text:
    José E. Andino Nieves et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-88-572

      Resuelto: 24 de mayo de 1989

      Guillermo Silva Janer, del Bufete Guillermo Silva Janer, abo-gado de los peticionarios; Antonio González Géigel, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este caso versa sobre una reclamación por mil quinientos veintinueve (1,529) demandantes por los daños sufridos como consecuencia de un alegado escape masivo de gas cloro. Es la tercera vez que vienen ante nuestra consideración inci-dentes relacionados con el mismo. El 30 de marzo de 1988 emitimos una sentencia que revocó la orden del tribunal de instancia de 22 de septiembre de 1987, mediante la cual ha-bía desestimado con perjuicio las reclamaciones de los de-mandantes. El 22 de julio de 1988 nos negamos a revisar una Sentencia Parcial, Resolución y Orden de 3 de junio de 1988, mediante la cual, entre otras cosas, el tribunal concedió tér-mino a los demandantes para someter un memorándum de costas y gastos interlocutorio.() Expresó, además, que la parte demandada venía obligada a satisfacer las costas “den-tro de los diez (10) días siguientes a su aprobación, y de no hacerlo así se impon[drían], automáticamente y sin ulterior orden, una sanción económica de cien dólares ($100.00) dia-rios hasta que se haga el pago total, incluyendo la sanción”. Exhibit II, pág. 2.

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En el presente recurso comparece la codemandada Auto-ridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante A.A.A.) a cuestionar la validez de ciertas partidas aprobadas como costas por el tribunal de instancia y la sanción de cien dó-lares ($100) por cada día de atraso en el pago de las costas aprobadas.

El tribunal aprobó el memorándum de costas sometido por la suma total de veintisiete mil quinientos cincuenta y ocho dólares con doce centavos ($27,558.12). De estas costas la peticionaria cuestiona las partidas siguientes:

1. Consultor en Informática (Data Processing) $3,000.00
2. Paralegales para entrevistar deman-dantes $8,363.70
3. Paralegales para fotocopiar contesta-ciones $253.17
4. Paralegal para atender a clientes $10,118.12
5. Teléfono 755-8848 — Local Covadonga $423.32
6. Renta de Local Covadonga $2,750.00
7. Gastado en Caja-Chica (mensajero, se-llos de correo, limpieza, instalación de muebles) $387.40
8. Servicio de fotocopias $87.25
10. Reemplazo de pieza de computadora al Sr. Roger L. Moreno $284.94
12. Papel de copia para contestación a inte-rrogatorio $809.17
13. Compra de sillas y de mesas para el local en Covadonga — neto $299.00
14. Compra de texto The Chlorine Manual $28.25
15. Servicio de mensajero $125.00
17. Petty Cash $50.00
18. Petty Cash $165.00
19. Rótulo en la oficina de Covadonga— Francisco Benitez $40.00
Total de las partidas impugnadas $27,184.32

La peticionaria A.A.A. alega que las partidas impug-nadas “[n]o son gastos necesarios y razonables que puedan ser recobrados como costas sino que constituyen conforme a su naturaleza la realidad de lograr manejar, complacer y des-cargar su obligación para con los casi 1,500 representados”. (Énfasis suprimido.)()

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) establece que las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resolvió el pleito. También dispone qué costas son “los gastos [razonables] incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito ...”. En el caso normativo de Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 252 (1963), expresamos que costas “no son todos los gastos que ocasiona la litigación”, y que “[e]n Puerto Rico los honorarios de abogado no forman parte de las costas”. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 248. Véase J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Cap. VII, págs. 235-248. También hemos resuelto que “[n]o son incluibles como costas los gastos ordinarios de las oficinas de los abogados de los reclamantes tales como sellos de correo, materiales de oficina y . . . transcripciones de récords de vistas cuando tales transcripciones se solicitan por ser convenientes pero no necesarias para los reclamantes”. (Énfasis suplido.) Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 78 (1967). En relación con los gastos de un perito, hemos indicado que el derecho a recobrar éstos depende de si se trata de un perito del tribunal o de la parte. Con respecto a este último, la regla general es que son recobrables, a discreción del tribunal, “[s]ólo por vía de excepción, y cuando las expensas que origine el perito estén plenamente justificadas . . .”. Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16, 22 (1983). Tomando en consideración estas normas generales, analicemos las partidas impugnadas.

1. Consultor de Informática (“Data Processing”) ($3,000)

En el desglose de costas y gastos que los demandantes acompañaron con su Memorando de Costas y Gastos, se ex-presa lo siguiente en cuanto al consultor de informática (data processing), Roger L. Moreno Jovet:

Preparó el programa de computadoras sobre los daños de cada demandante; este sistema permite el agrupar a los de-mandantes con daños similares y puede separar y suministrar en forma detallada la información que se le suministró bajo juramento en las mil quinientas contestaciones a los interro-gatorios que notificó la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados de Puerto Rico a los demandantes. Exhibit W pág. 016.

Alega la peticionaria que dicha partida no era ni razona-ble ni necesaria a tenor con los criterios establecidos en Ga-rriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, y que en realidad las funciones del señor Moreno Jovet constituían una duplica-ción innecesaria, ya que existía una “orden consentida por la parte demandante donde se nombró como perito en compu-tadoras y trabajos análogos al Ing. Walter Cervoni”.() Los demandantes recurridos, a su vez, arguyen que se vieron obligados a contratar su propio consultor, ya que “aún para 1985, o sea dos años más tarde, el perito de esas partes no había producido nada todavía que ayudara a ordenar la data y a clasificar los demandantes . . .”.()

El tribunal de instancia, con conocimiento de los hechos en este caso —complejo por la multiplicidad de partes— estimó que la contratación del consultor en data processing era necesaria y que la cuantía pagada era razona-ble. Toppel v. Toppel, supra. La peticionaria A.A.A. no ha demostrado que el tribunal de instancia cometiera un abuso de discreción. Este error no se cometió.

2. Paralegales para entrevistar demandantes ($8,863.70); paralegales para atender clientes ($10,118.12)

Por ser estas partidas de la misma naturaleza, las discutiremos conjuntamente. La utilización de paralegales para entrevistar y atender a los demandantes es, como correctamente lo califica la peticionaria, una extensión de la función del abogado no recobrable como costas. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra; Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434, 437-439 (1959). Estas labores cualificarían más bien como honorarios de abogado. No procede, pues, el cobro de estas partidas.

3. Teléfono 755-884.8 Local Covadonga ($423.82); renta de Local Covadonga ($2,750.00); Gastado en Caja-Chica (mensajero, sellos de correo, limpieza, instalación de muebles) ($387.40); reemplazo de pieza de computadora al Sr. Roger L. Moreno ($284-94); compra de sillas y de mesas para el local en Covadonga — neto ($299.00); compra de texto The Chlorine Manual ($28.25); servicio de mensajero ($125.00); Petty Cash ($215.00); rótulo en la Oficina de Covadonga — Francisco Benitez; servicio de fotocopias ($87.25); papel de copia para contestación a interrogatorio ($809.17)

Todos estos gastos participan de la naturaleza de gastos de oficina generales, necesarios para el ejercicio de la profe-sión de abogado, no recobrables como costas. Pereira v. I.B.E.C., supra. El uso de un mensajero y del teléfono, sin especificar su necesidad en términos de una gestión particular necesaria relacionada con el caso, tampoco cualifica como costas.

El hecho de que los abogados instalaran una oficina fácil-mente accesible a los demandados indudablemente los ayudó en su labor, pero no por eso dichos gastos cualifican como costas aun cuando se está, como en este caso, ante una litiga-ción compleja. Pereira v. I.B.E.C., supra.

Las partidas antes discutidas no son recobrables como costas.

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Plantea también la peticionaria que erró el tribunal de instancia al apercibirla de sanciones en la suma de cien dólares ($100) diarios por concepto de penalidad por cada día de atraso en el pago de las costas aprobadas. Sus argumentos no nos persuaden de que el tribunal haya abusado de su discreción. Sin embargo, debido a que mediante esta opinión hemos revocado en parte la orden del tribunal de instancia que concede costas, dicha penalidad comenzará a con-tar una vez se devuelva el mandato al tribunal de instancia.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia modifi-cando la Resolución y Orden del Tribunal Superior, Sala de Carolina, de 12 de agosto de 1988, para que se concedan úni-camente las siguientes partidas como costas, consultor de “data processing” ($8,000), arancel por fotocopias de récord médicos ($51.80), edictos periódicos ($277) y emplaza-mientos ($k5), y devolviendo el caso a instancia para que continúen los procedimientos deforma consistente con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

      (1) En este caso, el 14 de octubre de 1981 el tribunal dictó sentencia sumaria parcial interlocutoria mediante la cual determinó que la demandada Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había sido negligente y venía “obligada a satisfacer a los demandantes todos los daños sufridos por ellos como consecuencia del escape y disipación de materia química en el área circundante de la planta de filtra-ción Sergio Cuevas Bustamante [en Trujillo Alto, ocurrido el 19 de mayo de 1981] según estos daños fueran determinados en el pleito”.. Exhibit I, pág. 002.

      (2) Solicitud de certiorari, pág. 8.

      (3) Solicitud de certiorari, pág. 5.

      (4) Alegato de los recurridos, pág. 8.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Hospital San Pablo, Inc., peticionario, v. Hospital Hermanos Meléndez, Inc. y Secretario de Salud, recurridos.

