text:
      In re Jorge Luis Landing y José Aulet.

      Número: O-73-355

      Resuelto: 13 de abril de 1978

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, Candita R. Orlandi, Adolfo J. Vilá, Ronaldo Rodríguez Ossorio, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Enrique González, abo-gado de Jorge Luis Landing; Luis Muñoz Rivera, abogado de José Aulet.
   per curiam:

Contra los abogados notarios José Aulet y Jorge Luis Landing el Procurador General de Puerto Rico presentó querella () de desaforo alegando los siguientes cargos:

PRIMERO: “Allá para el año 1970, los querellados observa-ron una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogados y notarios al presentarse ante supuestos electores de Puerto Rico, personalmente y/o a través de otros con los que había un común acuerdo a ese respecto, con el plan de llevar a cabo una encuesta o un censo, cuando en realidad el fin que perseguían era inscribir un partido político logrando de hecho la inscripción fraudulenta del mismo a través de esas falsas representaciones.”
SEGUNDO: “Allá para el año 1970 los querellados observa-ron una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogados y notarios al no abrir y mantener un registro especial de todas las declaraciones juradas que recibían de alegados electores de Puerto Rico con relación a la inscripción de un partido político en incumplimiento de la Sección 112(b) [st'c] de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. 112).”

En adición formuló trece (13) y cuarenta y seis (46) cargos individuales respectivamente contra Aulet y Landing imputándoles “conducta ilegal, inmoral e impropia en abierta violación de la fe notarial como abogado y notario” consistentes en notarizar un sinnúmero de declaraciones sobre peticiones de inscripción de un partido político sin haber los electores comparecido ante ellos a jurar las mis-mas.

En sus contestaciones, con referencia al primer cargo, ambos aceptaron únicamente haber participado . . en el proceso de inscripción del Partido Auténtico Soberanista [P.A.S.] y que el querellado Jorge Luis Landing fue quien asumió la responsabilidad máxima en dicho proceso . . circunscribiéndose la participación del Ledo. Aulet “. . . a prestar sus servicios como Notario”; en torno al segundo cargo, aceptaron que “el único registro que llena [ron] . . . fue el formulario preparado por el Sr. Enrique Alvarez Vicente, Oficial de la Junta Estatal de Elecciones”; y en cuanto a los cargos restantes reconocieron “. . . que no cum-plieron estrictamente con las obligaciones que les impon [ía] a ellos como notarios la Ley Notarial y la Ley Electoral.” Levantaron como defensa la observancia cabal de los princi-pios éticos que regulan la profesión desde que fueron admi-tidos en 23 de septiembre de 1954.

En dicha etapa de los procedimientos, este Tribunal ex-pidió una orden para que los querellados mostraran causa por la cual no debieran ser separados permanentemente como abogados. A la luz de la comparecencia, acordamos remitir el caso al Comisionado Especial para la continuación de pro-cedimientos plenarios.

Previo los trámites de rigor, el Comisionado Especial Hon. César Bobonis Díaz rindió el Informe, sobre el cual los querellados han sometido sus objeciones y observaciones. Es a la luz de dicho Informe y los planteamientos de los quere-llados que se impone la solución del caso.

Discutiremos inicialmente los cargos primero y segundo que imputan a ambos querellados una “conspiración” para inscribir fraudulentamente un partido político y la inobser-vancia de abrir y mantener un registro especial de todas las declaraciones juradas de peticiones de inscripciones. Sobre el particular, el Informe consigna las siguientes determina-ciones de hechos:

PRIMER CARGO
“Pasadas las elecciones celebradas en Puerto Rico, en el año 1968, se creó el Partido Auténtico Soberanista. El grupo original que creó este partido estaba compuesto por el Ledo. Jorge Luis Landing, los señores Antonio Hoyos Alvarado, Herminio Aviles, Ramón Fuentes Alicea, Rafael Hernández Ripol, Ledo. Francisco Colón Gordiani y otros.
La inscripción de este partido se inició en el pueblo de Ceiba, llevándose a los peticionarios ante el Juez de Paz de dicho pueblo para juramentar sus peticiones.
Se extendió la inscripción del partido a San Juan, y fue en-tonces que se solicitó de la Junta Estatal de Elecciones, el nom-bramiento de Notarios para la juramentación de las Peticiones de Inscripción. Entre otros, se nombraron a los Ledos. Jorge Luis Landing, José M. Rafucci, Francisco Colón Gordiani y José Aulet.
De los notarios nombrados, el Ledo. Jorge Luis Landing, no-tarizó alrededor de 30,000 peticiones y el Ledo. José Aulet alre-dedor de 8,000, todas peticiones para la inscripción del Partido Auténtico Soberanista.
El Ledo. Jorge Luis Landing, era el Presidente del Partido Auténtico Soberanista, y como tal dirigía y era responsable de la inscripción del Partido.
El Ledo. José Aulet, actuó como Notario para la inscripción del Partido durante el término de un año, cuando finalmente se afilió como miembro del Partido Auténtico Soberanista.
Al grupo original de las personas que fundaron el Partido Auténtico Soberanista, se unieron entre otros, los Sres. Arcadio Ortiz López y Miguel A. Bernacet Candelaria, quienes ayudaron activamente en el proceso de inscripción del Partido.
Para conseguir personas que firmaran peticiones para la ins-cripción del Partido Auténtico Soberanista, se organizaron grupos de 2 a 5 personas que se trasladaban a los distintos pueblos de la Isla, siempre acompañados por uno o más notarios. En ocasiones se hacía propaganda mediante altoparlantes y es-critos, instando a la ciudadanía a que firmaran peticiones para la inscripción del Partido Auténtico Soberanista. Luego de esta propaganda, las personas que formaban los grupos visitaban a los residentes del área. En otras ocasiones, sin la previa propaganda instando a la ciudadanía a que firmaran las peticiones de inscripción, las personas de los grupos que trabajaban en la ins-cripción, hacían su visita a los residentes del área.
Estas visitas a los residentes del área escogida, en ocasiones eran hechas por el Ledo. Jorge Luis Landing o el Ledo. José Aulet, quienes iban solo o acompañados por otra u otras per-sonas. Cuando uno de estos dos notarios eran los que hacían la visita, siempre le informaban a la persona visitada que se estaba inscribiendo el Partido Auténtico Soberanista; solicitaban su firma en una petición de inscripción; y de estar de acuerdo la persona procedía a firmar la petición en la presencia del notario visitante. El notario en presencia del peticionario o posterior-mente notarizaba entonces la petición.
Los Ledos. Jorge Luis Landing y José Aulet no utilizaron ningún procedimiento formal para tomar el juramento a los pe-ticionarios, por entender ambos que el público tenía conocimiento que al firmar la petición lo estaban haciendo bajo juramento.
En otras ocasiones las visitas en busca de personas que fir-maran peticiones de inscripción eran hechas por miembros del grupo sin que estuvieran presentes en la casa visitada, los Ledos. Jorge Luis Landing y/o José Aulet. Cuando esto ocurría y en ausencia de los notarios mencionados, los visitantes procedían en una de las formas siguientes:
1. Le informaban a la persona visitada que estaban inscri-biendo el Partido Auténtico Soberanista; solicitaban que firma-ra una petición de inscripción y de consentir a ello firmaba la misma ante el visitante, que no era notario. El visitante procedía entonces a entregar la petición al Ledo. Jorge Luis Landing o al Ledo. José Aulet, quienes notarizaban la petición dando fe falsa-mente de que el peticionario había comparecido y firmado la petición en su presencia.
2. Le informaban a la persona visitada que estaban inscri-biendo el Partido Auténtico Soberanista y solicitaban informa-ción para llenar la petición. Si la persona visitada se negaba a firmar la petición, el visitante se retiraba y procedía entonces a firmar la petición con el nombre del visitado y se ponían las huellas digitales de cualquier otra persona. Esta petición así firmada se entregaba al Ledo. Landing o al Ledo. Aulet, quienes procedían, cada uno en su caso a certificar como notarios y falsa-mente que la persona que aparecía como peticionario había com-parecido, firmado y estampado sus huellas digitales ante el nota-rio autorizante.
3. Le informaban a la persona visitada que se estaba ha-ciendo un censo o encuesta; solicitaban información y procedían a llenar una petición de inscripción del Partido Auténtico Sobe-ranista. Si la persona la firmaba, la petición era entonces entre-gada a uno de los querellados, quien procedía a certificar como notario, falsamente que el que aparecía como peticionario había comparecido, firmado y estampado sus huellas digitales ante él.
4. Si la persona a quien se le informaba que se estaba cele-brando un censo o encuesta se negaba a firmar el documento que se le presentaba, que en realidad era una petición para la ins-cripción del Partido Auténtico Soberanista, entonces el visi-tante seguía el procedimiento de firmar la petición con el nombre del visitado y hacía que alguna persona pusiera sus huellas digitales en la petición. Esta petición era entonces entregada al Ledo. Landing o al Ledo. Aulet, quienes procedían a certificar como notarios, cada uno en su caso, que el que aparecía como peticionario había comparecido, firmado y puesto sus huellas digitales en su presencia.
Los querellados Ledos. Jorge Luis Landing y José Aulet, no se pusieron de acuerdo entre sí, ni ninguno de ellos individual-mente con otras personas para establecer un plan de informar a supuestos electores que se celebraba un censo o encuesta con el fin de poder inscribir ilegalmente el Partido Auténtico Sobera-nista, pero tengo mis serias dudas de que los Ledos. Landing y José Aulet, y en especial el Ledo. Landing, estuvieran en total desconocimiento de que esta práctica se estaba siguiendo por las personas que estaban colaborando en la inscripción del partido.
El Partido Auténtico Soberanista, quedó finalmente inscrito y fue certificada su inscripción el 16 de febrero de 1971, después de haber radicado ante la Junta Estatal de Elecciones 48352 peticiones de candidatura en 59 de los precintos electorales de la Isla de Puerto Rico. (Ex. 5 de Qte.)
De las 48352 peticiones radicadas por el Partido Auténtico Soberanista, solo están disponibles para ser examinadas las peti-ciones de inscripción ofrecidas en evidencia en la vista de esta querella, porque el resto de las peticiones fueron destruidas o quemadas un año después de ser certificada la inscripción del Partido Auténtico Soberanista, cuando por órdenes del Hon. Ernesto Mieres Calimano, entonces Superintendente de Eleccio-nes, se destruyeron o quemaron las peticiones de inscripción de los Partidos Unión Puertorriqueña, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Auténtico Soberanista.
Esta querella tuvo su origen en una queja levantada por los señores Arcadio Ortiz López y Miguel A. Bernacet Candelaria, primero ante el Superintendente de Elecciones y luego ante el Procurador General de Puerto Rico, después de haberse certifi-cado la inscripción del Partido Auténtico Soberanista.
Motivaron la queja antes dicha, discrepancias surgidas entre los señores Arcadio Ortiz López y Miguel A. Bernacet y algunos de los principales directores de la agrupación política inscrita, por razón de no haber recibido los señores Ortiz López y Ber-nacet, las prebendas que exigían por su participación en la ins-cripción del Partido Auténtico Soberanista.
SEGUNDO CARGO
Salvador Díaz Castro, era ayudante administrativo de la Junta Estatal de Elecciones, para los años de 1968 al 1969, y como tal intervenía en el proceso de inscripción de partidos nuevos.
Con relación a la inscripción del Partido Auténtico Sobera-nista, recibía de manos de los notarios, las peticiones de inscrip-ción que notarizaban. En estas funciones estaba en contacto con los Ledos. Jorge Luis Landing y José Aulet, quienes compare-cían ante la Junta Estatal de Elecciones y radicaban las peti-ciones de inscripción que habían notarizado.
Estas peticiones, cuando se inició la inscripción del Partido Auténtico Soberanista, iban acompañadas de copia de un docu-mento que preparó el Ledo. Landing y que contenía la siguiente información;
‘Peticiones de inscripción del Partido Auténtico So-beranista juramentadas ante el Notario Jorge Luis Landing, el día — de-de-, en el Pueblo de
En el documento se incluía el número de affidavit, fecha en que se notarizó, nombre del peticionario y el pueblo donde se firmó la petición.
El original de este documento lo conservaba el Ledo. Landing, y procedía a encuadernar todos los que preparaba ‘sujetán-dolos en un extremo, haciendo unos huecos en el margen izquier-do y se sujetaban con una carátula’. Se rotuló esta encuaderna-ción como registro especial para la inscripción de partidos polí-ticos.
Al recibir la Junta Estatal de Elecciones las peticiones de inscripción, el documento que contenía la lista de peticiones era desprendida y se utilizaba para el cotejo de las peticiones radi-cadas y luego se archivava [sic] en la Junta.
El señor Díaz Castro preguntó al Ledo. Landing, porqué en-tregaba la copia y no el original de las listas conteniendo la rela-ción de las peticiones de inscripción y el Ledo. Landing contestó que los originales los quería para otros propósitos.
En una fecha posterior, la Junta Estatal de Elecciones, pre-paró un documento que tenía que llenarse y unirse a las peticio-nes de inscripción que se radicaban por los nuevos partidos polí-ticos. (Ex. 4 del Qdo.)
Este documento en su encabezamiento decía: ‘Relación de Peticiones de Inscripción de Nuevos Partidos’. Había que incluir en el mismo la siguiente información: Agrupación Política, fecha, nombre del precinto, número de affidavit, apellido paterno, apellido materno, nombre de pila, edad, dirección del elector al inscribirse y colegio donde votó.
Cuando el Ledo. José Aulet empezó a juramentar peticiones de inscripción del Partido Auténtico Soberanista, ya se estaba utilizando el documento a que hago referencia en los dos párra-fos anteriores.
El Sr. Salvador Díaz Castro, fue sustituido en las funciones que realizaba por el Sr. Enrique Alvarez Vicente, quien pasó á ocupar el cargo de ayudante especial del Superintendente de Elecciones.
El señor Alvarez Vicente, exigió tanto al Ledo. Landing, como al Ledo. Aulet, que tenían que entregar a la Junta Estatal de Elecciones, los originales de las listas que preparaban y que unían a las peticiones de inscripción radicadas. Aunque con al-guna renuencia, así lo hicieron los Ledos. Landing y Aulet.
El Ledo. Landing entregó los originales de los documentos que él había preparado conteniendo la lista de peticiones notari-zadas por él y el Ledo. Aulet entregó los originales del docu-mento que preparó la Junta Estatal de Elecciones, conteniendo la lista de las peticiones notarizadas por él.
Desde este momento los Ledos. Landing y Aulet, cada vez que radicaban peticiones de inscripción del Partido Auténtico So-beranista, llenaban el formulario (Ex. 4 del Qdo.) y el original lo entregaban unido a la petición. No conservaban copia de este documento ni tenían en su oficina notarial constancia alguna de que hubiesen abierto y mantenían un registro especial de las declaraciones juradas con relación a la inscripción de un partido político.
Ni el señor Díaz Castro, ni el señor Alvarez Vicente informa-ron o dieron a entender a los Ledos. Landing y Aulet, que con las listas que ellos entregaban en la Junta Estatal de Elecciones, se iba a hacer el registro especial de affidavits que contemplaba la Ley Electoral.
El 7 de julio de 1972, el Fiscal General Especial, Nuncio Fra-tallone Di Gangi, citó a los Ledos. Landing y Aulet, para que comparecieran ante él, el día 10 de julio de 1972, llevando con-sigo cada uno de ellos, el registro especial de todas las declara-ciones juradas que recibieran como notarios públicos en rela-ción con las peticiones de inscripción del Partido Auténtico Soberanista radicadas en la Junta Estatal de Elecciones. (E. Ex. 1 del Qte. y Ex. 2 del Qte.)
En su comparecencia ante el Fiscal Nuncio Fratallone, nin-guno de los dos notarios querellados, pudieron entregar el Regis-tro Especial que contempla la Sección 37 de la Ley Electoral, porque no lo tenían. Alegaron que lo ya antes dicho de que en-tregaban a la Junta Estatal de Elecciones un original y cuatro copias de un formulario (Ex. 4 de los Qdos.) debidamente lleno y que el original se conservaba allí para que cualquier persona pudiese informarse sobre las peticiones de inscripción radicadas. (Ex. 1 y Ex. 2 de los Qdos.)
Cuando el Fiscal Nuncio Fratallone, citó a los Ledos. Jorge Luis Landing y José Aulet, éstos hicieron múltiples gestiones ante funcionarios de la Junta Estatal de Elecciones para que se les devolviesen los originales de los documentos que unían a las peticiones de inscripción que radicaban, pero no obtuvieron los mismos porque para esa fecha ya el entonces Superintendente de Elecciones, Hon. Ernesto Mieres Calimano, había ordenado la destrucción o quema de las peticiones de inscripción de los Par-tidos Unión Puertorriqueña, Partido Independentista Puerto-rriqueño y Partido Auténtico Soberanista y con ellas fueron des-truidos los documentos que solicitaban los Ledos. Jorge Luis Landing y José Aulet.” (Bastardillas nuestras.)

I

Con relación al primer cargo de “conspiración”, el In-forme del Comisionado Especial exonera a los querellados al concluir que éstos . . no se pusieron de acuerdo entre sí ni ninguno de ellos individualmente con otras personas, para establecer un plan de informar a supuestos electores que se celebraba un censo o encuesta, con el fin de inscribir ilegal-mente el Partido Auténtico Soberanista.”

No obstante, hemos de dirigir nuestra atención a la seria duda que el Comisionado manifiesta tener de que los quere-llados, en particular Landing, no desconociera totalmente la práctica de obtener información bajo la pretensión engañosa de censo o encuesta seguida por algunas personas que cola-boraban en la inscripción.

Este aspecto está basado en lo declarado por el testigo Ar-cadio Ortiz, quien al atestar aceptó que el móvil de la querella surgió por no haber recibido las prebendas o beneficios que exigía.

