author: per curiam :

text:
    Miguel Nadal Fremaint y su Esposa Noelia Cintrón, demandantes y recurrentes, v. Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. y Ford Motor Co., demandados y recurridos:

      Número: R-72-97

      Resuelto: 17 de octubre de 1974

      José H. Picó y Francisco Ariel Avilés Rodríguez, abogados de los recurrentes; Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., y Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas y Manuel González Gierbolini, abogados de Ford Motor Company.
   per curiam :

En la opinión Per Curiam emitida por este Tribunal con fecha 12 de octubre de 1973, 101 D.P.R. 708 (1973), en el caso de epígrafe, revocamos la sentencia re-currida dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Jaime Frank Paganacci, Juez), de fecha 1 de marzo de 1972, por la cual declaró sin lugar la demanda, con costas, sin honorarios de abogado; y en su lugar dictamos sentencia declarando con lugar la demanda, condenando a Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. a reembolsar al recurrente el precio pagado por el vehículo ascendente a la suma de $4,200.00, más las costas y $500.00 de honorarios de abo-gado.

Dicha codemandada “Hull Dobbs” presentó moción de re-consideración de nuestra referida sentencia; por la cual nos pide que, por vía de reconsideración, se aclaren los términos de la sentencia dictada para que se conformen con la senten-cia en reconsideración dictada por este Tribunal el 17 de febrero de 1972 en el caso de Ramón Ferrer Delgado v. General Motors Corp. y otros, núm. R-70-34 (Ref. C.A. 72-8 (a)). Alega que en los autos hay una alegación específica en la demanda a los efectos de que Ford Motors Corp. es el fabricante del vehículo objeto de la controversia, cuya alega-ción aparece admitida por ambas partes demandadas en la conferencia con antelación al juicio; y que, por otro lado, quedó claro al iniciarse la vista del caso que la codemandada “Hull Dobbs” es un concesionario de la codemandada Ford Motors Corp., y que es ésta la que ofrece garantía sobre los vehículos fabricados por ella, y no los concesionarios. Alega además, que siendo ésta la situación del caso; y que despren-diéndose de la evidencia presentada “diligencias más que razo-nables” de la codemandada “Hull Dobbs” para reparar el ve-hículo, que era uno nuevo, también según la evidencia, no se justificaría una sentencia en su contra a la luz de la senten-cia en reconsideración dictada en el caso Ferrer Delgado, supra; en la cual se condenó en definitiva a la General Motors Corp., fabricante del vehículo, a satisfacer a los concesio-narios Vaillant Motors Corp. y Cabrera Hermanos, Inc., el importe de la sentencia dictada.

Sostiene además, que no se dispuso nada con relación a la depreciación de que ha sido objeto el vehículo por espacio de cuatro años que ha estado en poder de la parte demandante, bajo uso continuo; ni tampoco a los efectos de que la parte demandante viene obligada a entregar el vehículo a la code-mandada Ford Motors Corp., una vez satisfecha la sentencia, como se dispuso en la sentencia en reconsideración dictada en dicho caso de Ferrer Delgado, supra.

Por otro lado, sostiene que la sentencia debe ser reconside-rada por el fundamento de que la prueba que sirvió de bá-se para dictar la misma, está basada estrictamente en la de-claración del demandante Miguel Nadal Fremaint, en el sen-tido de que “. . . a pesar de los arreglos el vehículo no tenía la fuerza que debía tener, . . .”; y el demandante no presentó prueba sobre cuál es la fuerza normal que debe tener un ve-hículo objeto del litigio; y el mismo demandante admitió no ser perito mecánico.

Argumenta finalmente, que la codemandante Noelia Cin-tron declaró que, aparte de que el vehículo la dejó a pie en una ocasión al principio que lo compró, con posterioridad a eso en ninguna.otra ocasión el vehículo la había dejado a pie; y, por el contrario, lo había utilizado ininterrumpidamente hasta la fecha de la vista del caso en su fondo, para llevar a sus hijos a la escuela y para llevar a cabo su trabajo de decora-ción llevando en el vehículo lotes de tela, ganchos de cortinas, alfajías, taladros, equipo eléctrico para la instalación de cor-tinas y otras cosas.

Por todos dichos motivos, dicha codemandada “Hull Dobbs”, nos pide, en reconsideración: (1) que dejemos sin efecto la sentencia que dictamos y en su lugar se confirme la dictada en el tribunal de instancia; ó, (2) en la alternativa, que se modifique nuestra sentencia, a los efectos de que se condene a la codemandada Ford Motors Corp., fabricante del vehículo, a satisfacer directamente a la parte demandante el importe de la sentencia dictada por este Tribunal; (3) que se ordene, a su vez, que los demandantes restituyan la propiedad objeto del litigio a la codemandada Ford Motors Corp.; y (4) que se fije una partida razonable como depreciación del vehí-culo por el uso que al mismo le han dado los demandantes durante cuatro años y medio.

La codemandada Ford Motors Company, fabricante del vehículo, radicó una “Oposición a Moción de Reconsidera-ción”, oponiéndose a dicha moción de reconsideración, por en-tender que la decisión en el caso de Ferrer Delgado, supra, no es de aplicación al caso de autos. Argumenta que en la senten-cia, en reconsideración, en el caso de Ferrer Delgado, supra, este Tribunal declaró con lugar unas reclamaciones contra coparte instadas por las codemandadas Yaillant Motors Corp. y Cabrera Hermanos, Inc., contra la codemandada y fabri-cante del vehículo General Motors Corporation; y que el caso de autos es muy distinto, toda vez que la codemandada “Hull Dobbs” no radicó reclamación contra coparte en contra del fabricante del vehículo; y al contestar la demanda original dicha codemandada “Hull Dobbs” tampoco hizo alegación al-guna en contra del fabricante, a pesar de haber levantadas cinco defensas afirmativas en su contestación; y por el con-trario, sí existe una demanda contra coparte radicada por dicha Ford Motors Corporation contra “Hull Dobbs”, ale-gando que éste fue negligente en la reparación y el manteni-miento realizado en el vehículo de la parte demandante. A esta demanda contra coparte, “Hull Dobbs” únicamente contestó negando dicha alegación, pero tampoco hizo alegación alguna en contra del fabricante del vehículo; por lo cual alega que ahora no puede pedir que se modifique nuestra sentencia para responsabilizar únicamente al fabricante. Alega además, que de nuestra sentencia no se desprende que el automóvil objeto de la demanda tuviera un vicio o defecto de construcción que fuera atribuible al fabricante; y por el contrario, que la sen-tencia claramente expone que “Hull Dobbs”, a pesar de haber retenido el vehículo por casi dos meses, no hizo una repara-ción adecuada; y que tampoco procede responsabilizar al fabricante toda vez que no existe prueba en el récord que de-muestre que el vehículo no era susceptible de ser reparado; y la prueba pericial confirma lo contrario, o sea, que el vehí-culo podía ser reparado y fue reparado por “Hull Dobbs”. Alega también que, por otro lado, el récord demuestra que esta última no cumplió con su promesa de ponerle un motor nuevo al vehículo del demandante.

En la alternativa, Ford Motors Corporation, solicita a su vez que, reconsideremos nuestra sentencia; ya que contiene error al descartar en su totalidad la prueba pericial presen-tada por las codemandadas. Alega que dicha prueba presen-tada por voz del perito Eugenio Malpica, mecánico de 20 años de experiencia en los productos Ford y General Motors, fue a los efectos de que el vehículo fue reparado y quedó en perfectas condiciones de funcionamiento; y que ésto fue corroborado ampliamente por el testimonio de la propia codemandante Noelia Cintrón Ruíz de Nadal a los efectos de que ella había venido utilizando diariamente el vehículo en su trabajo du-rante los tres años anteriores al juicio y lo había venido uti-lizando precisamente para aquellas funciones para las cuales fue adquirido el mismo; y que constituiría un enriquecimiento injusto si al cabo de los años de haber estado disfrutando de la cosa comprada, se le devuelve el dinero pagado, más sus intereses, sin que él por su parte venga obligado a devolver la cosa tal y como la adquirió; o en su defecto, se conceda un crédito al vendedor por el uso y disfrute de la cosa por parte del comprador durante el tiempo en que éste estuvo bajo su posesión.

Los demandantes Miguel Nadal Fremaint y su esposa Noelia Cintrón radicaron una “Moción en Oposición a Moción de Reconsideración”, en la cual, en síntesis alegan; que no tienen objeción alguna a que se reconsidere la sentencia úni-camente en cuanto a que se ordene la restitución del vehículo objeto del litigio a la codemandada “Hull Dobbs” por los de-mandantes. En cuanto a las otras cuestiones planteadas por la moción de reconsideración de “Hull Dobbs”, entienden que son improcedentes en derecho.

Radicaron además, una “Moción Solicitando Enmienda a la Sentencia”, en la que solicitan que de conformidad con la Regla 44.4(e) de Procedimiento Civil procede que se condene a la parte demandada a pagar intereses sobre el principal de la demanda desde la radicación de la misma.

Comenzaremos por rechazar la solicitud de “Hull Dobbs” en el sentido de que dejemos sin efecto nuestra sentencia dictada el 12 de octubre de 1973, ya que la prueba claramente demostró que “a pesar de las reparaciones, el funcionamiento del vehículo era deficiente.” Lo que sí procede es que el recurrente entregue el vehículo objeto del presente litigio a “Hull Dobbs”. Así se dispuso en el caso de Ferrer Delgado, supra; y a ello se allanan todas las partes en el presente litigio.

Pasemos a reconsiderar ahora, la condena a “Hull Dobbs” únicamente, del precio pagado del automóvil ($4,200), más $500.00 de honorarios de abogados. A la luz de la transcrip-ción de evidencia y de los documentos que obran en autos, con-cluimos que al igual que en el caso de Ferrer Delgado, supra, el automóvil objeto del presente litigio fue vendido con vicios ocultos, por lo que surge una obligación de saneamiento, “La norma general es que incumbe a la parte vendedora reembol-sar el precio. Pero la acción también procede contra el fabri-cante, en virtud de la garantía expresa antes mencionada.”

En el caso ante nos, la parte demandante radicó su demanda tanto contra la vendedora del automóvil, “Hull Dobbs”, como contra el fabricante Ford Motor, por lo que procede que reconsideremos nuestra sentencia a los efectos de condenar a ambos a pagar al recurrente el precio pagado por el vehículo, ya que las dos recurridas son solidariamente responsables ante la parte recurrente. En nuestra sentencia original omitimos incluir a la otra demandada, o sea Ford Motor Company, quien también es solidariamente responsable al demandante. Eso mismo concluimos en nuestra Opinión en el caso de Ferrer Delgado, supra; sólo que en dicho caso dictamos una Sentencia en Reconsideración, ya que debido a que se trataba de un defecto o vicio oculto de fábrica, procedía declarar con lugar las demandas contra coparte radicadas por la vendedora y el distribuidor en contra del fabricante. Allí la vendedora descargó responsablemente su deber de poner en vigor la garantía del fabricante y envió a reparar el automóvil varias veces, pero el mismo no era susceptible de reparación debido al defecto de fábrica que adolecía. Es por ello qué condenamos al fabricante a pagar a las otras dos demandadas cualquier cantidad que en virtud de la sentencia se vieran obligados a pagar al dueño del vehículo.

En el caso ante nos, Ford Motor Company, al contestar la demanda, incluyó una Demanda Contra Coparte, y alegó qüe: “De ser ciertas las alegaciones hechas por la parte deman-dante en el sentido de que dicha Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. fue negligente en la reparación y mantenimiento realizado en el vehículo del demandante, dicha co-demandada debe responderle a la co-demandada Ford Motor Company de cualesquiera cantidades que. ésta viniere, a su vez, obligada a pagarle a los demandantes.”