      Número: CE-88-494

      Resuelto: 25 de mayo de 1989

      Marta Quiñones Zambrana, de Cando, Nadal & Rivera, abogada del peticionario; Porfirio Bonet Cardona, abogado del Hospital Hermanos Meléndez, Inc., recurrido; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Awilda Irizarry Pardo, Procuradora General Auxiliar, abogados del Secretario de Salud, recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente tenemos ante nos una controversia relacio-nada con la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq.

Ya en Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 D.P.R. 80 (1987), tuvimos oportunidad de expresarnos sobre la necesidad de notificar al Secretario de Salud con copia de la solici-tud de revisión judicial presentada contra sus determina-ciones administrativas que conceden o deniegan los certifi-cados de necesidad y conveniencia, y sobre otros extremos.

Establecimos allí el procedimiento y las reglas aplicables a los recursos de revisión judicial, así como la naturaleza de cumplimiento estricto de la referida notificación al Secreta-rio de Salud.

Resolvemos ahora sobre el alcance de la disposición de ley relativa a la veda —pre eleccionaria— para la tramita-ción y/o expedición de dichos certificados.

El 27 de mayo de 1988 el Hospital Hermanos Meléndez, Inc. (en adelante H.H.M.) envió a las oficinas de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (en adelante Secretaría Auxiliar) una comunicación expresando su interés en presentar una solicitud para operar una unidad de cirugía cardiovascular. A tenor con el Art. IV-l(a) del Reglamento del Departamento de Salud Núm. 56 de 15 de agosto de 1986 (en adelante Reglamento), presentó su solicitud, a esos efectos, el 81 de mayo de 1988. Recibidos los documentos, el Departamento de Salud publicó en el pe-riódico El Mundo de 9 de junio de 1988 el edicto que exige la ley y el reglamento. En el mismo se le brindaba a las partes interesadas información relativa a dicha solicitud y exhor-taba al público en general a que se expresara, mediante es-crito, sobre la misma.

En adición a la notificación hecha por el referido edicto, mediante carta de 23 de junio de 1988, dicha Secretaría Auxi-liar notificó al Hospital San Pablo, Inc. (en adelante el peti-cionario) la intención del H.H.M. de ofrecer el servicio de cirugía de corazón abierto al operar la unidad cardiovascular propuesta. El 20 de julio de 1988 el peticionario notificó al Departamento de Salud su intención e interés de participar en la vista pública a celebrarse para la consideración de la solicitud del H.H.M. En esa comunicación solicitó que se le comunicara la fecha en que se celebraría la referida vista. En respuesta, la Secretaría Auxiliar le notificó el 17 de agosto de 1988 que la vista se celebraría el 2 de septiembre de 1988.

Así las cosas, el 1ro de septiembre de 1988 el peticionario solicitó al Departamento de Salud la suspensión de la vista señalada, fundándose en que el H.H.M. no cumplió con el requisito de notificar su intención de presentar la solicitud del certificado de necesidad y conveniencia con treinta (30) días de antelación a la fecha de presentación de la solicitud —Art. 8 de la Ley de Certificados de Necesidad y Conve-niencia, 24 L.P.R.A. sec. 334f-3— y que la notificación de la vista a celebrarse no se hizo con quince (15) días de antela-ción a su celebración, como exige el Art. VIII-1 del Regla-mento, y en violación al debido proceso de ley. Adujo, además, que necesitaba tiempo adicional para prepararse adecuadamente y presentar su oposición a la solicitud del H.H.M.

El Departamento de Salud denegó la moción de suspen-sión. Ese mismo día el peticionario presentó moción de sus-pensión de vista ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. En reunión en cámara con el Hon. Juez José F. Rodríguez Rivera argumentó, ex parte, los méritos de su petición. El tribunal de instancia emitió una orden que suspendió la vista señalada para el 2 de septiembre y que ordenó a los aquí recurridos a mostrar causa, dentro de los cinco (5) días si-guientes, por la cual no se debía conceder la suspensión soli-citada por el peticionario. Ese mismo día, el tribunal notificó la orden vía telefónica al Administrador del H.H.M.

El 2 de septiembre, fecha señalada para la vista, compa-recieron las partes ante el oficial examinador. El represen-tante legal del H.H.M. argumentó ante dicho oficial los mo-tivos por los cuales no debía suspenderse la vista. El oficial examinador resolvió suspender la vista dada la orden del Tribunal Superior.

El H.H.M., en cumplimiento de la orden de mostrar causa de 1ro de septiembre, procedió a contestar y enviar copia de su contestación al peticionario el 7 de septiembre de 1988. En reunión en cámara, ex parte, solicitó del Honorable Juez Rodríguez Rivera que dejara sin efecto su orden y se-ñalara fecha para la celebración de la vista administrativa. El foro de instancia procedió a dejar sin efecto su orden de 1ro de septiembre y emitió otra que autorizó la celebración de la vista para el 8 de septiembre de 1988.

El 8 de septiembre se celebró la vista con la comparecen-cia del peticionario, quien interrogó a los testigos del H.H.M. Ese mismo día el peticionario recurrió ante nos mediante recurso de certiorari. En el mismo cuestiona la legalidad de la Orden de 7 de septiembre de 1988 mediante la cual el foro de instancia señaló para el 8 de septiembre la celebración de la vista administrativa. Instó, además, moción en auxilio de jurisdicción para solicitar la paralización de los efectos de dicha orden.

Mediante Orden de 9 de septiembre de 1988 concedimos término a los recurridos para que mostraran causa por la cual:

... 1) no debemos revocar la resolución dictada el 7 de sep-tiembre de 1988 por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón; 2) sobre la aplicación a este caso, de las disposiciones de la ley Núm. 139 [de] 18 de julio de 1986 y del Reglamento del Depar-tamento de Salud Núm. 56, en lo referente a la prohibición relativa a la radicación y determinaciones sobre certificados de necesidad y conveniencia dentro del período de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las elecciones generales en Puerto Rico[,] y 3) sobre el planteamiento hecho por la parte recurrente de que la orden emitida por el [tjribu-nal de [i]nstancia el 7 de septiembre de 1988 fue dictada ex-parte, y sin habérsele notificado a dicha parte el escrito que dio base a la misma. Resolución de 9 de septiembre de 1988, págs. 1-2.

Las partes han comparecido. Resolvemos.

II

El peticionario adelanta dos (2) fundamentos para solici-tar la revocación de la orden del tribunal de instancia. El primero es que no se le dio adecuada notificación de la mo-ción que solicita se deje sin efecto la orden de dicho tribunal de 1ro de septiembre de 1988 y que ordena la suspensión de la vista administrativa a celebrarse el 2 de septiembre del mismo año. El segundo, y de mayor importancia, es que la fecha en que la orden cuestionada señala la vista —el 8 de septiembre— cae dentro del período de veda pre elecciona-rio señalado por la Ley Núm. 2, supra.

En primer lugar, y por su importancia, discutiremos el señalamiento sobre la veda y luego analizaremos el otro planteamiento hecho ante nos.

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Puerto Rico es uno de los pocos países cuyo ordenamiento legal contiene unos períodos de veda pre y post eleccionaria donde el Estado se autolimita en la realización de ciertos actos para asegurar la pureza de sus funciones en dichos períodos. El trámite y otorgamiento de los certificados de necesidad y conveniencia es uno de los aspectos regulados por la veda. La Ley Núm. 139 de 18 de julio de 1986 (24 L.P.R.A. sec. 334i-1), enmendó la Ley Núm. 2, supra, para establecer una veda pre y post eleccionaria.

Dispone, en lo pertinente, dicha ley:

A los fines de proteger los mejores intereses de las partes, no podrán radicarse solicitudes para la obtención de certifi-cados de necesidad y conveniencia ni el Departamento de Sa-lud tomará determinación alguna sobre ningún asunto rela-cionado con dichos certificados durante períodos pre y post eleccionarios.
Esta prohibición comprenderá el período de dos (2) meses antes y dos (2) meses después de la celebración de las elec-ciones generales en Puerto Rico. (Énfasis suplido.) 24 L.P.R.A. sec. 334Í-1.

Idéntica disposición contiene el reglamento aprobado por el Secretario de Salud para implantar las disposiciones de la ley. Art. IV-2(g) del Reglamento, pág. 10.

Al discutir en el Senado el proyecto que originó la Ley Núm. 139, supra (P. del S. 471), la Senadora Ana Nisi Goyco, entonces Presidenta de la Comisión de Salud y Calidad Ambiental de ese cuerpo, al explicar el alcance de la medida a la senadora Rivera Ramírez le señaló, en lo aquí perti-nente, que en el proyecto “hay una enmienda clave que es que no permite que el Titular de Salud pueda otorgar estos certificados de necesidad y conveniencia ni dos (2) meses antes ni dos (2) meses después de año de elecciones”. (Én-fasis suplido.) Informe de la Comisión de Salud y Calidad Ambiental, previo estudio y consideración del P. del S. 471, 30 de mayo de 1985, pág. 5205.

Con esta enmienda de naturaleza profiláctica se trató de evitar la presentación y que el Secretario de Salud tomara determinaciones sobre los certificados de necesidad y conveniencia en una época donde pueden prevalecer consideraciones ajenas a los mejores intereses de las partes y a la planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud a ser ofrecidos a nuestro pueblo. Por ser el período comprendido en la veda uno donde llegan a su máxima efervescencia las pasiones políticas,() y donde pueden las flaquezas hu-manas traducidas en bondad para los partidarios o en repre-salia contra el adversario —Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, supra— prevalecer sobre las necesidades reales del pueblo en el campo de la salud, se impone la prohibición como detente legislativo en pro del bienestar común.

