text:
      In re Javier Criado Vázquez, abogado.

      Número: Q-388

      Resuelto: 23 de abril de 1979
    El abogado compareció por propio derecho.
   RESOLUCIÓN

El abogado Javier Criado Vázquez solicitó la inhibición de dos jueces del Tribunal de Distrito en relación con un caso en que dicho abogado intervenía como representante de una parte. Basó su solicitud de inhibición en imputaciones que en una declaración jurada su cliente hacía a los magistrados. Lo informado en dicha declaración no le constaba al decla-rante de propio conocimiento. Estaba basado en información que obtuvo de un tercero. Movido el Tribunal de Distrito por la moción de inhibición, señaló audiencia para que se substan-ciase lo en ella alegado. No pudo hacerlo el abogado. El in-formante de su cliente no compareció, y luego le desmintió, con lo cual quedó vindicada la corrección de las actuaciones de los jueces.

Esta actuación del abogado motivó una queja presentada en su contra, oportunamente investigada por la Administra-ción de Tribunales. El resultado de dicha investigación y las declaraciones juradas que la acompañan, incluyendo la del abogado querellado, dejan establecidos los hechos que hemos resumido en el párrafo que precede.

El abogado, en el descargo de su responsabilidad como representante de su cliente, debe actuar sin temor cuando tiene motivos fundados para solicitar la inhibición de un juez. Debe, sin embargo, ser cauteloso, sobre todo cuando el motivo de inhibición que invoca acusa conducta del juez reñida con la ética judicial. Y mientras más grave sea la imputación, mayor debe ser su ponderación de las bases de la misma.

La fe en la justicia se nutre y se fortalece con el concepto de la alta moralidad que se tenga de quienes la imparten. En el descargo de su obligación como servidores de la justicia los abogados deben ser celosos guardianes del prestigio de quienes tienen esa difícil y noble misión. Jamás deben hacerse eco de información que puedan desmerecerles a menos que estén en condiciones de substanciarla cumplidamente. Deben recordar que la calumnia respecto a los hombres de honor, siempre deja su huella de infamia.

Baste por ahora, como única sanción contra el abogado Javier Criado Vázquez, la repulsa que merecen sus actua-ciones, y la presente expresión de nuestra censura.

• Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Manuel Oliva Romero y Raquel Salazar, demandante y recurrida, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-78-155

      Resuelto: 30 de abril de 1979

      Nicolás Montalvo Aranzamendi, Luis A. Lugo, Jr., y José F. Irizarry González, abogados de la recurrente; Guillermo Ruiz Ramos, abogado de la recurrida.
   per curiam:

A solicitud de la Autoridad de las Fuentes Fluviales expedimos auto para revisar la sentencia dictada por la Sala de Utuado del Tribunal Superior que, en acción sobre daños y perjuicios, le condenó a satisfacer a la parte demandante la cantidad de treinta mil dólares de indemniza-ción, más dos mil dólares por concepto de honorarios de abo-gado.

Advertimos, sin embargo, que surge del récord un conflicto sobre nuestra facultad para conocer del recurso. Aunque las partes no lo plantean, nos vemos obligados a velar por nuestra jurisdicción y hemos de dilucidar la controversia. López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963).

La sentencia que es objeto de revisión en el presente re-curso fue dictada en 15 de marzo de 1978 archivándose en autos copia de su notificación en 28 de marzo de 1978.

Quince días más tarde, en 12 de abril de 1978, la demandada solicitó oportuna reconsideración de sentencia. Simultáneamente solicitó determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales, a pesar de haber transcurrido el término de ley de 10 días para ello. El tribunal nada pro-veyó sobre ninguno de los aspectos de su moción, radicándose entonces la solicitud de revisión ante este Tribunal el 28 de abril de 1978.

Aunque la moción de. reconsideración puede interrumpir el término para interponer recurso de revisión, no resultó así por no haber sido acogida por el tribunal de instancia. Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 47. Véanse El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965); Suárez v. Flamingo Homes, Inc., 102 D.P.R. 664, 669 (1974).

En cuanto a la moción en solicitud de providencias adicionales en cuanto a los hechos probados y al derecho aplicable, ésta debe presentarse dentro del improrrogable término de diez días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Id. Reglas 43.2, 68.2 de Procedimiento Civil. De radicarse dicha moción oportunamente el transcurso del plazo de 30 días para interponer recurso de revisión que establece la Regla 53.1(a) de las de Procedimiento Civil hubiera quedado interrumpido, y comenzado nuevamente cuando se proveyera sobre la misma. Regla 53.1(d) de las de Procedimiento Civil. No obstante, ya que en el caso de autos la misma fue presentada quince días después del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, no interrumpió el término para solicitar revisión que expiró el 27 de abril de 1978. 3A Barron and Holtzoff, Federal Practice and Procedure, Sec. 1553 (1958).

Es preciso aclarar que aunque la Regla 43.2 permite la acumulación de una moción de reconsideración con una de determinaciones de hechos adicionales, no autoriza la ex-tensión del término de diez días establecido para la radicación de esta última. Resulta, pues, tardía una solicitud de deter-minaciones de hechos presentada junto a una de reconsidera-ción luego de expirar el término de diez días requerido por la Regla 43.2, y ratificado por la 68.2, que prohíbe al tribunal prorrogar el plazo para actuar bajo dicha Regla 43.2.

Habiéndose archivado en autos copia de la notificación de sentencia en 28 de marzo de 1978 y considerando que el plazo fatal de 30 días para solicitar revisión transcurrió, como hemos visto, sin interrupción, dicha solicitud de revisión debió radicarse, a más tardar, el jueves, 27 de abril de 1978 en la Secretaría de este Tribunal Supremo. Regla 68.1 de Procedimiento Civil. Ver Tim Mfg. Co. v. Shelley Enterprises, Inc., 107 D.P.R. 530 (1978).

Radicada la solicitud de revisión en 28 de abril de 1978, 31 días después del archivo en autos de copia de la notifica-ción de la sentencia, nos encontramos sin jurisdicción para entender en el recurso. Por tanto, se dictará resolución anu-lando el auto de revisión que indebidamente expidiéramos en 10 de enero de 1979, y desestimando el recurso por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      En la jurisdicción federal estadounidense, de donde provienen la mayoría de nuestras reglas, el problema no puede suscitarse. En primer lugar, la Regla 52(b) .federal, similar a la R. 43.2 nuestra, sólo señala que la moción sobre determinaciones adicionales se puede acumular con una moción de nuevo juicio sin hacer referencia a la de reconsideración. Regla 52(b) de Procedimiento Civil federal. Más aún, la Regla 59(e) federal que da fundamento a las mociones de reconsideración en aquélla jurisdicción, sólo concede un pilazo de 10 días para hacer la solicitud. Ver 6A Moore’s Federal Practice 59.12/1/.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo José Santiago Lavandero, acusado y apelante.

      Número: CR-78-70

      Resuelto: 30 de abril de 1979

      El apelante compareció por derecho propio; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Rose Mary Corchado Lorent y Eliadís Orsini Zayas, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del apelado.
   per curiam:

El apelante, abogado en ejercicio de su profesión, fue declarado incurso en desacato y sentenciado a una pena de treinta días de cárcel como culminación de un incidente durante la vista de un caso en que participaba en representación de una parte en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. El incidente se suscitó a eso de las once de la ma-ñana y la condena se produjo en corte abierta, decretándose entonces un receso hasta las dos de la tarde. Al llamarse el caso luego del receso, la Hon. Juez que presidía la vista llamó al apelante y en su presencia leyó para récord su “Sentencia por desacato sumario y orden de encarcelación,” que trans-crita literalmente dice así:

“Sentencia por Desacato Sumario y Orden de Encarcelación
El día 27 de marzo de 1978 a las nueve de la mañana se con-tinuó la vista en su fondo del caso del epígrafe, la cual había comenzado el día 21 de marzo de 1978. A la vista del día de hoy comparecieron los abogados de las partes, por la parte deman-dante los licenciados Andrés Díaz Nieves y Sabino Cotto Cruz y por la parte demandada el licenciado Pablo José Santiago Lavan-dero.
A alrededor de las once de la mañana del día de hoy 27 de marzo de 1978 y de ahí en adelante, hasta que el Tribunal se vio obligado a decretar un receso para evitar que se continuara hi-riendo la dignidad judicial, el licenciado Pablo José Santiago Lavandero incurrió en conducta altamente irrespetuosa y lesiva a la dignidad judicial procediendo con su actitud y sus actos a alterar el orden y desobedecer el mandato del Tribunal, previo apercibimiento de que se sentara y se mantuviera en silencio y se abstuviera él, así como los otros abogados, de interrumpir al otro compañero cuando se estuviera dirigiendo al Tribunal.
Esta Juez entendió que la situación creada por la conducta de dicho letrado constituía una amenaza a la justicia, e igualmente que quedaba amenazado el desarrollo normal de los procedi-mientos al resultar infructuosos sus esfuerzos por proteger y asegurar la marcha ordenada y digna de los procedimientos judi-ciales. El Tribunal sin alternativa, entiende que la situación creada en el día de hoy en corte abierta, ante nuestra vista e in-mediata presencia, no es tolerable en nuestro sistema de justicia y entendemos asimismo que la conducta impropia en grado ex-tremo del licenciado Pablo José Santiago Lavandero constituye la situación de excepción que permite la ley y que requiere la acción instantánea que hemos tomado a los fines de vindicar la dignidad de este Tribunal, acción que hemos tomado de inme-diato e instantáneamente en corte abierta, de condenar al licen-ciado Pablo José Santiago Lavandero por desacato sumario a la pena de 30 días de cárcel.
Los hechos específicos ocurridos que nos han movido a esta decisión son los siguientes:
1. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero habló en voz en extremo alta, escandalosa, estentórea y en actitud altamente irrespetuosa al dirigirse a esta Juez, en corte abierta, y en pre-sencia de compañeros abogados, funcionarios del Tribunal y pú-blico presente.
2. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero interrumpió al abogado de la otra parte, y también al Tribunal, en tal forma que resultó imposible a esta Juez mantener el orden normal de los procedimientos, habiéndose visto precisada a suspender los procedimientos recesando como medida inevitable ante la situa-ción allí creada.
3. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero ignoró en varias ocasiones la orden del Tribunal de que permaneciera sen-tado y en silencio y en su lugar, procedió a interrumpir al Tribunal y a intervenir con el derecho reconocido al abogado de la otra parte de dirigirse al Tribunal.
4. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero mantuvo una actitud de total indiferencia al esfuerzo de este Tribunal de en-cauzar los procedimientos dentro del orden normal que dispone la ley, así como al derecho de los abogados de la otra parte a ex-presarse.
5. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero ignoró el apercibimiento de desacato, previamente hecho a dicho abogado, así como a los demás abogados en el caso, de que no se interrum-piera al otro compañero que se estuviera dirigiendo al Tribunal y no se continuara con la conducta antes relacionada.
6. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero ignoró e intervino con la facultad de este Tribunal de dirigir los procedi-mientos, impidió que esta Juez se dirigiera a los abogados par-ticipando en el caso, causando una situación en que por momen-tos mientras la Juez hablaba o trataba de hablar, al mismo tiempo dicho letrado insistía en hablar.
7. El licenciado Pablo José Santiago Lavandero mantuvo una continua actitud de falta de respeto a la autoridad judicial, pro-vocando la interrupción de los procedimientos del caso.
Esta Juez pudo observar la preocupación de tres alguaciles presentes en sala ante la conducta impropia del licenciado Pablo José Santiago Lavandero quienes en determinado momento reac-cionaron simultáneamente al ponerse de pie prácticamente al mismo tiempo en aparente estado de alerta.
Este Tribunal, por la Juez que suscribe, certifica que hemos visto y oído la conducta antes descrita constitutiva de desacato criminal en forma sumaria, a tal efecto declara al licenciado Pablo José Santiago Lavandero culpable de desacato sumario y le condena a treinta (30) días de cárcel, pronunciamiento que hicimos instantáneamente en corte abierta, y que expresamente reiteramos en esta sentencia de desacato sumario y orden de en-carcelación, sin fianza.
EXPIDASE MANDAMIENTO dirigido al Alguacil para que dicho funcionario proceda a dar cumplimiento a esta Sentencia por Desacato Sumario y Orden de Encarcelación.
NOTIFIQUESE.
DADA en Bayamón, Puerto Rico, hoy día 27 de marzo de 1978.
Fdo. Zulma Zayas Puig
ZULMA ZAYAS PUIG .
Juez Superior”