De los autos originales del caso no surge que “Hull Dobbs” radicara a su vez, demanda contra coparte, contra Ford Motor.

Veamos si “Hull Dobbs” incurrió o no en responsabilidad al poner en vigor la garantía del fabricante. Cuando a las dos semanas de entregado el vehículo deja de funcionar, es llevado al taller de “Hull Dobbs” donde se le informa al demandante que le pondrían un motor nuevo. “A este respecto consta en el récord una carta dirigida por la recurrida al Better Business Bureau informándole que ya se había ordenado un motor nuevo. (Exh. 7 del demandante.) El vehículo estuvo en el taller de la recurrida por cerca de 50 días. No le cambiaron el motor sino que se le hizo una reparación sustancial cambiándole varias piezas.” De dicho Exhibit 7 del demandante surge que se ordenó un motor nuevo, que se recibió, pero que no se le instaló el mismo al automóvil. Es por ello que concluimos que “Hull Dobbs” fue negligente al dejar de cumplir con la garantía de fábrica como era debido. Al Sr. Nadal Fremaint se le ofreció un motor nuevo y no se le puso a su automóvil, por lo que el mismo nunca funcionó debidamente. Procede por tanto, declarar con lugar la demanda contra coparte radicada por Ford Motor Company.

Por último, pasaremos a considerar la alegación de las demandadas recurridas de que se fije una partida razonable como depreciación del vehículo por el uso que le han dado los demandantes. Igual alegación se nos hizo en el caso de Ferrer Delgado, supra, y no concedimos cantidad alguna por dicha reclamación. No hay ningún enriquecimiento de parte del demandante al recibir el precio del automóvil sin descontar su depreciación, ya que se vió obligado a continuar el uso del automóvil “por la sencilla razón de que no tenía recursos para adquirir otro. El récord revela las múltiples gestiones que él hizo con la recurrida y con la codemandada Ford Motor Company para rescindir el contrato. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles viéndose obligado a usar el vehículo en forma limitada. Es de notar que el recurrente presentó su demanda a los cinco meses de haber adquirido el vehículo y que durante ese tiempo la recurrida tuvo el vehículo en reparación por casi dos meses.” Bastante injusto resultó el tener que usar un automóvil defectuoso, luego de haber entregado a cambio el precio de compra, que fue usado por la vendedora a su mejor conveniencia. De haberle de-vuelto el dinero cuando el carro demostró ser defectuoso, hubiera podido el demandante adquirir uno parecido, nuevo y en perfectas condiciones; cosa que hoy día no podrá hacer con dicho dinero, debido al aumento en el valor de los auto-móviles.

Solicita el recurrente que se dé aplicación a la Regla 44.4 (e) de las de Procedimiento Civil, que lee así:

. “ (e) El Tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés legal desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y per-juicios, a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, las corporaciones públicas, o los mu-nicipios de Puerto Rico, disponiéndose que las disposiciones de este inciso solamente serán aplicables a las causas de acción que surgieren con posterioridad a la fecha de su aprobación (26 de mayo de 1967). — Enmendada en Mayo 26,1967, Núm. 68, p. 276, ef. Mayo 26, 1967. (Subrayado nuestro.) 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 44.4(e).”

No son de aplicación las disposiciones de dicha regla, al presente caso. No se trata aquí de un caso de cobro de dinero, ni de daños y perjuicios, sino de una acción de saneamiento por vicios ocultos. En casos como el presente, solamente se conceden daños y perjuicios cuando el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos. 31 L.P.R.A. 3844. Por lo tanto no procede que se concedan los intereses solicitados.

En mérito de lo antes expuesto, reconsideramos nuestra Sentencia de 12 de octubre de 197S, en el sentido de que tanto Ford Motor Company como “Hull Dobbs” son mancomunada y solidariamente responsables ante el demandante. Que una vez satisfecha la sentencia, procede que los demandantes entre-guen a “Hull Dobbs” el automóvil objeto de este litigio. En virtud de que declaramos con lugar la demanda contra coparte radicada por Ford Motor Company, procede que “Hull Dobbs” le pague a Ford Motor Company cualquier suma que en virtud de la sentencia del Tribunal, esta codemandada venga obli-gada a pagar al demandante.

Queda en todo vigor y efecto los demás pronunciamientos de la sentencia anterior.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, disiente de la parte de la opinión en que se declara con lugar la demanda contra coparte radicada por Ford Motor Company, ya que respetuosamente entiende que los hechos no son lo suficiente-mente claros para justificar dicha conclusión.

         En adelante la llamaremos “Hull Dobbs”.

       La sentencia original aparece reportada en 100 D.P.R. 246 (1971) (Rigau).

         Ferrer Delgado, supra, cita precisa a la pág. 257.

       Véase nuestro Per Curiam de 12 de octubre de 1973 en el presente caso y además la transcripción de evidencia, págs. 54-56.

       En este caso se tituló la demanda, ACCION CIVIL. “Carece de importancia alguna el título que un abogado de a sus alegaciones en el encabezamiento de las mismas, pues la determinación de la naturaleza o carácter de una alegación depende de su contenido, no de su encabeza-miento”. The Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D.P.R. 302 (1910).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    David Suárez Menéndez y Norma Nelly Negrón, demandantes y recurrentes, v. Flamingo Homes, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-74-266
    Resuelto: 17 de octubre de 1974

      Benicio Sánchez Castaño, Benicio Sánchez Rivera y Fausta G. Sánchez de Del Toro, abogados de los recurrentes; Agraii,

      Otero & Oliveras, abogados de la recurrida.
   per curiam :

El 15 de mayo de 1974, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia en el caso civil número 65-234, a favor de la parte demandante. Al otro día, 16 de mayo de 1974, se archivó en los autos del caso una copia de la notificación de la sentencia. El 30 de mayo de 1974, el demandante recurrente radicó una Moción de Reconsideración ante dicho tribunal. El 31 de mayo de 1974, el demandado se opuso a dicha Reconsideración. El tribunal de instancia decretó “NO HA LUGAR” a la Moción de Reconsideración el primero de julio de 1974, o sea, 46 días después del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia.

Partiendo del día 2 de julio de 1974, que es la fecha del archivo en autos de la. notificación del “NO HA LUGAR” a la Moción de Reconsideración, es que el recurrente cuenta los 30 días que le concede la Regla 53.1(b) de las de Procedi-miento Civil para radicar su recurso de revisión. El 5 de septiembre de 1974, dictamos una Resolución decretando “no ha lugar por falta de jurisdicción” en el presente caso. De dicha Resolución nos pide Reconsideración la parte recurrente y alega lo siguiente:

“Dicha Resolución, respetuosamente entendemos, es contra-ria a la jurisprudencia establecida en los casos de Marcano y Fernández citada por los recurrentes en su Moción de Oposi-ción y al caso de González vs. Lugo & Cía., 75 D.P.R. 502.

Si bien es cierto que transcurrieron 46 días para que el Hon. Tribunal decidiera la Moción de Reconsideración, la ver-dad es que si la decidió en-contra de los recurrentes, al así hacerlo el término de apelación quedó interrumpido.

Este Hon. Tribunal Superior ha resuelto que cuando una Corte le da curso a una Moción de Reconsideración, el término para apelar de la Sentencia dictada en el caso empieza a contar a partir de la fecha en que se archiva en autos por el Secretario del Tribunal copia de la notificación a la parte perdidora [sic] de la Resolución que en definitiva se dicte sobre tal moción. González v. Lugo & Cía., 75 D.P.R. 502.”

Nuestra Resolución no es contraria a los casos de Marcano v. Marcano, 60 D.P.R. 351 (1942), Luengo v. Fernández, 83 D.P.R. 636 (1961) y González v. Lugo & Cía., 75 D.P.R. 502 (1953). La regla en controversia lee así:

. “Regla 47. DE LA RECONSIDERACION
La parte agraviada por la sentencia o por una resolución podrá, dentro del término de 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, o dentro del término de 5 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, presentar una moción de reconsideración de la sen-tencia o de la resolución. El tribunal, dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para oir a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si señalare vista para oir a las partes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se ar-chiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del Tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.” 82 L.P.R.A. Ap. II, R. 47.

En el caso de Marcano, supra, se solicitó la reconside-ración en 4 de marzo y se señaló para ser vista el 7 de marzo. El 29 de marzo el tribunal de instancia resolvió declarar no ha lugar a la reconsideración. Este es un caso distinto al que tenemos ante nos, pues allí el tribunal actuó dentro de los 5 días que le concede la Regla, señalando la Moción para vista. Es claro que el término para apelar se interrumpió. El hecho de que allí dijéramos que el “término de 5 días dentro del cual la corte ‘deberá resolver’ la moción de re-consideración, no es un término fatal de carácter jurisdic-cional y sí puramente directivo,” no quiere decir que el tribunal de instancia podía actuar, ya bien sea señalando la moción o declarándola con lugar y sin lugar, luego de pasados los 30 días del archivo en autos de una copia de la notifica-ción de la sentencia, porque actuaría sin jurisdicción. Dijimos que no era un término jurisdiccional porque bien puede actuar sobre la moción después de pasados los 5 días, siempre y cuando no haya expirado el término de 30 días, que concede la Regla 53 de las de Procedimiento Civil para interponer una apelación o revisión. Así mismo lo expresamos en dicho caso, al decir en la pág. 353 que:

“De acuerdo con el citado artículo 292, si la corte inferior hubiese rechazado la moción de plano, dentro o fuera del tér-mino de cinco días, en ese caso el término de 30 días que los demandantes tenían para apelar (artículo 295 C. de E. C. y sección 2 ley de 9 de marzo de 1911) tendría que computarse desde la fecha del archivo de la notificación de la sentencia, tal y como si no se hubiese presentado moción alguna de recon-sideración. La parte que solicita la reconsideración lo hace a riesgo de perder su derecho de apelación, por expiración del término estatutario, si su moción es rechazada de plano por falta de méritos. Y su única protección contra tal riesgo es apelar a tiempo, sin esperar a que la corte actúe, rechazando de plano o señalando la moción, pues debe siempre tenerse pre-sente que el verdadero propósito del estatuto es evitar que se recurra a mociones de reconsideración frívolas y carentes de méritos, con el solo propósito de dilatar la ejecución de la sentencia.”

En el caso de Luengo, supra, “la sentencia se dictó el 8 de febrero de 1957 y la notificación fue archivada el día 19 siguiente, el demandado presentó una moción de reconside-ración el día 21 y se celebró una vista sobre ella el 8 de marzo. Ese mismo día, el tribunal dictó ‘no ha lugar’ a la moción de reconsideración y el próximo día 14 el demandado sometió su escrito de apelación y así privó al tribunal de su autoridad. sobre el pleitoObviamente en este caso el tribunal de instancia tenía jurisdicción para dictar el “no ha lugar”, pues se concedió una vista que interrumpió el término para apelar.

Por último, el caso de González v. Lugo & Cía., supra, es distinguible también del caso ante nos porque allí se dio curso (entertained) a la moción de reconsideración, ya que el Tribunal la señaló para vista antes de expirado el término de 30 días para radicar la apelación.

La controversia que tenemos ante nos, la aclaramos ante-riormente, en el caso de El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965), donde dijimos: “Sin embargo, opinamos ahora que una vez presentada en tiempo la moción de reconsideración, y resuelta por el Tribunal declarándola sin lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los 5 días de su presentación, el Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya si considera que en realidad la moción de reconsideración plantea una cuestión sustancial y meritoria y que en bien de la justicia debe señalar una vista para oir a las partes, siempre que ya no se le haya privado de jurisdicción por ra-zón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de revisión o no haya expirado el término para interponer dichos recursos.” (Bastardillas nuestras.)