La ley es clara al prohibir la radicación (sic)() y la determinación() sobre asuntos relacionados con los certificados. La prohibición incluye, entre otras, la presentación de una solicitud para la concesión de un certificado de necesidad y conveniencia, y la determinación del Secretario de Salud de conceder o denegar el certificado durante el período vedado.

Al comparar la veda de la Ley Núm. 139, supra, con la dispuesta en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (en adelante Ley de Personal), 3 L.P.R.A. sec. 1337, notamos que esta última reconoce expresamente una excepción en casos de “necesidades urgentes del servi-cio . . .”. La veda de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 3208, también expresamente dispone varias excepciones, entre éstas, no incurrir en obli-gaciones o gastos que excedan del 50% de la asignación pre-supuestaria de cada partida, excepto para ciertos fines espe-ciales, y no comprometerse el municipio en contratos de arrendamientos de servicios salvo ciertas circunstancias.

Nótese que tanto la Ley de Personal como la Ley Orgá-nica de los Municipios de Puerto Rico no pretenden congelar el funcionamiento del Gobierno, sino establecer unas me-didas de autolimitación razonables. Es de presumir que el legislador, conocedor de ambas leyes, pretendía igual propó-sito al aprobar la Ley Núm. 139, supra. Véase Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 66 (1980).

Por otra parte, la Ley Núm. 2, supra, establece unos períodos cortos dentro de los cuales el Secretario de Salud tiene que tomar determinadas decisiones. Así, éste tiene noventa (90) días para tomar una decisión sobre una solicitud para un certificado de necesidad y conveniencia a partir de la notificación al público sobre la misma L.P.R.A. sec. 334f-8), y concede una causa de acción a los perjudicados para que los tribunales puedan ordenar que éste tome una decisión a esos efectos (24 L.P.R.A. sec. 334f-9). Los proponentes, por otro lado, tienen treinta (30) días para notificar al Secretario de Salud sus intenciones antes de presentar el certificado o la solicitud de exención cuando se propongan llevar a cabo las transacciones previstas en la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 24 L.P.R.A. sees. 334-334j. También el Secretario de Salud debe notificar dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la solicitud a las personas afectadas y al público en general. 24 L.P.R.A. see. 334f-6. También, se concede un término de treinta (30) días para solicitar una reconsideración y se requiere del Secretario de Salud que resuelva dicha reconsideración dentro de un término de sesenta (60) días. 24 L.P.R:A. sec. 334Í-10. Se dispone, además, un término de treinta (30) días para la revisión judicial de la decisión administrativa. 24 L.P.R.A. see. 334f-ll.

La ley, al establecer estos términos cortos, obviamente considera que las solicitudes de certificados de necesidad y conveniencia deben tramitarse y decidirse con relativa prontitud dada la naturaleza de la reglamentación.

Examinada la veda contenida en la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico y en la Ley de Personal, y la configuración de términos cortos en el proceso para la consideración y decisión de certificados de necesidad y conveniencia, la veda introducida por la Ley Núm. 139, supra, no puede ser interpretada de una forma que implique derrotar tales propósitos al adoptar una norma cuyo efecto práctico conlleve la paralización y congelación total del Departamento de Salud, en un área tan importante como la de evaluación de las solicitudes de certificados de necesidad y conveniencia, durante cuatro (4) meses. Una interpretación contraria implicaría que las solicitudes para prestar servicios de salud previstos en la ley (e.g. hospitales, facilidades de cuidado extendido, casas de salud, centros de diagnóstico y tratamiento, farmacias, laboratorios clínicos, bancos de sangre, etc.) dormirán en una gaveta administrativa hasta que, transcurrido los cuatro (4) meses, finalice la veda.

El proponente de un certificado de necesidad y conveniencia debe presentar su solicitud antes del período de veda.

En la concesión o en la denegación de certificados de necesidad y conveniencia intervienen diversos funcionarios en carácter y etapas diversas durante el proceso. Sólo mediante la delegación de los innumerables deberes que la Ley Núm. 2, supra, impone al Secretario de Salud, puede éste cumplir su encomienda de adjudicar una solicitud de certificado de necesidad y conveniencia bajo los términos del tiempo que le impone la ley.

La adjudicación final por el Secretario de Salud es la culminación de un proceso de carácter adjudicativo institucional. Cf. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 881 (1974); P.R. Tel. Co. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 231, 232-233 (1974); P.S.P. v. Com. Estatal de Elec- dones, 110 D.P.R. 400, 417 (1980). Esa decisión personal del Secretario de Salud se fundamenta en las diversas conside-raciones de las decisiones o determinaciones interlocutorias de sus subalternos en etapas anterior es. Esa es la etapa final del proceso y la que está vedada por la Ley Núm. 139, supra, durante el período eleccionario. La intención legisla-tiva no fue prohibir las decisiones o determinaciones interlo-cutorias en etapas anteriores en ese proceso adjudicativo institucional.

En síntesis, el Secretario de Salud no puede tomar una determinación que conceda o que deniegue el certificado, o que conlleve dichos efectos durante el período de veda.

Nada impide, sin embargo, que el Departamento de Salud evalúe las solicitudes ya presentadas antes de entrar en vigor la veda, que haga las notificaciones correspondientes y que celebre las vistas necesarias para evaluar dichas solicitudes. La Ley Núm. 2, supra, establece un procedimiento administrativo de naturaleza formal, Ruiz Hernández v. Mahiques, supra, el cual ofrece suficientes garantías para asegurar que dicho proceso se lleve a cabo con pureza administrativa. Entre estas garantías de ley cabe mencionar que el Secretario de Salud debe hacer determinaciones de hecho que estén sostenidas por la evidencia, 24 L.P.R.A. sec. 334f-7; que ningún funcionario que desempeñe funciones en relación con las solicitudes, una vez el caso se encuentre en reconsideración o en una etapa posterior, puede comunicarse con el solicitante, su representante o con los opositores del certificado o sus representantes, en ausen-cia de las otras partes (24 L.P.R.A. sec. 334f-12), so pena de incurrir en delito menos grave, 24 L.P.R.A. sec. 334h; que el oficial examinador hará determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho en su informe al Secretario de Salud, Art. VIII-8 del Reglamento, pág. 36; que las vistas serán gra-badas y se velará por el cumplimiento del debido proceso de ley, Art. VIII-9 del Reglamento; que ninguna parte, incluso las personas afectadas, podrá comunicarse con el oficial exa-minador que presida la vista una vez ésta haya sido señalada, Art. VIII-11 del Reglamento; que el certificado puede ser revocado en cualquier momento si se demuestra que el peti-cionario, a sabiendas, sometió información falsa, Art. IX-8 del Reglamento, págs. 38-39; que la decisión del Secretario de Salud debe fundamentarse en la recomendación que le hizo el oficial examinador y en la información obrante en el expediente, y que de no seguir esta recomendación, el Secre-tario de Salud debe exponer las razones para ello y su deci-sión debe estar fundamentada y sostenida por la evidencia, Art. X-l, 2 y 3 del Reglamento, pág. 39. Además, la ley y el reglamento le conceden a la parte afectada el derecho a soli-citar la reconsideración y posterior revisión judicial. Arts. XI y XII del Reglamento; 24 L.P.R.A. secs. 334f-10 y 334f-11.

El proceso evaluativo sólo conlleva la toma de determinaciones interlocutorias a la determinación final del Secretario de Salud sobre la concesión o la denegación de un certificado de necesidad y conveniencia. Como tal, no está sujeto a la veda.

Expuesto el marco conceptual y el alcance de la Ley Núm. 139, supra, concluimos que la vista llevada a cabo como parte de la evaluación del certificado de necesidad y conveniencia en el caso de autos no estaba prohibida por la ley.

> H — i

En este caso resulta importante determinar si la vista administrativa de 8 de septiembre de 1988 fue celebrada antes o durante el período vedado. Ello es así ya que la Ley Núm. 2, supra, le concedió al Secretario de Salud un término de noventa (90) días, luego de la notificación al público en general mediante edicto, para que emitiera su decisión —Art. 12 de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 24 L.P.R.A. sec. 334f-8, y Art. X-2 del Reglamento, pág. 39— y le concedió a la parte perjudicada por una demora el derecho a instar acción de mandamus para obligarlo a cumplir con tal deber en el término prescrito. Art. 13 de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 24 L.RR.A. sec. 334f-9.

En el caso de autos, el edicto al público en general fue publicado el 9 de junio de 1988. El Secretario de Salud tenía hasta el 7 de septiembre para emitir su decisión. Previo a ello debía haberse celebrado la vista administrativa. Si ésta se hubiera celebrado antes de la veda, el Secretario de Salud podía adjudicar antes de la prohibición. Si se hubiere celebrado durante la veda, su decisión quedaría diferida —por efecto de la ley— hasta después de transcurrido el período vedado. La Ley Núm. 139, supra, por ser una ley especial posterior a la Ley Núm. 2, supra, tuvo el efecto de prorrogar el término de noventa (90) días y diferir la decisión del Secretario de Salud hasta después de transcurrido el período de veda, cuando su decisión personal cae dentro de ese período. Véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 69, págs. 441-443.

Aquí, la vista celebrada el 8 de septiembre de 1988 se llevó a cabo fuera del período de veda. Veamos.

Como señalamos anteriormente, el Art. 21-A de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, supra, dispone que la veda en estos casos comprenderá el período de dos (2) meses antes y dos (2) meses después de la celebración de las elecciones generales en Puerto Rico. Nuestro ordenamiento jurídico nos brinda las normas necesarias para computar este término.

