text:
    Sucesores de Martín Ramos Muñoz, demandantes y recurridos, v. Apollo Hardware, Inc., demandada; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor-peticionario.

      Número: O-80-574

      Resuelto: 7 de abril de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor y pe-ticionario; Octavio San Miguel Griffo, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Administración de Programas Sociales cedió gratuita-mente a Martín Ramos Muñoz el usufructo de la parcela Núm. 235 de la comunidad rural “Candelaria” del término municipal de Toa Baja, mediante contrato autorizado por el Título V, Art. 76 de la Ley de Tierras, 28 L.P.R.A. see. 553, que en parte ordena:

... Al agregado que hubiere recibido una parcela en usu-fructo se le otorgará un contrato de usufructo que preparará al efecto la Administración de Programas Sociales, el cual tendrá fuerza de ley, y en el cual se establecerán las penalidades que la Administración de Programas Sociales juzgue conveniente im-poner para el caso de que se viole el contrato. El usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, per-mutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar ni en modo alguno ena-jenar o gravar en todo o en parte, el derecho de usufructo que se le conceda, ni la parcela de terreno sobre la cual se le conceda dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras exis-tentes, o que en el futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio derivado del contrato de usu-fructo; Disponiéndose, que cualquier violación de esta disposición no conferirá derechos legales de clase alguna a ningún supuesto adquirente, cesionario o acreedor, sino que, por el contrario, produ-cirá, sin que medie declaración judicial al efecto, la confiscación a favor de la Administración de Programas Sociales del derecho de usufructo concedido al usufructuario sobre la parcela, así como de todo interés, derecho y acción que sobre la parcela cedida en usufructo, o sobre las mejoras, edificaciones, accesiones o siem-bras existentes en la misma tuviera o pudiera tener el supuesto cedente y/o cesionario, acreedor y/o deudor, vendedor o adqui-rente, quedando la Administración de Programas Sociales en li-bertad de disponer en dicha parcela, construcción, edificación, siembra o mejoras, sin tener que indemnizar o pagar cantidad de dinero a persona alguna por ningún concepto....

El usufructuario realizó en la parcela edificaciones y me-joras las que dio en arrendamiento a Apollo Hardware, Inc., por canon mensual de $1,000. El parcelero arrendador murió el 8 octubre, 1974 y la arrendataria Apollo continuó ocupando los locales con su negocio de ferretería, pagando la renta a los herederos de Martín Ramos hasta el 1 de abril de 1975 cuando suspendió los pagos.

El 7 noviembre, 1975 la Sucesión de Martín Ramos pre-sentó ante el Tribunal de Distrito de Toa Alta demanda en cobro de las rentas no pagadas, oponiendo Apollo la defensa de nulidad de contrato y extinción del usufructo por muerte del arrendador. El 23 febrero, 1977, el entonces juez de dicha sala Sr. Melvin A. Padilla Feliciano desestimó la defensa considerando que la Administración no había tomado acción afirmativa, con audiencia a los herederos, para obtener la confiscación a su favor de las mejoras y edificaciones; y con-denó a la arrendataria a pagar todos los cánones adeudados. Su sentencia fue confirmada en apelación ante el Superior, y el 9 marzo, 1978 denegamos certiorari (0-78-62) “sin per-juicio de que la Administración de Programas Sociales pueda reclamar cualquier derecho que le corresponda bajo la ley”. Es entonces que la Administración, en vez de proseguir con la audiencia administrativa, solicita intervención el 4 abril, 1978, transcurrido más de un año desde la sentencia de Toa Alta y casi tres desde que se inició el pleito. Otro juez de dicha sala, el Sr. Géigel Lanuza, admitió la intervención basada en la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento y en la confiscación “sin que medie declaración judicial al efecto” del transcrito Art. 76 y en la reversión a la Administración de la parcela con sus mejoras y edificaciones al terminar el usu-fructo. El 21 febrero, 1978 dictó el Tribunal de Distrito su segunda sentencia en el pleito ratificando la primera y orde-nando a la arrendataria Apollo pagar a la sucesión deman-dante el importe acumulado de cánones, ascendente a $53,277.65 (incluidos principal e intereses al tipo legal), y desestimó la reclamación de la Administración sobre dichas rentas. El Tribunal Superior confirmó el 11 septiembre, 1980, y el 12 noviembre, 1980 a solicitud del Estado expedimos auto de certiorari.

La prohibición en el citado Art. 76 de la Ley de Tierras de disposición del derecho de usufructo ni de las edificaciones o mejoras “bajo pena de nulidad absoluta” parecería proveer una solución simple a este pleito declarando la nulidad del arrendamiento desde su incepción, como pacto contrario a la Ley y al orden público (Art. 1207, Código Civil); de condi-ciones por ley prohibidas (Art. 1069); o de causa torpe por parte de ambos contratantes (Art. 1258). Pero el estatuto regulador de estas cesiones de usufructo cambió fundamental-mente por la Ley Núm. 35 de 14 junio, 1969 (28 L.P.R.A. see. 683) que desplazando el rigor de “nulidad absoluta” de actos contrarios a la ley los reduce a anulables y hasta lícitos por haber la propia ley ordenado su validez (Art. 4 Título del Preliminar) auspiciando un remedio social en vez de una solución de estricto derecho, mas en armonía con “el propó-sito de promover el bienestar, la libertad económica y la justi-cia social de los agregados” que ordena: título, el Secretario de Agricultura indemnizará a los dueños de las edificaciones existentes en dichos terrenos, de conformidad con lo que respecto de los edificantes de buena fe en terreno ajeno, dispone la see. 1164 del Título 31.

See. 683 Retención o venta
En el caso de aquellos usufructuarios que hayan violado lo dispuesto en la see. 553 de este título, el Secretario de Agricul-tura optará por retener el título de propiedad sobre estas par-celas o por venderlas.
(a) El Secretario retendrá el título de propiedad en aquellos casos en que existan planes específicos por parte de las agencias e instrumentalidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para dedicar dichas parcelas a un fin o uso público tales como: carreteras, hospitales, escuelas, áreas recreativas o cualquier proyecto o facilidad gubernamental. En estos casos, y a pesar de la confiscación que como penalidad a las violaciones a la see. 553 de este título establecen las sees. 241 a 591 de este

(b) Con excepción de los casos antes mencionados, el Secre-tario podrá vender las parcelas conforme a la reglamentación •que al efecto adopte.

La determinación del precio y de las condiciones mediante las cuales se venderá la parcela se hará tomando en consideración entre otros, los siguientes factores:

(1) la naturaleza, gravedad, motivación y circunstancias en que se produjo la violación a la see. 553 de este título;
(2) el uso que se esté dando a la parcela;
(3) el tiempo que lleve el ocupante, en la parcela;
(4) la situación económica del ocupante de la parcela;
(5) el valor en el mercado de la parcela, determinado a base de tasación pericial.

En los casos en que el usufructuario u ocupante no llene los requisitos establecidos en la reglamentación que adopte el Secre-tario, o no interese comprar la parcela al precio y bajo las con-diciones que éste fije, el Secretario podrá vender la parcela al mejor postor.

Esta enmienda introduce el concepto de “edificante de buena fe” para beneficio del parcelero con efecto de borrar las consecuencias que en el Derecho civil común operarían en forma drástica y confiscatoria en virtud de las disposiciones del Código Civil relativas a los pactos contrarios a la ley y el orden público. No podemos aceptar la contención del Estado que tan amplio remedio sirva en forma selectiva aplicándose únicamente a los usufructuarios violadores de ley cuyas parcelas se destinan a uso público, porque tal interpretación desembocaría en discrimen constitucionalmente impermisible. El bienestar, la libertad económica y la justicia social de los agregados, y no el uso a que se destina su parcela, es la fuerza que dirige todo este programa social y a su amparo todos tienen derecho a igual protección.

