text:
    Luz Minerva Ortiz Rosa, demandante y recurrente, v. Joaquín Acevedo Moreno, Alcalde del Municipio de Aguadilla, demandado y recurrido.

      Número: R-78-230

      Resuelto: 7 de noviembre de 1978

      Antonio Reyes Delgado, abogado de la recurrente; Roldan & Már-quez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El día 1° de julio de 1976 la Sra. Alcaldesa de Aguadilla nombró a la recurrente Luz Minerva Ortiz Rosa directora del Centro Geriátrico del Barrio Higuey, “con carácter provisional y hasta tanto sus servicios sean necesarios en esta Ad-ministración”, con sueldo de $425.00 mensuales. En las elec-ciones generales del 2 de noviembre de ese año resultó electo el Sr. Acevedo Moreno por un partido distinto al de la Alcal-desa Sra. Igartúa de Suárez y el 31 de diciembre siguiente la ejecutivo municipal saliente extendió un nuevo nombramiento para el mismo cargo a la recurrente Ortiz Rosa, esta vez “con carácter permanente” que ella aceptó el mismo día. El 14 de febrero de 1977 el nuevo Alcalde envió a dicha Directora del Centro Geriátrico una carta de cesantía y despido invocando como razón la nulidad de su nombramiento en contravención del Art. 4.7 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.

La empleada despedida presentó solicitud de mandamus eontra el Alcalde ante la Sala de Aguadilla, impugnando la separación por haberse efectuado sin previa formulación de cargos, sin ser oída en vista y sin causa justificada, alegando discrimen político y exigiendo su reposición en el empleo con abono de salarios devengados durante la cesantía. Después de un juicio en los méritos, el Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda.

Al recurso de la empleada, considerando el debido proceso para destitución de empleados del Art. 93 de la Ley Municipal (21 L.P.R.A. sec. 1553), nuestra decisión sobre perma-nencia de los empleados municipales en Bezares v. González, Alcalde, 84 D.P.R. 468 (1962), y el posible impacto de la See. 4.7 de la Ley de Personal (Núm. 5 de 14 octubre de 1975) en su prohibición a la autoridad nominadora de intervenir con el personal por dos meses anteriores y dos meses siguientes a las elecciones generales, decidimos revisar.

Para el Io de julio de 1976 cuando se extendió nombramiento “provisional” a la recurrente no había entrado en vigor la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico que es la Núm. 5 de 14 de octubre, 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.). Su Sec. 10.7 dispuso que con excepción de lo referente a la estructuración de la Oficina, las demás disposiciones entrarían en vigor “una vez aprobada y promulgada la reglamentación necesaria para instrumentar [la] ley, lo cual deberá hacerse en un período no mayor de doce meses a partir de [su] aprobación” y dicho Reglamento comenzó a regir antes del 31 de diciembre de 1976. El nombramiento quedó reglado por el Art. 91 de la Ley Municipal (21 L.P.R.A. see. 1551) disponente que los nombramientos hechos por el Alcalde se harán por un término probatorio de seis (6) meses, durante el cual el Alcalde evaluará los servicios prestados por el nuevo empleado; y si determinare durante ese período probatorio que los servicios del nuevo empleado no son satisfactorios, podrá dejar sin efecto el nombramiento en cualquier momento no siendo de aplicación lo preceptuado en el Art. 93 de la Ley (21 L.P.R.A. see. 1553) () sobre previa formulación de cargos y vista. Cf. León v. Junta de Personal, 100 D.P.R. 351, 354 y ss. (1972).

Hemos de presumir que la empleada demostró su aptitud y confiabilidad para ejercer el cargo durante el período de prueba práctica, toda vez que el 31 de diciembre de 1976 se le extendió un nombramiento permanente. Para esta fecha ya regía la Ley de Personal del Servicio Público, supra, que en su See. 4.7 (3 L.P.R.A. see. 1337) ordena:

“A los fines de asegurar la fiel aplicación de mérito en el ser-vicio público durante períodos pre y post eleccionarios, las auto-ridades deberán abstenerse de efectuar cualquier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cam-bios de categoría de empleados.
Esta prohibición comprenderá el período de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las Elecciones Generales en Puerto Rico. En el caso de los municipios se entenderá que la prohibición se extiende hasta el segundo lunes del mes de enero siguiente a dichas Elecciones Generales.
Se podrá hacer excepción de esta prohibición por necesidades urgentes del servicio, previa la aprobación del Director, con-forme a las normas que se establezcan mediante Reglamento.”

La extensión de nombramiento permanente por la Alcaldesa fue un cambio de categoría realizado después de las elecciones, una de las intervenciones con el personal específicamente vedada por la transcrita See. 4.7 durante el período de dos meses que se extendió del 6 de noviembre de 1976 al 5 de enero() de 1977. No se alegó ni se probó que el nombra-miento fuese de excepción, reconocida por el estatuto, cuando responde a necesidades urgentes del servicio público, por lo que dicho nombramiento “permanente” fue espurio y sin con-secuencia jurídica alguna por contravenir la expresa disposi-ción de ley.

La prohibición contenida en la citada See. 4.7 es salvaguarda por excelencia del principio de mérito que rige el servicio público,!) detente legislado para los cuatro meses en que por llegar a máxima efervescencia las pasiones políticas, pueden las flaquezas humanas traducidas a bondad para los partidarios o represalia contra el adversario, determinar cambios en el personal extraños y opuestos al fundamental principio. Cf. Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978). No se probó, ni siquiera se sugirió que la Alcaldesa de Aguadilla dispensara un favor político al extender nombramiento permanente a la recurrente, mas la presunción de que los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad, Art. 102(15) Ley de Evidencia — 32 L.P.R.A. see. 1887 (15) — no protege su actuación, pues no hay duda de que la ley no fue acatada. La severidad de la prohibición que toma cuerpo en la diáfana redacción del estatuto, no queda enervada por los buenos propósitos de la autoridad no-minadora. () Unicamente para el caso de necesidad urgente del servicio público, cede la prohibición pero en forma condi-cionada a la previa aprobación del Director de Personal y conforme a las normas del Reglamento.!) El nombramiento impugnado nunca satisfizo la excepción a la disposición pro-hibitiva y es nulo por ser un acto ejecutado contra lo dis-puesto en la ley. Art. 4, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4).

La sentencia revisada será confirmada.

      (1)En lo pertinente dispone el Art. 93 de la Ley Municipal:
      “. . . Los funcionarios y empleados municipales podrán ser destituidos por el Alcalde, por justa causa, previa formulación de cargos y previa au-diencia señalada con diez (10) días de anticipación.”

      (2) Tanto la recurrente como el juez sentenciador expresaron preocu-pación porque la Alcaldesa pudo haber superado la prohibición ya que ocupó su puesto hasta el 9 de enero de 1977, y los dos meses post elecciona-rios habían expirado el 5 de enero. La Ley de Personal fue enmendada por la Núm. 49 de 7 de junio de 1977, pág. 110, insertando en la See. 4.7 lo siguiente: “En el caso de los municipios se entenderá que la prohibición se extiende hasta el segundo lunes del mes de enero siguiente a dichas Elec-ciones Generales.” Este segundo lunes de 1977 cayó en 10 de enero.

      (3)Art. 2. — Declaración de Política Pública (3 L.P.R.A. see. 1311):
      “La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo relativo al personal del servicio público, es la que a continuación se expresa r
      “(1) Establecer el mérito como el principio que regirá todo el servicio público, de modo que sean los más aptos los que sirvan al Gobierno y que todo empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su em-pleo en consideración al mérito y a la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas.
      “(2) A fin de asegurar la extensión y el fortalecimiento del principio de mérito a todos los sectores del servicio público puertorriqueño, todos los empleados públicos sean éstos empleados estatales, municipales, o de cor-poraciones públicas, estarán cubiertos por un solo sistema de personal, esta-blecido para hacer cumplir el principio de mérito, el cual se conocerá como Sistema de Personal del Servicio Público.”

