author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    José Cruz Cora, demandante y recurrente, v. UCB/Trans Union Puerto Rico Division, demandada y recurrida, Associates Financial Services Company of Puerto Rico, Inc., y Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. demandadas.

      Número: RE-92-489

      Resuelto: 8 de febrero de 1995

      Lucas M. Irisarri Castro, abogado del recurrente; Ruy V. Díaz Díaz, de Corral & De Mier, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos que una agencia de información de crédito responde al incumplir negligentemente con la ley federal conocida como Fair Credit Reporting Act (en adelante F.C.R.A.). Por ello revocamos el dictamen del Tribunal de Primera Instancia (Hon. José E. Broco Oliveras, Juez Superior) que desestimó la demanda mediante una sentencia sumaria al requerir el elemento de malicia.

HH

El 5 de septiembre de 1991 el Sr. José Cruz Cora instó una demanda contra UCB/ Trans Union Puerto Rico Division (en adelante UCB), Associates Financial Services Company of Puerto Rico, Inc. (en adelante Associates), Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. (en adelante Sears) y otros demandados desconocidos. Alegó básicamente que UCB, una agencia de información de crédito, diseminó unos informes de crédito erróneos de su persona, pues le imputaban unas supuestas cuentas con Sears y Associates no le pertenecían. Además, alegó el demandante que cuando solicitaba préstamos y tarjetas de crédito, sus soli-citudes eran rechazadas porque al aparecer con cuentas pendientes, se afectaba su capacidad de crédito. El deman-dante advino en conocimiento de la referida información al serle denegada una solicitud de préstamo de Associates, procediendo entonces a solicitar a UCB que le mostrara el informe de crédito sometido. Posteriormente, solicitó a UCB la corrección de dicho informe, a lo que éstos alega-damente le manifestaron que ellos se limitaban a recopilar la información enviada por las tiendas y financieras. Se alegó en la demanda que los demandados fueron negligen-tes, por lo que se reclamó la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000) por daños emocionales y patrimoniales, así como costas y honorarios de abogado.

Sears solicitó una sentencia sumaria. Alegó que nunca proporcionó a UCB información alguna sobre el deman-dante, acompañando con la moción una declaración jurada de su gerente. El tribunal de instancia declaró con lugar la misma. Por otro lado, el demandante desistió de la de-manda contra Associates, al convencerse mediante el des-cubrimiento de prueba que éste no fue negligente.

Señalado ya el juicio en su fondo contra UCB, este úl-timo radicó una Moción de Sentencia Sumaria en la que alegó que las agencias de información de crédito tienen, en virtud de la F.C.R.A., una inmunidad cualificada, de forma tal que en ningún caso responden por negligencia sino so-lamente cuando existe malicia. En apoyo de su argumento citó el caso Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., 130 D.P.R. 546 (1992). El demandante presentó una Réplica a dicha Moción en la cual alegó que su reclamación se fun-damentaba en la negligencia de UCB al no poseer un me-canismo o procedimiento razonable para recopilar, almace-nar y diseminar información, de manera tal que asegurara en lo máximo posible la exactitud o certeza de los informes, conforme lo requiere el inciso (b) de la See. 168 le de la F.C.R.A. Alegó que su causa de acción se fundamentaba en la negligencia de UCB al incumplir con las disposiciones de la F.C.R.A., cuya causa de acción está autorizada por la See. 1681o de la referida ley.

Estando dichas mociones pendientes ante la considera-ción del Tribunal de Primera Instancia, las partes presen-taron el Informe para la Conferencia con Antelación al Juicio. En el mismo el demandante solicitó enmendar la demanda a los efectos de aclarar que su reclamación era por negligencia bajo la citada See. 1681o de la F.C.R.A., así como que resultaba igualmente aplicable el Art. 1802 del Código Civil, por no ser diferentes los propósitos de la ley estatal y la federal.

Mediante una sentencia sumaria el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por UCB, desestimando así la demanda. Se fundamentó para ello en el inciso (e) de la Sec. 1681h de la F.C.R.A., así como por lo resuelto por este Tribunal en Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., supra.

No conforme con dicho dictamen, acude ante nos el de-mandante Cruz Cora, mediante una Solicitud de Revisión, en la cual solicita la revocación de la sentencia recurrida. Plantea como único señalamiento que:

Erró el Tribunal Superior al concluir que ni el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico ni la Fair Credit Reporting Act conceden causa de acción por negligencia incurrida por las agencias de información de crédito. Solicitud de revisión, pág. 3.

Expedimos el recurso y con el beneficio de la compare-cencia de las partes resolvemos.

r — H hH

UCB sostiene que al declararse con lugar la Moción de Sentencia Sumaria, el Tribunal de Primera Instancia de-negó tácitamente la solicitud de enmienda a las alegacio-nes que hizo la parte demandante recurrente en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. Por ello argu-menta que se debe analizar la solicitud de sentencia suma-ria a la luz del contenido de las alegaciones en la demanda, por lo que al no haber ninguna alegación a los efectos de que los hechos que dieron origen a su reclamación fueron el resultado de la negligencia de UCB al no cumplir con las disposiciones impuestas por la F.C.R.A., procede que se desestime la demanda. Todo ello unido a que sólo se alega negligencia y que la acción únicamente procede si medió alguna actuación maliciosa, conforme a la citada See. 1681h(e) y a lo resuelto en Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., supra.

De entrada reiteramos la doctrina de este Tribunal de que las alegaciones de una demanda pueden ser redactadas en términos generales y que el tribunal concederá el remedio que proceda en derecho en conformidad con la prueba. Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 D.P.R. 760 (1994); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737 (1994). Por ello, la alegación general de la de-manda sobre negligencia era suficiente para crear una controversia.

Además, el demandante, antes de la conferencia con an-telación al juicio, solicitó enmendar sus alegaciones para hacer más específica su alegación de negligencia señalando que su acción se refería a la dispuesta en la See. 617 de la F.C.R.A., así como el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.

Es doctrina reiterada de este Tribunal que la facultad para conceder permiso para enmendar las alegaciones debe ejercerse liberalmente. Véase Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829 (1992). De igual forma, las enmiendas pueden ampliar una de las causas de acción alegadas en la demanda original o pueden añadir una o más causas de acción. Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., supra.

En el caso de autos la enmienda no era realmente necesaria. Para que procediera la sentencia sumaria en este caso, UCB tenía que demostrar que la parte deman-dante recurrente no tenía evidencia suficiente para probar su caso.

En el presente caso el demandante advino en conoci-miento sobre los alegados procedimientos irrazonables a la luz del descubrimiento de prueba efectuado en el mismo. Siendo ello así, la enmienda solicitada era a los efectos de especificar aún más su causa de acción señalando que se fundamenta en la citada See. 1681o y no en la See. 1681h(e), supra. Procede que se permita la enmienda a esos efectos.

III

Un examen de la See. 1681h(e) de la F.C.R.A. a la que hace referencia UCB refleja que, de su faz, resulta inapli-cable al caso ante nos, ya que expresamente dispone que no aplica a las reclamaciones hechas al amparo de las Sees. 1681n y 1681o de la F.C.R.A.

La citada Sec. 1681h(e) dispone:

fe) Except as provided in sections 1681n and 1681o of this title, no consumer may bring any action or proceeding in the nature of defamation, invasion of privacy, or negligence with respect to the reporting of information against any consumer reporting agency, any user of information, or any person who furnishes information to a consumer reporting agency, based on information disclosed pursuant to section 1681g, 1681h, or 1681m of this title, except as to false information furnished with malice or willful intent to injure such consumer. (Enfa-sis suplido.)