La sala de primera instancia encontró probado, según sus determinaciones de hecho, que la Administración tuvo temprano y pleno conocimiento de las obras realizadas por el usufructuario en su parcela, sin que tomara acción en con-trario, y hasta citó a las partes para una vista administrativa en que hubo acuerdos. Sobre el particular concluye el juez sentenciador:

La parte interventora tuvo pleno conocimiento del presente pleito prácticamente desde sus comienzos y de toda la contro-versia entre las partes y, a los fines de tratar de resolver la misma, citó finalmente a las partes a una Vista Administrativa celebrada el día 25 de mayo de 1976.
Se acordó en esa ocasión, que la Administración procedería a preparar un contrato de arrendamiento con la Sucesión y, a partir de su formalización ésta pagaría un canon de arrenda-miento a la Administración acorde a la valoración del terreno en términos de arrendamiento mensual y se le autorizaría a la Sucesión a subarrendar entonces la parcela y las mejoras.
La Administración todavía no ha formalizado el contrato de arrendamiento con la Sucesión sobre la parcela de referencia, así como tampoco lo ha hecho con persona otra alguna a su nombre.
La Administración no ha realizado contra la Sucesión el pro-cedimiento formal de confiscación que se contempla en la Ley de Tierras para el caso de los violadores del Artículo 76 de dicha Ley (28 L.P.R.A. see. 553) según éste ha sido interpretado judi-cialmente.

Tampoco es atendible la teoría del Estado sobre confis-cación automática, derivada de la disposición en la antigua Ley de Tierras en su Art. 76 (28 L.P.R.A. see. 553) advir-tiendo que la realización por el usufructuario de aquellos actos prohibidos “producirá, sin que medie declaración judicial al efecto, la confiscación [del derecho de usufructo, mejoras y edificaciones] a favor de la Administración”. Esta semblanza de precepto comisorio carece de toda vitalidad jurídica a la luz de las prevalecientes exigencias del debido proceso de ley y para suplir su invalidez, la Asamblea Legislativa, por Ley Núm. 105 de 24 junio, 1977, luego de declarar en su Exposición de Motivos que:

... Es de conocimiento nuestro, que en el ejercicio de su poder de reglamentación en el interés público el Estado puede adoptar medidas para proteger la salud, la moral y el bienestar general de la comunidad sin que las restricciones que surjan de tales medidas sean contrarias al concepto del debido procedimiento de ley. Pero existe una nueva tendencia a traer el debido procedi-miento de ley al Derecho Administrativo y así se confirma en las decisiones de los tribunales. Prueba de ello surgió en nuestra agencia en el caso de Juana Quiñones vs. José Enrique Arrarás, Secretario del Departamento de la Vivienda, 74-397, Tribunal de Distrito Federal, en el cual se litigó lo relacionado con la repo-sesión del derecho de usufructo, en donde la Corte Federal esta-bleció que se le privó a la demandante de su propiedad sin el debido procedimiento de ley ocasionando una violación a la V y XIV enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En dicho caso se estableció que el Título V, Artículo 76 de la Ley 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de Tierras” es inconstitucional al no proveer para una vista antes de reposeer el derecho de usufructo, toda vez que se viola así el debido procedimiento de ley que consagra la Constitución . . . .

adiciona el Art. 76B a la Ley de Tierras, 28 L.P.R.A. see. 553(b), estableciendo un procedimiento especial con plena audiencia para ventilar violaciones a los contratos de usu-fructo, con recurso de revisión al Tribunal Superior.

Las rentas impagadas por Apollo pertenecen a los sucesores del parcel ero Martín Ramos, quien a tenor de los hechos y la Ley citados fue un edificante de buena fe de la calidad que define el Art. 297 del Código Civil y de esa base debe partir la Administración cuando se disponga a recuperar o vender la parcela Núm. 235 de “Candelaria” en ejercicio de su derecho bajo la Ley Núm. 35 de 14 junio, 1969 (28 L.P.R.A. sec. 683 y ss.) regulatoria de la venta de par-celas en las comunidades Título V.

Con estos antecedentes y fundamentos se anula el auto expedido y la sentencia revisada queda confirmada.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, concurre en el resultado sin opinión.

       Art. 4, Código Civil
      “Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.
      “Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.”

       Exposición de Motivos. Ley Núm. 105 de 24 junio, 1977, Leyes de Puerto Rico, pág. 278, adicionando el Art. 76B a la Ley de Tierras, 28 L.P.R.A. sec. 553(b).

        Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). Nueve años antes este Tribunal había invalidado la cláusula en un contrato de venta condicional que autorizaba al vendedor a tomar posesión inmediata de los bienes en caso de incumplimiento o riesgo de pérdida, porque alentaba la práctica de to-marse la justicia en sus manos. Vélez Cuebas v. Cancel, 88 D.P.R. 220, 228 (1963).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz; Cruz

license: Public Domain

text:
    International Charter Mortgage Corporation, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Barranquitas, recurrido.

      Número: O-81-64

      Resuelto: 10 de abril de 1981

      José L. Arias Juárez y Eugene F. Hestres, abogados de la recu-rrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz; Cruz

emitió Ja opinión del Tribunal.

En 1973 José Luis Gierbolini Santiago y su señora madre Juana María Santiago, ambos solteros, compraron a la Cor-poración de Renovación Urbana y Vivienda de por mitad proindivisa para cada uno, un solar de 352.93 m/c en el que tenían edificada una casa vivienda, de concreto, radicada en Coamo. El 26 septiembre, 1980 y por escritura Núm. 330 otorgada en San Juan ante el notario Lie. Juan A. Hernández Ramírez, para entonces casado el co-propietario José L. Gier-bolini con Margarita Berly, los referidos madre e hijo ven-dieron dicho inmueble por $30,000 a un comprador que en el título de compraventa se identifica como “La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por José Luis Gierbolini Santiago y su esposa Margarita Berly”, ambos mayores de edad y ve-cinos de Coamo. En escritura Núm. 331 de igual fecha y no-tario dichos cónyuges José L. Gierbolini y Margarita Berly emitieron un pagaré hipotecario por $29,000 a favor de International Charter Mortgage y en garantía de esa obliga-ción constituyeron primera hipoteca a favor de su acreedora. Presentadas las susodichas escrituras Núms. 330 y 331 el Registrador de la Propiedad denegó la inscripción por contra-venir la de compraventa el Art. 1347 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3772 que prohíbe las ventas entre marido y mujer.

El recurso gubernativo de la International Charter Mortgage requiere una concreción precisa, hasta donde pueda al-canzar la técnica civilista, de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales. Nuestra jurisprudencia contiene nu-merosos precedentes en que se ha declarado que la sociedad de gananciales es una entidad jurídica separada y distinta de los cónyuges que la componen (Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173, 175-6 (1963)); mas en Torres v. A.F.F. 96 D.P.R. 648, 653 (1968), reflejando ya la influencia del criterio de propiedad en mano común (zur gesammte Hand) que más adelante discutimos, declaró: “Pero [esta] es una entidad económica familiar sui generis, de características especiales, que no tiene el mismo grado de personalidad jurídica de las sociedades ordinarias o entidades corporativas, sino, . . . ‘otro menor adaptado a su razón de ser y a la interpenetración entre los patrimonios personales y el social que hay en ella; una personalidad atenuada . . (Énfasis suplido.)