El tribunal a quo se negó a reconsiderar su sentencia en una vista posterior. No conforme, el apelante nos pide que revoquemos dicha sentencia e imputa la comisión de seis errores que pasamos a considerar.

Los primeros cuatros errores se refieren al hecho de que se le declarara incurso en desacato y se le sentenciara a raíz del incidente de las once de la mañana, y que no fuera hasta luego del receso, después de las dos de la tarde, que se diera cumplimiento a la See. 3 de la Ley de 1 de marzo de 1902 (incorporada como parte del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. see. 519), y a la Regla 242(a) de Procedimiento Criminal. Entiende el apelante que no se cumplió con dichas disposiciones al sentenciársele por la mañana y que es por tanto nula la sentencia; que el incidente de la tarde, que llama “re-sentencia” o “segunda sentencia” no pudo convalidar el acto de la mañana; y que el procedimiento es anticonstitu-cional por privarle del derecho a un juicio imparcial y por haber estado expuesto dos veces por el mismo delito. No se cometieron dichos alegados errores.

La See. 3 de la Ley de Desacato, 33 L.P.R.A. see. 519, dice, en lo aquí pertinente:

“Cuando se comete un desacato a la inmediata presencia y vista de una corte de justicia . . . podrá imponerse en el acto el correspondiente castigo por el juez .... Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada por desacato a una corte ... deberá firmarse por el juez . . . una orden o mandamiento para dicha multa o prisión, consignándose en el mismo el acto o actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y lugar de su comisión y circunstancias de la misma, con especificación de la sentencia del tribunal, sin lo cual dicha sentencia quedará en-teramente nula y sin efecto.” (Énfasis nuestro.)

La Regla 242(a) de Procedimiento Criminal adopta expresamente el procedimiento sumario para castigar el desacato criminal, ya vigente desde la citada Ley de Desacato de 1902, y dice:

“Regla 242. Desacato.
(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá cas-tigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expon-drá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.”

La imposición de castigo por desacato “en el acto”, es decir, cuando se comete el desacato “a la inmediata presencia y vista” del juez, que dice la See. 3 que hemos transcrito, o cuando el juez “vió u oyó la conducta constitutiva de desacato” cometida “en presencia del tribunal”, que dice la Regla 242(a), no tiene que ser simultánea con la redacción por escrito y firma de la orden o mandamiento a que se refieren ambos textos. La orden o mandamiento, por razones prácti-cas, usualmente se redacta y firma después que el juez ha tomado la acción drástica que la vindicación inmediata de la dignidad del tribunal requiere. Dicha orden o mandamiento debe prepararse, firmarse y notificarse al inculpado por desa-cato sin dilación innecesaria. Consideramos que en este caso se cumplió substancialmente con este requisito. El incidente se produjo en las postrimerías de la sesión de la mañana. La orden preparada por la juez sentenciadora es extensa en la exposición de los detalles del incidente a fin de cumplir los requisitos de ley, y se preparó estando de por medio el receso de mediodía. El transcurso de tres horas que pudo haber entre el incidente y la preparación y notificación de la orden o mandamiento no constituye una desviación irrazonable del procedimiento sumario, dadas las circunstancias aquí pre-sentes. Distinto es el caso de Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 471 (1965), en que la relación de los hechos constitutivos de desacato fue preparada por el juez dos meses después del incidente.

El planteamiento de ineonstitucionalidad, en su doble aspecto de doble exposición y de privación de un juicio impar-eial es inmeritorio. Baste citar de Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 D.P.R. 290, 296 (1975), las siguientes palabras que rea-firmamos :

“Coincidir con el apelante constituiría el asestarle una herida mortal al ordenado proceso que debe caracterizar e imperar en los tribunales, los cuales constituyen el sitial y baluarte sagrado que nuestro pueblo ha reconocido para dirimir sin agravios y desapasionamientos las controversias humanas. Ausente este res-peto, la sala de justicia quedaría reducida a un foro de anarquía en que la solución de conflictos sería el producto de la pasión y no de la razón.”

Los tribunales de justicia tienen facultad inherente para castigar por desacato. Pueblo v. Escalera, 95 D.P.R. 148 (1967). Ello incluye el poder actuar en el acto de cometerse el desacato, mediante el • procedimiento sumario reconocido por nuestros ordenamientos procesales. Aquí se cumplió, como hemos señalado, con las exigencias del procedimiento. Ratifi-car en la sesión de la tarde la sentencia dictada verbalmente en la mañana no constituyó una segunda exposición (double jeopardy) del imputado. Y, en cuanto a la privación de un juicio imparcial, si bien el castigo sumario por desacato no es favorecido—Davis, Summary Punishment for Contempt, 89 So. Cal. L. Rev. 463, 467 (1966); Nye v. United States, 313 U.S. 33 (1940); Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941)—y por ello se requiere un estricto cumplimiento del procedimiento prescrito—Pueblo v. Baigés Chapel, supra, pág. 859 — cuando se trata de vindicar de inmediato la digni-dad ofendida del tribunal con el consiguiente peligro para la ordenada marcha de los procedimientos judiciales, se justifica recurrir por drástico que parezca, a la sentencia inmediata mediante el procedimiento sumario. Véase Coll Moya v. Alcaide, Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225 (1963).

El quinto planteamiento del apelante se refiere a que no se remitió a este Tribunal, como parte de los autos originales, la orden o mandamiento de prisión. Esta irregularidad, debida aparentemente a que dicho documento se traspapeló, quedó salvada por el propio apelante, quien en el cumplimiento de su obligación de perfeccionar su recurso ante nos, obtuvo de nosotros autorización para unir una copia a los autos. Si el apelante tenía copia, es evidente que existió un original que fue debidamente unido a las minutas del Tribunal a quo. Así surge, además, de la grabación de los procedimientos, que hemos escuchado.

En el sexto señalamiento de error impugna el apelante que su conducta constituyera desacato. No lo discute en su alegato, aplazando su argumentación para una vista oral que solicitó y que le concedimos. Hemos leído con detenimiento la transcripción del incidente y escuchado con atención la grabación del mismo. Sostienen plenamente lo expuesto en la sentencia de desacato. Revelan que el apelante fue irrespe-tuoso y desconsiderado. Su insistencia en hablar y seguir hablando no obstante las reiteradas admoniciones de la Hon. Juez, háchales casi en tono suplicante, de que se sentara y que se tenía el asunto ante su consideración por sometido; su acti-tud arrogante ante la juez, interrumpiéndola cuando ella quería expresarse y silenciando su voz mediante el tono alto y desconsiderado de la suya; su desobediencia obstinada al requerimiento de que se sentara; todo ello produjo un espec-táculo en la sala del tribunal de instancia que necesariamente mancilló su dignidad y lesionó el decoro que debe haber siem-pre en una sala de justicia. El respeto a los tribunales es obli-gación de todos, pero lo es más de parte de los abogados, obli-gados por razón de su ministerio a ser sus primeros defen-sores.

La sentencia de cárcel impuesta contra el apelante era una clara opción correctiva. Mas, oído el apelante en vista oral en que protestó vehementemente de que no tuvo intención de desacatar al tribunal de instancia, y atendido su historial de abogado de casi cuarenta años de ejercicio continuo de la profesión sin que revele su expediente ninguna instancia de conducta anterior reñida con la ley o la ética profesional, consideramos, en uso de nuestra discreción, que una multa de $500.00 en vez de la condena a cárcel es suficiente vindicación. Se modificará en ese sentido la sentencia apelada, y así modi-ficada será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau se inhibieron. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

       Según dijimos en Pueblo v. Baigés Chapel, 103 D.P.R. 856, 858-859 (1975), el Código Penal de 1974 no derogó la Ley de 1 de marzo de 1902, siendo la Regla 242(a) de Procedimiento Criminal “enteramente armoniza-ble con la orden o mandamiento mencionado en la See. 3 de la Ley de Desacato. . . .”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Buena Vista Dairy, Inc., demandante y recurrente, v. Francisco Aponte Labrador, demandado y recurrido.