El requisito de intención maliciosa se refiere sólo a las acciones instadas al amparo de la mencionada See. 1681h(e) y no a las Secs. 1681n o 1681o, supra.

En Torres Maldonado v. J.C. Penney Co., supra, se trataba de una demanda contra un establecimiento comercial, a saber, JC Penney, por éste haber suministrado una información incorrecta a la agencia de informe de crédito. Allí la controversia principal giraba en torno a si le era aplicable a JC Penney la ley federal conocida como Fair Credit Reporting Act. En dicho caso concluimos que, dado los hechos particulares del mismo, no le aplicaba a JC Penney dicha ley por ésta no ser una agencia de información de crédito ni usuario de información del consumidor. No estaba en controversia en dicho caso cuál era el estándar aplicable cuando se trataba de alegaciones contra una agencia de informes de crédito por incumplimiento con las disposiciones de la ley federal. Para llegar a dicha conclusión examinamos las disposiciones de la ley federal, entre ellas las Secs. 1681n y 1681o, supra, las cuales establecen la responsabilidad civil por incumplimiento con las dispo-siciones de la ley federal. Al hacer un análisis de la See. 168 lh de la ley federal, supra, y del caso Alvarez Melendez v. Citibank, 705 F. Supp. 67 (D. P.R. 1988), señalamos, in-cidentalmente, que las referidas Secs. 1681n y 1681o re-querían el mismo estándar, a saber, la intención maliciosa, aun cuando esa no era la controversia principal.

En el caso ante nos, tratándose de una causa de acción contra una agencia de informes de crédito, le aplica la ley federal y el estándar de la See. 1681o, supra, bajo la cual reclama el demandante es el de mera negligencia. Aclaramos que en casos como el de autos, tratándose de una causa de acción contra una agencia de informes de crédito, bajo la citada See. 1681o el estándar aplicable es el de negligencia. Veamos.

IV

En 1970 fue promulgada la ley federal conocida como Fair Credit Reporting Act, cuyo propósito lo expresó el Congreso en la See. 1681:

... insure that consumer reporting agencies exercise their grave responsibilities with fairness, impartiality, and a respect for the consumer’s right to privacy”, [as soon as] require that consumer reporting agencies adopt reasonable procedures for meeting the needs of commerce for consumer credit, personnel, insurance, and other information in a manner which is fair and equitable to the consumer, with regard to the confidentiality, accuracy, relevancy, and proper utilization of such information in accordance with the requirements of this subchapter. Véanse, además: Stevenson v. TRW Inc., 987 F.2d 288 (5to Cir. 1993); Cahlin v. General Motors Acceptance Corp., 936 F.2d 1151 (11mo Cir. 1991); Milbauer v. TRW, Inc., 707 F. Supp. 92 (D.E. N.Y. 1989); Rush v. Macy’s New York, Inc., 596 F. Supp. 1540 (1984); Thornton v. Equifax, Inc., 619 F.2d 700 (1980); Hauser v. Equifax, Inc., 602 F.2d 811 (1979); Roseman v. Retail Credit Co., Inc., 428 F. Supp. 643 (1977); Conley v. TRW Credit Data, 381 F. Supp. 473 (1974).

Cónsono con dicho propósito, el Congreso requirió lo siguiente en el inciso (b) de la Sec. 1681e:

...Whenever a consumer reporting agency prepares a consumer report it shall follow reasonable procedures to assure maximum possible accuracy of the information concerning the individual about whom the report relates. (Enfasis suplido.)

Es precisamente esta disposición la que alega el deman-dante que UCB incumplió negligentemente.

La See. 1681o de la EC.R.A. crea una causa de acción basada en mera negligencia fundamentada en una violación a dicha ley. Dicha sección dispone lo siguiente:

See. 1681o. Civil liability for negligent noncompliance
Any consumer reporting agency or user of information which is negligent in failing to comply with any requirement imposed under this subchapter with respect to any consumer is liable to that consumer in an amount equal to the sum of—
(1) any actual damages sustained by the consumer as a result of the failure;
(2) in the case of any successful action to enforce any liability under this section, the costs of the action together with reasonable attorney’s fees as determined by the court.

La interpretación que se le ha dado a dicha sección es que el estándar a utilizarse es el de negligencia. A esos efectos, en Stevenson v. TRW Inc., supra, pág. 292, se se-ñaló:

A consumer reporting agency that negligently fails to comply with FCRA’s requirements is liable for actual damages, costs, and reasonable attorney’s fees. 15 U.S.C. sec. 1681o. (Enfasis suplido.) Véanse, además: Rush v. Macy’s New York, Inc., supra; Bryant v. TRW, Inc., 689 F.2d 72 (6to Cir. 1982); Mitchell v. First Nat. Bank of Dozier, 505 F. Supp. 176 (1981); Hauser v. Equifax, Inc., supra.

En el presente caso la reclamación del demandante se basa precisamente en la citada See. 1681o, la cual trata sobre la responsabilidad civil de las agencias de informes de crédito cuando incumplen negligentemente cualquier disposición de ley. Alega el demandante que UCB incum-plió las disposiciones de la citada Sec. 1681e(b), la cual, según antes indicáramos, requiere a éstas mantener un procedimiento razonable al recopilar, almacenar y disemi-nar la información, de manera tal que asegure en lo máximo posible la exactitud o certeza de los informes.

Con relación a la violación de la referida disposición, esto es, la Sec. 1681e(b), en Cahlin v. General Motors Acceptance Corp., supra, pág. 1156, se señaló lo siguiente sobre el concepto de razonabilidad:

In order to make out a prima facie violation of section 607(b), the Act implicitly requires that a consumer must present evidence tending to show that a credit reporting agency prepared a report containing “inaccurate” information. If he fails to satisfy this initial burden, the consumer, as a matter of law, has not established a violation of section 607(b), and a court need not inquire further as to the reasonableness of the procedures adopted by the credit reporting agency. The Act, however, does not make reporting agencies strictly liable for all inaccuracies. The agency can escape liability if it establishes that an inaccurate report was generated by following reasonable procedures .... (Escolios omitidos.)

Además, se señaló:

Thus, the standard of accuracy embodied in section 607(b) is an objective measure that should be interpreted in an evenhanded manner toward the interests of both consumers and potential creditors in fair and accurate credit reporting. Cahlin v. General Motors Acceptance Corp., supra, pág. 1158.

En Houston v. TRW Information Services, Inc., 707 F. Supp. 689, 693 (1989), citando a Thompson v. San Antonio Retail Merchants Ass’n, 682 F.2d 509, 513 (5to Cir. 1982), se indicó que el estándar para medir la razonabilidad de los procedimientos de la agencia de informes de crédito es “ To que una persona prudente y razonable haría bajo tales circunstancias’ ”, y que “la evaluación de la razonabilidad de los procedimientos de una agencia implica equilibrar el daño potencial de la inexactitud y la obligación de la agen-cia de proteger contra tal inexactitud”. (Traducción nuestra.) Véase, además, Bryant v. TRW, Inc., supra, pág. 78.

En conclusión, erró el tribunal de instancia al desesti-mar la demanda aquí instada, por cuanto procede una causa de acción contra las agencias de informes de crédito y usuarios de informes del consumidor, bajo la ley federal conocida como Fair Credit Reporting Act, por negligencia al incumplir con sus disposiciones de la misma. Revocamos el dictamen del tribunal de instancia y devolvemos el caso para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí expuesto.

Se emitirá la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       15 U.S.C.A. see. 1681 y ss. En lo subsiguiente nos referiremos a las secciones de dicha ley según estas aparecen en U.S.C.

