay quemados objetos y equipo de archivo de oficina. Se observan, como sitios más afectados, el centro de la estructura hacia la parte posterior contraria a la calle Comer-cio. Todavía erectas, percibimos varias columnas de madera que sostenían el techo. Aparecen quemadas desde el nivel del piso hacia arriba.

En términos específicos, detectamos que el Exhibit 7(d) refleja entre otros escombros la parte superior de una botella de cristal rota. Apreciamos visualmente sin dificultad la pala-bra “Pepsi”. La foto no nos permite —comparándola con otras y mediante la técnica del mosaico— establecer dónde exactamente y a qué distancia del balcón frontal fue encon-trada. La prueba oral tampoco nos da la respuesta.

El Exhibit 7 (k) es sumamente revelador. Reproduce el balcón colgante de madera en la segunda planta. Surge que fue muy poco afectado por el incendio. Se mantienen partes de sus paredes, piso, techo, columnas y barandas.

En el Exhibit 9 notamos el piso de madera en que el fuego penetró más profundamente y destruyó notablemente. Ello su-giere que ahí se originó. Advertimos que esos grandes aguje-ros visiblemente carbonizados en el piso se extienden —en forma de trillo o senda— hacia el área posterior de la estruc-tura. (Exhibit 9 (b) (c) (d) y (e).) Razonablemente inferimos que marcó una ruta de escape a la par que sirvió de mecha.

En resumen, las fotografías apuntan poderosamente hacia las siguientes conclusiones: (1) que su origen, esto es, el punto inicial donde estuvo la chispa, braza o fósforo que lo causó, fue aproximadamente en el centro de la estructura; (2) que el fuego se desarrolló rápidamente hacia la parte posterior; (8) que fue de vastas proporciones, irreductible y sus llamas envolvieron toda la estructura excepto el frente; (4) que hay varios agujeros profundos en el sitio de origen donde la ma-dera quedó calcinada, probablemente por efectos de una mayor acumulación o impregnación de la gasolina; y (5) que esa huella carbonizada es típica de una mecha que sigue como un pasadizo hacia atrás, esto es, en dirección opuesta al frente del local en la calle Comercio. Corrobora estas impresiones que el incendio no afectara sustancialmente el balcón de madera colgante del frente del comité.

De la evaluación integral de la prueba —cargo y defensa— no albergamos duda respecto a los siguientes hechos: (1) que el fuego, que comenzó aproximadamente a las 12:00 P.M., fue intencional; (2) que José Rodríguez “Petróleo” entró con mucha facilidad al local; (3) que estaba acompañado; (4) que usaron y regaron el piso de madera con gasolina envasada en uno o más galones plásticos; (5) que intentaron que ése o los envases desaparecieran, al ser consumidos por las llamas; (6) que debido al uso extenso de la gasolina el incendio se propagó rápidamente y consumió —excepto el balcón colgante que da de frente a la calle Comercio— toda la estructura de madera, inclusive el techo; (7) que por la celeridad de su desa-rrollo y vastas proporciones se hizo prontamente visible a los sectores cercanos dentro de la ciudad de Ponce; (8) que los autores “inmediatamente huyeron por atrás y se marcharon de la escena del crimen”; (9) que “Petróleo” se fue a su apar-tamento en el Condominio La Ceiba; y (10) que allí le dijo a un guardián de seguridad, presumiblemente Bolier, que había quemado el comité.

En esta etapa hemos intentado reconstruir la comisión del crimen interpretando la prueba circunstancial de la forma más favorable al Ministerio Fiscal y en contra de los apelantes. En esta tarea habremos de suspender momentáneamente todo juicio crítico sobre las contradicciones existentes y lagunas inexplicables. El resultado sería el siguiente: “Petróleo” y Camacho Ortiz llegaron en el auto de Cruz Granados —condu-ciendo éste— cerca del comité; se detuvieron y bajaron; “Pe-tróleo” y Camacho Ortiz penetraron por detrás, mientras Cruz Granados vigilaba afuera; una vez dentro, “Petróleo” y Camacho Ortiz regaron el piso de madera con gasolina, luego salieron; junto con Cruz Granados se dirigieron al frente del comité en la calle Comercio; allí se detuvieron y lanzaron sobre el techo el “cóctel Molotov” preparado en la botella de “Pepsi”; el artefacto de cristal rompió contra el techo de zinc, explotó y lo incendió todo; no sabemos cómo, pero algunas de las chis-pas inmediatamente vinieron en contacto con la gasolina en el piso de madera y entonces se extendió en su totalidad; que todos huyeron; que se tardaron un tiempo en llegar al Condo-minio La Ceiba; y que allí “Petróleo” admitió a Bolier haber pegado fuego junto a los apelantes.

Sin embargo, la dificultad de aceptar esta interpretación surge de que existen serias dudas fundadas en varias interro-gantes, lagunas y aparentes contradicciones sobre detalles esenciales en la prueba del Ministerio Fiscal. Expongámoslas.

Se destaca primeramente la ausencia de móvil claro y de-finido. El único indicio que surge de la prueba de cargo es un aparente sentimiento de hostilidad de “Petróleo” contra el Alcalde Tormos Vega. Aunque no es determinante, en el tras-fondo de personas envueltas, es revelador.

Se plantea de inmediato un conflicto irreconciliable en cuanto a la secuencia temporal. El testigo Castilloveitía sos-tiene que el incendio fue entre 11:30 P.M. y 12:00 P.M. El guardián Bolier alega que el incidente con “Petróleo” y los apelantes ocurrió como a las 4:30 A.M. Aún restándole media o una hora para compensar un posible margen de error, la diferencia de más de tres (3) horas es inmensa. Confesamos que arroja dudas sobre la veracidad o precisión en uno de los dos testimonios. La credibilidad más afectada es la de Bolier. El más cercano a la verdadera realidad —hora— es el de Casti-lloveitía. Conforme a Bolier, “Petróleo” y los apelantes des-pedían olor a gasolina. ¿Tardaron tantas horas en recorrer una corta distancia urbana una vez cometido el crimen? ¿Fue que se detuvieron en otro lugar por varias horas antes de arri-bar al condominio? Comienza a inquietarnos su testimonio. Estas interrogantes son pertinentes para dirimir credibilidad, pues el alegado encuentro de Bolier con los apelantes y “Pe-tróleo” se suscita poco tiempo después de aquél percibir el in-cendio.

En términos de tiempo el testimonio de Bolier falla. Es irreconciliable con el momento real del incendio. Dos posibili-dades: ¿O se equivocó o mintió?

En el modus operandi, la teoría del Ministerio Fiscal so-bre la causa y sitio en que se originó el siniestro no es armoni-zable con el testimonio de Castilloveitía. La manera, magnitud y celeridad de la conflagración es contraria a que fuera cau-sado por una sola botella de cristal tipo “cóctel Molotov” lan-zada desde la calle Comercio. Recuérdese que este testigo de cargo atestó que inmediatamente después de sentir que se rom-pió una botella de cristal y salir al balcón “el fuego estaba en todo el techo de la estructura”. Los comentaristas y expertos sobre la materia coinciden en que de ordinario un fuego se desarrolla, alimenta y desplaza de abajo hacia arriba por ra-zones físicas. Nos resulta difícil conciliar esa prueba con el fenómeno científico aludido y la realidad de que el balcón al frente de la estructura sufrió muy poco en el incendio.

Más aún, las fotografías e informes demuestran que el fuego se originó en el interior del local mediante el uso ex-tenso de gasolina. Según elaboraremos más adelante, subsiste como enigma el análisis de laboratorio que no detectó material inflamable en el pedazo de botella de “Pepsi”. Ello tiende a debilitar, por no decir destruir, el testimonio de Castillo-veitía.

Fuera de esta prueba, la convicción de los apelantes Cruz Granados y Camacho Ortiz descansa únicamente en el testimo-nio de Bolier, el cual a su vez se funda en una alegada admi-sión de “Petróleo” y sus observaciones, curiosamente a des-tiempo, horas más tarde de comenzado el siniestro.

En esta etapa analítica, se agudizan más las dudas. Pri-mero, Bolier narró con dificultad, revistiendo su testimonio de poca espontaneidad, que “Petróleo” le dijo que llevó un galón de gasolina, penetró a la estructura con Camacho Ortiz y le pegó fuego. Ello dramatiza una contradicción inherente con el testimonio de Castilloveitía en cuanto al modus operandi antes aludido.

Segundo, la prueba del Ministerio Fiscal, según relacio-nada, únicamente identificó la presencia de material acele-rante e incendiario en un envase plástico tipo galón, análogo a los descritos por “Petróleo”. Que sólo se hubiese podido lo-calizar un galón es más armonizable con su declaración de que tomaron las medidas para que los otros envases desapare-cieran en el incendio.