      Número: R-77-231

      Resuelto: 30 de abril de 1979

      Leopoldo Tormes García, abogado de la recurrente; Mora & Can-giano, abogados del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Buena Vista Dairy, Inc., corporación dedicada a la elabo-ración, pasteurización y venta de leche, celebró el 21 de julio de 1967 un contrato con el señor Francisco Aponte Labrador. En virtud de este documento el señor Aponte se compro-metió a comprarle diariamente a Buena Vista leche pasteu-rizada para servir a su clientela y a pagarla “una vez haya terminado la venta y distribución del día, debiendo hacer dicho pago en dinero en efectivo.” La vigencia del contrato fue de cinco años, extendibles a cinco años más bajo determi-nadas condiciones.

En cumplimiento de otro acuerdo Buena Vista compró por $6,500 una guagua para reventa al señor Aponte, quien convino en satisfacer el precio mediante el abono de medio centavo por litro de leche comprado por él. No se dispuso tér-mino fijo para la liquidación de esta deuda.

El señor Aponte no pagó en repetidas ocasiones el valor completo de la leche que compraba. El débito fue en aumento. Se pactó oralmente, para satisfacer la acreencia, que al deu-dor se le cargaría a diario un cuarto de centavo adicional por cada litro de leche que comprase.

Los asientos de contabilidad reflejaban de continuo los cargos convenidos a su haber, mas persistió la tardanza en los pagos. Para el 10 de junio de 1974 el señor Aponte le adeudaba a la compañía $2,532.82 por concepto de leche de vaca y $3,152.99 por razón de la guagua adquirida. En esta fecha fue requerido a liquidarle a Buena Vista en el plazo de veinticuatro horas su deuda de $5,713.45.

El señor Aponte no pudo saldar la deuda. El 26 de julio de 1974 la compañía lo demandó por la leche vendida y no pagada, embargándole el camión en aseguramiento de senten-cia. El 22 de agosto siguiente se instó otro pleito de cobro de dinero por el balance pendiente en concepto de la compra del camión.

Consolidadas las acciones en cobro de dinero, el tribunal de instancia las desestimó por entender que la relación entre las partes reflejaba una situación de cuenta corriente y que en consecuencia el demandado no había violado sus acuerdos por no ser exigibles sus deudas cuando se le requirió satisfa-cerlas. La empresa recurrió en alzada ante nos. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sen-tencia recurrida.

Antes de precisar la figura jurídica representada por los contratos descritos debemos determinar el código que los rige. El Art. 243 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1701, dispone:

“Será mercantil la compraventa de cosas muebles para reven-derlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.”

El Art. 244 que le sigue, 10 L.P.R.A. see. 1702, establece una excepción al principio citado, que debe examinarse. Se expresa en él:

“No se reputarán mercantiles:
(2) Las ventas que hicieren los . . . ganaderos, de los frutos o productos de sus ... ganados_”

Esta excepción proviene del Art. 360 del Código Español de Comercio de 1829. González de Echávarri y Vivanco, Comentarios al Código de Comercio y Jurisprudencia Española, 3a ed., Tomo III, 1945, Valladolid, págs. 437-38. Su alcance es limitado. Véanse: Loiza Sugar Company v. Banquero & Cía., 29 D.P.R. 863, 865-66 (1921); Freiría & Co., S. en C. v. Cortés Hnos. & Co., 32 D.P.R. 127, 136 (1923) ; Uría, Derecho Mercantil, 11a ed., Madrid, 1976, págs. 474-475; E. Langle Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Tomo III, Barcelona, 1959, pág. 144.

El referido Art. 244(2) es inaplicable al caso presente. Buena Vista Dairy no se dedica ni total ni parcialmente a la ganadería, sino a la venta de un producto elaborado.

Cabe la pregunta, no obstante, de si la venta al señor Aponte del camión posee carácter de mercantil ya que, a diferencia de la leche, el comprador no lo adquirió con ánimo de revenderlo. La contestación es que el recurrido, aunque, no compró el camión con tal fin, lo obtuvo para su uso en el comercio. Fue un acto de comercio, entre comerciantes, una gestión accesoria o complementaria de la compra de la leche. Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1002. Véase: Langle Rubio, op. cih, Tomo III, págs. 136-137. El Código de Comercio gobierna ambos contratos.

En lo que respecta a la clasificación de los mismos, el ilustrado tribunal de instancia rehusó con entera corrección emplear la figura del contrato de cuenta corriente. Esta figura está caracterizada “por la existencia de un pacto que, a base de la recíproca concesión de crédito, aspira a mantener unidos los elementos integrantes de la cuenta, sin posibilidad de que sus partidas puedan ser hechas efectivas hasta el cierre y liquidación previstos y determinantes del saldo final reclamable . . . .” Sentencia de 23 de mayo de 1946 (Esp.); Sentencia de 15 de enero de 1949 (Esp.); Langle Rubio, op. cit., Tomo III, pág. 378; Uría, op. cit., pág. 630; Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, 6a ed., Madrid, 1974, págs. 43-46. Los acuerdos celebrados por la recurrente y el recurrido no son clasificables como contratos de cuenta corriente. No hubo pacto para suprimir las liquidaciones y pagos parciales hasta determinado tiempo ni recíproca con-cesión de crédito entre las partes.

La situación de cuenta corriente es muy distinta al contrato del mismo nombre. Es en esencia un simple uso con-table que en nada afecta la relación jurídica entre personas que contraten entre sí. Garrigues, op. cit., Tomo II, pág. 42, afirma sobre el particular:

“El empresario que está en relación continuada de negocios con otro suele utilizar la cuenta corriente abierta por Debe y Haber como instrumento de representación contable de las pres-taciones recíprocas que componen aquella relación ....
La contabilización de una relación patrimonial duradera, aun-que ésta se prolongue en el tiempo y sean múltiples las presta-ciones recíprocas, en nada afecta a los contratos que nacen, se ejecutan y extinguen entre las partes.”

Uría, op. cit, pág. 629, reitera así el principio:

“. . . esas situaciones contables de cuenta corriente no gene-ran por sí vínculo jurídico alguno entre las partes, ni afectan para nada a la vida ulterior de los respectivos créditos anotados en cuenta. No son, en una palabra, expresión de un contrato ....”

El error cometido en este caso consiste en haberle impartido a una situación de cuenta corriente los efectos de un contrato de cuenta corriente.

Los convenios acordados entre el recurrido y la recurrente son contratos de compraventa mercantil. Satisfacen a cabalidad los requisitos del Art. 243 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1701, supra. Langle Rubio, op. cit., Tomo III, pág. 138 et seq.; Uría, op. cit, pág. 473 et seq.; Garrigues, op. cit, Tomo II, pág. 68 et seq. Examinemos los contratos celebrados con vista a los preceptos que reglan la compra-venta de tal orden.

En lo que respecta al contrato de compraventa de leche debe recordarse que éste dispuso la liquidación diaria de las compras. Al ocurrir los atrasos la empresa toleró la mora por un tiempo, mas no surge de autos que se pactase la posposición para determinada fecha de las liquidaciones. La indulgencia de la recurrente no la obligó ad aeternam a sorportar la morosidad del recurrido. El Art. 92 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1312, declara:

“No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros que bajo cualquier denominación, difieran el cumplimiento de-las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren pre-fijado en el contrato ^ se apoyaren en una disposición termi-nante de derecho.”

En Waterman Export Corp. v. Valdejulli, 88 D.P.R. 499, 505 (1963), citando a Langle Rubio, recalcamos la razón de orden público que apoya esta disposición:

“La enérgica tutela jurídica del tráfico mercantil exige que las obligaciones comerciales ofrezcan la mayor seguridad en cuanto al tiempo en que deberán cumplirse ....”

La recurrente tenía derecho a cobrar su acreencia cuando lo hizo. No estaba forzada a aguardar por más tiempo.

El contrato de compraventa del camión no estipulaba tér-mino fijo para el pago de la deuda, a distinción del acuerdo referente a la leche. Se acordaron pagos parciales, pero no se fijó plazo para la liquidación final. La naturaleza subsidiaria de este contrato hace suponer que, a lo sumo, su subsistencia dependía de la del acuerdo sobre compra de leche. El Art. 93 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1313, provee sobre este particular:

“Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción or-dinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución.”

En el caso de estas obligaciones conviene distinguir entre los conceptos de exigibilidad y morosidad. Una obligación mercantil sin término prefijado, como la del caso de autos, es exigible en cualquier instante, después de transcurrir diez días de su nacimiento, se haya o no incurrido en mora. Toledo Alamo, Exigibilidad de las Obligaciones Mercantiles, 19 Rev. Jur. U.P.R. 1, 17 (1949).

Se expide el auto solicitado y se revoca la sentencia recu-rrida.

El Juez Asociado Señor Carlos V. Dávila concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Carlos J. Irizarry Yunqué se inhibió.

      La teoría de la concesión recíproca de crédito, vigente en España, ha sido criticada en Alemania e Italia. Garrigues, op. cit., Tomo II, pág. 45.

      No hacemos pronunciamiento alguno en esta opinión sobre las modalidades bancarias de este contrato.

      Don Domingo Toledo Alamo, en su artículo Exigibilidad de las Obligaciones Mercantiles, 19 Rev. Jur. U.P.R. 1, 3-7 (1949), señaló acerta-damente que debe considerarse derogada la parte final de este artículo, referente a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, ya que el código que la suplantó en 1904 no reconocía la existencia de un juicio ejecutivo para el cumplimiento de las obligaciones. El único requisito vigente en la actuali-dad es el de los diez días.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Andrés Soriano Tavárez, demandante y recurrido, v. José D. Rivera Anaya, demandado y recurrente.

      Número: R-78-404

      Resuelto: 30 de abril de 1979

      José H. Rivera Cintrón y René Maldonado Villalonga, abogados del recurrente; Víctor Rivera Colón, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

En una acción de triple daño por cánones de alquiler co-brados en exceso de los fijados bajo la Ley de Alquileres Ra-zonables, 17 L.P.R.A. see. 181, esp. See. 188, el tribunal de instancia condenó al dueño arrendador de una propiedad a pagar al inquilino demandante la suma de $10,080.00 corres-pondiente a tres veces los cánones cobrados durante el pe-ríodo en que el inquilino tuvo la propiedad bajo su control. Le condenó además al pago de $1,500.00 por concepto de honora-rios de abogado. No conforme, el dueño demandado acude ante nos solicitando revisión de la sentencia.