Castán Tobeñas apunta que el concepto de esta sociedad ha tenido su más preclaro desarrollo y moderna orientación en la jurisprudencia inmobiliaria de la Dirección General en los Registros que sintetiza en las siguientes afirmaciones: aun cuando los bienes de la sociedad conyugal pertenecen a marido y mujer conjuntamente, no es posible confundir la comunidad de gananciales con una copropiedad de tipo romano, en primer lugar porque la relación personal de los cónyuges es en aquel supuesto tan íntima, que modifica su estado civil, mien-tras en la copropiedad por cuotas los copartícipes se hallan ligados tan solo por la relación patrimonial; en segundo tér-mino, porque el régimen jurídico del matrimonio impone normas de disposición, uso y administración de los bienes, así como especiales relaciones de responsabilidad, subrogación y distribución que no tienen razón de ser en la copropiedad ordinaria, y, en fin, porque la extinción de la sociedad de gananciales se halla regida por el carácter personal y de orden público de la unión, en tanto que la acción para pedir la división de la cosa común es característica de la comuni-dad normal de bienes. Puntualiza que la resolución de 12 mayo 1924, excluye igualmente la tesis de la persona jurídica, aduciendo que en el orden hipotecario no existen ins-cripciones especialmente extendidas a favor de la sociedad de gananciales como persona jurídica independiente de las per-sonas físicas que la han constituido, sino que los bienes y derechos aparecen inscritos a nombre del marido o de la mujer, con ciertas circunstancias o datos que permiten su atribución a un grupo patrimonial de fines particulares y régimen característico.

Rechazando la doctrina que construye la sociedad de gananciales como una verdadera sociedad, las autoridades destacan las siguientes diferencias entre ellas: a) la sociedad es un contrato que nace de la voluntad de las partes, y, en cambio, la sociedad conyugal, aunque puede constituirse ex-presamente en capitulaciones, se forma generalmente por el hecho del matrimonio, sin necesidad de estipulación, b) La sociedad puede celebrarse entre dos o más personas de cualquier sexo; en cambio, la sociedad de gananciales de Derecho común sólo puede constituirse entre marido y mujer, por ser consecuencia del matrimonio, c) La sociedad comienza y termina cuando convienen las partes; en cambio, la de gananciales comienza y termina tan solo cuando se dan las circunstancias previstas en la legislación, d) En la sociedad ordinaria, las partes pueden alterar o modificar sus estipulaciones en cualquier tiempo; la de gananciales, una vez celebrado el matrimonio, es irrevocable, e) En la sociedad, la participación en los beneficios es tan esencial, que es nula aquella en que se estipule que uno de los socios se los lleve todos: en cambio, en la sociedad de gananciales esta exigencia no es necesaria; la mujer puede renunciar su derecho a los gananciales antici-padamente, en cuyo caso éstos corresponden en su totalidad al marido, f) En la sociedad, los beneficios se reparten en la forma estipulada, y en defecto de estipulación, a prorrata de los aportes de cada socio. En la sociedad conyugal, en cambio, los gananciales se dividen por mitad, cualquiera que sea el monto de los aportes de cada cónyuge y aunque uno de ellos no haya aportado nada, g) Falta la disolubilidad por volun-tad unilateral del socio, o la posibilidad de asociar a un ter-cero. Hay que añadir que en la sociedad de gananciales la existencia o no de ganancias es accidental; el fin de lucro está excluido por un propósito y destino superior: hacer posible la realización más perfecta de los fines del matrimonio; la inver-sión en común por los cónyuges de su capacidad de trabajo y los frutos de sus bienes propios para fomentar una economía que sirva al cumplimiento de sus deberes matrimoniales recí-procos y los de ambos para con los hijos, y para dividir ganancias, si las hubiere, llegado el caso de disolución de la sociedad. Cf. Torres v. A.F.F., supra a la pág. 653.

Con énfasis en la realidad de que nuestros textos legales de Derecho civil e hipotecario mantienen las respectivas titu-laridades de ambos cónyuges, que no se eliminan con la socie-dad conyugal, Castán Tobeñas la configura como una comunidad germánica o en mano común, “ya que marido y mujer son, indistintamente, titulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un derecho actual a una cuota que pueda ser objeto de enajenación, ni pueda dar lugar a la causa de división y sin que sea posible determinar concretamente la participación de los cónyuges en ese patrimonio, sin una pre-via liquidación”. “Ciertamente”, comenta, “el Código Civil no reconoce la concepción de la propiedad en mano común en su forma más pura y genuina, que exigiría la gestión con-junta de los dos cónyuges; pero esta circunstancia no basta para excluir la figura jurídica de que se trata . . . Derecho Civil Español, Común y Foral, supra, pág. 259. Lo mismo opinan Bonet, Batlle, Fernández Martín-Granizo, Roca Sastre y otros, y es el criterio especialmente sostenido por la Dirección General de los Registros.

La sociedad legal de gananciales no absorbe la personalidad individual de los cónyuges que la integran. No ocurría tal eclipse de personalidad, como hemos visto bajo el régimen unitario en que el marido era el órgano de gestión y administración; y se aleja aún más en nuestro actual régi-men subjetivo, derogado el Art. 1812 (que reservaba al ma-rido la administración); y el inciso 3 del Art. 1215 que limi-taba la capacidad de contratación de la mujer casada; exi-giéndose por el nuevo Art. 91 (31 L.P.R.A. see. 284) el con-sentimiento escrito de ambos para enajenar u obligar a título oneroso los bienes muebles e inmuebles. Es diáfana la trans-parencia del velo entre la sociedad de gananciales y las per-sonas que la integran.

Subsistente e inconfundible la personalidad individual de los cónyuges integrantes de la sociedad, con mayor relieve la mujer hoy igualada en derechos dentro de la sociedad conyugal, la compraventa objeto de este recurso fue una venta recíproca entre marido y mujer vedada por el Art. 1847 del Código Civil.

Con estos antecedentes y fundamentos, la calificación re-currida queda confirmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

       Art. 1347 Código Civil—
      “El marido y la mujer no podrán venderse bienes recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes, o cuando hubiera separa-ción judicial de los mismos bienes, autorizada con arreglo al Capítulo 275 de este título.” 31 L.P.R.A. see. 3772.

       Sedimento de historia dejado por el reino visigodo en España, que no sucumbió al Derecho romano ni a la jurisprudencia árabe, contrarias ambas a esta institución. Castán, Derecho Civil Español, 8va ed., 1966, T.5., Vol. 1, pág. 251.

         Derecho Civil Español, Común y Foral, supra, pág. 256 y ss.

       Confirmada por Resoluciones de 12 die. 1935; 8 nov. 1944; y 20 oct. 1958.

       F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ediciones Pirámide, pág. 146. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. 1, págs. 595-596.

        Op. cit., pág. 268.

       Nuestro Código Civil tiene esa gestión desarrollada a plenitud desde que por Ley Núm. 51 de 21 mayo, 1976 fueron rescritos los Arts. 91 y 98 del Código, 31 L.P.R.A. sees. 284 y 286, con nuevo texto que ordena: Art. 91
      “Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la socie-dad conyugal, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cón-yuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador de la sociedad.
      “Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges serán válidas cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de ésta. Dispo-niéndose que cualquiera de los cónyuges podrá efectuar dichas compras en efectivo o a crédito.
      “Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enaje-nados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la libertad de los futuros cónyuges de otorgar capi-tulaciones matrimoniales.” 31 L.P.R.A. see. 284.
      Art. 93
      “Salvo lo dispuesto en la see. 284 de este título, cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. Cualquier acto de administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la so-ciedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos lega-les.” 31 L.P.R.A. see. 286.
      La infusión en el Derecho patrio de esta acción conjunta de los cón-yuges para la realización con plena eficacia de cualquier acto jurídico de alcance dispositivo, la concurrencia de ambos cónyuges en todos los actos de gestión extraña al sistema tradicional castellano, completa la figura de propiedad en mano común, y priva de todo argumento la disidencia de Alfonso de Cossío, el más significado contradictor de la doctrina. Puig Brutau, op. dt., págs. 601-2.

      Puig Brutau, op. dt., pág. 598.


text:
    Sebastián Rivera Ayala, querellante y recurrido, v. Ramón Core Ayala, querellado y recurrente.

      Número: O-81-162

      Resuelto: 15 de abril de 1981

      Rafael Pacheco Rivera, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

Certiorari denegado.

