author: per curiam: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Vocero de Puerto Rico, peticionario, v. Hon. Nicolás Nogueras, demandado.

      Número: MD-95-4

      Resuelto: 14 de junio de 1995

      Juan R. Marchand Quintero y Francisco Ortiz Santini, de Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados del peti-cionario; Nicolás Nogueras Cartagena, pro se; Héctor Aní-bal Castro-Pérez y Olyvette Rodríguez, abogados del Director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
   per curiam:

El Vocero de Puerto Rico (en adelante El Vocero) nos pide que revisemos la sentencia mediante la cual denegamos su recurso de mandamus por considerarlo académico. Dicho recurso nos solicitaba que ordenáramos al Senador Nicolás Nogueras a suministrarle al peticiona-rio una copia de su informe financiero para 1993, según lo requiere la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Ley de Ética Gubernamental). Nuestro dictamen estuvo basado en la in-formación incluida en la comparecencia del Director Ejecu-tivo de la Oficina de Ética Gubernamental (en adelante Director de la Oficina de Ética Gubernamental) a los efec-tos de que, aunque tardíamente, el Senador Nogueras ha-bía sometido el informe financiero, y la Comisión de Ética del Senado había suministrado una copia de éste a la prensa del país.

En su moción de reconsideración, El Vocero sostiene que nunca recibió copia de dicho informe. Reexaminada la pe-tición de El Vocero a la luz de los escritos de las partes y de las comparecencias especiales del Senado y de la Oficina de Ética Gubernamental, procede reconsiderar nuestro anterior dictamen y expedir el auto solicitado.

I — !

Mediante una petición de mandamus, El Vocero solicitó que este Tribunal ordenara al Senador Nicolás Nogueras a proveerle una copia del informe financiero de 1993 que te-nía que presentar ante la Oficina de Etica Gubernamental, a tenor con lo dispuesto en el Art. 4.1(a)(6) de la Ley de Etica Gubernamental, 3 L.P.R.A. sec. 1831(a)(6). Pendiente ante nuestra consideración dicho recurso, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental nos informó que el Sena-dor Nogueras había presentado tardíamente el informe de 1993 y que “la Comisión de Etica del Senado puso a la disposición de la prensa del País”. Moción en cumplimiento de resolución, pág. 3. Enterados por este medio de que el Director Ejecutivo había recibido el informe y que éste se encontraba a la disposición del peticionario, denegamos el mandamus por academicidad.

Posteriormente, El Vocero solicitó la reconsideración de nuestro dictamen y alegó que el recurso no se había tornado académico. Sostuvo que como el Director de la Oficina de Etica Gubernamental no había afirmado que el Senador Nogueras hubiese cumplido con todos los requisitos del Art. 4.4 de la Ley de Etica Gubernamental, 3 L.P.R.A. see. 1834, el informe sometido por el Senador Nogueras no es-taba completo. Además, señaló que la Oficina de Ética Gu-bernamental había inducido a error a este Tribunal “[a]l sugerir que por el hecho de que El Nuevo Día reseñara el contenido del informe del demandado, [debía concluirse que] el mismo había sido puesto ‘a la disposición de la prensa del País’ ”. Solicitud de reconsideración y determi-nación de hechos, pág. 4 esc. 7. El Vocero afirmó que, en efecto, ellos no habían obtenido una copia del informe.

Mediante la Resolución de 23 de marzo de 1995, conce-dimos un término al Director de la Oficina de Etica Guber-namental para que contestara estas imputaciones. Oportu-namente, éste compareció y reiteró que “la OEG pudo acreditar en un breve plazo que efectivamente el informe financiero estaba disponible [para] la prensa en la Comi-sión de Etica del Senado por autorización expresa del pro-pio senador Nicolás Nogueras”. Moción en cumplimiento de resolución del 23 marzo de 1995, pág. 4. Ante este he-cho, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental cuestionó que El Vocero no hubiese solicitado el informe a la Comisión de Ética del Senado y concluyó que esto cons-tituía una actuación “inapropiada cuando [le] ha dado la espalda al acceso y disposición del informe financiero que hiciera el senador Nogueras”. Id., pág. 5.

Por su parte, a requerimiento nuestro, el Senado de Puerto Rico compareció y refrendó la tesis de que el re-curso era académico porque el Senador Nogueras había so-metido el informe financiero de 1993, y que copia de éste había sido remitida a la secretaría de ese cuerpo. No obs-tante, expuso que como la Secretaría no estaba autorizada a recibir el informe directamente de los Senadores, se lo habían devuelto:

Como algo que huelga decir, el Senado de Puerto Rico no puede certificar para dar a la prensa un estado financiero que no llega a la Secretaría del Senado certificado por la OEG (se-gún establece el Reglamento sobre radicación de informes fi-nancieros por los Senadores, funcionarios y empleados del Se-nado de Puerto Rico ...) que en efecto ese fue el estado financiero que se radicó en la OEG. De más está decir que por esa razón es que en el Reglamento ... del Senado 131, se esta-blece en el artículo 10 que tiene que ser vía la OEG que se radique en la Secretaría del Senado. Moción en cumplimiento de resolución del 4 de abril de 1995, págs. 3-4.

El Senador Nogueras también compareció y adoptó en todas sus partes la posición asumida por el Senado de Puerto Rico. Además, señaló que “las afirmaciones hechas por la Oficina de Etica Gubernamental en su escrito ante este Honorable Tribunal son totalmente correctas”. Moción en cumplimiento de resolución del 4 de abril de 1995, pág. 1.

Recibidas estas comparecencias, la moción de reconside-ración quedó sometida para nuestra adjudicación. No obs-tante, el peticionario sometió varios escritos adicionales cuestionando las afirmaciones del Director de la Oficina de Ética Gubernamental. Éste, por su parte, recientemente nos informó lo siguiente:

1. Con fecha de 27 de febrero de 1995, el senador Nicolás Nogueras presentó a la Oficina de Etica Gubernamental el in-forme financiero de 1993.
2. Recibido el informe financiero, se evaluó de conformidad con el Artículo 4.10 (d) de la Ley de Etica Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada y del Artí-culo 8 del Reglamento sobre Radicación de Informes Financie-ros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, R. del S. 131 de 18 de marzo de 1993.
3. La Oficina de Etica Gubernamental concluyó la evalua-ción de ese informe financiero. El original del mismo se remitió a la Secretaría del Senado, de acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento, citado. De otra parte, también se refirió copia del informe financiero a la Comisión de Etica del Senado con unas observaciones para su evaluación y acción correspondiente, se-gún el Artículo 9 del Reglamento del Senado. Moción informa-tiva, pág. 1.

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El Art. 4.1 de la Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. see. 1831, le impone a los “miembros de la Asamblea Legislativa” el deber ministerial de rendir anualmente un informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental. A tenor con su poder constitucional de aprobar las reglas de procedimiento y de gobierno interno, así como con lo dispuesto en el inciso (j) del Art. 2.4 de la Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. sec. 1814(j), el Se-nado aprobó el Reglamento sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico. Este reglamento reitera la obli-gación de todos los Senadores de presentar anualmente un informe financiero en la Oficina de Ética Gubernamental y describe la información que se requiere.

Rendir los informes financieros requeridos por este ordenamiento constituye claramente una obligación legal que surge del cargo público y no admite discreción en su ejecución. Su incumplimiento constituye un delito grave que, de probarse, impide que un miembro de la Asamblea Legislativa pueda postularse nuevamente.

La Ley de Ética Gubernamental también dispone unas reglas sobre el acceso público a los informes financieros, 3 L.P.R.A. see. 1838. En el caso particular de los legisladores, el estatuto dispone que los informes financieros se convierten en documentos públicos cuando el Director de la Oficina de Ética Gubernamental verifica que la información está completa y determina que el documento es final. Véase Art. 4.10(d) de la Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. sec. 1840(d). Sin embargo, recientemente, el 22 de diciembre de 1994, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló, firmó la Ley Núm. 150 (3 L.P.R.A. sees. 1802, 1814,1821-1825,1827-1828,1831,1834-1835,1838,1840 y 1851) que limitó el acceso público a los informes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Esta nueva ley requiere que, para lograr acceso a dichos informes, la parte interesada someta una solicitud escrita bajo juramento en la que fundamente su creencia “de que existe una posible violación a las disposiciones de este Capítulo que justifique la concesión de acceso al informe financiero”. 3 L.P.R.A. sec. 1838(d)(4). Véase Art. 13 de Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994 (3 L.P.R.A. see. 1838).

