author: per curiam:

text:
    Ana Lydia Ildefonso de Latorre, demandante y apelante, v. Manuel Fernández Corujo, Alcalde de Carolina, demandado y apelado.

      Número: O-76-379

      Resuelto: 13 de enero de 1976

      Iván L. Pagan Hernández, abogado de la apelante; Raúl González Millán, abogado del apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

San Juan, Puerto Rico a 13 de enero de 1976

per curiam:

El 13 de noviembre de 1975 emitimos resolu-ción en que dispusimos del recurso de epígrafe en la siguiente forma:

“No planteado el recurso de epígrafe una cuestión constitu-cional sustancial, no ha lugar al mismo.

Considerado como un recurso de revisión, no ha lugar.”

La parte recurrente ha solicitado que reconsideremos dicho dictamen. Aunque no estamos obligados a dar explicaciones al denegar la expedición de un auto claramente inmeritorio — Pérez Aldorondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Partido Estadista Rep. v. Junta Constitucional, 90 D.P.R. 228 (1964) — nos apartamos de esta norma en este caso para explicar el alcance del Art. 15 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1157, en su inciso (b). Dicho artículo dispone como sigue, en lo aquí relevante:

“(a).
(b) En cualquier momento en que la asamblea municipal lo crea necesario, ésta podrá nombrar un funcionario que se deno-minará secretario de la asamblea municipal, quien será respon-sable únicamente a dicha asamblea. Dicho funcionario podrá desempeñar el cargo de asambleísta.
(c).
El secretario de la asamblea municipal podrá tomar juramen-tos y desempeñará, además, todos aquellos otros deberes que le fueren asignados por la asamblea municipal o su presidente.”

' En virtud del citado artículo la recurrente fue nombrada secretaria de la asamblea municipal de Carolina el 25 de junio de 1969. La designación fue notificada a la recurrente y ésta juró el cargo en un formulario impreso de la Oficina de Personal del Estado Libre Asociado en que se consignó expresamente, en su encasillado número 10, que el nombra-miento se bacía en el servicio “exento” efectivo desde el 1 de julio de 1969. (Exhibit 4 del demandado recurrido.)

El 8 de febrero de 1973, al ocurrir un cambio en la admi-nistración municipal de Carolina con motivo de las elecciones generales celebradas en noviembre de 1972, el Alcalde Señor Manuel Fernández Corujo cursó una carta a la recurrente en que le notificó el cese de sus funciones a partir del 7 de enero de 1973 — la nueva administración tomó posesión el día si-guiente — citando al efecto un memorando del Departamento de Hacienda que indicaba que “todos los funcionarios adminis-trativos que ocupan cargos creados por ley y por la asamblea municipal, cesarán en enero 7,1973.”

No conforme, la recurrente presentó demanda de mandamus contra el Alcalde Fernández Carajo en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Alegó, en síntesis, que fue despedida del cargo por el Alcalde sin que existiera justa causa y sin cumplir con lo dispuesto en el Art. 93 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1553; que el Alcalde se tomó una atribución reservada a la asamblea municipal; y que vulneró otras dispo-. sicion.es respecto de vacaciones acumuladas y licencia por en-fermedad. Solicitó su reposición en el cargo y el pago de haberes dejados de percibir y de sumas que alegó se le adeu-daban por vacaciones acumuladas y licencia por enfermedad. El Alcalde se opuso, tras numerosos incidentes fue el pleito a juicio, y el 14 de mayo de 1975 se dictó sentencia que declaró la demanda sin lugar. La demandante apeló ante nos y el 13 de noviembre de 1975 dictamos la resolución que reproducimos al comienzo de esta opinión.

La Ley Municipal menciona tres categorías de servidores públicos municipales, a saber, “funcionarios administrativos/’ “empleados,” y el caso específico del secretario de la asamblea municipal, que aparece en el citado Art. 15 (b) con la designa-ción de “funcionario.” Veamos cómo se diferencian unos de otros.

Los funcionarios administrativos son, en los municipios cuyos presupuestos pasan de $500,000, el alcalde, el secretario y el Director de Finanzas, y en los demás municipios el alcalde, el secretario auditor, y el Tesorero. Art. 42, 21 L.P.R.A. see. 1261, enmendado por la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1964. El Art. 43, 21 L.P.R.A. see. 1262, autoriza a la asamblea municipal a “crear los cargos adicionales de funcio-narios administrativos que fueren necesarios,” y dispone que la asamblea “determinará, mediante ordenanza, las funciones de los cargos creados por ella y los requisitos que deberán reunir los funcionarios administrativos que hayan de ocupar dichos cargos.” Conforme al Art. 44, 21 L.P.R.A. see. 1263, los funcionarios administrativos serán nombrados por el alcalde con el consejo y consentimiento de la asamblea municipal, y “desempeñarán sus cargos por el término para el cual el al-calde hubiese sido electo o nombrado, o hasta que sus sustitu-tos hubieren tomado posesión, a menos que fueren destitui-dos por justa causa, previa formulación de cargos.”

El nombramiento y condiciones de los “empleados” están reglados por el Art. 91, 21 L.P.R.A. see. 1551, enmendado por la Ley Núm. 114 de 27 de junio de 1964, que dispone: “Todos los nombramientos de empleados serán hechos por el alcalde, a propuesta de los funcionarios administrativos municipales respectivos. Los nombramientos que se extiendan a partir de ■la vigencia de este Subtítulo se harán por un término proba-torio de seis (6) meses, durante el cual el alcalde evaluará los servicios prestados por el nuevo empleado. Si determinare durante ese período probatorio que los servicios del nuevo empleado no son satisfactorios, entonces podrá dejar sin efecto el nombramiento en cualquier momento, no siendo de aplica-ción en estos casos las disposiciones de la see. 1553 de este título.”

La Ley Municipal no dispone el término por el cual los empleados serán nombrados, a diferencia del caso de los fun-cionarios administrativos. La enmienda del 1964, que adicionó al Art. 91 lo relativo al período probatorio, obviamente persi-gue el propósito de dar a los empleados certeza y estabilidad en sus cargos, de suerte que no estén sujetos a los vaivenes de la política partidista o a merced del capricho de sus supe-riores. Este propósito legislativo había sido acertadamente así expresado desde 1961 por el Secretario de Justicia. Véase vol. XXXII, Opiniones del Secretario de Justicia, 1961-2.

El caso del secretario de la asamblea municipal no es el caso ni del funcionario administrativo ni del empleado municipal. Mientras los funcionarios administrativos y los empleados son nombrados por el alcalde, el secretario de la asamblea municipal es nombrado por la asamblea municipal conforme al citado Art. 15(b). Parece claro que el legislador no quiso que fuera considerado como un empleado en vista de que tuvo el cuidado de designarlo “funcionario” al autorizar su nombramiento por la asamblea municipal. Y al darle la categoría de funcionario, es inescapable la conclusión de que quiso colocarlo en un rango similar al funcionario administrativo, como un puesto de confianza de la asamblea y no del alcalde. Se justifica que así sea si se tiene en mente el principio de separación de poderes entre el ejecutivo y el organismo legislativo del municipio. Siendo un puesto de confianza, es forzosa la conclusión de que el secretario de la asamblea cesa en sus funciones, salvo circunstancias que aquí no nos conciernen, al concluir el término por el cual es elegida la asamblea municipal que lo nombra. Esta parece haber sido la interpretación administrativa, al clasificarse en el servicio “exento” el cargo de la recurrente y así hacerse constar en el formulario en que prestó juramento del mismo.

La recurrente no fue despedida de su cargo por el alcalde, que no tenía poderes para despedirla. Ella cesó en el cargo al cesar en sus funciones la asamblea municipal que la nombró, y tomar posesión la nueva asamblea municipal el 8 de enero de 1973. El tribunal a quo concluyó, con base en la prueba, que la asamblea municipal, al tomar posesión el 8 de enero, nombró a otra persona para el cargo de secretaria de la asamblea. No habiendo desempeñado la recurrente la fun-ción de secretaria a partir del 8 de enero, ningunas vacaciones ni licencia por enfermedad acumuló a partir de dicha fecha. Por no tratarse de un despido o destitución no es de aplicación el procedimiento que para estos casos establece el Art. 93 de la Ley Municipal, antes citado, que crea una comisión para ventilar querellas contra funcionarios y empleados y señala el procedimiento para su destitución.

Antes de concluir, nos vemos obligados a dejar constancia de nuestro desagrado ante la tónica desconsiderada y poco profesional del abogado de la recurrente, Ledo. Iván L. Pagán Hernández, al referirse a la sentencia y actuaciones del tribunal recurrido y al dirigirse a este Tribunal. Cuando un abogado, en vez de usar el argumento persuasivo recurre al lenguaje soez y a la frase mordaz resta dignidad a su propio ministerio y hace que surjan serias dudas sobre su competencia profesional. Hay poca competencia profesional en el abogado que no sabe o no puede mantener el debate jurídico en el plano de altura y del buen decir que debe ser norma inalterable en el reclamo de la justicia. La grosería jamás debe hacer eco en el recinto de un tribunal.

Se declarará sin lugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión.

      Es interesante notar que, no obstante que el Art. 15(b) de la Ley Municipal confiere a la Asamblea Municipal la facultad de “nombrar un funcionario que se denominará secretario de la asamblea municipal”, el formulario de referencia está firmado por Heriberto Nieves Caro en su carácter de Alcalde de Carolina como “autoridad nominadora.”