Una vez presentada una moción de reconsideración, los tribunales pueden:

a) Dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, rechazarla de plano o señalar vista para oir a las partes. Actuar dentro de dichos 5 días, señalándola o dene-gándola, es lo ideal porque así las partes saben a qué ate-nerse. Se llama la atención a los secretarios de las dife-rentes salas del Tribunal de Primera Instancia, que deben dar estricto cumplimiento a la Regla 12.1 de las de Adminis-tración del Tribunal de Primera Instancia, que lee así:

“Regla 12.1. Sumisión de mociones de reconsideración al juez
' Cuando se radicare una moción solicitando la reconsidera-ción de una sentencia, orden o resolución, el secretario deberá dar cuenta de la misma al juez que la hubiere dictado, al juez que le sustituyere, o al juez administrador, a más tardar dentro de las 2í horas de su presentación.” (Bastardillas nuestras.) Práctica Forense Puertorriqueña, Tomo I, pág. 411.

b) Luego de pasados dichos 5 días, puede el tribunal señalar la moción para vista; o decretar “no ha lugar” o “con lugar”, siempre y cuando no haya pasado en exceso el término de 30 días del archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Si la señala para vista, el término de apelación o revisión se interrumpe.

En el caso ante nos, se radicó en tiempo la Moción de Reconsideración; el tribunal no hizo nada antes de que expirara el término de los 30 días, por lo tanto se entiende como rechazada de plano la moción y como no interpuso el recurrente su recurso en tiempo, no tenemos jurisdicción para ex-pedir el auto de revisión. El hecho de que el juez de instancia diera un “no ha lugar” a la moción de reconsideración, luego de pasado el término para apelar, no nos da jurisdicción, pues dicha actuación se llevó a cabo cuando el tribunal de instancia ya no tenía jurisdicción, sobre el presente caso. La situación sería la misma si transcurridos los 30 días, hubiera señalado la moción para vista, o la hubiera declarado con lugar. La sentencia ya era final e inapelable.

En mérito de lo antes expuesto, no ha lugar a la Moción de Reconsideración de la parte recurrente, de fecha 10 de septiembre de 197J.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, concurre con el resultado, sin opinión.

       Tomamos las fechas de la Moción de Reconsideración y de la Oposición, de la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción radi-cada por la recurrida el 14 de agosto de 1974.

       A la fecha en que resolvimos este caso estaba vigente el Art. 292 del- Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley Núm. 67 del 8 de mayo de 1937 (Leyes de 1937, pág. 199).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Gamalier Rosa c/p Gamy, (Gamalier Pérez Aldarondo), peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. José A. Bianchi, Juez, demandado.

      Número: O-74-156

      Resuelto: 17 de octubre de 1974

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del peti-cionario; Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Amé-rico Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del de-mandado.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Tras el juicio correspondiente se declaró culpable al peti-cionario de los cargos de venta, ocultación y transportación y la posesión y dominio de marihuana. Se le impuso la pena de diez a quince años de presidio en cada caso a cumplirse con-currentemente. Antes de dictarse sentencia el peticionario no hizo moción alguna para presentar prueba de circunstancias atenuantes bajo la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal. Apeló el convicto de la sentencia impuesta, la cual se con-firmó por este Tribunal el 26 de febrero de 1974 en el caso Cr-73-93. Se devolvió el mandato el 12 de marzo de 1974.

El 8 de abril de 1974 radicó el peticionario ante el tribunal sentenciador una solicitud de reducción de sentencia, pre-via la concesión de vista sobre el particular. No se expo-nían en la solicitud las razones para la petición. La solici-tud se declaró sin lugar. Contra tal resolución es que se in-voca el recurso de autos.

Alega el peticionario en su solicitud de certiorari que el Tribunal Superior cometió error al negarse a rebajar la sen-tencia bajo las disposiciones de las Reglas 171 y 185 (a) de las de Procedimiento Criminal, bien porque le amparaba un de-recho constitucional a ser oído previamente antes de poder resolverse su petición o bien porque el tribunal sentenciador abusó de su discreción al actuar de tal modo. Del alegato del peticionario ante nos es que surge que “la prueba que aportaría el peticionario y que estuvo impedido de presen-tar . . . surgió después de dictada la sentencia ... (y) con-sistía la prueba, en parte, de hechos relacionados con la-conducta ejemplar del peticionario mientras estuvo recluido en la Penitenciaría Estatal y actualmente en la Cárcel de Dis-trito de Aguadilla demostrativa de su rehabilitación . . .” (pág. 4). No se ha ilustrado a este Tribunal de qué otra prueba se trataba.

Nuestra Regla 171 proviene de los Arts. 320 y 321, hoy derogados, de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. secs. 962 y 963, que a su vez derivan de la legis-lación de California. El Art. 321 es un calco exacto de la Sec. 1204, West’s Anno. Calif. Code, Penal Code, 1970, vi-gente desde 1872 hasta 1971. El Art. 320, al que se refería el siguiente, leía así:

“Después de una confesión o veredicto de culpabilidad y siempre que se deje a discreción del tribunal la magnitud de la pena, el tribunal, a indicación verbal de cualquiera de las partes, de que hay circunstancias agravantes o atenuantes de la pena que pueden justamente ser tomadas en consideración, puede, a su arbitrio, oir brevemente esa indicación en el plazo que fije y dando aviso a la parte contraria, en la forma que estime conveniente.”

Estas antiquísimas disposiciones de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal se caracterizan por dos rasgos bási-cos, por tanto, si es que nos limitamos por el momento a la naturaleza de su semántica. En primer término, dichas dispo-siciones se refieren a todas luces a la etapa que media entre la convicción y la imposición de la pena. En segundo lugar, la ce-lebración de la vista se deja al arbitrio del tribunal. La Regla 171 se expresa en los mismos términos potestativos del Art. 320.

La lógica de diccionario no es de por sí suficiente, sin embargo, para resolver las controversias jurídicas. Debe éxaminarse la jurisprudencia, la doctrina y el contexto socio-histórico de las reglas en juego. Estos dos últimos factores afectan a menudo, a través de los delicados mecanismos.que rigen la evolución del derecho, con su precisión de estabili-dad y su necesidad también de crecimiento, el rumbo de la ju-risprudencia.

En Puerto Rico se ha resuelto que los Arts. 320 y 321 del Código de Enjuiciamiento Criminal exigían que si un acu-sado temía que una sentencia pudiese ser demasiado severa, tenía que proceder a solicitar la oportunidad de presentar prueba de atenuantes después del veredicto y antes de pronun-ciarse la sentencia. Pueblo v. Cristy, 9 D.P.R. 584, 586 (1905); Pueblo v. Brenes, 9 D.P.R. 559, 564 (1905) (el lenguaje en Brenes es un tanto ambiguo, pero se aclara al citársele como autoridad en Cristy); cf. Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967).

La norma de Cristy y Brenes halla sólido apoyo en la jurisprudencia de California sobre el estatuto de 1872. People v. Rudolph, 153 P. 721, 722 (Cal. 1915). En la juris-dicción federal no existe una regla concordante con la 171 nuestra, por lo que no es de ayuda acudir al análisis de dicha jurisprudencia sobre este punto.

La Regla 171 no se aparta, respecto a la materia bajo análisis, del patrón de los Arts. 320 y 321 del Código de Enjuiciamiento Criminal ni existe jurisprudencia local que le imparta un significado distinto. Dada su estrecha conexión con la Regla 185(a), la cual interpretamos que permite la presentación de prueba sobre circunstancias atenuantes, den-tro de los términos que en ella se especifican, después de dictada la sentencia, es innecesario por ahora discutir la doctrina o las realidades sociales subyacentes respecto a la cuestión mayor que ambas reglas envuelven, asunto al que nos referimos aquí más tarde.

En vista, por tanto, de que en el caso de autos se solicitó la rebaja de sentencia después de dictada la misma resolvemos que no es de aplicación en esta instancia la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal. No es procedente en consecuencia que nos pronunciemos sobre si la celebración de una vista bajo la Regla 171 representa un requisito constitucional.

En lo que concierne a la Regla 185(a), la solicitud de vista radicada por el peticionario se efectuó dentro de los sesenta días de haberse recibido el mandato, por lo que pro-cede examinar los planteamientos hechos al amparo de sus dis-posiciones.

La Regla 185(a) se basa en la Regla 35 federal, sin que exista diferencia alguna esencial en los términos de ambas. No hay jurisprudencia puertorriqueña al caso interpretativa de sus disposiciones, pero las mismas se han analizado en va-rias decisiones federales. En United States v. Krueger, 454 F.2d 1154 (5th Cir. 1972), por ejemplo, se enfrentó el tribunal a una situación análoga a la presente. El convicto en dicho caso solicitó la rebaja de su sentencia bajo la Regla 35, aduciendo como fundamento su buena conducta durante el plazo transcurrido de su encarcelamiento. El tribunal sen-tenciador declaró sin lugar su solicitud sin celebración de vista y en apelación se resolvió que el tribunal de instancia no abusó de su discreción al actuar de tal modo. Véanse: United States v. Sanders, 438 F.2d 344 (5th Cir. 1971); Gilinsky v. United States, 335 F.2d 914, 916-917 (9th Cir. 1964).

El problema no se ha decidido, sin embargo, de manera absolutamente terminante en la jurisdicción federal, depen-diendo usualmente la posición del tribunal de la situación de hechos con que se confronte. En United States v. Garrick, 399 F.2d 685 (4th Cir. 1968), por ejemplo se señaló que, si bien dentro de las circunstancias de dicho caso no tenía que haberse celebrado una vista, podría haber situaciones donde tal concesión no sólo sería apropiada sino necesa-ria. En algunos casos, sin embargo, se ha determinado que constituyó error dentro de las circunstancias especiales en-vueltas en ellos negar la vista solicitada. Jones v. United States, 327 F.2d 867 (D.C. Cir. 1963); United States v. Ginzburg, 398 F.2d 52 (3d Cir. 1968). Ningún caso ha deci-dido, no obstante, que la denegación de una vista bajo la Re-gla 35 constituye una violación del debido procedimiento de ley bajo la quinta o decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

En lo que concierne a escritos doctrinales sobre el tema, Wright es de opinión que, de ordinario, no es necesaria la concesión de una vista bajo la Regla 35, que el asunto es de orden discrecional. 2 Wright, Federal Practice and Procedure, págs. 570-571, sec. 586. El Juez Elmo B. Hunter considera, en su artículo Post Conviction Remedies, 50 F.R.D. 153, 154 (1971) que una moción bajo la Regla 35 es básicamente una solicitud de clemencia que depende de la discreción del juez. A su juicio, no constituye un requisito indispensable la ce-lebración de una vista para resolver la solicitud, pero debe concederse ésta si a la luz de las alegaciones y documentos sometidos al tribunal sentenciador ello aparenta ofrecer una mejor oportunidad de que se haga justicia.

Si ampliamos el radio de la investigación para examinar el modo inicial de enfocarse el problema de la presentación de atenuantes, su desarrollo y el índice de satisfacción o in-satisfacción, a la luz de las realidades actuales, con la re-gla vigente pueden observarse algunos datos de extremo interés que pueden ayudar a precisar los contornos de las normas ac-tuales en esta materia. En el derecho común no se reconocía derecho alguno a la presentación de atenuantes por la senci-lla razón, principalmente, de que todo delito grave aparejaba la pena de muerte. 4 W. Blackstone, Commentaries, 94-95, 205 206. Esta característica del derecho común continuó afectando la jurisprudencia en Estados Unidos aun mucho después que cambiaron en Inglaterra las circunstancias que originaron la doctrina. Notes, Procedural Due Process at Judicial Sentencing for Felony, 81 Harv. L. Rev. 821, 841, escolio 101 (1968).