El Art. 8 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8, establece, en lo pertinente, que “[s]i en las leyes se habla de meses ... se entenderá que los meses son de treinta dias . . .”. (Énfasis suplido.

De suerte que la veda pre eleccionaria de dos (2) meses prevista en la Ley Núm. 139, supra, se extiende a los sesenta (60) dias naturales antes del dia de la celebración de las elecciones generales en Puerto Rico. Ello es así ya que sus disposiciones sólo hablan de meses sin especificar sus días.

Tomamos conocimiento judicial de que las elecciones de 1988 en Puerto Rico se celebraron el martes 8 de noviembre, “primer martes después del primer lunes de noviembre”. 16 L.P.R.A. sec. 3201.

Determinada la fecha en que han de celebrarse las elec-ciones generales, procede hacer el cómputo de los sesenta (60) días naturales de veda pre eleccionaria contándolos desde esa fecha hacia atrás En ese cómputo se excluye el primer día (que aquí sería el de las elecciones) y se incluye el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido según ordena el Art. 388 del Código Político, 1 L.P.R.A. sec. 72.

Al aplicar la referida fórmula al caso de maras se des-prende que para el 1988 el período de veda pre elecciona-ria comenzaba el 9 de septiembre de ese año.

Siendo ello así, la orden del tribunal de instancia emitida el 7 de septiembre —que ordena la celebración de la vista administrativa para el 8 de septiembre de 1988— no violaba, contrario a la posición del peticionario, las disposiciones de la Ley Núm. 139, supra, ni del Reglamento relativas a la veda pre eleccionaria. La vista celebrada ese día es válida. En tales circunstancias, el Secretario de Salud había podido adjudicar la solicitud, con el beneficio del informe del oficial examinador, antes de 9 de septiembre de 1988.

V

Resulta inmeritorio el segundo señalamiento de error de los peticionarios en cuanto a la falta de notificación adecuada de la Orden de 7 de septiembre de 1988. En primer lugar, el propio peticionario conocía que la orden por él solicitada el 2 de septiembre de 1988 le concedía a los recurridos cinco (5) días (exactamente hasta el 7 de septiembre) para mostrar causa por la cual no debía concederse la suspensión de la vista. En segundo lugar, el 7 de septiembre H.H.M. remitió copia de su oposición a la suspensión y solicitud de señalamiento de vista al peticionario por correo certificado. En tercer lugar, el daño inminente debido a la proximidad de la veda y la proximidad del término en ley para que el Secre-tario de Salud emitiera su decisión sobre la solicitud justifi-caban que el H.H.M. solicitara y el tribunal de instancia or-denara dejar sin efecto la orden anterior, aun cuando no se le diera aviso previo al peticionario. Véase Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. A ese mismo pro-ceder habían recurrido los peticionarios para obtener la sus-pensión de la vista.

VII

Nos resta señalar que, aun cuando al emitir esta decisión ha transcurrido el término tanto de la veda pre como post eleccionaria, en este caso nuestra decisión no resulta académica. La celebración de elecciones generales y la correspondiente activación de la veda y sus efectos paralizantes es una cuestión recurrente que crea la probabilidad real de que el asunto aquí planteado se repita. Por lo tanto, el caso ante nos es de excepción a la aplicación de la doctrina de academicidad. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988), y autoridades allí citadas.

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se dictará sentencia que confirme la orden del tribunal de ins-tancia y que ordene al Departamento de Salud continuar con los procedimientos en forma compatible con lo aquí ex-puesto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

       Véanse: Sec. 4.7 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1337; Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819, 824 (1978); Op. Sec. Just. Núm. 1980-25; Art. 7.08 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 3208.

       El Reglamento del Departamento de Salud Núm. 56 de 15 agosto de 1986 entró en vigor el 14 de septiembre de 1986.

      (3) Hemos reconocido anteriormente el “ambiente altamente politizado” que reina en nuestro país. González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190, 196 (1987); Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 D.P.R. 790 (1983).

      (4) El término “radicar” se define como “estar o encontrarse ciertas cosas en determinado lugar”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 1138.

      (5) El término “determinar” se define como “señalar, fijar una cosa para al-gún efecto . . . [tjomar resolución . . . [sjentenciar, definir”. Diccionario de la Lengua Española, op. cit, T. I, pág. 489.

       Véase K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, Davis Pub. Co., 1983, Cap. 17.

        Cf. eon la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2131), que entró en vigor el 12 de febrero de 1989.

       AI comentar esta disposición, Scaevola expresa:
      “Se ocupa el artículo de los diversos espacios de tiempo que pueden señalar las leyes: meses, días y noches.
      “Los dos primeros no ofrecen dudas, si bien en cuanto a los meses establece una distinción, según se determinen o no por sus nombres. En este caso, se com-putan por los días que respectivamente tengan el mes o meses de que se trate; en el contrario, por treinta días, cualquiera que sea el número de éstos que lo com-pongan.” Q.M. Scaevola, Código Civil Comentado, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. I, pág. 267.

       De igual manera, la veda post eleccionaria de la ley se refiere a los se-senta (60) días naturales después de celebradas las elecciones generales.

       En caso de la veda post eleccionaria, el cómputo sería desde el día de la celebración de las elecciones hasta sesenta (60) días naturales despúes.

       AI seguir la fórmula, la veda post eleccionaria terminaría el 7 de enero de 1989.

       Tomamos conocimiento judicial que ese día no fue de fiesta, por lo que no se excluye del cómputo. Art. 388 del Código Político, 1 L.P.R.A. sec. 72.

       Consideramos que la mejor práctica aconseja que se le dé notificación a las partes sobre este tipo de órdenes, aunque sea a través de la vía telefónica. La importancia de los derechos de las partes así lo amerita.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Re-bollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Héctor Rivera Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-88-26

      Resuelto: 7 de junio de 1989

      Héctor Santiago Rivera, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Héctor Rivera Rivera fue acusado ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, del delito de homicidio involuntario. Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4005. Un Jurado rindió veredicto de culpabilidad y el tribunal lo sentenció a cumplir un (1) año y tres (3) meses sujeto al régimen de sen-tencia suspendida.

En apelación cuestiona la suficiencia de la prueba y el no haberse brindado cierta instrucción al Jurado. Expongamos los hechos creídos por dicho cuerpo de juzgadores, según surgen de la prueba testifical y documental desfilada.

í — I

El 15 de mayo de 1986, aproximadamente a las 10:15 A.M., la joven Ana Rosa González Vélez acudió a la farmacia Family Drug a comprar el medicamento conocido como sulfa para utilizarlo en una erupción que tenía entre los muslos. La cajera, Sra. Carmen Santos, la refirió al recetario. Allí, Ana Rosa le pidió la sulfa al apelante Rivera Rivera, práctico de farmacia. Este le preguntó el uso propuesto y ella le ex-plicó. Entonces Rivera Rivera se dirigió al área de la farma-cia en que de ordinario se encontraba el polvo sulfa, tomó un frasco, extrajo dos (2) cucharaditas que puso en un sobre plástico y lo rotuló “Polvo Sulfa Para Uso Externo”. Al ha-cerlo no miró la etiqueta del frasco ni se percató de la cala-vera y, por ende, de que su contenido era sulfato de estric-nina.

Acto seguido, lo entregó a Ana Rosa. Ella regresó a su residencia donde su madre, la Sra. Carmen D. Vélez, se lo aplicó en la erupción. Una vez aplicado, Ana Rosa sintió la boca seca, se puso cianótica y comenzó a tener convulsiones. Como a las 10:30 A.M. su madre, acompañada de su otra hija Luz, la llevó al dispensario J.J. Antón en Río Piedras. La atendió el Dr. Orlando Rodríguez Hernández. Ana Rosa llegó muy excitada. La acostaron en una camilla. Debido a que el examen reveló que tenía taquicardia, le hicieron un electro-cardiograma. Luego le inyectaron diez (10) miligramos de Valium. Se tranquilizó y la mantuvieron bajo observación.

Después del mediodía, el doctor Rodríguez Hernández auto-rizó a la señora Vélez a llevarla a la casa. Ana Rosa salió caminando del dispensario. Una vez regresaron, Ana Rosa se acostó en su cama.

Mientras tanto, en la farmacia Family Drug —entre las 12:00 A.M. a 12:30 P.M.— su propietario, el Farmacéutico Ledo. Eloy Ramos, en unión a Rivera Rivera comenzaron a guardar en sus respectivos anaqueles los frascos de medica-mentos que estaban sobre el mostrador. En el proceso, el licenciado Ramos cogió un frasco, lo miró e inmediatamente le preguntó a Rivera Rivera: “¿Héctor qué es esto?” Este le indicó que era polvo de sulfa que había despachado por la mañana a una cliente. El licenciado Ramos le señaló que no era sulfa. Rivera Rivera volvió a insistir en su contenido y afirmó que lo acababa de coger de los químicos. Al inquirir del licenciado Ramos, éste le dijo que era sulfato de estric-nina. Rivera Rivera cuestionó quién lo había puesto allí.