Esta restricción no impide que los legisladores o los funcionarios públicos cubiertos por la Ley de Etica Gubernamental autoricen el acceso de la prensa del país a los informes una vez los presentan en la Oficina de Etica Gubernamental. Cuando esto ocurre, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental queda implícitamente autorizado por el funcionario a permitir la inspección de y el acceso a sus respectivos informes sin necesidad de que la parte interesada cumpla con los requisitos recientemente aprobados mediante el Art. 5.1(a) de la Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994 (3 L.P.R.A. sec. 1851(a)).

En el caso de los Senadores, el Art. 10 del Reglamento sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, Senado de Puerto Rico, 18 de marzo de 1993, pág. 178, dispone que una vez el Director de la Oficina de Etica Gubernamental “determina que el informe financiero llena los requisitos establecidos en este Reglamento, procederá a firmar y fechar el mismo y lo remitirá al Secretario del Senado”. Aunque la Ley Núm. 150, supra, dispone que el acceso público se rige por los requisitos del Art. 4.8 del estatuto, 3 L.P.R.A. see. 1838, cuando un Senador autoriza su divulgación a la prensa, el Secretario del Senado debe entregar una copia del informe financiero a cualquier medio de comunicación que lo solicite.

Al amparo de la normativa explicada anteriormente, re-examinamos el caso de aútos.

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Aunque en el caso de autos el Director de la Oficina de Etica Gubernamental nos informó que el Senador Nogue-ras cumplió tardíamente con su deber ministerial de some-ter el informe financiero de 1993, y que éste había sido puesto a la disposición de la prensa, las comparecencias posteriores revelan que El Vocero no tuvo acceso al informe porque el Secretario del Senado le devolvió el documento al Senador Nogueras.

El Director de la Oficina de Etica Gubernamental fun-damentó su afirmación en las siguientes declaraciones del Senador Nogueras en las que se comprometió a entregarle a la prensa del país una copia del informe tan pronto fuese presentado en la Oficina de Ética Gubernamental:

... En la tarde de hoy nuevamente le enviaré al Director de la Oficina de Etica Gubernamental el documento público ... cuyo contenido en un informe auditado él me devolviera, pero esta vez vaciado en los formularios oficiales del Senado, correspon-diente al informe financiero de 1993. A este documento tendrán acceso todos ustedes tan pronto sea radicado y eso terminará las especulaciones en torno al mismo a pesar de que se radique un informe auditado como el que yo radiqué desde el año pa-sado en dicha Oficina de Etica y ante la Comisión de Etica del Senado. Anejo B.

Además, el Director de la Oficina de Ética Gubernamen-tal partió de la premisa de que como otro diario del país publicó una reseña del informe, los demás periódicos tam-bién obtuvieron acceso al documento. Sin embargo, en su comparecencia especial, el Senado de Puerto Rico nos ex-plicó que el Secretario de ese cuerpo recibió el informe pero lo devolvió porque no se había recibido bajo el trámite es-tablecido por el Reglamento sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico.

De la información anterior se desprende que cuando el Director de la Oficina de Ética Gubernamental nos informó que el informe financiero de 1993 había sido puesto a la disposición de la prensa, incurrió en un error de juicio al no confirmar la información recibida y depender de las decla-raciones públicas del Senador Nogueras. En vista de las declaraciones del Senador Nogueras, en las que se compro-metió a poner a la disposición de la prensa el informe en controversia, entendemos que tanto el Director de la Ofi-cina de Ética Gubernamental como el Secretario del Se-nado estaban expresamente autorizados a permitir el ac-ceso del informe a los medios de comunicación tan pronto el informe fuera recibido por éstos.

Dadas estas circunstancias, aunque el Senador Nogue-ras cumplió con su deber de rendir el informe financiero de 1993 en la Oficina de Ética Gubernamental, y al someterlo convirtió en académica la petición de El Vocero de que le ordenásemos que cumpliera con tal obligación, como el Se-nador Nogueras aceptó públicamente y ante este Foro que él se comprometió a entregarle a la prensa las copias del informe requerido por el peticionario, procede que vía re-consideración se le ordene que cumpla con su compromiso. A los fines de facilitar el acceso inmediato del informe a El Vocero, se autoriza tanto al Director de la Oficina de Ética Gubernamental como al Secretario del Senado de Puerto Rico a entregarle al periódico la copia del documento sin que se le requiera cumplir con los requisitos del Art. 4.8 del estatuto, supra.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió por los fundamentos que expusiera en la opinión disidente y concurrente que emitiera en el presente caso el pasado 16 de marzo de 1995. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón no intervino.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

(En reconsideración)

I

La sentencia original mayoritaria de 16 de marzo nunca debió denegar este mandamus contra el Senador Nicolás Nogueras por “académico”. Ese decreto se fundamentó erradamente en que “la Comisión de Etica del Senado ha-bía suministrado copia del mismo [.Informe Financiero de 1993 del Senador Nogueras] a la prensa del país”. (Énfasis y corchetes suplidos.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, 138 D.P.R. 103 (1995). A igual conclusión arribaron las opinio-nes “de conformidad’’

Partiendo de esa errónea proposición, desarrollaron un silogismo clásico, el cual indefectiblemente desembocó en la equivocada conclusión de que a El Vocero de Puerto Rico se le había entregado y tenía una copia del Informe. Como una de las alternativas, podríamos esquematizar así ese razonamiento silogístico:

Primera Premisa: La Comisión de Ética del Senado su-ministró la copia del Informe Financiero de 1993 del Sena-dor Nogueras a la “prensa del país”.

Segunda Premisa: El periódico El Vocero de Puerto Rico forma parte de la “prensa del país”.

Conclusión: Luego entonces, El Vocero de Puerto Rico tiene en su poder una copia de dicho informe.

La verdad es otra. Recordamos el pensamiento del poeta Salvador Espriu: “ Tensad que el espejo de la verdad se desmenuzó en un principio en pequeñísimos fragmentos, y que cada uno de ellos recoge en sí una brizna de auténtica luz.’ ” G. Rodríguez Mourullo, Aplicación judicial del Dere- cho y lógica de la argumentación jurídica, Madrid, Ed. Ci-vitas, 1988, pág. 16.

La reconsideración de El Vocero de Puerto Rico, cónsona con su petición de mandamus, es un fragmento del espejo de esta verdad: no tenía ni se le entregó una copia del su-sodicho informe.

Las comparecencias escritas de los protagonistas de este incidente revelan que lo único que hizo el Senador Nogue-ras en la Conferencia de Prensa de 24 de febrero de 1995 fue anunciar la presentación del segundo Informe y “el ac-ceso que la ley le permite a todos ustedes” (Anejo B, pág. 1), esto es, su disponibilidad a la prensa. El 27 de febrero envió a la Oficina de Etica Gubernamental dicho informe. En esa misma fecha remitió la copia a la Secretaría del Senado, que al otro día le fue devuelta.

Al dictar su sentencia original, este Foro no debió equi-parar, indistintamente, “acceso o disponibilidad” con “su-ministro, entrega y posesión”. Tampoco avalar los métodos extrajudiciales de un litigante que caprichosa, unilateral y ventajosamente pretendió convertir en “académico” un caso en su contra; máxime revestido de tan alto interés público, en menoscabo de nuestras prerrogativas constitu-cionales adjudicativas y recta imagen institucional. Veamos.

II

Procesalmente, como demandado objeto del recurso ex-traordinario de mandamus, el estándar mínimo de defe-rencia y respeto hacia este Tribunal por el Senador Nogueras, le exigían comparecer, informarnos y simultá-neamente remitir una copia del informe a El Vocero de Puerto Rico. Sólo así podía seriamente plantearse si ello tornaba la acción en académica.

Lamentablemente, el Senador Nogueras optó por una conferencia de prensa. Ignoró los trámites judiciales pen-dientes ante nos. No fue hasta el 3 de abril, postsentencia, que se le ordenó que compareciera en un término no mayor de diez (10) días "para exponer su posición sobre el acceso de la prensa a dicho informe”.

Corregir el erróneo supuesto de hecho en que se basó la sentencia original mayoritaria, ha conllevado un trámite en reconsideración de múltiples escritos y recriminaciones recíprocas entre El Vocero de Puerto Rico y el Director de la Oficina de Etica Gubernamental, Ledo. Héctor A. Feliciano Carreras, y por primera vez, oportunidad de audiencia al Senado de Puerto Rico. Y en su comparecencia, el Senado nos expuso que ni su Secretaría como tampoco su Comisión de Etica, tenían bajo custodia —y menos para entregar a la prensa del país— ese segundo informe. Como resultado, el Senado concluyó que la acción del Senador Nogueras “no hace disponible el mismo mediante el trámite establecido en el Reglamento ...”. Moción en cumplimiento de resolu-ción de 4 de abril de 1995, pág. 2. Para el 18 de mayo, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental nos informó haberlo evaluado, remitido el original a la Secretaría del Senado y referido una copia a la Comisión de Etica “con unas observaciones para su evaluación y acción correspon-diente, según el Artículo 9 del Reglamento del Senado”. Moción informativa, pág. 1. Y en su último escrito, nos dice que finalmente el Senador Nogueras, en esa misma fecha, presentó la información adicional que faltaba.