Se impone al abogado de la parte recurrente, Sr. Rafael Pacheco Rivera, una sanción de $100 por frivolidad, para beneficio del Estado, que deberá hacer efectiva en la sala de instancia dentro de los 10 días siguientes al recibo del man-dato.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila no intervinieron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Ready Mix Concrete, Inc., demandante y recurrente, v. Ramírez de Arellano & Co., Inc., y Eduardo Ferrer Bolívar, demandados; Chicago Title Insurance Company, interventora-recurrida.

      Número: R-79-443

      Resuelto: 21 de abril de 1981

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Néstor M. Méndez Gómez, abogados de la demandante; Edilberto Berrios Pérez, abogado de la interventora-recurrida Chicago Title Insurance.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para asegurar la efectividad de la sentencia en un pleito sobre cobro de dinero, Ready Mix Concrete, Inc. obtuvo man-damiento de embargo por la suma de $45,000.00 contra los demandados Ramírez de Arellano & Co., Ine. y Eduardo Ferrer Bolívar.

El embargo se ejecutó, anotándolo en el Registro de la Propiedad, sobre una finca en que se encuentran enclavados dos edificios de apartamientos, sometida anteriormente por Ramírez de Arellano al régimen de propiedad horizontal con el nombre de Condominio Garden Hills Estates.

Luego de constituirse el régimen de propiedad horizontal, pero antes de anotarse dicho embargo, Ramírez de Arellano había enajenado ochenta apartamientos que fueron inscritos como fincas independientes. Luego del embargo, enajenó otros dieciséis apartamientos que también fueron inscritos como fincas independientes, pero sujetos al referido embargo de $45,000.00 previamente anotado.

Algún tiempo después, la Chicago Title Insurance Co. pre-sentó moción de intervención, alegando que era la asegura-dora del título de varias hipotecas otorgadas por compradores de apartamientos en Garden Hills Estates, a favor del Chase Manhattan Bank, N. A. y que las pólizas emitidas por Chicago a favor del Chase aseguraban a éste que las hipotecas constituidas eran primeras hipotecas. Alegó, además, que de prevalecer el embargo de Ready Mix, ella (Chicago) sería responsable al Chase por cualquier pérdida que pudiera su-frir como consecuencia de tal embargo. En la súplica, Chicago pidió al tribunal que decretase la nulidad del embargo. Obtuvo su levantamiento mediante la prestación de una fianza de $45,000.00.

Chicago presentó moción en solicitud de que se dictara sentencia sumaria. El tribunal la dictó. Determinó que el embargo era nulo y que procedía la cancelación de la fianza pres-tada por Chicago para levantarlo. Fundó su decisión en que los apartamientos se segregaron “como cuestión de derecho al otorgarse e inscribirse la escritura matriz, sometiendo el in-mueble al Régimen de Propiedad Horizontal”.

Ready Mix recurrió y acordamos revisar. Apunta como primer error que Chicago Title Insurance Co. no tiene derecho a intervenir.

Chicago Title es una compañía aseguradora de títulos. En la póliza que emitió a favor del Chase, se obligó a garantizar que las hipotecas constituidas en las venta de los apartamien-tos en cuestión fuesen gravámenes preferentes. En el pleito principal de cobro de dinero, Chase, acreedor hipotecario, no compareció para impugar la legalidad del embargo, como tam-poco los titulares de los dieciséis apartamientos afectados.

La Regla 21.1 de Procedimiento Civil de 1979 dis-pone que cualquier persona tiene derecho a intervenir en un pleito cuando reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio, que, de hecho, pudiese quedar afectado con la disposición final del caso. Aun bajo el texto anterior de la regla que exigía como requisito adicional que el interés de la parte interventora estuviese inadecuadamente representado, Chicago Title Insurance Co., en las circunstancias presentes en este caso, tenía derecho a intervenir. La actual redacción de la regla recoge la tendencia expansionista que viene manifestándose en esta área procesal desde que en 1966 se enmendó la Regla 24 federal de la cual procede nues-tra Regla 21 para permitir con mayor liberalidad la interven-ción de personas no incluidas originalmente como partes en un pleito. El criterio para determinar si se reconoce o no el derecho de intervención es práctico y no conceptual, 3B Moore’s Federal Practice: Civil sec. 24.03. La utilidad de este mecanismo procesal estriba en ofrecer protección a un nutrido e indefinido grupo de personas con variados intereses, en oca-siones de tremenda importancia pecuniaria o legal, 3B Moore, supra, sec. 24.02 et seq.

En este caso, como los llamados en primer término a defenderse de los efectos del embargo no lo hicieron, Chicago Title podía ser afectada adversamente por la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en su día. Chase, por su relación de asegurado con Chicago Title, tenía una forma de resarcirse por la posible pérdida de su garantía hipotecaria, más no así Chicago Title, quien garantizaba a Chase que las hipotecas tenían rango preferente. Cualquier declaración en contrario del tribunal, obligaba a Chicago Title a indemnizar a Chase conforme a los términos pactados en la póliza. El hecho de haberse anotado el embargo, unido ello a la incomparecencia de Chase y de los titulares de los apartamientos, así como las posibles consecuencias últimas del embargo, constituían un interés en el asunto objeto del litigio lo suficientemente importante como para justificar el reconocerle a Chicago Title derecho a intervenir en el presente caso al amparo de la Regla 21.1 (b).

Los demás señalamientos de error que apunta la recu-rrente pueden estimarse comprendidos en la siguiente inte-rrogante: ¿en qué momento, desde el punto de vista jurídico, se individualizan como fincas los distintos apartamientos de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal? El fijar ese momento resulta determinante en la solución de la controversia que plantea este recurso, o sea, si en efecto el embargo trabado por la recurrente Ready Mix grava o no los dieciséis apartamientos vendidos e inscritos con posterioridad a la anotación del embargo.

La constitución del régimen de propiedad horizontal co-mienza con el trámite de inscribir en el Registro de la Pro-piedad la escritura matriz del edificio que desea someterse a dicho régimen al amparo de la Ley de Propiedad Horizontal. Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 582 (1973).

Ahora bien, el mero hecho de la inscripción de la escritura matriz, ¿opera ex -propio vigore como una segregación de los apartamientos constituida en régimen horizontal? El hecho de estar sometido un edificio al régimen de propiedad horizontal y que dicho edificio tenga disponible apartamientos susceptibles de propiedad separada, ¿equivale en su efecto jurídico a la creación extrarregistral, por operación de ley, de fincas autónomas y separadas?

El Art. 4 de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291b, dispone como sigue:

Una vez se haya constituido el inmueble en régimen de pro-piedad horizontal, los apartamientos expresados en la sec. 1291a de este título podrán individualmente transmitirse y gravarse y ser objeto de dominio o posesión . . . con independencia total del resto del inmueble de que formen parte, y los títulos correspon-dientes serán inscribibles en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo y en la Ley Hipotecaria. (Énfasis suplido.)

La ley, como se ve, claramente exige que los apartamientos sean previamente señalados e individualizados dentro de la finca matriz. Lo que arguye entonces la recurrida es que una vez así señalados e individualizados, en efecto constituyen para todo propósito práctico o legal, fincas separadas. No tiene razón. Roca Sastre sostiene que “[l]a constitución de propiedad horizontal no implica división material de la finca edificada o en estado de edificación, sino sujeción o someti-miento de la propiedad de la misma al régimen específico de propiedad horizontal, pues incluso en el caso de división de finca en copropiedad para sujetarla a propiedad horizontal, hay que distinguir entre la división propiamente dicha como cese de la comunidad y la constitución del régimen de propie-dad horizontal”. Derecho Hipotecario, 7ma ed., 1979, Vol. III, pág. 363.