Tercero, los grandes agujeros en el piso de la madera cal-cinada, presumiblemente infiltrada por la gasolina, se exten-dieron desde ese sitio de origen hacia atrás de la estructura. Ello es significativo. Marca un rastro que coincide con la ruta de huida que “Petróleo” explicó en su declaración jurada.

Percibimos un conflicto en términos de espacio. Según Bolier, los apelantes entraron, incendiaron y escaparon por la parte de atrás —saltaron la verja— mientras Castilloveitía ubica los autores en un automóvil en la calle Comercio, al frente del local. Se usó una botella, tipo Molotov. La única en-contrada en el interior no presentó residuo alguno de combustible acelerante. Otra vez la evidencia del Ministerio Fiscal omite aclarar satisfactoriamente un detalle tan importante. ¿A qué se debió el resultado negativo de la prueba de labora-torio? Hemos visto cómo las pruebas de laboratorio mediante la técnica de cromatografía gaseosa pueden separar y detectar vestigios de hidrocarburo. Surgen varias interrogantes. ¿Por qué si se encontró parte de la botella de cristal “Pepsi” a raíz del siniestro (9 de mayo de 1979), no fue sometida al análisis de laboratorio conjuntamente con el practicado al galón plás-tico (Exhibit 1, Pueblo) el 11 de mayo? ¿Por qué se esperó hasta el 1ro de noviembre de 1979 para realizar ese análisis? ¿Afectó el transcurso del tiempo la posibilidad de descubrir científicamente los residuos de gasolina u otro acelerante? Estas preguntas no son simples conjeturas. Adviértase que, según las técnicas químico-forenses, existen pruebas de labo-ratorio capaces de detectar la presencia de dicha sustancia in-flamatoria aun cuando estuviera sometida a los efectos direc-tos del incendio.

Pero hay más. El examen del galón plástico produce se-rias vacilaciones. La prueba exclusivamente revela que lo ocupó el agente Valenzuela y contenía gasolina. Surge la pri-mera pregunta: ¿en qué sitio específico? No sabemos. Obser-vamos que el mismo es de material plástico natural, inclinán-dose hacia el color blanco. Tiene tapa de rosca azul. Su me-dida es un galón. Aparentemente es de los comúnmente dis-ponibles en los comercios para envasar líquidos de radiador y otros productos fluidos automotrices análogos. Aún conserva una etiqueta color roja cuyo impreso lee “Bargain Town” número 2.48 (presumiblemente el precio), y la palabra omotive, que creemos corresponde a automotive. También nos fijamos en que su color plástico natural está manchado por la suciedad típica de grasa. A simple vista no presenta hollín ni residuos de ceniza. Tiene algunas manchas que parecen ser impresiones dactilares. Otra vez afloran las dudas. ¿Existían al momento de ser ocupado? ¿Son el resultado de su posterior manipulación? ¿Por qué no se investigaron en laboratorio para tratar de identificarlas?

Finalmente, la incógnita más impactante es que este galón quedó intacto. Increíblemente no sufrió los efectos de las altas temperaturas y del calor que generó el incendio. Tomamos conocimiento judicial de que el plástico es un material que se derrite al ser sometido a altas temperaturas del elemento ígneo. Si estaba en el interior debió desaparecer.

Repetimos, nos preocupa la ausencia de prueba del lugar exacto en que fue localizado. Hemos meditado sobre las posi-bles razones para que dicho galón sobreviviera intacto en el incendio. Las mismas —dejado inadvertidamente y por des-cuido de los autores fuera del área del incendio, o a propósito y convenientemente, o que no se dio la expectativa de que se consumiera— crean un incomprensible y profundo vacío evi-denciario.

Esta laguna unida a las contradicciones e interrogantes apuntadas, nos producen unas ineertidumbres reales y racio-nales en nuestro ánimo adjudicativo. Proyectémoslas sobre la norma jurídica que conocemos como duda razonable.

IV

Refiere la duda razonable en su sentido lexicográfico una “indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones”, o una “ [s] uspensión voluntaria y transitoria del juicio para dar espacio y tiempo al espíritu a fin de que coordine todas sus ideas y todos sus conocimientos”, razonablemente, esto es, “ [c] onforme a la razón”. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, págs. 518, 1147. En su significado jurídico, nues-tra jurisprudencia la ha visualizado como que “no es mera-mente una duda posible. Existe duda razonable cuando des-pués de un cuidadoso análisis, examen y comparación de toda la prueba queda el ánimo de ustedes en tal situación, que no pueden decidir si tienen una firme convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos envueltos en la acusa-ción. Esto no significa que deba destruirse toda duda posible ni que la culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza matemática, sino que la evidencia debe producir aque-lla certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satis-face la razón. Duda razonable es una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en el caso. No debe ser pues, una duda especulativa o imaginaria. La duda que justifica la absolución no sólo debe ser razonable, sino que debe surgir de una serena, justa e imparcial conside-ración de toda la evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación”. (Énfasis suplido.) Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior, 2da ed., San Juan, Ed. Col. Abo. P.R., 1977, pág. 42.

Esta instrucción de carácter definitorio reproduce expre-samente la terminología utilizada por este foro. Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 626-627 (1968); Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 D.P.R. 395, 399 (1967); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 468 (1962); El Pueblo v. Vilar, 17 D.P.R. 1054, 1057 (1911); El Pueblo v. Dones, 9 D.P.R. 469, 478 (1905).

El principio es de raíz anglosajona. Se remonta a finales del siglo XVII. Se usó por primera vez en casos sujetos a la aplicación de la pena capital. () Evolucionó bajo el crisol de la casuística () al punto de requerirse que la culpabilidad se probase conforme a criterios como “una impresión clara”, “sobre bases claras”, “duda racional”, () “duda racional bien fundamentada” y “más allá de una probabilidad de duda”. Finalmente emergió el concepto de “duda razonable”, criterio de aproximación judicial tricentenario adoptado jurispruden-cialmente, () y como axioma constitucional por toda sociedad democrática, independientemente de que sus raíces sean an-glosajonas o latinas. () J. H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, Boston, Little, Brown & Co., 1981, Sec. 2497, págs. 316-325; C. T. McCormick, Evidence, Minnesota, West Pub. Co., 1984, Sec. 341, pág. 962.

La máxima que nos ocupa es consustancial con el principio de la presunción de inocencia. May, citado en Wigmore, op. cit., págs. 409-410; Morano, op. cit., pág. 509; Coffin v. United States, 156 U.S. 432, 455 (1895). Estas consideraciones im-pulsaron al Tribunal Supremo federal a conferir protección al acusado, reafirmando, como un elemento del debido procedi-miento de ley, que se establezca su culpabilidad más allá de duda razonable. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970). ()

Semejante aproximación histórica nos conduce indubitada-mente al imperio absoluto del principio in dubio pro reo () en materia procesal penal cuando no están totalmente probados los hechos que se imputan al acusado. L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, T. II, pág. 469. Ello significa pura y simplemente, que en caso de duda, hay que preferir la impunidad de un culpable a la condena de un inocente. E. Gómez Orbaneja y V. Herce Que-mada, Derecho Procesal Penal, 8va ed., Madrid, Eds. S.A., 1975, pág. 263.

En su función propia el principio puede compendiarse así: “ [L] a falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia.” Gómez Orbaneja y Herce Quemada, op. cit, pág. 265.

V

Nuestro ordenamiento jurídico constitucional, uno de los más avanzados, consagra definitivamente la presunción de ino-cencia como uno de los derechos humanos que asiste a todo acusado. Constitución del E.L.A., Art. II, Sec. 11.

Su implementación conlleva que el Estado pruebe la culpa-bilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo v. Carrasquillo, supra, pág. 552. Reafirmamos la norma de defe-rencia a los jueces de instancia y a los jurados en la aprecia-ción de la prueba. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981). Sin embargo, en casos de naturaleza criminal dicha deferencia no puede tener el mismo alcance que atribuimos a la adjudicación en el procedimiento civil. La evaluación crí-tica, racional e integral de la prueba nos confiere una facultad más amplia para emitir un juicio cuidadoso y concienzudo sobre la verdad procesal. La prueba, “además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación”. Pueblo v. Carrasquillo, supra, pág. 552. Después de todo, la insatisfacción de la conciencia del juzgador en cuanto a la culpabilidad de un acusado, una vez desfila la totalidad de la prueba, es lo que se conoce como duda razonable. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963). No puede esperarse menos. El respeto que nos merezca la libertad determinará los senderos de nuestra sociedad como una verdaderamente civil y democrática. Nuestra función es darle contenido al precepto constitucional en su sentido teleológico más profundo. Pro-cedamos.