Todo este complicado trámite pudo haberse evitado si al usar la lógica formal de puro silogismo a que se redujo la sentencia original, antes de dictarla, se hubiese corrobo-rado la información con que se erigió la premisa mayor; único modo de llevar el silogismo a un correcto derrotero. Subsistió entonces la confusión de “acceso o disponibilidad” con “suministro, entrega y posesión”.

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Ni sus protagonistas ni este tipo de controversia la co-locan fuera de nuestra jurisdicción. No podríamos, con todo rigor jurídico, calificarla de “cuestión política” por el solo hecho de estar implicado un miembro del Senado y exista allá un procedimiento interno diseñado para atender la vertiente disciplinaria.

Primero, “[e]n su sustrato, la Ley de Etica Gubernamen-tal diseña igual trámite para todos los funcionarios sujetos a sus disposiciones, incluso la revisión judicial, pero reco-noce a los legisladores un procedimiento interno paralelo que responde a la facultad conferida a la Legislatura me-diante el Art. Ill, Sec. 9 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Ese lenguaje constitucional no ‘margina al Poder Judicial; no se le priva de jurisdicción sobre la materia’. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759 (1977). A fin de cuentas, ‘[n]ingún poder es absoluto en nuestro ordenamiento ...’. íd.”. (Enfasis en el original y escolio omitido.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, supra, opinión disidente, págs. 132-133.

Segundo, “todo legislador está sujeto al crisol del Poder Judicial. La legislación aplicable simple y llanamente vi-sualiza a los tribunales y a las cámaras legislativas como vasos intercomunicantes cuyas gestiones sobre el mismo asunto no son mutuamente excluyentes, sino cónsonas con sus respectivos deberes y prerrogativas constitucionales”. (Enfasis en el original.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, supra, opinión disidente, pág. 132.

Y tercero, “[l]a Ley de Etica Gubernamental alcanza a numerosos funcionarios electos y nombrados (legisladores, secretarios del gabinete, jueces y otros), y pretende preve-nir y penalizar conducta antiética que traicione la con-fianza pública, mediante el principio de que sus ingresos y finanzas están sujetos al escrutinio público. El axioma in-merso que nutre la Ley de Etica Gubernamental es que la ‘luz solar es el mejor desinfectante’. Sin la oportuna publi-cidad de los informes financieros, la Ley de Etica Guberna-mental sería vana ilusión”. (Enfasis en el original y énfasis suplido.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, supra, pág. 133.

IV

Reafirmamos que el antes aludido curso de acción del Senador Nogueras no convirtió en académico el mandamus. “La ciencia del Derecho o sirve a la vida o no sirve para nada: lo que quiere decir que el destino de la ciencia jurídica, impuesto por la propia naturaleza de su objeto, es servir a una función práctica, que es regular con justicia los casos de la vida.” L. Legaz y Lacambra, Filoso-fía del Derecho, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, pág. 58. Elaboremos.

No se discute que el primer informe del Senador Nogue-ras fue presentado tardíamente el 22 de septiembre de 1994. “No fue jurado ni tiene un desglose de los ingresos y sus fuentes, lo cual de su faz es insuficiente y una violación crasa a la Ley de Etica y su Reglamento.” Ante esta reali-dad, ¿cómo concluirse entonces que el recurso era acadé-mico? Al menos la mayoría debió adjudicar este aspecto.

Ante ese incumplimiento, la querella original presen-tada en su contra y referida por el Director de la Oficina de Etica Gubernamental, licenciado Feliciano Carreras, a la Comisión de Etica del Senado no logró nada. Al cabo de siete (7) meses, el Senador Nogueras seguía sin acatar la ley. Asimismo, ante esta realidad no contradicha, la mayo-ría debió dictaminarlo en sus méritos.

Lo expuesto revela que este caso aún conserva su carác-ter de controversia viva y latente, la cual es justiciable. A fin de cuentas, estamos obligados a conceder aquel remedio que proceda de acuerdo con los hechos.

V

La opinión per curiam de hoy nuevamente se apuntala en unas premisas erróneas. Escuetamente cataloga de “académica” (Opinión per curiam, pág. 644), la petición original de mandamus de El Vocero de Puerto Rico en la que exige que el Senador Nogueras cumpliera su deber ministerial de presentar el Informe Financiero de 1993, a base de que lo hizo, si bien, tardíamente. Pierde este Foro la oportunidad de así denunciarlo. “El incumplimiento por un legislador de la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, jamás es asunto académico. Y ciertamente no puede ser caracterizado como cuestión po-lítica (political question), vedada al foro judicial. Por el con-trario, es materia claramente justiciable sujeta a la opor-tuna intervención y revisión de los tribunales. ‘[L]a justicia [no] reconoce castas ni jerarquías ....’ Moreno v. Gore, Gobernador, 46 D.P.R. 408, 417 (1934).” (Énfasis en el original.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, supra, opinión disidente, pág. 130.

De otra parte, la opinión mayoritaria en reconsideración trastoca los más elementales principios del recurso ex-traordinario del mandamus. Su razón de ser es exigir el cumplimiento de un deber ministerial. Su génesis y virtua-lidad dependerá de la existencia inicial de esa obligación legal, cuya obediencia pueda compelerla el Tribunal me-diante una orden directa al funcionario concernido, bajo apercibimiento de sanciones, incluso desacato.

En recta juridicidad, su acatamiento no puede depender de “compromisos voluntarios”, no importa cuán públicos sean. Preguntamos, ¿qué si el Senador Nogueras no hu-biese expresado su intención de poner el referido Informe. Financiero a la disposición de la prensa? ¿Y si ahora no cumple?

Finalmente, al seguir esta ambivalente vía decisoria, la mayoría invoca la Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994 (3 L.P.R.A. sees. 1802, 1814, 1821-1825, 1827-1828, 1831, 1834-1835, 1838, 1840 y 1851), inaplicable pues su Art. 17 (1994 Leyes de Puerto Rico 1320) dispone que “co-menzará a regir inmediatamente después de su aprobación”. Es claro que la Ley Núm. 150, supra, no tiene efecto retroactivo.

Como el Senador Nogueras debió presentar el informe original el 2 de mayo de 1994, los términos primitivos del estatuto gobiernan. Mediante la aplicación retroactiva, la mayoría menoscaba los derechos adquiridos previamente por la prensa del país a obtener copia de ese Informe sin necesidad de acreditar bajo juramento la creencia de que existía una violación a la Ley de Etica que justificaba su acceso.

Recapitulando. Esta sencilla y fácil controversia ha sido objeto de un juego de malabares con el concepto de acade-micidad y el carácter coercitivo inherente al recurso de mandamus. Originalmente, la sentencia mayoritaria tildó de “académico” el recurso al concluir silogísticamente que El Vocero de Puerto Rico poseía el informe que reclamaba. Hoy, sin embargo, la opinión Per Curiam se abstiene de declararlo académico a base de que el Senador Nogueras hizo un “compromiso público” de ponerlo a la disposición de la prensa. En atención a ese “compromiso” se resuelve del recurso. Esa razón de decidir, lamentablemente supedita nuestro poder coercitivo para hacer cumplir un deber ministerial mediante el mandamus al compromiso “personal voluntario” de un demandado. Si ese es el curso de acción que determina el dictamen mayoritario, ¿procedía una ex-presión coactiva nuestra? Paradójicamente, en su sustrato, con ese compromiso voluntario, ¿no logró finalmente el de-mandado Senador Nogueras convertir en académico el mandamus?

       En su opinión de conformidad, el Juez Asociado Señor Hernández Denton, a quien se unieron los Jueces Asociados Señores Alonso Alonso y Fuster Berlingeri, aseveró: “Como El Vocero y todos los otros medios obtuvieron copia de dicho informe, el peticionario ya obtuvo la información que solicitó en el Recurso de mandamus. Por lo tanto, su petición original ante nosotros es totalmente académica.” (Énfasis su-plido y en el original.) El Vocero de P.R. v. Nogueras I, 138 D.P.R. 103, 112 (1995).
      En la opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Alonso Alonso, éste ar-gumentó: “La posición del Juez Asociado Señor Negrón García no se entiende. Pre-tende que le ordenemos a la Oficina de Ética Gubernamental que le entregue a El Vocero un informe financiero que como cuestión de hecho ya éste tiene en su poder. Ello es un ejercicio en futilidad. Lo que ya se tiene no hay que darlo.” Subsiguiente-mente expuso: “Además, como bien señala la Opinión de conformidad del Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton, a la cual me he unido, como ya se ha entregado el informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental y a El Vocero ...” (Énfasis suplido y en el original.)