       La referida ley federal permite que dichas acciones se insten en los foros locales. A esos efectos dispone: “An action to enforce any liability created under this subchapter may be brought in any appropriate United States district court without regard to the amount in controversy, or in any other court of competent jurisdiction ...” (Énfasis suplido.) 15 U.S.C. sec. 1681p.
      Por otra parte, la Sec. 622 de la ley federal Fair Credit Reporting Act (en ade-lante F.C.E.A.), 15 U.S.C.A. sec. 1681t, dispone: “This subchapter does not annul, alter, affect, or exempt any person subject to the provisions of this subchapter from complying with the laws of any State with respect to the collection, distribution, or use of any information on consumers, except to the extent that those laws are inconsistent with any provision of this subchapter, and then only to the extent of the inconsistency.”

       31 L.P.R.A. see. 5141.

       " 'What a reasonable prudent person would do under the circumstances’. ... Evaluating the reasonableness of an agency’s procedures involves balancing the potential harm from inaccuracy against the burden on the agency of safeguarding against such inaccuracy.”

       Dado a lo discutido anteriormente y al resultado llegado en esta opinión, es innecesario discutir si procede una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, por actuaciones negligentes de una agencia de informes de crédito al incumplir con las disposiciones de la ley federal.


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text:
    Fermín Orta y otros, demandantes y recurridos, v. Pedro A. Padilla Ayala y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-493

      Resuelto: 8 de febrero de 1995

      Antonio Adrover Robles, abogado de los recurrentes; Eliezer Aldarondo Ortiz, Isabel López Bras y Miguel Pagán, de Aldarondo, López Bras & Pagán, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso es una secuela de Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992). Nos corresponde hoy aclarar el remedio disponible a los empleados irregulares despedidos discri-minatoriamente y los fundamentos bajo los cuales hemos limitado dicho remedio al pago de los daños y perjuicios.

Reiteramos una vez más nuestro rechazo a la práctica de nombrar sin justificación válida alguna a empleados en los municipios del país como empleados irregulares o jor-naleros, creando así un sistema de personal ilegal paralelo al sistema que crea la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.

Para aquellos empleados irregulares que cumplen con los requisitos de la ley para adquirir la condición de em-pleado regular, procede que sean nombrados en puestos regulares o, de no existir éstos, deberán ser incluidos en los registros de elegibles del Municipio. Procede, además, para estos empleados el pago de los salarios dejados de devengar y los daños y perjuicios ocasionados por la acción discriminatoria.

Los empleados irregulares que no cumplen con los requi-sitos para adquirir la condición de empleado regular sólo tienen derecho al pago de los daños y perjuicios causados por el despido discriminatorio. Estos no tienen derecho a la paga atrasada y, por consiguiente, tampoco lo tienen para los intereses impuestos sobre dicha suma. Así modificada, se confirma la sentencia recurrida.

I — f

El caso que hoy tenemos ante nuestra consideración es una secuela de Orta v. Padilla Ayala, supra. Allí un grupo de cincuenta y nueve (59) empleados del Municipio de Trujillo Alto, que habían sido despedidos, presentaron el 9 de febrero de 1982 una demanda en daños y perjuicios y mandamus contra el alcalde electo del referido municipio, Sr. Pedro A. Padilla Ayala, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éste y su esposa.

En mayo de 1986 el Tribunal Superior, Sala de Carolina, dictó una sentencia donde declaró con lugar la demanda. El tribunal concluyó, en síntesis, que los despi-dos de todos los demandantes fueron por motivaciones po-líticas, en violación al debido proceso de ley, y sin obser-varse los preceptos de ley y el reglamento aplicables. En consecuencia, se ordenó la reinstalación de los demandan-tes a sus puestos; la paga de los salarios dejados de deven-gar, y la paga de sesenta mil dólares ($60,000) en honora-rios de abogado. Quedó pendiente una vista evidenciaría sobre los daños y perjuicios reclamados.

En revisión, modificamos la sentencia recurrida de la forma siguiente:

1. Concluimos que no hubo ilegalidad en cuanto a la terminación del contrato de 22 empleados transitorios de-bido a que la terminación de éstos ocurrió ya expirado el término del contrato.

2. Resolvimos que el remedió de una empleada transi-toria ilegalmente cesanteada no incluía una reposición en el empleo por la naturaleza del empleo transitorio.

3. Resolvimos que los empleados irregulares que cum-plan con los requisitos que dispone la ley podrán ser reins-talados a los puestos regulares. De no existir estos puestos, el remedio será rango preferente en el registro.de elegibles.

4. Concluimos que la sociedad de gananciales del al-calde y su esposa no tienen responsabilidad solidaria por los actos ilegales del alcalde.

5. Redujimos a diez mil dólares ($10,000) la suma de honorarios de abogado.

Así modificada la sentencia (parcial) recurrida, el caso fue devuelto al foro de instancia para que se celebrara la vista sobre el aspecto de daños.

En conformidad con nuestra orden, el tribunal celebró la vista de daños. Posteriormente, los demandantes y el Municipio demandado estipularon el monto neto de los ha-beres, beneficios marginales y sueldos dejados de devengar para cada uno de los treinta y cinco (35) empleados irregu-lares demandantes (desde sus despidos hasta el 30 de junio de 1993) y para la codemandante Juana Cruz Aquino (des-de su despido hasta la fecha de terminación de su contrato).

Las partes también estipularon que ocho (8) empleados irregulares cualificaban para ser nombrados como emplea-dos regulares de carrera en el Municipio.

Luego de comenzado el desfile de prueba, las partes es-tipularon el monto de los daños y perjuicios de los treinta y cinco (35) empleados irregulares. Mediante la Orde-nanza Municipal Núm. 5, Serie 1993-1994, de 12 de agosto de 1993, la referida transacción de la reclamación de daños y perjuicios, más el pago por estipulación de los haberes netos de ocho (8) demandantes que cualificaban para pues-tos de carrera, fue aprobada por la Asamblea Municipal de Trujillo Alto.

Posteriormente, el tribunal de instancia le impartió su aprobación a la referida transacción y, luego de resolver las .controversias pendientes, dictó la sentencia el 13 de sep-tiembre de 1993.

Con respecto a la cualificación de tres (3) empleados irregulares para ocupar puestos regulares de carrera, el tribunal concluyó que sólo una de éstas, la Sra. Basilia González Díaz, reunía los requisitos.

En cuanto a los demás empleados irregulares, el foro de instancia ordenó la reinstalación de éstos a los puestos que ocupaban al momento del despido y la conversión a em-pleado regular de los ocho empleados (8) que cualificaban para ello, conforme fue estipulado.

En la sentencia se ordenó a los demandados pagarle a los empleados irregulares (además de la paga atrasada es-tipulada hasta el 30 de junio de 1993) una suma en con-cepto de paga atrasada por el periodo entre esa fecha y la que en efecto sean reinstalados. Se ordenó el pago del in-terés legal sobre el monto de la paga atrasada, al doce por ciento (12%) anual, desde el 23 de mayo de 1986 hasta la fecha en que se efectúe el pago completo.

Inconforme, acude en revisión el Municipio de Trujillo Alto, señalando en apoyo a su solicitud de revisión que erró el tribunal al:

(1) Concluir y determinar que procedía la reinstalación y con-versión a un puesto de carrera de la empleada irregular Basilia González Díaz.
(2) Concluir y resolver que procedía la reinstalación de los em-pleados irregulares a posiciones iguales o similares a las que ocupaban al momento de sus cesantías.
(3) Resolver como cuestión de derecho que procedía la paga atrasada a los empleados irregulares que no fueron acreedores a nombramientos en puestos regulares o de carrera.
(4) Determinar que procedía el pago del interés legal post-sentencia sobre el monto de la paga neta atrasada correspon-diente a los demandantes a partir de que el Honorable Tribunal Sentenciador dictó la sentencia original del caso el 23 de mayo de 1986. Solicitud de revisión, pág. 4.