Respecto al Ledo. Aulet, la duda sobre este extremo debe resolverse a su favor por las siguientes razones: (1) el tes-tigo Ortiz no lo relacionó en su declaración; (2) todos los cargos específicos en su contra se circunscribieron a un solo día y sitio — 7 de diciembre de 1969 en el residencial público Vega Sánchez del Municipio de Vega Alta — habiendo el Co-misionado concluido que Aulet estuvo allí ese día y tomó jura-mentos; (3) la prueba estableció que en el área se realizó' una propaganda clara, abierta y ruidosa en favor de la inscrip-ción del PAS, lo que razonablemente descarta intención de engaño o fraude; (4) y la actuación de Aulet se limitó al ejercicio del notariado, recayendo y aceptándose que la res-ponsabilidad y la dirección de la inscripción correspondió al Ledo. Landing.

Ahora bien, la participación y dirección máxima en el proceso de inscripción por el Ledo. Landing — y el alto nú-mero de inscripciones que autenticó (alrededor de 30,000) — nos mueve a concluir que independientemente de que pose-yera o no conocimiento real de la forma en que sus colabora-dores estaban logrando la inscripción del partido, su actua-ción de falsamente dar fe notarial en varias peticiones de inscripción falsificadas propició dicha práctica y no puede escapar las consecuencias disciplinarias que ello conlleva.

II

Relativo al segundo cargo, ambos querellados admiten que el único registro que llenaron fue el formulario preparado por un oficial de la Junta Estatal de Elecciones. En consecuencia no abrieron ni mantuvieron el registro especial de las declaraciones juradas por ellos autenticadas en el proceso de inscripción conforme ordenaba la See. 37 de la Ley Electoral entonces vigente (16 L.P.R.A. see. 112). Aun aceptada la dudosa tesis que se nos propone de que el haber cumplimentado los formularios preparados por la Junta constituyó un cumplimiento sustancial de la Ley, ciertamente ello no justificaría la exoneración que se nos pide.

i — i HH

Finalmente, con referenda a los restantes cargos, el análisis del Informe de la manera más beneficiosa a la luz de las objeciones y comentarios de los querellados— (véase Apéndice) — demuestra indubitadamente que por lo menos el Ledo. Aulet dio fe notarial falsa de haberse suscrito ante él ocho (8) peticiones de inscripción entre las cuales se falsificaron. en una la firma y en tres las huellas dactilares de los supuestos electores; y el Ledo. Landing quince (15) cargos que en esencia establecen que actuó contrario a la fe notarial al hacer constar falsamente que un número sustancial de electores había suscrito o signado — e imprimido las huellas dactilares — ante él, las peticiones juradas de inscripción del PAS.

La gravedad de las actuaciones de los querellados no puede subestimarse ni reducirse a simples transgresiones técnicas, sin importancia, de la Ley Notarial. La esencia de la función notarial es dar fe — por conocimiento directo personal o a través del testigo de conocimiento del otorgante— de la identidad de las personas que han comparecido a suscribir un juramento. La omisión en descargar fiel y adecuadamente las responsabilidades de dicha función, constituyó el medio para que personas poco escrupulosas y animadas por fines lucrativos, falsificaran las firmas y huellas dactilares de un sinnúmero de ciudadanos y viabilizaran peticiones fraudulentas de inscripción para un partido político.

En virtud de lo expuesto — luego de tomar en cuenta el previo historial limpio durante dos décadas en la profesión— procede se dicte Sentencia imponiendo a los querellados, como medidas disciplinarias, la separación permanente del ejerci-cio de la notaría; la suspensión de la abogacía al Ledo. José Aulet por el término de seis (6) meses más $500.00 de san-ción económica disciplinaria; y la suspensión de la abogacía al Ledo. Jorge Luis Landing por el término de dos (2) años, más la suma de $1,500.00 como sanción económica discipli-naria.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Rigau e Irizarry Yunqué no intervinieron.

APENDICE

QUERELLADO AULET

Núm. Tipo de Violación Notarial 30 y 47 Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia 31 32, 48 y 58 33 y 59 34 y 49 35, 51 y 61 36 y 60 37 y 50 38 41 Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia ~ Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Dar fe falsamente petición se firmó en su presencia Determinación de Informe Archivado 30 y probado el 47 (huellas falsi-ficadas) Probado Probados (Firma y huellas falsificadas) Probados (Firmas falsifi-cadas) Probados (hue-llas falsifica-das) Probados (firma y huellas falsi-ficadas) Probados (firma falsificada) Probados (firma y huellas falsi-ficadas) Probado No se probó Conclusión de este Tribunal Archivado 30 y probado el 47 Probado Probados Probados Probados Probados Probados Probados Probado No se probó

      (1) Enmendada con posterioridad mediante autorización de este Tribunal.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Felícita González Silva y Otros, demandantes-recurridos v. United Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandada-peticionaria.

      Número: O-77-102

      Número: 0-77-102

      Resuelto: 19 de abril de 1978

      Resuelto: 4 de octubre de 1978

      Correa Calzada, Collazo Salazar, Herrero & Lázaro Paoli, aboga-dos de la peticionaria; Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas y Jorge Bermúdez Torregrosa, abogados de los recurridos.

      Hartzell, Ydrack, Mellado, Santiago & Pérez, Jorge Bermúdez Torregrosa, abogados de los recurridos; Correa Calzada, Co-llazo Salazar, Herrero & Lázaro Paoli, abogados de la peti-cionaria.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión que debemos resolver en este casó se refiere al punto de partida para computar el plazo de cuatro años que establece el Art. 388-A(b) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 703(b), para la efectividad de las anotaciones de embargo en el Registro de la Propiedad; específicamente, si el plazo cuadrienal se computa desde la fecha del asiento de presentación del mandamiento de embargo o desde la fecha de su anotación en el Registro. La controversia se desenvuelve dentro de un aparente conflicto entre las disposiciones del mencionado Art. 388-A(b) y el Art. 28 de la misma ley, 30 L.P.R.A. see. 53, y es, por tanto, una de interpretación estatutaria que llega por primera vez a este Tribunal.

Los hechos que enmarcan la controversia son los siguien-tes.

El 7 de julio de 1969 José González Silva instó demanda en cobro de dinero contra José Agustín Cuevas y obtuvo ano-tación de embargo en aseguramiento de sentencia sobre un inmueble de su propiedad. El mandamiento de embargo se presentó al Registro de la Propiedad el 9 de septiembre de 1969 y quedó anotado el 10 de marzo de 1970.

La recurrida Rosa Pérez Cordero advino titular del in-mueble embargado en virtud de la liquidación de la sociedad de gananciales que tenía constituida con José Agustín Cue-vas. El 18 de octubre de 1973, cuando todavía no habían transcurrido cuatro años desde que el mandamiento de embargo fue anotado, la recurrida Rosa Pérez Cordero pre-sentó instancia al Registrador para la cancelación del embargo, procediendo éste el 7 de noviembre de 1973 a cance-larlo mediante una nota marginal que en lo pertinente lee:

“Cancelado el embargo a favor de José M. González Silva por la suma de Veinticuatro Mil Dólares digo setecientos cua-renta y seis dólares con ochenta y cinco centavos que refiere la adjunta anotación letra A, por haber transcurrido en exeeso el término de cuatro años de haberse presentado en el registro sin que el mismo haya sido prorrogado y solicitarlo . . . .” (Bastar-dillas nuestras.)

Cancelado el embargo, la recurrida Pérez Cordero vendió el 26 de diciembre de 1973 el inmueble a los esposos Rivera Ramírez. La venta fue inscrita el 20 de febrero de 1974 y cinco meses más tarde, el 24 de julio de 1974, los esposos Rivera Ramírez hipotecaron el inmueble para garantizar un préstamo a la peticionaria United Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico.

Es de notar que la sucesión de González Silva, deman-dante en el pleito de cobro de dinero y titulares de la anota-ción de embargo, nunca solicitaron que la anotación de embargo fuera prorrogada, a pesar de que obtuvieron senten-cia a su favor desde el 5 de marzo de 1970.

No obstante, el 2 de agosto de 1974, transcurridos ya cua-tro años desde la anotación del embargo, cancelado este, ven-dido el inmueble e hipotecado a la United Federal Savings, la sucesión de González Silva instó demanda de nulidad de can-celación de anotación de embargo por el fundamento de que la cancelación fue ilegal ya que se computó el plazo de cuatro años desde la fecha del asiento de presentación y no desde la fecha de la anotación.

El tribunal de instancia denegó la desestimación de la de-manda solicitada por United Federal Savings por entender que el referido plazo debía computarse desde la fecha de la anotación. No consideró el planteamiento de United Federal de que ella gozaba de la condición de tercero protegido por la publicidad registral.

Expedimos el auto para revisar la cuestión.

Veamos las disposiciones en aparente conflicto. El Art. 388-A(b) de la Ley Hipotecaria, supra, dispone en lo perti-nente que:

“Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, au-tenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:
(a).
(b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (1¡-) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en qne pendieren los casos, por justa causa . . . 30 L.P.R.A. sec. 703(b).