Excluido el testimonio del testigo de cargo Castilloveitía —que no arroja luz sobre la identidad de los autores del incen-dio y cuya declaración es sumamente frágil— el tribunal de instancia basó su fallo en prueba circunstancial dirigida a sostener la versión del testigo Bolier fundado en unas admi-siones y observaciones que incriminan a los apelantes. Le me-reció crédito. Sin embargo, hemos visto cómo dicho testimonio fue confuso e impreciso en extremos importantes. Con vista a un examen directo y a una evaluación de la prueba documental y objetiva, hemos demostrado la existencia de muchas interro-gantes y serias lagunas no explicadas. También, cómo surgen dudas sobre la confiabilidad de la evidencia tangible. El valor residual probatorio de la poca evidencia circunstancial que queda es escaso. No es suficiente para rubricar el alegado relato incriminatorio de Bolier contra los apelantes

En un recto balance valorativo, el tribunal a quo no podía descartar el testimonio del cabo de la Guardia Municipal Ne-grón Castro. Éste proveyó un móvil para el crimen y explicó que hubo terceras personas que por razones político-partidis-tas autorizaron el incendio y encomendaron su ejecución a “Petróleo” y al ex agente del N.I.C. Jorge González, “Georgie”. Este aspecto fue corroborado por José A. Rodríguez Ortiz, “Petróleo”, quien por propia declaración se atribuyó la comi-sión del delito, fue convicto y descartó la participación de los apelantes en la acción criminosa.

¿Cuál de estas versiones es la cierta? No lo sabemos. Teó-ricamente ambas son plausibles. La que menos erosión sufre es la de la defensa. En éstas, las partes del rompecabezas evi-denciario —móvil, autores, secuencia cronológica, espacio y modus oper andi— encajan más fácilmente. Sin embargo, nuestra conciencia judicial pausa en este caso ante lo irreso-luble de la verdad forense. Todos los esfuerzos encaminados a descubrirla han resultado infructuosos. En el descargo del ministerio judicial no caben las especulaciones. Tampoco cegarnos ante las múltiples incógnitas, lagunas y contradic-ciones que el examen global y concienzudo de la prueba revela. No es simple recelo o titubeo judicial. Es mucho más. “El es-tado mental de seguridad de que una proposición es verdadera se llama certeza, y el de inseguridad acerca de si una proposi-ción es o no verdadera, debida a la creencia de la posible ver-dad de la proposición contradictoria, se denomina duda, la cual importa la prudente suspensión de todo juicio categórico.” J. M. Mans Puigarnau, Lógica para Juristas, Barcelona, Ed. Bosch, 1969, pág. 172. Esta incertidumbre fundada en el análi-sis esmerado y racional que ha precedido, nos crea una insuperable vacilación decisoria. La identificamos como duda razo-nable. Por mandato constitucional favorece a los apelantes.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió.

      (1) Este apodo tan sugestivo cobra vida propia en el trasfondo fáctico en que se debate la causa.

      (2)Los siguientes factores pueden influenciar las condiciones de los escombros: temperatura; tiempo del incendio; uso de acelerantes; cambios en color en concreto y acero; grado de enfriamiento; método de extinción usado; condiciones atmosféricas; presencia de agentes oxidantes; y naturaleza de la estructura y su contenido. J. Kennedy, Fire and Arson Investigation, Chicago, Investigations Institute, 1962, pág. 243.

      (3)En un escrito publicado en 1876, el Juez May atribuye su origen a los casos de Finneys y Bond litigados en Dublin en 1798, 27 How. St. Tr. 523 (Ire. 1798); 27 How. St. Tr. 1019 (Ire. 1798); C. J. May, Some Rule of Evidence: Reasonable Doubt in Civil and Criminal Cases, 10 Am. L. Rev. 642 (1876) citado en J. H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, Boston, Little, Brown & Co., 1981, Sec. 2497, págs. 316-317. C. T. McCormick, Efffvidence, Minnesota, West Pub. Co., 1984, See. 341, pág. 962 n. 5; A. Morano, A Reexamination of the Development of the Reasonable Doubt Rule, 55 B.U.L. Rev. 507, 508 (1975); T. Waldman, Origins of the Legal Doctrine of Reasonable Doubt, 20 J. History of Ideas 299 (1959).
      No obstante, se ha planteado que el caso de Weldon previo a estos últimos, contiene un lenguaje inequívoco atribuible al concepto de la duda razonable, por lo que amerita su reconocimiento como primicia jurídica. Morano, op. cit., pág. 516. Así se configuró en esta expresión histórica del Juez Chamberlain: “If it should appear, beyond all doubt that these acts were done by the prisoner [then you should convict]. But unless you are perfectly satisfied . . . you must acquit... if from the special circumstances any rational doubt rest upon your minds, it will be your duty to acquit the prisoner.” 26 How. St. Tr. 225, 280-281, 286 (Ire. 1795).

      (4)Se advierte también el contenido de esta figura en el Derecho anglo-americano, en State v. Wilson, 1 N.J.L. 502, 1 Coxe, 439 (Nisi Prius 1793) y Rex v. Preston and Rex, y Rex v. Wemms. Este último distingue el concepto de “cualquier duda” del estándar de duda razonable de persuasión. Morano, op. cit., págs. 515-516. Waldman, en un escrito memorable también reporta los frutos de su investigación en la búsqueda de las raíces del concepto es-tudiado y le atribuye una génesis religiosa. Confiere su primer uso a Christopher Potter en su obra Want of Charity Justly Charged on all such Ro-manists, as Dare (without truth or modesty) affirm, that Protestancy des-troyeth Salvation. In answer to a late popish pamphlet, intituled, Charity Mistaken, &c. (1633). William Chillingworth en su obra Religion of Protestants, &c. reproduce los requisitos que Potter esboza para sostener una convicción que envuelve una violación a los postulados de la fe cristiana:
      “These are (1) clear revelation, (2) sufficient proposition, and (3) capacity and understanding in the hearer. With regard to (2) Potter states: ‘To sufficient proposition, he requires two things: 1. That the points be perspicuously laid open in themselves. 2. So forcibly, as may serve to remove reasonable doubts to the contrary, and satisfy a teachable mind concerning it, against the principles in which he hath been bred to the contrary.’ Potter goes on to say, concerning (3): ‘The third thing he requires, is capacity and ability to apprehend the proposal, and the reason of it: the want whereof excuseth fools and madmen, &c. But where there is no such impediment, and the will of God is sufficiently propounded, there (sayeth he) be that op-poseth is convinced of error; . . .’ Point three is important in that some criteria for a reasonable man who can come to a decision intelligently is set forth; criteria which were to have significance in the development of the legal concept of reasonable doubt.” Waldman, op. cit., pág. 302 n. 12.

      (5)E1 influjo de la “razón” al derecho promovido por los filósofos ingle-ses John Wilkins, Robert Boyle, Joseph Glanville y John Locke, llevó a una superación del concepto de la certidumbre moral como equivalente a certeza absoluta. Para ellos era suficiente que no existiera una duda razonable acerca de las creencias. Morano, op. cit., pág. 513. Esta expresión constituye la génesis doctrinaria de “la duda razonable”. Thomas Starkie, en uno de los primeros tratados de evidencia reportados, titulado A Practical Treatise of the Law of Evidence, publicado en 1860, define este concepto como “moral certainty to the exclusion of every reasonable doubt . . .”, citado en Wald-man, op. cit., pág. 300. Recuérdese que el concepto de un “hombre prudente y razonable” también se genera en esta época. A su vez, los principios funda-mentales que regulan la admisibilidad de la evidencia reflejaban la necesi-dad de un sistema racional en la presentación de la prueba que facilitara la “deliberación” del jurado. Era de esperarse, pues, que la noción de la razón se incorporase como un indicador para medir el estándar de persua-sión necesario para concluir la existencia de duda razonable. Morano, op. cit., pág. 514.

      (6)Se incorpora formalmente en la jurisprudencia norteamericana a mediados de siglo XVIII. En algunos estados —Nueva York y Carolina del Norte— comenzó a utilizarse en 1820 y en otros a partir del 1850. Aún así, no puede hablarse de una aplicación uniforme o una aceptación general en el derecho angloamericano. De hecho, prevalece un criterio dividido en las autoridades respecto a quién viene obligado a persuadir y en qué medida debe hacerlo. En algunas jurisdicciones el acusado debe persuadir por la pre-ponderancia de la prueba, mientras que en otras al Ministerio Público se le requiere hacerlo más allá de duda razonable. Esta última es “preferible” y por lo menos en algunas circunstancias puede ser requerida como un ele-mento del debido proceso de ley. W. R. LaFave y A. W. Scott, Handbook on Criminal Law, Minnesota, West Pub. Co., 1972, pág. 44; Morano, op. cit. pág. 519.

      (7) Desde esta vertiente lo vemos consagrado en la máxima atribuida a Ulpiano, según aparece recogida en la obra, El Digesto del Emperador Justiniano, de Bartolomé Agustín Rodríguez de Fonseca:

        “Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari Divus Traianus Ad-siduo Severo rescripsit; satius enim esse, impunitum relinquit facinus no-centis quam inocentem damnare”. (“Tampoco ha de ser condenado alguno por sospechas, como respondió el mismo Emperador Trajano a Asiduo Se-vero; porque es mejor dejar sin castigo el delito del culpado que condenar al que está inocente.”) Citado en L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1950, T. II, pág. 469.