      La carta del Alcalde señor Fernández Corujo (Exhibit 1 de la recurrente) está concebida en los siguientes términos:
      “Sirve la presente para informarle que ha sido denegada la petición de pago de su salario por concepto de vacaciones por enfermedad durante el período de enero 8 a febrero 8, 1973.
      “Esto obedece a Memorando Núm. 10-73 del Departamento de Hacienda donde indica que todos los funcionarios administrativos que ocu-pan cargos creados por ley y por la Asamblea Municipal, cesarán en enero 7, 1973. Esto es así porque el nuevo incumbente al tomar poseción [sie] de su cargo en enero 8, comenzará a percibir sus haberes de la partida de sueldo que corresponda y estas asignaciones se votan con su crédito que cubre exactamente el pago de 12 meses de sueldo.
      “A tales efectos se le envío [síc] un pago que corresponde a su salario devengado a la fecha del 1ro. al 7 de enero de 1973.
      “Entendemos que usted es una de las personas que específicamente indica la ley en este Memorando la cual cesa de sus funciones en enero 7, 1973, es por esa razón que usted recibió el pago de su salario hasta el día 7 de enero de 1973.
      “Solo resta liquidar sus vacaciones regulares acumuladas y para llevar afecto [sic] esta liquidación necesitamos que usted nos firme la Forma OP-13, para poder hacer el desembolso.
      “Quiero a nombre de la Administración Municipal de Carolina darle las gracias por sus servicios prestados y desearle la mayor de las suertes en sus gestiones futuras.
      “Incluimos copia del Memorando Núm. 10-73 para su mayor informa-ción.”

      E1 Art. 93, que no transcribimos debido a que es muy extenso, crea en cada municipio una comisión de tres miembros para ventilar querellas contra los funcionarios y empleados municipales y prescribe el procedi-miento a seguirse para casos de destitución.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

license: Public Domain

text:
    Carmen Negrón, recurrida, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrente.

      Número: O-74-369

      Resuelto: 13 de enero de 1976

      Luis A. Mójica Sandoz, pro se, en su carácter de recurrente; Juan Ramos Lebrón, notario que autorizó la correspondiente escri-tura de compraventa a favor de Carmen Negrón, aquí recu-rrida, quien compareció para informar que nada tiene que alegar en este recurso de revisión.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Caguas denegó la ins-cripción del traspaso de título de un solar propiedad del Muni-cipio de San Lorenzo vendido a Carmen Negrón quien lo poseía en calidad de usufructuaria. Los fundamentos de la denegatoria fueron los siguientes: (1) por no surgir de los documentos presentados que se hubiese cumplido con las dispo-siciones del Art. 98 de la Ley Municipal, según fuera enmen-dado por la Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1968, 21 L.P.R.A. see. 1651, Sup. Acum. 1973; y (2) por no haberse acreditado el carácter de usufructuaria de la compradora.

En cuanto al primer apuntamiento examinemos la orde-nanza municipal Núm. 12, serie 1973-74, aprobada por la Asamblea Municipal de San Lorenzo en 29 de octubre de 1973, que se titula “para confirmar un usufructo sobre un solar y para la venta del mismo por el Municipio de San Lorenzo, Puerto Rico, a favor de Carmen Negrón y para otros fines.”

La autorización para la venta del referido solar y el precio fijado surge de los siguientes dos párrafos de la ordenanza Núm. 12 presentada al Registrador:

“Por cuanto: El Artículo 70 de la vigente Ley Municipal y la Ordenanza número 5 Serie 1956-57 aprobada al efecto, auto-riza a aprobar su venta, a solicitud de los que tienen edifica-ciones en solares de este Municipio de los solares ocupados por los mismos, sin necesidad de subasta pública especificán-dose los derechos respectivos del vendedor y el comprador, su reconstrucción en caso de deterioro o destrucción. [Énfa-sis suplido.]
POR CUANTO: Hay la Ordenanza Núm. 11, Serie 1957-58, que autoriza la venta de los solares a un 25% del precio de Tasa-ción.(Énfasis suplido.)

De la faz del primer Por Cuanto de la ordenanza municipal citada precedentemente que fuera presentada al Registra-dor surge que la venta se autorizaba conforme lo autorizaba el Art. 70 de la Ley Municipal y la Ordenanza Núm. 5, serie 1956-57 aprobada al efecto. Véase Ley Núm. 53 de 28 de abril de 1928, Art. 70, según fuera enmendada por la Ley Núm. 61 de 16 de junio de 1954. En el segundo Por Cuanto transcrito se menciona una ordenanza posterior, que es la Núm. 11, serie 1957-58, que autoriza la venta de los solares cedidos en usufructo a un 25% del precio de tasación.

Al ser aprobadas las referidas ordenanzas Núm. 5 y 11 regía el Art. 70 de la Ley Municipal, ya modificado a la fecha de la venta que nos ocupa, que disponía lo siguiente:

“Todo concesionario de un solar edificado en virtud de con-cesión anterior, que interesare obtener la .propiedad definitiva del solar cedídole, la podrá adquirir sin necesidad de subasta; y la Asamblea Municipal podrá así resolverlo por medio de ordenanza en que por cada zona urbanizada se fije el tipo a que deben ser vendidos los referidos solares, debiéndose tomar en cuenta al adoptar la ordenanza las zonas en que han sido divididos los sola-res y el valor que se fijó a éstos en la última tasación de la pro-piedad practicada por el Negociado de la Tasación Científica del Departamento de Hacienda.” (Énfasis suplido.)

A la luz del Art. 70 de la Ley Municipal y de la Ordenanza Núm. 11 de 1957-58 (el texto de la Núm. 5 no surge del expediente) es evidente que la venta del solar en cuestión se efectuó conforme al valor fijado por el Departamento de Hacienda a los fines de la contribución sobre la propiedad, sin tener en cuenta que dicho Art. 70 había sido enmendado con el propósito de establecer nuevos criterios que habrían de observarse para las ventas de solares concedidos en usufructo. El texto del nuevo Art. 98 es el siguiente:

“Todo usufructuario de un solar edificado en virtud de con-cesión anterior podrá obtener la ¡propiedad definitiva del solar usufructuado, sin necesidad de subasta, y la Asamblea Municipal podrá así resolverlo por medio de ordenanza en que se establez-can las normas para dichas ventas y se fije por cada zona urbani-zada el tipo a que deben ser vendidos los referidos solares. Este tipo se determinará a base de la valoración que al efecto haga el Departamento de Hacienda, entendiéndose que al fijar dicho tipo, se tomarán en cuenta las zonas en que han sido incluidos los solares. Estos tipos se revisarán por tal Departamento de Hacienda por lo menos cada tres (3) años. El Alcalde llevará a cabo las ventas conforme a dichos tipos y normas, sin que sea necesaria la adicional participación de la Asamblea Municipal en cada operación.” Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1968, 21 L.P.E.A. see. 1651.

Antes de la venta en cuestión la norma que se seguía para la determinación del precio era “el valor fijado en la última ■tasación de la propiedad practicada por el Negociado de la Tasación Científica del Departamento de Hacienda.” Art. 70, supra. Evidentemente la valoración era la que se utilizaba para fines contributivos. Sin embargo, a la fecha en que se autorizó la transacción de marras el nuevo Art. 98 de la Ley Municipal ya disponía que: (1) la Asamblea Municipal auto-rizará la venta por medio de ordenanza en que se establecie-ran las normas para las ventas y se fijara por cada zona urba-nizada el tipo a que debían ser vendidos los solares, 21 L.P.E.A. see. 1651, y que (2) dichos tipos “se determinarán a base de la valoración que al efecto haga el Departamento de Hacienda,” cuyos tipos “se revisarán por tal Departamento . . . por lo menos cada tres (3) años.” See. 1651, supra. (Énfasis suplido.) El criterio de valoración, por tanto, dejó de ser el de fines contributivos y pasó a ser el del valor en el mercado ya que la ley requiere una valoración al efecto, o sea, para fines de la venta. Aunque la redacción del Art. 98 no es la más precisa, toda vez que se usan los términos “tipo” y “valoración” con vaguedad lamentable, interpre-tamos el sentir legislativo como una exigencia obligatoria de control de la valoración de los terrenos por el Departa-mento de Hacienda, que en materia fiscal ejerce la supervisión de los municipios, los que a su vez son criaturas de la Le-gislatura que funcionan con poderes delegados. Constitución de Puerto Rico, Art. VI, Sec. 1; Ley de Relaciones Federales, See. 37.

Esta conclusión está corroborada por las expresiones de las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Gobierno Estatal, y Municipal del Senado al considerar la legislación aludida contentivas de su preocupación de que las ventas de los sola-res cedidos en usufructo se hicieran a precios demasiado por debajo del que se cotiza en el mercado. Por ello recomendaron que el precio se determinara sobre la base de la valoración que al efecto hiciere el Departamento de Hacienda por lo me-nos cada tres años. 22 Diario de Sesiones, Parte 4, 21 de mayo de 1968, pág. 1706.

Antes de la enmienda de 1968 al Art. 70 dijimos, en Amaral v. Registrador, 77 D.P.R. 921 (1955), que los municipios no venían obligados a adoptar el valor de tasación del Negociado de Tasación Científica por considerar que la frase “deberán tenerse en cuenta... las zonas en que han sido divididos los solares y el valor que se fijó a éstos en la última tasación de la propiedad” era meramente directiva, viniendo el municipio obligado tan solo a tomarlo en conside-ración al fijar a iniciativa propia el precio de venta actual. La enmienda aludida cambió totalmente la redacción del Art. 70 (hoy 98) en la forma citada precedentemente para exi-gir que los tipos “se determinarán” a base de la valora-ción que al efecto haga el Departamento de Hacienda, por lo menos cada tres años.

La frase “debiéndose tomar en cuenta” usada en relación con las zonas en que se dividían los solares y en relación con el valor fijados a los solares se limitó en la nueva versión estrictamente a las zonas en que están incluidos los solares, quedando fuera la relación con la valoración de los mismos. El alcance de la enmienda fue el de obligar a los municipios a adoptar la valoración que al efecto hiciera dicho Departamento.

La nueva norma legislativa tuvo el resultado de dejar sin efecto las ordenanzas municipales Núm. 5, serie 1956-57, y Núm. 11, serie 1957-58, en tanto en cuanto autorizaban la venta de solares cedidos en usufructo “a un 25% del precio de tasación.” Por consiguiente resulta ser inválida la venta del solar objeto de este recurso, cuya autorización está basada en la norma imperante durante la vigencia del Art. 70 de la Ley Municipal y de las dos ordenanzas Núms. 5 y 11 que fueron aprobadas al amparo del Art. 70.