Mediante Resolución de 10 de diciembre de 1993, el re-curso fue expedido. Posteriormente, en auxilio de nues-tra jurisdicción, emitimos una resolución el 27 de mayo de 1994 donde autorizamos el pago a ocho (8) de los codeman-dantes en concepto de paga atrasada y el pago de los daños y perjuicios a todos los demandantes, conforme fue estipu-ládo por las partes y aprobado por el tribunal. Estos pa-gos no eran objeto del recurso ante nuestra consideración. Cumplidos los trámites de rigor y con el beneficio de los escritos de las partes, resolvemos.

HH HH

Desde nuestra anterior intervención en este caso, Orta v. Padilla Ayala, supra, pág. 248, reiteramos lo ex-puesto en Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822 (1982), a los efectos de que “los jornaleros o empleados irregulares estaban cubiertos por las salvaguardas procesales de la ley y el reglamento de personal, salvo que se demostrara que su relación con el municipio era una de contratista independiente a principal”. (Enfasis suprimido.)

En la citada opinión Orta v. Padilla Ayala, supra, no sólo aclaramos la aplicabilidad de la ley y el reglamento de personal a estos empleados, sino que reiteramos el rechazo que ya habíamos hecho en Pizarro v. Municipio de Carolina, supra, de la práctica ilegal de continuar nombrando, sin justificación, empleados municipales en puestos irregulares o como jornaleros. Véanse: Pizarro v. Municipio de Carolina, supra; Orta v. Padilla Ayala, supra, pág. 248. Por ello, en aras de contribuir a erradicar la práctica censurada e ilegal de los nombramientos de empleados irregulares, atemperamos nuestros pronunciamientos anterio- res, a los efectos de que sólo procedía el remedio de la reins-talación del empleado irregular que cualifica para ser nombrado en un puesto regular. Cf. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990); Pizarro v. Municipio de Carolina, supra.

Consistentemente hemos repudiado la práctica antes señalada de mantener dos (2) sistemas de clasificación de personal, uno con empleados regulares de confianza y de carrera (3 L.P.R.A. see. 1349), el cual permite que se reclu-ten empleados transitorios (3 L.P.R.A. see. 1333(11) y (12), y el otro al margen de la ley con empleados irregulares o jornaleros (3 L.P.R.A. sec. 711g). No podemos perpetuar la ilegalidad de mantener, sin justificación válida alguna, este segundo sistema de personal (consistente de empleados irregulares o jornaleros) al ordenar la reinstalación de és-tos a los puestos que ocupaban al margen de la ley. Es por ello que en Orta v. Padilla Ayala, supra, se concedió como remedio de los empleados irregulares el nombramiento o la reinstalación a aquellos que cualifican para puestos regu-lares y el pago de los salarios dejados de percibir. En caso de que no existieran puestos disponibles, ordenamos que fueran incluidos estos empleados en los registros de elegi-bles del Municipio.

Para todos los empleados irregulares, independientemente si éstos cualificaban o no para ser nombrados en puestos regulares, se reconoció en Orta v. Padilla Ayala, supra, la acción en daños y perjuicios por los despidos discriminatorios, acción que no habíamos reconocido en Pizarro v. Municipio de Carolina, supra. Al concederse este remedio a todos los empleados irregulares, aquellos que no cualificaron para un puesto regular y que no recibirían la paga atrasada, tendrían un remedio frente a un despido discriminatorio. El remedio disponible para estos empleados es la indemnización por los daños y perjuicios producto de dicho despido discriminatorio. De esta forma no dejamos huérfanos de un remedio a estos empleados y, a la vez, no perpetuamos un sistema de personal ilegal y paralelo al dispuesto por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.

Expuesta y aclarada la norma establecida en Orta v. Padilla Ayala, supra, y los fundamentos que sostienen los remedios concedidos, concluimos que erró el tribunal al or-denar la reinstalación de todos los empleados irregulares y el pago de los salarios dejados de percibir por éstos. Vea-mos entonces los restantes errores que se plantean en el recurso.

III

Según señalamos antes, las partes estipularon que ocho (8) de los empleados irregulares cualificaban para puestos regulares de carrera. El foro de instancia tuvo que deter-minar si, en el caso de otros tres (3) empleados (Doris Ca-sillas, Aurelio La Santa y Basilia González Díaz), éstos cualificaban o no para adquirir la condición de empleado regular.

El tribunal concluyó que sólo uno de estos tres (3) em-pleados, la Sra. Basilia González Díaz, cualificaba para el referido nombramiento. La parte recurrente impugna esta conclusión del tribunal, alegando que la prueba aportada no la sustenta.

Para que un empleado irregular adquiera la condición de empleado regular, la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 711 et seq., exige que se cumplan los requisitos siguientes:

(a) Que haya prestado servicios continuos al Gobierno del Estado Libre Asociado por espacio de tres (3) años o más, en una agencia; Disponiéndose, que 1,800 horas o más de servicios prestados en un año fiscal se considerarán como un año de servicios.
En aquellos casos en que se reduzca el horario de la jornada de trabajo del personal irregular en virtud de las disposiciones de una ley estatal y/o en cumplimiento de las disposiciones fe-derales sobre salario mínimo, el Director de la Oficina Central de Administración de Personal determinará el número de horas equivalentes a un año de servicios.
La equivalencia antes indicada se determinará considerando las horas de servicio que podrían prestarse en un año fiscal en base a la jornada completa de trabajo que resulte como conse-cuencia de la reducción del horario.
(b) Que posea los requisitos mínimos de preparación y expe-riencia establecidos para la clase de puesto a la cual se asignen las funciones que éste venía desempeñando, y
(c) que el jefe de la agencia en la cual presta sus servicios certifique al Director de Personal que ha prestado servicios sa-tisfactorios, conforme a las normas adoptadas por éste. 3 L.P.R.A. sec. 711g.

Surge de la sentencia recurrida que el tribunal tuvo ante sí prueba consistente de testimonios y documentos, luego de cuya apreciación concluyó que la empleada era acreedora a un puesto regular. El tribunal determinó que la referida empleada había trabajado de forma continua e ininterrumpida en el Municipio desde marzo de 1977 hasta su despido. Desde el Año Fiscal 1977-1978 concluyó el tribunal que ésta ya había trabajado en exceso de las mil ochocientas (1,800) horas.

La parte recurrente, amparándose en los documentos del Municipio, cuestiona la conclusión del tribunal. Alega que no se aportó prueba alguna para sostener la alegada inferencia de que la empleada trabajó de forma continua e ininterrumpida durante 1977. A su vez, se cuestiona en el escrito la determinación del tribunal sobre la inexactitud del récord del Municipio sobre las horas acumuladas por los empleados.

La parte recurrente omite referirse en su escrito a la prueba testifical que tuvo ante sí el tribunal. Errónea-mente tipifica de inferencia la determinación del foro de instancia sobre el trabajo ininterrumpido y continuo de la empleada. La propia empleada (señora González) al igual que la ex directora de finanzas del Municipio (Sra. Amparo García) testificaron al respecto. No se alude en el escrito a la credibilidad que le mereciera al juzgador de los hechos dicho testimonio.