      (8)En esa histórica opinión se pronunció: “[expressions in many opinions of this Court indicate that it has long been assumed that proof of a criminal charge beyond a reasonable doubt is constitutionally required. . . . The reasonable-doubt standard plays a vital role in the American scheme of criminal procedure. It is a prime instrument for reducing the risk of convictions resting on factual error. The standard provides concrete substance for the presumption of innocence —that bedrock ‘axiomatic and elementary’ principle whose ‘enforcement lies at the foundation of the administration of our criminal law’. . . . The accused during a criminal prosecution has at stake interests of immense importance, both because of the possibility that he may lose his liberty upon conviction and because of the certainty that he would be stigmatized by the conviction. Accordingly, a society that values the good name and freedom of every individual should not condemn a man for commission of a crime when there is a reasonable doubt about his guilt”. In re Winship, 897 U.S. 358, 362-364 (1970).

      (9)Se ha sostenido que en derecho penal el principio in dubio pro reo (in dubio mitius) sólo es admisible en el caso de duda sobre la prueba o sobre la culpabilidad del acusado. R. Maurach, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, Ed. Ariel, 1962, pág. 106; Plorian, Trattato di Diritto Penóle, l.°, pág. 191, citado por E. Cuello Calón, Derecho Penal, 18va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1980, T. I, Vol. I, págs. 217-218; Bettiol, Diritto Penale, pág. 102, citado por Cuello Calón, op. cit., pág. 218. Jiménez de Asúa, op. cit., pág. 469. Por su parte, E. Gómez Orbaneja y V. Herce Quemada opinan que el axioma in dubio pro reo debe extenderse no sólo a los hechos consti-tutivos del delito, sino también a la imputabilidad, la culpabilidad y las causas obstativas excluyentes de la responsabilidad y la punibilidad. Dere-cho Procesal Penal, 8va ed., Madrid, Eds. S.A., 1975, pág. 264. Para Saba-tini, este principio comprende la máxima favor libertatis como principio general de Derecho. Jiménez de Asúa, op. cit., pág. 469.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. José L. Cruz Justiniano y Pedro E. Vale, demandados y peticionarios.

      Número: O-83-838

      Resuelto: 20 de diciembre de 1984

      Yamil Galib Frangie, abogado de los peticionarios; Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   per curiam :

El 19 de abril de 1982 se presentó una denun-cia contra José Cruz y Pedro Vale por infracción al Art. 8A de la Ley de Armas. El 16 de junio se celebró la vista prelimi-nar y se encontró causa probable por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. El Ministerio Público solicitó la celebración de una vista preliminar en alzada. La vista fue señalada para el 20 de agosto. En dicha fecha la defensa solicitó la desestima-ción por haber transcurrido más de los 60 días dispuestos jurisprudencialmente para celebrar la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246, 248 (1976). El Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, declaró con lugar la petición y aclaró que quedaba vigente la determinación de causa probable en cuanto al delito imputado bajo el Art. 8.

El 26 de agosto el Ministerio Público presentó una nueva denuncia ante un Juez Municipal por infracción al Art. 8A de la Ley de Armas a base de los mismos hechos. Se determinó causa probable y se señaló la vista preliminar para el 10 de noviembre. Los peticionarios solicitaron la desestimación de la nueva denuncia y el Ministerio Público se opuso. El 21 de diciembre el Tribunal de Distrito, Sala de Aguadilla, declaró con lugar la moción de desestimación y ordenó la continuación de los procedimientos a tenor con la determinación del 16 de junio. No conforme, el 7 de enero de 1983 el Ministerio Pú-blico presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal Superior para revisar la última resolución, pero fue denegada el 10 de enero por incompleta. El 18 de enero presentó otra solicitud para revisar la misma resolución y fue declarada con lugar. Se ordenó la celebración de una nueva vista preli-minar.

A petición de los imputados expedimos auto de certiorari. Éstos argumentan que el dictamen del Juez Superior que en-tendió en la vista preliminar en alzada es final y no puede someter el asunto de nuevo a otro magistrado. El Ministerio Público, por su parte, argumenta que usó los recursos procesa-les que el legislador puso a su alcance en las Reglas 24 y 67 de Procedimiento Criminal.

Debemos resolver qué remedio, si alguno, tiene el Minis-terio Público cuando no conforme con el resultado de la vista preliminar solicita una vista preliminar en alzada y ésta es desestimada por no haberse celebrado dentro del período per-mitido jurisprudencialmente.

La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal regula el procedimiento posterior a la celebración de la vista preliminar. El inciso (c) permite que si se determina que no existe causa probable o que existe por un delito inferior al imputado, el fiscal pueda presentar el asunto de nuevo con la misma u otra prueba ante un magistrado de categoría superior del tribunal de primera instancia. Esta segunda vista preliminar no es una apelación de la primera sino que es vista independiente, separada y distinta; Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).

La determinación en los méritos del Juez Superior sobre la existencia de causa probable no es revisable. Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967). No obstante, cualquier otra determinación de derecho sí puede ser revisada mediante el recurso de certiorari.

En el caso de autos el Ministerio Público no podía, hacien-do caso omiso de las determinaciones de dos jueces, reiniciar un procedimiento criminal contra los peticionarios por los mismos hechos. Sólo tenía disponibles dos cursos de acción: podía presentar acusación por violación del Art. 8 o presentar ante nosotros un recurso de certiorari para revisar la desesti-mación de los procedimientos de vista preliminar en alzada.

Nuestra decisión en Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977), a los efectos de que transcurrido el término de 60 días para celebrar la vista preliminar procedía el archivo de la denuncia bajo la Regla 64 (n) (2), sin perjuicio de la presentación de una nueva denuncia y la celebración de una nueva vista preliminar lo más pronto posible, no es aplicable, por analogía, al caso de autos. Aquí ya existía una determinación en los méritos de un Juez de Distrito que no podía dejarse sin efecto por un magistrado de igual jerarquía. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público carecía de autoridad para comenzar un nuevo proceso contra los peticionarios. Su actuación además tiene el efecto de prolongar excesivamente los procedimientos previos a la presentación de la acusación.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
    Almiro Rodríguez Febo, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-84-580

      Resuelto: 20 de diciembre de 1984

      José M. Fernández Luis, abogado del Fondo del Seguro del Es-tado, recurrente; Rafael A. Oliveras Vera, abogado del recu-rrido.
   PER CURIAM:

El Fondo del Seguro del Estado (Fondo) presentó recurso de revisión contra una resolución de la Co-misión Industrial (Comisión) que le reconoció incapacidad total al lesionado recurrido. Planteó en el recurso que la Comi-sión actuó sin jurisdicción al aumentar la incapacidad por la condición orgánica a 100%, a pesar de que el lesionado simuló una condición emocional. Alegó además que erró al no noti-ficar las resoluciones recurridas a su representación legal, y que actuó en contravención de lo resuelto en Arroyo Moret v. F. S. E., 113 D.P.R. 379 (1982), enmendada mmc pro tune por resolución de 3 de febrero de 1983.

Concedimos plazo a la parte recurrida para mostrar causa por la que no debíamos expedir el auto y revocar la decisión de la Comisión. Ha comparecido y nos persuade.

El argumento principal del Fondo es que la determinación sobre incapacidad física era final y firme desde 1976 por lo que la Comisión no tenía facultad para aumentar el grado de incapacidad. No tiene razón. La reclamación del lesionado recurrido por la lesión en la columna vertebral nunca fue ad-judicada en forma definitiva porque el lesionado en todas las ocasiones instó apelación. Así surge de los documentos inclui-dos en el Apéndice del recurso. La confusión del Fondo surge porque cuando la Comisión devolvió para reevaluación, el Fondo lo clasificó como uno de tratamiento en recidiva. Véase la decisión del Administrador de 12 de febrero de 1976, Exhibit VIII del Apéndice.

El segundo planteamiento del Fondo respecto a que la de-cisión de la Comisión no tiene base en la prueba no es co-rrecto. El doctor Rivas, neurólogo, testificó que el lesionado no podía realizar las labores de construcción a que se dedi-caba. Al evaluar la determinación de la Comisión tenemos que considerar que el recurrido es una persona que actualmente tiene 68 años de edad, poca escolaridad y que siempre se dedicó a labores de construcción. Estos hechos, tomados en conjunto, son más que suficientes para confirmar la decisión de la Comi-sión.