Además, en la ordenanza que al efecto se apruebe deberá, conforme lo manda la ley, establecerse las normas para la venta y se fijará por cada zona urbanizada el tipo a que deben ser vendidos los solares en cuestión. La ordenanza que tuvo el Registrador ante sí no cumple con los requisitos de ley.

El Registrador recurrente no podía descansar en la presunción controvertible de que la ley ha sido acatada, 32 L.P.R.A. see. 1887 (32), sino que estuvo justificado en denegar la inscripción solicitada por surgir de la faz de los documentos presentados que la actuación de la Asamblea Municipal de San Lorenzo era contraria a ley, lo que constituye un defecto insubsanable. Art. 65, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 114.

Aunque no es necesario discutir el segundo fundamento de la denegatoria estimamos que el carácter de usufructuaria de la compradora se hace constar en el hecho expositivo “Tercero” de la escritura presentada y surge además del tercer “por cuanto” de la ordenanza municipal que autoriza la compraventa. De no aparecer del propio registro indicación alguna demostrativa de lo contrario, debe el Señor Registrador atenerse a lo que de los documentos presentádosle se desprende. Art. 18 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 43; Feliberti Mercado v. Registrador, 103 D.P.R. 927 (1975), y casos allí citados.

En vista de lo anterior se confirmará la nota recurrida que deniega la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en opinión separada.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 1976

Doña Carmen Negrón, vecina de San Lorenzo y quien allí posee en usufructo un solar, lo compró al Municipio pero el Registrador denegó la inscripción del título por incumpli-miento con el Art. 98 de la Ley Municipal según reescrito por Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1968 (21 L.P.R.A. see. 1651 Supto.) que transcribimos:

“Todo usufructuario de un solar edificado en virtud de concesión anterior podrá obtener la propiedad definitiva del solar usufructuado, sin necesidad de subasta, y la Asamblea Municipal podrá así resolverlo por medio de ordenanza en que se establezcan las normas para dichas ventas y se fije por cada zona urbanizada el tipo a que deben ser vendidos los referidos solares. Este tipo se determinará a base de la valoración que al efecto haga el Departamento de Hacienda, entendiéndose que al fijar dicho tipo, se tomarán en cuenta las zonas en que han sido incluidos los solares. Estos tipos se revisarán por tal Departa-mento de Hacienda por lo menos cada tres (8) años. El Alcalde llevará a cabo las ventas conforme a dichos tipos y normas, sin que sea necesaria la adicional participación de la Asamblea Municipal en cada operación.”

Bajo el nuevo texto sigue siendo la Asamblea Municipal la que en ordenanza establece las normas para la venta y fija “por cada zona urbanizada el tipo a que deben ser vendidos los referidos solares.” La Asamblea Legislativa no le dio inge-rencia alguna al Departamento de Hacienda en estas ventas de solares que es por necesidad una operación local. La in-dicación en el Art. 98 de que el tipo (a que deben ser ven-didos los solares) se determinará a base de la valoración que al efecto haga el Departamento de Hacienda es sólo una variación semántica y sintáctica del anterior Art. 70 que remitía la Asamblea Municipal al valor que se fijó (a los solares) en la última tasación de la propiedad practicada por Hacienda. El anterior Art. 70 conminaba al Municipio a “tomar en cuenta” la tasación por Hacienda; el Art. 98 actual la instruye para que tome la valoración como base. Que antes se usara el vocablo “tasación” y hoy “valoración” no resta facultad alguna a la Asamblea Municipal que es el organismo mejor informado y en poder de todos los elementos de juicio para tomar una decisión correcta sobre la solicitud del vecino. En uno u otro caso el Municipio no viene inexorablemente obligado a hacer coincidir el precio de venta del solar con su valor de tasación. Prevalece la situación que instó a este Tribunal a así declararlo en Amaral v. Registrador, 77 D.P.R. 921, 923 (1955). La valo-ración o tasación por Hacienda sigue siendo mero punto de referencia.

Una faena retórica no debe disminuir la utilidad social de este programa de venta de solares que tiene el propósito de abrir avenidas de crédito' y financiamiento para los vecinos en distintos municipios, habilitándolos para reconstruir y restaurar sus viviendas. Sería infinita-mente más complicado y laborioso para un vecino de Jayuya o de Cabo Rojo o de Gurabo esperar por la acción del Depar-tamento de Hacienda antes de que pueda comprar su solar al Municipio. De ahí la razón para que la Asamblea Legislativa dejara este trámite enteramente en manos del Gobierno Municipal.

Hay que recordar que la función principal del Depar-tamento de Hacienda es la recaudación de tributos con que sufragar los gastos de la gestión gubernamental. Las ventas de solares municipales no responden a un propósito fiscal. Tienen gran afinidad con los programas dirigidos a mejorar la vivienda y a eventualmente dar a cada familia título de propiedad sobre la tierra en que se afinca.

No es necesario el control por Hacienda de estas ventas de solares toda vez que en un municipio administrado en forma honrada y eficiente, ningún riesgo hay de que se cedan por precios irrisorios, como tampoco lo habrá de que se malverse la propiedad pública en compraventa de equipos, adjudicación de obras, contratación de servicios y en las res-tantes operaciones económicas que le permite su autonomía.

Ahora bien, la documentación presentada al Registro lo que expresa es un posible cumplimiento con el derogado Art. 70 de la Ley Municipal por lo que está enferma de obsolescencia. Fue por tanto correcta la actuación del Registrador dene-gando la inscripción, único resultado en que concurro con la opinión de mayoría.

       Nunca fue el sentir legislativo como lo interpreta la mayoría adoptar la “exigencia obligatoria de control de la valoración de los terrenos por el Departamento de Hacienda.” Todo lo contrario se desprende del Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado (Diario de Sesio-nes — 1968, Vol. 22, Parte 4, pág. 1705 y ss.) que dice:
      “ALCANCE DE LA MEDIDA
      El proyecto tiene por propósito acortar el trámite para la venta de solares propiedad de los gobiernos municipales a los ciudadanos que' los poseen en calidad de usufructuarios, arrendatarios u ocupantes que desean adquirirlos. Este propósito se lograría mediante las enmiendas que se proponen a los Artículos 98 y 99 de la vigente Ley Municipal.
      El Secretario de Hacienda favorece la medida ya que la misma recoge, en parte, las recomendaciones sobre el particular hechas por la Comisión de Relaciones con los Ciudadanos en su Informe en el que, después de criticar el procedimiento actual, concluye con la siguiente expresión: — ‘La lentitud y la complejidad del trámite son obstáculos para la compra de solares municipales por los ciudadanos que los usufructan y desean adqui-rirlos para poder hacer uso de las facilidades de crédito para mejoras.’ ”
      Se cumple el acortamiento de trámite instruyendo, como lo hace el nuevo estatuto, la aprobación de una ordenanza básica que permite la venta de solares por el Alcalde sin ulterior intervención de la Asamblea.

      Así también lo considera la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que al aprobar la Ley Núm. 6 de 14 de octubre de 1975 aumentó de $2,000, $3,000 y $4,000 a $30,000 para todos los municipios el límite de costo de obra o mejora pública exenta de subasta.


author: per CURIAM:

text:
      In re Juan I. Lacén, Juez de Paz General, querellado.

      Número: O-74-614

      Resuelto: 14 de enero de 1976

      Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Ruth Tentori y Roberto Armstrong, Jr., Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo, José A. Andreu García y Manuel E. Andreu García, abogados del recurrido.
   per CURIAM:

En cumplimiento con nuestra Resolución de 20 de septiembre de 1974, motivada por una determinación de causa probable de este Tribunal, la Procurador General de Puerto Rico formuló querella contra el Juez de Paz General, Juan I. Lacén, consistente de los siguientes cargos:

"PRIMER CARGO
El día 14 de marzo de 1974, en Loíza, Puerto Rico, el quere-llado, actuando como Juez de Paz, luego de recibir la licencia matrimonial expedida celebró el matrimonio de Elba Luz López Trinidad con Enrique Ortiz Figueroa, allí y entonces declarán-dolos marido y mujer. Dicho magistrado dejó de enviar la licen-cia matrimonial y certificado de matrimonio correspondientes al Registro Demográfico dentro de los términos y en la forma prescrita por la ley, en violación de los artículos 24 y 42 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 L.P.R.A. sees. 1163 y 1301.
SEGUNDO CARGO
Que el día 17 de junio de 1974, el referido magistrado celebró en Loíza, Puerto Rico el matrimonio de Ricardo Plaza Andino con Evarista Pizarro Carrasquillo a sabiendas de que Evarista Pizarro Carrasquillo era menor de 14 años de edad, en violación de lo dispuesto en los Artículos 69, 70 y 77 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 231, 232 y 245. A la fecha de la celebración de dicho matrimonio el contrayente Ricardo Plaza Andino estaba acusado de violación de la menor, en el caso sobre violación VP-74-1658, en el Tribunal de Distrito de San Juan.
TERCER CARGO
Que el 12 de junio de 1974, en San Juan, Puerto Rico, el referido magistrado dejó sin efecto la fianza impuesta a Lydia Miranda Rodríguez acusada de ataque para cometer asesinato, dejándola en libertad sin fianza bajo la custodia de su abogado, en violación de lo dispuesto en la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal.
CUARTO CARGO
Que el día 22 de mayo de 1974, el referido magistrado, actuando en los casos criminales números 74-393, 74-394 y 74-395, calificó como fraude tres denuncias juradas contra José Luis Ayala Rivera, imputándole hechos constitutivos del delito de falsificación.”

Con posterioridad a la presentación de la precedente que-rella se formularon nuevos cargos contra el querellado por lo que se decretó su suspensión provisional de empleo y suel-do hasta que se completara la ventilación y procesamiento de los cargos en su contra.