Por otro lado, la propia parte recurrente admite ante nos que tuvo que “reconstruir” sus récord utilizando, inclusive, fuentes alternas. El hecho de que en un momento dado no aparecía la taijeta de pago de la empleada, a pesar de que fuese encontrada posteriormente, arroja serias du-das en cuanto a la confiabilidad de los récord del Municipio. Ante esto, no podemos acoger la posición del recurrente y alterar en revisión unas determinaciones y conclusiones fundamentadas en una prueba que cierta-mente logró complementar la inexactitud de la prueba documental.

Reiteradamente hemos explicado que en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no he-mos de intervenir con la apreciación de la prueba del tribunal de instancia. Véanse: Levy v. Aut. Edif Públicos, 135 D.P.R. 382 (1994); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982), entre otros.

En este caso, no se justifica nuestra intervención con la conclusión de que la empleada Sra. Basilia González es acreedora a un puesto regular. Réstanos evaluar el señala-miento de error sobre el interés legal.

IV

En la sentencia, objeto del presente recurso, el tribunal de instancia le impuso a la parte recurrente el pago del interés legal sobre el monto de la paga atrasada de los demandantes. La parte recurrente sostiene, en síntesis, que por ser improcedente el remedio de la paga atrasada a los empleados irregulares que no cualificaron para puestos regulares, tampoco procede el pago del interés sobre dicha suma.

Por el resultado al cual hemos llegado, procede que sea revocada aquella parte de la sentencia que ordenó el pago de interés legal sobre el monto de la paga atrasada que mediante esta opinión revocamos. Confirmamos la orden del pago del referido interés sobre la suma de dinero, en concepto de paga atrasada, a serle pagada a la Sra. Basilia González. Dicha suma devengará un interés a partir de la fecha en que se dictó la sentencia recurrida (el 13 de sep-tiembre de 1993) al tres por ciento (3%) anual. Véanse: la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la Certificación de 7 de diciembre de 1993 del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado (“Inte-reses sobre Sentencias”).

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Se estipuló una suma de veinte mil dólares ($20,000) por los daños dé cada uno de los treinta y cinco (35) empleados irregulares; cuatro mil dólares ($4,000) por los daños y perjuicios de los respectivos cónyuges de éstos, y cinco mil dólares ($5,000) por los daños y perjuicios de la empleada transitoria Juana Cruz Aquino, cuyo contrato no había finalizado a la fecha de su despido.

       El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Puster Berlingeri no intervinieron.

       El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió.

       Refiérase, además, a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmen-dada por la Ley Núm. 84 de 29 de octubre de 1992, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, la cual incorpora lo dispuesto en la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, sobre los empleados irre-gulares, 21 L.P.R.A. see. 4554.

       Nos referimos a los Exhibit 2A y 19, donde se acreditan las fallas de los récord del Municipio, conforme fue determinado por el tribunal de instancia.

       Conforme señalamos antes, se dispuso en la sentencia que el interés sería el doce por ciento (12%) anual, a computarse desde el 23 de mayo de 1986, fecha de la sentencia que originó nuestra decisión en Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992).

       Esta decisión no afecta ni altera los intereses legales estipulados y ya paga-dos a algunos codemandantes.


author:
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Francisco A. Besosa Quiñones y otros, demandantes y recurridos, v. Corporación Azucarera de Puerto Rico y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-33

      Resuelto: 8 de febrero de 1995

      Ángel López Hidalgo, de Enrique Nassar Rizek Law Offices, abogado de los recurrentes; Jaime Sifre Rodríguez e Hilda M. Surillo Peña, de Sánchez Betances & Sifre, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

La controversia que debemos dirimir versa sobre la in-terpretación del Art. 2 de la Ley de Etica de 1948, Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948 (3 L.P.R.A. ants. sees. 570-574). Este artículo establecía una veda a la celebra-ción de contratos entre organismos gubernamentales y sus funcionarios, mediante los cuales dichos funcionarios deri-varan un beneficio económico, sin el previo consentimiento del Gobernador.

h — H

El 14 de agosto de 1979 el Sr. Francisco A. Besosa Qui-ñones y la Sra. Leticia Besosa Rubí otorgaron un contrato de arrendamiento de inmueble con la Corporación Azuca-rera de Puerto Rico (la Corporación) mediante el cual los primeros le arrendaron a la Corporación siete (7) fincas rústicas ubicadas en el área Oeste de Puerto Rico.

El referido contrato tenía como propósito permitirle a la Corporación la utilización de los terrenos arrendados para el cultivo de caña de azúcar o para cualquier otro uso agrí-cola mediante la aprobación del arrendador. A esos efectos, la Corporación se comprometió, entre otras cosas, a: (1) nivelar el terreno de las fincas, (2) establecer en dichas fincas un sistema de riego, (3) pagar las contribuciones so-bre la propiedad de los terrenos arrendados y, en la alter-nativa de que se eximiera del pago de éstas, dichas contri-buciones tendrían que ser pagadas al arrendador, (4) pagar un canon de arrendamiento que incrementaría anual-mente en proporción al aumento del precio promedio anual de la azúcar cruda y, por último, (5) sembrar retoños de uno, dos, tres y cuatro años en los terrenos arrendados.

Aunque la Corporación incumplió con cuatro (4) de las referidas cláusulas del contrato, pagó los cánones de arren-damiento establecidos. Ante esta situación, el 10 de agosto de 1987 el señor Besosa Quiñones y la señora Besosa Rubí presentaron una demanda mediante la cual solicitaron que se le ordenara a la Corporación el cumplimiento específico de las cláusulas y se le concediera una suma por concepto de los daños causados por el alegado incumplimiento. La Corporación contestó la demanda. Alegó que el contrato de arrendamiento era nulo o anulable a tenor con las leyes vigentes y que la prestación exigida resultaba onerosa e imposible de ejecutar. Así las cosas, los demandantes pre-sentaron una moción de sentencia sumaria, en la cual so-licitaron del tribunal que dictase una sentencia a su favor por no existir hechos en controversia. La Corporación se opuso.

Finalmente, y luego de analizar la abundante prueba documental presentada por las partes, el tribunal de ins-tancia determinó que el contrato en controversia era válido. En consecuencia, ordenó a la Corporación que le diera cumplimiento a las obligaciones contraídas.

Inconforme con la sentencia, la Corporación acudió ante nos mediante un recurso de revisión. Decidimos revisar y expedimos el recurso.

II

La Corporación plantea que el contrato celebrado entre ella y el señor Besosa Quiñones y la señora Besosa Rubí no fue consentido por el Gobernador de Puerto Rico y que, por lo tanto, es nulo. Los recurridos, por su parte, además de tratar de establecer que el señor Besosa Quiñones no era funcionario de la Corporación, por lo que no le aplicaba la veda sobre la contratación, alegaron que el requisito de consentimiento por parte del Gobernador no conlleva la nulidad total del contrato en controversia, sino su anulabi-lidad, y que, habiendo ya transcurrido el término para in-coar una acción de anulabilidad de contrato, la acción pre-sentada por la Corporación estaba prescrita.

El Art. 2 de la Ley Núm. 28, supra, 1948 Leyes de Puerto Rico 79, aplicable al momento en que se suscribió el contrato, disponía, en lo pertinente, que:

Artículo 2. — Ningún organismo gubernamental podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendación del Secreta-rio de Justicia lo autorice. Será anulable todo contrato que viole las disposiciones de esta sección.

El artículo citado era aplicable a los contratos celebra-dos entre un organismo o agencia gubernamental y uno de sus funcionarios. Por eso, para que la restricción dispuesta por el citado Art. 2 causara efecto debía establecerse que la parte que contratara con la agencia era funcionario de ella. Para ajustar el término “funcionario” a los propósitos de la citada disposición, éste debe interpretarse en un sentido completo.