        (*) Art. 20. Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 20):
      “Cuando las leyes, para prevenir fraudes o por motivos de utilidad pública, declaren ciertos actos nulos, sus disposiciones no deben ser dispen-sadas o incumplidas por la razón de que haya sido probado que en la cues-tión particular de que se trate no haya fraude o no resulte ser contraria a la utilidad pública.”

      (6)E1 Art. 11 del Reglamentó de Personal (OCAP) luego de transcri-bir el 1° y 2° párrafos de esta See. 4.7 de la Ley, explica:
      “Esta prohibición será absoluta a excepción de aquellas transacciones de personal en que el abstenerse de efectuarlas afectaría adversamente los servicios que se prestan en programas esenciales.
      “Toda excepción deberá tener la aprobación previa del Director. En la solicitud al Director deberán indicarse los efectos adversos que deben evi-tarse mediante la excepción.”


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author: per CURIAM:

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text:
    Francisca Rivera Vda. de Morales, demandante y recurrente, v. Héctor de Jesús Toro, demandado y recurrido.

      Número: R-78-91

      Resuelto: 8 de noviembre de 1978

      R. E. Febus Bernardini, abogado de la recurrente; Héctor Lugo Bougal, abogado del recurrido.
   per CURIAM:

El 15 de junio de 1974 Héctor de Jesús Toro dio muerte a Angel Luis Morales mientras éste instalaba un portón frente a su casa en el Barrio Tallaboa Saliente de Peñuelas. La agresión fue presenciada por la viuda de la víc-tima ; y dos hermanas vecinas del lugar llamadas Magdalena y Madeline Feliciano, de 15 y 17 años, respectivamente, a la fecha del suceso. El autor de la muerte fue acusado de asesi-nato en primer grado () y un jurado de Ponce trajo un vere-dicto de culpabilidad por homicidio voluntario. El 4 de marzo de 1975 se le dictó sentencia de 3 a 5 años de reclusión, sus-pendida en el acto y puesto el convicto bajo un régimen pro-batorio que no contiene condición alguna relativa a compen-sación económica de la viuda demandante que había estado unida en matrimonio al occiso por más de 16-1/2 años, hasta ese mismo día.

Más de cuatro años han transcurrido sin que esta socie-dad haya provisto más reparación del agravio que representa la extinción de la vida de uno de sus miembros. A pesar de que la cónyuge superviviente radicó demanda de daños y per-juicios el 12 de agosto de 1974 y de que instruimos al juez de instancia para que al resolver el pleito civil tomara en con-sideración, como evidencia prima facie de acto criminoso, el pliego acusatorio, el veredicto y la sentencia del caso criminal a tenor de lo resuelto en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976), atendemos ahora con la prontitud que ofrece la Regla 50 de nuestro Reglamento, al recurso de revi-sión de la demandante contra sentencia de 7 de febrero de 1978 que desestimó su demanda.

La prueba en el pleito fue conflictiva, pero el conflicto fue suscitado exclusivamente por el testimonio del demandado re-currido que para sustanciar su alegación de defensa propia en circunstancias eximentes de culpa, declaró que Morales le tiró con un martillo que le dio en un diente, y cayó sobre la verja. “Lo vi venir hacia mí con un machete y busqué algo con qué defenderme y entonces saqué el revólver.” E.N.P. pág. 10. Las jóvenes vecinas que presenciaron los hechos sostuvieron en juicio que el demandado se bajó de su jeep e increpó a Mo-rales por estar construyendo un portón que obstruía el paso de una máquina de trabajo hacia su finca y que en el cambio de palabras sacó el revólver e hizo un primer disparo a la ca-beza de Morales quien para defenderse levantó la mano a la altura de su frente, () y un segundo disparo cuando ya la víctima se desplomaba. E.N.P. págs. 3 y 6.

El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.

Notamos que el juez de instancia no dio el debido peso a la calidad de evidencia prima facie que tiene la convicción del demandado por veredicto de culpabilidad de homicidio. Su testimonio exculpatorio ni siquiera sembró duda razonable en el jurado que rechazó la teoría de defensa propia, negándose a creer que el acusado disparara desde el piso, que un golpe de martillo en la cara sólo afectara parte de un diente y que Morales que avanzaba machete en mano hacia su adversario caído no lograra otra cosa que la acción refleja de intentar detener con la palma de la mano la bala que destrozó su cerebro. Si el demandado, enfrentando una acusación de asesinato en primer grado con un defensor eficiente no logró plantar duda en el jurado, tampoco ha debido su testimonio aislado e interesado derrotar el valor probatorio de su convicción, al ser evaluada en el pleito civil. La prueba de negligencia civil es de menor grado y rigor, que la exigida para derrotar la presunción de inocencia en el caso criminal. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978). Es al grado de prueba en una y otra acción, a la presunción de inocencia, al innegable efecto de una defensa eficaz ante jurado, cuerpo que no tiene ni está obligado por las disciplinas de juridicidad, de óptima objetividad y exclusión de todo factor emocional que caracterizan el tribunal de derecho, que invitamos la atención del juzgador al resolver en Toro Lugo, supra, que al presidir la causa civil deberá hacer “su propia apreciación de toda la prueba dirigida por la premisa fundamental de que, ante la diversa naturaleza y finalidad de las acciones que se ejercitan en una causa criminal y en un juicio civil, y la esencial diferencia del grado de culpa o negligencia requerido para sostener un fallo en una y otra, así como los variados factores que pesan en el veredicto cuando el caso se ha visto ante jurado, se impone una nueva e independiente estimación de toda la prueba a la luz de distintas valoraciones jurídicas.” (Bastardillas nuestras.) Más adelante expresamos como parte del ratio decidendi el propósito de acabar con “el sofisma de que ningún valor tienen en el pleito los procedi-mientos habidos y los hechos determinados en un juicio criminal seguido con el esmero procesal que garantiza nuestra Constitución.”

Cuando la prueba del acusado demandado no supera, como en el presente caso, el valor de evidencia prima facie de la realización de un hecho delictivo que tiene la convicción en el caso criminal, la sentencia en el pleito civil debe ser consistente con el veredicto o fallo recaído en aquél.

Renuentes como somos a intervenir con el arbitrio del juz-gador hemos de hacerlo en este caso por las razones apuntadas y para que no quede trunca la justicia.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia revisada y en su lugar se dictará otra declarando con lugar la demanda y condenando al demandado recurrido a pagar a la deman-dante recurrente la suma de veinticinco mil dólares {$25,000.00) como indemnización por sus sufrimientos mora-les y angustias mentales, intereses legales sobre dicha cuan-tía a partir de la fecha de radicación de la demanda, dos mil quinientos dólares ($2,500.00) para honorarios de abogado, y las costas. Revocada.

      (i)No aparece que se le acusara por portación ilegal de armas, a pesar de que él describió su gestión ese día como la de llevar almuerzo a dos em-pleados e inspeccionar la labor de éstos. E.N.P. 9-10. Sobre portación ilegal por persona con licencia, véase Pueblo v. Quiñones, 65 D.P.R. 581 (1946) y la prohibición del Art. 21 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 481) en lo que concierne a personas que supervisen obreros mientras se encuentren en el sitio de trabajo.

      (z) Corresponde con el hallazgo en la autopsia de herida de hala que atravesó la mano, penetrando el proyectil en el cráneo, a la altura del arco superciliar derecho “de delante a atrás atravesando toda la masa encefá-lica, deteniéndose al hacer impacto dentro de la cavidad con el hueso occipital.”


author: per curiam;

text:
    Marilú Ortiz, demandante y recurrida, v. Juan Ramón Vega, demandado y recurrente.