En la actualidad, el tema de los remedios disponibles a un convicto es objeto de discusión intensa. Es parte, de hecho, de un problema mayor, cuyo tratamiento en el derecho de Estados Unidos ha provocado insatisfacción creciente: las deficiencias de que adolece todo el sistema vigente de imposi-ción de sentencias, así como el sistema de revisión de las sentencias criminales. Frankel, Marvin E., Criminal Sentences, Law Without Order, Hill and Wang, N.Y., 1973; National Center for State Courts, 1974, Proposal and Análisis of a Unitary System for Review of Criminal Judgments.

La posición de que el derecho a presentar atenuantes es un derecho constitucional no está huérfana de adeptos, Notes, Procedural Due Process at Judicial Sentencing for Felony, 81 Harv. L. Rev. 821, 842 (1968), aunque no existen decisiones norteamericanas que así lo sostengan. En lo que toca al modo en que se ha propuesto corregir la situación actual, sin embargo, debe observarse que en las normas preparadas bajo los auspicios del Colegio Americano de Abogados se recomienda específicamente que, de exigirse la dilucidación de cuestiones materiales de hecho, debe concedérsele una vista plenaria al convicto que solicite la rebaja de su sentencia. American Bar Association Project on Standards for Criminal Justice, Standards Relating to the Administration of Criminal Justice, 1974, Standards 4.5-4.6 (Post-Conviction Remedies); vide: Ibid., Standard 6.1 (Sentencing Alternatives and Procedures). Bajo la propuesta citada es muy dudoso, sin embargo, que la razón aducida por el peticionario en este caso constituya base para la concesión de remedio alguno. Ibid., Standard 2.1 (Post-Conviction Remedies).

En Inglaterra se ha adoptado recientemente un procedi-miento distinto. Allí el Parlamento ha autorizado al tribunal sentenciador a posponer hasta un plazo de seis meses el tér-mino para dictar sentencia con el fin de que el tribunal pueda considerar factores tales como la conducta del confinado des-pués de su convicción, el resarcimiento que haya efectuado de los daños ocasionados por él o cualquier cambio en sus circuns-tancias. El poder de posposición conferido es discrecional, sin embargo, especificándose las pautas que deben guiar su ejercicio. Criminal Justice Act 1972, c. 71, sec. 22, 42 Hals-bury’s Statutes of England (3a. ed.), 123.

En lo que respecta a la situación en Puerto Rico, las Reglas de Procedimiento Criminal se encuentran bajo activo estudio por una comisión de la Conferencia Judicial. No hemos recibido todavía las recomendaciones pertinentes sobre las reglas aquí envueltas.

En resumen, pertenece este caso a una zona del derecho en estado de plena ebullición. Existe insatisfacción con las normas vigentes. Está evolucionando la ley, pero privan diversos criterios sobre la dirección a seguirse. Apunta la posibilidad de que pueda eventualmente considerarse, al menos en determinadas circunstancias, que una solicitud de corrección de sentencia monta a la reclamación de un derecho constitucional, que exige la celebración de una vista, y no a una mera imploración de misericordia. Tal no es, sin embargo, como hemos visto, el derecho positivo norteamericano actual en situaciones de hecho parecidas o aún más favorables al convicto que la presente y es en la quinta enmienda a la Constitución de Estados Unidos que el peticionario exclusivamente apoya su argumento. Cf. Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 94 S.Ct. 2080, 42 L.W. 4693, 4694 (1974).

No estamos emitiendo juicio sobre si la denegación de una vista de atenuantes puede constituir en ciertos casos una violación del debido proceso de ley bajo la Constitución de Puerto Rico. La cláusula concernida deriva fundamentalmente de las que al efecto contiene la Constitución de Estados Uni-dos, pero debe recordarse que ocurre en un contexto más abar-cador, dadas las notables diferencias, en su raíz e impulso, entre la Carta de Derechos de una y otra constitución. No es el caso presente, sin embargo, el medio más apropiado para ex-presarnos definitivamente sobre tema de tal magnitud. El tribunal sentenciador tuvo ante sí tan sólo una solicitud general, sin especificación alguna de razones, para la concesión de una vista sobre atenuantes. Contrástese con la moción radicada en el caso parecido de United States v. Krueger, 454 F.2d 1154 (5th Cir. 1972), en la que se acompañaron hasta declara-ciones juradas de las autoridades penales sobre la conducta ejemplar del confinado y otra documentación en sostén de la solicitud. Los problemas constitucionales deben resolverse tan solo en un contexto de hechos concretos y definidos. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 583-584 (1958). El resumen realizado del rumbo del pensamiento actual sobre la naturaleza — dere-cho o privilegio — de las peticiones de vista de atenuantes antes o después de dictada la sentencia no revela, además, que una situación de hechos como la presente deba situarse por fuerza bajo el palio de la protección constitucional que algunos co-mentaristas consideran que debe exigirse. 81 Harv. L. Rev. 821, 842 (1968), supra.

Fuera de la cuestión constitucional, somos de opinión que en determinadas situaciones el tribunal sentenciador debe ejercer su discreción bajo la Regla 185(a) para oir al convicto sobre la prueba de atenuantes de que pueda disponer. United States v. Garrick, 399 F.2d 685, 686 (4th Cir. 1968). Del breve recuento que hemos hecho de la literatura sobre el particular se desprenden criterios utilizables para guiar dicha discreción. La situación en el caso de autos, sin embargo, no representa la muestra del abuso de discreción necesario para justificar la intervención de este Tribunal.

Se confirmará la resolución de que se recurre.

       Las Reglas 171 y 185(a) disponen:
      Regla 171. “El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o a la parte contraria, podrá oir, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agra-vantes a los fines de la imposición de la pena.”
      Regla 185(a) “El tribunal sentenciador podrá corregir una senten-cia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apela-ción, o dentro de los sesenta días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse reci-bido una orden denegando una solicitud de certiorari.”

       Examínese, para fines de comparación, la Regla 32(a) (1) federal. 2 Wright’s Federal Practice and Procedure, pág. 402, sec. 525 y Green v. United States, 365 U.S. 301, 304 (1961).


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Toribio Ledée Ramírez, acusado y apelante.

      Número: CR-73-78

      Resuelto: 17 de octubre de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Magda E. Haidar de Marti, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de tres violaciones en grado sub-siguiente a la Ley de Drogas de 1959, consistentes en la pose-sión, transportación y ocultación y venta de heroína por hechos alegadamente acaecidos en 25 de junio de 1970. 24 L.P.R.A. sec. 974z(2). Celebrado el juicio por tribunal de derecho, des-pués de haber renunciado a su derecho constitucional a juicio por jurado, el tribunal de instancia encontró al apelante culpable de las infracciones de “posesión” y “transportación y ocultación” de una droga narcótica por virtud de sentencia dictada en 18 de diciembre de 1970 y le absolvió de la imputa-ción de venta. No conforme con el fallo condenatorio apeló ante nos.

En apelación, se plantea como único error el que el tribu-na] a quo declaró culpable al apelante en los delitos de “pose-sión“ y “transportación u ocultación” alegando que se fundó “en prueba increíble que no rebate la presunción de inocencia que acompaña a todo acusado.” En otras palabras, se ataca en apelación la apreciación que de la prueba hizo el tribunal de instancia.

La única prueba testifical de cargo consistió en la declara-ción del policía Luis Sánchez Morales. Declaró el policía Sánchez, que el día 25 de junio de 1970, como a las 9:45 de la mañana, mientras se encontraba frente a la plaza pública de Guayama en traje de paisano, vio cerca de él al apelante, con dos individuos y una mujer. (T.E. págs. 5 y 10.) El policía observó al apelante hacerle una “señal” al grupo de personas mencionado, los que le siguieron a pie por la Calle Derkes hasta llegar a una residencia marcada con el número 108. La “señal” y el consiguiente movimiento de dichas personas despertaron la sospecha del policía quien decidió seguirlos. Al llegar el grupo a la mencionada residencia vio a los dos indi-viduos (que formaban parte del grupo) cruzar al otro lado de la calle y sentarse en la escalera de entrada de una casa o negocio que aparentaba estar abandonado o cerrado. (T.E. pág. 6.) El apelante y la mujer penetraron en el garaje de la residencia numerada 108, quedando la puerta del garaje totalmente abierta, mientras el policía se acercaba al garaje y se colocaba frente al mismo. (T.E. págs. 6, 13, 20.) La posi-ción o lugar en que se encontraba el policía Sánchez, según él mismo admite, resultaba ser de frente — cara a cara — a la mujer y el apelante dándole la espalda. Poco después el decla-rante cambió su posición moviéndose al lado izquierdo del garaje, hacia la esquina del garaje, “en forma de ángulo”. Al policía Sánchez situarse en la esquina del garaje logró obser-var a la mujer abrir su cartera y sacar dinero a la vez que el acusado, de espaldas al testigo, le entregaba un sobre blanco. El policía, creyendo que podía tratarse de una transacción de drogas, penetró súbitamente en el garaje; y acto seguido vio al acusado tirar un gotero con una aguja hipodérmica al aire que cayó sobre un “tablero” que allí había, y escapar por la puerta del garaje que daba acceso a la propia casa del ape-lante. Observó entonces a la mamá del apelante que salía al balcón de la casa. El policía no persiguió al acusado por temor de que se escapara la mujer, a quien detuvo, ocupándole la envoltura de papel que resultó contener heroína. También se incautó el policía Sánchez de la aguja hipodérmica con el gotero y una “chapita ahumada” que se encontraban en el “tablero” aludido. (T.E. pág. 8.) Atestó el policía Sánchez que no logró ocupar el dinero que estaba en manos del acusado por haber huido éste con el dinero. (T.E. pág. 24.) Declaró tam-bién que se encaminó a San Juan, al laboratorio, para que el contenido del sobre fuera analizado. (T.E. págs. 15, 25.) El apelante fue arrestado más tarde en el día por la policía de Guayama.

Aseguró el testigo que conocía al apelante hacía como 6 ó 7 años, que había estudiado con él en la “Vocacional” y además porque a menudo visitaba Guayama (T.E. pág. 4), y que le conocía por el sobrenombre de Papo. (T.E. pág. 5.) Manifestó que suponía que el acusado lo conocía ya que habían hablado y se habían visto en varias ocasiones. (T.E. págs. 11-12.) Dijo que la residencia número 108 pertenece al acusado. (T.E. págs. 11-12.) Declaró además que nunca había visto antes a la testigo Carmen Luz de Jesús Vázquez, quien fue la única testigo de la defensa y quien fue reconocida en corte por el policía Sánchez como la mujer arrestada por él en el garaje de la residencia número 108 en 25 de junio de 1970.

La testigo de la defensa admitió ser la mujer arrestada por el policía Sánchez en relación con los hechos relatados. Esta se había declarado culpable de los cargos de “posesión” y “transportación u ocultación” de una droga narcótica en rela-ción con los mismos hechos imputados al apelante, y había declarado a favor de éste en la vista preliminar celebrádale a este último. Declaró la testigo que había llegado de Brooklyn, donde nació y fue criada, unos días antes de la ocurrencia de los hechos en este caso; que ese día ella iba por la plaza acom-pañada de su hermano y su sobrino; que éstos reconocieron allí al individuo que les había vendido anteriormente unas bol-sas que en lugar de heroína contenían sal; que se dirigió a dicho individuo y le acompañó al garaje aludido en la fecha de los hechos en relación con una transacción de drogas; pero negó que el individuo aludido que estuvo allí con ella en esa fecha fuera el acusado apelante. (T.E. págs. 30, 31, 32, 35, 42.) Describió al “muchacho” en cuestión que estuvo con ella en el lugar de los hechos, como “más trigueño”, “de más pelo”, “más alto”, y “un poco más delgado” que el acusado-apelante. (T.E. pág. 35.) Admitió también la testigo ser adicta a drogas. (T.E. pág. 33.)