Y Ventura-Traveset, comentando una disposición análoga a la Sec. 1291b antes transcrita opina que un inmueble some-tido al régimen horizontal: “. . . pierde tal carácter unitario para convertirse en un conjunto de apartamentos diferencia-dos . . . susceptibles de aprovechamiento independiente, que jurídicamente adquieren singularidad al devenir objeto de propiedad separada”. Derecho de Propiedad Horizontal, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, pág. 70. Aún más, es de opinión dicho autor que el acto constitutivo de someter un edificio al régimen de propiedad horizontal, de un lado, y la individuali-zación de los apartamientos en fincas separadas, de otro, ocurre jurídicamente en dos momentos distintos, aun cuando en el espacio y el tiempo ambas transacciones se consignen en un mismo instrumento público. A tales efectos señala:

El propietario o propietarios de un edificio en su conjunto quieren vender de momento un solo piso. Al efecto hacen la declaración formal de que han decidido constituir el régimen de propiedad horizontal.
Esta declaración se inscribe en la finca matriz ....
Al parecer, hay que distinguir dos momentos: la constitución del régimen y la separación de cada uno de los pisos. Op. cit., pág. 148.

Batlle igualmente entiende que la constitución de un edi-ficio en régimen horizontal no opera automáticamente para hacer de los apartamientos fincas autónomas de la finca ma-triz. En cuanto a ello comenta:

“Este negocio jurídico no entraña un acto de división material del edificio . . . [cjuando previamente no hay comunidad, como sucede en los casos del propietario único que vende por pisos y de los constructores que previamente han establecido esta forma de propiedad, que no es comunidad, es un contrasentido hablar de división.” Batlle, La Propiedad de Casas por Pisos, 7 ed., Alcoy, España, Editorial Marfil, 1978, pág. 83.

Al anotarse el embargo en el Registro de la Propiedad, los dieciséis apartamentos afectados aparecían todavía sin ins-cripción y número de finca aparte, y sí descritos en el asiento de la finca matriz a nombre de Ramírez de Arellano & Co., Inc., dueña original del inmueble constituyente del régimen de propiedad horizontal, según ordenado en el Art. 26 de la Ley de la Propiedad Horizontal, enmendado. 31 L.P.R.A. see. 1292d. Por tanto, los dueños de los apartamientos vendidos luego de trabado el embargo, como también Chase y Chicago, tenían o debieron tener conocimiento de las cargas que arras-traba la finca matriz, cargas que pesaban también sobre los apartamientos que aún no habían sido segregados y vendidos. Dicho conocimiento se presume por la esencial publicidad que hacía el Registro de estos hechos en sus anotaciones en la finca matriz. A estos efectos resultan pertinentes los siguien-tes comentarios :

... el tercero debe considerar que le afecta tanto lo que consta en la inscripción separada del local o piso que adquiere, como lo que consta en la inscripción del edificio total, del que el mismo forma parte, bien sean los Estatutos, las reglas del título cons-titutivo, así como las cargas, hipotecas y demás gravámenes que puedan estar constituidos sobre el total del edificio.
El Registro para el tercero y para todos estará siempre for-mado por ambos folios regístrales: el del edificio total y el del piso o local independiente. C. Altarriba Sivilla, Los Principios Hipotecarios y la Propiedad Horizontal, 51 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, pág. 93.

Si ello es así cuando el apartamiento constituye legalmente una finca separada, con más razón debe serlo cuando aún no ha sido segregado de la finca original y enajenado, sino mera-mente individualizado con miras a poder segregarlo y ena-jenarlo posteriormente.

Procede, por tanto, revocar la sentencia recurrida y dictar otra en que se declaren válidos los embargos trabados en los apartamientos envueltos en el presente recurso.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       Dichas enajenaciones se realizaron mediante el otorgamiento de escrituras públicas de “Segregación, Liberación y Compraventa”.

       Chase únicamente se limitó a presentar una instancia al Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Sexta, donde sustancialmente alegó que el embargo trabado por Ready Mix fue sobre el terreno en donde enclavaban los edificios de Garden Hills Estates, terreno que constituye un elemento común por existir sobre el mismo un régimen de propiedad horizontal. También expuso en la referida instancia que “5 . . . el Chase Manhattan Bank N. A. es parte interesada afectada por esta anotación, por ser la entidad financiera que está facilitando los préstamos hipotecarios sobre los apartamientos vendidos o en proceso de venta y dicha anotación de embargo afecta la validez y negociabilidad de los pagarés expedidos a favor de esta Institución con garantía hipotecaria sobre los apartamientos”. “Chase”, entonces, se circunscribe a solicitar del Registrador la rectifica-ción de este “error".

      Dispone así dicha Regla:
      “Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a in-tervenir en un pleito (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere un derecho incondicional a intervenir; o (b) cuando el solicitante reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pudiere de hecho quedar afectado con la disposición final del pleito.”

      E1 texto anterior de la Regla 21.1 disponía:
      “Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a in-tervenir en un pleito (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere un derecho incondicional a intervenir; o (b) cuando la representación del in-terés del solicitante por las partes ya en litigio fuere o pudiere resultar inadecuada y el solicitante fuere o pudiere ser afectado por la sentencia en el pleito; o (c) cuando el solicitante pudiere ser afectado adversamente por una distribución o cualquier otra disposición de propiedad que se hallare bajo la custodia o.sujeta al control o poder de adjudicación del tribunal.”


author: per CURIAM:

text:
    Pedro Rafael Martínez, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados; El Municipio de Ponce, peticionario.

      Número: O-79-325

      Resuelto: 22 de abril de 1981

      Gonzalo J. Barreras Varona, abogado del peticionario Municipio de Ponce; Josué Flores Ortiz, abogado del recurrido.
   per CURIAM:

La demandante Elizabeth Irizarry Roque su-frió un accidente mientras viajaba como pasajera en un auto-móvil público en 31 de agosto de 1977. Imputa negligencia, entre otros, al Municipio de Ponce por permitir la existencia de un hoyo en una vía pública. Reclama compensación por daños físicos y angustias mentales. El marido reclama además por angustias y trastornos emocionales. En 31 de octubre de 1977 cursó al Secretario de Justicia la notificación de acci-dente requerida por ley —32 L.P.R.A. sec. 3077a— cuya copia envió en la misma fecha al Municipio de Ponce, con-forme lo requiere la ley —21 L.P.R.A. see. 1603. No fue, sin embargo, hasta el 27 de noviembre de 1978 que presentó la demanda ante el Tribunal Superior.

El Municipio de Ponce solicitó desestimación por el fun-damento de que había transcurrido el año para exigir la res-ponsabilidad por las obligaciones derivadas de culpa o negli-gencia desde que lo supo el agraviado hasta la presentación de la reclamación judicial, sin que hubiere alegación alguna de que el plazo prescriptivo hubiese sido interrumpido. El tribunal de instancia declaró sin lugar la desestimación. No surge del expediente que la parte demandante se hubiere opuesto a los argumentos del Municipio. El Municipio solicitó reconsideración sin éxito. No conforme, el Municipio acudió ante nos insistiendo en la desestimación de la demanda.

Concedimos término a la parte demandante para que mos-trara causa por la que no debía expedirse el auto solicitado y ordenar la desestimación de la causa de acción por haber pres-crito su derecho de pedir. En su comparecencia aduce por primera vez la demandante Elizabeth Irizarry Roque que era menor de edad a la fecha del accidente, sin que hubiera ad-venido aún a su mayoría de edad al presentar la demanda. Admite, sin embargo, que estaba emancipada por razón de matrimonio a la fecha del accidente. Tan es así que el marido es codemandante. A pesar de estar entonces emancipada por matrimonio, alega que su causa de acción no prescribe hasta alcanzar su mayoridad. No tiene razón.