Los cargos adicionales fueron formulados mediante querella de la Procurador General de Puerto Rico que reza como sigue:

“QUINTO CARGO
El querellado ordenó el archivo de veinticuatro denuncias radicadas en el Tribunal de Distrito, Sala de Carolina, sobre violaciones a la Ley de Tránsito, 9 L.P.R.A. sin tener la facultad en ley por falta de jurisdicción.
Denuncias
Fechas de Archivo Archivadas
26 de noviembre de 1974 2
9 de octubre de 1974 2
21 de octubre de 1974 5
10 de octubre de 1974 1
23 de agosto de 1974 1
16 de octubre de 1974 1
18 de octubre de 1974 1
17 de octubre de 1974 1
29 de octubre de 1974 1
12 de noviembre de 1974 1
13 de noviembre de 1974 1
14 de noviembre de 1974 2
5 de noviembre de 1974 1
30 de octubre de 1974 1
Denuncias
Fechas de Archivo Archivadas
8 de octubre de 1974 1
24 de octubre de 1974 1
11 de octubre de 1974 1
Total. 24
SEXTO CARGO
El 7 de noviembre de 1974, el querellado emitió resolución y orden en el caso de Marco Antonio de Jesús Tapia v. Cesario Rivera Meléndez et seq., sobre Derecho de Paso, aparentando ostentar el título de Juez del Tribunal de Distrito, Sala de Carolina y sin tener facultad o jurisdicción para actuar en esa forma.”

Designamos al Hon. Cándido Ceballos Comisionado Especial para entender en la vista de ambas querellas, la cual fue celebrada luego del querellado haber sometido su contestación a los cargos formuládosle. El querellado estuvo representado por su abogado José A. Andreu García y la Procurador General por la Procurador Auxiliar Ruth Tentori. Las partes acorda-ron someter el caso por el expediente de la investigación de los cargos, incluyendo las declaraciones juradas prestadas por los testigos, la evidencia documental contenida en el expediente y demás documentos pertinentes, y por las 24 de-nuncias a que se refiere el cargo número cinco.

El Comisionado Especial rindió el informe que al pie de la letra lee como sigue:

“INFORME DEL COMISIONADO ESPECIAL
Por resolución de fecha 30 de abril de 1975 del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico fuimos designado Comisionado Especial para entender en la vista de la querella radicada ante el Hon. Tribunal, por la Oficina de la Hon. Procuradora General de Puerto Rico contra el Hon. Juez de Paz General, Sr. Juan I. Lacón.

El 8 de julio de 1975 celebramos una conferencia preliminar en el Salón de Sesiones del Hon. Tribunal Supremo con el pro-pósito de simplificar los procedimientos. El querellado tuvo la oportunidad de examinar la evidencia en poder de la Oficina de la Procuradora General para sostener los cargos e informó, por conducto de su representación legal Ledo. Manuel E. Andréu, que había presentado su renuncia como Juez de Paz General al Hon. Gobernador de Puerto Rico, solicitando la suspensión de la vista hasta conocer la decisión del señor Gobernador.

Siendo esa la situación y no habiendo objeción accedimos a lo solicitado señalando la vista de los cargos para el 18 de septiem-bre de 1975 a las 9:00 A.M.

El Hon. Gobernador de Puerto Rico se negó a aceptar la renuncia por entender que habiéndose iniciado los procedimien-tos se deberían continuar los mismos hasta su adjudicación final.

El 18 de septiembre del corriente año se procedió a la celebra-ción de la vista en sus méritos de los seis cargos formulados contra el querellado. La Oficina de la Procuradora General estuvo representada por la Leda. Ruth Tentori y el querellado por el Ledo. José A. Andreu García. En dicha vista las partes infor-maron al Oficial Examinador que luego de haber examinado el expediente de la investigación de los cargos, incluyendo las decla-raciones juradas prestadas por los testigos, la evidencia docu-mental contenida en el mismo y demás documentos pertinentes habían acordado someter los cargos por dicho expediente y la evidencia indicada, además de las 24 denuncias a que se refiere el cargo número cinco. Las denuncias se marcaron como un solo exhibit. (Exhibit I de la Oficina de la Procuradora General.)

Luego de habernos cerciorado sobre la voluntariedad de la estipulación mediante preguntas al querellado y estar conven-cidos que tanto éste personalmente como su representación legal conocían el contenido del expediente de la investigación y la evidencia allí contenida; de que el querellado se había asesorado debidamente con su abogado y estaba consciente de lo que signi-ficaba lo convenido, aceptamos la estipulación de las partes.

En consideración a lo anteriormente expuesto hacemos las siguientes:

DETERMINACIONES DE HECHOS
PRIMER CARGO:
‘El día 14 de marzo de 1974, en Loíza, Puerto Rico, el quere-llado, actuando como Juez de Paz, luego de recibir la licencia matrimonial expedida celebró el matrimonio de Elba Luz López Trinidad con Enrique Ortiz Figueroa, allí y entonces decla-rándolos marido y mujer. Dicho magistrado dejó de enviar la licencia matrimonial y certificado de matrimonio correspondien-tes al Registro Demográfico dentro de los términos y en la forma prescrita por la ley, en violación de los arts. 24 y 42 de la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931. 24 L.P.R.A. sees. 1163 y 1301.’

El querellado negó este cargo. Alegó afirmativamente’que no había celebrado dicho matrimonio.

(1) El día 14 de marzo de 1974 los jóvenes Elba López Trinidad y Enrique Ortiz Figueroa, quienes hacía tiempo lleva-ban relaciones amorosas, se dirigieron a la residencia del Hon. Juez de Paz General Juan I. Lacén, acompañados de los testigos Hilda Cruz y Alfredo Meléndez, con el propósito de que dicho magistrado celebrara el matrimonio de los referidos jóvenes.

(2) El novio Enrique Ortiz Figueroa y el Sr. Juez Lacén eran amigos y habían sido compañeros de trabajo en la Policía de Puerto Rico, habiéndose ofrecido el último a casarlo cuando el primero se decidiera a contraer matrimonio.

(3) En los momentos en que Elba Luz y Enrique llegaban a la residencia del magistrado Sr. Lacén, en Loíza, éste salía de su casa. Al decirles los referidos jóvenes que deseaban contraer matrimonio y entregarle la licencia matrimonial les indicó a éstos y a los testigos que firmaran en el sitio correspondiente, lo que hicieron, apoyándose sobre el bonete del automóvil del novio, procediendo el magistrado Sr. Lacén a celebrar el matri-monio en la acera, manifestándoles ‘ya, son marido y mujer.’

(4) Aparentemente, la rapidez de la celebración del matri-monio y su sencillez produjeron en la mente de la novia ciertas dudas en cuanto a si estaban o no casados. Eso motivó que el contrayente le preguntara al magistrado si eso era todo lo que había que hacer. Este le contestó que él sabía hacer su trabajo; que estaban casados y podían irse de luna de miel. Antes de celebrar el matrimonio les había dicho que no había necesidad de explicarles el procedimiento porque ya ellos lo conocían debido a que cada uno de ellos se había casado anteriormente.

(5) Posteriormente los contrayentes volvieron a contraer matrimonio ante un sacerdote católico en la Iglesia San José Obrero, en Río Piedras, Puerto Rico.

(6) Durante la vida matrimonial surgieron disputas y dis-crepancias entre Elba Luz López Trinidad y su esposo Enrique Ortiz Figueroa. En una ocasión él le dijo que no estaban casados civilmente lo que acrecentó en ella su duda en cuanto a la validez de ese matrimonio. Surgieron agrias discusiones entre ellos y finalmente se separaron.

(7) Ambos cónyuges fueron varias veces donde el querellado para que les consiguiera un certificado de matrimonio o alguna otra prueba que les convenciera de que estaban legalmente casa-dos, contestándole éste con evasivas. Finalmente le dijo a Enrique Ortiz Figueroa que lo que sucedía era que faltaba llenar informa-ción adicional en los documentos en relación con el matrimonio y divorcio previo de cada uno de los cónyuges. Instruyó a Enrique Ortiz Figueroa que fuera al Registro Demográfico de Río Grande a buscar un documento que éste y su esposa tenían que llenar, firmar y traer al querellado en relación con la información adicional, para proceder con la inscripción del matrimonio en el Registro Demográfico. Enrique Ortiz Figueroa así lo hizo pero debido a frecuentes peleas y discusiones con su esposa y otras veces a posposiciones por razones personales nunca se cumplió con este requisito, separándose los cónyuges luego de haber ella abandonado el hogar llevándose parte del mobiliario.

(8) El matrimonio celebrado por el Juez querellado en la acera de la calle, frente a su residencia en el pueblo de Loíza, Puerto Rico, nunca fue inscrito en el Registro Demográfico co-rrespondiente porque no se cumplió por el querellado con las disposiciones de las secciones 1163 y 1301 del Título 24 de LPRA al dejar de enviar los documentos correspondientes al Registro Demográfico en la forma que requiere la ley. Los registradores demográficos de los pueblos de Loíza, Canóvanas y Carolina, a solicitud de la esposa Elba López Trinidad, expidieron certifica-ciones negativas de la inscripción del matrimonio.

SEGUNDO CARGO:

‘Que el día 17 de junio de 1974, el referido magistrado cele-bró en Loíza, Puerto Rico, el matrimonio de Ricardo Plaza Andino con Evarista Pizarro Carrasquillo a sabiendas de que Evarista Pizarro Carrasquillo era menor de 14 años de edad, en violación de lo dispuesto en los Artículos 69, 70 y 77 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, sees. 231, 232 y 245. A la fecha de la celebración de dicho matrimonio el contrayente Ricardo Plaza Andino estaba acusado de violación de la menor, en el caso sobre violación VP-74-1658, en el Tribunal de Distrito de San Juan.’

El querellado contestó aceptando este cargo. Alegó afirma-tivamente ‘que fue inducido a creer que la menor Evarista Pizarro Carrasquillo había cumplido los 14 años de edad a la fecha en que ofició el matrimonio contraído entre ésta y Ricardo Plaza Andino el 17 de junio de 1974, por razón de que la madre de dicha menor le presentó una declaración jurada en la cual hacía constar que dicha menor había cumplido los 14 años de edad.’

(1) El 17 de junio de 1974 el querellado celebró el matrimo-nio de la menor Evarista Pizarro Carrasquillo con Ricardo Plaza Andino, quienes eran novios y habían tenido relaciones sexuales.