       Esta y otras citas subsiguientes corresponden a nuestro disenso a la senten-cia original.

        Quaere su constitucionalidad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Guillermo Cotto Guadalupe, demandante y peticionario, v. Departamento de Educación (Junta de Transportación y Sub. Escolares Distrito Escolar de Guaynabo y Junta de Revisión), demandados y recurridos.

      Número: CE-94-887

      Resuelto: 15 de junio de 1995

      Jorge Márquez Gómez, abogado del peticionario; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Edgardo Rodríguez Quilichini, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de interpretar por primera vez la Sec. 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2169, y de formular algunos pronunciamientos sobre su sentido y propósito.

I

En respuesta a una invitación cursada por el Departa-mento de Educación, el peticionario compareció como lici-tador a una subasta de servicios de transportación escolar celebrada el 25 de agosto de 1992. Ese día presentó los documentos que, según el peticionario, eran necesarios para ser elegible como licitador, conforme a lo requerido por el Reglamento para la Transportación de Escolares del Departamento de Educación, aprobado el 7 de diciembre de 1989.

Los documentos sometidos por el peticionario fueron examinados en la misma fecha por la representante de la Comisión de Servicio Público ante la Junta de Subastas del Distrito Escolar (en adelante Junta de Subastas). Esta persona determinó alegadamente que el peticionario cumplía con todos los requisitos pertinentes y que cualificaba para participar en la subasta.

Más tarde, ese día, se procedió a leer todas las licitacio-nes presentadas, y el peticionario resultó ser el postor más bajo. No obstante, la presidenta de la Junta de Subastas descalificó al peticionario. Adujo que éste carecía del per-miso correspondiente de la Comisión de Servicio Público. Concluidos los procedimientos de ese día, la presidenta de la Junta de Subastas ordenó que se le devolviera al peti-cionario los documentos relacionados con su licitación, la cual no fue considerada. Días más tarde, el 2 de septiembre de 1994, la Junta de Subastas adjudicó la subasta en cues-tión a postores que licitaron precios más altos que los pre-sentados por el peticionario. A éste no se le notificó de la referida adjudicación ni de decisión escrita alguna.

Enterado el peticionario de su descalificación, el 9 de septiembre solicitó una reconsideración ante la Junta de Revisión de Subastas del Departamento de Educación. Adujo ante dicha Junta: que su licitación había sido pre-viamente aprobada, precisamente por la representante de la Comisión de Servicio Público ante la Junta de Subastas; que él había sometido los permisos necesarios expedidos por la Comisión de Servicio Público, y que evidentemente la presidenta de la Junta de Subastas había cometido un error al descalificar su licitación, por supuestamente care-cer de la autorización necesaria de la Comisión de Servicio Público.

La Junta de Revisión de Subastas denegó la reconside-ración referida. En vista de ello, el peticionario acudió, oportunamente, en revisión judicial ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro denegó la revisión por una supuesta falta de jurisdicción. Resolvió que el término de diez (10) días que provee la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme para solicitar la reconsideración ad-ministrativa en cuestión, comenzó a transcurrir el 25 de agosto de 1994, día cuando el peticionario fue descalificado, y no el 2 de septiembre cuando se adjudicó la subasta. Por lo tanto, según el foro a quo, la reconsideración adminis-trativa presentada el 9 de septiembre fue tardía, lo que privaba al tribunal de jurisdicción para atender la revisión de la denegatoria de dicha reconsideración.

Inconforme, el peticionario acudió oportunamente ante nos. Alegó, en esencia, que el Tribunal Superior había errado al resolver que carecía de jurisdicción para revisar la resolución de la Junta de Revisión de Subastas del De-partamento de Educación. El 24 de febrero de 1995 le con-cedimos un término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado y revocar la sentencia del Tribunal Superior.

Luego de una prórroga, la parte recurrida compareció el 28 de abril de 1995, representada por el Procurador General. Pasamos a resolver, según intimado.

II

La Sec. 3.19 de la Ley de Procedimientos Administrati-vos Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante L.P.A.U.), supra, que rige los procedimientos de adjudicación de subastas, en lo pertinente, dispone lo si-guiente sobre el término para solicitar reconsideración:

La parte adversamente afectada por una decisión podrá, dentro del término de diez (10) días a partir de la adjudicación de la subasta, presentar una moción de reconsideración ante ... la entidad apelativa de subastas. (Enfasis suplido.)

Como puede observarse, dicha disposición expresamente señala que el término en cuestión comenzará a partir de la adjudicación de la subasta. No dice que comenzará a transcurrir desde que se emitió la decisión adversa, como erróneamente interpretó el foro a quo. Cuando la ley es clara, como lo es aquí, su letra debe observarse con rigurosidad. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966); Caguas Bus Line v. Sierra, Comisionado, 73 D.P.R. 743 (1952). Ello es así, particularmente cuando la disposición en cuestión no sólo está libre de toda ambigüedad, sino que además tiene un claro sentido jurídico, como sucede con la disposición de la L.P.A.U. antes citada. Dicha disposición permite adjudicar la reconsideración —y luego la revisión judicial— de la manera más favorable al proceso decisional, con un cuadro completo del caso en cuestión. La evaluación de la decisión impugnada se realiza entonces con conocimiento de todos los detalles pertinentes de la adjudicación de la subasta, para así poder comparar los méritos de la licitación rechazada con los de la licitación ganadora. Su clara lógica jurídica explica por qué el legislador dispuso que el término comenzará a transcurrir a partir de la adjudicación de la subasta y no a partir del momento cuando se tomó la decisión adversa a uno de los licitadores.

Nuestra interpretación del texto de la referida Sec. 3.19 de la L.P.A.U. está avalada, además, por su historial legislativo. Dicha disposición fue añadida a la L.P.A.U. el 5 de agosto de 1989 mediante la Ley Núm. 43 de esa fecha, 3 L.P.R.A. sees. 2105, 2128, 3133, 3135-3136, 2165, 2169, 2172 y 2177. Al aprobar esta enmienda, el legislador buscaba asegurar que los procedimientos de adju-dicación de subastas en las agencias fuesen de naturaleza informal, sin que las partes pudiesen requerir que se con-virtiesen en procedimientos formales y que las normas y términos de tales procedimientos informales se establecie-sen por reglamentación de la propia agencia que celebraba las subastas. Véase el Informe de la Comisión de lo Jurí-dico del Senado sobre el P. de la C. 232 de 25 de junio de 1989, lima Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria. Sin embargo, el propio legislador hizo dos excepciones al propósito de informalidad antes reseñado: una relativa a la reconsideración y la otra a la revisión judicial. Respecto a estos dos asuntos de particular importancia, el propio le-gislador decidió fijar los términos correspondientes. En el Informe de la Comisión de la Jurídico del Senado, supra, pág. 6, sobre el particular, se indicó lo siguiente:

Con las enmiendas relativas a las subastas se pretende sim-plificar los procedimientos adjudicativos de subastas, de forma que sólo se consideren procedimiento^] formales, la reconside-ración y la revisión judicial, obviándose los requisitos del Capí-tulo III de la Ley 170 en todo el proceso anterior a la reconsi-deración, y limitándose los procesos formales a la propia moción de reconsideración, sin que se provea para descubri-miento de prueba u otros procedimientos por ley, dejando a las agencias disponer por reglamento todo lo relativo al proceso de subasta. (Enfasis suplido.)

De esta forma, el legislador aseguraba que el término para solicitar la reconsideración y la fecha cuando comen-zaría a transcurrir quedasen fijos por ley, no sujetos a la discreción de los funcionarios de la agencia. Así lo enten-dieron quienes redactaron la reglamentación relativa a las subastas del Departamento de Educación. En el Art. IX, Sec. II, inciso (15) del Reglamento para la Transportación de Escolares Núm. 4064 del Departamento de Educación, 7 de diciembre de 1989, pág. 19, se copia y repite literal-mente lo dispuesto en la Sec. 3.19 de la L.P.A.U., supra, al disponerse que cualquier licitador adversamente afectado “podrá ..., dentro del término de diez (10) días a partir de la adjudicación de la subasta, presentar una moción de re-consideración ante la Junta de Revisión”. (Enfasis suplido.)

En el caso ante nos ahora, el peticionario hizo precisa-mente lo que establecen las referidas disposiciones de la L.P.A.U. y del Reglamento de Subastas del Departamento. Dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que la Junta de Subastas en sí adjudicó la su-basta en cuestión, sometió su reconsideración ante la Junta de Revisión de Subastas. Lo hizo a tiempo, como el propio Procurador General admite en su escrito, en cumpli-miento de nuestra orden de mostrar causa. Erró, pues, el Tribunal a quo al resolver como lo hizo.