El propósito de la restricción en la contratación entre un organismo gubernamental y sus funcionarios, mediante la cual los últimos devengan algún interés pecuniario, es “evitar que se ejerza privilegio o influencia indebida en la concesión u obtención de contratos”. Op. Sec. Just. Núm. 51 de 14 de octubre de 1958. Véase Op. Sec. Just. Núm. 48 de 10 de diciembre de 1959.

Según el mencionado propósito, entendemos que no sólo un funcionario del organismo gubernamental con quien contrate podría ejercer influencia, sino también otro fun-cionario que mantenga un alto nivel de envolvimiento con la agencia con la que contrata, aunque oficialmente no sea empleado de dicho organismo. Además, sostener un con-trato bajo estas condiciones crearía un conflicto de intere-ses entre los intereses personales del funcionario y los del organismo involucrado, los cuales le correspondería defender al mismo funcionario.

En el caso de autos, aunque el señor Besosa Quiñones no era funcionario propiamente de la Corporación, sino de la Administración de Fomento y Desarrollo Agrícola, éste participaba con regularidad en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Corporación, así como en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Sus participaciones en dichas reuniones eran en calidad de re-presentante del Secretario de Agricultura, ya que el señor Besosa Quiñones fungió extraoficialmente como Ayudante del Secretario de Agricultura para los años en que se cele-bró el contrato. Nos parece claro que el señor Besosa Qui-ñones se encontraba en una posición donde podía ejercer influencias indebidas sobre el contrato a celebrarse. Por esta razón, concluimos que el recurrido Besosa Quiñones actuaba como funcionario de la Corporación y que, en con-secuencia, le era aplicable la prohibición establecida por el Art. 2 de la Ley de Etica de 1948, supra.

Ahora bien, esto no resuelve el problema. Debemos diri-mir si no cumplir con el requisito del consentimiento del Gobernador para la otorgación del contrato tiene el efecto de que éste sea totalmente nulo o meramente anulable.

De una lectura al Art. 2 de la Ley de Etica de 1948, supra, observamos que el término que utiliza dicha dispo-sición para describir los contratos que se otorguen sin el consentimiento del Gobernador es el de “anulable”. El con-cepto de anulabilidad difiere del de nulidad en que los ac-tos anulables pueden ser confirmados, ya sea mediante el transcurso del tiempo o mediante una “ ‘declaración unilateral de voluntad de aquella parte a quien compete el de-recho a impugnar ...’ ”. J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 312.

De otra parte, un acto nulo es inexistente y no es susceptible de subsanación, confirmación ni ratificación. La nulidad opera ipso jure, “sin necesidad de que exista inter-vención alguna de parte interesada o del organismo jurisdiccional”. E. Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, San Juan, Eds. Jurídicas, 1972, T. I, Vol. 2, pág. 480. Por ello, una acción judicial de nulidad se limita a declarar la inexistencia del acto y destruir la apariencia de validez del negocio. Id.

Por el contrario, un acto anulable es inicialmente eficaz; aunque desde su origen existe un defecto que podría invalidarlo. Puig Brutau, op. cih, pág. 304. Por esta razón, la ley impone un término para ejercitar la correspondiente acción de anulabilidad.

Para que un contrato se perfeccione, deben estar pre-sentes tres (3) elementos: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391. A ello podemos añadir lo expresado por Puig Brutau sobre la nu-lidad radical de los contratos. Puig Brutau, citando a Váz-quez Bote, expresa que “[ri\ulo es el contrato ‘que por falta de algún elemento esencial o porque contraviene un pre-cepto legal, carece de la aptitud necesaria para generar la nueva situación jurídica (efectos jurídicos que traducen la intención prática) pretendida por las partes en el negocio, que el Derecho atribuye al tipo correspondiente”. (Énfasis en el original.) Puig Brutau, op. cit, pág. 286.

En la situación de marras, el precepto legal que contra-viene el contrato en controversia es el Art. 2 de la Ley de Ética de 1948, supra, por cuanto el mismo establecía el requisito del consentimiento del Gobernador y el contrato se otorgó sin cumplir con este requisito. Debemos, pues, analizar el citado Art. 2 para determinar si la disposición se refiere a nulidad o anulabilidad del contrato.

Luego de estudiar diversas opiniones emitidas por el Se-cretario de Justicia en las cuales se analiza la posible con-secuencia que tendría lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley de Ética de 1948, supra, sobre la eficacia de un contrato cele-brado entre un organismo gubernamental y uno de sus funcionarios sin el consentimiento del Gobernador, enten-demos que la mencionada disposición se refiere a la anula-bilidad del contrato involucrado. La facultad del Secretario de Justicia para solicitar la nulidad de dicho contrato es puramente discrecional, aunque se ha establecido que "solo en caso extraordinario en que en forma alguna esté afec-tado el intéres público y en que medien circunstancias de mucho peso, no ejerceremos dicha facultad”. Op. Sec. Just. Núm. 13 de 24 de febrero de 1961, pág. 52. De esta ma-nera, el Gobernador puéde confirmar un contrato celebrado sin su consentimiento si las “circunstancias demuestran que se ha hecho de buena fe y que los servicios han sido prestados en la misma forma...” Op. Sec. Just. Núm. 10 de 10 de junio de 1968, pág. 48. Véase, además, Op. Sec. Just. Núm. 26 de 14 de marzo de 1966. Concluimos, pues, que el contrato objeto de revisión es anulable y como tal está su-jeto al término dispuesto por nuestro Código Civil para ins-tar la acción de anulabilidad correspondiente.

El Art. 1253 del Códigio Civil, 31 L.P.R.A. see. 3512, establece un término de cuatro (4) años para ejercer una acción judicial de anulabilidad. Por ser el contrato en con-troversia meramente anulable, la parte que reclamara el defecto, en este caso la Corporación, contaba con cuatro (4) años para levantar el vicio que podría causar la ineficacia del contrato.

El contrato en controversia se otorgó el 14 de agosto de 1979 y no es sino hasta el 7 de agosto de 1987, o sea, ocho (8) años luego de otorgado, que la Corporación levanta la nulidad del mismo. Debido a que el contrato era anulable, la Corporación contaba con cuatro (4) años contados desde que se otorgó el contrato para incoar la acción que ahora presenta tardíamente. El contrato quedó confirmado por el transcurso del tiempo y por la inacción de a quien le corres-pondía ejercitar la acción de anulabilidad.

Concluimos, pues, que por ser el contrato en controver-sia anulable, la Corporación contaba con el término de cua-tro (4) años para presentar una acción de nulidad. Debido a su inacción, el contrato quedó confirmado y es válido.

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia confirmatoria.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió. El Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Lo que es ‘influencia indebida’ es algo que no puede verse, o[í]rse ni sentirse; más bien es conducta sutil e intangible. Por su naturaleza y dinámica, versa sobre he-chos difíciles de demostrar judicialmente mediante prueba directa. Ciertamente es inimaginable que sea objeto de es-tipulación escrita o expresa en un contrato.” Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 D.P.R. 127, 129 (1993).

La decisión mayoritaria tiene el peligrosísimo efecto de circunvalar un estatuto (Ley de Ética de 1948, Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948 (3 L.P.R.A. ants. secs. 570-574)), revestido del más alto interés público, aprobado para pro-hibir los contratos entre organismos gubernamentales y sus funcionarios, y así evitar unos beneficios económicos impropios dimanantes de estar éstos en posiciones de las cuales pueden proyectar influencias indebidas. Dicho dic-tamen, inintencionalmente, contribuye a erosionar los me-canismos de que el legislador ha dotado al Estado para combatir la corrupción gubernamental y velar celosamente por la sana erogación de los bienes públicos.