Por otro lado, el Art. 25 de la misma ley dispone:

“Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuanto a ter-cero sino desde la fecha de la inscripción.” 30 L.P.R.A. sec. 50.

Y el Art. 28 prescribe:

“Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presenta-ción, que deberá constar en la inscripción misma.” 30 L.P.R.A. see. 53.

La peticionaria United Federal Savings sostiene que en virtud del Art. 28 el término de duración de la anotación de embargo debe computarse a partir de la fecha del asiento de presentación y no a partir de la fecha de la anotación. No tiene razón.

El plazo de efectividad de las anotaciones preventivas se computa a partir de la fecha de la anotación y no del asiento de presentación. El propio texto del Art. 388-A(b), swpra, lo indica al expresar que los registradores procederán a cancelar a instancia de parte las anotaciones de embargo “que tengan más de cuatro años de anotadas.” Ello constituye una excepción a la rigidez cronológica estatuida en el Art. 28 que considera, para todos los efectos que la inscripción pueda producir, la fecha del asiento de presentación. Así lo reconoció desde principio de siglo el Tribunal Supremo de España al resolver que el plazo de nueve días para ejercer la acción de retracto legal establecida por el Art. 1524 del Código Civil Español, equivalente al Art. 1414 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3924, se cuenta a partir de la inscripción y no de la fecha del asiento de presentación. Véanse sentencias de 11 de junio de 1902, 93 J.C. 949; de 8 de julio de 1906, 105 J.C. 88; de 10 de febrero de 1915, 132 J.C. 403. Una interpretación similar ha impartido la Dirección General de los Registros y del Notariado al Art. 24 de la Ley Hipóte-caria de España, equivalente al mencionado Art. 28, en reso-lución de fecha más reciente. Resolución de 28 de mayo de 1968, 52 Revista de Derecho Privado, 897 (1968).

La doctrina científica también propugna la fecha de la anotación como punto de partida para contar el plazo de efectividad de la anotación preventiva. Al respecto puede verse: Roca Sastre: III Derecho Hipotecario, 190 (6ta. Ed. 1968); La Rica y Arenal: Fecha de los Asientos Registróles, Vol. 27 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 872, 878-879 (1954); Campuzano: II Derecho Registral Hipotecario, 37 (2da. Ed. 1942); Lacruz Berdejo: Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, 344 (2da. Ed. 1957); Camy: V Co-mentarios a la Legislación Hipotecaria, 719 (2da. Ed. 1975); Contra: Morell y Terry: Comentarios a la Legislación Hipo-tecaria, 549-550 (1917).

Se ha señalado por la glosa otras excepciones a la norma estatuida por el Art. 28. La Rica menciona, entre otras, las inscripciones de inmatriculación practicadas al amparo de los Arts. 205 y 206 de la Ley Hipotecaria de España que no sur-ten efecto contra tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la anotación, op. cit., supra, a la pág. 876; la caducidad de las inscripciones de inmatriculación cuyos edic-tos deben presentarse al Registro dentro de los tres meses si-guientes a la fecha de inscripción. Id; la caducidad de las ins-cripciones de hipoteca, cuyo término se computa a partir del vencimiento del crédito y no del asiento de presentación, Id. a la pág. 878; la caducidad de la anotación preventiva a favor del legatario que no sea de especie, cuyo término se computa desde la fecha de la anotación, Art. 86 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 160; La Rica, op. cit., supra, a la pág. 879; el término de duración de las anotaciones por defectos subsa-nables que se computa a partir de la fecha de la anotación, Art. 96 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 170; la cadu-cidad de las anotaciones preventivas bajo el Art. 96 de la Ley Hipotecaria de España, equivalente al Art. 388-A(b) de nuestra ley, cuyo término se computa a partir de la fecha del asiento de anotación, Roca Sastre, op. cit, supra, a las págs. 179-180, Lacruz Berdejo, op. cit, supra, a la pág. 344.

Camy expone con claridad y persuación el fundamento doctrinal para computar el plazo de extinción de las anota-ciones preventivas desde la fecha de la anotación y no del asiento de presentación:

“Problema más importante en cuanto al plazo de vigencia es el de determinar cuál es el momento inicial del cómputo del mismo; cuestión en la que vamos a repetir ideas que ya expusi-mos al comentar una decisión de nuestro Centro directivo (pág. 898, año 1968, R. Dcho. P.).

Decíamos que es cierto el que según el artículo 24 de la Ley Hipotecaria se considera como fecha de la inscripción ‘para todos los efectos que esta deba producir’, la del asiento de pre-sentación; y el término ‘inscripción’ viene utilizado en ese pre-cepto no en su sentido propio, sino en el genérico de asiento re-gistral principal. Y así, cuando una anotación preventiva se con-vierta en inscripción, el momento de producción de efectos de este último asiento habrá de retrotraerse a la fecha del asiento de presentación del documento, que originó la anotación que ahora se convierte, y no a cualquier otro posterior o anterior (R. 29 noviembre 1883).

Sin embargo, esa tesis no es cierta en todos los supuestos. Se piensa siempre en los asientos regístrales desde el punto de vista de lo que favorece a aquel a cuyo favor se practican, pues esta es la primordial finalidad perseguida por la legislación hipo-tecaria respecto a los titulares de los derechos de cualquier or-den, acogidos a la ‘protección’ registral; pero no se piensa en lo que el asiento, mejor dicho, en lo que ciertos datos o elementos del asiento pueda perjudicar a ese titular de él, ya que en este aspecto de perjuicio del asiento solo se han desenvuelto los que puedan afectar a personas distintas a aquéllas que como titula-res sean favorecidas por los mismos.

Y si se ha de ser consecuente con la finalidad protectora del titular del asiento que se persigue por toda la legislación hipo-tecaria, la fecha de él, en cuanto a lo que le beneficie, habrá de ser la más atrasada posible dentro siempre de que se haya cum-plido el principio de publicidad, o sea, la del asiento de presenta- don del título que origine el asiento, o la del que originó el de suspensión convertido en definitivo; en tanto que en lo que aque-lla fecha del asiento pueda perjudicarle habrá estarse a la más reciente, o sea, a la del asiento mismo y no a la del de presen-tación o a la del de suspensión, lo cual no es otra cosa que au-mentar los beneficios de los asientos regístrales.

Quizás en base a esa idea es por lo que se decía en la resolu-ción que comentamos (R. 28 mayo 1968) que el plazo de vigen-cia de las anotaciones habría de contarse desde la fecha misma de ese asiento y no del de presentación del documento que las originare o desde la fecha de la anotación de suspensión por defecto subsanable que se hubiere extendido previamente a aquélla. Idea que es también una de las fundamentales de nues-tra legislación hipotecaria, pues, por ejemplo, para beneficiar al titular del asiento en los casos en que su vigencia está some-tida a un plazo de caducidad, la fecha para iniciar el cómputo de esta (es el caso del recurso), se fija en la del asiento mismo y no en la del de presentación del documento; así el artículo 98 del Reglamento dispone que, el plazo de dos años de vigencia de las inscripciones provisionales a que él se refiere se cuente ‘desde la fecha del asiento’, y en el artículo 298 del mismo tam-bién se indica como fecha inicial para caducidad de las inscrip-ciones de inmatriculación necesitadas de edicto, caducidad de-bida a no acreditarse la publicación de él, la fecha de la inscrip-ción, y no la fecha desde la que esta inicia sus efectos protec-tores, o sea, la del asiento de presentación.”

La peticionaria arguye, sin embargo, que el término cua-drienal para la cancelación de la anotación no es uno de cadu-cidad y que, por tanto, debe de computarse a partir del asiento de presentación. Es cierto que el término cuadrienal del Art. 388-A(b) no es uno de caducidad, Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452 (1947), pero la diferencia en la naturaleza del modo de extinción de la anotación preventiva de embargo no altera, ni debe alterar en forma alguna, el punto de partida para su cómputo. En uno u otro caso — ex-tinción por caducidad o por cancelación — se trata de un mismo asiento transitorio de vida limitada, que se extingue por el transcurso del tiempo señalado en el estatuto. En el caso de la caducidad la extinción opera automáticamente, y a instancia de parte el de la cancelación pero esta diferencia no altera el punto de partida para la computación del plazo de extinción de la anotación preventiva.

La nulidad de la cancelación de la anotación, sin embargo, no dispone por sí misma de los derechos de la peticionaria United Federal Savings. Es preciso considerar si ésta es o no un tercero protegido por la fe pública registral.

United Federal Savings reclama la condición de tercero protegido por la publicidad del registro apoyándose en lo dispuesto por el Art. 34 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 59, () y lo resuelto en Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962), a los efectos de que solo afectan a tercero las causas de nulidad que consten claramente en el registro. Los recurridos, por el contrario, rechazan la condición de tercero reclamada por United Federal Savings por el fundamento de que tanto la fecha de la anotación de embargo como la de la cancelación del mismo surgen claramente del registro, razón por la cual, arguyen que la causa de nulidad constaba clara-mente del mismo.