Ante esta situación, el licenciado Ramos ordenó al ape-lante Rivera Rivera y a la cajera señora Santos que salieran a buscar la cliente. Rivera Rivera trató sin éxito y regresó a la farmacia. Sin embargo, la señora Santos localizó la resi-dencia de Ana Rosa. Llamó varias veces hasta que la señora Vélez la atendió y le manifestó preocupación por el estado de salud de su hija Ana Rosa. Por esta razón no podía acompa-ñarlas y ambas optaron por ir a la farmacia. Allí, el licen-ciado Ramos habló con la señora Vélez. Le entregó una crema para ponérsela a su hija con la indicación de que le lavara bien el área antes de aplicarla y que, de ser necesario, la llevara a un médico. La señora Vélez le entregó al licen-ciado Ramos el remanente del polvo y éste le indicó que ya había regañado al muchacho que lo había vendido. La señora Santos, en unión a la señora Vélez, retornaron a la casa. Cuando arribaron Ana Rosa había fallecido.

Como resultado, se practicó la correspondiente investiga-ción. La autopsia reveló que su muerte fue debido a envene-namiento por estricnina. Posteriormente se sometió una de-nuncia contra Rivera Rivera y contra el licenciado Ramos por asesinato en primer grado. En vista preliminar se deses-timó la denuncia contra el licenciado Ramos, pero se deter-minó causa probable por homicidio involuntario contra Rivera Rivera. Recayó la sentencia que motiva esta apelación.

) — I I — I

Analizaremos conjuntamente los dos (2) primeros señala-mientos:

Erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al declarar culpable al acusado del delito de Homicidio Involuntario, en ausen-cia de prueba suficiente que justifique o no el fallo emitido.
Erró el Tribunal de Instancia al evaluar la prueba desfilada y al determinar que la misma es suficiente para vencer la pre-sunción Constitucional de Inocencia. Alegato- del apelante, págs. 4-5.

No tiene razón el apelante Rivera Rivera al cuestionar la suficiencia de la prueba para sostener el veredicto de homici-dio involuntario. Veamos.

Nuestro Código Penal tipifica este delito en el Art. 86, primer párrafo. Lee:

Toda persona que obrando con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionara la muerte a otra, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año y ocho (8) meses. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 4005.

Por su parte, el Art. 14 del mismo código reconoce, como forma de culpabilidad, la negligencia criminal, que se manifiesta “por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona”. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. sec. 3061.

A su vez, el concepto de negligencia criminal lo define el Art. 16 del Código Penal como aquél producto de un acto “delictuoso sin quererlo, por imprudencia o descuido, o falta de circunspección o impericia o por inobservancia de la ley”. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. sec. 3063.

Lo expuesto pone de manifiesto que los elementos esenciales del delito de homicidio involuntario, en esta modalidad, son la acción negligente del acto y, como resultado, la muerte de un ser humano. Al respecto, la Prof. Dora Nevares-Muñiz nos ilustra:

Muerte Causada por Negligencia. Bajo esta modalidad del homicidio involuntario los elementos constitutivos son la ocu-rrencia de una muerte a consecuencia de los actos u omisiones negligentes del sujeto activo.
El Código Penal, ed. 1974, define la negligencia en su ar-tículo 16. Esa definición recoge las distintas modalidades de la culpa típica de la tradición civilista bajo el nombre genérico de negligencia. Así, la negligencia puertorriqueña con sus mo-dalidades de imprudencia, descuido, impericia, falta de atención, inobservancia de leyes y reglamentos, equivale a la culpa civilista.
En el contexto del delito de homicidio involuntario, el ele-mento típico de la negligencia se puede dar de una o varias de las anteriores formas. Se trata de aquella conducta que se aleja del cuidado, atención, prudencia y pericia, que se es-pera del hombre prudente y razonable en igualdad de cir-cunstancias. Además, el acto puede revestir la forma de una acción o de una omisión. Véase La Fave & Scott, 591. (Én-fasis suplido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, págs. 147-148.

Este ámbito operacional penal cubre al farmacéutico. En lo concerniente a su actividad, Francisco Rico-Pérez expone que su responsabilidad trasciende la civil y disciplinaria, y alcanza la penal. “[E]sta castiga, de modo general, la impru-dencia, que comprende la negligencia, ligereza o irreflexión, de las cuales se haya producido algún daño, aunque no haya habido intención maliciosa....” (Énfasis suplido.) F. Rico-Pérez, La Responsabilidad Civil del Farmacéutico, Madrid, Ed. Trivium, 1984, pág. 35. Dicho autor certeramente señala:

En Derecho Penal se considera como falta el causar un mal a las personas por simple imprudencia o negligencia, y que, si mediare malicia, constituiría delito. La imprudencia temera-ria se caracteriza por la irreflexión, ligereza o negligencia inexcusable, por el olvido de las precauciones que aconseja la más vulgar prudencia (Sentencias de 15 de octubre de 1931 y 10 de junio de 1936).
La imprudencia punible exige los siguientes requisitos:
1o. Una acción u omisión voluntaria, no maliciosa.
2o. Que esta acción haya producido un mal efectivo y con-creto.
3o. Que este mal hubiera sido previsible, evitable me-diante el empleo de una ordinaria diligencia (Sentencias de 7 de octubre de 1933, 4 de julio de 1934 y 7 de enero de 1955).
4o. Que esta acción se halle ligada por una relación natural de causalidad a un mal efectivo típicamente definido en la ley como delito ^Sentencia de 18 de mayo de 1891).
También se comprende en la falta, la negligencia inexcusable u olvido de ordinarias precauciones que aconseja la más vulgar prudencia para evitar los riesgos que llevan consigo ciertos actos u operaciones del arte farmacéutico, como: fór-mulas magistrales, análisis-clínicos, etc. (Sentencia de 11 de octubre de 1898). (Énfasis suplido.) Rico-Pérez, op. cit., pág. 36.

HH HH HH

En el caso de autos están presentes todos los elementos aludidos. Del propio testimonio del apelante Rivera Rivera se desprende el acto negligente que provocó la muerte de Ana Rosa. Rivera Rivera dejó al lado toda su experiencia previamente acumulada al despachar la estricnina de modo inexcusable, observando solamente una simple rutina cuyo único criterio fue la ubicación regular de los medicamentos.

Si bien la prueba demostró que el frasco y polvo amarillo de la estricnina eran idénticos al de la sulfa, aquél tenía el ominoso símbolo de la calavera, que clara y aparen-temente anunciaba su contenido venenoso. Rivera Rivera ad-mitió que cuando tuvo el frasco en sus manos no leyó su eti-queta. Lo elemental de esa sencilla gestión configura y agrava correlativa y proporcionalmente, por omisión, su res-ponsabilidad penal.

Descansó en su ubicación y que el polvo sulfa y la estricnina eran en apariencia idénticos. Precisamente esas características comunes, las cuales Rivera Rivera conocía, exigían un cuidado mayor. Su actuación trascendió los límites de la prudencia mínima que debe acompañar tan delicada tarea. Despachar un medicamento únicamente a base de apariencia similar del envase y de la sustancia, sin constatar su etiqueta, constituye grave negligencia criminal. El alto riesgo que conlleva para la salud humana el despacho de medicamentos exige la adopción de todas las debidas precauciones, entre las cuales se destaca, como medida inicial —básica y cautelar— examinar su rotulación. Véase Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 3001 et seq.

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En su alegato, Rivera Rivera invoca a su favor Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532 (1983), y Pueblo v. De Jesús Colón, 119 D.P.R. 482 (1987). Aduce que la negligencia que da fundamento a una convicción por homicidio involuntario debe reflejar elementos intencionales. No estamos de acuerdo. Su contención entremezcla erróneamente uno de los elementos diferenciadores del homicidio involun-tario y el de mutilación. Según el Art. 96 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4033, la mutilación exige los elementos de ilegalidad y malicia. Este último término (malicia) significa “la comisión de un acto dañoso, intencionalmente . . .”. Art. 7(19) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3022(19).

En contraste, hemos visto que el homicidio involuntario no requiere la intención como elemento. Precisa negligencia y la muerte de un ser humano. Ello explica por qué en Pueblo v. De Jesús Colón, supra, pág. 490, resolvimos que para “configurar el delito de mutilación mientras se conduce un vehículo de motor tiene que alegarse y probarse que el acto fue intencional. Si la prueba demuestra que el acto fue negligente no procede una convicción por el delito de mutilación”. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

V

Erró el Tribunal de Instancia al negarse a impartir instruc-ciones al jurado sobre el Artículo 11.020 del Título 26 de LPRA, Código de Seguro, cuando la prueba desfilada y admi-tida estableció que la Puerto Rico American Insurance había compensado económicamente a los familiares de la persona que resultó muerta en este lamentable incidente. Alegato del apelante, pág. 8.

Rivera Rivera, en lo pertinente —en vista de que la Puerto Rico American Insurance Co., aseguradora de la far-macia y de su propietario licenciado Ramos, por transacción civil compensó en $70,000 a los familiares de Ana Rosa— pidió la instrucción siguiente:

Dispone el Artículo 11.020 del Código de Seguros de Puerto Rico lo siguiente: “No se asegurará a una persona contra las consecuencias penales de un delito”.
La prueba desfilada en este caso justifica esta instrucción. De haber surgido de la investigación realizada por la Compa-ñía aseguradora en este caso que hubo mano criminal en los hechos, dicha Compañía podía y tenía que negar la cubierta de dicha póliza.

Fundamenta este señalamiento en nuestras decisiones en Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701 (1981), y en Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 D.P.R. 105 (1988), expositivas del deber de cubierta y representación legal de una aseguradora en reclamaciones civiles por muerte y aborto. En síntesis aduce que esa compensación era demostrativa de que su negligencia era civil y no criminal, y que según esa tesis el Jurado pudo haberlo absuelto. Tampoco tiene razón.