      Número: R-78-262

      Resuelto: 10 de noviembre de 1978

      Rafael Quiñones Cruz, abogado del recurrente; Ismael Cuevas Velázquez, abogado de la recurrida.
   per curiam;

El 27 de agosto de 1975 dictó sentencia el Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. José F. Rodrí-guez Rivera, Juez), en que decretó el divorcio entre Marilú Ortiz y Juan Ramón Vega. La sentencia declaró con lugar una reconvención del marido demandado y basó el decreto de divorcio en la causal de trato cruel de parte de la esposa hacia el demandado reconvinista. Dispuso que el marido tendría la patria potestad y custodia de los hijos del matrimonio, un varón y una niña, que entonces contaban 4 y 2 años de edad, respectivamente. Desde entonces los niños han vivido en com-pañía de su padre.

Más de un año después de dictada la sentencia aludida, la madre de los niños presentó moción en que reclamó su cus-todia. El único fundamento que para ello adujo en su moción fue la alegada ilegalidad o nulidad de la sentencia. Por reso-lución de 28 de enero de 1977 el tribunal de instancia, por voz del mismo juez que decretó el divorcio, desestimó el plan-teamiento sobre nulidad de sentencia. No obstante, dispuso que por la Oficina de Relaciones de Familia se hiciera una in-vestigación sobre la conveniencia de los menores a los fines de resolver sobre el aspecto de su patria potestad y custodia. Se hizo la investigación, que tomó varios meses — se concedieron primero 60 días para ello, y luego una prórroga por 60 días adicionales — y finalmente se rindió un informe en que se re-comendó que los niños permanezcan con el padre. No obstante, el tribunal de instancia, esta vez por voz de otro juez (la Hon. Zulma Zayas Puig), dispuso que los niños sean entregados a la madre, concediendo a ambos padres la patria potestad so-bre ellos. El padre nos ha solicitado que revisemos dicha de-terminación.

De ordinario nos abstenemos de alterar las determinaciones de un tribunal de instancia en asuntos sobre relaciones de familia, en que reconocemos una amplia discreción al juez. La totalidad de las circunstancias presentes en este caso nos mueve a apartarnos de dicha norma de abstención y resolver como intimamos en resolución de 21 de septiembre de 1978, en que requerimos de la recurrida mostrar causa por la cual no debamos dejar vigente lo dispuesto por la sentencia de divorcio de 27 de agosto de 1975. Por única respuesta la recurrida nos pide que paralicemos los procedimientos y le concedamos oportunidad de ofrecer prueba adicional ante el tribunal de instancia.

Las determinaciones de hechos de la sala de instancia, que respetamos, revelan que tanto la madre como el padre de los niños trabajan fuera del hogar. Ella es soltera, está empleada en una empresa en que realiza trabajos en diplomas y lami-nado, y además realiza cobros. Reside sola en un condominio. Sus padres residen cerca y estarían dispuestos a cuidar de sus nietos. El recurrente trabaja en Cataño en una fábrica, en turno de 8:00 de la tarde a 11:30 de la noche. Está casado y reside en un barrio de Guaynabo. Su señora madre le ayuda a cuidar de los niños, particularmente la nena, que es enfer-miza. Tanto la madre como el padre de los niños “demuestran querer a sus hijos.” El alegó infidelidad de su ex esposa como la verdadera causal de su divorcio de ella, lo que no probó por no haberse admitido por el tribunal determinadas cartas que él ofreció. Alega además que ella abandonó a los niños en casa de la madre de él y durante más de un año no los procuró.

De las determinaciones de hechos del tribunal de instancia no se desprende que los niños hayan estado mal atendidos, o que su bienestar físico y mental se haya afeetado o se haya de afectar si permanecen como hasta ahora bajo la custodia del padre. El razonamiento que parece ha tenido mayor peso para justificar la resolución recurrida es, según se concluyó como cuestión de Derecho, que el ambiente de cariño, afecto y comprensión que pueda rodear a los niños es de importancia esencial para su bienestar y desarrollo, y que “ [la] madre está en una posición superior y preeminente para suministrar ese cariño y ese cuidado afectuoso.” Esta conclusión no es necesariamente así frente a los hechos de este caso. Es particularmente importante, además, que si desde sus años más tiernos y hasta aquí los niños han estado bien con su padre, un cambio de custodia podría resultar en estos momentos perjudicial para la estabilidad síquica y emocional de los niños. Cf. opinión disidente del Juez Asociado Señor Cadi-lia Ginorio en Rosell v. Meléndez, 101 D.P.R. 329, 349 (1973). Tendrían que cambiar de escuela, de ambiente, de compañeros de juego, y someterse a nuevos cuidados a los que no están ha-bituados. Cabe recordar que de hecho serán los abuelos mater-nos y no la madre quienes les tendrían consigo la mayor parte del tiempo, dada la circunstancia de que ella trabaja fuera de la casa en que vive sola.

Se expedirá el auto, se dejará sin efecto la resolución dic-tada por el tribunal recurriólo el 9 de junio de 1978, y se man-tendrá lo dispuesto en la sentencia de divorcio respecto a la patria potestad y custodia de los niños, sin perjuicio de que la madre los visite y los tenga con ella bajo los términos y con-diciones establecidos por el juez que dictó dicha sentencia con-tenidos en su resolución de 28 de enero de 1977.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Bolívar Pérez Ríos, querellante y recurrente, v. Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., The Chase Manhattan Bank, N.A., querellados y recurrente la primera y recurridos, Departamento De Asuntos del Consumidor y su Secretaria Carmen T. Pesquera de Busquets, recurrido y peticionario.

      Número: O-78-188

      Resuelto: 13 de noviembre de 1978

      Myrna S. Bonilla y Eugenio Gil De Lamadrid Acosta y otros, abogados del peticionario; Ernesto González Pinero, abogado de Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

De antaño las oficinas públicas para la defensa del consu-midor no eran necesarias o no eran tan necesarias como ahora. Antes el ama de casa o su delegada compraba en la carnicería del pueblo la carne fresca del animal sacrificado en la madru-gada de ese día. Compraba los productos agrícolas en la plaza del mercado luego de verlos, tocarlos y olerlos, y hasta el her-mético huevo de gallina era sometido a pruebas de su fres-cura.

El jefe de la familia compraba las sencillas y conocidas herramientas, de operación manual, luego de examinarlas cui-dadosamente en la ferretería; los muebles eran también de fácil examen, hechos de madera sólida y no, como a la mo-derna, enchapados con una lista o franja de madera (veneer) y rellenos de cerrín y cartón. La compra del caballo se pres-taba más al juego dudoso, pero era más fácil y menos técnico su examen que el del automóvil de hoy.

El consumidor de hoy día compra productos alimenticios enlatados, generalmente luego de haber sido sometido a una campaña masiva de anuncios, compra complicados aparatos que sabe disfrutar pero cuyo funcionamiento y arreglo no en-tiende, tales como las innumerables máquinas llamadas ense-res del hogar, los televisores, los automóviles, etc.

La experiencia demostró que el artefacto que al principio fue un beneficioso invento de un genio creador, al pasar a otras etapas de la actividad económica, se prestó para el en-gaño frecuente del consumidor. Esa experiencia hizo necesa-ria la creación de oficinas públicas cuyo propósito es la de-fensa del consumidor lego frente al productor técnico de apa-ratos mecánicos y eléctricos y de sus agentes publicitarios y vendedores. Nuestra Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. see. 341 y ss., contiene un ejemplo de las menciona-das oficinas públicas.

El caso de autos se produce en relación con las conside-raciones que antes hemos apuntado.

El 6 de mayo de 1975 Bolívar Pérez Ríos adquirió de Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., vendedora ubicada en Puerto Rico, un vehículo de motor Maverick de la Ford, fabricado por la Ford Motor Company. La compra se hizo mediante contrato de compraventa a plazos, contrato que la vendedora Hull Dobbs cedió al Chase Manhattan Bank.