La unidad de alquiler que es objeto del presente recurso fue inscrita ante la Administración de Estabilización Econó-mica, agencia antecesora del Departamento de Asuntos del Consumidor, la que fijó en 1ro. de diciembre de 1963 un canon máximo mensual de $130.00, cuando se utilizaba por un in-quilino anterior al inquilino demandante parcialmente como residencia y parcialmente como comercio. Posteriormente, en septiembre de 1964, el dueño arrendó la propiedad a un nuevo inquilino quien la acondicionó para establecer allí un dispen-sario médico, pactándose un canon mensual de $250.00. Algún tiempo después se desocupó la propiedad, y el dueño la arrendó, con las mejoras habidas, al inquilino demandante por el término de dos años por un canon, igual al anterior, de $250 mensuales, en virtud de contrato que otorgaran me-diante escritura pública. A su vencimiento, el contrato fue renovado por un año adicional, quedando subsiguientemente renovado de mes a mes.

Una vez que el inquilino demandante ocupó el local, procedió a dividirlo en dos locales sin el conocimiento del dueño. Estableció en uno un negocio de cafetería que él mismo operaba y subarrendó el otro, en violación del canon fijado por el organismo rector, a razón de $225 quincenales, sin la autorización del dueño, sin que haya evidencia de que hubiese sido motivo de gran necesidad el subarrendar o ceder el uso de la propiedad arrendada, según lo requiere la Ley, 17 L.P.R.A. see. 193 (2A), y sin observar el requisito de Ley que dispone que el alquiler razonable fijado por el Administrador debe aplicarse tanto a beneficio del arrendatario principal como del subarrendatario, y que el subarrendador no podrá percibir por concepto de subarrendamiento un alquiler mayor del que proporcionalmente corresponde a la parte de la propie-dad subarrendada. 17 L.P.R.A. sec. 206(a). Vendió luego el negocio de cafetería continuando el adquirente en el local por un canon de $175 mensuales. Recibía entonces el inquilino de-mandante $175 por el local de la cafetería y $450 por el otro local, o sea, un canon total mensual de $625. No obstante, con-tinuaba pagando al dueño recurrente los $250 pactados origi-nalmente por contrato, de suerte que obtenía un beneficio mensual de $375 por el subarrendamiento de la propiedad, sabiendo que el canon mensual autorizado por la agencia re-guladora era de $130 mensuales.

No obstante estar cobrando a los subarrendatarios $495 mensuales en exceso del canon autorizado, se queja de que el dueño, al exigirle el pago de $250 mensuales, le-está cobrando $120 por sobre el máximo legal. Por ello instó una acción de triple daño contra el dueño por los cánones que había pagado sobre los $130 fijados originalmente por el organismo regu-lador. En otras palabras, el demandante recurrido invoca la protección de la Ley de Alquileres Razonables en cuanto al pago de un canon en exceso de lo autorizado, mientras él, por su parte, exige de sus arrendatarios una suma que es más de cuatro veces la autorizada por la misma ley.

Esta situación tan peculiar nos obliga a revisar una vez más el alcance de la Ley de Alquileres Razonables con ánimo de sondear otra vez sus objetivos, reconocer los intereses sociales que protege y, finalmente, determinar cuál ha de ser el ejercicio prudente de ciertas acciones que en ella se tutelan. Concedimos al demandante recurrido una oportunidad para que explicara la situación paradójica en la que él se ha colocado a pesar de la norma jurídica reconocida de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y de que la ley no ampara el abuso del derecho o su ejercicio antisocial. Su comparecencia no nos persuade.

El problema complejo que representa la contratación moderna de arrendamientos urbanos no es exclusivo de Puerto Rico. Las jurisdicciones donde priva el derecho civil se en-frentan a la misma situación al tornarse insuficiente para regir las complejidades de nuestro siglo la regulación que sobre los arrendamientos urbanos ofrecen los códigos apro-bados en el pasado siglo. Condómines Valls, F. de A., Arrendamientos Urbanos, págs. 17-19; Madrid, 1956; Bonet Correa, J., La Legislación de arrendamientos urbanos y las cláusulas de estabilización de la renta, en 220 Rev. Legis. y Juris., pág. 213 y ss. (1966).

Señala la doctrina que para regir la contratación de arrendamientos se produjo en la Europa de la postguerra copio-sísima legislación en el orden civil o administrativo así como en el penal. Quintano Ripollés, A., Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, Tomo III, Infracciones sobre el Patrimonio, Daños y Leyes Especiales, pág. 210; Madrid, 1960. También en América Latina se advirtieron tempranas reacciones en el mismo sentido. Arias C., Derecho de Arrendamientos Urbanos, pág. 27 y ss., Buenos Aires, 1966. En Puerto Rico encaramos también el problema causado por la escasez de locales de vivienda y comercio en la era de la post-guerra, adoptando la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 del 25 de abril de 1946, 17 L.P.R.A. sec. 181 y ss., para sustituir medidas estadounidenses de emergencia de guerra que rigieron aquí hasta entonces. Ver Notas Monográficas en XX Rev. Jur. U.P.R. 276 (1951) y XXXIV Rev. Jur. U.P.R. 423-425 (1964).

Nuestra Ley de Alquileres Razonables provee un elabo-rado esquema sobre la materia de arrendamientos que com-plementa y a veces sustituye las normas del Código Civil. Desde su aprobación, hace ya casi siete lustros, aquélla ha sido objeto de varias enmiendas dirigidas a perfeccionar sus mecanismos. No obstante, nuestras interpretaciones de la Ley han sido, sin duda, abarcadoras, profundas y creativas con ánimo de ajustar su rigor a una sociedad que, en los treinta y tres años de su vigencia, ha sufrido cambios radicales en todos los órdenes. Así por ejemplo, reconocimos en Coel, Inc. v. Policlínica Arzuaga, Inc., 100 D.P.R. 445, 449 (1972), la validez de un pacto entre arrendador y arrendatario para aumentar el canon de alquiler, luego de mejorarse la propiedad, aun sin mediar la sanción del Administrador; en Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 249 (1975), hicimos aplicable el plazo de prescripción de cinco años establecido en el Art. 1866 del Código Civil a las acciones para obtener el reintegro de cánones pagados en exceso del canon regulado; y en Balbás Peña v. ASERCO, 104 D.P.R. 815, 823 (1976), al revisar una decisión administrativa que congelaba el valor de tasa-ción de solares en los que radicaban estructuras pertenecien-tes a terceros al que regía en 1ro. de octubre de 1942, recono-cimos que no podía establecerse un rendimiento distinto por el hecho de haberse arrendado antes o después de la fecha crítica señalada.

Por otro lado, en Agulló v. ASERCO, supra, siguiendo nuestras decisiones en Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., 94 D.P.R. 807, 814 (1967), Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231, 235 (1968), Flores v. Flores Toledo, 101 D.P.R. 61, 66 (1973), y B. Fortaleza Corp. v. Bouzá, 101 D.P.R. 270, 274 et seq. (1973), resolvimos que la Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964, 17 L.P.R.A. sec. 184(b), que exime del control de la Ley de Alquileres Razonables a las propiedades cuya renta mensual fuese igual o mayor que el canon mínimo señalado por dicha Ley, opera de pleno derecho, esto es, por sí misma, sin que sea necesario para su vigencia el visto bueno del Administrador. De suerte que basta con que la unidad de alquiler dedicada a vivienda se arriende por un canon de $200 o más, o la de comercio se pacte por un canon de $400 o más, para que se aplique la excepción de la mencionada Ley Núm. 67. En el caso de autos el demandante recurrido al cobrar $625 mensuales por el alquiler de la uni-dad comercial, según los casos citados precedentemente, ex-cluyó voluntariamente la propiedad en cuestión del ámbito y protección de la Ley de Alquileres Razonables. Su propio e intencional curso de acción le privó de remedio alguno contra el dueño de la propiedad.

Además, el fundamental postulado jurídico que demanda que todo derecho o facultad que la ley consagre, se ejercite siempre razonable, justa y legítimamente quedó burlado por la actuación del demandante recurrente. Véanse las Senten-cias del Tribunal Supremo de España del 14 de febrero de 1944, 25 de octubre de 1950, 6 de octubre de 1953 y 4 de octubre de 1961. Se trata, ni más ni menos, de la figura del abuso del derecho, la cual es de antigua estirpe. Surge en Roma, como arma utilizada para evitar los actos de emula-ción. Luego, superando esa estrecha concepción inicial, co-menzó a dibujarse en la jurisprudencia francesa del siglo XIX para vedar algunos comportamientos o actividades que, sin embargo, se encontraban dentro de los límites fijados por la codificación napoleónica, es decir, dentro de la legalidad, sobre la que tanto insistió aquella codificación. Diez-Picazo y Ponce de León, L., El abuso del derecho y el fraude de la ley en el nuevo título preliminar del Código civil y el problema de sus recíprocas relaciones, en Documentación Jurídica, Núm. 4, octubre-diciembre 1974, pág. 1329 et seq. Ver Hernández Gil, A., Génesis y Aportaciones del Nuevo Título Preliminar del Código Civil, pág. 7, cita precisa a la pág. 17; Barcelona, 1976. Y, en España, la figura ha sido incorporada al Título Preliminar del Código Civil español de 1974, Capí-tulo tercero, al declarar que la ley no ampara el abuso del derecho o su ejercicio antisocial.

Modernamente, se ofrecen en la doctrina científica dos directrices para definir el abuso de derecho. “Una, de naturaleza subjetiva, que ve el abuso de derecho en el ejer-cicio del mismo, bien fuere con la intención de dañar, o sin verdadero interés para el que lo ejercita. Otra, denominada objetiva, que percibe el abuso en el ejercicio anormal del derecho, contrariando los fines económicos o sociales para los que fue creado . . . Hernández Juan, D., Legislación de Arrendamientos Urbanos, Vol. 1, Art. 9°, pág. 2; Barcelona, 1957. Los actos del inquilino demandante en el presente caso quedan claramente enmarcados dentro de la directriz obje-tiva. Surge de dichos actos un conflicto irreconciliable entre los intereses del dueño de la propiedad y los del inquilino re-currido. De suerte que si el inquilino demandante deja de ser inquilino legítimo y se convierte en traficante de alquileres ha de observar la ley tal y como si fuera el dueño. Por ello el lucro ilegal proveniente de su posición privilegiada de in-quilino — habiendo dejado de serlo — unido a su pretensión de que el dueño lo siga considerando como inquilino, por ser con-trario al espíritu y propósito de la Ley de Alquileres Razona-bles, constituye el abuso del derecho que censura la doctrina. En consecuencia, permitir su acción punitiva de triple daño contra el dueño, chocaría con el principio jurídico que impide se tolere el ejercicio de los derechos de manera antisocial.