En primer lugar, por su carácter civil, la jurisprudencia citada no es definitoria de los perfiles de negligencia en el delito de homicidio involuntario. Segundo, nuestros pronun-ciamientos en ambos casos no apoyan su proposición. Y tercero, la instrucción sobre la defensa consignada en el Art. 11.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1102, no era pertinente en la presente causa penal. La transacción y com-pensación que recibieron los familiares de Ana Rosa no era ni podía constituir impedimento para el Estado procesarlo criminalmente. La responsabilidad civil de la farmacia y de su dueño estaba predicada en otra normativa.

Por último, cabe señalar que el Jurado tuvo conocimiento de esa transacción y aun así lo encontró culpable.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Suscribimos la opinión que hoy emite el Tribunal en el presente caso por cuanto, en primer lugar, estamos convencidos de que el Art. 86 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4005, tipifica como delito la situación de hechos por la cual fue juzgado el apelante, por lo que el mismo cons-tituye “aviso suficiente” a cualquier profesional de la salud sobre la posibilidad de ser encausado criminalmente por el delito de homicidio involuntario en caso de muerte de una persona debido a la negligencia criminal de ese profesional de la salud, razón por la cual no se infringe el “principio de legalidad” consagrado en las disposiciones del Art. 8 del re-ferido Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031. Véanse: Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763 (1960); Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 750 (1970); Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983); Connolly v. General Const. Co., 269 U.S. 385 (1976); Colten v. Kentucky, 407 U.S. 104 (1972); United States v. Harriss, 347 U.S. 612 (1954); CSC v. Letter Carriers, 413 U.S. 548 (1973); R.B. McNamara, Constitutional Limitations on Criminal Procedure, Colorado, Ed. McGraw-Hill, 1982, Sec. 1.09; Nota, Due Process Requirements of Definiteness in Statutes, 62 Harv. L. Rev. 77 (1948). Endosamos la opinión emitida, en adición, por razón de que entendemos que, dados los hechos particulares y específicos del mismo, el resultado al que se llega, y los fundamentos que en apoyo de dicho resultado se aducen, son correctos en derecho.

Ahora bien, sentimos la obligación de expresarnos por separado por razón de que nos preocupa profundamente la interpretación y aplicación que de la opinión emitida pueda hacerse a nivel de instancia en relación con otras situaciones de hecho que conllevan negligencia en que “profesionales de la salud” diariamente se ven implicados. Como resulta obvio, la opinión que hoy se emite “abre las puertas” al encausa-miento criminal de profesionales de la salud en relación con la muerte de pacientes alegadamente acaecidas debido a la negligencia de dichos profesionales. Nos preocupa, en particular, que como consecuencia de la decisión emitida se insti-tuya a nivel de instancia la práctica indiscriminada de radi-car acusaciones criminales contra profesionales de la salud en situaciones de hecho que no lo ameriten y que dichas acu-saciones sean utilizadas como “mecanismo de presión” con el propósito de lograr transacciones en los casos civiles de daños y pérjuicios. Entendemos procedente exponer y dejar plasmado por escrito nuestra posición y manera de pensar respecto a dicha situación.

HH

El apelante Héctor Rivera Rivera fue declarado culpable de una infracción al citado Art. 86 del vigente Código Penal, supra, por el Jurado que intervino, como “juzgador de los hechos”, en el proceso que se le celebrara a éste ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Como re-sultado de ello, dicho foro lo sentenció a cumplir una pena de un (1) año y tres (3) meses bajo el régimen de “sentencia suspendida o libertad a prueba”.

Según surge en detalle de la opinión emitida, la referida convicción fue consecuencia de unos hechos ocurridos el día 15 de mayo de 1986. En dicho día el apelante, quien era un “práctico de farmacia”, le despachó a la joven Ana González Vélez, en la farmacia en la que él trabajaba, sulfato de estric-nina en lugar del “polvo de sulfa” que ésta le había solici-tado en relación con una erupción (rash) que ella tenía entre las piernas. Al así despacharlo —conforme ello surge del tes-timonio que prestara el propio apelante durante el proceso que se celebrara a nivel de instancia — éste no se fijó en la “carabela [sic]” que tenía el envase que contenía el sulfato de estricnina, como tampoco el apelante leyó la información contenida en la etiqueta del referido envase antes de utili-zar el mismo. Luego de que la señorita González Vélez re-gresara a su hogar y se aplicara en la mencionada erupción el sulfato de estricnina, lo cual causó que ésta convulsionara y se pusiera cianótica, la infortunada joven fue llevada a un “dispensario médico” por sus familiares donde fue superfi-cialmente atendida. Con posterioridad a que fuera dada “de. alta” del mismo —unas horas más tarde— la joven González Vélez falleció en su hogar. La causa de su muerte fue objeto de estipulación por las partes a nivel de instancia: intoxica-ción por estricnina.

II

Conforme dispone, en lo pertinente al caso bajo nuestra consideración, el referido Art. 86 del Código Penal, supra, comete el delito de homicidio involuntario toda persona que “obrando con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionara la muerte a otra ...”. (Énfasis suplido.) No puede perderse de vista, sin embargo, que esa negligencia es una que debe ser “criminal”. Ello así por cuanto establece el Art. 14 del referido Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061, que nadie “podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal”. (Énfasis suplido.) lEn qué consiste o cómo se in-curre en esa “negligencia criminal”? La contestación, en términos generales, a dicha interrogante la encontramos en las disposiciones del Art. 16 del referido Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3063. Dispone la citada disposición legal que, como regla general, responde por negligencia la persona “que ha producido un resultado delictuoso sin quererlo, por imprudencia o descuido, o falta de circunspección o imperi-cia o por inobservancia de la ley”. (Énfasis suplido.)

Al amparo de las mencionadas disposiciones legales y en vista a los hechos particulares del caso ante nuestra conside-ración, no albergamos duda de que el apelante efectivamente infringió las disposiciones del citado Art. 86 del Código Penal, supra; esto es, que la prueba presentada en el presente caso, dados los hechos específicos del mismo, justifica plena-mente el veredicto condenatorio que por el delito de homici-dio involuntario rindieron los señores del Jurado. La acción del apelante de despachar lo que le fuera requerido por la joven González Vélez en un lugar —farmacia— donde exis-ten diversos medicamentos sin tan siquiera mirar la eti- queta del envase en que se encontraba la sustancia que des-pachaba, a nuestro entender satisface plenamente el requi-sito de “negligencia criminal” en el contexto de los hechos en que se produce su acción.

Enfatizamos esto último por cuanto es de notarse que la negligencia en que incurre el apelante, un “profesional de la salud”, se relaciona con un acto más bien “mecánico” que ciertamente no requería la evaluación o análisis de unos hechos o situación como tampoco el ejercicio de discreción alguna en el desempeño de la función exigida de él. Llana y sencillamente le fue solicitado un producto en específico y todo lo que se requería de él era que responsablemente loca-lizara e indentificara el mismo dentro de las existentes en la farmacia en que trabajaba y despachara correctamente dicho producto al cliente, lo cual no hizo. Somos del criterio que, al así actuar, el apelante de hecho incurrió en negligen-cia criminal crasa.

Ello nos lleva a la “razón de ser” de la presente opinión concurrente. Por razón del alto interés público envuelto en esta clase de situaciones, entendemos necesario expresarnos sobre el grado de negligencia que, en nuestra opinión, debe ser requerido por nuestros tribunales en relación con la radi-cación de cargos criminales, y posterior convicción, por el delito de homicidio involuntario de un profesional de la salud en relación con la muerte de una persona debido a un alegado acto de “mala práctica o impericia” cometido por ese profe-sional de la salud. Existen tres (3) posibles alternativas o contestaciones a dicha interrogante: (1) la negligencia “civil”, esto es, la que “activa” las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141; (2) la negligencia criminal ordinaria o simple, y (3) la negligencia criminal “crasa”. Veamos.

HH t — |

En Puerto Rico, la responsabilidad de un profesional de la salud resultante de la muerte de un paciente alegada-mente ocurrida debido a su negligencia tradicionalmente se ha circunscrito al campo de lo civil, existiendo abundante casuística al efecto. Esa jurisprudencia sobre daños y per-juicios consistentemente ha requerido algo más que el mero “error de juicio o equivocación” de parte del profesional de la salud para responsabilizarlo en la esfera civil.

A esos efectos, en Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871, 876 (1972), sostuvimos que:

... existe una presunción, rebatible, en casos de responsabili-dad profesional médica, al efecto de que el médico ha ejerci-tado un grado razonable de cuidado y de que la administra-ción del tratamiento al paciente ha sido adecuada. Corres-ponde al demandante presentar evidencia suficiente para con-trovertir esta presunción y para ello la prueba debe demos-trar algo más que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte del médico de su obliga-ción profesional. Si la evidencia señala más de una causa probable del daño, no puede imponérsele responsabilidad a éste a menos que del conjunto de la prueba surja que la actuación negligente atribuida a éste es la que con mayores probabili-dades la causó. Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971); Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962). El médico debe tener latitud en el ejercicio de un juicio razonable y no es res-ponsable por un error de juicio a menos que el error sea obvio o sustancial de acuerdo con la práctica prevaleciente en la comunidad. Si el médico ejerce el cuidado y presta la debida atención al diagnóstico del paciente conforme a la práctica profesionalmente aceptable en la comunidad y actúa de acuerdo con las mismas, no incurre en responsabilidad aunque su diagnóstico constituya un error de juicio. Rivera v. E.L.A., supra; Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968). (Énfasis suplido.)