Casi inmediatamente después de su compra el vehículo desarrolló defectos que Hull Dobbs no pudo corregir. A los efectos de lo aquí planteado y de su resolución, no es necesario pormenorizar las varias gestiones, sin éxito, que el comprador hizo ante Hull Dobbs para que se arreglase el vehículo. Ante esa situación el 6 de octubre de 1975 el comprador presentó una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor contra la vendedora Hull Dobbs y posteriormente, en 19 de abril de 1976 el querellante enmendó la querella para incluir como parte querellada al Chase Manhattan Bank, cesionario del contrato de venta a plazos.

En la vista administrativa celebrada el 13 de octubre de 1976 Hull Dobbs solicitó que la misma se suspendiese a fin de traer al procedimiento al fabricante del automóvil. La peti-ción fue declarada sin lugar. Se basó la agencia administra-tiva en que le competía al querellante elegir contra quién se querellaba y que era improcedente incluir al fabricante por carecer el Departamento de Asuntos del Consumidor de juris-dicción para entender en una reclamación entre Hull Dobbs y la Ford Motor Company, porque eso sería adjudicar una con-troversia entre comerciantes, en este caso entre el manufac-turero y su vendedor, y no una querella o reclamación entre un consumidor y su vendedor, a tenor con lo prescrito por la ley que crea el Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973; 3 L.P.R.A. see. 341 y ss. Dicha Ley Núm. 5 mediante su Art. 5, 3 L.P.R.A. sec. 341d, trans-firió al Departamento de Asuntos del Consumidor todas las funciones, poderes y deberes de la anterior Administración de Servicios al Consumidor, así como la propiedad, récords, dineros no gastados por dicha Administración y suprimió la citada Administración de Servicios al Consumidor.

En 10 de enero de 1977 el Departamento de Asuntos del Consumidor emitió una resolución resolviendo el contrato de compraventa y ordenó a la vendedora Hull Dobbs y al cesio-nario Chase Manhattan Bank, en forma solidaria, la devolu-ción del dinero pagado por el querellante por el automóvil, $4,158.24.

Oportunamente Hull Dobbs solicitó revisión del Tribunal Superior, Sala de San Juan, Puerto Rico, e igualmente hizo el Chase Manhattan Bank. La solicitud del Chase fue decla-rada sin lugar pero la de Hull Dobbs fue declarada con lugar y el Tribunal Superior ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor darle un plazo razonable a Hull Dobbs para que trajese como parte al proceso administrativo que se ven-tilaba en el Departamento de Asuntos del Consumidor a la Ford Motor Company, manufacturera del vehículo. Debía, ordenó el tribunal, darse tiempo a la manufacturera para que levantase cualquier defensa que pudiera tener contra la re-clamación del querellante. Añadió el Tribunal Superior en su sentencia que: “No viene obligado el Departamento a consi-derar defensas ni alegaciones de clase alguna que afecten únicamente la relación entre vendedora y manufacturera, sino solo aquellas que pudiesen afectar la reclamación del quere-llante con la vendedora.”

Mediante certiorari recurrió ante nos el Departamento de Asuntos del Consumidor y expedimos el auto. El recurrente hace el siguiente señalamiento de error:

“Erró el Honorable Tribunal Superior al decidir que el De-partamento de Asuntos del Consumidor debe admitir como parte en el proceso administrativo al manufacturero del vehículo de motor objeto de la querella y permitirle que levante cualquier defensa que pudiera tener a la reclamación del querellante que afecte la reclamación de éste contra el vendedor del vehículo de motor.”

Nótese que el tribunal no impuso al Departamento de Asuntos del Consumidor, de aquí en adelante denominado DACO, el deber de determinar si la compañía manufacturera es responsable a alguna de las partes. Entendió el tribunal que la responsabilidad de la Ford Motor Company para con su vendedora Hull Dobbs, de existir alguna, debía ventilarse en acción judicial separada. El tribunal limitó la comparecen-cia de la Ford Motor Company a discutir las defensas que pudiesen afectar la reclamación del querellante Pérez Ríos contra su vendedora Hull Dobbs porque creyó que así se evi-taría alguna injusticia si en una eventual acción judicial entre Hull Dobbs y la Ford ésta levantaba dichas defensas.

Como se sabe las agencias administrativas fueron creadas para entender en esta clase de controversias de carácter técnico, y que generalmente envuelven cuantías limitadas, para que dichas agencias puedan funcionar sin el rigorismo procesal que generalmente ha caracterizado a los tribunales tradicionales. El objetivo era y es establecer un sistema de adjudicación justo, práctico y flexible, menos costoso que la litigación usual y menos complicado. También estos procedimientos administrativos hacen posible a las partes y al juzgador obtener el beneficio de los más entendidos en las materias técnicas que se discuten (expertise). 1 Davis, Administrative Law Treatise (1958), Sec. 1.05; Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 723 (1961); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 812 (1971); P.R. Tel. Co. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 231, 233 (1974).

En el mismo sentido véase también Richardson v. Perales, 402 U.S. 389, 400-401 (1971). Idem Federal Communications Commissions v. Schreiber, 381 U.S. 279, 290 (1965) y Federal Communications Commission v. Pottsville Broadcasting Co., 309 U.S. 134, 143 (1940). En estos dos últimos casos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce explícitamente que las agencias administrativas deben tener, dentro del am-plio marco constitucional, claro está, facultades suficiente-mente amplias para establecer sus reglas de procedimiento y los procesos de admisión de prueba.

Los remedios tardíos y los procedimientos complicados derrotarían todo el propósito de las leyes y de las oficinas creadas para la defensa del consumidor. Este, frente a las grandes empresas manufactureras y vendedoras, general-mente de organización extraestatal, y en ocasiones de organi-zación internacional, resulta un ente económica y sociológica-mente muy débil y por eso necesita el apoyo de las menciona-das oficinas y de un procedimiento lo más sencillo y económico posible. El consumidor que va a reclamar contra el vendedor que le vende una máquina de lavar, o un televisor, o un auto-móvil defectuoso, no puede estar obligado a esperar a que se dilucide la larga cadena de responsabilidades que termina en el vendedor local y que posiblemente se remonta, varios plei-tos después, a miles de millas de distancia y a meses o a años de término, hasta llegar al manufacturero original o al supli-dor de la materia prima. El proceso administrativo tiene el objetivo de que se le responda inmediatamente al consumidor. Las responsabilidades entre esas otras partes pueden ser dilu-cidadas si ellos lo desean, mediante litigación ordinaria.

La inclusión de un tercero en el proceso administrativo sin que el querellante o la agencia lo estime necesario o conveniente, complica y retarda innecesariamente el procedimiento, en contravención a la filosofía adjudicatoria que informa los procesos administrativos y que ya hemos mencionado. Desde luego, la inclusión de un tercero sería mandatoria si su exclusión le privase de su día en corte. Como se sabe, el debido procedimiento de ley ofrece protección contra la posible arbitrariedad administrativa, pero no es un molde rígido que prive de flexibilidad responsable a dichos procedimientos. Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975); Davis, F. B., Administrative Law: Today & Tomorrow, 22 J. Pub. L. 335, 352 (1973).

El debido procedimiento de ley impide que una or-den o sentencia afecte a quien no fue parte en el pleito en que se dictó. Blonder-Tongue v. University Foundation, 402 U.S. 313, 329 (1971). De manera que con la exclusión de Ford del procedimiento administrativo no le impide oponer en su día las defensas que pueda tener en una acción separada que Hull Dobbs lleve contra ella. Por lo tanto no es correcto sostener que la no intervención de Ford en este procedimiento adminis-trativo podría resultar en perjuicio suyo si Hull Dobbs se dirige contra Ford.