Por último, el Fondo alega que la Comisión le notificó la resolución a las partes, pero no a su representación legal, en violación de la norma fijada en Arroyo Moret v. F. S. E., supra. Esta norma impone la obligación a ambas agencias de adoptar los mecanismos adecuados para asegurar que el abogado del Fondo que tiene a cargo el caso quede debidamente notificado. Esta norma se adoptó luego de que, en vista oral, escucháramos los planteamientos de ambas partes y las dificultades que conllevaba exigir de la Comisión que notificara cada caso al abogado del Fondo que lo tenía a su cargo. Reiteramos nuestra decisión de que ambas agencias deben unir sus esfuerzos para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas.

Finalmente, tenemos que consignar nuestra insatisfacción por la dilación habida en el trámite de este caso. No hay justificación para que la adjudicación final se haya tar-dado 12 años. El accidente ocurrió en 1972, cuando don Almiro tenía 56 años. Ya cumplió 68. La Comisión ha estado por lo menos 10 años refiriendo al lesionado de un especialista a otro para evaluaciones, reevaluaciones, y devoluciones del caso al Fondo para más evaluaciones, sin detenerse a ponderar sus hallazgos y si éstos son suficientes para hacer una adjudica-ción final. Un ejemplo claro de esto es que la decisión de la Comisión descansa primordialmente en el testimonio de un perito. Éste examinó al lesionado y rindió un informe en enero de 1977, de lo que podemos inferir que para esta fecha ya la Comisión tenía ante sí información médica suficiente para poder resolver correctamente. No obstante, transcurrieron siete años adicionales antes de que la Comisión resolviera final-mente el caso. Este proceder desvirtúa el propósito de la Ley de Compensaciones y desperdicia esfuerzos y dinero que otros obreros necesitan.

Por los fundamentos expresados, se expedirá el mito y se confirmará la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carlos Rubén Guzmán Camacho, acusado y recurrido.

      Número: O-84-341

      Resuelto: 26 de diciembre de 1984

      Doris Zoé Pons Pagán, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo, peticionario; Jorge Roberto Feliciano, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los intereses de la justicia no son, exclusivamente, los del Pueblo, o los del acusado: son los de la sociedad toda intere-sada en que lo justo triunfe sobre lo injusto. Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16, 18 (1929).

Con este derrotero en mente, a petición del Estado, evalua-mos la juridicidad de la desestimación de la acusación contra Carlos R. Guzmán Camacho por tentativa de asesinato, pen-diente ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce. Dicho foro concluyó que “someter nuevamente al acusado a juicio consti-tuía una doble exposición”.

I

El primer proceso comenzó a ventilarse el 1ro de diciembre de 1982. El Ministerio Público estaba representado por el fiscal Lie. José I. Rivera. Se desinsaculó el jurado. Declararon dos testigos de cargo. Al día siguiente otro más. Entonces el tribunal decretó un receso. Luego de dos transferencias, se fijó la continuación para el 15 de marzo. Ese día el Fiscal de Distrito, Lie. Pedro Goyco, informó que el fiscal José I. Rivera había sido asesinado y él no estaba en condiciones de continuar el juicio. Solicitó la disolución del jurado. El tribunal accedió por el fundamento de que esa muerte violenta constituía justa causa. El acusado se opuso. ()

Subsiguientemente se sometió al acusado Guzmán Camacho a nuevo juicio. Éste planteó que ello constituía una doble ex-posición vedada por el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución que reza: “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.” El tribunal de instancia, por voz de otro magistrado, así lo decretó.

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Resolvemos que el asesinato en Ponce del representante del Ministerio Público, Lie. José I. Rivera, constituyó un evento de tal magnitud e impacto, que constitucional y procesalmente justificó plenamente la disolución del jurado y la descontinuación del juicio original seguido contra Guzmán Camacho. No impide el segundo.

El procesamiento de causas criminales, por el Ministerio Fiscal, constituye una gestión clave e indispensable en el sistema de administración de justicia criminal, en el cual participan otras dos figuras centrales: los jueces y abogados defensores. Su importancia queda resaltada al considerar que el método de litigación tradicional está fundado en el sistema de adversario cuya importancia queda explicada del siguiente modo: “La esencia del sistema de adversario es el reto. La subsistencia de nuestro sistema de justicia criminal y el valor que representa depende de una constante búsqueda e inte-rrogantes creadoras de las decisiones de la autoridad en todas las etapas del proceso.” (Citas omitidas.) Informe de la Co-misión para el Estudio de la Fiscalía y Representación Legal del Estado de 26 de septiembre de 1974, Consejo sobre la re-forma de la justicia en Puerto Rico, págs. 1-2.

La Regla 144(d) de Procedimiento Criminal, en lo perti-nente autoriza la disolución del jurado antes del veredicto, si “ [s] e hubiere cometido algún error o se hubiere incurrido en alguna irregularidad durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al jurado rendir un veredicto justo e vtrv-parcial”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 144(d). Una vez ejercida con cautela esa facultad, “la causa podrá ser juzgada nuevamente”. Id., R. 144. La razón que inspira la norma es que “el derecho valioso de un acusado a que su juicio se termine por el tribunal a veces debe quedar subordinado al interés público en juicios justos que terminen en fallos justos”. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148, 153 (1966).

Al amparo de la citada regla, no se cuestiona que la muerte violenta de uno de los protagonistas forenses que intervienen en el juicio —como lo es el fiscal— es catalogable como una irregularidad durante el proceso. Tomamos conocimiento judicial del despliegue que el crimen tuvo en los distintos medios informativos del país y la indignación pública que generó en múltiples sectores. No podemos ignorarlo.

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Los jurados son seres humanos. Esa condición es inseparable del proceso de administrar justicia. () Sin embargo, como juzgadores de hechos no les hemos atribuido una sensibilidad extrema. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 311 (1977); Pueblo v. Andrádes González, 83 D.P.R. 849, 860 (1961); Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471, 483 (1961). La doctrina reconoce que no todo error o irregularidad en un proceso macula la imparcialidad de un veredicto. Tiene que ser grave, perjudicial, sustancial e insubsanable. Hemos de con-cluir que el crimen de uno de los actores principales de alguna forma les afectó. Es natural, lógico y humano. El asesinato razonablemente generó varios sentimientos: o una simpatía hacia el fiscal ultimado y la causa que representaba; o un desa-grado o repulsión hacia el acusado; o ninguna reacción aní-mica. Esto último representaría una apatía colectiva o frial-dad emocional poco común de seres humanos normales.

¿Puede negarse aun en el campo de lo especulativo, que este trágico acontecimiento no impactó potencialmente a los jurados? “El jurado no está habituado a la prudencia del juez, que espera conocer la totalidad de las pruebas, para luego in-ferir de ellos su convicción. Por el contrario, lo impresionan las pequeñeces y se torna daltónico en cuanto a pruebas más graves. A veces una fruslería procesal, a la cual no le daría importancia alguna el técnico, llega a ser como el punto cén-trico de orientación mental, suficiente para convencer en uno u otro sentido.” E. Altavilla, Sicología Judicial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1970, Vol. II, págs. 1198-1199. ¿Constituyó una fruslería el asesinato y consabida ausencia procesal del fiscal Rivera?

Cualesquiera de las alternativas apuntadas sostienen la juridicidad de la disolución decretada. La imparcialidad de un jurado y su veredicto quedan igualmente tronchados cuan-do la irregularidad sustancial en el proceso, beneficia o crea animosidad hacia cualesquiera de las partes protagonistas. Tan malo es una ventaja hacia el Ministerio Fiscal como hacia la defensa. “La justicia debe ser igual para todos.” El Pueblo v. García, 32 D.P.R. 727, 731 (1924).

Solamente el juez que presidió el primer proceso tuvo ante sí todos los elementos de juicio visibles e intangibles de los efectos del crimen del fiscal Rivera. Apreció la atmósfera que esa muerte violenta creó. Nosotros carecemos de esa per-cepción. Lo prudente es que respetemos su discreción, pues “[a]l pasar sobre la actuación de un tribunal decretando la disolución del jurado, aun sobre la objeción del acusado, es preciso considerar que el juez de instancia está mejor situado para hacer una evaluación inteligente de la situación que mo-tiva la disolución”. Pueblo v. Arteaga Torres, supra, pág. 153. Después de todo, “la diferencia de criterio que en todo caso pu-diera haber entre su juicio y el nuestro en revisión sería una diferencia sólo de grado en la apreciación de los factores alu-didos y, en deferencia a su posición de observador perspicaz de los hechos ocurridos y sus consecuencias sobre el proceso, no deberíamos sustituir su juicio”. Piñero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204, 219 (1967).

Se dictará sentencia y revocará la desestimación decretada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

La decisión que hoy toma este Tribunal pasa por alto la bien sentada norma de que para salvar el principio constitu-cional de que un acusado no puede ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, no debe disolverse un jurado antes de rendir veredicto a menos que de las circuns-tancias concurrentes se desprenda una “necesidad manifiesta” de así hacerlo. Por ello, disiento respetuosamente.