Posteriormente, en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 227 (1973), expresamos:

A tono con nuestro empeño de ser justos y razonables, en-contramos necesario decir unas palabras sobre el margen de discreción profesional que debe tener y tiene el médico al diagnosticar y al tratar pacientes. Anteriormente nos hemos referido a la medicina como una “ciencia-arte[”.] Lo hemos hecho adrede. La práctica de la medicina requiere, en el diag-nóstico y en el tratamiento, que el facultativo llegue a juicios y tome decisiones. Hay en ese proceso un inevitable elemento subjetivo. También, la relación de médico y paciente es, o debe ser, única para ambos. . . .
Lo dicho demuestra, por un lado, la responsabilidad que asume el médico al diagnosticar y al tratar y, por otro, la nece-sidad de reconocer el elemento humano, subjetivo, no exacto, de su quehacer. Esa realidad nos lleva, a su vez, a reconocer que en el ejercicio de la medicina cabe el error de juicio ho-nesto de parte del médico y aceptable por los tribunales. Claro, a los tribunales compete ver que la negligencia o la impericia no pase por error de juicio. Se ha dicho que en el diagnóstico el error de juicio es aceptable como defensa cuando está presente una de las siguientes circunstancias: (1) Cuando existe una duda razonable sobre la condición o enfer-medad del paciente; (2) cuando las autoridades médicas reco-nocidas están divididas en cuanto a cuál debe ser el procedi-miento de diagnóstico a seguirse; o (3) cuando el diagnóstico se hace después de un esfuerzo concienzudo del médico para enterarse de los síntomas y de la condición del paciente. (Én-fasis en el texto original suprimido y énfasis suplido.)

Recientemente —en Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 D.P.R. 295, 303-304 (1988)— expresamos que:

.. .en el tratamiento de un paciente el médico posee amplia discreción profesional y que éste no incurre en responsabili-dad si el tratamiento que le brinda a su paciente, aun cuando erróneo, está enmarcado en los linderos de lo razonable y es aceptado por amplios sectores de la profesión médica; consti-tuyendo defensa válida para el médico demandado la existen-cia de divergencia de criterios entre las autoridades médicas sobre si el tratamiento o procedimiento en particular era co-rrecto bajo las circunstancias del caso.... En palabras senci-llas, el error de juicio —honesto e informado— cometido por un médico en el tratamiento de su paciente no constituye fuente de responsabilidad. (Énfasis suplido y en el original.)

Y es que ello no podría ser de otra manera. Tenemos que estar conscientes de que, de ordinario, la conducta profesio-nal de un médico hacia su paciente no se limita a llevar a cabo actos “mecánicos o automáticos” como el que fuera re-querido del aquí apelante. Por el contrario, la actuación de un médico usualmente es precedida de la evaluación y análi-sis de unos hechos que lo llevan a tomar una decisión que es producto del ejercicio de su discreción como especialista en una disciplina no exacta como lo es la medicina. Es por ello que ese profesional no debe ser penalizado por un error de juicio.

Establecida la norma de que un profesional de la salud únicamente puede ser responsabilizado en el campo de lo civil cuando efectivamente incurre en conducta negligente, nos resta contestar la interrogante de si la “negligencia criminal” que exige el citado Art. 14 del Código Penal, supra, como requisito para una convicción bajo el Art. 86 de dicho código, supra, es la misma que la requerida en la esfera civil o, por el contrario, es una de un “grado mayor”.

I — I <3

Conforme la doctrina imperante en esta jurisdicción, in-curre en “negligencia” que da lugar a la reparación o indem-nización del “daño” causado todo aquel que, ante unos he-chos o circunstancias particulares, no actúa conforme lo hu-biera hecho el “hombre prudente y razonable” o el “buen padre de familia”; esto es, aquel que no actúa conforme la “diligencia media”. Según lo expresa Espín Cánovas:

En la culpa extracontractual, sin una regla que marque la de-bida diligencia, hay que referirse a la conducta del hombre medio, prudente y diligente, el bonus paterfamilias, con cuyo patrón abstracto hay que medir toda conducta ilícita y dañosa para poder afirmar si existió culpa en el agente.
El Código español no define la culpa extracontractual, a diferencia de la culpa contractual, pero de modo incidental viene a definirla como la omisión de la diligencia del bonus pater familias, al formular una presunción de culpa por los hechos de las personas sometidas a nuestra vigilancia o dependencia. En efecto, dicha responsabilidad cesará cuando las personas encargadas de la vigilancia de otras “prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño” (art. 1.903, ap. último).
Según este criterio la culpa extracontractual consistirá en omitir la diligencia que el hombre normal hubiera puesto para evitar el acto dañoso, es decir, el criterio de la culpa in abs-tracto, por contraposición a la culpa in concreto, o sea, la que emplearía la misma persona responsable en sus propios actos.
Sin embargo, cabrá tener en cuenta las circunstancias con-cretas de cada caso, aunque sólo las obj'etivas, no las subje-tivas, pues de otra forma se abandonaría el criterio de la culpa in abstracto para caer en el de la culpa in concreto.
El profesor Albaladejo, por su parte, nos informa:
El art. 1.902 del C.c. habla de que “intervenga culpa o negli-gencia”, sin especificar más, y lo mismo, la ley 488, 2.°, de la Comp. navarra habla de “negligencia”, simplemente; por ello, según una opinión, alcanza a toda clase de culpa, mayor o menor. El art. 1.089 del C.c. parece corroborar esta tesis al determinar que nace obligación (de reparar) “de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”. La responsabilidad por toda clase de culpa, aun levísima, se expresa desde antiguo con la regla que dice “in lege Aquilia (ley que, como dije, reguló en Roma la culpa extracontractual) et levissima culpa venit”.
Esa opinión de que se responde en cuanto haya culpa por escasa que sea, encuentra apoyo en algunas sentencias del T.S. Así las de 10 mayo 1963, 25 mayo 1965 y 12 mayo 1969, según las que obligación de reparar nace en todo caso sin que influyan las diferentes graduaciones de la culpa, puesto que el autor del acto ilícito responde siempre del daño cualquiera que sea el grado de la falta, como lo revela el art. 1.089, al hablar de “cualquier género de culpa o negligencia”. También la de 13 de marzo 1974, que razona lo mismo, y estima expre-samente que hay responsabilidad aun “por una leve omisión de diligencia”.
Según otra opinión, la culpa extracontractual debe valo-rarse (como la contractual) sobre la base de la diligencia media (la diligencia de un buen padre de familia): si el agente no llegó a alcanzar ésta, habrá sido culpable (negligente); si la alcanzó, no podrá estimarse que lo haya sido, aunque no hu-biese obrado con todo el celo de las personas máximamente diligentes. Esta segunda opinión encuentra apoyo en el art. 1.903, párrafo último, donde se dice que la responsabilidad (si procede) por hecho ajeno “cesará cuando las personas (de que se trate) . . . prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”. Ahora bien, la llamada responsabilidad por actos ajenos, que contempla el art. 1.903, es realmente responsabilidad, no por el acto ajeno, sino por el acto propio de quien, debido a su negligencia, da lugar a que otro cause daño a un tercero. Luego cabe entender que el que tal artículo exima de responsabilidad si se empleó una diligencia media (la de un buen padre de familia), de-muestra que, también en el caso de que se trate de acto da-ñoso exclusivamente propio, basta, para quedar exento de responsabilidad, el haber observado una diligencia normal.
De todas formas, contra esta argumentación cabe alegar que quizás requiera ser más estrecha la responsabilidad por actos exclusivamente propios; y que tratándose de éstos, la cuestión debe plantearse en los términos siguientes: Desde luego, si el daño se causa por culpa grave, habrá de repararlo el culpable; pero, si la culpa es leve, ¿quién debe soportarlo, el culpable o aquel a quien se irrogó? Planteadas así las cosas, parece justificada la antigua regla in lege Aquilia et levissima culpa venit; porque es más equitativo que tenga obligación de reparar el que, aunque levemente, fue culpable del daño, que no que haya de soportar éste aquel a quien le fue irrogado. (Énfasis suplido.)

En resumen, al amparo de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante, viene obligado a responder en daños y perjuicios aquella persona que incurre en cualquier desviación de esa norma de “prudencia y razona-bilidad”, como consecuencia de la cual desviación un tercero sufre un daño.

¿Es esa la “negligencia criminal” que exige, como requi-sito de una convicción, el antes citado Art. 14 del vigente Código Penal de Puerto Rico, supra?

Nuestro Código Penal es particularmente deficiente en la regulación de las formas de culpabilidad. El citado Art. 14, supra, establece las dos (2) maneras de incurrir en responsa-bilidad penal: intención y negligencia criminal. Respecto a esta última, el Art. 16, supra, sólo se refiere a las formas clásicas de la negligencia y no brinda una definición ade-cuada de la misma, la cual debería girar sobre el concepto central de previsión o falta de ella.

La doctrina penal constitucional clásica suele distinguir dos (2) tipos de culpa o negligencia: con previsión y sin previsión (con representación y sin representación). En la culpa sin previsión o representación, el sujeto produce un daño (resultado) que pudo y debió ser previsto, pero no fue previsto, apartándose con esta conducta del “estándar” so-cialmente exigible y exigido. En el caso de la culpa con previ-sión o representación, el sujeto ha previsto o se ha represen-tado la posibilidad de que el resultado se produzca, pero con-fía en que no habrá de producirse, confiando en sus habili-dades y pericia o en su buena suerte. La esencia de la culpa o negligencia, en fin, está en crear un riesgo irrazonable de que se produzca el resultado delictuoso, ya por falta de pre-visión o por imprudentemente confiar en que no ha de produ-cirse el mismo.