Tampoco se vulneran los derechos de Hull Dobbs al permitir a Ford levantar defensas en pleito separado. Dada la situación de hechos, las defensas que Ford puede oponer a la reclamación del querellante contra Hull Dobbs son prácticamente las siguientes: 1) que Pérez no cumplió con los términos de la garantía, 2) que el vehículo se usó indebidamente, 3) que el vehículo no tenía defectos de fabricación, ó 4) que las reparaciones fueron adecuadas.

Si alguien conoce esas defensas es Hull Dobbs, quien inspeccionó el vehículo y lo reparó o trató de hacerlo y está obligada a conocer la garantía de su fabricante. Hull Dobbs está en posición de presentar esas defensas en la reclamación administrativa de Pérez y de defenderse contra ellas en la reclamación judicial que pudiese darse entre ella y la Ford. Si Hull Dobbs es derrotada en ambas reclamaciones, no es porque se le haya privado de su día en corte o del debido procedimiento de ley, sino porque su posición no tiene mérito a juicio del juzgador o porque no la presenta adecuadamente.

Por lo anteriormente dicho entendemos que erró la ilus-trada sala de instancia al determinar que DACO venía obli-gado a admitir como parte en el procedimiento administrativo al manufacturero del vehículo para que éste levantase sus de-fensas en contra del consumidor querellante. Este procedi-miento se contrae a una querella entre el consumidor Pérez Ríos y la vendedora Hull Dobbs, iniciado por aquel. Desde luego, siempre queda a salvo la facultad de DACO y la del querellante de traer al procedimiento al manufacturero si cualquiera de ellos estima que es necesario o conveniente así hacerlo. Pero éste no ha sido el caso en este procedimiento.

La sentencia recurrida será revocada.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Elodia Colón Velázquez, acusada y apelante.

      Número: CR-78-62

      Resuelto: 13 de noviembre de 1978

      José Ramón Toro Vargas, abogado de la acusada; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

En la acusación radicada contra la apelante por violar la Ley Núm. 220 de 1948 se le imputó que el 21 de julio de 1975 le vendió un número para el juego ilegal de la bolita a Miguel A. Colón. La acusación fue radicada el 17 de enero de 1978. Durante el juicio la prueba estableció que los hechos ocurrieron el 21 de julio de 1977 y no el 21 de julio de 1975 como se alegó en la acusación. Fue declarada culpable. El tribunal refirió el caso al Oficial Probatorio.

Antes de dictarse sentencia la acusada motu proprio soli-citó el archivo de la acusación. Alegó que el delito imputado en la acusación estaba prescrito.!) El tribunal desestimó la moción. En su resolución expresó:

“Las alegaciones contenidas en el pliego acusatorio el [sic] 17 de enero de 1978 quedaron enmendadas por la prueba ofrecida al efecto de que los hechos ocurrieron el día 21 de julio de 1977.”

La acusada fue sentenciada a cumplir tres meses de cár-cel, pero le fue suspendida la sentencia.

La única cuestión levantada en el presente recurso es al efecto de que “en ningún momento el Ministerio Público so-licitó enmendar la acusación para conformarla con la prueba presentada sobre la fecha de la comisión del delito por lo que la acusación no fue enmendada en ningún momento por lo que procedía se desestimara la acusación. Por tal razón erró el tribunal al dictar la resolución del 29 de junio de 1978 donde señala que se enmendó la acusación por la prueba presentada en el juicio. Si el Fiscal afirmativamente no solicitó la en-mienda no puede el tribunal motu proprio entender que la acusación ha sido enmendada, ya que estamos en un proceso criminal y no en un proceso civil.”

No tiene razón.

La Regla 39 de las de Procedimiento Criminal de 1963 dispone que “[l]a acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especificaren la fecha o el momento en que se alega que se cometió el delito, a menos que una alegación en tal sen-tido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito.”

Esta regla tiene como precedente el Art. 78 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente en Puerto Rico hasta el 1963 () que a su vez correspondía al Art. 955 del Código Penal de California. En aquella jurisdicción se interpretó en el sentido de que aquellos delitos donde la fecha no es elemento esencial del delito — como no lo es en el imputado a la apelante — un error en la fecha no tenía consecuencia. Lo importante y determinante es que se pruebe que los hechos ocurrieron dentro del término prescriptivo del delito imputado. Así en People v. Califro, 261 P.2d 332 (D.C. App. 1st Dist. Calif. 1953) se expresó “.. . como se dijo en People v. Black, 45 Cal.App.2d 87, 113 P.2d 746 la expresión en la acusación del día en particular en que se imputa la comisión de cualquier delito resulta inmaterial siempre y cuando la evidencia demuestre que el delito fue cometido dentro de los tres años que ante-ceden la fecha de radicación de la acusación”. (Traducción nuestra.)

El caso de El Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800 (1920), presenta una situación muy similar a la del caso que ahora consideramos. José Ramos fue acusado de hurto de mayor cuantía, pero el jurado lo declaró culpable de hurto de menor cuantía, que era un delito menos grave. En la acusación ra-dicada el 28 de octubre de 1919 se alegó que los efectos fueron apropiados en octubre de 1919. El fiscal alegó que la mención del año 1919 era un error y sometió una enmienda para que se le permitiera corregir la fecha a fin de alegar que fue en octubre de 1918. Como se alegó que la apropiación fue en oc-tubre de 1918 y la acusación fue radicada el 28 de octubre de 1919, si la apropiación fue antes del 28 de octubre de 1918, el delito estaría prescrito, pero el tribunal apuntó que había prueba al efecto de que fue en diciembre de 1918 y al desesti-mar la cuestión de la prescripción expresamos:

“Puesto que la prueba tiende a mostrar que el delito por el cual fue declarado culpable el acusado se cometió dentro de los doce meses anteriores a octubre 28 de 1919, somos de opinión de que la alegación de prescripción que ha sido alegada según pa-rece por primera vez en esta corte no puede servirle al apelante.”

En Pueblo v. Díaz, 61 D.P.R. 696 (1943), reiteramos la doctrina de que “ [p] ara que una discrepancia entre la fecha que se alega en la acusación en que se cometió el delito y la fecha que se prueba en el juicio pueda considerarse fatal, deben existir por lo menos dos requisitos: (1) que la fecha sea una circunstancia esencial del delito imputado y (2) que la discrepancia afecte los derechos sustanciales del acusado”. Ciertamente en el presente caso no concurren ninguno de los requisitos apuntados. Es interesante apuntar que en este caso de Díaz expresamos que “ [e] s cierto que en el caso de autos no se intentó por el fiscal enmendar la acusación, pero es ob-vio que de haberlo solicitado no se hubiera cometido error por la corte al autorizar tal enmienda/’

En la jurisdicción federal impera la misma norma. En United States v. Covington, 411 F.2d 1087 (4th Cir. 1969) se dijo:

“Con excepción de aquellos delitos en que la determinación de la fecha exacta en que fueron cometidos resulta un elemento esencial, la prueba del fiscal no está limitada a la fecha precisa expresada en la acusación. El fiscal puede probar que el delito fue cometido en otro día cualquiera anterior a la fecha en que se inicia el proceso criminal y dentro del término prescriptivo fijado al delito; y la modificación o alteración de la prueba a esos efectos carece de trascendencia.” Ver además: United States v. Lane, 514 F.2d 22, 27 (9th Cir. 1975); cf. United States v. Blanchard, 495 F.2d 1329, 1332 (1st Cir. 1974); 1 Wright, Federal Practice and Procedure, Sec. 125, pág. 247.

Como la fecha no es elemento esencial del delito imputado y la prueba demostró que no estaba prescrito, procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rigau disiente por las razones ex-puestas en su opinión disidente en el caso de Pueblo v. Troche Mercado, 105 D.P.R. 501, a la pág. 503 (1976). El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado.