III

La decisión del Tribunal Superior es errónea por una segunda razón. La acción de la presidenta de la Junta de Subastas de descalificar al peticionario el 25 de agosto de 1994, no es —de modo alguno— una decisión administra-tiva que active el término jurisdiccional de la reconsideración. No fue una decisión de la Junta de Subas-tas propiamente, ya que ésta no se reunió ni emitió voto alguno el 25 de agosto.

El Reglamento para la Transportación de Escolares, supra, pág. 16, dispone en su Art. IX, Sec. 1(F)(5), que la Junta de Subastas, como cuerpo colegiado, “[djecidirá la acción a tomar a tono con este Reglamento en los casos de licitadores que no cumplan con los términos de la subasta y atenderá cualquier tipo de problema relacionado con los licitadores y los servicios objeto de la subasta”. Como puede observarse, la decisión de descalificar al peticionario, si éste no cumplía con los términos de la subasta sobre los permisos de la Comisión de Servicio Público, le correspondía a la Junta de Subastas en sí, y no a la presidenta de dicha Junta, como sucedió en este caso. Así lo admite el propio Procurador General en su escrito ante nos. La pre-sidenta de la Junta, pues, actuó ultra vires y su decisión no era propiamente de la agencia, por lo que el término de la L.P.A.U. para solicitar la reconsideración administrativa no podía comenzar a transcurrir a partir de tal decisión.

Ya antes hemos advertido que una agencia administrativa está obligada a observar estrictamente sus propios reglamentos, y cuando no lo hace, no comienza a transcurrir el término para apelar. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978). Por razones análogas a las discutidas allí y la Sec. 3.19 de la L.P.A.U., supra, que consideramos aquí, debe ser interpretada en el sentido de que el término de reconsideración que ésta establece para casos de subastas, no comienza a decursar si la decisión en cuestión no fue tomada conforme al reglamento aplicable.

rv

Finalmente, debe notarse que la decisión de la presidenta de la Junta de Subastas no fue notificada por escrito, por correo certificado, a la parte afectada. Además, no hubo ningún aviso a la parte afectada para advertir de su derecho a solicitar la reconsideración, y luego a revisión judicial, ni de los términos que tenía para ello. La decisión aludida de la presidenta no cumplió de modo alguno con los requisitos legales necesarios, según los fijan tanto la See. 3.16 de la L.P.A.U., supra, como nuestra jurisprudencia. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 264 (1987); Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992). Por estas otras razones, tampoco podía servir tal decisión de la presidenta como punto de partida para que comenzara a transcurrir el término jurisdiccional. García v. Adm. del Derecho al Trabajo, supra.

En resumen, el tribunal a quo tenía jurisdicción para atender la solicitud del peticionario y revisar una actúa-ción administrativa que, de ser ciertos los hechos alegados, era contraria a los principios elementales del debido pro-ceso de ley y causaba una injusticia al peticionario. Los tribunales del país tienen el deber de examinar con cui-dado casos como el de autos en los cuales puede, además, estar adversamente afectado el erario y menoscabado el esquema de ley que persigue asegurar la integridad de las subastas públicas. Particularmente en estos tiempos acia-gos, cuando la colectividad vive justamente alarmada por el manejo indebido de los fondos públicos, le corresponde a la Rama Judicial velar por el fiel cumplimiento de la ley.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para expedir el auto solicitado, revocar la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y devolver el caso para que continúen los procedimientos conforme lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión de conformidad.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

Como expresáramos el 24 de octubre de 1994, este Tribunal tiene una pesada carga de trabajo, la cual se hace aún más pesada y difícil de manejar “por las actuaciones, en ocasiones, incomprensibles de algunos de los jueces del ... Tribunal de Primera Instancia”.

No hay duda —así lo expresamos entonces y lo reitera-mos en el día de hoy— del hecho de que la inmensa mayo-ría de los jueces de instancia siempre actúan conforme a derecho, al sentido común y a la lógica. Si en el presente caso así se hubiera actuado a nivel de instancia, nadie hu-biera tenido que perder precioso tiempo; esto es, no hubiera sido necesario que la parte demandante peticionaria hu-biera tenido que radicar un recurso ante este Tribunal, ni los miembros de este Foro hubieran tenido que examinar y estudiar el mismo, ni el Procurador General hubiera tenido que comparecer allanándose a la orden de mostrar causa emitida, como tampoco se hubiera tenido que emitir ponen-cia alguna por este Tribunal. Por otro lado, de haberse ac-tuado correctamente a nivel de instancia, la controversia planteada posiblemente ya estaría resuelta.

La determinación del tribunal de instancia a los efectos de que carecía de jurisdicción para entender en el recurso de revisión administrativo que ante dicho foro radicó la parte peticionaria es, a todas luces y desde cualquier punto de vista, una errónea. La misma únicamente puede haber sido el producto de falta de atención y estudio suficiente de parte del juez de instancia. Como expresáramos el pasado 24 de octubre de 1994:

Todos debemos hacer un esfuerzo por acelerar el trámite judicial; ello con el propósito de que la ciudadanía de este País sea la beneficiaría de decisiones judiciales correctas y rápidas. De-terminaciones o decisiones como la que aquí hemos revisado ciertamente no ayudan a la consecución de ese objetivo. (Enfa-sis en el original.) Pueblo v. Torres Rodríguez, 137 D.P.R. 312, 316 (1994), opinión de conformidad.

       En la Opinión de conformidad que emitiéramos en Pueblo v. Torres Rodríguez, 137 D.P.R. 312 (1994).


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: EC-95-5

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

Con el propósito de dar un cumplimiento fiel al mandato expreso del Art. 1.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.RR.A. sec. 22a) de aprobar una regla-mentación interna necesaria para su implantación, me-diante la Orden Administrativa I, emitida el 20 de enero de 1995 y enmendada el 23 de enero de 1995, se adoptaron unas normas de transición relativas a las Reglas de Proce-dimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. III).

En virtud de esta Resolución, se reactiva el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la enco-mienda de evaluar las Reglas de Procedimiento Civil de Transición, a la luz de las experiencias de la Oficina de Administración de los Tribunales y del sistema judicial en la implantación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.), y de proponer al Tribunal Supremo un proyecto de nuevas reglas procesales. Se designan como miembros de dicho Comité a las personas siguientes:

1. Hon. Pedro López Oliver, Presidente

2. Hon. José L. Miranda de Hostos

3. Ledo. Antonio García Padilla

4. Ledo. Alberto Ornar Jiménez Santiago

5. Ledo. Alvaro R. Calderón Mongil

6. Ledo. David Rivé Rivera

7. Ledo. José Cuevas Segarra

8. Ledo. José Enrique Otero Matos

9. Ledo. Luis Sánchez Betances

10. Ledo. Fernando Agrait Betancourt

Notifique el señor Secretario del Tribunal con copia de esta Resolución a las personas designadas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaría General.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaría General


author: per curiam:

text:
      In re Mario O. García Quintero.

      Número: 3878

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   per curiam:

El 15 de diciembre de 1994, el abogado Mario O. García Quintero, luego de ser juzgado en juicio cele-brado por tribunal de derecho, fue declarado culpable y convicto de varios cargos por infracción al Art. 272 del Có-digo Penal de Puerto Rico esto es, por posesión y tras-paso de documentos falsificados Como consecuencia de ello, la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico sentenció al licenciado García Quintero a una pena de catorce (14) años de presidio en cada uno de los cargos por los cuales fue convicto, a ser cumplidas dichas sentencias en forma concurrente entre sí.

Establece la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) que:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (mis-deameanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, ce-sará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada a la Corte Suprema, el nom-bre de la persona convicta será borrado, por orden de la Corte, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión. (Enfa-sis suplido.)

Constituye doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que la causa de desaforo o suspensión del ejercicio de la profesión de abogado no tiene necesaria-mente que surgir con motivo de la actividad profesional; basta con que afecte las condiciones morales del querellado. In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255-256 (1961).

Por otro lado, es de notar que hemos resuelto que “[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en su consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966); In re Rivera Cintrón, supra, pág. 491.