La discusión en torno a la distinción entre negligencia civil (la que basta para responsabilidad civil torticera bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra) y negligencia criminal (la que activa la responsabilidad criminal por negligencia) ha desatado grandes debates. Sin embargo, se estima por la doctrina que la negligencia criminal es más rigurosa que la negligencia civil; esto es, que no toda conducta negligente que es suficiente para imponer responsabilidad civil es, sin más, suficiente para imponer responsabilidad criminal. Véanse: R.M. Perkins y R.N. Boyce, Criminal Law, 3ra ed., Nueva York, The Foundation Press, 1982, págs. 840-849; W.R. LaFave y A.W. Scott, Substantive Criminal Law, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1986, Vol. 2, Secs. 7.12-7.12(a); S. Soler, Derecho Penal Argentino, Argentina, Tipográfica Editora Argentina, 1976, Vol. II, págs. 138-142.

Definitivamente somos del criterio que el Código Penal nuestro al calificar la negligencia requerida para una convic-ción en dicho campo como una de índole “criminal”, está re-quiriendo un grado mayor o más riguroso de negligencia; esto es, no basta “cualquier desviación de la mediana” para una convicción criminal en nuestra jurisdicción. Como se se-ñalara en People v. Pociask, 96 P.2d 788 (Cal. 1939), criminal significa que es castigable. No se trata ya de reivindicar un daño sufrido por una víctima o sujeto, sino de un ultraje en contra del Estado; no meramente de si un demandado de-berá indemnizar la pérdida sufrida por su víctima en términos de dólares y centavos, sino de si su conducta justifica que se le señale como a un criminal y se le imponga, inclusive, una pena en prisión. State v. Weiner, 194 A.2d 467 (N.J. 1963).

Debe quedar claro, sin embargo, que en nuestra jurisdic-ción ese “grado mayor”, o más riguroso, de negligencia que se debe exigir para una convicción por el delito de homicidio involuntario bajo las disposiciones del Art. 86 del Código Penal, supra, no significa que el Estado venga en la obligación de demostrar que el imputado de delito incurrió en negligen-cia criminal crasa. Ello únicamente resulta necesario en re-lación con ciertos delitos específicos, como cuando se le imputa a una persona haber infringido las disposiciones del Art. 87 del referido Código, 33 L.P.R.A. sec. 4006. La negligencia criminal “ordinaria” requerida por nuestro ordena-miento jurídico —como, por ejemplo, la exigida por el citado Art. 86 del Código Penal, supra— consiste, en realidad, de un grado intermedio de negligencia entre la mínima que cumple con lo requerido por el citado Art. 1802 del Código Civil, supra, y la negligencia criminal crasa exigida en rela-ción con ciertos delitos en particular.

En resumen, la mera negligencia o la simple desviación de esa conducta “prudente y razonable” del “buen padre de familia”, que es fuente suficiente de responsabilidad en el campo civil, no constituye base legal para una convicción en el ámbito penal. Ahora bien, la conducta negligente, sin ser crasa, que sobrepasa, o va más allá de, una mera desviación de “la mediana” es suficiente para imponer responsabilidad tanto en el campo civil como en el penal.

V

Exhortamos a los jueces de instancia a no autorizar el encausamiento criminal de profesionales de la salud por el delito de homicidio involuntario en situaciones donde la prueba lo que demuestre sea la comisión de un error de jui-cio o equivocación de parte del médico en el diagnóstico y tratamiento de su paciente o la mera negligencia civil. Per-mitirlo podría tener consecuencias desastrosas para la cali-' dad de los servicios de salud que se le presta en nuestro país a la cuidadanía en general. En primer lugar, un profesional de la salud, sobre el cual gravita constantemente la amenaza de una acusación criminal y la posible reclusión en una insti-tución penal, probablemente estaría imposibilitado mental-mente de prestar servicios médicos de calidad. En segundo lugar, dicha “amenaza” agravaría aún más la llamada “prác-tica defensiva” de la medicina por parte de los facultativos médicos con el consiguiente encarecimiento de los servicios médicos en Puerto Rico. Por último, y como expresáramos al principio, la radicación de cargos criminales podría indebida-mente utilizarse como medida coercitiva en la consecución de transacciones en los casos civiles de daños y perjuicios por alegada “mala práctica” de la medicina.

En fin, nuestros tribunales de instancia, en beneficio de la cuidadanía en general, deberán velar por que en los casos criminales de esta naturaleza que sean sometidos ante su consideración efectivamente exista prueba clara e indiscuti-ble de negligencia criminal por parte de los profesionales de la salud.

       Su carácter tóxico y mortalmente peligroso no se discute. A. Goth, Goth’s Medical Pharmacology, 12da ed., San Luis, Ed. C.V. Mosby Co., 1988, pág. 304.

       Lee:
      “Toda persona que ilegal y maliciosamente privara a otra de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutilizare, o le cortare o mutilare la len-gua, sacare un ojo, sacare [sic] la nariz, oreja o labio, desfigurare su rostro o alterare permanentemente la apariencia de su rostro o inutilizare permanente-mente su capacidad para oír, ver o hablar, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida, o ambas penas.” 33 L.P.R.A. see. 4033.

       En Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701, 707-708 (1981), dijimos que la aseguradora, si bien estaba “excusada de proveer defensa legal por las alegaciones de la demanda original en que se imputaba al asegurado haber causado una muerte por asesinato frío y deliberado, perdió su excusa una vez enmendada la demanda y alegados los hechos de muerte accidental que resulta-ron finalmente probados en la estimación de la evidencia por el juzgador y que califican la conducta del demandado en relación con el causante de los deman-dantes como una de negligencia sin intención criminal”.

      Posteriormente, en el caso Pagan Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 D.P.R. 105, 114 (1988), sostuvimos el deber de representación legal ante una demanda por un médico que alegadamente practicó un aborto ilegal a una niña de catorce (14) años a base de que dos (2) años más tarde la demanda también fue enmendada para alegar que el aborto se practicó negligentemente.

       Véase 24 L.P.R.A. sec. 3003(o) y (p).

       Véase Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 19 y 20, certificada como correcta por el tribunal de instancia.

       Conforme requerido por la Ley Núm. 115 de 5 de mayo de 1939, Leyes de Puerto Rico, pág. 60Í.

       En la esfera penal, la escasa jurisprudencia existente se ha limitado a estudiar la responsabilidad médica que surge como consecuencia de las disposi-ciones del Art. 91 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4010, el cual prohíbe la práctica del aborto excepto en determinadas circunstancias. Véanse: Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980); Pueblo v. Najul Bez, 111 D.P.R. 417 (1981). De hecho, que tengamos conocimiento, nunca se ha radicado un pliego acusatorio contra un médico por el delito de homicidio involuntario en relación con la muerte, por alegada negligencia, de su paciente.

       Véanse, en adición, a esos mismos efectos: Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 649 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987); Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202 (1985); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973).

       D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 4ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1975, Vol. III, págs. 470-471.

       M. Albaladejo, Derecho Civil, 7ma ed., Barcelona, Ed. Boseh, 1982, T. II, Vol. 2, págs. 477-478.

       En lugar de intención y negligencia, que son los términos usualmente utilizados en el derecho anglosajón, en el derecho continental se utilizan los tér-minos de dolo (intención) y culpa (negligencia).

       Estamos conscientes de que dicha situación posiblemente sea la contemplada por el inciso (b) del Art. 15 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(b), el cual, debido a una lamentable y desafortunada redacción, la clasifica como conducta “intencional”.

        “Sec. Jp006. Imprudencia crasa o temeraria al conducir vehículo de motor

      “Cuando en la muerte ocasionada por una persona al conducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal naturaleza que demues-tre un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado. Código Penal, 1974, art. 87; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.”


author: PER CURIAM:

text:
      In re Alejo Maldonado Ayala.

      Número: 4639

      Resuelto: 8 de junio de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   ) — I

PER CURIAM:

El 6 de abril de 1989 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, nos rindió un informe expositivo de que el notario Alejo Maído-nado Ayala omitió rendir los índices notariales mensuales desde febrero de 1988 hasta el presente, en contravención a la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.

Concedimos al referido notario término para que subsa-nara esas deficiencias y simultáneamente, en igual plazo, mostrara causa por la cual no deberíamos imponerle san-ciones disciplinarias, incluso la suspensión del notariado. El 23 de mayo el licenciado Martínez Suris nos informó que el notario Maldonado Ayala únicamente remitió el índice correspondiente a marzo de 1989. Advertimos que éste no compareció a este Foro según requerido.

1 — I H-I

El trámite expuesto no cumple satisfactoriamente con nuestra resolución. La situación no es nueva. En 1985 el no-tario Maldonado Ayala fue suspendido por idéntica inobser-vancia en cuanto a los índices notariales. Ello debió ser alec-cionador. Tal proceder amerita que decretemos su suspen-sión indefinida del ejercicio del notariado, a tono con nuestro invariable compromiso de lograr la máxima excelencia en la función notarial. In re La Fontaine Martell, 123 D.P.R. 433 (1989); In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988); In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988); In re Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1988).

Se dictará sentencia que decrete su suspensión indefi-nida del ejercicio del notariado y que el Alguacil General se incaute de su obra notarial para ser entregada a la Oficina de Inspección de Notarías.

       El 4 de octubre y 22 de diciembre de 1988 había sido notificado de esa situación y apercibido de que el asunto sería remitido a nuestra consideración.