      (X)E1 Art. 78(b) del Código Penal establece un año para prescripción de los delitos menos grave.

      (2) Disponía así el Art. 78:
      “El momento preciso en que el delito fue cometido no es necesario ex-presarlo en la acusación, pero puede alegarse que fue cometido en un mo-mento cualquiera anterior a la averiguación sumaria o a la presentación de la acusación. Se exceptúan aquellos casos en los cuales es una circunstancia esencial el momento en que se cometió el delito.”


author: per curiam :

text:
    Miguel Rodríguez Cruz, demandante y recurrente, v. Union Carbide Grafito, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-78-208

      Resuelto: 14 de noviembre de 1978

      Feldstein, Gelpí, Hernández & Castillo, abogados del recurrente; Vivas & Martínez-Texidor, Lasa & Vicente y Frank Cátala Morales, abogados de la recurrida.
   per curiam :

Daniel Construction Co. contrató con Union Carbide Grafito, Inc., la construcción de ciertas obras en la planta de esta última. Daniel Construction es patrono ase-gurado. Uno de sus obreros se lesionó mientras realizaba esas obras y recibió los beneficios correspondientes del Fondo del Seguro del Estado. Posteriormente entabló demanda contra Union Carbide, y el Tribunal Superior mediante sentencia sumaria, desestimó dicha demanda a base de que la deman-dada era patrono estatutario, según lo resuelto en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977).

En 22 de junio de 1978, declaramos no ha lugar a una so-licitud de revisión presentada por el obrero demandante. Sub-siguientemente presentó moción de reconsideración y en 20 de julio de 1978 fue referida al Tribunal en Pleno, mediante resolución emitida por sala especial integrada por los Hons. Jueces Señores Dávila, Irizarry Yunqué y Negrón García.

El recurso plantea, en síntesis, que la inmunidad de patrono estatutario se limita: 1) al patrono estatutario que haya pagado la póliza del Fondo del Seguro del Estado cubriendo a los empleados del patrono verdadero y 2) al caso en que el patrono verdadero esté realizando labores que formen parte usual de la actividad del patrono estatutario.

La primera contención ha sido resuelta adversamente me-diante nuestras decisiones en los casos Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969); Lugo Sánchez, supra; y Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978). No vemos razón alguna para alterar esa línea de decisiones.

La segunda contención tampoco tiene mérito. En los casos Lugo Sánchez, supra, y Vda. de Costas, supra, hicimos referencia a principales o dueños de obras como patronos estatutarios. En el presente caso la Union Carbide es patrono estatutario por ser dueño de una obra de construcción que iba a ser realizada por Daniel Construction. Estando envuelta una obra de construcción es innecesario que las labores de Daniel Construction formen parte de las actividades nor-males del patrono estatutario.

Aunque la ley no lo dispone en forma categórica, su propósito es imponer al dueño de una obra de construcción la responsabilidad patronal de asegurar a los empleados del contratista que habrá de realizar la obra. Así surge de una lectura en conjunto, de los Arts. 2 y 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sees. 2 y 20.

El Art. 19 impone al patrono la obligación de asegurar a los empleados de los contratistas o subcontratistas contratados por dicho patrono. Los párrafos 7 y 8 del Art. 2 establecen lo siguiente: 1) que todo contrato de obra pública incluirá el costo de las primas de seguros de los obreros que se empleen en dicha obra, debiendo el funcionario encargado de la obra retener al contratista la suma a ser satisfecha al Fondo del Seguro del Estado; y 2) que cuando se trate de “contratistas o dueños de obras privadas o particulares, el Negociado de Permisos no extenderá permiso para la construcción, alteración estructural, ampliación, traslado o uso de edificios hasta que el patrono haya presentado al Director de la Oficina de Permisos un certificado expedido por el Administrador [del Fondo] acreditativo de que la obra ha sido asegurada debidamente de acuerdo con la Ley.” Las responsabilidades que esas disposiciones imponen a dueños de obras públicas y privadas son exclusivamente las derivadas de su condición de patrono bajo ley.

Ante lo anterior, se declara sin lugar la moción de recon-sideración presentada por el obrero demandante.

Por el interés público envuelto y por la conveniencia de que la profesión conozca la posición del Tribunal en estos casos, mediante la facultad que nos confiere la Regla 50 de nuestro Reglamento, expedimos el auto y emitimos la presente Opinión Per Curiam. Se dictará sentencia de conformidad.

Disintieron los Jueces Asociados Señores Dávila, Irizarry Yunqué y Negrón García. El Juez Asociado Señor Dávila desea hacer constar que disiente por los motivos consignados en la opinión disidente emitida en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 867 (1977). El Juez Asociado Señor Torres Ri-gual no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Miguel A. Suárez Burgos.

      Número: 1760

      Resuelto: 15 de noviembre de 1978

      Francisco Ariel Aviles Rodríguez, abogado del Ledo. Miguel A. Suárez Burgos; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Roberto Armstrong, Jr., Subprocurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Después de innumerables intentos realizados por este Tribunal, a través del servicio de correos y del al-guacil, de notificar al abogado Miguel A. Suárez Burgos su incumplimiento con varias disposiciones de la Ley Notarial, y en vista de que su paradero no pudo ser determinado, este Tribunal le separó del ejercicio de la notaría en 14 de sep-tiembre de 1976, y de la profesión de abogado en 13 de sep-tiembre de 1977. Antes de ello, el Director de Inspección de Notarías había tratado de localizar al referido abogado in-fructuosamente para avisarle de los reparos sobre violaciones a la Ley Notarial. Posteriormente el peticionario Suárez Bur-gos al enterarse de la suspensión decretada acudió ante nos en escrito en que afirma que está incapacitado mental y físi-camente desde el 2 de enero de 1975; que desde la fecha men-cionada no había otorgado instrumento público ni declara-ción de autenticidad alguna; que no ha irrogado perjuicio a tercera persona por sus omisiones de cumplir con la Ley Notarial; que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico con el Dr. Fernando M. Monserrate; que se proponía hospitalizarse y que deseaba renunciar al ejercicio de la notaría retroactivo al 2 de enero de 1975.

Mediante resolución de 29 de septiembre pospusimos toda acción y remedio solicitado por el peticionario Suárez Burgos hasta que acreditara debidamente la desaparición de su con-dición de incapacidad.

En 9 de diciembre de 1977 compareció el peticionario ante nos solicitando su reinstalación como abogado por haber ce-sado su incapacidad. Su solicitud estaba fundamentada en una comunicación del Negociado de Seguro de Incapacidad de la Administración de Seguro Social de fecha 21 de noviem-bre de 1977 en que se da por terminado todo pago por con-cepto de incapacidad por revelar la prueba médica que podía trabajar lucrativamente.

En vista de que apenas dos meses antes de la declaración de la referida agencia federal de que el peticionario se encon-traba apto para trabajar, éste había manifestado bajo jura-mento su incapacidad mental y física decidimos someter el asunto a un Comisionado Especial bajo las disposiciones de la Regla 13.1 del Reglamento de este Tribunal, para que dicho funcionario recibiera pruebas sobre la condición mental del peticionario, incluyendo testimonio pericial de un panel de tres siquiatras, uno nombrado por el Comisionado Especial, otro por el Procurador General de Puerto Rico y el tercero por el abogado querellado.

El Comisionado Especial designado, Ledo. Alfonso García Martínez, ex Juez Superior, procedió a celebrar una vista a la que compareció el peticionario y un abogado de la oficina del Procurador General. El Comisionado consideró que el in-teresado necesitaba la representación de un abogado e hizo la gestión para ello con el Presidente del Colegio de Abogados quien procedió a designar al Ledo. Francisco Ariel Avilés Rodríguez. Este no pudo acceder a la encomienda que le fue asignada por lo que el peticionario Suárez Burgos no contó con representación legal durante la vista.