Más aún, en nuestra función de jueces hemos de rechazar las pretensiones de una parte que constituyan medio de eludir la aplicación de normas imperativas del ordenamiento. Ad-vertimos que el demandante intenta evadir las disposiciones del Art. 4 de la Ley de Alquileres Razonables, según fuera en-mendado por la citada Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964, disposiciones que le son adversas por cuanto tienen el efecto de excluir la aplicación de la Ley de Alquileres Razonables en casos como el de autos. Su proceder debe considerarse un acto de fraude de la ley, figura que es también muy antigua en el quehacer jurídico occidental.

El sentido que hoy le atribuimos al concepto de abuso del derecho es similar al que se le daba antiguamente a los actos in fraudem legis. Así, el derecho romano clásico cali-ficaba como actos contrarios a la ley todos aquéllos que aun ajustándose a su letra, producían un resultado práctico contrario a su espíritu y finalidad. Castán Tobeñas, J., Derecho Civil Español, Común y Foral, lima, ed., Tomo 1, Vol. 1, pág. 574, Madrid, 1975. Dentro de esa similaridad de sentido se da hoy un contenido más concreto a la doctrina del fraude de ley. De Castro, por ejemplo, considera acto fraudulento aquél “cuyo resultado está prohibido por una ley, pero que se ampara en otra dictada con distinta finalidad”, De Castro y Bravo, F., Derecho Civil de España, 2da. ed., pág. 544, Ma-drid, 1949. Puig Peña, por su parte, señala que los actos in fraudem legis están constituidos por “todas aquellas conduc-tas aparentemente lícitas, por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, pero que producen un resultado contrario o prohibido por otra norma tenida como fundamental en el disciplinamento de la materia de que se trata.” Puig Peña, F., Tratado de Derecho Civil Español, Tomo I, Vol. 1ro., pág. 398, Madrid, 1957. Ver Art. 6, inciso 4 del Código Civil español.

A la luz de la doctrina expuesta no podemos aceptar que el inquilino demandante intente esquivar aquellas disposi-ciones de ley que le obligan referentes al canon máximo que puede cobrar, y que aún más, le colocaron fuera de su ám-bito de protección cuando fijó un canon que excluye la propie-dad de la regulación de la ley, y que a su vez reclame un derecho bajo la misma ley que dejó de cobijarle, por conllevar ese intento un fraude de la ley.

La Ley de Alquileres Razonables, conforme declara su exposición de motivos, está fundamentada en la protección de los inquilinos contra “numerosos propietarios que han estado y continúan imponiendo a sus arrendatarios contratos injustos, irrazonables y abusivos ... y están recurriendo a diversas prácticas de especulación y de violento desalojo de negocios e industrias de importancia económica para el país.” Art. 1, 17 L.P.R.A. see. 181. Su manto protector cubre al inquilino, pero no a quien al convertirse en mercader de al-quileres abusa del derecho y queda excluido de su abrigo. En-tender que la protección de la ley se extiende al que así actúa desvirtuaría la función social que persigue la legislación especial sobre inquilinato y las exigencias éticas del derecho.

Es incuestionable que la Ley desalienta el cobro de cánones en exceso de los autorizados para las propiedades cobijadas, mediante la reparación del daño causado a la víc-tima de dicha práctica ilegal, en la forma de una acción de triple daño. Mal puede, sin embargo, un inquilino que se ha convertido en traficante de alquileres, y que por tanto ha de-jado de ser el inquilino que la Ley intentó proteger recibir ilegalmente de sus subarrendatarios cánones en exceso de los fijados por la agencia reguladora, y a su vez exigir de quien le arrendó la propiedad en cuestión, que le compense por daños que en la realidad no ha sufrido.

Permitir que el arrendatario dirija una acción de triple daño contra su arrendador a la vez que se lucra de la propiedad de manera ajena al interés que protege la Ley de Alquileres Razonables, sería permitir el ejercicio de un derecho en abierta hostilidad con el espíritu de la Ley que genera ese derecho. Fundamentales principios de nuestro ordenamiento se verían mancillados. Con el preclaro sentido que le distingue, hubo de sostener el Tribunal Supremo de España, en Sentencia de 12 de mayo de 1972, aun con anterioridad a la incorporación al Código Civil español de las figuras que aquí discutimos, que el abuso del derecho, la mala fe y el fraude a la ley, ya se consideren instituciones distintas, ya facetas de una misma institución, persiguen una finalidad idéntica, a saber: impedir que el texto de la ley sea utilizado para amparar actos contrarios a la realización de la justicia; que frente al contenido ético y al espíritu objetivo de la norma legal no prevalezcan las maniobras tendentes a lograr un resultado distinto al perseguido con ella. Ver Comentarios a las Reformas del Código Civil, Vol. 1, pág. 334 et seq., Madrid, 1977.

Es preciso evitar que el legítimo propósito de la ley— ofrecer protección a los inquilinos — se convierta, como advir-tiera en un caso similar la Audiencia Territorial de Madrid, “en negocio a costa de la propiedad ajena”. Sentencia de la A.T. de Madrid, 6 de diciembre de 1956. De acceder a las pretensiones del arrendatario subarrendador estaríamos ex-tendiéndole la protección de la Ley que él le niega al suba-rrendatario a quien se la debe. El demandante dejó de ser “inquilino protegido” con respecto al “dueño arrendador”, por lo que no puede prevalecer su acción en reclamo de la penalidad de triple daño.

Se expedirá el auto de revisión solicitado, y se dictará sen-tencia revocando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 30 de junio de 1978.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Violeta Enríquez Pérez y Violeta Camino Enríquez, demandantes y recurridas, v. Fernando Fernández et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-79-111

      Resuelto: 9 de mayo de 1979

      Darío Padín Mimoso, abogado de los peticionarios; Samuel E. Polanco, abogado de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En acción civil sobre daños y perjuicios por mala práctica contra dos médicos y un hospital, la Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó orden señalándolo para juicio y dene-gando la solicitud de la demandada Administración del Fondo de Compensación del Paciente para que el pleito se sometiera a un panel de arbitraje a tenor de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. see. 4110). Recurrió dicha agen-eia en certiorari y han formulado oposición los demandantes recurridos, por lo que resolvemos con la rapidez que autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento.

La práctica de la medicina y de la cirugía, a la sombra de los grandes avances .científicos que, sin embargo, no han extirpado áreas de incertidumbre y total desconocimiento, ejercida por profesionales de alta competencia y destreza en su mayoría, pero también por otros que no alcanzan esa cali-ficación, es quehacer cuya noble encomienda de cuidar la salud y preservar la vida se ejerce contra una inevitable cuan-tía de riesgo, en ocasiones agravada por la impericia, des-cuido o negligencia del profesional practicante. El libre acceso a todo tipo de información instaurado por la sociedad abierta de nuestros días, rompió el secreto y la confidencialidad que antes sepultaban los errores del médico y hasta enervó la soli-daridad tribal que imposibilitaba la reclamación de la parte perjudicada. El despertar de la conciencia social frente a la mala práctica de la medicina trajo como todos los cambios, consecuencias favorables y adversas. Si por un lado se abrió amplia brecha de acceso a la reparación del daño mediante in-demnización pecuniaria, por otro la proliferación de deman-das injustas y de cuantiosas compensaciones conturbó al mé-dico y lo llevó a ejercer en constante temor del desprestigio y de la ruina económica. La consiguiente cautela privó al pa-cíente de la decisión genial, aunque audaz frente a imponderables, que en no pocos casos hace la diferencia entre la vida y la muerte. La práctica tímida de la medicina y la prolifera-ción de demandas vino acompañada del abandono de este riesgo por la industria de seguros, cancelación de pólizas y la exigencia de primas prohibitivas. La situación derivó en un mal social de extensas proporciones: el pueblo vino a ser doblemente afectado por una disminución en la calidad de la medicina y por reducción de las posibilidades de obtener un resarcimiento adecuado en los casos de práctica culposa o negligente. El derecho a recobrar contra médicos y hospitales se enfrentaba a nuevas dificultades que se sumaban a la len-titud y prolongación del litigio debido a su compleja natura-leza, tanto en sus aspectos factuales como en los de Derecho.

Como remedio al problema se aprobó por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la ley estableciendo el Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (Núm. 74 de 30 de mayo de 1976, 26 L.P.R.A. sees. 4101 a 4116) incorporada como parte de nuestro Código de Seguros. Dicho estatuto crea la Administración del Fondo de Compensación al Paciente como agencia con personalidad jurídica, cuyo propósito es, según el Art. 41.060 del citado Código (26 L.P.R.A. see. 4105), proveer una cubierta básica de responsabilidad profesional médico-hospitalaria hasta la suma de $500,000 para cubrir aquella porción de cada reclamación de daños por culpa o negligencia (malpractice) que exceda los límites de responsabilidad financiera que en la See. 4108 se fija en $100,000 por ocurrencia o hasta un agregado de $300,000 por año, cubierta por cuenta de plica (escrow fund) o seguro compulsorio. Se crea simultáneamente la Asociación de Suscripción Conjunta, compuesta por todos los aseguradores autorizados en Puerto Rico para contratar seguros llamados de responsabilidad y de negligencia profesional en la See. 408, incisos (1) y (10), los que vienen obligados a ser miembros de dicha Asociación como condición indispensable para seguir suscribiendo seguros aquí, y la cual deberá proveer seguro de responsabilidad médico-hospitalaria por los límites antes mencionados a los solicitantes cualificados.

La administración se nutre de las aportaciones de los pro-fesionales y entidades participantes que para médicos, osteó-patas y odontólogos generalistas que no lleven a cabo cirugía se fija el primer año en $100 y para los demás en $500; y en $50 por cama para las instituciones de salud. Después del primer año de operaciones la Junta de Directores de la Ad-ministración, en consulta con el Comisionado de Seguros, de-terminará e impondrá las aportaciones.

La citada Ley Núm. 74 establece términos de prescripción para las acciones sobre negligencia profesional, con términos de uno y dos años según las circunstancias; e imprescripti-bilidad para casos de fraude u ocultación. Ningún deman-dante podrá recobrar de la Administración “a menos que se le emplace, o sea incluido como parte en el pleito”, ordena la See. 4107(1).