Examinada la transcripción de las declaraciones del testigo de cargo, así como la de la testigo de defensa a quien el tribunal sentenciador no dio crédito alguno, a la luz de la norma reiterada por este Tribunal de respetar la apreciación justiciera que hagan los jueces de instancia de la prueba a ellos sometida, concluimos que no se cometió el error que impugna la prueba de cargo por el fundamento de ser increíble. El tribunal dirimió el conflicto de prueba en contra del apelante.

En un “señalamiento adicional” el apelante reclama el alivio de sus sentencias en virtud del artículo 602(a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2602(a) (en ocasiones denominada “la nueva Ley de Sustancias Con-troladas”).

Se trata de convicciones por los delitos de “posesión” y “transportación u ocultación” de heroína en grado subsi-guiente bajo la Ley de Narcóticos de 1959 (24 L.P.R.A. sees. 973, 974z(2).

Por estar el caso de autos pendiente de resolución ante nos en grado de apelación a la fecha en que entraron en vigor las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas que aquí se invocan (Arts. 404(a) y 602(a)) debemos investigar si ésta comprende delitos similares a los de “posesión” y “transporta-ción u ocultación” por los que fue convicto el apelante bajo la anterior Ley de Narcóticos y si los mismos aparejan penalida-des menores a las dispuestas por dicha ley anterior. En Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974), dijimos que la See. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, al referirse al simple poseedor, comprende e incluye en su sanción penal los actos punibles de “posesión” y de “transportación u ocultación” cuando este último acto no es más que la “posesión en movi-miento” de aquel que oculta y transporta la sustancia contro-lada sobre su persona de un sitio a otro. Sin embargo, dicha nueva ley establece el acto de “transportar u ocultar” como delito separado en relación con el fabricante o traficante que, como parte de su comercio ilegal, realice tales actos. Véase 24 L.P.R.A. sec. 2401 (a) (1), (a) (2).

No tiene consecuencia jurídica de importancia, para propósitos de la cuestión que examinamos, la circunstancia de que el calificativo de “subsiguiente” bajo la anterior Ley de Narcóticos y el de la nueva Ley de Sustancias Controladas no sean similares. La Ley de Narcóticos de 1959 específicamente disponía que la alegación de subsiguiente procedía en aquellos casos en que el acusado hubiere sido “previamente convicto por violar cualesquiera de las disposiciones de este capítulo o de las leyes que por este capítulo se derogan, así como las leyes sobre narcóticos de los Estados Unidos o sus estados y territorios.” 24 L.P.R.A. sec. 975d. En el presente caso el apelante había sido convicto previamente bajo una ley federal de narcóticos. En contraste con la Ley de Narcóticos de 1959, la nueva Ley de Sustancias Controladas no contiene una disposición de carácter general sobre los delitos subsiguientes; sino que la Ley vigente trata de manera singular el grado subsiguiente en los delitos que la misma establece, dependiendo del delito en cuestión. La disparidad es aún más evidente en el delito de posesión, que es el que nos ocupa, pues el calificativo de subsi-guiente sólo se refiere a “convicciones previas, que sean firmes, bajo este inciso”. 24 L.P.R.A. sec. 2404 (a).

Tal desemejanza en el concepto de “reincidencia” entre la Ley de Narcóticos de 1959 y la nueva Ley de Sustancias Controladas no debe provocar el despojo al apelante de los beneficios de la mitigación de penas que permite el Art. 602 (a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2602(a), conjuntamente con el Art. 608, en su disposición transitoria. Las violaciones de la Ley de Narcóticos de 1959 por las cuales se procesó al apelante son semejantes al delito de posesión tipificado en la vigente Ley de Sustancias Controladas, Pueblo v. Rosario Cintrón, supra. En innumerables ocasiones hemos afirmado que la alegación de subsiguiente no constituye la imputación de un delito en sí, ni altera en forma alguna los elementos constitutivos del delito o delitos imputados. Ella se hace con el propósito único de que al acusado se le imponga la pena más severa fijada por el estatuto. Pueblo v. Santiago Padilla, 100 D.P.R. 782 (1972), cita precisa a la pág. 785; Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966), cita precisa pág. 152; Pueblo v. Cabán Rosa, 92 D.P.R. 866 (1965),cita precisa a la pág.872; Sánchez v. Angeli, 80 D.P.R. 154 (1957), cita precisa a la pág. 155; González v. Rivera, Jefe Penitenciaría, 71 D.P.R. 786 (1950), cita precisa a la pág. 787; Pueblo v. Cancio, 53 D.P.R. 547 (1938), cita precisa a la pág. 549.

Reconocida la similaridad entre los delitos por los cuales fue encausado el apelante — posesión y transportación y ocultación de heroína en grado subsiguiente — bajo la Ley de Narcóticos de 1959 y el delito de posesión de sustancias controladas estatuido en el Art. 404(a) de la vigente Ley de Sustancias Controladas, sólo nos quedaría determinar si las sanciones provistas para el infractor reincidente del Art. 404 (a) son más benignas que las penalidades prevenidas por la Ley de 1959 para los delitos de posesión y transportación u ocultación en grado subsiguiente. La respuesta es en la afir-mativa. La pena para el reincidente bajo la Ley de 1959 era de 10 a 40 años con multa opcional hasta $20,000.00 (24 L.P.R.A. secs. 974dd, 974z(2)); mientras que la penalidad bajo la nueva Ley de Sustancias Controladas para el subsi-guiente en posesión para consumo propio es de 2 a 6 años de prisión con multa opcional hasta $10,000 (24 L.P.R.A. sec. 2404 (a)) hasta el 31 de mayo de 1972.

Nuestra misión judicial en este caso no termina aquí pues para darle eficacia real y completa a nuestra delicada y fundamental función de dispensar justicia y reconocer derechos, debemos investigar si el apelante es acreedor a las penalidades originales del Art. 404 (a).

Cuando se aprueba la Ley de Sustancias Controladas en 23 de junio de 1971 se estatuye, entre otros, el delito de posesión para consumo propio en el Art. 404(a), disponiéndose una penalidad de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa opcio-nal que no podía exceder de $5,000. Si el infractor reincidía en el mismo delito podía ser castigado con una pena mínima de dos (2) años y máxima de seis (6) años de reclusión peniten-ciaria y multa discrecional hasta $10,000. Ya formaba parte de ese cuerpo legal en 1971 la lenificación de penas permitida por los Arts. 602 (a) y 608, en su “disposición transitoria”.

El 31 de mayo de 1972 se enmiendan algunas disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, entre ellas los Arts. 404 y 608. La enmienda al Art. 404 consistió sustancialmente en la exclusión del elemento de intención específica de “consumo propio” del delito tipificado en el Art. 404 y en el encrudeci-miento de la pena, incrementándola a una máxima de 5 años con el mínimo de 1 año y multa opcional hasta $5,000.00 para la primera convicción y a un mínimo de dos años y máximo de diez años con multa discrecional hasta $10,000 para las subsi-guientes convicciones por el mismo delito. La enmendación del Art. 608 se limitó fundamentalmente a la “disposición transi-toria”, conservando el propósito leniente establecido en la “dis-posición transitoria” original para los infractores del Art. 404 según enmendado. Ley Núm. 64 del 31 de mayo de 1972, Leyes de Puerto Rico, 4a. Sesión Ordinaria — 6a. Asamblea— pág. 142.

Toda vez que este caso estaba pendiente ante nos en 23 de junio de 1971, fecha en que entró en vigor el Art. 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas, por virtud de la cual se establece una sanción penal para reincidentes de 2 a 6 años de prisión por posesión para consumo propio, y no habiéndose probado por el fiscal que la posesión del apelante era como una gestión incidental al comercio o actividad ilegal de la sustancia controlada, prohibida por el Art. 401, debe favorecerle la mencionada penalidad de 2 a 6 años de prisión.

Se confirmará el dictamen de culpabilidad del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que se resentencie al apelante bajo el Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Conr troladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(a), conforme lo expuesto en esta opinión.

       El Art. 602(a) de la nueva Ley de Sustancias Controladas dispone lo siguiente: “Las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes derogadas por este Capítulo, que ocurra con ante-rioridad a la fecha de vigencia del mismo se seguirá tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la susodicha violación. Si la viola-ción por la cual se ha acusado es similar a las que se incluyen en este Capi-tulo, se aplicarán las penalidades dispuestas por este Capítulo, si éstas son menores que las penalidades bajo la legislación anterior.” (Énfasis suplido.) 24 L.P.R.A. sec. 2602(a).
      El Art. 608, en su “disposición transitoria” también representa, los anhelos de lenidad del legislador puertorriqueño, al proveer, en lo que es aquí pertinente: “Las disposiciones del inciso (b) del Artículo 404 de esta ley y las penalidades prescritas en el inciso (a) de dicho Artículo 404, serán aplicables y beneficiarán a toda persona que, a partir de la fecha de vigen-cia de dicho artículo sea convicta de ilegalmente poseer cualquier sustancia controlada aun cuando la acusación, en su caso, hubiere sido radicada al amparo de legislación anterior.”

       Pueden verse: 24 L.P.R.A. secs. 2401(b) (1) (A), 2405(b), 2413.

       A1 apelante se le condenó a cumplir concurrentemente de 10 a 15 años de presidio con trabajos forzados.

       La “disposición transitoria” original del Art. 608 proveía, en su parte pertinente, que las disposiciones y penalidades de los incisos (a) y (b) del Art. 404 “serán aplicables y beneficiarán a toda persona que, a partir de la fecha de vigencia de dicho artículo sea convicta de ilegal-mente poseer cualquier sustancia controlada para consumo propio, aun cuando la acusación, en su caso, hubiere sido radicada al amparo de legis-lación anterior. (Énfasis suplido.)

       Véase escolio (1).


author: PER curiam:

text:
      In re Luis A. Rivera Lacourt

      Número: 2122

      Resuelto: 18 de octubre de 1974

      Luis A. Rivera Lacourt, pro se.

   PER curiam:

En 3 de mayo de 1974 expedimos una orden para mostrar causa que lee como sigue:

“Se concede al Notario Público Ledo. Luis A. Rivera La-court un término de treinta (30) días, a partir de la fecha de la notificación de esta Resolución, para que muestre causa por la cual no debe ser separado del ejercicio del notariado, conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto de la See. 1038 del Título 4 de L.P.R.A., por su inobservancia de la See. 26 de la Ley Notarial de Puerto Rico (4 L.P.R.A., Sec. 1026) al no rendir a su debido tiempo los índices notariales correspondientes a los períodos que aparecen de los memorandos sometidos por el Inspector de Protocolos, Ledo. José R. Seda y el Director de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris de fechas 14 de enero de 1974 y 1ro. de abril de 1974; así como al incumplimiento a su debido tiempo con la orden de 23 de abril de 1974 expedida por el Hon. Ramón Negrón Soto, Juez Administrador del Tribunal Superior, Sala de San Juan y por las múltiples violaciones de la Ley Notarial de Puerto Rico señaladas en los referidos memorandos.
El Secretario notificará a dicho notario con copia de esta Resolución y además con copias de los referidos informes del Director y del Inspector de Protocolos, y de la mencionada orden del Juez Negrón Soto.”