El Código Civil preceptúa que el menor, sea varón o hem-bra, queda de derecho emancipado por el matrimonio. 31 L.P.R.A. sec. 931. No obstante, aclara dicho cuerpo legal que sólo para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo, necesita el menor emancipado por razón de matrimonio, el consentimiento de su padre, en su defecto, el de su madre, y en su caso, el de su tutor. Id. Acto seguido expresa que aquél puede comparecer en el Tribunal Superior representando sus derechos en los casos de ley. 31 L.P.R.A. see. 932; Alvarez Barbosa v. Aponte Rivera, 83 D.P.R. 617 (1961). No habiendo comparecido ni la esposa ni el esposo dentro del término prescriptivo, debe desestimarse la demanda.

Se expide el auto, se deja sin efecto la orden del tribunal de instancia que declaró sin lugar la moción de desestimación pre-sentada por el Municipio de Ponce y se ordena la desestima-ción de dicha demanda contra el Municipio de Ponce.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrente, v. Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-80-676

      Resuelto: 30 de abril de 1981

      Irma Rodríguez Justiniano, César A. Vélez Miranda, Juan Antonio Navarro y Luis O. Osorio Díaz, abogados de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; Benny Franquie Ce-rezo y Raúl Rodríguez Santiago, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo, amparada en el Art. 9, inciso (2) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. sec. 70(2), nos pide que pongamos en vigor un laudo de arbitraje en virtud del cual se concluyó que el des-pido de la Sra. Ana M. González como operadora de cuadro telefónico de la Autoridad de Comunicaciones no estuvo jus-tificado.

Conforme al acuerdo de sumisión presentado al árbitro, éste dispuso como remedio la reinstalación de dicha empleada a su trabajo y el pago de los ingresos que haya dejado de per-cibir. La Autoridad ha comparecido en autos a oponerse a la solicitud de la Junta. Resolvemos sin más trámite conforme lo autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento. Como veremos más adelante, el árbitro fue extremadamente rígido en la exclusión de pruebas, constituyendo ello una desviación del debido procedimiento de ley que impide poner en vigor el laudo.

Surge del expediente ante nos que la Autoridad concedió licencia sin sueldo a la Sra. González por el período entre el 12 de junio y el 21 de octubre de 1979, complaciendo solicitud de ella en que invocó razones de enfermedad. No fue hasta el 29 de octubre que ella se reintegró al trabajo. No había soli-citado prórroga de la licencia. Presentó certificado médico al efecto de que podía empezar a trabajar el 29 de octubre.

El despido de la empleada se produjo por carta del patrono de 11 de diciembre de 1979. Se invocó como razón para ello que durante la licencia concedida, ella trabajó para la Puerto Rico Distillers, Inc. Obra en los autos una carta del Director Interino de Personal de esta firma, dirigida a la División de Personal de la Autoridad de Comunicaciones, en que informa que la Sra. Ana M. González “desempeñó el trabajo de recep-cionista en nuestras facilidades de Caguas, durante el período del día 20 de agosto hasta el día 22 de octubre de 1979”.

Dispone el convenio colectivo vigente para las fechas indi-cadas, Art. XVI, Sec. 7, inciso (b):

(b) Bajo ningún concepto se concederá licencia sin sueldo como medio de retenerle el puesto a un trabajador mientras prueba fortuna en otro campo.

El inciso (c) de esa misma sección dispone:

(c) Cuando un trabajador regular haya agotado sus vaca-ciones por enfermedad, la Autoridad podrá concederle vacaciones sin sueldo por razón de enfermedad o estudios por un período no mayor de 6 meses o por servicio militar conforme a las leyes es-tablecidas; entendiéndose que en los casos de enfermedad y estu-dio el trabajador cesará en su puesto si no regresa al término concedídole. (Énfasis nuestro.)

En su decisión, el árbitro hizo constar lo siguiente:

Durante los procedimientos de rigor, el Patrono trató de esta-blecer por medio de una carta firmada por el Sr. A. Martín Vélez, Director de Personal Interino de la Puerto Rico Distillers, (véase exhibit 5 del Patrono), y por medio del testimonio de la Sra. Ida M. Ramos, Directora de Relaciones Industriales de la Autoridad de Comunicaciones, que la Sra. Ana M. González Bernazard había trabajado para la Puerto Rico Distillers mientras estuvo disfru-tando de su licencia sin sueldo. La Unión objetó que se aceptara en evidencia la carta firmada por el señor A. Martín Vélez por el fundamento de que el aceptarla era contrario al debido proceso de ley por cuanto se estaba privando a la querellante de su dere-cho a confrontarse con la persona que había escrito dicha carta. El árbitro aceptó la carta por el valor probatorio que la misma podría tener, pero es evidente que, frente a la objeción oportuna de la Unión dicha carta carece de valor probatorio alguno. Tam-bién se opuso la Unión a que la testigo del Patrono, Sra. Ida M. Ramos, testificara sobre lo que le había dicho por teléfono el señor A. Martín Vélez por el fundamento de que su testimonio sobre ese extremo constituía prueba de referencia. Dicha obje-ción también fue declarada con lugar por el árbitro. El Patrono pidió entonces al árbitro que citara al Sr. Martín Vélez para que compareciera a la vista del caso. Ante esta petición del Patrono el árbitro resolvió que no tenía autoridad para obligar al Sr. Martín Vélez a comparecer al procedimiento de arbitraje.
Así las cosas, no hay prueba directa alguna ante el árbitro para establecer que la querellante usó indebidamente la licencia sin sueldo que le concedió el Patrono.

Más adelante expresó el árbitro lo siguiente:

En este caso la querellante no tenía que probar nada. Era el Patrono el que estaba en la obligación de venir preparado a la vista del caso y establecer con prueba de primera mano que la querellante había incurrido en la falta imputada y que dicha falta ameritaba la sanción del despido.
Como cuestión de principio el árbitro está totalmente de acuerdo de que un empleado público que obtenga un beneficio mediante engaño o mentiras empaña la imagen del servicio pú-blico y su conducta es, a todas luces, meritoria de sanción disci-plinaria. Pero una cosa es la imputación de una ofensa y otra es la prueba del caso. Aquí no ha habido prueba ante el árbitro para sostener la imputación que ha hecho el Patrono a la quere-llante.

I

El 29 de agosto de 1980 la Autoridad instó demanda contra la Unión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (caso número 80-4646), en que impugna la validez del laudo. Alega falta del debido procedimiento de ley durante la vista, que es una de las posibles causas de nulidad de un laudo de arbitraje. Junta Relaciones del Trabajo v. N. Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 155 (1974); J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195, 199 (1976). Cerca de cuatro meses más tarde —4 de diciembre— es que comparece la Junta ante nos para que pongamos en vigor el laudo. La Autoridad nos pide que nos abstengamos de considerar la petición hasta tanto se ventile y resuelva el pleito incoado en el Tribunal Superior, o en la alternativa, que resolvamos que el laudo es nulo.

De ordinario, la deferencia que debemos al Tribunal de Primera Instancia nos obligaría a abstenernos de entrar en los méritos de una cuestión pendiente ante dicho tribunal. Se trata aquí, sin embargo, de una situación que no amerita prueba y que podemos resolver, ahorrando así tiempo y es-fuerzo al Tribunal Superior.

II

En todo proceso adjudicativo, sea de naturaleza judicial, administrativa o de cualquier índole, debe prevalecer el propósito de hallar la verdad y hacer justicia a las partes. Las reglas procesales y en particular las de evidencia, persiguen viabilizar ese propósito; no obstaculizarlo. En los procesos judiciales, en que aplica nuestro moderno ordenamiento sobre el ofrecimiento, admisión y evaluación de las pruebas, es decir, las Reglas de Evidencia de 1979, se instituye como pauta interpretativa la siguiente:

Regla 2. Interpretación
Las disposiciones de estas reglas se interpretarán flexible-mente y de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica a cualquier problema evidenciario. El fin último de estas reglas es el descubrimiento de la verdad en todos los pro-cedimientos judiciales.