No es necesario que consideremos si la causa de nulidad en este caso surge o no claramente del registro puesto que en nuestro ordenamiento registral la nulidad de la cancelación siempre es sin perjuicio de tercero, conforme lo dis-pone el propio texto del Art. 99 de la Ley Hipotecaria:

“Podrá declararse nula la cancelación, mas sin 'perjuicio de tercero, conforme a lo dispuesto en la see. 171 de este título:
1. Cuando se declare falso, nulo o ineficaz el título en cuya virtud se hubiese hecho.
2. Cuando se haya verificado por error o fraude.
3. Cuando la haya ordenado un juez o tribunal incompe-tente.” 30 L.P.R.A. see. 173. (Bastardillas nuestras.)

La nulidad del embargo en el caso de autos obedece, como ya vimos, a un error de interpretación del estatuto que no puede menoscabar la fe pública registral en perjuicio de la peticionaria United Federal Savings. Banco de Ponce v. Registrador, 72 D.P.R. 128 (1951).

Incidió, por tanto, el tribunal de instancia al no consi-derar la condición de tercero de United Federal Savings y, en consecuencia, dictar sentencia sumaria ordenando la de-sestimación de la demanda en cuanto a ésta.

Se dictará sentencia revocando la resolución aquí recurri-da.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

—O—

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 1978

El Juez Asociado Señor Torres Rigual

En nuestra opinión del 19 de abril de 1978 resolvimos en este caso que el plazo de cuatro años que establece el Art. 388-A(b) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 703(b), con respecto al término de duración de las anotaciones pre-ventivas se computa desde la fecha de la anotación y no desde la fecha del asiento de presentación del mandamiento de embargo en el Registro.

emitió la opinión del Tribunal.

Concluimos allí que la peticionaria United Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico gozaba de la con-dición de tercero protegido por la fe pública registral con respecto a la cancelación indebida del embargo, pero no con-sideramos si el haberse computado erróneamente el plazo cuadrienal a partir del asiento de presentación constituía una causa de nulidad que surgía claramente del Registro, en cuyo caso, no podía considerarse tercero a la peticionaria.

Acogimos por tal motivo la solicitud de reconsideración presentada por los recurridos Felicita González Silva y otros para considerar la cuestión y exponer los fundamentos que sostienen la condición de tercero de la United Federal Savings.

Como se sabe, nuestro ordenamiento inmobiliario registral va dirigido específicamente a proteger la posición jurídica del tercero que adquiera un derecho de quien en el registro aparezca con facultad para trasmitirlo, aunque después se anule tal facultad por causas que no consten claramente del Registro. Art. 34, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 59. ()

La publicidad registral genera la fe pública que garantiza el tráfico inmobiliario al impartirle confiabilidad a los asientos del Registro. Estos se presumen válidos y legítimos hasta que un tribunal declare su nulidad. Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452, 463 (1947). En virtud de este principio de legitimación se valida el propósito fundamental de nuestro sistema registral de proteger a terceros adquirentes.

La cancelación de la anotación de embargo, por tanto, se presume válida, y, extingue desde luego, en cuanto a tercero la anotación; la dej'a sin vigor publicitario. El proyecto del nuevo Código Hipotecario proclama expresamente esta presunción en el Art. 123: “Se presumirán extinguidos los derechos contenidos en un asiento cancelado.” Los derechos adquiridos pues por un tercero al amparo de un asiento de cancelación no pueden ser afectados, salvo, por supuesto, que posteriormente se anule la cancelación por causas que resulten claramente del Registro. El Art. 97 de la Ley Hipotecaria así lo preceptúa: “La cancelación de las . . . anotaciones preventivas . . . surtirá todos sus efectos en cuanto al tercero que, por efecto de ella, haya adquirido e inscrito algún derecho, aunque después se anule por alguna causa que no resulte claramente del mismo asiento de can-celación.” 30 L.P.R.A. see. 171.

El insigne tratadista Roca Sastre: III Derecho Hipote-cario, 292, 299 (6ta. ed. 1968), afirma que este efecto ex-tintivo de la cancelación en beneficio de tercero se produce aun cuando la cancelación fuera indebida. Téllez Miguélez es del mismo sentir:

“Es decir, que respecto al tercer adquirente, si reúne los requisitos necesarios para merecer la protección registral, la presunción es ‘juris et de jure’, propia del principio de fe pú-blica, y el tercero es mantenido en la situación jurídica creada por el Registro, aunque la cancelación hubiere sido efectuada in-debidamente . . . .” Téllez Miguélez: Legislación Hipotecaria, 168 (Instituto Editorial Reus 1949).

La contención de los recurridos es que precisamente la causa de nulidad de la cancelación de la anotación de embargo surgía claramente del Registro puesto que tanto la fecha de la anotación como la fecha de la cancelación apare-cían del Registro. Arguyen que un mero cómputo matemático hubiese indicado que la cancelación era nula por no haber transcurrido el plazo cuadrienal de vigencia. No estamos de acuerdo.

United Federal Savings no podía efectuar la computación del plazo cuadrienal porque el punto de partida para el cómputo estaba en controversia. La cuestión requería que se armonizaran varias disposiciones de ley en aparente conflicto, específicamente el Art. 388-A(b) y los Arts. 25 y 28 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 703(b) y secs. 50 y 53. () Se trata de una cuestión de interpretación de estatuto que sólo un tribunal puede dilucidar en forma definitiva. Por su naturaleza, la controversia requiere conocimientos especializados fuera del alcance de una persona de mediana instrucción. Véase Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962). A este respecto Barrachina nos dice:

“La causa de nulidad o de rescisión del derecho ha de apa-recer claramente del Registro; esto es, ha de ser manifiesta, que no dé lugar a dudas, y como esto es un punto que á priori no puede resolverse, precisa dejarlo a la apreciación de los Tribunales de justicia, en caso de contienda.” Barrachina: I De-recho Hipotecario y Notarial, pág. 251.

United Federal Savings no podía tener un claro conocimiento de la causa de nulidad de la cancelación sin una previa determinación judicial de esta controversia. Faltaba pues un elemento esencial para el cómputo sin el cual no podría haber conocimiento de ninguna índole — ni claro ni ambiguo — de la causa de nulidad. Por tal razón gozaba de la condición de tercero protegido por la fe pública registral. Su condición jurídica queda fortalecida por las disposiciones del Art. 99 de la Ley Hipotecaria que, en armonía con el propósito fundamental de nuestro sistema registral, provee que se podrá declarar nula la cancelación, pero sin perjuicio de tercero cuando se haya verificado por error o fraude. () Y como ya vimos, la nulidad de la cancelación del embargo en este caso obedece a un error de interpretación del esta-tuto que no puede menoscabar la fe pública registral en per-juicio de la peticionaria United Federal Savings.

Se dictará sentencia revocando la resolución recurrida y se devolverá el caso para que se continúen los procedimientos en armonía con lo aquí expuesto.

      (1) El Art. 34 de la Ley Hipotecaria dispone en lo pertinente:
      “No obstante, lo declarado en la sección anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.”

      (1)E1 Art. 34 de la Ley Hipotecaria dispone en lo pertinente:
      “No obstante lo declarado en la sección anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.” Art. 34, sec. 59.

      ()E1 Art. 388-A(b) en lo pertinente dispone:
      “Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:
      “(a) ..
      “(b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anota-ciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (U) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa . . . .” 30 L.P.R.A. sec. 703(b). (Bastardillas nuestras.)
      Los Arts. 25 y 28 proveen:
      “Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuanto a tercero sino desde la fecha de la inscripción.” 30 L.P.R.A. sec. 50.
      “Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma.” 30 L.P.R.A. see. 53.

      ()E1 Art. 99 de la Ley Hipotecaria provee:
      “Podrá declararse nula la cancelación, mas sin perjuicio de tercero, conforme a lo dispuesto en la see. 171 de este título:
      “1. Cuando se declare falso, nulo o ineficaz el título en cuya virtud se hubiese hecho.
      “2. Cuando se haya verificado por error o fraude.
      “3. Cuando la haya ordenado un juez o tribunal incompetente.” 30 L.P.R.A. see. 173. (Bastardillas nuestras.)


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Francisco Carrillo Norat y Teodoro López Maldonado, demandantes y recurrentes, v. Eduardo Camejo y María Elena Camejo; José Y. Llauger Bosch, Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Ponce, demandados y recurridos.

      Número: R-77-398

      Resuelto: 24 de abril de 1978

      Antonio Zapater Cajigas, abogado de los recurrentes; Miguel Ramón Aguiló, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

A los fines de desarrollar el Reparto Buena Vista en el Municipio de Ponce el dueño de una finca de treinta cuerdas la dividió en ciento cincuenta y seis solares mediante la apro-bación de la Junta de Planificación, sobre cuyos solares im-puso “determinadas condiciones restrictivas y limitaciones exigidas por la Autoridad Federal de Hogares para que dichos solares sean elegibles y cualifiquen para préstamos hipo-tecarios garantizados o asegurados por dicha agencia federal.” Básicamente las condiciones restrictivas limitan el uso de los solares para fines residenciales.