A petición del notario Rivera Laeourt le concedimos una prórroga hasta el 10 de julio para dar cumplimiento a dicha orden. En 12 de agosto de 1974 el Director de Inspección de Notarías informó a este Tribunal que dicho notario no había cumplido con lo ordenado. Posteriormente, también a petición del notario, le concedimos dos prórrogas adicionales, la última de las cuales venció el 30 de septiembre de este año. A la fecha de hoy 18 de octubre de 1974 el notario tampoco ha cumplido con nuestra mencionada orden de 3 de mayo.

En vista de lo anterior, el Tribunal separará de la práctica del notariado al notario Luis A. Rivera Laeourt. El Alguacil de este Tribunal se incautará de los protocolos y registros de affidavits de dicho notario.


text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida y Natalio Bayonet Jiménez, obrero occiso.

      Número: O-74-119

      Resuelto: 18 de octubre de 1974

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y Antonio Allende Calderón, abogados del recurrente; Jorge de la Cruz Figueroa, abogado de los beneficiarios del obrero occiso.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El doctor Natalio Bayonet Jiménez era Director Médico y Cirujano Médico del Fondo del Seguro del Estado. Le dedicó la mayor parte de su vida profesional — veintidós años — a dicha institución. Era alcohólico. Su condición mejoró al cesar su trabajo en el Fondo por un tiempo, pero más tarde volvió a agravarse su enfermedad. Laboraba mucho, no obstante, a menudo en adición al horario regular. Estaba bajo trata-miento psiquiátrico por razón de su enfermedad desde 1952 hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 7 de junio de 1963. Se le recetaban tranquilizantes y barbitúricos para aliviarle las presiones en su trabajo que lo llevaban a excederse y le causaban insomnio muchas veces.

El doctor Bayonet regresó a su casa en estado de embria-guez a las dos y media de la mañana del día de su muerte. Había estado bebiendo en una comida no relacionada con las funciones de su cargo. A las seis de la mañana lo encontró inconsciente su esposa en el suelo de su habitación. Se le tras-ladó a un hospital y poco después murió. Según la autopsia, la muerte se debió a una intoxicación aguda, causada por una acción combinada de alcohol etílico y seconal. El análisis toxi-cológico reveló una cifra de alcohol en la sangre de 0.14% por peso y positivo de gran cantidad de barbiturates, equivalente a 9 x 100 mg. cápsulas de seconal ingeridas.

El 1 de abril de 1965, el Administrador del Fondo resolvió que la muerte del doctor Bayonet se debió a causas ajenas al empleo. En sus resoluciones de 11 de diciembre de 1972 y 7 de marzo de 1974 (la segunda se emite tras la radicación de moción de reconsideración por el Fondo), la Comisión Industrial revocó al Administrador. El Administrador interpuso recurso de revisión ante nos en el que alega que se cometieron dos errores: al determinarse que hay derecho a compensación en este caso cuando el mismo está exceptuado por el Art. 4 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 5; y al resolver la Comisión que ocurrió un accidente del tra-bajo bajo el artículo dos de la referida ley, 11 L.P.R.A. see. 2.

I

El Art. 4 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 5, dispone:

“No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consiguiente, derecho a compensación al obrero o empleado o a sus beneficiarios de acuerdo con esta ley los que ocurran en las siguientes circunstancias.
2. Estando el obrero o empleado embriagado, siempre que la embriaguez fuere la causa del accidente.”

A fin de comenzar a precisar el sentido de esta defensa veamos primeramente las circunstancias que provocaron su establecimiento en Puerto Rico.

Nuestra primera Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo fue la Ley Núm. 19 de 13 de abril de 1916. Su Art. seis, equivalente al citado, utilizaba un lenguaje distinto al de la ley actual, negándose compensación “2. Cuando la embriaguez del obrero al tiempo del accidente haya sido la causa próxima de la lesión.” El lenguaje de la ley vigente aparece por primera vez en su forma exacta actual en el Art. cuarto de la Ley Núm. 10 de 25 de febrero de 1918.

Ambas leyes se producen cuando el debate en Estados Unidos sobre la deseabilidad de prohibir la fabricación y venta de bebidas alcohólicas estaba en su apogeo. Se recordará que la Enmienda XVIII a la Constitución de Estados Unidos se propone por el Congreso a los estados el 19 de diciembre de 1917 y se proclama formalmente el 29 de enero de 1919. Véase la nota al texto derogado de la Enmienda XVIII en U.S.C.A. Puerto Rico, de hecho, se anticipó a la acción federal, al cele-brarse, junto a las elecciones generales de julio de 1917, el plebiscito que sobre el particular ordenó el párrafo 20 del Art. 2 de la Ley Orgánica. Véase el Art. 15 de la Res. Conj. Núm. 5 de 12 de abril de 1917.

Al concluir este episodio de la historia estadounidense y de la puertorriqueña, sin embargo, y con el desarrollo de nuevos conceptos respecto al alcoholismo, la defensa de intoxicación se fue interpretando en modo cada vez más restrictivo. Ya es doctrina general, por ejemplo, que el peso de establecer los diversos elementos de la defensa, incluyendo el grado reque-rido de causalidad, recae en el patrono. Larson, Arthur: Intoxication as a Defense in Workmen’s Compensation, 59 Cornell L. Rev. 398, 406 (1974). 6 Schneider, Workmen’s Compensation, pág. 15, 3rd ed., 1973 Supp. Cuando existe un conflicto en la evidencia es regla general también que la ebrie-dad no puede considerarse causa del accidente. Larson, loe. cit.

Al presente, treinta y seis estados conservan esta defensa como parte de su legislación respecto a compensación por accidentes del trabajo y tres permiten su utilización para mitigar el laudo. Larson, op. cit., 405 et seq. Hay tres tipos de estatuto: los que permiten la defensa, sin referencia alguna al factor de causalidad; los que exigen que la intoxicación sea la causa próxima del accidente; y los que requieren que ella sea la única causa. Ibid. Larson, por ejemplo, op. cit. 407, equipara los estatutos que se refieren a accidentes “causados por” intoxicación a las leyes del segundo tipo, referentes a causa próxima. Del otro lado, otras autoridades estiman que “causa próxima” y “única causa” son términos equivalentes. Kulinka v. Flockhart Foundry Co., 75 A.2d 557 (N.J. 1950). Esta decisión se ha considerado como representativa del grueso de las autoridades sobre el hecho de que la intoxicación no debe constituir una barrera a la compensación del obrero, a menos que se demuestre que constituyó la única causa de su lesión o muerte. Nota, Workmen’s Compensation — Recent Important Cases, 6 NACCAL.J. 96-97 (1950).

De uno u otro modo, los dos últimos tipos de estatuto se han interpretado con extremo rigor, en especial los segundos. Véase, respecto al primero: Haller Bev. Corp. v. Department of Indus. Labor and Human Relations, 181 N.W.2d 418 (Wis. 1970), en que un vendedor de licores, con un nivel de alcohol en la sangre de 0.29%, falleció al cruzar su automóvil al lado contrario de la carretera y estrellarse contra un puente. Sobre los segundos, aún más estrictos, ha habido pocas decisiones en que se ha invocado con éxito la defensa. Larson, op. cit., 411 et seq. Para algunos ejemplos, de los muchos existentes, de derrota de la defensa, examínense: Jones Truck Lines, Inc. v. Letsch, 436 S.W.2d 282 (Ark. 1969) (accidente causado por alcohol combinado con píldoras recetadas por un médico para aliviar una dolencia proveniente de otra lesión); May v. Accident & Cas. Ins. Co., 95 N.Y.S.2d 687 (1950) (mortal caída por escaleras con 0.34% de alcohol en la sangre); Smith v. Pinkerton National Detective Agency, 163 N.Y.S.2d 442 (1957) (muerte accidental de celador; 0.32% en la sangre; se le había prohibido expresamente ingerir bebidas alcohólicas en sus horas de empleo); Barrett v. Al Charyn, Inc., 214 N.Y.S.2d 533, confirmado, 227 N.Y.S.2d 673 (1962) (muerte por acción combinada de intoxicación alcohólica y asfixia por gases emanados de un calentador). Concluye Larson, op. cit., 417, su análisis de la defensa afirmando:

“. . . Hasta el punto en que haya pie para la interpretación judicial de estos estatutos, los tribunales ordinariamente limi-tarán la defensa (aunque no invariablemente) hasta donde las palabras lo permitan. Esto está de acuerdo con el espíritu que permea la ley de compensación a obreros y su administración, que minimiza el elemento de culpa por parte del empleado y le imparte el máximo peso al elemento de proteger la seguridad y las familias de todos los trabajadores, incluyendo a los justos y a los injustos, a los merecedores y no merecedores, a los pru-dentes y a los negligentes — y hasta a los sobrios y menos so-brios.”

En Puerto Eico, como hemos indicado, se descartó el con-cepto de causa próxima. Nuestro estatuto no cabe ciertamente dentro del primer tipo aludido, ya que continuó reteniendo el requisito de causalidad. Puede estimarse, en consecuencia, más a tono con la intención legislativa, así como con la evolución general del derecho sobre compensación a obreros y con el tra-tamiento de esta defensa, que es más razonable equiparar nuestra ley a la tercera modalidad mencionada de estatutos, la que requiere para su empleo eficaz que la intoxicación haya sido la única causa de la muerte. Debe señalarse en este sen-tido que no hemos hallado caso alguno ante este Tribunal en que la defensa se haya planteado con éxito. Las decisiones han sido escasísimas. El único caso donde se discute la natura-leza de la defensa, y esto en una opinión disidente, ya que el litigio se resolvió a base de otros principios, expresó de hecho lo siguiente:

“Para que la anterior defensa pueda prosperar, el patrono tiene que mostrar, por la preponderancia de la prueba, que la lesión del obrero fue ocasionada únicamente por su intoxica-ción.” (Bastardillas nuestras.) Hernández López v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 1001, 1008 (1972).

Resolvemos que nuestro estatuto requiere prueba de que la intoxicación fue la causa única de la lesión, pero no es necesario pronunciarnos ulteriormente sobre el vital problema de la causalidad en esta parte de la opinión, dadas las conclusiones a que llegamos en su segunda parte.

Valga aclarar, no obstante, que al adoptarse en Puerto Rico la posición señalada ello no significaría que se estaría privando a la defensa de intoxicación de todo significado. En adición al escollo que representa el establecimiento de la nece-saria causalidad, es posible, además, que bajo determinadas circunstancias la embriaguez constituya un abandono del em-pleo por parte del obrero que impida la compensación. Larson, Arthur: Intoxication as a Defense in Workmen’s Compensation, 59 Cornell L. Rev. 398, 403 (1974).

II

Debe examinarse ahora, sin embargo, si el empleado con-cernido falleció a causa de una lesión por accidente del trabajo o de una enfermedad derivada de su ocupación, según los tér-minos y requisitos de la Ley. 11 L.P.R.A. sec. 2, párrafo 1. También aquí el derecho ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Por mucho tiempo la doctrina tradicional requirió para determinar que había ocurrido un accidente la existencia de un suceso inesperado y súbito, en lugar y fecha definidos. También se distinguía entre las lesiones causadas por accidente y las ocasionadas por enfermedad, aunque el significado del término “lesión” (injury en la versión inglesa de la ley-presente, Art. 3 de la -Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, derivada de fuentes norteamericanas) no se entendía inicialmente en su alcance actual.