I

Los hechos relevantes y pertinentes a la cuestión aquí planteada son los siguientes, según surgen de los autos origi-nales. Se acusó al aquí recurrido del delito de tentativa de asesinato, imputándosele que el 27 de junio de 1981 agredió en la cabeza, con un nivel, a Jorge Luis León Vázquez, con in-tención de matarlo. En la investigación y procesamiento par-ticiparon varios fiscales de Ponce. El fiscal Julio León practicó la investigación y tomó declaraciones juradas a los testigos. El fiscal José E. Medina representó al Ministerio Público en la vista preliminar, presentó la prueba para sostener causa probable, e interrogó a los testigos y escuchó el contrainterro-gatorio conducido por el abogado defensor. En el acto del juicio intervino él fiscal José I. Rivera para sostener la acusación.

El juicio comenzó el 1ro de diciembre de 1982, al quedar constituido el jurado. Prestaron testimonio dos testigos de cargo. El día siguiente, luego de declarar un tercer testigo de cargo, el juez que presidía, Hon. Ramón E. Febus Bernardini, decretó un receso para continuar el juicio el 18 de enero de 1983 —más de mes y medio después— porque tenía que acudir a una cita médica y, además, atender una asignación en Carolina.

El 18 de enero no pudo reanudarse el juicio debido a que el fiscal Rivera tuvo que atender otro caso. () Se señaló la continuación para el 8 de febrero y también tuvo que apla-zarse, esta vez para el 15 de marzo, por compromisos de ambas partes.

El 15 de marzo, al llamarse el caso, compareció el Fiscal de Distrito, Ledo. Pedro Goyco Amador, e informó al tribunal que el fiscal Rivera había sido asesinado, que no se habían podido localizar sus notas, y que como el jurado había sido desinsaculado hacía cuatro meses, debía decretarse su disolu-ción y celebrarse un nuevo juicio. Por sobre la oposición de la defensa, el juez accedió a la solicitud del fiscal.

El abogado del acusado planteó reiteradamente que la muerte del fiscal Rivera no constituía justa causa para la disolución del jurado; que solamente tres testigos habían de-clarado y que sus testimonios podían ser transcritos y otro fiscal continuar representando al Estado; que tanto el fiscal León como el fiscal Medina conocían la prueba, por haber in-tervenido en etapas anteriores del caso, conforme se ha seña-lado; que comenzar el juicio nuevamente constituía una se-gunda exposición, en violación de la prohibición constitucional. El Juez Febus sostuvo su dictamen, y se señaló el segundo juicio para el 12 de abril de 1983.

En esta segunda etapa intervino como juez el Hon. José M. Ayala Cádiz, quien por resolución de 17 de febrero de 1984, a petición de la defensa, desestimó la acusación por entender que no se justificó la disolución del jurado y que someter al acusado a nuevo juicio violaba su derecho a no ser expuesto dos veces por el mismo delito. Contra lo así dispuesto instó ante nos recurso de certiorari el Ministerio Público.

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La Regla 144, inciso (d), Reglas de Procedimiento Criminal, ha sido invocada como justificación de la disolución del jurado y la celebración de un segundo juicio. Dispone así:

El tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos:
(d) Si se hubiere cometido algún error o se hubiere incu-rrido en alguna irregularidad durante el proceso que, a jui-cio del tribunal, le impidiere al jurado rendir un veredicto justo e imparcial.
En todos los casos en que el jurado fuere disuelto según lo provisto en esta regla, la causa podrá ser juzgada nueva-mente.

Esta disposición constituye una excepción a la prohibición de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, que dice: “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.” Art. II, Sec. 11. Fue tomada de la Quinta En-mienda de la Constitución federal, Art. V, que señala que “ni podrá nadie ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integri-dad corporal”. Por tratarse de una excepción a ese principio de fundamental importancia para el Pueblo, la Regla 144 ci-tada tiene que interpretarse restrictivamente. Expresó este Tribunal en Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148, 150-151 (1966):

El hecho de que al disolver un jurado antes del veredicto —sin que sea a petición o con la aquiescencia del acusado — , el Tribunal actúe bajo los supuestos del apartado (d) arriba transcrito de la Regla 144, no establece per se la validez de un segundo proceso por el mismo delito. El fundamento de lo dicho es que existe la garantía de orden constitucional, que protege al acusado no contra ser castigado dos veces sino contra ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Downum v. United States, 372 U.S. 734, 736; Green v. United States, 355 U.S. 184, 188; United States v. Ball, 163 U.S. 662, 669.

En Wade v. Hunter, 336 U.S. 684, 689 (1949) expresó el Tribunal Supremo federal, refiriéndose a la prohibición contra doble exposición de la Quinta Enmienda, que significa “un va-lioso derecho [del imputado] a que [ese] juicio sea completado por un tribunal en particular”. (Traducción nuestra.)

Hace ciento sesenta años, en United States v. Pérez, 9 Wheat. 579 (1824), el Tribunal Supremo federal adoptó la norma de “necesidad manifiesta” como justificativa de la ex-cepción que consideramos. Esa norma fue adoptada por noso-tros en Pueblo v. Arteaga Torres, supra, pág. 151, donde dijimos :

Por lo tanto, la cuestión ante nos debe afrontarse no sólo a la luz de la autoridad permisible de la Regla 144 sino satis-faciendo además aquellas normas constitucionales que rigen la materia y que también harían permisible o no un segundo proceso sin que se violara la garantía. Puede decirse en sín-tesis de esas normas, que cuando ocurran circunstancias en que los fines de una justicia sustancial no puedan lograrse y exista una manifiesta necesidad de así hacerlo, de modo que no se derroten los mejores fines de la justicia, un juicio puede descontinuarse y disolverse el jurado sin el consentimiento del acusado o aun ante su objeción, sin que por ese solo hecho un segundo enjuiciamiento por el mismo delito quede al mar-gen de la garantía constitucional. Es norma complementaria de lo anterior que la descontinuación de un juicio en esas cir-cunstancias debe ser producto de una sana y juiciosa discre-ción; la facultad debe ejercitarse con la mayor cautela, por consideraciones obvias de peso, y ante una necesidad mani-fiesta de así hacerlo. United States v. Tateo, 377 U.S. 463; Gori v. United States, 367 U.S. 364, 367; Wade v. Hunter, 336 U.S. 684; United States v. Pérez, 9 Wheat. 579.

La norma ha seguido siendo respetada hasta nuestros días. Véanse Illinois v. Somerville, 410 U.S. 458 (1973); y Oregon v. Kennedy, 456 U.S. 667, 672 (1982). En este último caso, citando a Wade v. Hunter, supra, se señala que el están-dar de “necesidad manifiesta” debe proveer “suficiente pro-tección a los intereses del imputado de que su caso sea final-mente decidido por el jurado que fuera originalmente selec-cionado”. (Énfasis suplido.)

¿Qué necesidad manifiesta revelan los hechos que conside-ramos, como justificación para la disolución del jurado y la celebración de un segundo juicio? Ninguna. La opinión de la mayoría de este Tribunal, en la pág. 36, postula como justifi-cación que el asesinato del fiscal Rivera “constituyó un evento de tal magnitud e impacto, que constitucional y procesalmente justificó plenamente la disolución del jurado y la desconti-nuación del juicio”. Dicho con todo respeto, toda muerte vio-lenta es un evento de magnitud e impacto, pero de ahí a dedu-cir que continuar el juicio provocaría un fracaso de la justicia es una conjetura que no satisface la norma. Si acaso, el im-pacto en el jurado debía ser de pena, como es natural por la inusitada muerte del fiscal Rivera, y de alarma y reprobación y enojo por la manera como se causó su muerte. Pero ello no justifica, sin más, concluir que se perturbase su ánimo de tal manera que no pudiese rendir un veredicto justo e ímpar-cial después de aquilatar toda la prueba ante su consideración. Pudo interrogarse a los miembros del jurado sobre su estado de ánimo, y no se hizo, y pudo ser instruido adecuadamente, antes de sometérsele el caso para su decisión.

Aparte de la ausencia total en los autos de elementos que justifiquen concluir que el jurado no estaba en condiciones de evaluar la prueba objetivamente, () la defensa ofreció alter-nativas, a que nos hemos referido, y que la opinión de este Tribunal pasa por alto. El fiscal Goyco Amador expresó que no se habían localizado las notas del fiscal Rivera. Ello se sub-sana, de mejor manera, mediante la transcripción de los testi-monios vertidos por los tres testigos que habían declarado, y que tanto el fiscal León como el fiscal Medina conocían. Nada hay en los autos indicativo de que esos fiscales no pudieran continuar la representación del Ministerio Público. Ninguno fue llamado a declarar sobre tal imposibilidad.

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No puedo concluir sin expresar mi preocupación por las dilaciones habidas en el trámite de este caso en instancia. Es lamentable e inquietante que, comenzado un juicio ante ju-rado, tenga que aplazarse su continuación por cuatro meses, como ocurrió en este caso. Y el trámite posterior a la disolu-ción del jurado también deja mucho que desear.