No tenemos duda alguna en nuestra mente sobre el hecho de que el abogado que infringe las disposiciones del antes citado Art. 272 del Código Penal incurre en un delito que implica “depravación moral”; así lo hemos resuelto anteriormente. Véanse: In re Benitez Echevarría, 128 D.P.R. 176 (1991); In re Cruz Vázquez, 117 D.P.R. 806 (1986). En consecuencia, se decreta la separación permanente de la profesión de abogado del Ledo. Mario O. García Quintero y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados del Tribunal Supremo. El Alguacil General de este Tribunal deberá incautarse de la obra notarial del abogado suspendido, debiendo entregar la misma al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

       33 L.P.R.A. see. 4592.

       Establece el citado Art. 272 del Código Penal que:
      “Toda persona que con intención de defraudar a otra posea, use, circule, venda, pase o trate de pasar como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito de los especificados en [el artículo] anterior a sabiendas de que los mismos son falsos, alterados, falsificados o limitados, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de me-diar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.”


text:
      In re José C. Gutiérrez Prats.

      Número: AB-95-29

      Resuelto: 16 de junio de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar.

   per curiam:

Mediante esta opinión per curiam se sus-pende indefinidamente de la abogacía al Ledo. José C. Gutiérrez Prats por no haber cumplido con los requeri-mientos del Procurador General y las órdenes de este Tribunal.

uh

El 15 de marzo de 1995, el Procurador General presentó ante nos un informe relacionado con una queja contra el Ledo. José C. Gutiérrez Prats. En la queja, presentada por el Sr. Norberto Droz Pérez el 29 de marzo de 1994, se alegó que este abogado había sido contratado en diciembre de 1992 para que presentara una demanda de divorcio. Se-ñaló el señor Droz Pérez que a pesar de haberle entregado el dinero al abogado, éste no había presentado la demanda ni devuelto el dinero, al serle solicitado.

A la tercera comunicación al querellado, éste finalmente contestó la queja e informó que se había comunicado con el señor Droz Pérez y su esposa. Con el propósito de confir-mar esto, la Oficina del Procurador General se comunicó con el señor Droz Pérez, quien informó que el abogado aún no se había comunicado con él. Dos (2) nuevos intentos de la Oficina del Procurador General para comunicarse con el abogado resultaron infructuosos.

Examinado el Informe del Procurador General, el 7 de abril de 1995 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos veinte (20) días al licenciado Gutiérrez Prats para que compareciera ante el Procurador General. En dicha resolución apercibimos al abogado de que el incumpli-miento con nuestra orden le conllevaría la suspensión de la profesión. Transcurrido el término referido, el Procurador General presentó una moción en la cual nos solicita que tomemos conocimiento de la incomparecencia del abogado.

Un examen del expediente personal del abogado revela que su conducta se ha caracterizado por no ser responsivo con los múltiples requerimientos de la Oficina del Procura-dor General y una laxitud en el cumplimiento de nuestras órdenes

Cabe señalarse, además, que el licenciado Gutiérrez Prats fue separado del ejercicio del notariado el 14 de diciembre de 1983. Posteriormente, mediante la opinión per curiam de 30 de junio de 1993, el licenciado Gutiérrez Prats fue suspendido indefinidamente de la práctica de la profesión de abogado por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación del Colegio de Abogados de Puerto Rico. El abogado pagó la deuda y fue reinstalado a la prác-tica de la profesión, efectivo el 10 de agosto de 1993. En dicha resolución denegamos su reinstalación al ejercicio del notariado.

El abogado que reiteradamente incumpla con los reque-rimientos del Procurador General e ignore las órdenes de este Foro demuestra un grave menosprecio del proceso dis-ciplinario, lo cual constituye un desafío a las normas que regulan la abogacía. Esta conducta acarrea la aplicación de las más severas sanciones disciplinarias. Véanse: In re Méndez Matos, 138 D.P.R. 475 (1995); In re Torres Villa, 138 D.P.R. 89 (1995); In re Santiago Arroyo, 137 D.P.R. 456 (1994); In re Cordero Negrón, 137 D.P.R. 310 (1994); In re Romany, 136 D.P.R. 648 (1994), entre otros.

Dado que el comportamiento contumaz del licenciado Gutiérrez Prats demuestra un patrón de ignorar los reque-rimientos del Procurador General y las órdenes de este Tribunal, a pesar de haber sido apercibido de las consecuen-cias de su incumplimiento, procede que ordenemos la suspensión indefinida de la práctica de la abogacía hasta que acredite fehacientemente que en el futuro cumplirá es-tricta y diligentemente con los requerimientos del proceso disciplinario.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       Cabe señalarse que en otro caso pendiente ante este Foro, el abogado ha exhibido igual patrón de conducta. Nos referimos al Caso Núm. AB-95-8, en el cual aún no se ha cumplido el término concedido al Procurador General para que presente la querella correspondiente.


author: Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

text:
    José Mauricio Fernández Grullón, etc., demandantes y recurrentes, v. Puerto Rico Telephone Co., etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-94-325

      Resuelto: 16 de junio de 1995

      Guillermo Ramos Luiña, abogado de los recurrentes; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Jacqueline Novas Debien, Subprocuradora General Auxiliar, y Sylvia A.

      Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Charles De Mier Le Blanc y Ruy V. Díaz Díaz, de De Corral y De Mier, aboga-dos de los recurridos.
   SENTENCIA

En este caso revocamos una sentencia parcial mediante la cual se desestimaron las reclamaciones de la sociedad legal de gananciales y de la esposa del codemandante, quien fue alegadamente discriminado en su empleo. En síntesis se alegó que el Sr. Fernández Grullón fue trasla-dado en su empleo de manera discriminatoria por razón de su nacionalidad.

Aplicando los fundamentos de Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995), y Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994), se modifica la sentencia re-currida y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos.

HH

El 22 de mayo de 1990, José Mauricio Fernández Gru-llón, su esposa María Ortiz Rolón y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron una de-manda contra la Puerto Rico Telephone Co. (en adelante P.R.T.C.), la Communications Specialists Unlimited, Inc. (en adelante Com.Spec.) y otros. En la demanda se alegó que el demandante trabajó en Com.Spec. en 1986 hasta mayo de 1989, cuando fue trasladado forzosamente de Fa-jardo a Santurce, donde trabaja actualmente. Alegó que el traslado fue discriminatorio por su origen nacional y con-dición social de dominicano. Com.Spec. se dedica al negocio de instalación de teléfonos, para lo cual es contratada por la P.R.T.C.

Se alegó, además, que por el patrón de discrimen contra el demandante —lo cual incluye un incidente en el cual éste fue inculpado por varios empleados de la P.R.T.C. del robo de piezas y equipo— la P.R.T.C. le exigió a Com.Spec. el referido traslado del demandante. Como consecuencia del traslado del demandante, se reclamó en la demanda el resarcimiento de la merma en sus ingresos. Se solicitó, además, el doble de los daños alegados bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146 et seq.) y una causa de acción por libelo y calumnia por el incidente de la imputación de delito.

Posteriormente, mediante una demanda enmendada, se solicitó que el contrato existente entre la P.R.T.C. y Com.Spec. fuese declarado nulo y que se resolviera que la primera era el patrono real del demandante.

Luego de varios trámites procesales, el 25 de octubre de 1993 el tribunal dictó una sentencia parcial mediante la cual aprobó una estipulación de las partes en la que los demandantes desistían voluntariamente de la causa de ac-ción por libelo y calumnia.

A solicitud de la codemandada P.R.T.C. y con la oposi-ción de la parte demandante, el tribunal dictó otra senten-cia parcial el 4 de febrero de 1994, en la cual desestimó las acciones incoadas por la Sra. María Ortiz Rolón y la socie-dad legal de gananciales constituida por ésta y el Sr. Fer-nández Grullón.

Inconforme, acude la parte demandante ante nos para señalar que el tribunal erró al:

A. ... determinar que la estipulación de desistimiento volunta-rio en torno a la reclamación de libelo y calumnia dispuso de otras reclamaciones por daños incoadas en la demanda enmendada.
B. ... desestimar la reclamación ... de la sociedad legal de ga-nanciales por pérdida de ingresos ... bajo la Ley 100 y
C. ... desestimar la reclamación ... de la co-demandante María Ortiz Rolón y negarse a reconocer que ésta podía ejercitar cau-sas de acción bajo la Constitución y el artículo 1802 del Código Civil independientes a la [causa de acción de] ... su cónyuge bajo la Ley Núm. 100. Solicitud de revisión, pág. 7.

El 2 de septiembre de 1994 le ordenamos a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos re-vocar la sentencia parcial recurrida. En su comparecencia, el Procurador General, en representación de los codeman-dados Manuel Díaz, Pedro Rosario y Jesús Santiago (em-pleados de la P.R.T.C.), admite que los primeros dos (2) errores señalados por la parte recurrente fueron cometidos.