(2) Días antes de la celebración de ese matrimonio, el 7 de junio de 1974, el querellado había determinado causa probable contra el contrayente Ricardo Plaza Andino por el delito de vio-lación cometido en relación con dicha menor Evarista Pizarro Carrasquillo, fijándole al acusado una fianza de $80,000.00. De los hechos alegados en esa denuncia que tuvo ante sí el querellado surge expresamente que en la fecha en que se dice se cometió el delito, la contrayente Evarista Pizarro Carrasquillo tenía sola-mente 13 años de edad.

(3) La señora madre de la contrayente, doña Evarista Carrasquillo Pinet, acompañó a su hija y al acusado Ricardo Plaza Andino a la oficina del querellado para que los casara y mostró a éste, antes de celebrar el matrimonio, el certificado de nacimiento de la menor, el cual indica que dicha contrayente nació el 19 de septiembre de 1960, en Canóvanas, Puerto Rico.

(4) El 31 de julio de 1974 el querellado envió con el padre del acusado Ricardo Plaza Andino al Hon. Juez Juan V. Sánchez del Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, una nota que dice: ‘Que la mamá de la joven no tiene interés ninguno en el caso.’

TERCER CARGO:

‘Que el 12 de junio de 1974, en San Juan, Puerto Rico, el referido magistrado dejó sin efecto la fianza impuesta a Lydia Miranda Rodríguez acusada de ataque para cometer asesinato, dejándola en libertad sin fianza bajo la custodia de su abogado, en violación de lo dispuesto en la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal.’

El querellado contestó el cargo aceptándolo. Alegó como ate-nuante ‘que la persona perjudicada por el delito de ataque para cometer asesinato supuestamente cometido por Lydia Miranda Rodríguez, era el marido de ésta, quien suplicó del querellado que tomara éste la acción que se imputa en dicho cargo por razón de que la acusada tenía una hija en estado de lactancia y era dicha acusada la única persona que podía lactar y hacerse cargo del cuido de la referida infante.’ Se alega también que la causa que estaba pendiente contra la acusada fue archivada por otro magistrado, previa vista preliminar, a solicitud del perjudicado.

(1) El día 12 de junio de 1974 se juró denuncia ante el que-rellado contra Lydia Miranda Rodríguez, por ataque para come-ter asesinato. Se alegó que ésta acometió y agredió con un gato de un automóvil a Tulio Rosado Fred, con deliberación y propó-sito firme de matarlo, ocasionándole tres heridas en la cabeza, quedando recluido en un hospital de Fajardo.

(2) En esa misma fecha el querellado determinó causa probable contra la acusada y le fijó una fianza de $5,000.00.

(3) Posteriormente, en igual fecha el querellado expidió bajo su firma un mandamiento de excarcelación dirigido al Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, ordenándole poner en libertad a la acusada (de no haber estado detenida por otra causa) decre-tando que ésta quedara bajo la custodia del abogado M. A. del Valle y dejando sin efecto la fianza de $5,000.00 que previamente le había fijado.

CUARTO CARGO:

‘Que el día 22 de mayo de 1974, el referido magistrado, actuando en los casos criminales números 74-393, 74-394 y 74-395, calificó como fraude tres denuncias juradas contra José Luis Ayala Rivera, imputándole hechos constitutivos del delito de falsificación.’

En su contestación el querellado aceptó las alegaciones con-tenidas en este cargo. Alegó afirmativamente que a pesar de haber calificado erróneamente los delitos como fraude, determinó causa probable por esos delitos y le impuso al acusado fianza por $91,500.00 para responder por los mismos.

(1) El 22 de mayo de 1974 el querellado intervino en tres denuncias radicadas contra José Luis Ayala Rivera. En la pri-mera de dichas denuncias se alega que el 4 de abril de 1974 el acusado: ‘ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención de defraudar como lo hizo a la institución bancaria Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal de Río Grande, expidió como válido el cheque #519 por la cantidad de $298.00 a nombre de Angel L. Ayala contra el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal de Río Grande, falsificando la firma de Roberto Maído-nado Cruz y pasó el mismo como genuino y verdadero, cobrando el importe a sabiendas que dicha firma era falsa y falsificada por haber sido puesta por el mismo acusado.’

(2) Las otras dos denuncias alegan hechos esenciales simi-lares a la anterior [sic] imputando cada una el delito de falsifi-cación de un cheque girado contra el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, por $108.00 y $73.00 respectivamente, expresándose que se falsificó la firma de Antonio Fernández Escobar en el primero y la de Pablo Suárez en el segundo.

(8) En cada una de esas denuncias el querellado determinó causa probable por el delito de fraude y fijó fianza de $30,000.00, $5,000.00 y $30,000.00 respectivamente, con fecha 22 de mayo de 1974.

QUINTO CARGO:

‘El querellado ordenó el archivo de veinticuatro denuncias radicadas en el Tribunal de Distrito, Sala de Carolina, sobre violaciones a la Ley de Tránsito, 9 LPRA sin tener la facultad en ley por falta de jurisdicción.’

Este cargo fue negado por el querellado alegando falta de información suficiente para formar una opinión respecto a la veracidad y corrección de lo alegado.

Para sustanciar este cargo la Hon. Procuradora General ofreció y fue admitido en evidencia, sin objeción del querellado, el Exhibit I consistente de 24 denuncias radicadas en el Tribunal de Distrito, Sala de Carolina, contra varias personas, por viola-ciones a la Ley de Tránsito de Puerto Rico, archivadas por el querellado sin tener facultad para ello, en distintas fechas com-prendidas entre el 23 de octubre de 1974 y el 26 de noviembre del mismo año.

En conversación que sostuviera el Hon. Juez Guillermo Mén-dez Muñoz con el 'querellado sobre el archivo indebido de dichas denuncias, le indicó el querellado que lo había hecho porque creía de buena fe que tenía jurisdicción para hacerlo, prometiendo no seguir con dicha práctica errónea.

SEXTO CARGO:

‘El 7 de noviembre de 1974, el querellado, emitió resolución y orden en el caso de Marco Antonio de Jesús Tapia v. Cesario Rivera Melendez et seq., sobre Derecho de Pago, aparentando ostentar el título de Juez del Tribunal de Distrito, Sala de Caro.-lina y sin tener facultad' o jurisdicción para actuar en esa forma.’

El querellado negó este cargo por falta de información para formar opinión respecto a su veracidad y corrección. Alegó en contrario que de ser correctos los hechos alegados en dicho cargo, los mismos se cometieron inadvertidamente y por una errónea interpretación respecto a las facultades de su cargo.

(1) En el asunto o querella de Antonio de Jesús Tapia v. Cesario Rivera Meléndez y Gregorio Rivera Meléndez, sobre Derecho de Paso, el querellado ostentando el título y cargo de Juez de Distrito emitió una resolución concediéndoles a dichos Rivera Meléndez noventa días para desalojar un solar y advir-tiéndoles que de no desocupar el inmueble dentro de ese término se dictaría orden de desahucio en su contra. Dicha resolución fue dictada el 7 de noviembre de 1974 y aparece firmada así: ‘Juan I. Lacén, Juez de Distrito.’

(2) En igual fecha, en el mismo asunto dictó otra orden sobre mensura del referido terreno firmando como Juez de Dis-trito del Tribunal de Distrito, Sala de Carolina.

Respetuosamente sometido conjuntamente con el expediente de investigación y Exhibit I de la Oficina de la Procuradora General.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 1975.

(Fdo.) Cándido Ceballos

Comisionado Especial.”

Hemos examinado detenidamente las determinaciones de hecho contenidas en el precedente Informe del Comisionado Especial a la luz de la prueba presentada y concluimos a base de nuestro ponderado examen que el querellado observó una conducta altamente impropia y reprensible al actuar en abierto desafío y en contravención a la ley establecida lo cual lesiona la dignidad del cargo de juez y destruye la fe en él depositada en su delicada función de impartir justicia con decoro, integridad, buen sentido y respeto a la ley. En vista de ello se hace necesario su separación del cargo de Juez de Paz General efectivo el día 2 de mayo de 1975 fecha en que fuera separado provisionalmente mediante nuestra resolución de esa misma fecha.


text:
      In re Fiscal Pedro T. Anca Marín, Lic. Jorge Marín Báez.

      Número: MC-75-70

      Resuelto: 15 de enero de 1976

      La Procuradora General, Miriam Naveira de Rodón y Eliadis Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, prepararon el Informe de la Oficina de la Procuradora General.
   RESOLUCIÓN

Consideradas las graves imputaciones contra la conducta del Fiscal Pedro T. Anca Marín, refiérase el Informe de la Procuradora General al Sr. Secretario de Justicia para la acción que corresponda dentro del ámbito de incumbencia del Fiscal imputado.

Respecto al abogado Jorge Marín Báez no se toma más acción que prevenirle que el Canon 29 de Ética conmina a evitar escrupulosamente toda cuestión personal entre aboga-dos y le recordamos el criterio general que precede al Canon 27:

“La preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal y para ello todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sin-cera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal.”

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado, Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
      Ex parte J. A. A., peticionaria.

      Número: O-76-445

      Resuelto: 22 de enero de 1976

      Félix Fumero Pugliessi, René Santiago Vega, Carlos René Pérez Cerra y Juan F. Arroyo Elizier, abogados de la peticionaria; Zulma Zayas de Santiago, Procuradora Especial de Relaciones de Familia.

   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

¿Puede una mujer soltera adoptar a una niña como hija suya sin que la adopción rompa el vínculo filiatorio de la niña con su padre biológico? Tal es la cuestión que aquí se nos plantea.

La peticionaria convivió por varios años bajo relación de concubinato con un hombre a quien llamaremos Miguel. Vi-gente la unión concubinaria, Miguel sostuvo relaciones íntimas con otra mujer, producto de las cuales nació una niña. La madre nunca la reconoció y la entregó al padre y a su con-cubina cuando la niña contaba tres días de nacida. Miguel reconoció a la niña en el acta de su nacimiento. El nombre de la madre está en blanco en el acta.