Tanto el concepto de “accidente” como el de “enfermedad” se han expandido considerablemente. Según señala Larson, “El derecho de compensación a obreros se ha desarrollado mucho desde los tiempos en que algunos tribunales aparentemente pensaban que los términos Accidente’ y ‘enfermedad’ se excluían mutuamente. . . .” (Traducción nuestra.) 1A Larson’s Workmen’s Compensation Law, pág. 7-6, sec. 37.30, 1973. La diferéncia, de hecho, entre estas dos palabras en Estados Unidos está perdiendo gradualmente su importancia, concediéndose compensación frecuentemente sin especificar la categoría a que pertenece la lesión. Op. cit., sec. 41.31, pág. 7-262. El vocablo “lesión” se ha ampliado igualmente para incluir no sólo daños físicos sino emocionales. Op. cit., secs. 38.65 y 42.00 et seq. El problema se está reduciendo claramente a la cuestión de probar que existe una relación causal entre la lesión y el empleo.

El cambio experimentado en el análisis por la jurispruden-cia del impacto de especificar o no en una tabla estatutaria de enfermedades determinada dolencia es también de interés para el caso que nos ocupa. Siguiendo el ejemplo de Nueva York, el primer estado que confeccionó, en 1920, una tabla de este tipo, en Puerto Rico se adoptó el sistema cinco años más tarde. Véanse las leyes Núm. 102 de 1 de setiembre de 1925 y Núm. 85 de 14 de mayo de 1928, donde por primera vez aparece una lista de enfermedades en modo análogo al pre-sente. La inclinación general antigua era a no conceder com-pensación en el caso de enfermedades no incluidas en la tabla. La tendencia actual es diametralmente opuesta, utilizándose en ciertos estados el método de proveer una cubierta más am-plia o, como en el caso del propio Nueva York y otras jurisdic-ciones, conservando. la lista, pero dictaminándose que no ex-cluye, otras enfermedades. 1A Larson, op. cit., págs. .7-260-1, sec. 41.20. Es importante señalar en este sentido que Larson cataloga a Puerto Rico entre, las jurisdicciones que cuentan con el sistema más abarcador de compensación a obreros. Ibid., 7-257-8.

Pueden añadirse ejemplos de alteraciones profundas en este campo del derecho de impacto directo en el caso ante nos, pero examinemos lo sucedido en nuestra propia jurisprudencia, lo que de por sí nos ofrece las guías para resolver el asunto bajo estudio en esta sección. Según ocurrió en muchas otras jurisdicciones, nosotros también nos inclinamos entendible-mente, hace años a trazar una línea tajante entre las voces “accidente” y “enfermedad” y a resolver que si una enferme-dad no se mencionaba en la tabla estatutaria no era compen-sable. Vda. de Salazar v. Admor. Fondo del Estado, 76 D.P.R. 108 (1954); Vélez v. Comisión Industrial, 79 D.P.R. 282 (1956). Esta doctrina fue perdiendo terreno rápidamente, sin embargo, según sucedió en otros sitios. Ya en Atiles v. Comisión Industrial, 69 D.P.R. 630 (1949), por decisión de tres a dos, abandonada al cambiar la integración del Tribunal, se había anticipado de hecho la tendencia futura, resolviéndose que era compensable el asma agravada por la aspiración de humo, polvo y gases, a pesar de que dicha enfermedad no se mencionaba en la tabla de compensación.

En Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298 (1962), se socavan seriamente los cimientos de Salazar, labor que se continuó en Hernández Nieves v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340 (1964), al amparo de legislación posterior, así como en Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196 (1961), y que prácticamente se completó en Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 658 (1972).

Mas si accidentado ha sido el curso de nuestra jurispru-dencia al decir lo que debe entenderse por “enfermedad”, muy enfermizo es a su vez el estado de la vieja definición de “acci-dente”. La venerable doctrina del esfuerzo extraordinario, por ejemplo, parte consagrada por años de nuestra jurispru-dencia, fue repudiada expresamente en Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298, 305 (1962). Y, res-pecto al significado de la voz “accidente”, se afirmó por este Tribunal hace diez años que “el concepto más evolucionado hoy imperante del accidente del trabajo ... ya no descansa necesaria y únicamente en la existencia de aquel evento ex-terno, súbito e imprevisto en el curso del empleo capaz de pre-cisarse en tiempo y lugar, sino que puede ser también la lesión o efecto no esperados [sic] o sorprendentes [sic] producto de un acto realizado en circunstancias usuales y ordinarias de trabajo. . . . Ortiz Candelario v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 387, 395-6 (1964).

Aunque apegándose usualmente a la terminología tradicio-nal, nuestra jurisprudencia revela que en la práctica la línea divisoria entre los conceptos de “accidente” y “enfermedad” va borrándose. Se ha ido apuntando cada vez con mayor clari-dad hacia la tendencia a no insistir tanto en la formulación de distinciones bizantinas entre dichos vocablos y a concentrar más bien en el requisito básico de causalidad, en la determina-ción de que existe la relación causal estatutariamente reque-rida entre la lesión o el daño sufrido y el empleo. Véanse a tales efectos, entre otras decisiones citadas, y cuidándonos de atender más el impacto del fallo que su semántica, el caso de Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196 (1961), en donde se echa a un lado en efecto el factor del trauma físico como elemento indispensable del término “acci-dente” (todavía privaba Salazar), determinándose que un histerismo de conversión es compensable; y el caso de Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 658 (1972), que sostuvo que puede compensarse un daño sufrido gradualmente al agravarse o acelerarse por los quehaceres del empleo una condición preexistente.

Resolvemos que la insistencia clásica en sentar finos distingos entre lo que constituye un “accidente” y lo que entraña una “enfermedad” debe ceder ante el enfoque que desde hace tiempo se ha venido dictando. Lo verdaderamente importante es determinar si ha ocurrido una lesión inherente al trabajo o empleo concernido o que ocurra o se agrave en el curso de éste.

Examinados los hechos en el caso de autos, hallamos que la evidencia representativa del necesario nexo causal entre el alcoholismo del lesionado y su empleo no satisface la regla de causalidad aquí enunciada y por lo tanto no se justifica la compensación en este caso.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la resolución de la Comisión Industrial.

El Juez Asociado, Señor Angel M. Martín, concurre con el resultado en opinión separada.

       E1 debate sobre el modo de prohibir en Puerto Rico la fabrica-ción y venta de bebidas alcohólicas jugó un papel de importancia en la aprobación de la Ley Orgánica, llegando a amenazar en un momento su adopción por el Congreso. 53 Cong. Rec. 3072-3074, 3467-3468, 64th Cong., 1st Sess.

         Romero v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 354 (1940), roza el problema, pero no cataloga nuestro estatuto.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Francisco Duchesne Landrón y Otra, demandantes y recurridos, v. Hiram Antonio Ruiz Arroyo y Otra, demandados y recurrentes.

      Número: R-73-3

      Resuelto: 18 de octubre de 1974

      Gonzalo Diago Betancourt, abogado de los recurrentes; R. Elfrén Bernier y Plinio Pérez Marrero, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Desde el 13 de septiembre de 1969 el recurrente Ruiz Arroyo, un diplomado doctor en medicina, y su esposa se hallan instalados en una casa perteneciente al recurrido, radi-cada en la Urb. College Park de Río Piedras. Ganaron acceso a dicha residencia en virtud de un contrato de promesa de venta en el que se obligaron a pagar un precio de $39,500 desglosado en las siguientes partidas: $2,000 al firmar el compromiso, $11,500 dentro de los 60 días siguientes; $16,000 que retendría el comprador al asumir la primera hipoteca que afectaba la casa a favor de James T. Barnes & Co. y un balance de $10,000 a ser garantizado con segunda hipoteca a favor del vendedor sobre el mismo inmueble. El recurrente que así se obligó sólo ha pagado los $2,000 de anticipo que le franquearon la entrada a la casa, un plazo de $132 y la mitad de otro de la hipoteca con James T. Barnes para un total de $198.00. Ha disfrutado de una residencia en College Park por más de 5 años con una erogación de $2,198.00, equivalente a una renta mensual de $36.63.

Llegado el día de formalizar la escritura de compraventa, el recurrente pidió prórroga porque no tenía el dinero, y seña-lada nueva fecha para el pago de los $11,500.00 y otorgamiento de título, le presentó a sus vendedores un documento en que éstos confesaban recibo total del precio y nada se decía de los $10,000 aplazados y que debían ser asegurados con segunda hipoteca. Allí terminó toda semblanza de conducta responsable en el comprador recurrente.

El vendedor Duchesne, quien se fue a vivir a una casa al-quilada, hubo de seguir pagando el plazo mensual de la acree-dora hipotecaria Barnes, y más tarde el exigido por el banco que refinanció la hipoteca, para proteger su propiedad de la ejecución. El recurrido no se cruzó de brazos frente al desastre de su economía familiar provocado por la violación de acuer-dos en que incurrió su comprador. Presentó una primera de-manda de desahucio contra éste que no prosperó por un impedimento de la Ley de Alquileres Razonables; y un segundo caso que también le fue desestimado por suscitar el deman-dado como defensa la de conflictos de título.

Concluye el juez sentenciador, con muy buen juicio, que la conducta del recurrente demuestra un desprecio total de lo convenido y que el impacto de su contumacia y obduración, aparte de dislocar la economía del matrimonio recurrido tuvo repercusiones emocionales en estas personas que sufrieron la natural aflicción generada por la estrechez económica. Para sobrevivir la crisis el recurrido hubo de refinanciar la hipoteca sobre la casa el 19 de octubre de 1971 con el United Federal Savings & Loan Ass’n, lo que resultó en el aumento de los plazos hipotecarios mensuales a $310.00.

Con dichos antecedentes el tribunal de instancia declaró resuelto el contrato, dispuso la inmediata restitución de la casa por el recurrente a su legítimo dueño el recurrido y con-denó al primero a pagar a éste compensación por uso compu-tada a razón de $329.33 mensuales, partiendo del 13 de sep-tiembre de 1969 e intereses desde esa fecha, $1,000 de comi-sión pagada por el vendedor a un corredor por el negocio que nunca se materializó; indemnización por daños y sufrimientos morales de $3,000 para el vendedor y $1,000 para su esposa; y $2,000 en concepto de honorarios de abogado, debiéndosele abonar los $2,198.00 importe del anticipo de precio y plazo y medio de la hipoteca de Barnes que pagó el recurrente. Señala como errores el médico recurrente: (1) errónea apreciación de la evidencia; (2) insuficiencia de la prueba; (3) arbitrarie-dad del método seguido para fijar la compensación por uso de la vivienda; (4) negativa del tribunal a admitir parte de la evidencia sobre daños del demandado recurrente; (5) exceso en la concesión de daños y honorarios al demandante; (6) im-posición de intereses sobre la cuantía de compensación por uso partiendo de la fecha de ocupación de la casa por el recurrente y (7) indemnización por daños morales derivados del incumplí1 miento de contrato.

(1) (2) Las determinaciones factuales a que llegó el juez de instancia respecto al incumplimiento de contrato por el demandado recurrente y su impacto en la economía familiar del recurrido están ampliamente sostenidas por la prueba. De ello nos ha convencido la lectura de la transcripción de la evidencia que en este pleito consta de 3 tomos.

(7) Sin embargo, no nos satisface la prueba en cuanto a ameritar la concesión de daños morales por angustias y sufri-mientos, pues no se cumple la regla de Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 83 (1967), en lo que respecta a haberse afec-tado en forma apreciable el estado emocional de los recla-mantes. La concesión de daños morales (indemnización de sufrimientos y angustias) imputados a un incumplimiento de contrato está cualificada y restringida a extremos que no revela la evidencia admitida. Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 88 D.P.R. 179, 186 (1963).