La escritura pública en que se imponen las condiciones restrictivas dispuso que los compradores de los solares afec-tados, así como sus sucesores, causahabientes o cesionarios, quedan obligados al cumplimiento de dichas condiciones, res-tricciones y limitaciones, las que “se imponen como gravamen sobre todos y cada uno de dichos solares y cada venta o trans-misión de derechos en relación con los mismos quedará asi-mismo sujeta.” Las referidas condiciones fueron debida-mente inscritas en el Registro de la Propiedad.

La duración de dichas condiciones, que es objeto de con-troversia en este pleito, quedó establecida por la siguiente cláusula:

“(H-l) TERMINOS: Estos convenios forman parte del te-rreno y serán obligatorios para todas las partes y personas que reclamen derecho sobre los mismos por un período de veinticinco (25) años antes [sic] de la fecha en que estos convenios hayan sido inscritos después de cuya fecha dichos convenios quedarán prorrogados automáticamente por períodos sucesivos de diez (10) años, a menos que un documento firmado por la mayoría de los entonces dueños de los solares haya sido inscrito, acor-dando cambiar total o parcialmente dichos convenios.”

En previsión de que las referidas condiciones restrictivas fueran incumplidas se proveyó el remedio para ello en la siguiente cláusula de la escritura:

“(H-2) CUMPLIMIENTO FORZOSO: Este cumplimiento forzoso se hará mediante procedimiento en ley o en equidad contra cualquier persona o personas que violen o traten de violar cualquier convenio ya sea para impedir su violación o recobrar daños y perjuicios.”

Los demandantes, quienes son dueños respectivos de sen-dos solares en el Reparto Buena Vista, instaron una demanda de injunction contra los esposos Camejo, quienes también son dueños de un solar en dicho Reparto, solicitando que se prohi-biese a los esposos Camejo dedicar su propiedad para fines comerciales, por estar éstos estableciendo allí un local para tratamientos de belleza y para la venta de cosméticos y ar-tículos relacionados, lo cual resulta contrario a las condiciones restrictivas impuestas sobre el solar de éstos.

Los demandados esposos Camejo plantearon entre otras defensas que conforme lo dispone la cláusula H-l de la escri-tura impositiva de restricciones precedentemente citada los dueños de una mayoría de los solares que comprenden el Re-parto Buena Vista autorizaron, mediante escritura pública, la liberación del solar de los esposos demandados de las con-diciones restrictivas y limitaciones impuestas originalmente por virtud de la ya antes mencionada escritura pública Núm. 54 de 1956, cuya liberación fue objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Los demandantes incluyeron como demandado al Regis-trador de la Propiedad y solicitaron que se ordenase a éste cancelar la nota marginal anotada por virtud de la cual se liberaba el solar de los esposos demandados de las restriccio-nes sobre el uso del solar y la edificación allí ubicada, por razón de que tal anotación es nula. El Registrador planteó como defensa la falta de jurisdicción del tribunal de instan-eia sobre su persona invocando las disposiciones del Art. 116 del Reglamento Hipotecario.!) 30 L.P.R.A. sec. 996.

A solicitud de los esposos demandados el tribunal de ins-tancia dictó sentencia sumaria desestimando la demanda e imponiendo a los demandantes el pago de costas y $500.00 de honorarios.

Los demandantes recurren ante nos y esencialmente seña-lan que el tribunal de instancia cometió error al interpretar las cláusulas H-l y H-2 de la mencionada escritura en el sen-tido de que las condiciones restrictivas impuestas sobre los solares del Reparto Buena Vista, que son objeto de este pleito, pueden ser modificadas por una mayoría de los titulares, aun antes del transcurso del período de veinticinco (25) años in-dicado en la escritura. Señalan además que el tribunal erró al condenarle al pago de honorarios de abogado sin haber me-diado temeridad.

Las restricciones inscritas en el Registro de la Propiedad que limitan el uso al que pueden dedicarse unos solares y las edificaciones que en ellos se construyan son servidumbres en equidad que constituyen derechos reales. Castro Lund v. Registrador, 102 D.P.R. 295, 312 (1974); Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739, 744-745 (1954). Por lo tanto no pueden ser canceladas en el Registro en virtud de una mera petición ex parte. Castro Lund v. Registrador, supra, pág. 311; Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 259 (1959). Pueden, sin embargo, ser modificadas o canceladas conforme los términos de la escritura que las establece. En el caso de autos los solares del Reparto Buena Vista quedan los unos respecto de los otros sujetos a las restricciones im-puestas y a la vez beneficiados por las mismas. Esto es, son predios sirvientes y dominantes recíprocamente. En Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 255, citando de Lawton v. Rodriguez Rivera, 35 D.P.R. 487, 494 (1926), dijimos que tales cláusulas restrictivas tienen fuerza legal “siempre que sean razonables, obedezcan a un plan general de mejoras, consten específicamente en el título y se inscriban en el regis-tro de la propiedad.” Estas condiciones han sido factor esen-cial en las consideraciones que tanto el vendedor como el ad-quirente han sopesado para hacer la decisión de efectuar la transacción y han influido en el precio pagado. Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826, 832 (1975).

En Sands, pág. 827, expresamos que “las condiciones res-trictivas en urbanizaciones residenciales tienen el propósito de preservar la belleza, la comodidad y la seguridad del re-parto residencial según éste es concebido por sus arquitectos y constructores.” Mas en el caso de autos tienen una razón de ser adicional: haber sido exigidas por la Autoridad Federal de Hogares para que los solares fuesen elegibles y cualifica-sen para préstamos hipotecarios garantizados por dicha agen-cia federal. Tal estipulación a favor de terceros es la que re-conoce el Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3374, in fine:

“Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.”

Debe considerarse pues que existiendo una cláusula a favor de un tercero, quien presumiblemente puede haber otorgado préstamos hipotecarios descansando en la vigencia y obligatoriedad de esas condiciones, y no siendo el tercero parte en la acción no puede el tribunal de instancia afectar los derechos que la parte ausente pueda tener.

El tribunal de instancia cometió error al sostener que las condiciones restrictivas impuestas a los solares del Re-parto Buena Vista pueden ser modificadas o eliminadas por convenio de la mayoría de los interesados conforme lo dispone la propia escritura. Sostiene el tribunal de instancia que no encuentra que dicha escritura imponga a los propietarios un período limitativo de veinticinco (25) años para efectuar modificaciones o eliminaciones de las aludidas restricciones, y que la prórroga de dicho término solamente tendrá vigencia si las condiciones restrictivas no hubiesen sido eliminadas dentro del período de vigencia original.

Tal interpretación es contraria a las claras disposiciones de la cláusula H-l y haría inoperante el contenido de la referida disposición. No creemos que merezca discusión el evidente error de exigir la obligatoriedad de las condiciones “por un período de veinticinco (25) años ‘antes’ de la fecha en que estos convenios hayan sido inscritos.” El no interpretar que la palabra “antes” quiere decir “después” nos llevaría al absurdo. Al igual que en la interpretación de un estatuto, los varios términos de un contrato deben leerse conjuntamente y armonizarse con el fin de determinar la verdadera intención de las partes. Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739, 744 (1964); Caballero v. Kogan, 73 D.P.R. 666, 674 (1952). Adoptar una interpretación literal de la cláusula sería derrotar los propósitos que se perseguían al incluirla en la escritura.

La intención que revela la cláusula H-l sobre la duración de los convenios, incluyendo naturalmente, las condiciones restrictivas sobre uso residencial, es que habrán de ser inde-finidas, ya que dispone que se prorrogarán automáticamente por períodos sucesivos de diez años, a menos que la mayoría de los dueños de los solares haya inscrito un documento en el que acuerden cambiar total o parcialmente dichos convenios. Esto es, tendrán una duración original de veinticinco años durante cuyo término no pueden ser objeto de cambios. Antes del vencimiento del período original podrá la mayoría acor-dar los cambios que desee, los cuales serán efectivos al ter-minar dicho período original, e inscribirlos en el Registro, en cuyo caso no tendrá vigencia la prórroga. De no hacer cambio alguno en la forma y manera indicada, se prorro-garán automáticamente por diez años adicionales. No ha-biendo transcurrido el período original de veinticinco años no podrán ser efectivos los cambios acordados por la mayoría de los dueños hasta tanto venza el referido período.

Es requisito ineludible para dictar sentencia sumaria a favor de una parte no solamente el que no haya una controversia real en cuanto a algún hecho material, sino, además, que como cuestión de derecho, proceda se dicte a su favor. Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 1958; Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 D.P.R. 481, 484 (1966).

Se expedirá el auto para revocar la sentencia sumaria dic-tada excepto en tanto en cuanto desestima la acción contra él Registrador de la Propiedad, por impedirlo las disposiciones citadas precedentemente contenidas en él Art. 116 del Re-glamento Hipotecario, y se dictará sentencia sumaria orde-nando a los demandados, sus sucesores o causahdbientes, que se abstengan de utilizar el solar de su propiedad para fines comerciales por prohibirlo afirmativamente las cláusulas H-l y H-2 de la escritura publica número 51 otorgada en SI de mayo de 1956 ante él Notario Público Francisco Parra Toro.