I — I

Sucintamente, la mayoría resuelve que el contrato de arrendamiento de siete (7) fincas propiedad de la familia Besosa, suscrito el 14 de agosto de 1979 por Francisco A. Besosa Quiñones (Ayudante Especial del Secretario de Agricultura) con la Corporación Azucarera de Puerto Rico —por cinco (5) años, prorrogable por cinco (5) más con la aprobación del arrendador Besosa— era “anulable” y, por lo tanto, sujeto al término de cuatro (4) años provisto por el Art. 1253 del Código Civil para interponer como defensa su nulidad en una acción judicial. Concluyen que, como no fue hasta ocho (8) años después de otorgado que la Corpo-ración Azucarera de Puerto Rico solicitó su nulidad, el transcurso del tiempo unido a esa inacción subsanó todo vicio que pudiera tener. Se fundamentan en la doctrina tradicional civilista para contratos anulables, cuyos efec-tos extienden a un estatuto especial (Ley de Etica), por el sólo hecho de que éste califica de igual forma como “anula-bles” los contratos con las características del que está ante nuestra consideración.

El Art. 2 de la citada Ley de Ética de 1948, disponía:

... Ningún organismo gubernamental podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa la recomendación del Secretario de Hacienda y el Secretario de Justicia, lo autorice. Será anulable todo contrato que viole las disposiciones de este artículo. (Én-fasis suplido.) 1948 Leyes de Puerto Rico 79.

Surge diáfanamente que el legislador quiso supeditar la validez de dichos contratos a que fueran autorizados por el Gobernador, luego de tener la recomendación de los Secre-tarios de Hacienda y de Justicia. No fue mero capricho legislativo exigir que los convenios de esta índole pasaran por la consideración de los máximos funcionarios encarga-dos de velar la buena marcha del Tesoro y los asuntos le-gales del Estado, respectivamente, antes de ser aprobados o rechazados por el Primer Ejecutivo. La intervención y recomendación del Secretario de Hacienda implica una evaluación de que el contrato es de buena fe, esto es, indispensable; contiene condiciones económicas favorables al Estado; no conlleva una erogación innecesaria o irrazona-ble de fondos públicos, y representa el mejor negocio que puede hacerse en consideración a los factores que corres-pondan conforme su naturaleza. Y claro está, la participa-ción del Secretario de Justicia presupone, desde el punto de vista jurídico, que los otorgantes están capacitados y que los términos acordados están claramente redactados, son completos y cumplen con los distintos preceptos de ley aplicables a los mismos en función, también, de su naturaleza.

Vemos, pues, que el punto de partida y regla general establecida por el legislador es una clara prohibición a ese tipo de contrato. Como excepción, se admite su validez úni-camente cuando se ha seguido el riguroso y restrictivo trá-mite delineado en la propia ley. Como reconoce la mayoría, “[e]l propósito de la restricción en la contratación entre un organismo gubernamental y sus funcionarios, mediante la cual los últimos devengan algún interés pecuniario, es ‘evi-tar que se ejerza privilegio o influencia indebida en la con-cesión u obtención de contratos’. Op. Sec. Just. Núm. 51 de 14 de octubre de 1958. Véase Op. Sec. Just. Núm. 48 de 10 de diciembre de 1959”. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 4.

La norma que veda este tipo de contrato sólo puede ser superada discrecionalmente por el Gobernador. Esa autorización, por vía de excepción, es calificada y restringida, y no puede utilizarse para obviar otros requisitos de ley. Op. Sec. Just. Núm. 45 de 5 de septiembre de 1958, págs. 240-241 (Ledo. Francisco Espinosa, Jr.).

II

Yerra la mayoría al adjudicar a la Asamblea Legislativa la intención de conferir igual extensión y significado a la palabra “anulable” que las que se reconocen a innumera-bles negocios jurídicos cuyo interés público no es de tan alta envergadura como la de los contratos entre organismos gu-bernamentales y sus funcionarios.

Sabemos que la negociación indiscriminada con el ente gubernamental podría redundar en vicios a la larga deses-tabilizadores de la recta gestión pública en general, y el fisco en particular. Por ello resulta imperativo que el Es-tado tome medidas cautelares apropiadas para atajar a tiempo esos posibles problemas. Ante la clara prohibición legal, sólo por excepción se permite la contratación. Cuando no concurren los requisitos considerados por el le-gislador, ¿qué significado tiene la palabra “anulable” en la Ley de Ética?

Ciertamente no es posible interpretar que la aquiescen-cia del Gobernador —pasividad— durante el período de cuatro (4) años fijado en el ámbito de la doctrina civilista para levantar su nulidad tiene el efecto de ratificar el con-trato viciado. No podemos ignorar que el estatuto requiere una acción afirmativa del Primer Ejecutivo, de carácter en-teramente discrecional, que no debe ejercerse indiscrimina-damente, sino excepcionalmente cuando los contratantes, con el concurso de los Secretarios de Hacienda y de Justi-cia, le proveen los elementos de juicio que ponen en posi-ción de determinar que el contrato es merecedor de sosla-yar la prohibición general de ley.

La consistente interpretación de los distintos Secreta-rios de Justicia, a los efectos de exigir una acción afirma-tiva del Primer Ejecutivo que refleje una clara intención de convalidar, es derivado lógico del reconocimiento de una patente realidad que se suscita en el Estado moderno; esto es, la dilución del contacto directo del principal dirigente gubernamental de un país con gran parte de los actos que conllevan el desembolso de fondos públicos. El complejo en-tramado gubernamental puertorriqueño ineluctablemente conlleva que la participación del Gobernador, en el devenir de muchos asuntos de gestión pública, sea menos directa, activa e intensa de lo deseado.

En atención a la imposibilidad práctica de que el Primer Ejecutivo siga idóneamente la pista de toda gestión guber-namental —como sucede cuando se celebran contratos en-tre las agencias administrativas del Gobierno y sus funcio-narios sin el aval ejecutivo— el legislador ha querido que convenios del tipo aquí descrito que se efectúan sin su anuencia se presenten a posteriori a su consideración y que, discrecionalmente, éste pueda convalidarlo mediante un acto afirmativo. Este sabio esquema legislativo fue diseñado para evitar las influencias indebidas y, a la par, proteger al máximo jerarca gubernamental de las mareja-das políticas y hábiles maniobras de funcionarios que aspi-ren obtener beneficios de un codiciado presupuesto público, aprovechando en dicha empresa las naturales cortapisas que a una ideal fiscalización impone el intrincado anda-miaje gubernamental.

El uso del vocablo “anulable” es a los únicos efectos de permitir al Gobernador, en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, ratificar un contrato sin que la nulidad absoluta ab initio sea un obstáculo insalvable. In-cluso se ha expresado que no es deseable la práctica de ratificar los contratos luego de otorgados sin observarse estrictamente los requisitos de ley, pues la autorización del Gobernador debe, naturalmente, obtenerse antes de la contratación. Sin ese orden lógico, por excepción, pueden validarse los contratos viciados si se demuestra que se hi-cieron de buena fe. Op. Sec. Just. Núm. 25 de 14 de marzo de 1966, págs. 132-133 (Ledo. Rafael Hernández Colón).

Evidentemente el significado lógico de la palabra “anu-lable” es que un contrato que no cumpla con los requisitos de ley no está irremediablemente herido de muerte, sino que en unas circunstancias apropiadas y estrictas puede convalidarse durante su vigencia mediante la aprobación del Primer Ejecutivo si se demuestra que fue hecho y pres-tado de buena fe. Op. Sec. Just. Núm. 10 de 10 de junio de 1968, pág. 40 (Ledo. José C. Aponte).