(4) Durante el juicio el tribunal a quo excluyó parte de la evidencia de daños ofrecida por la parte recurrente y que se refiere a pérdida de ingresos. Esta era sin lugar a dudas una partida especial que no se alegó en la reconvención y no surge abuso de discreción del tribunal al denegar una enmienda de última hora para incorporarla a las alegaciones. La esposa del médico recurrente declaró sobre sus sufrimientos y angustias por la situación de ineertidumbre que no le permitía arreglar la casa a su gusto, pero esta prueba no le mereció crédito al juez sentenciador y tampoco alcanza el grado de perturbación emocional que exige Pereira, supra, amén de que la conducta de su esposo ha sido el agente provocador de todo el malestar e inconvenientes que ha envuelto a estas personas.

(5) La partida de pérdida de $1,000, importe de la comi-sión pagada por el recurrido a un corredor por su gestión en el negocio abortado fue probada y el recurrente ninguna razón aduce para fundar su objeción a la misma.

(3) (6) A los fines de estimar la compensación por uso que finalmente fijó en $329.33 por mes, lo que consideró equivalente a la utilidad del inmueble en términos de renta, el juez de instancia recurrió a la Ley de Alquileres Razona-bles (17 L.P.R.A. sec. 186 (a)-(f)) cuyo método exige ele-mentos de prueba como historial arrendaticio de la unidad de vivienda, costo de construcción, costo del solar, equipos y servi-cios, etc., que no fueron objeto de prueba en este caso.

El concepto de compensación por uso tiene una configuración de reciprocidad integrada por el aprovechamiento de una parte y la correlativa pérdida que sufre la otra. Es meridianamente claro que el recurrente no podrá enriquecerse a costa de su vendedor por el valor que representa el uso de la casa por el período comprendido desde el 13 de septiembre de 1969 hasta que cese su posesión precaria. El valor arrendaticio de una propiedad es una guía para computar la compensa-ción por uso pero no la única. Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962).

Aun cuando el recurrido no presentó prueba sobre cánones de alquiler prevalecientes para viviendas similares, la evidencia admitida aporta un elemento que puede servir de base para valorar, aun en parte el enriquecimiento que para el recurrente ha representado el uso gratuito de la casa por todo el largo período de tiempo, cual es el plazo mensual hipotecario de $132 con James T. Barnes & Co., que luego aumentó a $310 mensuales con United Federal Savings & Loan Ass’n. De haber tenido el recurrido libre uso de su propiedad, como era su derecho, hubiese disfrutado de un hogar propio a cam-bio de mantener al día dicha obligación hipotecaria. Excluido como ha estado de la posesión de este inmueble, es el transgresor recurrente quien se ha beneficiado y enriquecido a costa de la puntualidad del deudor hipotecante. Reconocemos que el valor arrendaticio posiblemente excede la referida cantidad de $310 (o la de $329.33 que determinó el Tribunal Superior), pero el recurrido no ha suplido la prueba que nos permita compensar en toda su extensión, sin ayuda de la imaginación la totalidad de su pérdida, por lo que hemos de ceñirnos al único factor tangible ofrecido en el juicio. El alquiler que por vivir otra casa haya pagado el recurrido que entregó la suya propia, está desvinculado del valor económico que para el recurrente ha representado habitar la del primero y de la productividad generadora de capital de este inmueble en sí y debe por tanto descontarse como elemento adicional de compensación por uso.

Se modificará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 21 de noviembre de 1972, y se eliminan las partidas de $3,000 y $1,000 concedidas al recurrido y a su esposa, respectivamente, por daños morales; se condena a los demandados recurrentes a pagar al recurrido Duchesne una compensación por uso de la vivienda computada a razón de $132 mensuales desde el 13 de septiembre de 1969 al 18 de octubre de 1971; y a razón de $310 mensuales desde el 19 de octubre de 1971 hasta el día en que restituya a su legítimo dueño demandante la posesión de la casa, incluyendo intereses legales únicamente a partir de la fecha de la sentencia en primera instancia, y así modificada se confirmará la sentencia revisada en todos sus demás particulares.


author: per curiam:

text:
    José A. Fuentes Morales, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Hon. José M. Ayala Cádiz, Juez, demandado.

      Número: O-74-230

      Resuelto: 22 de octubre de 1974

      Sonia E. Avilés Lamberty, abogada del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Héctor R. Or-landi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados del de-mandado.
   per curiam:

Se le imputó en este caso al acusado haber violado disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. secs. 2101-2607, consistente en que para el 29 de enero de 1973: 1) transportó y ocultó; 2) tenía bajo su posesión y dominio con la intención de distribuir; y 3) poseía la sus-tancia controlada conocida por marihuana, sin estar autori-zado para ello. Los cargos, según finalmente se radicaron después de la autorización de una nueva acusación, se hicie-ron por vía de tres pliegos acusatorios.

El 31 de mayo se radicó una moción por el acusado solici-tando del tribunal de instancia que le ordenase al fiscal radicar un solo pliego acusatorio conteniendo tres cargos. El tribunal de instancia declaró sin lugar la moción del peticiona-rio, quien ha acudido ante nos en solicitud de certiorari.

El peticionario señala básicamente dos problemas con la resolución mencionada y los procedimientos seguidos hasta la fecha. El acusado sostiene que la Regla 37 de las de Proce-dimiento Criminal, así como el Art. II, Sec. 11 de la Constitu-eión de Puerto Rico, requieren que se radique un solo pliego acusatorio con diversos cargos y no tres acusaciones distintas según se hizo. Señala también el peticionario que conforme nuestra opinión en Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974), no pueden considerarse delitos separados la simple posesión, de un lado, y la transportación y ocultación, del otro.

Respecto al primer planteamiento del peticionario, ni hay base para el planteamiento constitucional ni la Regla 37 de las de Procedimiento Criminal le impone la obligación al fiscal de acumular la imputación de dos o más delitos en la misma acusación o denuncia, aun cuando surjan del mismo acto o transacción. Es nuestro deber señalar, sin embargo, que si tal es la interpretación usual hasta ahora, la práctica reconocidamente más recomendable es acumular en una misma acusación o denuncia dos o más delitos, en cargos por separado, si los delitos imputados fueren de igual o similar naturaleza o hubieren surgido del mismo acto o transacción. 1 Wright & Miller, Federal Criminal Procedure, 1969, Sec. 143, a la pág. 313. Véase también Smith v. United States, 357 F.2d 486 (5th Cir. 1966).

En la consideración del segundo planteamiento debemos analizar las disposiciones de ley al efecto a la luz de Rosario Cintrón. Allí se trataba de convicciones bajo la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico de 1959, Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959, 24 L.P.R.A. sees. 973, 974z(2). Toda vez que la vista del caso fue ventilada estapdo en vigor la nueva Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, aplicamos las disposiciones de esta ley a los únicos fines de determinar la sanción penal que correspondía a los delitos imputados que fueren similares, a los estatuidos por la nueva ley. 24 L.P.R.A. sec. 2602. Las convicciones en el caso de Rosario Cintrón fueron por los delitos de (1) posesión, (2) ocultación y trans-portación, y (3) traspaso de la droga narcótica conocida como heroína. Habiendo sido convicto del delito de venta el allí acusado concluimos que los delitos de “posesión” y de “trans-portación y ocultación” constituían una gestión incidental al ilegal comercio o actividad del acusado, y por ende le aplicaba el castigo más oneroso que dispone el Art. 401 de la nueva ley; 24 L.P.R.A. sec. 2401.

En el caso de autos se le imputa al peticionario “posesión y dominio, con la intención de distribuir” que castiga el Art. 401 de la nueva ley. En cargo separado se le imputa “transportación y ocultación”, y en otro cargo la “posesión y dominio” todo ello referente a la droga narcótica conocida por marihuana. Los tres delitos están caracterizados como delitos separados y se provee un castigo separado para cada uno de ellos. La posesión y dominio, con intención de distribuir, está castigado por el Art. 401, como lo está también la “transportación y ocultación”. Por otro lado el de “posesión y dominio” sin intención específica está castigado por el Art. 404(a) siendo la pena más benigna que la contemplada bajo la See. 401. Siendo distinta la naturaleza de los delitos de posesión comprendidos bajo los Arts. 401 y 404(a), el Ministerio Público debe decidirse por uno de ellos. Según dijimos antes, la posesión bajo el Art. 401 requiere una intención específica, bien fuere la de “fabricar”, “distribuir”, “dispensar” o “transportar u ocultar” pero todo ello con referencia al comercio ilegal. Pero, la posesión bajo el Art. 404(a) no requiere intención alguna ya que éste se refiere a la mera posesión.

El Ministerio Fiscal deberá optar por una de las dos acusaciones por “posesión”, bien fuere la de mera “posesión” bajo el Art. 404(a) o la de “posesión con intención de distribuir” bajo el Art. 401, ya que el delito de “posesión” está incluido dentro del delito mayor de “posesión con intención de distribuir”. Si optare por el de mera “posesión” deberá eliminar el de “transportación u ocultación” según la doctrina sentada en Rosario Cintrón. Si por el contrario optare por acusar por “posesión con intención de distribuir” puede entonces acusar además por “transportación u ocultación” bajo el Art. 401.

En vista de lo anterior se expedirá el auto solicitado y se devolverá el caso al tribunal de instancia para que éste ins-truya al Ministerio Fiscal para que presente una nueva acusa-ción o acusaciones conforme a lo expuesto en esta opinión.


text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-74-108

      Resuelto: 22 de octubre de 1974

      Yolanda Morales de Rodriguez, Jorge Márquez Gómez y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del Fondo del Seguro del Estado; Héctor A. Sosa González, abogado del obrero lesionado.
   per curiam:

El obrero Antonio Santiago Avilés mientras trabajaba para la Central Coloso “le dio un mareo y cayó inconsciente y tuvieron que llevarlo al Centro de Salud de Aguada.” Esto sucedió el 13 de enero de 1965. Seis años, 1 mes y 3 días después, el 16 de febrero de 1971 compareció ante el Fondo del Seguro del Estado alegando que había sufrido un accidente del trabajo.

El Fondo le negó la protección de la ley por no estar cubierto por sus disposiciones.

La Comisión Industrial en una decisión dividida revocó al Fondo.

El obrero en declaración prestada a los investigadores del Fondo, manifestó que antes del alegado accidente padecía de epilepsia, que el 13 de enero de 1965 sufrió un mareo y nunca recuperó lo suficiente para poder trabajar; que estuvo bajo tratamiento “del cerebro, nerviosidad e incapacidad del brazo izquierdo”; y que ha estado recibiendo tratamiento siquiátrico.

Ante la Comisión Industrial declaró que el 13 de enero de 1965 “una cadena de 40 pulgadas de las que se usaban para amarrar los trucks de caña se enredó en la máquina de machetes y empezaron a volar pedazos de hierro. ...” y “al ver los pedazos de hierro volando se puso muy nervioso y no se dio cuenta de lo que sucedió.”

A pesar de que esta versión surgió el día de la vista ante la Comisión Industrial, ya que el obrero no había hecho refe-rencia a accidente alguno en la declaración jurada prestada ante los investigadores del Fondo, la mayoría de la Comisión determinó que había sufrido un accidente cubierto por la ley.

Siendo un hecho esencial y principalísimo de la cuestión a resolver en este caso, si el obrero sufrió o no un accidente com-pensable, ciertamente la tardanza en informar al Fondo, im-pidió que éste pudiera realizar una investigación adecuada, coetánea con la ocurrencia de los hechos para poder determinar si en verdad había ocurrido el alegado accidente. Una tar-danza de seis años en informar un accidente, del cual supues-tamente el obrero no ha podido recuperar, no puede tener justi-ficación. Ciertamente en el presente caso el obrero no explicó satisfactoriamente su demora como lo requiere la ley. Ver 11 L.P.R.A. sec. 6. Torres v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 438, 443 (1939); Guzmán Muñoz v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 700, 703 (1962).

Se revocará la decisión de la Comisión Industrial y se dejará en vigor la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.