Como eje procesal del diseño legislado dispone dicha Ley en su Art. 41.100 (26 L.P.R.A. see. 4110) que “[t]oda acción civil que surja de una reclamación de daños por culpa o negligencia (malpractice) se iniciará mediante la radicación de una demanda en la sala del Tribunal Superior competente. El tribunal procederá a someter la reclamación a arbitraje según se dispone en la See. 4111 de este título”; y especifica en la siguiente See. 4111 que “[u]na vez transcurridos sesenta (60) días de radicada la contestación a la demanda en una reclamación de daños por culpa o negligencia {malpractice), o en cualquier momento antes, que las partes notificaren estar preparadas, el Juez Administrador de la sala del Tribunal Superior competente designará dentro de los próximos treinta (30) días un panel de arbitraje que entenderá en el arbitraje de la reclamación y la sala o el lugar donde se reunirá dicho panel.”

Nos hemos extendido más de lo usual para exponer el fundamento originario y razón por la cual todo caso de mala práctica debe remitirse al arbitraje compulsorio dispuesto en la referida Ley. Comprendemos el legítimo interés del magis-trado en retener el pleito para lo que él estima una decisión por sentencia con mayor prontitud que la obtenible del panel de árbitros, pero hemos de respetar la norma imperativa del estatuto. Cf. Com. de Seguros v. Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 625 (1979).

En la acción civil por mala práctica médica el tribunal no ha de esperar petición de parte para remitir el asunto al arbitraje especial ordenado por la citada Ley Núm. 74 de 1976, sino actuar motu proprio a los 60 días de radicada la contestación, o antes, si las partes notificaren estar preparadas, organizando el panel de arbitraje. La realidad de que en este caso en particular el juicio ante el tribunal pueda adelantar la decisión del pleito, no autoriza la desviación del procedimiento cuidadosamente ordenado por el legislador. Cf. Sucn. Carderaros v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 721 (1975).

Se expedirá el certiorari y se dictará sentencia a tenor de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal anulando la orden recurrida y devolviendo el caso a instancia para con-tinuación de procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre con el resul-tado. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      La medicina es una ciencia inexacta, de inevitable falibilidad. Y lo es, dice el Dr. Gregorio Marañón, porque aun cuando llegue el día en que se conozcan todas las causas de enfermedad y el medio específico de combatir-las, “existirá siempre el factor reaccional del individuo enfermo, infinita-mente variable e imposible de acomodar a previas normas; y ese factor, ahora y siempre, convierte todo tratamiento, aún el más rigurosamente exacto, en un azar, cuyo margen de posibilidades de error se puede, a fuerza de estudio y de perspicacia, disminuir, pero nunca eliminar. . . . Pedir cuentas al médico de su fracaso con un criterio científico, como se le pide a un ingeniero que ha calculado mal la resistencia de un puente, es disparate fundamental y es principio totalmente inaceptable.” Benzo Cano, La Responsabilidad Civil del Médico (Prólogo), págs. 12-13, Barcelona, (1944).

      No se espera que la Asociación sea un organismo permanente. La See. 4104(5) limita su existencia a un período que no excederá de ocho años desde la fecha de vigencia de la ley que es 1° de julio de 1976, y podrá ser disuelta por el Comisionado, previa celebración de vistas públicas, en cualquier momento antes si determina que no es necesaria y que existe o que se ha mantenido un mercado adecuado para dicho seguro por la in-dustria de seguros. El Comisionado podrá prorrogar la existencia de la Asociación por un período que no excederá de cuatro años adicionales.

      E1 panel de arbitraje tendrá funciones cuasi-judiciales y estará compuesto por tres miembros, un abogado que será su Presidente, un miem-bro de la profesión médica, que pertenecerá a la clase a la cual pertenezca la persona contra quien se haya radicado la acción y un representante del interés público que no será abogado ni profesional en el cuidado de salud ni representante de institución para el cuidado de salud. 26 L.P.R.A. sec. 4111(2).


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Rigoberto Figueroa y Margot Figueroa Jiménez, demandantes y recurridos, v. Banco de San Juan et al., demandado y peticionario.

      Número: O-78-16

      Resuelto: 16 de mayo de 1979

      Manuel Moreda Toledo, Hernán Torres Platini y Vicente M. Ydrach Fournier, abogados del peticionario; Edelmiro Salas García, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso envuelve el ejercicio de la acción indepen-diente reconocida por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para el relevo de una sentencia y de los procedimientos de ejecución, que siempre suscita contienda entre dos principios fundamentales del ordenamiento procesal, el que favorece la finalidad y certeza de los procedimientos judiciales, esencial para la estabilidad y eficacia de la administración de justicia y, el no menos vital, de impartir justicia a las partes. La con-ciliación de ambos principios debe lograrse sopesando en fino balance los hechos pertinentes del caso. Procedemos de inme-diato a examinar el récord.

H-4

El 18 de junio de 1975 el peticionario Banco de San Juan instó demanda en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca contra los recurridos Rigoberto Figueroa y Margot Figueroa Jiménez, Alegó en dicha demanda que en 30 de marzo de 1973 los mencionados demandados suscribieron a favor del Banco un pagaré por la suma de $15,000 garanti-zado colateralmente por un pagaré hipotecario al portador otorgado por Margot Figueroa Jiménez por la cantidad de $50,000 dado en prenda. Solicitó el Banco que se dictara sen-tencia condenando a los demandados a pagar las sumas recla-madas y que de no pagarse las mismas se librara el correspon-diente mandamiento de ejecución para ser efectivo sobre cualesquiera bienes de los demandados, específicamente pero no limitado a la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada.

Los demandados no contestaron la demanda a pesar de que solicitaron y se les concedió tiempo adicional para hacerlo. El caso se señaló en rebeldía y el 8 de diciembre de 1975 se dictó sentencia de conformidad. Tanto el señalamiento de la vista en rebeldía como la sentencia se notificaron a los demandados y estos no hicieron gestión alguna para reabrir el caso ni para solicitar revisión.

Se expidió mandamiento de ejecución, y, publicados los edictos correspondientes, se celebró la subasta el 19 de abril de 1976. La buena pro se le adjudicó a Sixto Campano Luelmo por la suma de $20,000.

No es hasta el 17 de mayo de 1976 que los demandados en dicho pleito comparecen al tribunal de instancia a impugnar la subasta aduciendo que:

a) La subasta fue celebrada contrario a las disposiciones de los Arts. 1762 y sig. del Código Civil que regulan el con-trato de prenda.

b) La subasta se celebró contrario a las disposiciones de la escritura de hipoteca la cual señalaba un tipo mínimo de $55,000.

c) No se requirió en el mandamiento de ejecución que pri-mero se hiciera efectiva la sentencia en bienes muebles del deudor, conforme la Regla 51.5 de Procedimiento Civil.

d) No se embargó previamente la propiedad inmueble a pesar de que se trataba de una acción personal.

e) No se citó al deudor y al dueño de la prenda a la su-basta de conformidad con el Art. 1771 del Código Civil.

f) Al momento de la ejecución el acreedor prendario no era dueño de la prenda por lo que no podía solicitar la ejecu-ción de la prenda y de la hipoteca en el mismo procedimiento.

g) El mandamiento de ejecución no se instó en nombre de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El tribunal de instancia celebró una vista sobre los méri-tos de esta moción y solicitó a las partes que presentaran ale-gatos en apoyo de sus respectivas contenciones. El Banco de San Juan presentó el suyo pero no así los demandados promo-ventes de la moción de nulidad de subasta. El tribunal declaró sin lugar dicha moción al concluir que la Regla 49.2 no era el vehículo apropiado para dejar sin efecto la subasta por motivo de errores de derecho como los apuntados en los ante-riores incisos (a), (b), (c), (d) y (f), relativos a cuestiones sustantivas que debieron haber sido levantadas en la trami-tación del caso. No obstante, consideró y resolvió cada uno de los planteamientos aducidos por los demandados. Al efecto concluyó que la acción incoada era quasi in rem por lo que no era necesario embargar previamente el inmueble hipotecado ni hacer primero efectiva la sentencia sobre los bienes mue-bles de los deudores; que la Regla 72 de Procedimiento Civil derogó la disposición del Código de Enjuiciamiento Civil que exigía que las órdenes judiciales se instaran a nombre de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado; que las cuestio-nes levantadas en los anteriores incisos (a) y (e) carecían de mérito ya que los mismos se refieren al procedimiento especial instituido por el Código Civil para la ejecución de prenda ante notario y no son aplicables al procedimiento ordi-nario seguido en este caso; que el procedimiento ordinario de ejecución de la prenda y de la hipoteca puede hacerse simultáneamente, según lo resuelto en In Re Las Colinas, Inc., 294 F.Supp. 582 y Acevedo v. Domenech, Tes., 52 D.P.R. 460 (1988); y, que el tipo mínimo de $55,000 se fijó para el caso de ejecución por el procedimiento ejecutivo sumario y no para el ordinario.

Tampoco hicieron gestión los demandados para revisar la anterior resolución denegándoles el relevo de la subasta, a pesar de que la misma les fue notificada.

No obstante, simultáneamente con la moción de nulidad de subasta los recurridos Rigoberto y Margot Figueroa pre-sentaron contra el Banco de San Juan una acción indepen-diente para anular la sentencia y los procedimientos de eje-cución en la que repitieron varios de los fundamentos adu-cidos en la moción de relevo denegada y adicionaron nuevos fundamentos, a saber:

1. El Banco de San Juan instó contra ellos acción en cobro de dinero en virtud de la cual obtuvo sentencia y ejecución de la propiedad garantizada en el pagaré hipotecario dado en prenda sin que se hubiese demandado ni emplazado a los deu-dores hipotecarios.

2. La obligación principal garantizada por el pagaré dado en prenda se había extinguido por lo que había quedado ex-tinguida también la garantía hipotecaria.

3. El mandamiento de ejecución y la subasta son nulos por haberse hecho los mismos en contravención de lo precep-tuado por los Arts. 249, 251, 252, 253, 254, 255 y 258 del Código de Enjuiciamiento Civil y los Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Venta de Propiedad Personal Sujeta a Ejecución de 9 de marzo de 1905.

4. La obligación principal es nula por haberse pactado el cobro de intereses en exceso de lo autorizado por la ley.

5. El no relevar a Margot Figueroa de los efectos de la sentencia y de la ejecución equivaldría a privarle de su pro-piedad sin el debido proceso de ley.