Esa norma es mucho más liberal cuando de aplicar el derecho probatorio a los procesos administrativos se trata. Y es particularmente más liberal en los procesos sobre arbitraje, en que debe prevalecer la flexibilidad y la informalidad de manera que todo aquello que sea pertinente a la controversia tenga acceso al conocimiento del árbitro. Así lo ha reconocido el Legislador para fines del arbitraje comercial, y así se ha reconocido uniformemente en lo que toca al arbitraje obrero patronal. Véanse R. I. Abrams, The Integrity of the Arbitral Process, 76 Mich. L. Rev., pág. 231 y siguientes (1977); F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed., Washington, D.C., The Bureau of National Affairs, Inc., 1973, págs. 252-295; O. K. Fraenkel, Procedural Aspects of Arbitration, 83 U. Penn. L. Rev. 226-245 (1934) ; D. Nolan, Labor Arbitration Law and Practice, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, págs. 92-94. Son par-ticularmente atinentes a la controversia ante nos las siguien-tes expresiones del profesor Abrams en su citada monografía, pág. 236:

Tradicionalmente, el arbitraje ha tenido gran aceptación por su flexibilidad e informalidad. Se presume que el árbitro, como instrumento seleccionado por las partes, se rige únicamente por el acuerdo entre éstas. El árbitro es un solucionado!’ de proble-mas itinerante que goza de la confianza de la unión y la gerencia. Es contratado por las partes para que resuelva de manera prác-tica e inteligente una disputa que ellos no pueden resolver entre sí. En el procedimiento de arbitraje no se aplican ni la doctrina de stare decisis ni las reglas de evidencia. Este procedimiento ha tenido una buena acogida por lo económico, rápido e informal. (Traducción nuestra.)

Más adelante, en la pág. 252, dice el profesor Abrams:

No se debe permitir que la objeción a la prueba de referencia, la cual es común en procedimientos de arbitraje, impida la pre-sentación de dicha prueba. Los cambios naturales de empleados pueden ocasionar que algunos testigos no estén disponibles para declarar. Si el testimonio de una persona que no está presente en la vista puede influir significativamente sobre la decisión final del árbitro, éste ciertamente debe inquirir sobre su paradero y procurar que testifique. No obstante, ante la alternativa de escuchar o no escuchar la prueba de referencia, el árbitro debe optar por lo primero. (Traducción nuestra.)

Hemos reconocido entre las causas de nulidad de un laudo de arbitraje, la violación del debido procedimiento de ley. Véanse Junta Relaciones del Trabajo v. está entre las más frecuentes causas para dejar sin efecto un laudo, si tal decisión tiene el alcance de impedir que se conozca la verdad y se haga justicia, equivale a una violación del debido procedimiento de ley. Véase Nolan, op. cit, pág. 93, y casos allí citados, y véase la monografía titulada Due Process Considerations in Grievance Arbitration Proceedings, 2 Hastings Constitutional Law Quarterly, 519 a 545 (1975).

En el caso que ahora consideramos el patrono alegó como justificación del despido de la Sra. González que ella trabajó para otra empresa mientras disfrutaba de licencia por moti-vos de supuesta enfermedad. No aparece del expediente ante nos ni se nos ha planteado que ella negara esa alegación. La carta suscrita por el Director Interino de Personal de la Puerto Rico Distillers era un documento oficial que equivalía a un principio de prueba pertinente a la cuestión y que debió admitirse, o cuando menos, debió accederse a citar a dicho funcionario para que fuera oído sobre la cuestión. La libera-lidad en admitir prueba hace mucho menos vulnerable la deci-sión del árbitro que el rechazo de prueba pertinente. Elkouri, op. cit, pág. 256.

Bajo las circunstancias aquí presentes, la actuación del árbitro violó el debido procedimiento de ley y su laudo no puede prevalecer y hacerse efectivo.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí expuesto.

       Dispone dicho inciso (2) en su apartado (c):
      “(c) A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una or-ganización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una orga-nización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedimiento de arbi-traje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante la Corte Suprema de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.”

       Es de notarse que bajo el Art. XIII, Sec. 3(f) del Convenio, invo-cado por la Autoridad, se dispone:
      “(f) El Comité de Querellas, compuesto por los representantes de las partes y/o el Quinto Miembro tendrán facultades para celebrar vistas, tomar juramentos, requerir la comparecencia de testigos, expedir citaciones y re-querir toda aquella información o prueba que estimare necesaria para la solución del caso ante él se radique.”

       La Regla 1 dice:
      “Estas reglas se conocerán como Reglas de Evidencia de Puerto Rico y serán aplicadas en todas las salas del Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en procedimientos de naturaleza civil y criminal.”

      La Ley núm. 376 de 8 de mayo de 1951 dispone como sigue en su Art. 17, segundo párrafo, 32 L.P.R.A. see. 3217:
      “Los árbitros decidirán la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes y la aceptación de la misma, sin tener que ajustarse a las reglas de evidencia.”

       Compárese Harvey Aluminum, v. United Steelworkers of America, 263 F.Supp. 488 (D.C. Cal. 1967).
      Es de notarse que la Uniform Arbitration Act propuesta por la National Conference of the Commissioners on Uniform State Laws, con la aprobación de la American Bar Association, contiene la siguiente disposi-ción:
      “Section 12. (Vacating an Award)

      “(a) Upon application of a party, the court shall vacate an award where:
      “(4) The arbitrators refused to postpone the hearing upon sufficient cause being shown therefor or refused to hear evidence material to the controversy or otherwise so conducted the hearing, contrary to the provisions of Section 5, as to prejudice substantially the rights of a party . . . .”
      27 LA 909, 910; Nolan, op. cit., Apéndice 7, pág. 340; Updegraff & McCoy, Arbitration of Labor Disputes (BNA Incorporated, Washington, D.C.), Apéndice C, pág. 286.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Banco de la Vivienda de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Pagán Insurance Underwriters, Inc., e Eagle Star Insurance Company, Ltd. of London, England, demandadas y recurridas.

      Número: R-80-549

      Resuelto: 6 de mayo de 1981

      William Malavé Torres e Irma J. Planadeball Moreno, abogados de la parte recurrente; María Isabel Córdova Iturregui, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Banco de la Vivienda de Puerto Rico prestó a la constructora La Trinidad Development for the Elderly, Inc., la cantidad de $2,800,000 para construcción de un multipisos destinados a condominio, que le fue garantizado con hipoteca sobre una parcela de terreno en la Calle Castillo Núm. 9 de Ponce, donde habría de levantarse la edificación. Para septiembre de 1977, hallándose el edificio substancialmente terminado, para proteger su crédito hipotecario el acreedor Banco de la Vivienda decidió obtener un seguro sobre dicho inmueble el que por disposición de ley se tramitó mediante subasta por el Negociado de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda. La demandada recurrida Eagle Star Insurance Company, Ltd., por su agente general Pagan Insurance Underwriters, Inc., aceptó la invitación a subasta con su extenso pliego de condiciones y en 20 octubre, 1977 expidió la póliza con prima anual de $5,881.00 que incluía el riesgo de vandalismo o daños maliciosos. En la invitación a subasta la naturaleza de la propiedad asegurada se describió así:

Premises Operations
Building known as La Trinidad located at #9, Castillo St., Ponce, Puerto Rico. Rated as condominium with mercantile spaces and automobile parking area.
NOTE: This building is actually unoccupied.

El endoso de vandalismo de la referida póliza dice en cuanto ahora nos concierne:

. . . The Company shall not be liable, as respects these perils, for any loss:
5. [I]f the described buildings had been vacant or unoccupied beyond a period of 30 consecutive days immediately preceding the loss, whether or not such period commenced prior to the inception date of this endorsement.
NOTE: A building in process of construction shall not be deemed vacant or unoccupied.