El Comisionado recibió los informes de los tres siquiatras designados, incluyendo el designado por el interesado, y con-cluyó en base a ellos, según Informe rendido en 8 de junio de 1978, que el peticionario no está capacitado para ejercer a cabalidad todas las funciones propias de su profesión. Nos llama la atención el Comisionado que la incapacidad mental del peticionario Suárez Burgos, conforme revelan los exá-menes siquiátricos aludidos, antecede la fecha de nuestra re-solución de 14 de septiembre de 1976 mediante la cual le suspendíamos del ejercicio del notariado.

Aunque el Comisionado notificó copia de su Informe al peticionario, resolvimos enviar a éste otra copia con nuestra resolución de 29 de septiembre de 1978 para que el interesado presentara cualesquiera objeciones que estimare menester, y notificar al Ledo. Francisco Ariel Avilés Rodríguez, quien fuera designado por el Colegio de Abogados para asistir al peticionario, ordenándole al Ledo. Avilés Rodríguez que com-pareciera ante nos en representación del peticionario.

Ha comparecido el Ledo. Avilés Rodríguez mediante es-crito titulado Moción Informativa, Aclaratoria y Aceptando Representación Legal en la que explica las razones por las que no pudo acceder a representar al peticionario en el procedi-miento seguido ante el Comisionado Especial. Además, pre-sentó otro escrito titulado Moción en Cumplimiento de Reso-lución y bajo la Regla 13.1 del Reglamento del Tribunal Supremo. Expone el Ledo. Avilés Rodríguez que tanto él como el peticionario “están plenamente de acuerdo con el Informe rendido por el Honorable Comisionado Especial.” Para sus-tanciar la conformidad del peticionario acompaña un escrito titulado Contestación a Resolución en el que se hace constar que: “estoy de acuerdo en todos sus particulares con el in-forme del Comisionado Especial de fecha 8 de junio de 1978, y por consiguiente, hago expresa, manifiesta e inteligente re-nuncia al ejercicio de la abogacía por consideraciones de sa-lud mental” y añade: “[q]ue actualmente me encuentro bajo tratamiento en la Clínica de Higiene Mental del Hospital de Veteranos de Puerto Rico.”

El Ledo. Avilés Rodríguez manifiesta en su Moción que ha realizado un estudio exhaustivo del expediente del peti-cionario que obra en la Secretaría de este Tribunal y de todos los informes médicos y escritos que aparecen unidos a los autos, por lo que concluye indefectiblemente que el peticio-nario no está capacitado actualmente para ejercer a cabali-dad y plenamente todas las funciones propias de la profesión de abogado.

Nos pide el Ledo. Avilés Rodríguez en protección de la reputación del peticionario, y a la luz de las expresiones ver-tidas por el Comisionado en su Informe, que el peticionario debe ser considerado incapacitado mentalmente desde el 2 de enero de 1975, por lo que su suspensión del 13 de septiembre de 1977 debe dejarse sin efecto. Argumenta el abogado del peticionario que éste no estaba en condiciones mentales de ser juzgado por sus actuaciones a la fecha en que fuera suspen-dido.

Hemos examinado el expediente de este caso, así como el Informe rendido por el Comisionado Especial, los informes de los tres siquiatras que componían el panel designado al efecto, la comparecencia del propio peticionario, y la comparecencia del abogado que designáramos para su protección— Ledo. Francisco Ariel Avilés Rodríguez — y concluimos que el deterioro mental del peticionario comenzó, por lo menos en forma apreciable, para el año 1974; y que éste padece de proceso esquizo-afectivo que le impide asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes así como mantener el patrón de conducta que debe observar todo abogado. Ello es causa de suspensión indefinida del ejercicio de la profesión de abogado conforme lo dispone la Regla 13.1 (a) del Reglamento de este Tribunal.

En mérito de lo expuesto, se dejarán sin efecto los fundamentos de nuestra resolución de 14 de septiembre de 1976, suspendiendo al abogado Miguel A. Suárez Burgos del ejercicio del notariado, y la sentencia de 13 de septiembre de 1977 suspendiéndole del ejercicio de la profesión de abogado; y en su lugar se dictará sentencia separando indefinidamente al peticionario del ejercicio de la profesión de abogado, re-troactiva al 13 de septiembre de 1977, por razón de incapaci-dad mental, según lo dispuesto en la Regla 13.1 del Regla-mento de este Tribunal, considerando esta separación como una medida especial de protección social y no como un desa-foro.

En el evento de que cesare la incapacidad del peticionario, éste podrá solicitar su reinstalación conforme lo dispone el inciso (h) de la Regla 13.1 de nuestro Reglamento.

Notifíquese al peticionario, al Ledo. Francisco Ariel Avi-lés Rodríguez, al Colegio de Abogados de Puerto Rico, al Administrador de los Tribunales, al Director de Inspección de Notarías, y a los Secretarios de Estado y Hacienda de Puerto Rico.


text:
      In re Andrés Cardona Vázquez, querellado.

      Número: O-77-82

      Resuelto: 15 de noviembre de 1978

      Justo Gorbea Varona, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Andrés Cardona Vázquez, por su propio derecho, y Benicio Sánchez Castaño, Benicio Sánchez Rivera, Migdalia Carmona y Frank Garbo, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

El Procurador General de Puerto Rico pre-sentó querella sobre conducta profesional impropia contra el abogado notario Andrés Cardona Vázquez. Contestada la misma, designamos al Ledo. Francisco Torres Aguiar Comi-sionado Especial con la encomienda de recibir prueba y for-mular determinaciones de hechos. Oportunamente, dicho fun-cionario nos ha rendido un completo y detallado Informe. Las excepciones del querellado no impugnan el mismo, sino más bien es un escrito dirigido a que atemperemos nuestra sanción disciplinaria.

A continuación relacionamos los cargos imputados y las conclusiones del Comisionado pertinentes a nuestro dictamen.

Primero: “El querellado, Lie. Andrés Cardona Vázquez, ob-servó una conducta altamente impropia en relación a su cliente, la Srta. Fe Cepeda Gautier, consistente en lo siguiente: En el año 1970 la quejosa entregó al querellado una serie de escrituras y otros documentos acreditativos de compras hechas por el padre de la quejosa de terrenos que no aparecían inscritos en el Regis-tro de la Propiedad, pagando al querellado la suma de $2,000.00 en efectivo para que le tramitara los correspondientes expedien-tes de dominio y demás escritos necesarios en el caso.

Posteriormente, el querellado se ausentó de Puerto Rico sin terminar el trabajo encomendado y sin devolverle parte alguna de los honorarios pagados ni devolverle los documentos que le habían sido entregados, dejando el caso abandonado en perjuicio de la quejosa.

La quejosa requirió al querellado en varias ocasiones la devo-lución de los mencionados documentos mediante cartas cursadas, una a la dirección conocida en Puerto Rico y otra a la dirección conocida en Estados Unidos, y, ninguna de ellas fue contestada ni los documentos fueron entregados.

Incumplió el licenciado Andrés Cardona Vázquez con el deber de defender los intereses de su cliente, Fe Cepeda Gautier, dili-gentemente, pues desatendió los asuntos que le fueron encomen-dados por ella. Igualmente su conducta merece reprobación y censura por no haberle entregado todos los documentos rela-cionados con el caso ni reembolsarle cantidad alguna de los hono-rarios que le fueron pagados por adelantado y no prestarle los servicios para los cuales fue contratado.”