Los Jueces Asociados Señores Rigau, Irizarry Yunqué y Negrón García no intervinieron.

      (1)E1 cual dispone:
      “Independientemente de la reclamación gubernativa expresada en la sección anterior, los interesados podrán acudir a los tribunales para venti-lar y contender entre sí acerca de la validez y consiguiente inscripción de las escrituras, así como de la nulidad o validez de la obligación en ellas contenidas.
      “En el juicio que con estos objetos se siga entre los interesados no será parte el registrador, contra quien no procederá reclamación judicial, con arreglo a las disposiciones de la ley, sino en el caso de que se entable contra él personalmente formal demanda para exigirle la responsabilidad civil o criminal a que por sus actos haya podido dar lugar.”


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Daniel Díaz Ríos c/p Langay, acusado y apelante.

      Número: CR-77-84

      Resuelto: 25 de abril de 1978

      E. L. Belén Trujillo, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

José Jiménez Padilla, chófer de taxi, salió de su hogar como a las 3:00 a.m. el sábado 21 septiembre, 1974, para iniciar su jornada de trabajo con la empresa a que pertenecía. Su esposa no lo volvió a ver hasta dos días después, muerto, en el Instituto de Medicina Legal donde identificó el cadáver que había aparecido ya descompuesto en un lugar apartado de Cupey Alto, Río Piedras. Habían desa-parecido su cartera y reloj. El taxi lo encontraron quemado en el vertedero de Caguas. El caso quedó en el misterio, hasta que pasado un año el cómplice José Manuel Torres Ramos informó a la Policía cómo el acusado y él habían de-tenido el taxi en San Juan dirigiéndolo al lugar escogido donde en determinado momento el acusado disparó contra el taxista.() Procesado por cargos de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas, el jurado produjo veredictos de culpabilidad en los delitos graves, y el juez absolvió en el Art. 6.

En apelación se hace el siguiente señalamiento único:

“Cometió error el Hon. Tribunal sentenciador (jurado) al dirimir la prueba y darle crédito al testimonio del señor co-autor don José Manuel Torres Ramos.”

Después de examinados detenidamente tanto la exposi-ción narrativa de la prueba como la transcripción del con-trainterrogatorio del citado testigo Torres Ramos que consta de 125 páginas, no encontramos error alguno en el proceso.

Las contradicciones o equivocaciones secundarias en el testimonio del referido cómplice respecto a si el delito se cometió viernes 20 o sábado 21 de septiembre de 1974, a una u otra hora; si el lugar donde dejaron el cadáver es jurisdic-ción de Trujillo Alto o de Cupey, Río Piedras; si hubo o no conversación en el taxi ya encaminado al fin trágico de su chófer; y si el cadáver fue pasado sobre un muro o dejado junto a una baranda, son por simple definición detalles sin trascendencia que no afectaban la cuestión medular ante el jurado de que un hombre había sido muerto para robarle. Leves fueron dichas contradicciones si su autor y coautor del delito es persona de grandes limitaciones en su expresión, impuestas por su pobre formación cultural que terminó en el 7o grado de escuela elemental y por una adicción a marihuana que empezó a los 12 años, hallándose a la fecha del juicio a sus 19 años en proceso de rehabilitación en un hogar CREA; con una indiferencia de diletante sin preocupaciones, que se manifiesta en algunas de sus contestaciones. () El propio testigo excusa su ignorancia en el siguiente pasaje que tomamos de la T.E. pág. 65:

“P. Ahora le pregunto, por qué aquí le dijo al Fiscal, ‘que luego me enteré que había quemado el taxi’; y por qué no le dijo, mire, Langay me dijo a mí que había quemado ese taxi, que él había quemado ese taxi al otro día por la mañana.
R. Las facilidades que me salió para decírselo fueron esas.”

En todo recurso de apelación la función de este Tribunal se cumple revisando el legajo de la sentencia guiado por los señalamientos de error o planteamientos de derecho del apelante hasta quedar satisfecho de que el acusado tuvo un juicio imparcial y objetivo. Hay que recordar que todo acusado tiene derecho a un juicio justo, que no significa necesariamente un juicio perfecto. Este Tribunal intervendrá con el veredicto del jurado o el fallo del juez de derecho únicamente cuando esté enervado por error que hiere derechos fundamentales de la persona y que en su proyección y consecuencia estremezca el sentido básico de justicia. El énfasis insistente en recursos técnicos de procedimiento criminal muy poco adelanta la causa si no plantea la vindicación de un derecho. El procedimiento ha adquirido una exuberancia que a veces nos oculta el tronco, el diseño fundamental de “juicio rápido y público” que en sencilla depuración de la prueba sirva tanto al derecho del ofensor como al de la sociedad agraviada. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Ya antes dijimos: “Al cabo de tantos años de iluminantes desarrollos en nuestro sistema de enjuiciamiento vale preguntarnos en acuciosa exégesis: ¿Tendremos un curso procesal justo tanto para el Estado como el acusado, o una carrera de obstáculos todos los cuales han de ser salvados impecablemente antes de que siquiera pueda iniciarse el juicio con las más estrictas garantías de limpieza?” Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96, 100 (1975).

Fue correcta la estimación de la prueba por el jurado, y siendo ésta suficiente para establecer la comisión de los delitos imputados, no intervendremos con su apreciación. Pueblo v. Vázquez López, 98 D.P.R. 15-17 (1969); Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82-84 (1974).

Con estos antecedentes y fundamentos las sentencias de reclusión perpetua y de 2 a k años de presidio, concurrente con la primera dictadas el 1U de abril de 1977 por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, serán confirmadas.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      O El patólogo encontró cuatro heridas de bala, dos en el tórax que provocaron la hemorragia interna severa que terminó la vida.

      “(2) “DEFENSA:
      “P. No conoce, no sabe cuáles son las horas del día ni tiene una idea de las horas en que vive.
      “R. No señor.
      “P. No conoce lo que es un minuto ni un segundo. No se ha interesado en aprender.
      “R. No.
      “P. Tampoco se ha interesado en aprender los días de la semana.
      “R. No.
      “P. Ni los días del mes.
      “R. No.
      “P. Ni se acuerda qué día es hoy.
      “R. Jueves.
      “P. ¿ Usted no se acuerda de nada, de ningún día ?
      “R. Me acuerdo de algunos días.
      “P. De algunos días. Dígame un día que usted se acuerde.
      “R. El día que ingresé al Hogar Crea.
      “P. ¿ Qué día ingresó usted al Hogar Crea.
      “R. Un domingo.
      “P. ¿Tampoco sabe cuándo es que se celebra el descubrimiento de Puerto Rico?
      “R. No señor.
      “P. ¿Ah?
      “R. No señor.
      “P. Ni sabe cuándo se celebra la Independencia de los Estados Unidos ?
      “R. No señor.” (T.E. págs. 118-120.)


text:
    Rubén Berríos Martínez, demandante y recurrido, v. Universidad de Puerto Rico y Consejo de Educación Superior, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-349

      Resuelto: 28 de abril de 1978

      Géigel, Silva, Soler Favale & Arroyo, abogados de los recurren-tes; Raúl Tirado Rodríguez, abogado del recurrido.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión en el recurso de epígrafe no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—0—

Voto disidente emitido por

el Juez Asociado Señor Martín al cual se une el Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 1978

Yo expediría el auto para revisar la sentencia dictada por el tribunal de instancia que revocó la Resolución del Con-sejo de Educación Superior que a su vez confirmó la deter-minación del Rector del Recinto de Río Piedras de la Univer-sidad de Puerto Rico de no conceder al recurrido un nuevo nombramiento como Catedrático Auxiliar de la Facultad de Derecho para el año académico 1971-72.

La expedición del auto hubiera dado al Tribunal la opor-tunidad de tener ante sí todos los documentos que aparecen en el expediente del caso y que fueron objeto de examen, estudio, consideración y análisis a través de todo el procedi-miento administrativo que se siguió en este caso.

Este caso, a mi juicio, plantea básicamente los derechos de un catedrático nombrado con carácter de probatorio, a la luz de las normas y procedimientos existentes en la Universi-dad de Puerto Rico para la evaluación y concesión de perma-nencia en su puesto docente. Véanse por ejemplo: Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1972); Board of Regents of State Colleges et al. v. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479 (1960).