Del 15 de marzo de 1983, en que se disolvió el jurado, hasta que se ordenó la desestimación de la acusación, el 17 de fe-brero de 1984, transcurrieron once meses. Se notificó al fiscal sobre dicha orden el 27 de febrero de 1984. El Ministerio Público dejó transcurrir más de tres meses para instar ante este Tribunal el recurso que consideramos.

Estas dilaciones pueden tener el efecto de burlar el dere-cho del imputado a un juicio rápido; derecho que también lo comparte el interés de la sociedad.

IV

Por todas las consideraciones expresadas en este disenso, la resolución del Juez Ayala Cádiz debería ser confirmada.

      (1) Nuestra intervención se produce porque el acusado objetó tal disolu-ción. Un acuerdo entre las partes hubiese obviado este trámite.

      (2) “[S]e reconoce la realidad de que los jurados a veces atemperan la ley a su propio sentido de justicia y así atemperada la aplican.” Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302, 305 (1970).

      (1) Participaba en un juicio seguido contra José Camacho Báez en otra sala. Nada hay en los autos indicativo de relación alguna entre dicho acu-sado y el aquí recurrido, no obstante llevar ambos el apellido Camacho.

      (2)Es de notar que en el caso de Camacho Báez, el otro caso cuyo juicio se ventilaba en otra sala, y en que también intervenía el fiscal que fuera asesinado, no obstante no haber sido sometido aún al jurado, no se solicitó ni se concedió la disolución del jurado.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Trina Mojica Reyes, demandante y recurrida, v. Dámaso Román Rodríguez, Director del Negociado de la Lotería, etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-84-663

      Resuelto: 9 de enero de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo peticionario; Pedro Mario Rivera, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante-recurrida Trina Mojica Reyes alegada-mente compró diez (10) fracciones de un billete de la Lotería de Puerto Rico para el sorteo extraordinario correspondiente al 5 de septiembre de 1983. Llevado a cabo el mencionado sor-teo y habiendo resultado premiado el billete, la recurrida ale-gadamente no pudo localizar las fracciones compradas, hechos que vació en una declaración jurada otorgada ante notario público el día 26 de octubre de 1983, y que notificó a la Lotería de Puerto Rico mediante carta de fecha 9 de noviembre de 1983. Habiéndole sido negado el pago de las diez (10) fraccio-nes por el Director de la Lotería de Puerto Rico recurrió al tribunal, mediante demanda radicada el 16 de febrero de 1984,() solicitando se le declarara como “único dueño de las diez (10) fracciones del billete . . . con derecho a cobrar el premio correspondiente”. El demandado Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico solicitó la desestimación de la demanda radicada por el fundamento de que la demandante-recurrida no había cumplido con lo requerido por el Art. 10 de la Ley mediante la cual se creó la “Lotería de Puerto Rico” () y por el Art. 56 del Reglamento para la Administración y Funciona-miento de la Lotería, al no radicar la declaración jurada refe-rente a la pérdida ante el Director de la Lotería no menos de veinticuatro (24) horas antes de la fecha de celebración del sorteo. ()

Habiendo sido declarada sin lugar dicha moción de deses-timación por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el Estado Libre Asociado recurrió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certiorari. Le concedimos término a la demandante para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debería ordenar la desestimación de la demanda. Ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

La recurrida plantea, con mucha lógica, que no podía cum-plir con lo preceptuado en las disposiciones legales arriba mencionadas por la sencilla razón de que descubrió la pérdida o desaparición de las fracciones del billete con posterioridad a la celebración del sorteo. Argumenta que, en su consecuen-cia, ella tiene derecho al cobro del premio por cuanto no ha habido incumplimiento alguno de su parte y ella ha acreditado debidamente la pérdida sufrida. Procede la desestimación de la demanda radicada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus funcionarios, aunque por fundamentos dis-tintos a los alegados por el Estado.

Dispone el Art. 12 de la citada Ley Núm. 465 de 1947, en lo pertinente, que los “billetes de la Lotería se considerarán valores al portador, por lo que no se reconocerá dueño de un billete premiado a otra persona que aquella que lo posea y lo presentare al cobro”. () Ello significa que el director de la Lotería de Puerto Rico está legalmente obligado a pagar las fracciones de un billete premiado al portador o poseedor de los mismos sin poder requerir evidencia adicional de clase alguna a dichas personas. () Ello no es nada nuevo ni puede constituir sorpresa para persona alguna. Desde el año de 1954, cuando resolvimos el caso de Mieres, Fiscal v. Pagan, 76 D.P.R. 699 (1954), establecimos que la ley creando la lotería regula las relaciones jurídicas entre los jugadores de billetes y el Gobierno y que, a los fines del pago de premios, no se reconoce más dueño que el poseedor del billete que lo presente al cobro, no incurriendo el Estado en responsabilidad por ello. Véase, a esos mismos efectos, Fuentes v. Fulano de Tal, 84 D.P.R. 506 (1962). En vista de lo anteriormente ex-presado somos del criterio que una persona que se encuentre en una situación de hechos similar a la de la aquí recurrida viene obligada —en protección de sus intereses e inmediatamente que se percate de la pérdida del billete— a recurrir ante tribunal competente, radicar la acción correspondiente, y obtener del tribunal una orden prohibiéndole al citado director el pagar las fracciones correspondientes al billete en controversia. ()

Resolvemos, en su consecuencia, que por razón de que los billetes de la Lotería de Puerto Rico son “valores al portador” el director de dicha agencia viene obligado a pagar las fracciones de un billete premiado a aquellas personas que lo presentan para su cobro, a menos que sea notificado: (a) por el “jugador”, en el caso en que éste se percata de la pérdida del billete antes de la celebración del sorteo, de acuerdo con lo prescrito por el Art. 10 de la citada Ley Núm. 465 de 1947, o (b) con una orden expedida por tribunal competente prohibiéndole así hacerlo, en el caso en que el “jugador” se da cuenta de la pérdida con 'posterioridad al sorteo; no incurriendo en responsabilidad alguna el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a menos que haya un incumplimiento por parte de la Lotería de Puerto Rico en relación con cualesquiera de las referidas “notificaciones”. Resolver lo contrario represetaría la destrucción del sistema de la Lotería .

En el presente caso no se hizo así. La demandante-recurrida, una vez celebrado el sorteo correspondiente, se limitó a notificar al referido director de la pérdida supuestamente sufrida. Dicha notificación, repetimos no era suficiente para impedir que la agencia haya proseguido adelante, en cumplimiento de la ley, con el pago de las fracciones del billete premiado. No existiendo responsabilidad legal por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus funcionarios, () procede que se decrete la desestimación de la demanda radicada. Ello no significa, sin embargo, que la parte demandante esté totalmente huérfana de causa de acción. Al igual que los demandantes en los casos de Mieres, Fiscal v. Pagán y Fuentes v. Fulano de Tal, ante, la parte aquí recurrida podría tener una causa de acción contra aquellas personas que cobraron de la Lotería de Puerto Rico las fracciones que a dicha parte se le extraviaron; situación, naturalmente, que tendría que ser resuelta en un juicio plenario.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dic-tará sentencia ordenando la desestimación de la demanda radicada.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1) Fueron incluidos como “demandados” el Director de la Lotería de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el Secretario de Justicia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      (2)E1 Art. 10 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendado, 15 L.P.R.A. see. 120.

      (3) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante moción al efecto, nos informa que todavía restan por pagar dieciséis (16) fracciones del billete en controversia.

      (4) Véase 16 L.P.R.A. see. 122.

      (5) Excepto, naturalmente, su nombre y dirección.

      (6) Como excepción a la norma general contemplada en 32 L.P.R.A. see. 3524 a la luz de la enmienda sufrida por dicho precepto legal en el año de 1974. Véase, en adición, P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975).

        (7) Mieres, Fiscal v. Pagán, 76 D.P.R. 699 (1954) y Fuentes v. Fulano de Tal, 84 D.P.R. 506 (1962).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Fermín Díaz Marez, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-84-690

      Resuelto: 10 de enero de 1985

      María L. Colón Díaz, abogada del recurrente; Aurelio Saliva Mattei, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso tiene como trasfondo una tragedia humana. De ordinario, intuitivamente los jueces nos solidarizamos con el dolor y nos esforzamos por aliviarlo. En esos casos, para lo-grar el ideal de justicia, atemperamos la rigurosidad de la ley. Lamentablemente ni el más amplio liberalismo, como tam-poco paternalismo judicial, nos lo permiten aquí. Después de todo, toda sentencia es “valoración humana circunstancial”. C. Rodríguez-Aguilera, La sentencia, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, pág. 87.