Y enfatizamos, para que el Gobernador discrecional-mente lo ratifique es imperativo que en el proceso de con-validación se cumpla con el deber de brindar información suficiente que le permita emitir un criterio informado. Op. Sec. Just. Núm. 45 de 2 de noviembre de 1959, pág. 209 (Ledo. Hiram R. Cancio).

En resumen, la ratificación discrecional susceptible de ser dada por el Gobernador requiere unos actos afirmativos e indubitados de una intención de convalidar; no basta el mero transcurso del tiempo para curar vicios. En recta her-menéutica, no podemos automáticamente extender la nor-mativa civilista sobre ratificación a esta importante dimensión de política pública. No es posible dar eficacia jurídica a este tipo de contrato, con el solo transcurso del tiempo, sin que lo acompañe ningún acto afirmativo del Ejecutivo.

HH HH

Aparte de lo expuesto, existen varios hechos y circuns-tancias que, juzgados en conjunto, prima facie son indica-dores de que efectivamente medió una posible influencia indebida en el otorgamiento del contrato. Ello nos lleva a concluir que éste jamás hubiese sido ratificado durante su vigencia por el Primer Ejecutivo a la luz del criterio de buena fe y demás factores pertinentes.

Los autos reflejan a simple vista los términos particu-larmente beneficiosos para el señor Besosa Quiñones. Así se desprende de las cartas del Director y el Ejecutivo inte-rino de la Corporación Azucarera de Puerto Rico al Secre-tario y Subsecretario de Agricultura, que expresaban: que las conversaciones conducentes al contrato con el señor Be-sosa Quiñones no resultaban fructíferas debido a las con-diciones especiales que éste solicitaba, las cuales “estable-cen precedentes en el procedimiento de arrendamiento de fincas a la Corporación Azucarera” (Caso Núm. RE-93-33, Parte I, Apéndice, pág. 260); su criterio de “que la Corpo-ración Azucarera no debería someterse a condiciones tan desfavorables” (id., pág. 261); la oferta final hecha el 14 de junio de 1979 por el Director Ejecutivo de la Corporación Azucarera de Puerto Rico al señor Besosa Quiñones, comu-nicándoselo así claramente, y la escueta comunicación del Director Ejecutivo de la Corporación Azucarera de Puerto Rico el 28 de julio de 1979 diciendo expresamente que había sido instruido por el Secretario de Agricultura, de quien el señor Besosa Quiñones era ayudante especial, para que preparara el Contrato de Arrendamiento del señor Besosa Quiñones a base de los términos que él solicitaba (Caso Núm. RE-93-33, Parte I, Apéndice, pág. 270).

Además, de la Certificación Núm. 10-84 de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 1988 surge que el contrato otorgado a favor del señor Besosa Quiñones nunca fue so-metido a dicha Junta, ni por ende aprobado, como exigía el Reglamento de la Corporación Azucarera de Puerto Rico cuando la propiedad a adquirirse o las mejoras sobrepasa-ran $25,000.

IV

Finalizamos este disentir expresando nuestra preocupa-ción por los efectos nefastos al orden público y la desesta-bilidad del erario que podría producir la decisión mayoritaria. Es de conocimiento general la cantidad y com-plejidad de asuntos que corresponde atender al Gobernador. En atención a ello, la Asamblea Legislativa ideó y diseñó unos mecanismos para velar adecuadamente la buena marcha de los asuntos públicos. Con anterioridad al día de hoy, la Ley Núm. 12, supra, tal como fue redac-tada y posteriormente interpretada, constituía un efectivo instrumento para velar por la pureza de los contratos entre las agencias gubernamentales y sus funcionarios.

Es claro el propósito principal de prohibir este tipo de contrato y, sólo mediante vía excepcional, aprobarlos si cumplen con estrictos requisitos de recomendación por parte de los Secretarios de Justicia y de Hacienda y, subsi-guientemente, la aprobación del Primer Ejecutivo.

En el supuesto de que dichos requisitos no se cumplan inicialmente —la mejor práctica es obtener el permiso pre-viamente— las partes pueden solicitar al Gobernador su ratificación. Queda a su entera discreción hacerlo, siempre que la información brindada revele que el contrato en cues-tión se hizo de buena fe y así mismo se prestaron los servicios. Lógicamente, en atención al supuesto de que el Primer Ejecutivo pueda ratificar el contrato así viciado, es que se utilizó la palabra “anulable”. Si la Asamblea Legis-lativa hubiera optado por “nulo”, no existiría posibilidad alguna de ratificación ejecutiva mediante un acto afirma-tivo demostrativo de su intención de convalidar.

Todo este cuidadoso esquema delineado por el legislador y perfilado consistentemente por los distintos Secretarios de Justicia de escrutar eficazmente los contratos entre las agencias del Gobierno y los funcionarios o empleados pú-blicos con intereses pecuniarios para evitar el uso de in-fluencias indebidas que peijudican al fisco y a la sana ad-ministración pública, ha sufrido una dura estocada con el mallete mayoritario.

Se abren las puertas al ingenio y a la creatividad de quienes sepan idear hábiles estrategias para burlar los me-canismos de fiscalización diseñados por ley. Esta decisión es verdaderamente lamentable en nuestro Sistema de Go-bierno —en que el mandato constitucional de funcionarios electos dura cuatro (4) años— ya que la experiencia nos dice que muchos contratos, por regla general, no están su-jetos al escrutinio público hasta después de advenir al po-der una administración distinta. Si logran evadir el escru-tinio gubernamental por los cuatro (4) años próximos al otorgamiento del contrato, le habrán validado automáticamente.

No podemos suscribir tan grave INJUSTICIA al pueblo de Puerto Rico.

       La Ley de Ética de 1948, Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948 (3 L.P.R.A. ants. sees. 570-574), fue sustituida por la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1801 et seq. El Art. 3.3 de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1823, mantuvo la prohibición establecida en el Art. 2 de te Ley de Ética de 1948 (3 L.P.R.A. ant. see. 571). El propósito de la nueva Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es crear un Código de Ética para los funcionarios de la Rama Ejecutiva, de manera que se garantice al Pueblo que dichos funcionarios no entren en conflictos de intereses ni puedan lu-crarse del patrimonio del Pueblo. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 12, supra, 1985 Leyes de Puerto Rico 708-709.

       La Corporación Azucarera de Puerto Rico fue creada por la Junta de Go-bierno de la Autoridad de Tierras, a tenor con la facultad de la Autoridad para crear corporaciones subsidiarias. 28 L.P.R.A. see. 242 et seq.

       Vigente al momento de suscitarse los hechos del presente caso. Fue derogado por la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. sec. 1801 y siguientes), que en esencia recoge igual normativa.

       31 L.P.R.A. sec. 3512.

       “En una serie de opiniones emitidas por este Departamento, interpretando la Ley Núm. 28 de 1948, hemos sostenido el criterio de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, contemplando la posibilidad de que en algunos casos sería necesario e indispensable que un organismo gubernamental efectúe un contrato en el que alguno de sus funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, interés pecuniario, tuvo a bien conferirle discreción al Gobernador de Puerto Rico para que, de acuerdo con su mejor criterio, autorice dichos contratos, con miras a obviar el principio en que descansa la prohibición enunciada, y en esta forma salvaguardar los intereses públicos.” Op. Sec. Just. Núm. 6 de 8 de febrero de 1956, pág. 24 (Ledo. José Trías Monge).