Aunque las relaciones entre la peticionaria y Miguel son cordiales, están separados, habiendo cesado el concubinato que les unía. No obstante, la peticionaria tiene consigo al único hijo que vive habido de dicha relación — otro que tuvieron murió — y a la niña hija de Miguel y de la otra mujer. La niña cuenta nueve años de edad. La peticionaria la ha criado como si fuera su propia hija, y es la única madre que la niña reco-noce. Miguel mantiene con la niña las relaciones propias de padre, y contribuye a su sostenimiento.

La peticionaria quiere adoptar a la niña como hija suya y a tal fin presentó una petición al tribunal a quo. Miguel hizo constar su expreso consentimiento mediante declaración jura-da. Por desconocerse el paradero de la madre de la niña, se publicaron edictos en que se le notificó de la propuesta adop-ción. No ha respondido en forma alguna. Referido el asunto a la correspondiente oficina regional del Departamento de Servi-cios Sociales para investigación e informe, dicha agencia recomendó favorablemente la adopción por considerarla bene-ficiosa para la niña.

La Procuradora Especial de Relaciones de Familia se opuso a la adopción. Adujo, citando los Arts. 132 y 133 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 533 y 534, y lo resuelto en Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325 (1975), que como la adopción rompe el vínculo del parentesco entre el adoptado y su familia biológica, “la situación que pretende la peticionaria no puede subsistir en nuestro Derecho, a menos que la peticionaria fuera la esposa legítima del padre biológico” de la niña. Citó a este efecto el segundo párrafo del Art. 131 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 532. El tribunal acogió los argumentos de la Procuradora y denegó la adop-ción. Entiende que de concederse, la niña no podría seguir llevando el apellido de su padre. Concedió un término a la peticionaria para enmendar su solicitud.

La peticionaria ha recurrido mediante certiorari. Por resolución de 9 de octubre de 1975 ordenamos que se remitie-ran a nos los autos originales y concedimos a la Procuradora Especial un término para mostrar causa por la cual no deba-mos expedir el auto solicitado y revisar la resolución del tribunal recurrido. La Procuradora ha comparecido mediante un escrito en que reproduce y amplía los argumentos que adujo en primera instancia. Apoya su tésis en una interpreta-ción literal del Art. 133 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 534, ya citado, que dice:

“Con [la] adopción cesarán todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o biológica y los de ésta con el adoptado.”

Fundándonos en esa disposición dijimos en Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra: “La adopción desarraiga al adop-tado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho respecto de su familia biológica. Borra la anterior filiación. Para todos los efectos, el adoptado se considera como si hubiera nacido hijo del adoptante.” Al decir que la adopción rompe el vínculo parental entre el adoptado y su familia biológica, ¿significa-mos con ello el vínculo tanto de su familia paterna como de la materna? Entendemos que no tiene que ser así necesaria-mente. Ello ha de depender, en cada caso, de sus particulares circunstancias.

Nuestra legislación sobre adopción está entre las más avan-zadas y liberales del mundo moderno. Es inútil buscar en otras jurisdicciones precedentes que puedan servirnos de ayuda. La common law de Inglaterra no conoció la adopción. De hecho Inglaterra no admitió la adopción hasta que aprobó la Adoption Act de 4 de agosto de 1926. Lacruz Berdejo, Derecho de familia (Barcelona, 1966). Por ello, la existencia de esta ins-titución depende en los diferentes estados de los Estados Unidos de legislación especial al efecto, que varía en cada caso según sea la jurisdicción de trasfondo civilista o de origen anglosajón. Un intento de crear un Derecho uniforme, o de aplicación general, es la Uniform Adoption Act redactada por la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws y recomendada favorablemente por la American Bar Association en convención celebrada en Boston en agosto de 1953. Véase el artículo del profesor Merrill, de la Universidad de Oklahoma, Toward uniformity in adoption law, 40 Iowa L.Rev. 299 (1954-1955), y el citado proyecto de ley que allí se transcribe íntegramente.

Los artículos de nuestro Código Civil sobre adopción, según quedaron enmendados por la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953, siguen en líneas generales los mismos princi-pios de la Uniform Adoption Act, pero su redacción es comple-tamente distinta. Un estudio de los comentarios al margen de cada disposición de la propuesta ley uniforme no revela que los comisionados que la redactaron contemplaran la situación de hechos que aquí nos ocupa.

La tradición civilista en que se inspira la figura de la adopción, como ésta llegó a Puerto Rico, nos viene del antiguo Derecho romano vía el Código Civil español. Es interesante notar, como afirma Lacruz Berdejo en su citada obra, pág. 420, que en el Derecho romano antiguo la adopción “suponía la adquisición, en equiparación con la filiación legítima, de la patria potestas sobre un hijo ajeno, que dejaba de pertenecer a su antigua familia (adoptio) o perdía la condición de sui inris (adrogatio) ”; Esta liberalidad para con el adoptado se fue perdiendo en la evolución del Derecho romano y hacién-dose cada vez más restrictiva la adopción, al extremo de que los más modernos códigos de tradición civilista, por liberales que pretendan ser, no han alcanzado la plenitud que informa el Código Civil puertorriqueño en el reconocimiento del hijo adoptivo como un hijo legítimo del adoptante, a todos los efec-tos legales, sin limitación alguna, quedando borrado todo ves-tigio de parentesco y todo derecho y obligación entre el adop-tado y su familia natural o biológica.

Así las cosas, como dijimos en Rivera Coll v. Tribunal Superior, supra, la institución de la adopción como está reglada en Puerto Rico es producto de nuestra autoctonía. Está basada en legislación de avanzada, con la cual ha de andar a la par la jurisprudencia de este Tribunal. Debemos, pues, buscar la intención legislativa y enmarcar nuestra decisión acorde a los principios generales que la inspiran.

Los artículos del Código Civil que aquí nos conciernen usan indistintamente el singular y el plural. El 130 establece los requisitos que debe reunir “el adoptante”; el 131, antes transcrito, prohíbe que haya más de un adoptante, con la única excepción de que “los adoptantes” estén casados entre sí, aunque no tienen necesariamente que vivir juntos. El 134 dice que el adoptado “usará los apellidos de los padres adoptantes”, sin mencionar qué apellidos usaría cuando haya un solo adoptante, o cuando “el adoptante” sea una mujer. Aunque en ningún sitio el articulado se refiere a “la adoptante”, a nadie se le ocurriría que están excluidas de serlo las mujeres. Es que, por regla elemental de hermenéu-tica, salvo cuando otra cosa surja del contexto de un estatuto, el singular incluye al plural, y viceversa, y el masculino al femenino. De la misma manera, cuando el Art. 133 se refiere a la “familia natural o biológica” del adoptado, no podemos limitar por interpretación dicha frase para apli-carla a una sola familia, es decir, la paterna o la materna, como tampoco limitarla a que tengan que ser ambas.

Al ser informado en la Cámara de Eepresentantes el pro-yecto que se convirtió en la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953, que dio la redacción actual a todo el articulado del Código Civil sobre adopción, se expresó la Comisión de lo Jurí-dico por voz del representante señor Santiago Polanco Abréu:

“Este anteproyecto va encaminado hacia la protección del niño, cuidando de que no se le separe indebidamente de sus padres, cuando pueda permanecer con ellos si se les da la debida orientación y ayuda: ....” (Énfasis nuestro.) Diario de Sesiones, Yol. II, Tomo II, pág. 1291.

Más adelante, en la pág. 1292 del mismo Diario, dijo el representante Polanco Abréu:

“El propósito de la adopción, tal como lo entiende la Comi-sión, es proveer, es dar padres a niños que no los tienen, o cuyos padres no los quieren, o no los pueden atender debidamente. En estos casos los padres adoptivos pasan a ser los sustitutos de los padres biológicos.” (Énfasis nuestro.)

No hay duda que cuando la adopción se hace por un hombre y una mujer casados entre sí, éstos vienen a ser los verda-deros y únicos padres del adoptado, quedando desde luego disuelto el vínculo de parentesco entre el adoptado y su familia biológica, tanto por línea paterna como materna. La situación puede variar cuando la adopción la hace una sola persona, como es el caso de la peticionaria.

Cuando el adoptante sea una sola persona, y ésta no sea cónyuge del padre o madre del niño — caso contemplado en el segundo párrafo del Art. 131 — el tribunal, en vista de las circunstancias específicas de cada caso, deberá decidir si la ruptura del parentesco biológico del adoptado opera respecto de ambas líneas, la paterna y la materna, o respecto de una sola. Nada hay en la ley que impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo siga vinculado en su parentesco natural con su madre biológica, y viceversa. Al determinar los apellidos que el adoptado deberá llevar, deberá atenerse el tribunal a lo dispuesto en el Art. 134 del Código Civil, ya citado, teniendo presente que mediante la adopción debe crearse para el adoptado una situación que en lo posible se iguale a la condición natural del ser humano. Así, si adopta un matrimonio, el adoptado adquirirá los apellidos del padre y de la madre adoptantes, como si hubiera nacido hijo de ellos; si el adoptante es una sola persona y la adopción ha de desvincular al adoptado de las dos líneas de su parentesco ascendiente, adquirirá los apellidos de quien le adopta; si el adoptante es un hombre y la adopción ha de dejar intacto el vínculo del adoptado con su madre biológica, conservará el de ella como apellido materno y adquirirá el del padre adoptante como su apellido paterno; y, si la adoptante es una mujer soltera, o casada y separada de su esposo o su esposo estuviere incapacitado y no figurase como adoptante — casos que con-templa el primer párrafo del Art. 131, antes transcrito — y la adopción dejare intacto el vínculo de parentesco entre el adop-tado y su padre biológico, seguirá usando el apellido de su padre biológico y adquirirá como apellido materno el de la madre adoptante. Este último es el caso de la peticionaria.

Por supuesto, cuando la adopción tiene por objeto a un niño y no a una persona adulta, da decisión sobre si se autoriza o no descansa principalmente sobre la premisa de la conveniencia y bienestar del niño. Así lo reconocimos hace más de cuarenta años en Ex parte Ortiz, 42 D.P.R. 350, 356 (1931), y así sigue siendo. Véase Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254, 261 (1963). De igual manera lo entendió la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953 que dio su actual redacción al articulado del Código Civil sobre esta materia, según se expresó en el debate sobre la medida. Véase ante, la cita de la pág. 1292 del Diario de Sesiones. De igual manera, ese principio quedó expresamente estatuido en el Art. 613 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2692, enmendado por la Ley Núm. 53 de 22 de mayo de 1968 para adicionar el requisito de que el informe de la correspondiente dependencia de Bienestar Público, hoy del Departamento de Servicios Sociales, contenga recomendaciones sobre si conviene o no “a los mejores intereses del menor o incapacitado . . . que se efectúe la adopción.” Véase 32 L.P.R.A. see. 2692, suplemento acumulativo.