I

Fermín Díaz Marez sufrió un accidente laboral. El Fondo del Seguro del Estado le reconoció una incapacidad de veinti-cinco por ciento (25%) en sus funciones fisiológicas genera-les, cuya equivalencia económica ascendió a $5,062.

El 29 de octubre de 1981 su compañera por veinticinco (25) años, Sra. Arcadia Martínez, le ocasionó ilegalmente la muerte. La causa criminal por ese acto culminó en una alega-ción de culpabilidad por homicidio voluntario.

Ante el Fondo, a la fecha de su muerte le quedaba un balance pendiente de pago de $8,350. Así las cosas, la señora Martínez, como única dependiente de Díaz Marez, reclamó ese balance. El Fondo denegó esa reclamación “basándose en que el homicidio cometido por Doña Arcadia Martínez en la persona del obrero lesionado no puede conferirle los derechos que provee la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo a los dependientes de los trabajadores fallecidos”. Con-cluyó que la Ley de Compensaciones no regula expresamente la situación de autos. Ante esa laguna aplicó por analogía los efectos privativos de derechos sucesorios de los Arts. 685(2) y 780(4) de nuestro Código Civil, 81 L.P.R.A. sees. 2261(2) y 2458 (4), que respectivamente preven las causales de indigni-dad para heredar y las causales para desheredar.

Inconforme, la señora Martínez apeló. La Comisión Industrial revocó. A solicitud del Fondo, mediante trámite de mos-trar causa, revisamos.

II

En esencia, el Fondo argumenta que es erróneo dicho dic-tamen pues está basado en una acción delictiva contraria al orden y a la moral pública. No es posible, a su juicio, “recla-mar como dependiente quien da muerte al trabajador acciden-tado y basa su reclamación en su propia torpeza moral”.

Sostiene que la resolución recurrida “implica que la homi-cida del obrero se convierte, en virtud de su crimen, en depen-diente de éste y acreedora a los beneficios que provee la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. . . . Este re-sultado es contrario a las más elementales nociones de moral pública que rigen la vida en sociedad”. Finalmente expone que “las personas o sus causahabientes que acuden al Estado a re-clamar beneficios fundados en sus actuaciones culpables care-cen de derecho a reclamar”.

Por su parte, la Comisión() se hizo eco de la tesis de la señora Martínez en el sentido de que la ley permite el pago ante el fallecimiento de un obrero o empleado “por cualquier causa independiente a la lesión recibida en el accidente, por la cual se hubiere reconocido o esté pendiente de reconocerse una incapacidad parcial permanente . . .”. Específicamente alega que el estatuto dispone dicho pago “[d]el balance no pagado de cualquier compensación correspondiente a dicha incapacidad parcial permanente perteneciente o que se adeude al obrero o empleado lesionado al tiempo de su muerte, a aque-llos que dependieran para su subsistencia del obrero o em-pleado fallecido, en cuyos derechos quedan expresamente sub-rogados”. 11 L.P.R.A. see. 3, inciso 4 (b).

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Erró la Comisión Industrial.

Desde el primer momento, el Fondo fundamentó su deci-sión en el acto criminoso y la muerte ilegal que la señora Mar-tínez dio al obrero Fermín Díaz. Ese hecho no fue ni ha sido controvertido. Por el contrario, ella lo aceptó en su memorán-dum de derecho a la Comisión Industrial. ()

Como hecho no contradicho y aceptado, la Comisión no podía ignorarlo aduciendo que en la vista en apelación el Fondo no había desfilado prueba al efecto. Como cuestión de realidad el Fondo basó su negativa original en dicho proceder.

En cuanto a las consecuencias del homicidio, las disposiciones del Código Civil antes mencionado sobre causas de indignidad y desheredación más bien sirven, por vía de equivalencia conceptual, para la exposición de principios elementales en nuestro régimen de derecho. A nadie le es lícito bene-

ficiarse por acciones criminales que atentan contra la dignidad de la persona y el interés público. Entre los seres humanos la ingratitud no es bien vista. Igual ante los ojos de la ley. ()

Aclarados estos extremos percibimos que la Comisión Industrial se ha adherido rigurosamente al lenguaje del estatuto desarticulando el espíritu reparador que lo impregna y el sitial que en su diseño ocupa todo obrero lesionado. Es éste su principal usufructuario. Sostener que un homicida de un obrero porque sea su dependiente es acreedor al balance no pagado de una compensación correspondiente a una incapacidad parcial permanente, a base de que el texto habla de “cualquier causa independiente a la lesión recibida en el accidente”, atenta contra el espíritu de la ley y los principios básicos de orden público. Es un contrasentido. Debemos recordar que las “relaciones abstractas sobre las que la ley labora y teje su urdimbre ordenadora, constituyen cánones de partida, esquemas estructurales sobre los que ha de actuar la pericia y el buen sentido del Magistrado, siempre alerta a la pluralidad de los intereses y las pasiones que la cantera de la viva realidad arrastra y renueva de modo incesante. Como sintetiza Cesarini Sforza, el legislador crea modelos abstractos, pero la vida, con la que los jueces entran directamente en contacto, sólo está hecha de casos concretos”. F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 100.

Desde esta perspectiva, la Ley de Compensaciones en su Art. 4 nos brinda la clave de lo que debe regir una situación como la de autos. El legislador ha establecido diáfanamente que un obrero que se lesiona cometiendo un delito no tiene derecho a reclamar los beneficios de un accidente de trabajo. 11 L.P.R.A. see. 5. Preguntamos, ¿cómo es posible que si la ley priva de sus beneficios al obrero delincuente pueda exten-derlos a quien le causa la muerte? La interpretación de la Comisión Industrial es una tergiversación del estatuto repara-dor que no estamos dispuestos a aceptar. Va contra el sentido común y la moral pública. Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 D.P.R. 342, 344 (1975). “Hay que evitar a toda costa que se produzca un divorcio entre el Derecho proclamado por los Jueces y la conciencia popular; ante tales vacíos o desajustes puede fracturarse gravemente el orden social.” Soto Nieto, op. cit, pág. 99.

Por los fundamentos expuestos se expedirá el auto y se dic-tará sentencia en que se revoque la resolución de la Comisión Industrial.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurren en el resultado sin opinión.

      (1)A tal efecto, en su resolución en reconsideración expresó lo si-guiente :
      “Primero, el Asegurador no cuestiona, y en ese sentido estamos de acuerdo, que la reclamante cualifica como dependiente del occiso. Cepeda v. [Comisión Industrial], 76 D.P.R. 801 (1954); Alonso [García v. Comisión Industrial], 102 D.P.R. [752] (1974); Fraticelli v. [Comisión Industrial], 105 [D.P.R.] 363 (1976).
      “Segundo, como bien señala el Asegurador en su moción, la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ‘no regula expresamente la situación de autos’.
      “Tercero, asumiendo pro argüendo que se pudiera aplicar por analogía las defensas del Artículo 4 de la Ley, el peso de la prueba descansa sobre el Asegurador y la evidencia debe ser clara e inequívoca y de tal grado que establezca la defensa más allá de toda duda razonable. Umpierre v. [Comi-sión Industrial], 52 D.P.R. 765 (1938). Además, como toda defensa, el Ase-gurador debió levantarla en el primer momento; al dictar su decisión du-rante el curso de la vista pública. Al no hacerlo, renunció a la misma. Mon-taner [, Admor. v. Comisión Industrial], 56 D.P.R. 286 (1940).
      “En el caso de autos, el Asegurador no hizo ni lo uno ni lo otro. En la vista pública celebrada, éste no desfiló prueba alguna para sustentar su posi-ción. Tuvo oportunidad de interrogar a la reclamante y no lo hizo. Por ello se le garantizó el debido procedimiento de Ley. Artículo II, Sección 7, Const. ELA, F.S.E. v. [Comisión Industrial], 105 D.P.R. 261 (1976); Meléndez [Santana v. Comisión Industrial], 109 D.P.R. 393 (1980). Su renuncia es patente. Morales [Narváez v. Gobernador], 112 D.P.R. 761 (1982).”

      (2)En dicho escrito ella admitió que “surge de la prueba que la recla-mante-apelante fue acusada e hizo declaración de culpabilidad por delito de homicidio voluntario resultando así responsabilizada penalmente por la misma. Esto implica como en efecto ocurrió, que dicha muerte se produjo con motivo de súbita pendencia y arrebato de cólera, quedando por tanto ex-cluidos los elementos de premeditación y alevosía”.

      (3)La equivalencia conceptual y moral antes referida no es incompatible con nuestra doctrina jurisprudencial de que la ley de compensaciones que nos ocupa es de dependencia y no de herencia. Véanse: Fraticelli v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 363, 366 (1976); El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 149 (1975); Gallart Mendía v. González Marrero, 96 D.P.R. 201, 206 (1967); Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 752, 753 (1974); Cepeda v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 801, 806 (1954); Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860 (1942); Rodríguez v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 111, 114 (1941); De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640, 643 (1946).