La codemandada P.R.T.C., por su parte, sostiene que los errores no fueron cometidos e insiste en que las reclama-ciones al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 32 L.P.R.A. see. 5141, fueron objeto de la estipulación en la cual se desistió de la acción por libelo y calumnia. Esta parte alega que sólo subsistió la reclamación del demandante bajo la Ley Núm. 100, supra. En ambas comparecencias, tanto el Procurador General como la PRTC alegan que la sociedad legal de gananciales carece de una causa de acción al am-paro del Art. 1802 del Código Civil, supra, porque se trata de reclamar los salarios dejados de percibir por el em-pleado, lo cual es el mismo remedio concedido a este code-mandante bajo la Ley Núm. 100, supra.

En conformidad con Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, y Maldonado v. Banco Central Corp., supra, resolvemos según lo intimado en nuestra Orden de 2 de septiem-bre de 1994. Veamos.

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Recientemente en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, pág. 14, resolvimos que “los parientes de un empleado que haya sido víctima de trato discriminatorio por su patrono bajo la Ley Núm. 100, supra, tienen una causa de acción propia al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, para obtener una indemnización por los daños que ellos mismos hayan sufrido a consecuencia del referido dis-crimen laboral”. (Enfasis suplido.) Allí indicamos clara-mente que al dilucidar la situación jurídica del pariente del obrero, es necesario acudir a los principios generales de, la responsabilidad extracontractual de acuerdo con el Art. 1802, supra, ya que los derechos de los parientes constitu-yen una normativa independiente a la legislación laboral, que únicamente protege los derechos del empleado. En la citada opinión explicamos todos los fundamentos que sos-tienen el reconocimiento de esta causa de acción.

Al aplicar la norma antes resumida al caso ante nuestra consideración, es forzoso concluir que el tribunal erró al desestimar sumariamente la reclamación de la esposa* del demandante. Veamos entonces lo relativo a la reclama-ción de la sociedad legal de gananciales.

r-*i 1 — 1 HH

Recientemente resolvimos que la compensación que bajo la Ley Núm. 100, supra, se concede al empleado u obrero por la pérdida económica según los ingresos y beneficios que dejó de percibir, goza del mismo carácter de ganancia-lidad que se ha adjudicado al lucro cesante. A su vez, acla-ramos que el empleado reclama implícitamente a nombre de la sociedad de gananciales las partidas que le corres-pondan, lo cual permite así dicha reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, supra. Maldonado v. Banco Central Corp., supra.

En este caso se alegó en la demanda enmendada, entre otros daños, la merma de ingresos como consecuencia del traslado discriminatorio. Aplicando la norma antes seña-lada, concluimos que no erró el tribunal de instancia al desestimar la reclamación de la sociedad legal de gananciales. Dicha reclamación está incluida implícita-mente en la reclamación que el empleado discriminado hizo bajo la Ley Núm. 100, supra.

Por los fundamentos antes señalados, se expide el auto y se modifica la sentencia parcial recurrida. Se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

En este caso nos corresponde mantener una firme posi-ción disidente frente a la hoy asumida por nuestro Tribunal, la cual perpetúa las normas establecidas en Martínez Campos v. Banco de Ponce, 138 D.P.R. 366 (1995); Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995), y Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994).

Las normas establecidas en dichos casos permiten que los parientes de un empleado que ha sufrido un trato dis-criminatorio, bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (en adelante Ley 100), 29 L.P.R.A. see. 146 et seq., tengan una causa de acción propia bajo el Art. 1802 del Código Civil, 32 L.P.R.A. see. 5141, para obtener una indemniza-ción por los daños que ellos hayan sufrido como consecuen-cia del alegado discrimen. Además, resuelven que la com-pensación que se concede al empleado por la pérdida económica por concepto de ingresos y beneficios, al amparo de la Ley 100, goza del mismo carácter de ganancialidad que nuestro Tribunal adjudicó al lucro cesante. Dichas nor-mas desvirtuaron el cuidadoso esquema remedial estable-cido por la Legislatura en las leyes laborales.

El texto e historial legislativo de la Ley 100 es claro en su propósito de que la protección que provee es dirigida al empleado y aspirante a empleo y, por sus características y regulación especial, repele la aplicación supletoria del Art. 1802, supra. Así lo manifestamos en nuestra opinión disidente en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra.

Por otra parte, según señalamos en Maldonado v. Banco Central Corp., supra, la indemnización por daños económi-cos que provee la Ley 100 no constituye un sustituto de ingresos del trabajo, como el lucro cesante. La intención del legislador fue crear una medida disuasiva para que los patronos no incurran en actos o en prácticas discriminatorias. La sociedad legal de gananciales del em-pleado discriminado no tiene derecho a la indemnización y carece de capacidad para reclamarla.

Por los fundamentos señalados, y aquellos que expusi-mos en nuestras opiniones disidentes en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra; Maldonado v. Banco Central Corp., supra, y Martínez Campos v. Banco de Ponce, supra, con-firmaríamos la sentencia parcial recurrida mediante la cual se desestimaron las reclamaciones de la sociedad legal de gananciales y de la esposa del codemandante alegada-mente discriminado en el empleo.

       Se alegó en la demanda que por este incidente el demandante nunca fue acusado de delito alguno ni fue objeto de acción disciplinaria alguna.

       De la desestimación por desistimiento surge con claridad que única y exclu-sivamente fue objeto de la misma la causa de acción por libelo y calumnia. Refiérase a las págs. 59-60 del Apéndice de la solicitud de revisión.

       La mayoría expresa que la compensación que se concede al empleado u obrero por la pérdida económica, según los ingresos y beneficios que dejó de percibir, goza del mismo carácter de ganancialidad que se ha adjudicado al lucro cesante.
      Por lo tanto, aparentemente, el Tribunal entiende que la compensación que se concede al empleado por la pérdida económica, no tiene como objetivo el restituir los daños ocasionados al empleado, sino sustituir los ingresos provenientes del trabajo. Quiere decir que dicha partida podría ser tributable, ya que en Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978), dejamos establecido que la indemnización por lucro cesante es un ingreso tributable.


text:
    Integración de Salas de Verano.

      Número: -

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 3(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se consti-tuyen las siguientes Salas Especiales de Despacho para funcionar durante el receso:

De 1ro al 17 de julio:

Juez Asociado Señor Francisco Rebollo López (Presiden-te)

Juez Asociada Señora Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociado Señor Jaime B. Fuster Berlingeri

De 18 de julio al 12 de agosto de 1995:

Juez Asociado Señor Francisco Rebollo López (Presiden-te)

Juez Asociada Señora Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociado Señor Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado Señor Baltasar Corrada del Río

De 15 de agosto al 30 de septiembre:

Juez Presidente Señor José A. Andréu García (Presiden-te)

Juez Asociado Señor Antonio S. Negrón García

Juez Asociado Señor Federico Hernández Denton

Juez Asociado Señor Baltasar Corrada del Río

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces, que integren las salas, que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asi-mismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará la emisión y certificación de opiniones y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial.

      Número: EC-95-2

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

Con el propósito de dar fiel cumplimiento al mandato expreso del Art. 1.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22a) de aprobar la reglamen-tación interna necesaria para su implantación, mediante las Órdenes Administrativas VIII y X de 20 de enero de 1995, y enmendadas el 23 de enero de 1995, se adoptaron de forma transitoria algunas enmiendas a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

En virtud de esta Resolución, se reactiva el Comité de Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la enco-mienda de evaluar las Reglas de Procedimiento para Asun-tos de Menores, en transición, a la luz de las experiencias de la Oficina de Administración de los Tribunales y del sistema judicial en la implantación de la Ley de la Judica-tura de Puerto Rico de 1994 y de proponer al Tribunal Supremo un proyecto de nuevas reglas procesales. Se desig-nan como miembros de dicho Comité a las personas siguientes:

1. Hon. William Phillipi Ramírez, Presidente

2. Hon. José Aponte Pérez

3. Hon. José L. Morán Ríos

4. Hon. Lirio Bernal Sánchez

5. Hon. Juan Arill Miranda

6. Ledo. Heriberto Quiñones Echevarría

7. Leda. Margarita Coll de Silva

8. Leda. Marinés Cartagena

9. Leda. Ada Alvarez

10. Ledo. Flavio Cumpiano

Notifique el señor Secretario del Tribunal con copia de esta Resolución a las personas designadas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial.

      Número: EC-95-3

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

Mediante Resolución de 24 de marzo de 1995, el Tribunal nombró el Comité de Educación Jurídica Continuada. Ampliamos ahora su composición y como miembros adicio-nales designamos los siguientes:

Ledo. Ángel R. Marrero Febus

Ledo. Manuel Fermín Arraiza

Notifique el Secretario General del Tribunal con copia de la presente a dichos abogados y a los demás integrantes.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial.