El Banco solicitó el 7 de diciembre de 1976 la desesti-mación de la demanda mediante moción de sentencia sumaria fundándola esencialmente en que las alegaciones constituían cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia. No con-testaron los recurridos la moción de sentencia sumaria pero cuatro meses más tarde, el 19 de abril de 1977, presentaron una moción en la que informan al tribunal “que se acompaña declaración jurada y anexos creditivos de cuanto menos fraude en los procedimientos post sentencia llevado a cabo en el caso civil 75-4206 y de la existencia de una perfecta con-troversia de hechos en cuanto a la falta de identificación de la alegada obligación bajo la cual se encubre la confabulación practicada para despojar al compareciente de su propiedad.”

Es por primera vez en el prolijo trámite de este asunto que los recurridos hábilmente insinúan la posibilidad de fraude y de una conspiración para despojarlos de la propie-dad pero sin alegar hechos específicos constitutivos de fraude ni de confabulación. En la declaración jurada que acompañó dicha moción se limitaron a afirmar que la obligación principal de $15,000 había quedado extinguida, sin decir cuándo, cómo, ni por qué. También afirmaron que les constaba de propio conocimiento que la propiedad ejecutada tenía un valor de $300,000, según una tasación realizada seis años antes, y, que el adquirente en la subasta Sixto Campano Luelmo y el Banco de San Juan tenían conocimiento del valor inadecuado.

El tribunal de instancia denegó la moción de sentencia su-maria solicitada por el Banco aunque concluyó que efectiva-mente la acción independiente instada por los Figueroa cons-tituía técnicamente cosa juzgada por haberse planteado las mismas cuestiones en la moción de reapertura bajo la Regla 49.2 promovida por los Figueroa en el caso 75-4206 y no haber acudido éstos al procedimiento de revisión. No obstante, se negó a desestimar la demanda por entender que la doctrina de cosa juzgada no debía aplicarse inflexiblemente, y, espe-cialmente, cuando dicha doctrina, a juicio del tribunal, se esgrimía por un acreedor que obtuvo sentencia cuya ejecución si no era nula era irregular. Las irregularidades señaladas por el tribunal consistían en que el inmueble subastado tenía un valor superior a $300,000 según lo alegado por Figueroa; no se citó a los demandados a la subasta; no se intentó hacer la sentencia efectiva primero en los bienes muebles del deu-dor, y, la propiedad fue vendida a un arrendatario por la cantidad de $20,000 con un gravamen de $93,000.

Es decir, el tribunal de instancia adjudicó válida la sen-tencia de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca dictada en el caso civil 75-4206 pero dejó abierto el caso para dilucidar los anteriores puntos en un juicio plenario y oír prueba sobre fraude y precio inadecuado. En reconsideración ratificó su dictamen reafirmando que los hechos relativos a fraude y precio inadecuado estaban en controversia.

Expedimos el auto para revisar.

I — i

Convenimos con el tribunal de instancia en que la doctrina de cosa juzgada impide al recurrido volver a litigar las cuestiones que planteó o pudo haber planteado en la solicitud de relevo de sentencia. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); González v. Méndez et al., 15 D.P.R. 701 (1909). Tampoco puede utilizar el mecanismo de una acción independiente para impugnar por errónea la validez de la sentencia y de los procedimientos de ejecución en el caso civil 75-4206, ni para levantar cuestiones sustantivas que de-bieron haberse planteado como defensas afirmativas en el juicio. Dicha acción no tiene el propósito de sustituir el pro-cedimiento de revisión o de proveer un remedio adicional contra una sentencia errónea. González v. Chávez, 103 D.P.R. 474 (1975); Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 290 (1974); O. Parés Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772 (1970); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962). Si así fuera, el pleito independiente para el relevo de sentencia constituiría un mero mecanismo procesal para extender indirectamente el término de revisión en menoscabo del interés fundamental en la estabilidad y certeza de los procedimientos judiciales. La Regla 49.2 preserva este interés fundamental al establecer un término fatal de seis meses para solicitar el relevo, al fijar en términos precisos las razones para el mismo, y, al excluir el error judicial, a distinción del error de la parte, como fundamento del remedio. Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242 (1961).

No obstante, siempre se ha reconocido la facultad inherente del tribunal, ya sea a su propia instancia o a instancia de parte interesada o afectada, para dejar sin efecto en cualquier momento una sentencia nula u obtenida mediante fraude. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704 (1963); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961); Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 D.P.R. 678 (1961); Roca v. Thomson, 77 D.P.R. 419 (1954). Este poder inherente está reconocido por la Regla 49.2 la cual dispone al respecto que:

“. . . Esta regla no limita el poder del tribunal para (a) conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento; (b) con-ceder un remedio a una parte que en realidad no hubiese sido emplazada; y (c) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal.”

El esquema amplio y abareador de remedios que provee la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de esta acción independiente a los casos en que ha transcurrido el término fatal de seis meses y las circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda razonablemente concluir que mantener la sentencia constituiría una grave injusticia contra una parte que no ha sido negligente en el trámite de su caso y que, además, tiene una buena defensa en los méritos.

Se admite generalmente el ejercicio de la acción independiente en casos de sentencias nulas, ya que estas son inexistentes. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704, 708; 7 Moore, Federal Practice, sec. 60.37(1), pág. 621; Wright & Miller, 11 Federal Practice and Procedure, 238. Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción sobre la materia o las partes, o, en alguna forma infringe el debido proceso de ley. E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 831 (1954). Igualmente procede el ejercicio de la acción independiente contra una sentencia obtenida mediante fraude, error o accidente y cuando una parte se ha visto impedida de presentar sus defensas por maquinaciones y argucias de otra parte, siempre y cuando no haya sido negligente en el trámite de su caso o haya incurrido en falta. Olivera v. Grace, 122 P.2d 564. Moore, op. cit., a las págs. 621-627; Wright & Miller, op. cit, págs. 639-645.

Ill

En el caso de autos, tanto el recurrido Rigoberto Figueroa como Margot Figueroa Jiménez fueron debidamente em-plazados y tuvieron la oportunidad de comparecer y presentar sus defensas contra la acción de cobro de dinero y ejecución de prenda instada por el Banco de San Juan. Nada hicieron para defenderse; ni contestaron la demanda, ni solicitaron reapertura de rebeldía o acudieron al procedimiento de revi-sión de sentencia, renunciando con inexplicada pasividad a los fundamentos de error que ahora pretenden levantar en el presente caso. Nada alegan ellos para justificar esta negli-gente desatención de su responsabilidad como litigantes en el trámite del litigio.

En cuanto al procedimiento de ejecución, nada hay en la ley que exija la notificación al dueño de la propiedad durante el trámite post sentencia. Cf. Albaladejo v. Vilella Suau, 106 D.P.R. 331 (1977). En Avilés Vega v. Torres, 97 D.P.R. 144 (1969), específicamente resolvimos que de ejecutarse la sentencia en cualquier tiempo antes de los cinco años de ser ésta firme, como en el caso de autos, no es necesario la notificación de la orden de ejecución ni del mandamiento de embargo. Es propio asumir que todo litigante sabe las consecuencias de una sentencia en su contra y, por tanto, el recurrido Rigoberto Figueroa y Margot Figueroa Jiménez debían saber que la sentencia habría de ejecutarse contra la propiedad hipotecada en el pagaré que ellos dieron en prenda. Pero independientemente de ello, se dio aviso de la subasta mediante la publicación de edictos, tal y como lo requiere el Art. 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1132.

Los fundamentos aducidos por el recurrido Figueroa en este caso pudieron haber tenido mérito como errores de derecho en un procedimiento de revisión pero son ineficaces como fundamentos de nulidad en un pleito independiente pues la sentencia objeto del mismo es válida, según hemos podido ver anteriormente.

Con respecto al fundamento de fraude el caso del recurrido adolece de un grave defecto procesal pues no hizo alegación alguna de fraude sino que meramente se limitó a afirmar que la deuda de $15,000 se había extinguido y que la propiedad ejecutada tenía un valor de $300,000. Como es sabido, el fraude no sólo tiene que ser afirmativamente alegado sino que, además, debe exponerse detalladamente las circunstancias que constituyen el mismo. Reglas 6.3 y 7.2 de Procedimiento Civil, I Práctica Forense Puertorriqueña, págs. 36 y 48-49.

Es de notar que el recurrido no afirma que la deuda se pagó sino que se extinguió. La supuesta extinción se funda en que el 17 de marzo de 1974 Rigoberto Figueroa suscribió otro pagaré por la misma cantidad vencedero el 30 de marzo de 1974 y que también quedó garantizada por el mismo pagaré hipotecario dado en prenda. El contrato de prenda fue otor-gado en la misma fecha y suscrito también por Rigoberto Figueroa y Margot Figueroa Jiménez.

Este segundo pagaré no tuvo efecto novatorio ya que no hubo declaración extintiva al efecto ni el mismo es incompatible con el anterior pues no se trata de una nueva obligación sino de la misma obligación. El recurrido siguió debiendo la misma cantidad que tomó prestada al Banco de San Juan el 17 de marzo de 1973. No se alteró ni la causa ni el objeto del contrato de préstamo original; sólo se modificó la fecha de vencimiento. El cambio no tiene mayor importancia porque la demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda se presentó vencida la segunda fecha de vencimiento.

En cuanto al precio inadecuado, el recurrido funda su argumentación en el hecho de que el precio obtenido en la subasta fue de $20,000. Omite decir que la propiedad ejecutada estaba sujeta a una primera hipoteca por la cantidad de $93,000 a favor del Banco Gubernamental de Fomento; obligación que viene obligado a responder el adquirente Luelmo con el valor del mismo inmueble por tratarse de un crédito preferente. Henares v. Casaova, 7 D.P.R. 299 (1904). El precio de venta ascendió por tanto, a un total de $113,000. La mera aseveración del recurrido de que el inmueble tenía un valor de $300,000 es insuficiente, sin más, para establecer una controversia sobre precio inadecuado. Como se sabe, el precio por sí solo no es suficiente para dejar sin efecto una subasta, salvo cuando sea tan desproporcionadamente inade-cuado que cree una presunción de fraude. García v. Humacao Fruit Co., 25 D.P.R. 682 (1917). Si tomamos en cuenta que no se trata de una venta voluntaria, sino forzada, en la que el precio razonable debe determinarse, no en relación con el valor del inmueble en el mercado, sino con respecto a lo que se puede obtener en una subasta pública, es forzoso concluir que no se ha establecido controversia alguna de fraude por precio inadecuado.

En ausencia total de alegación de hechos específicos cons-titutivos de fraude y en las circunstancias que hemos apun-tado, concluimos que el tribunal de instancia incidió al dene-gar la sentencia sumaria solicitada por el peticionario Banco de San Juan para desestimar la demanda instada en su contra por los recurridos Rigoberto Figueroa y Margot Figueroa Jiménez.