Por ser casi imposible anticipar un criterio sobre la con-troversia planteada exclusivamente a base de la sentencia del tribunal de instancia y ante la inexistencia de doctrina de este Tribunal sobre el particular, me parece de rigor el que nos pronunciemos sobre ello para dejar sentado cuál habrá de ser la ingerencia de los tribunales en casos como éste. Espe-cialmente debe quedar aclarada la disposición que del caso hace el tribunal de instancia. Al quedar sin efecto la deter-minación inicial del Comité de Permanencia de la Facultad de Derecho que acordó recomendar al Rector que no se reno-vara el contrato de un año de catedrático auxiliar probatorio al Profesor Rubén Berrios Martínez, surgen las siguientes interrogantes. ¿Puede ser sometido el Profesor Berrios a una nueva evaluación antes de que el Rector le extienda un nuevo nombramiento por un año adicional? ¿Queda obligado el Rector a nombrarle por un año adicional? ¿Luego de nombrado por un año adicional queda el Profesor Berrios sujeto a una evaluación adicional para decidir sobre su permanencia? ¿Está el Tribunal insinuando como cuestión de derecho que luego de nombrado por un año adicional, que sería su quinto año, tiene el derecho a la permanencia independientemente de la evaluación a que pueda ser sometido durante ese último año de probatoria? ¿Se justifica que se reponga al Profesor Berrios con carácter retroactivo?

Lógicamente la Universidad de Puerto Rico queda sin una orientación debida en cuanto a qué determinaciones tomar con respecto a la sentencia del tribunal de instancia.

Los hechos que constituyen el trasfondo de este caso pue-den resumirse como sigue. Berrios comenzó a prestar servi-cios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, como catedrático auxiliar con carácter probatorio el día 1 de julio de 1967 mediante nombramiento extendídole por el Rector del Recinto de Río Piedras. Se le asignaron los cur-sos de Introducción al Derecho, de Derecho Internacional Público y de Daños y Perjuicios. Su labor era de tarea com-pleta.

Por ser de carácter probatorio su nombramiento queda sujeto a la disposición del Reglamento de la Universidad que exige que cada año el Decano de una Facultad “someterá al Rector un informe relativo a la naturaleza y calidad de los servicios prestados por el personal de nombramiento proba-torio, y las recomendaciones que al propósito estime opor-tunas. En los casos en que estos informes y recomendaciones sean desfavorables, se enviará copia al personal afectado.” Reglamento Universidad de Puerto Rico, promulgado el 23 de junio de 1950. Aunque dicho reglamento .habría de ser suplantado por el Reglamento General que requiere la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. see. 601 et seq., especialmente la sec. 602(e) (5), aquél está aún en vigor por no haberse aprobado el segundo.

A la fecha en que fue designado Berrios catedrático auxi-liar estaban en vigor las Normas y Procedimientos para la Evaluación y Concesión de Permanencia al Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico, aprobadas el 18 de no-viembre de 1964 por la Junta Universitaria. Véase Certi-ficación Núm. 22 (año 1964-65), Junta Universitaria, Uni-versidad de Puerto Rico, expedida en 25 de noviembre de 1964. Unas normas sustancialmente iguales habían sido apro-badas por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras en 6 de febrero de ese mismo año.!) Dichas Normas dispo-nían que no cobrarían vigencia hasta tanto fueren aprobadas por el Consejo Superior de Enseñanza. A pesar de que el Con-sejo Superior nunca actuó sobre las Normas aludidas las mismas fueron consideradas durante el tiempo a que se con-traen las actuaciones en este caso como Normas de facto, y las autoridades universitarias cumplían con ellas con el bene-plácito de los catedráticos probatorios.

Conforme lo disponen las Normas de la Junta Universi-taria, el Comité de Permanencia estaría integrado por el Decano como presidente ex officio y un número de miembros según lo determinara la facultad, electos por ésta de entre sus profesores con nombramiento permanente y con tarea completa. El Comité habría de hacer dos evaluaciones obliga-torias exhaustivas sobre la competencia del profesor y todas aquellas adicionales que estimare necesarias. El primer in-forme obligatorio sería antes de terminar el primer semestre del segundo año en que el profesor prestara servicios. El re-ferido informe deberá expresar la recomendación del Comité sobre la deseabilidad de extender un nuevo nombramiento. El Decano de la Facultad formulará su propia recomenda-ción al Rector del recinto, conforme lo disponía el Regla-mento. Las evaluaciones y recomendaciones contenidas en ese primer informe se basarán, entre otros factores, según las Normas señaladas, en los siguientes:

1. La capacidad del profesor para la enseñanza, la inves-tigación y la creación.
2. El cumplimiento de sus deberes.
3. La preparación y mejoramiento académico.

El segundo informe obligatorio sería durante el segundo semestre del cuarto año de servicios, en los casos en que el profesor fuere candidato a la permanencia a la terminación del siguiente año académico, que sería su quinto año. Los factores que entran en juego en la segunda evaluación com-prenden los ya mencionados para la primera evaluación. Pero, en adición, se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Publicaciones.
2. Trabajos de investigación y de creación.
3. Servicios prestados a la Universidad.
4. Honores y reconocimientos.
5. Opiniones fundamentadas y sustanciadas de sus com-pañeros claustrales.

Proveen, además, las Normas que si la denegación de la permanencia ha de ser recomendada, el Decano de la Facul-tad correspondiente lo comunicará por escrito al interesado al final de su cuarto año de servicios.

La sentencia del tribunal revela que la evaluación fue hecha por el Comité de Permanencia al final del cuarto año de probatoria. Su dictamen adverso fue comunicado al Rector quien decidió no renovar el contrato del Profesor Berrios. Tal dictamen fue confirmado por el Presidente de la Univer-sidad y luego por el Consejo Superior de Enseñanza. La sen-tencia está fundamentada básicamente en la opinión disidente del Profesor Efraín González Tejera en su carácter de miem-bro del Comité de Permanencia, y en la opinión disidente del Dr. Roberto Buso, miembro del Consejo Superior de Ense-ñanza. No hemos tenido el beneficio de examinar tales opi-niones disidentes, ni el beneficio de examinar todos los docu-mentos que forman parte del expediente administrativo. Rei-tero pues que en esas circunstancias no puedo formar criterio en cuanto a si la sentencia del tribunal de instancia encuen-tra apoyo en la totalidad de la evidencia.

Es sabido que el alcance de la revisión judicial de las de-terminaciones de agencias administrativas se limitan a cues-tiones de derecho, siendo una cuestión de derecho el determi-nar si la decisión del organismo administrativo está sostenida por evidencia sustancial, tomando el récord en su totalidad. Véanse Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755, 760-761 (1962); Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 8 (1959); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 7-8 (1957); Eastern Sugar Associates v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 874, 386 (1954).

La función de este Tribunal en un caso como el de autos, no es la de revisar la decisión de la agencia administrativa en cuestión, sino revisar la decisión del tribunal de instancia, el que ya hizo una determinación en torno a la apreciación de la prueba que hiciere el organismo administrativo. Para ello es necesario aplicar la norma de evidencia sustancial a base de la totalidad del récord. Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151, 155 (1973), citando de Universal Camera Corp. v. N.L.R.B., 340 U.S. 474, 490-491 (1951).

Por otro lado debe reconocerse que, en ausencia de viola-ciones a derechos constitucionales, los tribunales únicamente deben intervenir en la revisión de actuaciones de organismos educativos cuando son patentemente arbitrarias o carecen de base racional. Esta función debe realizarse con suma cau-tela ya que los jueces no cuentan con la información ni el peritaje (expertise) para revisar decisiones sobre evalua-ciones de personal docente. Las cortes no son los organismos apropiados para administrar el sistema educativo ni para resolver los conflictos que surgen de la operación diaria de los centros de enseñanza, a menos que se infrinjan directa-mente valores constitucionales fundamentales. Véanse Carpenter v. City of Greenfield School District No. 6, 358 F.Supp. 220, 226 (1973); Orr v. Trinter, 444 F.2d 128 (1971); Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97, 104 (1968); Developments in the Law—Academic Freedom, 81 Harv. L. Rev. 1045, 1051-1055 (1968). Debe señalarse que el tribunal de instancia no encontró violaciones a los derechos constitu-cionales del Profesor Berríos.

Siendo de carácter subjetivo los criterios de evaluación contenidos en las Normas y Procedimientos para la Evalua-ción y Concesión de Permanencia al Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico, citadas precedentemente, debe darse gran peso al juicio de las personas que en primera ins-tancia tienen la responsabilidad de formular conclusiones sobre ellas a menos que tal juicio fuese claramente arbitrario o que no encuentre apoyo en la evidencia.

En mérito de lo expuesto precedentemente, y sin ánimo de expresar criterio sobre los méritos de este caso en particular, reitero mi opinión de que este Tribunal debió haber expedido el auto en este caso para examinar el récord admi-nistrativo en su totalidad y trazar las pautas que deben regir a los organismos de la Universidad de Puerto Rico que en-tienden en la evaluación del personal docente; y especial-mente para que la disposición que hizo de este caso el tribunal de instancia pueda quedar aclarada a los fines de que dicha institución pueda tomar las providencias que fueren menes-ter.

      (1)La Facultad de Derecho adoptó en 28 de febrero de 1968 unas normas de evaluación para la concesión de permanencias, sustancialmente iguales a las de la Junta Universitaria. El entonces Rector del Recinto de Río Piedras, Abrahán Díaz González las creyó excelentes y las circuló a las otras facultades.