El asegurado recurrente Banco de la Vivienda pagó a su aseguradora dos años de primas que importan $11,762.00. En diciembre de 1978 el Banco reclamó de la aseguradora el pago de daños causados al edificio por vandalismo, y ésta negó cubierta y procedió a cancelar la póliza efectiva la cancelación el 16 marzo, 1979, a pesar de que la reclamación es por $11,411.00 y que el asegurado ofreció a la demandada la opción de devolver los $11,762.00 de primas ya pagadas. El Tribunal Superior desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. Notamos tangencia con Vda. de Rivera v. Southland Life Ins. Co., 105 D.P.R. 273 (1976), en su dictamen equiparando el recibo de primas por la compañía que induce la creencia de cubierta desde que se hizo el pago, con un seguro interino o temporero que lo cubre hasta que la aseguradora acepta el riesgo, o lo rechaza y devuelve el dinero, y el 17 diciembre, 1980 expedimos auto de revisión.

El seguro en este caso fue contratado por el Secretario de Hacienda actuando como órgano del Estado, utilizándose el método de subasta como el más apropiado para la mejor protección del interés público, según ordenado con especialidad para los seguros que cubran los riesgos del Estado Libre Asociado, sus municipios, corporaciones y autoridades públicas. Art. 12.020(3) (26 L.P.R.A. sec. 1202(3)). Por tanto, las condiciones y términos de la invitación a subasta aceptados por la aseguradora, no podrán incumplirse en el texto de la póliza que en este caso no es más que la forma externa de lo acordado entre partes al licitar la aseguradora y adjudicársele la subasta por el Secretario de Hacienda. Dichos términos y condiciones esenciales deben leerse como insertos en el contrato de seguro. De este modo se cumple con la interpretación integral de la póliza siguiendo lo dispuesto en el Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1125, que dice:

Interpretación de pólizas
Todo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta.

En la invitación a subasta se describió el edificio como “[rjated as condominium . . . actually unoccupied” (clasificado como condominio . . . realmente desocupado), condición que desde un principio coloca la propiedad asegurada fuera de la exclusión provista en la póliza relevando la aseguradora de responsabilidad en caso de hallarse el edificio desocupado durante los 30 días que inmediatamente preceden la pérdida, toda vez que no se limitó el período de desocupación, ni se anticipó cuándo cesaría ésta durante la vigencia de la póliza. El cambio de lenguaje en la póliza identificando la propiedad como “one, fifteen story all concrete building . . . [o]ccupied as condominium with mercantile occupancy” carece de toda eficacia y validez en cuanto conflija con el texto correlativo de la invitación a subasta, por tratarse de un elemento esencial de contratación sobre el cual coincidieron el consentimiento del Secretario de Hacienda, comprador del seguro y el de la aseguradora recurrida Eagle Star Insurance Co., Ltd. Guarda más armonía con la manifiesta intención de las partes al contratar, la nota al final de la citada cláusula de exclusión: “A building in process of construction shall not be deemed vacant or unoccupied.” Appleman da su respaldo a este método de interpretación global del contrato de seguro que dicta el Art. 11.250 del Código, ante, al decir: “En la determinación de si ha surgido una situación de desocupación que releve al asegurador de responsabilidad, es necesario tomar en cuenta la naturaleza del local y el uso a que se le destina, y [al juzgador de hechos] corresponde determinar la intención de las partes sobre el particular. Y cada caso se decidirá sobre sus propios hechos particulares.”

Establecido el hecho por declaración afirmativa en la invitación a subasta de que el edificio estaba desocupado y que no era anticipable la fecha de su ocupación, era a la aseguradora a quien correspondía mantener un seguimiento de esta situación, antes de aceptar la renovación y pago reiterado de primas. Ella debía derrotar la presunción de que admitida una situación, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual naturaleza. Regla 16(31) de Evidencia.

La aseguradora debía tener conocimiento de que el comprador de un seguro contra vandalismo quiere protegerse de una actividad criminal que usualmente se produce contra propiedades desocupadas, toda vez que no hay mayor disuasivo contra la destrucción vandálica que la ocupación o presencia continua de personas en el inmueble asegurado. El contrato de seguro, por ser uno de adhesión en el cual la aseguradora escribe a su arbitrio todas las cláusulas y condiciones, está por dicha razón sujeto, más que cualquier otro contrato bilateral, a la influencia y modificación que sobre el texto produce la intención y propósito de las partes al vender el asegurador y comprar el asegurado la cubierta específica contra el riesgo particular que es causa del contrato. El Código Civil es siempre fuente de derecho supletorio al que deberá acudirse para proveer la correcta interpretación del contrato de seguro en situación no prevista por la norma especial de interpretación de pólizas, del Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1125.

El incuestionable conocimiento anticipado por la aseguradora del estado de desocupación y final etapa de construcción del inmueble a la fecha en que expide la póliza, sin que se fijara plazo para la ocupación, le impiden invocar la cláusula de exclusión de responsabilidad por desocupación durante los 30 días que precedieron a la pérdida. La conducta de ambas partes contratantes muestra una intención clara de cubrir el edificio contra riesgo de vandalismo descartando el elemento de ocupación de la causa del negocio jurídico, y cualquier expresión en contrario en el texto impreso de la póliza surge viciada y carente de coercitividad en cuanto tienda a enervar aquella legítima intención que según el Art. 1234 del Código Civil se juzga principalmente atendiendo a los actos de los contratantes anteriores, coetáneos y posteriores al contrato. “La interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, aunque haya de partir de la expresión contenida en las palabras pronunciadas o escritas, no puede detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas, y ha de indagar fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, como así viene a sancionarlo el Art. 1.282 [1234 P.R.], el cual no excluye —como ha advertido esta Sala, entre otras sentencias, en la de 8 abr. 1931— los actos anteriores ni las demás circunstancias que puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes, siendo indudable que entre esos elementos podrá tener importancia muy relevante la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente o base legal, siempre que la parte contra la cual se esgrima esta norma interpretativa haya tenido, o debido tener, oportuno conocimiento de ello. (Ss de 20 abr. 1944 y 14 ene. 1964.)”

La clasificación original del edificio en la invitación a subasta como condominio desocupado, el conocimiento por la aseguradora de que se trataba de una obra recién terminada o en la etapa última de terminación que nunca había estado ocupada, la total ausencia durante la contra-tación del seguro de la fijación de una fecha previsible en que el edificio estaría ocupado, junto al hecho conocido por la aseguradora de que el edificio terminado no se ocupó, permaneciendo en el mismo estado en que se hallaba a la fecha de expedición de la póliza y por todo el tiempo de su vigencia, son todos elementos indicativos de que el contrato de seguro en este caso se salió de la regularidad o rutina impresa de este tipo de endoso contra vandalismo, lo que resulta en total inaplicación de la cláusula de exclusión invocada por la recurrida. La intención de las partes formulada por conducta anterior, coetánea y posterior a la expedición de la póliza excluyó la desocupación como factor determinante de relevo de responsabilidad de la ase-guradora.

Con estos antecedentes y fundamentos, se revoca la sentencia recurrida y se dictará sentencia sumaria esti-mando la demanda. Revocada.

       En contradicción de la condición del edificio que en la invitación a subasta la aseguradora aceptó como “actually unoccupied” en la póliza se omitió ese dato y se describió el edificio como “one, fifteen story all concrete building known as La Trinidad. Occupied as condominium with mercantile occupancy located at: #9 Castillo Street, Ponce, Puerto Rico”.

      En cuanto a este extremo, las conclusiones de la sala de instancia en la sentencia sumaria, contienen la siguiente aseveración categórica: “No existe controversia en cuanto a que se pagaron las primas correspondientes y que la propiedad ha estado vacante y abandonada desde la incepción de la Póliza, y que nunca se ha ocupado la misma.” (Bastardillas nuestras.)

        Insurance Law & Practice, Vol. 4-A, pág. 487.

        Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697 (1978), y casos allí citados.

      F. Bonet Ramón, Código Civil comentado, 2da ed., pág. 1009.