La Procuradora Especial de Relaciones de Familia no ha cuestionado si la adopción conviene aquí a los intereses y bienestar de la niña. Por otra parte, hemos visto el informe sometido por la oficina correspondiente del Departamento de Servicios Sociales y recomienda favorablemente la adopción por considerarla beneficiosa para la niña, tanto desde el punto de vista de su conveniencia material como de su salud emocional.

No podemos pasar por alto que la niña no ha conocido otra madre que la peticionaria. Para ella sus padres son ella y Miguel. La adopción por la peticionaria viene a consagrar ante la ley la situación de hechos que la niña ha conocido durante toda su corta vida. Consentir a la adopción por la peticionaria a base de que deje de ser hija de Miguel sería desnaturalizar el propósito legislativo. La niña puede seguir siendo hija de su padre y continuar llevando su apellido, y tener a la peticionaria como su legítima madre, y así hacerlo constar mediante la correspondiente enmienda por adición en el acta de su nacimiento.

Se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia para dejar sin efecto la resolución del tribunal recurrido y ordenar la devolución de los autos a dicho tribunal para ulteriores procedimientos consistentes con lo expresado en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente y el Juez Asociado Señor Negrón García concurre en opiniones separa-das.

Opinión concurrente del

Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 1976

El mareo conceptual que inspiró la redacción de nuestra legislación sobre adopción es el siguiente:

“En términos generales, esta legislación que proponemos se acerca más a los conceptos modernos de adopción en todos los países que sienten preocupación por estas instituciones en nues-tro Código Civil. Los proyectos consagrarían, entre otros, la esencia misma de la filosofía moderna de la adopción ....

Esta legislación que nosotros proponemos establece igualdad de derechos y deberes entre el hijo adoptado y los hijos bio-lógicos. Establece que no deben establecerse o señalarse diferen-cias de clase alguna entre hijos adoptivos y los hijos biológicos.

El propósito de la adopción, tal como lo entiende la Comi-sión, es proveer, es dar padres a niños que no los tienen, o cuyos padres no los quieren, o no los pueden atender debidamente'. En estos casos, los padres adoptivos pasan a ser los sustitutos de los padres biológicos.

La Comisión entiende también, que la adopción no es un acto de caridad hacia los hijos menos afortunados. La Comisión entiende que la adopción es una institución de carácter esencial-mente social que debe mejorarse en nuestros estatutos.” (Én-fasis nuestro.) Diario de Sesiones, Vol. II, Tomo II, pág. 1291.

El debate legislativo precisó claramente la participa-ción de la agencia de Bienestar Público y los tribunales res-pecto al enfoque casuístico que había de prevalecer:

“Si por el contrario, la Legislatura adopta la teoría de fijar un número de reglas, impidiendo la adopción, estaría, a mi juicio, tratando de cubrir toda la gama y la variedad de casos que se dan con reglas generales que necesariamente tendrían que cometerse injusticias en casos particulares [sic].
El proyecto en su totalidad está inspirado en la teoría que expuse antes, de que no es la Legislatura la que de antemano va imponer [sie] esas trabas, sino que son la corte y la agencia de Bienestar Público las que van a imponer esas trabas en el caso particular que se trata.

Nosotros entendemos que esos casos debe [sic] quedar libre el tribunal y debe quedar libre la agencia para que, después de un estudio detenido de cada caso, determine si debe o no proceder la adopción. Pero que en la ley, no debe existir esa limitación, de acuerdo con la doctrina general de delegación en estas cues-tiones que no pueden estar sujetas a reglas generales, sino que la justicia individualizada es la que debe prevalecer en estas materias.” (Énfasis nuestro.) Ob. cit., pág. 1464.

Lo expuesto me convence que los elementos de estabilidad, seguridad y certeza que debe caracterizar nuestra jurispru-dencia, válido y extensivo a otras áreas del derecho, no pueden ser fundamentos en casos de adopción. La maternidad espiritual que la peticionaria ha engendrado con el cuidado, amor y educación que durante varios años ha dispensado a la niña protagonista de este recurso, y que intenta consolidar jurídicamente, no puede ser a expensas de una interpretación que exija un matrimonio donde no lo hay, como tampoco de que la niña sea privada de la paternidad natural, aunque ésta sea imperfecta. Tal interpretación choca con el espíritu de la ley y nuestra misión de hacer justicia, a la par que plan-tea serias interrogantes sobre posible discrimen constitucio-nal por razón de nacimiento. Art. II, Sec. 1 Constitución.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 1976

Mientras convivía con su concubina la peticionaria, un hombre engendró una hija en otra mujer innominada. Esta última desapareció y el hombre tomó la niña de tres días de nacida y la entregó a la peticionaria quien la acogió como hija en igualdad con otro hijo propio. Con el tiempo el in-constante amador abandonó a la peticionaria. Habiendo la niña alcanzado la edad de nueve años, y previo el endoso del Departamento de Servicios Sociales, la ex-concubina promovió expediente para adoptarla. La sala de instancia denegó la adopción aparentemente por la única razón de que la peti-cionaria desea conservar para su hija adoptiva el apellido de su padre biológico.

La esencia de nuestro esquema legislativo sobre adopción está contenida en el Art. 133 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 534) al expresar: “Con [la] adopción cesarán todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o biológica y los de ésta con el adoptado.” La adop-ción es un acto solemne, caracterizado por su permanencia y efectos garantizados por las leyes civiles. Esa trascenden-cia fue captada con gran claridad por este Tribunal que por voz del Juez Irizarry Yunqué dictaminó en Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325 (1975):

“En aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley. No se puede crear, por interpretación, una condición de privile-gio para el adoptado, permitiendo que conserve en su familia anterior, sea biológica o sea adoptiva, todos los derechos que antes tenía, como si la subsiguiente adopción no se hubiese veri-ficado. La adopción desarraiga al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho respecto de su familia biológica. Borra la anterior filiación. Para todos los efectos, el adoptado se considera como si hubiese nacido hijo del adoptante. La subsi-guiente adopción por otro padre tiene el mismo alcance respecto de la previa filiación adoptiva.”

Tampoco hoy podemos “ir más allá de la ley” para soste-ner (págs. 554-555, opinión) que “Al decir que la adopción rompe el vínculo parental entre el adoptado y su familia bioló-gica, ¿significamos con ello el vínculo tanto de su familia paterna como de la materna? Entendemos que no tiene que ser así necesariamente. Ello ha de depender, en cada caso de sus particulares circunstancias.” Esta declaración sustituye la doctrina por la solución empírica, de menor juridicidad, de “caso por caso”. En la adopción hay unos valores éticos y morales sobre los cuales no se puede transigir “caso por caso”. Ex Parte Warren, 92 D.P.R. 299 (1965).

El Derecho no puede operar en un medio de fluidez y de incertidumbre que derrota el principio de igualdad bajo la ley. El gran acatamiento y respeto que la ley y por exten-sión la jurisprudencia han de reclamar dependen más que del rigor coactivo, de la energía moral derivada de su aplica-ción por igual a todas las personas y para lograr esa igual-dad es indispensable una calidad de certeza y de esta-bilidad en la interpretación de la ley; una seguridad de que el mismo remedio se aplicará a la misma situación tác-tica.

Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo el caso que los adoptantes estuvieren casados entre sí, prohíbe el Art. 131 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 532). Y el Art. 133 ordena que con la adopción cesarán todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o biológica y los de ésta con el adoptado (31 L.P.R.A. see. 534). La peticionaria y el padre natural de la niña a ser adoptada no están casados entre sí por lo que este caso no está comprendido en la regla especial del Art. 131 del Código Civil en cuanto autoriza que “Si la persona a quien se propone adoptar fuere hijo de uno de los cónyuges, su consorte podrá adoptarlo y la persona así adoptada será con-siderada hija de ambos.” (31 L.P.R.A. see. 532).

La ley es clara y fácilmente conocible en su exigencia de que medie el vínculo civil del matrimonio entre los adop-tantes, o uno de ellos y el padre o madre del adoptado. Al auspiciar la adopción el Estado prefiere para el adoptado la dignidad y el sentido de pudor asociados a la unión lícita de los adoptantes; es parte de la calidad moral exigida de éstos y de la preservación de las buenas costumbres entre las cuales todavía no se cuenta la barraganería o amanceba-miento. La regla es por tanto aleccionadora para todas las partes, principalmente para la niña a ser adoptada. Ella ha sido reconocida por su padre y tiene el afecto de su madre de crianza y propuesta adoptante por lo que la adopción para esta niña no representa un enriquecimiento espiritual. Ella disfruta ahora mismo de una relación afectiva personal con su padre natural y su señora madre de crianza que no ha de mejorar con la adopción, que no pasará de ser una forma-lidad en lo que respecta a los mejores valores implícitos en dicho acto de dar al adoptado una familia y una filiación equivalente a la legítima pues ni siquiera viven juntos los otrora concubinos. Luego lo que pide la adoptante es una ceremonia de privilegio, un tratamiento especial, una adopción sui géneris sin llenar el requisito de matrimonio; en fin la evasión del principio de que la ley civil es igual para todos sin distinción de personas. Art. 22 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 22).

La adopción no debe estar disponible como traje a la medida para quienes no están situados en el mareo de su lineamiento jurídico.

El texto de la ley no deja lugar a una discreción introducida a la pág. 558 de la opinión al decir: “Cuando el adoptante sea una sola persona, y ésta no sea cónyuge del padre o madre del niño — caso contemplado en el segundo párrafo del Art. 131 — el tribunal, en vista de las circunstancias específicas de cada caso-, deberá decidir si la ruptura del parentesco biológico del adoptado opera respecto de ambas líneas, la paterna y la materna, o respecto de una sola.”