Se dictará sentencia revocando la resolución recurrida y desestimando la referida demanda. Se devolverán los autos para que se continúen los procedimientos con respecto a las demás partes y causas de acción.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino, al igual que el Juez Aso-ciado Señor Negrón García.

       En Ponce Federal Savings v. Gómez, resolvimos que el tipo mínimo convenido en la escritura de constitución de hipoteca se aplica tanto al ejecutivo sumario como al ordinario, pero le dimos efecto prospectivo. Más adelante veremos, sin embargo, que la subasta cumplió con este requisito.


text:
    Justo Valle, etc., demandantes y recurridos, v. American International Insurance Co. y Gloria Dinorah Díaz, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-367

      Resuelto: 22 de mayo de 1979

      Rafael A. Vüá Camón y Charles A. Cordero, abogados de los recurrentes; Agustín Mangual Hernández y Osvaldo Pérez Marrero, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Los asuntos a examinarse en este litigio derivan de un aspecto novel de nuestro derecho de daños: las consecuencias de la colisión o choque en cadena de automóviles detenidos.

Cinco vehículos aguardaban detenidos en fila en la ca-rretera frente a Levittown. Los dos primeros esperaban para doblar a la izquierda. El segundo lo conducía el señor Justo Valle, demandante y recurrido, y el tercero, la señora Gloria Dinorah Díaz, demandada y recurrente. Los otros dos carros estaban detenidos detrás del de ésta. Ocurrió el accidente cuando un sexto vehículo embistió a la fila y los cinco autos detenidos chocaron en cadena. La colisión fue de tal natura-leza que el segundo automóvil en la fila, el del señor Valle, fue lanzado desde una distancia de ocho a diez pies contra el ve-hículo que le precedía.

El chófer del segundo vehículo se limitó a demandar a la conductora del tercero. El tribunal de instancia determinó que la conducta de la demandada fue la causa próxima del accidente ya que “por su descuido, no tenía el control de su vehículo y, además, ... se acercó demasiado al vehículo del demandante . . . .” Las determinaciones sobre los hechos indi-can que el auto de la recurrente estaba detenido a una distan-cia de dos a tres pies detrás del carro del señor Valle. El tribunal le impuso responsabilidad a la recurrente por los daños físicos y mentales sufridos por el señor Valle, los daños ex-perimentados por el vehículo de éste y las angustias mentales ocasionadas a su señora esposa. Acordamos revisar.

1. El derecho aplicable

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada por la Ley Núm. 58 de 30 de mayo de 1973, 9 L.P.R.A. see. 301 y ss., no ofrece la clave para la solución de las cuestiones que este caso plantea, aunque su historial debe mencionarse. La Sec. 5-1108 de la ley, 9 L.P.R.A. see. 1139, establece pautas respecto a la distancia que deben guardar los vehículos en movimiento. El P. de la C. 583, fuente de la Ley Núm. 58 que enmendó la Ley de Vehículos y Tránsito, contenía originalmente en la Sec. 5-702 una disposición que prohibía tanto estacionar como detener un vehículo a menos de tres pies de otro. La versión final de esta sección, 9 L.P.R.A. sec. 1013(b) (1), omite toda referencia a “detener”. Véase: Diario de Sesiones, Cámara, Tomo 27, 1937, pág. 1670.

Fuera de la pertinencia de este hecho a la luz de los prin-cipios a discutirse posteriormente, las normas aplicables a este caso son, en ausencia de legislación específica, las deri-vables del derecho general de daños.

Hoy parece innecesario recalcar que el derecho de daños en Puerto Rico se rige, tanto en su forma como en su contenido, por el sistema del derecho civil, pero no siempre se entendió de tal modo. Los fallos y expresiones en contrario no han sido revocados o contradichos expresamente.

En Esbrí v. Serrallés, 1 D.P.R. 321, 337 (1902), se afirmó:

“Las doctrinas y principios Americanos deben regular las Cortes de Puerto Rico hasta en la interpretación de las Leyes de España que aun (sic) se encuentren en los Estatutos de Puerto Rico.”

Igual doctrina fue objeto de las decisiones en Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225, 229 (1902), y Bravo v. Franco, 1 D.P.R. 242, 244 (1902). Un año más tarde, el Tribunal explicó su parecer en Chevremont v. El Pueblo, 1 D.P.R. 431, 445 (1903) :

“Siempre nos inclinamos á aducir las doctrinas de la juris-prudencia de los Estados Unidos, cuando son aplicables, á los problemas judiciales en los Tribunales de esta Isla, considerando las mismas más progresivas y como una evolución del sistema antiguo.”

Dos años antes, en Vélez v. Ramírez, 1 D.P.R. 199, 292 (1901), se comenzaron a sentar las bases para estos desarrollos al negarse la corte a considerar una sentencia del Tribunal Supremo de España emitida el 23 de febrero de 1899 “por haberse dictado después de la extinción de su soberanía [la de España] en esta Isla....”

Para 1921 la situación reinante provocó el comentario siguiente de un reputado estudioso del sistema jurídico an-gloamericano, así como de varios sistemas civilistas:

“Muchos síntomas permiten creer que, en Filipinas y Puerto Rico, la aplicación de un código romano con el método del common law dará lugar a un sistema angloamericano en lo sustan-cial, aunque sea hispanoamericano por sus palabras.”

R. Pound, El Espíritu del “Common Law”, J. Puig Brutau, traductor, Barcelona, Ed. Bosch, s.f., pág. 18. No se ha cum-plido por entero la profecía de Pound. En décadas recientes el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha luchado con tenaci-dad para detener la marcha hacia ese fin iniciada a principios de siglo.

Se revocan en consecuencia los casos citados en todo lo que entrañe la utilización de preceptos del derecho común para resolver problemas de derecho civil. En los casos apropiados será lícito el empleo del derecho común en sus múltiples y ricas versiones — la angloamericana, la original británica, la anglocanadiense y otras — a modo de derecho comparado, así como el uso de ejemplos de otros sistemas ju-rídicos.

2. La responsabilidad en casos de colisión en cadena.

Esta cuestión no se regula específicamente por nuestra Ley de Vehículos y Tránsito. El Código Español de la Circulación, aprobado en su versión inicial en 1934 y por tanto inaplicable a Puerto Rico, tampoco la atiende. J. de la Guardia García, Normas Legales de la Circulación, 2da. ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1974, passim. Hay que recurrir al Art. 1802 de nuestro Código Civil, equivalente al 1902 del español.

Conviene distinguir entre dos tipos de choque en cadena: la colisión de un vehículo contra otros en marcha y el choque de un auto contra otros que están detenidos en fila. Esta opi-nión versa exclusivamente sobre el segundo tipo.

Esta situación no ha sido objeto de discusión en España, hasta donde ha alcanzado nuestra búsqu'eda, pero los principios generales que la gobiernan son conocidos. Es regla reiterada que entre el evento culposo y el daño sufrido ha de existir un nexo causal. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Derecho Privado, 1963, pág. 223 y ss. Véase también, del mismo autor, Derecho Civil—Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Derecho Privado, 1973, Tomo III, pág. 578 y ss. En caso de concurrencia de causas hay que determinar qué causa es la eficiente. “[C]uando sean varias las concurrentes”, escribe Santos Briz en la primera de estas obras, “hay que estimar como decisiva la que por sus circunstancias determina el daño (sent, de 30 de enero de 1954).” Op. cit., pág. 225.

Conforme ha declarado reiteradamente la jurisprudencia española, la relación causal puede interrumpirse (causa interveniens) por la irrupción de un tercero interviniente, pero en tal caso la inmisión de su acto debe ser consciente, intencional o antijurídica. El accidente que se interponga debe ser, además, extraño a la acción. J. Santos Briz, Derecho de la Circulación, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 188 y ss.; Cf. R. Rodiére, La Responsabilité Civile, París, Rousseau & Cié., 1952, pág. 179 y ss. La coautoría puede deshacer igualmente el nexo causal. Santos Briz, loe. cit. (1976).

Los hechos del caso ante nos revelan que las normas señaladas no permiten que se le impute responsabilidad a la conductora del tercer vehículo en la fila. El tribunal de instancia determinó que el segundo vehículo, el del demandante, fue lanzado desde una distancia de ocho a diez pies contra el automóvil que le precedía. Ello necesariamente indica la fuerza con que el sexto vehículo chocó contra el último auto en la fila. El tercer vehículo no fue la causa eficiente de los daños sufridos por el segundo. La causa eficiente fue la conducción del sexto vehículo, el único en movimiento.

No hubo causa interventora. La conducta de la recurrente, de haber sido culposa, no fue a todas luces el factor determi-nante del daño. Aun de existir concurrencia de culpas, la de-cisiva es la del sexto vehículo. Tampoco estamos ante un caso de coautoría. J. Santos Briz, Derecho de la Circulación, supra, pág. 192 y ss.

Si bien el derecho civil español no atiende el caso especí-fico de la colisión en cadena del tipo que aquí nos ocupa, el derecho civil italiano, fundado en un código posterior, re-suelve el asunto expresamente. La Corte de Casación de Italia ha decidido recientemente que en litigios de esta naturaleza el único responsable de las consecuencias de varias colisiones entre vehículos detenidos es el último carro, ocasionador del choque. Cass., 14 abril 1976, citado en G. Pescatore y C. Ruperto, Códice Civile Annotato, Milán, Ed. Giuffre, 1978, anotación al Art. 2054, pág. 2047. Véase: R. Rovelli, Le Responsabilita Civili e Penali per gli Incidenti della Strada, Turin, Ed. Torinese, 1974, Vol. 2, pág. 45 y ss.

A modo de ilustración, valga señalar que el enfoque anglo-americano de este problema produce igual resultado, aunque a veces por caminos distintos. En Estados Unidos se exime usualmente de responsabilidad al conductor de un vehículo detenido que es lanzado contra otro. Peithman v. Beals, 242 N.E.2d 476 (Ill. App. 1968). Lo común allí es demandar al conductor del vehículo causante de la primera colisión. Stephenson v. Wallis, 311 P.2d 355 (Kan. 1957); Vadnais v. Riskin, 73 A.2d 813 (R.I. 1950); Hill v. Bardis, 69 A.2d 1 (N.H. 1949).

Por las razones expuestas se revoca la sentencia recurrida y se declara sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Dávila concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.