      Número: EC-95-4

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

Con el propósito de dar fiel cumplimiento al mandato expreso del Art. 1.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22a) de aprobar reglamenta-ción interna necesaria para su implantación, mediante la Orden Administrativa XI, emitida el 20 de enero de 1995, se adoptaron unas normas de transición relativas a las Re-glas de Procedimiento Criminal.

En virtud de la presente Resolución, se reactiva el Co-mité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la encomienda de evaluar el proyecto de Reglas de Pro-cedimiento Criminal previamente sometido a nuestra con-sideración, a la luz de las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y de las experiencias del sistema judicial en la implantación del referido estatuto, a los fines de proponer las enmiendas a dicho proyecto que se estimen necesarias. Se designan como miembros del Co-mité a las personas siguientes:

1. Leda. Dora Nevares-Muñiz, Presidenta

2. Hon. Carmen Ana Pesante

3. Hon. Ygrí Rivera de Martínez

4. Hon. Elpidio Batista

5. Hon. Carlos Rivera Martínez

6. Hon. Lourdes Velázquez Cajigas

7. Hon. Pedro G. Goyco Amador

8. Leda. Olga E. Resumil de SanFilipo

9. Ledo. Manuel Martínez Umpierre

10. Ledo. Ernesto L. Chiesa

Notifique el señor Secretario del Tribunal con copia de la presente Resolución a las personas designadas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Miguel A. García Méndez.

      Número: 601

      Resuelto: 16 de junio de 1995
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción Informativa del Colegio de Abogados al efecto de que el Ledo. Miguel A. García Méndez ha sido dado de baja de dicho colegio a petición de éste, se accede a lo solicitado y se autoriza la inactivación de dicho abogado como licenciado para ejercer la profesión jurídica en Puerto Rico y como miembro de la referida institución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Jorge Pérez Olmo y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-95-61

      Resuelto: 19 de junio de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Héctor Cle-mente Delgado, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada: No ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con una opinión escrita. Los Jueces Asociados Señor Rebo-llo López y Señora Naveira de Rodón reconsiderarían.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

(En reconsideración)

H-i

El Ministerio Público acusó a José Pérez Olmo (Tyson), a Angel Vélez Romero (Angelito), a José A. Ayala Colón (Fredo) y a Richard M. Quiñones (Pipo) de violar los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. 416 y 418.

La intervención de la Policía se originó por dos (2) lla-madas anónimas recibidas en el Cuartel de Vieques el 7 de noviembre de 1993. La primera comunicó que en el Bo. Fanguito había una pelea en la que estaban involucradas unas armas de fuego. Inmediatamente, el retén transmitió esa información por radio a las patrullas. Se personaron al lugar los agentes José L. Belardo Carambot y Gilberto Ro-mán Colón, y allí varios vecinos les indicaron que había habido una pelea, pero no identificaron quiénes estaban involucrados. Sí vieron a José Alfredo Ayala Colón (Fredo) y a Richard Quiñones (Pipo), ambos conocidos por el policía Belardo Carambot. Pipo se encontraba en la parte trasera de una casita de madera y zinc, y Fredo estaba sentado a la orilla de la calle, tomando una cerveza. El policía Belardo Carambot notó que Fredo tenía la cara sudada y se veía intranquilo. Les preguntaron si había sucedido algo y am-bos respondieron que todo estaba tranquilo; entonces los policías se marcharon.

Poco tiempo después, se recibió la segunda llamada in-formando que Pipo y Fredo iban a montarse en un vehículo Toyota de color gris y que tenían unas armas en las manos. Nuevamente el retén comunicó por radio al agente Belardo Carambot dicha llamada. Este, a su vez, transmitió la in-formación a los agentes Sergio López Ojeda y Cruz, de otra patrulla, y les instruyó que tomaran la Carr. Núm. 997, mientras él y Román Colón cubrían las carreteras Núms. 200 y 201. Al llegar a una intersección junto a la Gasoli-nera Isla Verde, los policías Belardo Colón y Román Colón vieron un vehículo Toyota de color gris ocupado por cuatro (4) personas. En los asientos delanteros estaban su conductor Pérez Olmo (Tyson) y, además, Vélez Romero (Angeli-to); en los asientos traseros iban Pipo y Fredo. El policía Belardo Carambot sabía que Tyson no era conductor auto-rizado, pues lo había denunciado dos (2) meses antes por guiar sin licencia y arrojar basura a la vía pública, delitos por los que salió convicto, respectivamente (T.E., págs. 17-18 y 34). Exhibit XIX, págs. 100-101 y 117.

Con esa información a su haber y con el propósito de investigar la querella sobre las armas de fuego, el policía Belardo Carambot les señaló que se detuvieran más al frente de la gasolinera y se comunicó por radio con los agentes de la otra patrulla, quienes llegaron minutos después.

Los ocupantes del vehículo se desmontaron. Cuando lo hacía el último pasajero, Fredo, el agente López Ojeda le indicó al agente Belardo Carambot que sobre el asiento trasero del auto —donde habían estado sentados Pipo y Fredo— había una toalla de la cual sobresalía y era visible la punta (cañón niquelado) de un arma de fuego (T.E., págs. 40-41). Exhibit, págs. 123-124. Ocuparon un revól-ver Colt negro y un Smith & Wesson niquelado, con la serie mutilada, ambos pequeños, calibre 38 y cargados.

Previa solicitud y vista al efecto, el Tribunal Superior, Sala de Humacao (Hon. Fernando Gierbolini, Juez), supri-mió la evidencia. No conforme, acudió ante nos el Procura-dor General. El pasado 31 de marzo este Foro denegó el recurso. Ahora, en reconsideración, debimos expedir y revocar. Nos explicamos.

HH HH

En Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 354 (1977), re-solvimos “que una confidencia es suficiente para validar la existencia de causa probable si se establece la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: 1) que el confidente previamente ha suministrado información co-rrecta; 2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente o por informa-ción proveniente de otras fuentes; y 4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse”. Véase Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).

Ya desde Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992), habíamos aclarado el ámbito de ésos criterios precisando que para que la información de un confidente anónimo valide parcialmente la existencia de causa probable, nuestra casuística había exigido que dicha confidencia fuera corroborada por el agente mediante una observación personal o mediante información de otras fuentes.

Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra, reiteró además, que en este tipo de caso rige la norma de la totalidad de las circunstancias. Respecto a la corroboración en sí, destaca-mos que ésta “ ‘no debe limitarse a ver si la conducta ob-servada es inocente o incriminatoria, sino a evaluar el grado de sospecha que conllevan todos los actos de la persona. ... La investigación policial no tiene que generar por sí misma evidencia suficiente para establecer causa probable. Es suficiente que indique la presencia de alguna actividad sospechosa del carácter sugerido en la confiden-cia que unido a ella y a otras alegaciones en la declaración jurada pueda razonablemente constituir causa probable.’ (Enfasis suplido.) Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, supra ...”. Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra, págs. 46-47.

A la luz de esta breve normativa, analicemos el caso.

1 — 1 I — I H-1

No se cuestiona que efectivamente se recibieron dos (2) confidencias telefónicas de un informante no identificado. La primera ubicó a Fredo y a Pipo en el Bo. Fanguito y que había una pelea en la que estaban involucradas unas ar-mas de fuego. La Policía legítimamente investigó y efecti-vamente constató la presencia allí de Fredo y Pipo. Estas circunstancias, aun cuando no generaron motivos funda-dos para intervenir, establecieron la confiabilidad de parte de la primera información recibida, esto es, permitió a la Policía corroborar la identidad de esas dos (2) personas y su ubicación.

Subsiguientemente, la segunda confidencia comunicó que esas dos (2) mismas personas —Fredo y Pipo— se dis-ponían a irse en un vehículo Toyota, de color gris, y ade-más, que portaban unas armas. Otra vez la información anónima suministrada fue explícita respecto a lugar, iden-tidad de algunos de los participantes, marca del vehículo de motor, su color, y naturaleza de las acciones ilegales en ejecución. Los patrulleros coordinaron un plan de acción para localizar el vehículo. Lo hicieron y legítimamente or-denaron a sus ocupantes que se detuvieran para fines investigativos.

Es un dato no contradicho que el agente Belardo Ca-rambot sabía que su conductor Tyson no era chofer autori-zado y, además, que el sello de inspección vehicular estaba vencido. En ese momento, distinto al criterio de la ilus-trada sala de instancia, ambos hechos —de propio y personal conocimiento— unidos a la corroboración por observa-ciones de la marca del vehículo, su color y sus ocupantes, configuraron válidamente causa probable.

El ordenar que se bajaran todos, simplemente fue una medida racional y razonable de seguridad que generó el descubrimiento de las armas visibles desde el exterior.

La evidencia no debió suprimirse; seguimos insistiendo, causa probable no es causa exacta.

       El Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el que suscribe lo hubiesen expedido.