Si lo que se interesa por la recurrente y adoptante es que la niña continúe usando el apellido “Santiago” de su padre biológico, sin más atadura legal a éste, la solución está a la mano en el Art. 134 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 535) que transcribimos: “El adoptado usará los apellidos de los padres adoptantes, salvo que el tribunal por causa justificada determine otra cosa.”

Si la madre adoptante y la niña adoptada cuyo consenti-miento cuenta si ya hubiera llegado a la edad de 10 años (Art. 135 Código Civil), así lo prefieren debe atenderse su preferencia pero no como derecho de un padre incapaz de dignificar la posición de esta familia con la calidad moral dimanante del matrimonio. Así de sencilla veo la solución y disiento de las extendidas e innecesarias expresiones que enervan el sobrio dictamen del propio juez ponente en Rivera Coll, supra: “En aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley.”

      Dichos artículos disponen:
      “Art. 132, SI L.P.R.A. see. 533. El adoptado será considerado para todos los efectos legales como un hijo legítimo del adoptante. El adoptante será considerado como el padre legítimo del adoptado.
      “Art. 133, 31 L.P.R.A. see. 534. Con [la] adopción cesarán todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o bioló-gica y los de ésta con el adoptado.”

      E1 Art. 131, en su totalidad, dice así:
      “Art. 181, 31 L.P.R.A. see. 532. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo el caso en que los adoptantes estuvieren casados entre sí. Los cónyuges deberán adoptar conjuntamente, salvo los casos en que estén separados o uno de ellos esté incapacitado, en cuyos casos habrá que notifi-car a solicitud al otro cónyuge.
      “Si la persona a quien se propone adoptar fuere hijo de uno de los cónyuges, su consorte podrá adoptarlo y la persona así adoptada será consi-derada hija de ambos. A este último efecto no será considerado incapacitado un cónyuge por el hecho de ser menor de edad si el otro reúne los requisitos de edad que fija la see. 531 de este título.”

       Señala Clark, Law of Domestic Relations, Ed. West Publishing Co. 1968, pág. 608, que la adoptio y la adrogatio del Derecho romano eran dos formas reconocidas de adopción, según el adoptado fuese menor de edad no emancipado (adoptio) o una persona adulta (adrogatio).

      Sobre el origen de la adopción, Lacruz Berdejo (op. cit. pág. 420, nota 1) dice que es posible que sea religioso, y se refiere a la creencia en tiempos remotos que quien moría sin descendientes estaba destinado al desamparo en su vida de ultratumba. Encuentra precedentes en el Génesis (48, 5) : adopción de Efraim y Manasés por Jacob, su abuelo; y en el Exodo (2, 10) : la adopción de Moisés por la hija de Faraón. También en el Código de Hammurabi, en el Derecho indio y en el griego.

      Para una relación y estudio comparativo de la legislación sobre adopción en diferentes países de tradición civilista véanse, la citada obra de Lacruz Berdejo, pág. 421 y siguientes, y Fernández Clérigo, El Derecho de Familia en la Legislación Comparada, Ed. UTEHA, México.

       Véase el escolio 2.

      El Art. 134, 31 L.P.E.A. see. 635, dispone:
      “El adoptado usará los apellidos de los padres adoptantes, salvo que el tribunal por causa justificada determine otra cosa.”

       El apellido hoy es distintivo tan intrascendente que se dispensa hasta a capricho de parte en expediente ad perpetúan de jurisdicción voluntaria.


author: Juez Asociado, Señor Negrón García

text:
      In re William Pacheco Nieves, querellado.

      Número: O-75-482

      Resuelto: 22 de enero de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Américo Serra, y Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados de El Pueblo; Yamil Galib Frangie, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

No apareciendo de los hechos informados en el cargo único que el Fiscal William Pacheco Nieves haya incurrido en con-ducta reñida con los Cánones de Ética, se desestima la querella.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto separado en que concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Voto Concurrente y Disidente del

Juez Asociado, Señor Negrón García

con el cual concurren el Juez Presidente, Señor Trías Monge y el Juez Asociado, Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 1976

El 17 de octubre de 1975 la Procurador General de Puerto Rico formuló la siguiente querella:

“Que el querellado William Pacheco Nieves, observó una conducta inmoral e impropia consistente en lo siguiente:

Allá para el mes de octubre de 1974, ocupando el cargo de fiscal auxiliar para el Tribunal de Distrito, el querellado se dirigió al fiscal Guillermo García García, quien entonces efectuaba la investigación para la formulación de los corres-pondientes cargos criminales como resultado del incendio ocu-rrido en la Delta International Corporation, y le informó a éste que tenía conocimiento de que cuando él era sub-director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía, los testigos de cargo en dicho caso, Gilberto Hernández y Edgardo Cruz Hernández, no sabían nada de bs hechos y que ahora aparecían sabiendo. El fiscal García García le pidió al quere-llado que le prestara una declaración jurada sobre estos extre-mos, ya que se trataba de un aspecto importante relacionado con la investigación criminal que conducía. No obstante, el querellado rehusó prestar dicha declaración, incumpliendo así con una obligación inherente a su responsabilidad social, pro-fesional y a su cargo como representante del ministerio público.” (Énfasis suplido.)

A la luz de la contestación presentada por el querellado el 17 de noviembre de 1975, el Tribunal ha acordado desesti-mar la querella sin trámite ni pronunciamiento ulterior al-guno.

Concurro en que los hechos expuestos en la querella— los cuales a los fines de la desestimación solicitada y decre-tada hay que tomar como ciertos — denominada errónea-mente “Desaforo” no pueden dar margen para continuar un procedimiento encaminado a separar al querellado, provisional o permanentemente, del ejercicio de la profesión de abogado. Disiento no obstante, de que el Tribunal no haya hecho expresión de censura sobre su proceder.

Consustancial a su cargo de fiscal, y como miembro de la clase togada comprometido al esclarecimiento de la verdad y a procurar que se haga justicia, una vez requerido, el querellado tenía la obligación de jurar declaración escrita del conocimiento que tenía sobre la supuesta deshonestidad de los testigos de cargo.

Ante el problema que existe de apatía de la ciudadanía a cooperar activamente en la investigación de casos criminales debido a varios factores, su conducta resulta detrimental a la imagen del Ministerio Fiscal y al importante rol que desempeña en el sistema de justicia criminal.

      En esencia, el conocimiento manifestado por el querellado al fiscal investigador era de que los testigos de cargo habían cometido ‘perjurio.

       Canon 5 del Código de Ética Profesional.

       Véase el Informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y Representación Legal del Estado sometido el 26 de septiembre de 1974 al Consejo sobre la Reforma de la Justicia, en particular las págs. 123-127.


text:
    Licenciado Iván A. Ramos, notario

      Número: Q-340

      Resuelto: 23 de enero de 1976

      Iván A. Ramos, pro se y Jorge L. Górdova, abogado del notario.
   per CURIAM:

El 12 de agosto de 1975 se otorgó ante el nota-rio Iván A. Ramos la Escritura Núm. 90 sobre Cancelación de Hipoteca. En el hecho tercero de dicha escritura se hizo constar lo siguiente:

“TERCERO: El compareciente es el portador de los dos pa-garés a que se refiere el hecho inmediato anterior, cuyos pagarés me entrega, y yp, el Notario, procedo a cotejarlos cuidadosa-mente, identificándolos como los mismos pagarés a que se refieren las escrituras de hipoteca antes relacionadas y como es voluntad y deseo del compareciente el cancelar las dos hipotecas que ase-guran dichos pagarés, yo, el Notario, procedo a inutilizarlos tala-drándolos e imprimiendo varias veces sobre ellos la palabra ‘CANCELADOS’ con sello de goma y en tinta indeleble de lo cual DOY FE.”

El Inspector de Notarías investigó una queja debidamente jurada en la que se le imputó al notario Ramos que había fal-tado a la fe notarial al hacer constar en la mencionada es-critura, sin ser cierto, que le habían entregado ambos paga-rés y que los había inutilizado. El informe rendido por el Inspector de Notarías revela que cuando se otorgó la escri-tura Núm. 90 del 12 de agosto de 1975 el notario Ramos no tuvo ante sí uno de los pagarés a que se refiere el párrafo TERCERO antes transcrito, y por tales razones no pudo haber-lo cancelado, como dio fe de haberlo hecho, al momento del otor-gamiento, ya que este pagaré estaba en manos de una tercera persona.

En vista de lo anterior, concedimos al notario Ramos un término de 30 días para que mostrara causa, si alguna tuviere, por la cual no debía ser disciplinado. El notario Ramos compareció ante nos admitiendo que, en efecto, había faltado a la fe notarial al hacer constar un hecho falso. Arguye, sin embargo, que dio prematuramente fe de la cancela-ción por la dificultad en comunicarse con el acreedor y por la conveniencia para éste de que no se suspendiera una nego-ciación con una persona que prestaría los fondos con los cuales había de satisfacerse el pagaré. La explicación no nos convence.

El notario ejerce una función pública que reviste de autenticidad todos los actos en que él interviene. Es precisamente esta condición de certeza y confianza en sus actuaciones lo que le brinda eficacia y garantía al documento notarial. Por eso, es imprescindible que el notario observe ■la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial.

Al afirmar el notario Ramos en la mencionada escritura Núm. 90 un hecho que sabía falso, como lo era el de afirmar que se le había entregado el pagaré y que lo había inutilizado, constituye conducta censurable que socava la confianza en él depositada por la ley.

Se suspende al notario Iván A. Ramos del ejercicio de la notaría por un término de un año y se le impone una multa de $500.00 que deberá depositar en la Secretaría de este Tribunal en un plazo de diez días, a partir de la notifica-ción de esta resolución.

       Mediante la escritura Núm. 90 de 12 de agosto de 1975 se can-celaron dos pagarés. La queja aquí en cuestión se refiere al pagaré de $6,000.00 garantizado por hipoteca constituida en la escritura Núm. 43 de 12 de mayo de 1971 ante el notario Iván A. Ramos.