Sobre este cargo, coincidimos con el Comisionado en que el querellado realizó un sinnúmero de labores profesionales para la quejosa Srta. Gautier que valían “mucho más que los $2,000.00 por él recibidos.” “[E]l querellado faltó al no cumplir con los requisitos del Registro y al no contestar las cartas de su cliente y del nuevo abogado de ésta. Su traslado a los Estados Unidos dos años después de la presentación de la escritura al Registro sin notificárselo a su cliente, no lo consideramos como una falta ya que él, equivocadamente pero sin mala fe alguna, creyó que su misión profesional quedó cumplida al entregarle a su cliente el talón de presentación de la escritura al Registro sin pensar sobre la posible exis-tencia de defectos para la inscripción.”

Segundo: “El querellado, Lie. Andrés Cardona Vázquez, ob-servó una conducta altamente impropia, irrespetuosa, de falta de sinceridad y de honradez en relación a su compañero de pro-fesión, Lie. Aramis Lozada, consistente la misma en lo siguiente: El querellado, siéndole totalmente desconocido al Lie. Aramis Lo-zada, le llamó por teléfono aproximadamente en octubre de 1973 para pedirle (al Lie. Aramis Lozada) que se hiciese cargo de unos casos que él tenía y que por motivo de ausentarse (el licen-ciado Cardona Vázquez) de Puerto Rico para irse a vivir a los Estados Unidos no podía seguir haciéndose cargo de ellos y le quería referir los mismos. El licenciado Cardona Vázquez se com-prometió a pasar por allá el próximo lunes para llevar los expe-dientes y discutirlos con el Lie. Aramis Lozada. Contrario a lo acordado, el lunes siguiente fue una señora a la oficina del Lie. Aramis Lozada quien se identificó como la esposa del Lie. Andrés Cardona Vázquez, y dejó allí una caja conteniendo 84 expedien-tes, comprometiéndose a pasar posteriormente por allá para re-coger aquellos casos que el Lie. Aramis Lozada no aceptaba. Nunca volvió.

El Lie. Aramis Lozada procedió entonces a realizar un inven-tario y a examinar cada uno de los expedientes, encontrando que en ninguno de los casos había mociones de renuncia y, de hecho, en los pocos que asumió la representación legal, tuvo que hacerlo en unión de aquél. También supo que en la mayoría de ellos ya se habían cobrado honorarios, cosa que el licenciado Cardona Vázquez le había informado en contrario al llamarle por teléfono para referirle los casos.

El licenciado Aramis Lozada tuvo que llamar por teléfono y enviar cartas a aquellos clientes que tenían sus direcciones en los expedientes, para explicarles lo acontecido y para solicitarles que pasaran a recoger sus casos.

El Lie. Aramis Lozada también fue víctima del coraje de al-gunos de los clientes del Lie. Andrés Cardona Vázquez, pues sin su autorización el querellado dejó una nota en su oficina al ausen-tarse de Puerto Rico señalando que todos los casos él los había dejado con el Lie. Aramis Lozada y que fueran allá a procurar-los, cuando ésto no era cierto.”

Tercero: “El querellado, Andrés Cardona Vázquez observó una conducta inmoral e impropia en violación a la responsabili-dad social y profesional de los abogados y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión legal en Puerto Rico, en relación a numerosos clientes, de los cuales tenemos conocimiento específico sobre 84 expedientes que abandonó en la oficina del Lie. Aramis Lozada. Su conducta consistió en lo si-guiente:

A través de su esposa, el querellado envió 84 expedientes a la oficina del Lie. Aramis Lozada sin haber notificado jamás a sus clientes de que se proponía abandonar la jurisdicción de Puerto Rico ni haberles renunciado la representación legal tampoco.

Indujo también el querellado a equivocaciones a dichos clien-tes al dejar la nota en que les señalaba que todos los casos los había dejado con el Lie. Aramis Lozada, cuando la realidad fue que sólo le refería algunos de sus casos tal cual se lo señalara por teléfono, pues ‘los otros casos los dejaría con unos abogados de la Parada 17’, sin decir quienes eran éstos.”

Sexto: “El Lie. Andrés Cardona Vázquez observó una con-ducta impropia y de menosprecio a este Honorable Tribunal al suministrarle información claramente errónea en su escrito titu-lado ‘Moción’ de fecha 18 de julio de 1976. Dicho abogado in-formó lo siguiente y citamos:

‘e) Que al trasladarme a vivir en los Estados Unidos dejé mis casos pendientes con el Lie. Aramis Lozada, quien tenía sus oficinas localizadas en la Urbanización Jardines de Country Club, de Carolina, Puerto Rico, quien se encargaría de entregar los documentos a mis exclientes, o a seguir con los mismos a su discreción.’

Mediante esta aseveración, el querellado pretende hacer creer al Tribunal el hecho de que cuando él decidió irse de Puerto Rico, allá para octubre de 1973, él se ocupó de conseguir a sus clientes una representación legal adecuada antes de su partida, y, que además responsablemente dejó todos los documentos y expedien-tes relacionados en la oficina del Lie. Aramis Lozada. Todo esto es falso. En el segundo cargo se explican los pormenores referen-tes a este asunto. En cuanto a su expresión de ‘sus ex-clientes’, nuevamente el licenciado Cardona Vázquez incurre en una con-ducta reprobable al expresarse de ese modo. La relación de abo-gado y cliente existía porque el querellado era el abogado de estas personas al momento de abandonarlas y de trasladarse defini-tivamente a los Estados Unidos. Jamás él notificó a sus clientes de su partida ni de su propósito de renunciarles la representa-ción legal; tampoco obtuvo el permiso y la autorización del Tribunal para retirarse de los casos ya radicados.”

En torno a estos cargos, consolidados correctamente por el Comisionado, el Informe consigna las siguientes apreciaciones que aceptamos: “Concluimos que la conducta del querellado no fue la correcta al enviar los expedientes de los casos que atendía a otro abogado a quien ni siquiera conocía; al no ver a dicho abogado personalmente antes de salir hacia Rochester, N.Y.; al no notificar debidamente a cada uno de sus clientes de que iba a dejar de ser su abogado, y seleccionar uno sin conocimiento ni consentimiento de dichos clientes que depositaron su confianza en él directamente y no en un tercero; también se le ocasionó angustias y molestias al Lie. Lozada al enfrentarse algunos de los clientes del querellado a él y tratar de responsabilizarlo por lo ocurrido.”

Quinto: “El Lie. Andrés Cardona Vázquez observó una con-ducta inmoral e impropia y en violación a la responsabilidad pro-fesional que tiene todo abogado hacia los tribunales, sus compa-ñeros y las partes envueltas en todo caso por su insostenible con-ducta negligente en el caso de Luis Villegas et al vs. Municipio de Guaynabo, Sobre Reclamación de Salarios, Civil Núm. 70-432, consistiendo en lo siguiente:

El día 24 de mayo de 1972, se nombró al Lie. Andrés Cardona Vázquez Comisionado Especial en el citado caso encomendándo-sele gestiones propias de su cargo y a solicitud de él mismo se le entregaron por la parte demandada documentos relevantes al caso como nóminas y tarjetas de asistencia. El día 12 de noviem-bre de 1974 se notificó al Comisionado y a las partes una orden de señalamiento de conferencia preliminar en la cual el Comisio-nado debía informar al Tribunal cuál había sido la gestión reali-zada por él durante todo el período transcurrido desde su desig-nación. El Comisionado, Lie. Andrés Cardona Vázquez no compa-reció.

Se hicieron numerosas gestiones para localizarlo a la última dirección conocida, pero todas las gestiones fueron infructuosas ya que para esta época el Lie. Andrés Cardona Vázquez había abandonado la jurisdicción de Puerto Rico trasladándose a vivir permanentemente a los Estados Unidos desde octubre de 1973.

De los documentos que le fueron entregados al Licenciado Cardona Vázquez sólo parte de ellos fueron recuperados en casa del padre del querellado y tuvo que procederse a la vista del caso en sus méritos con la limitación de que la prueba documental estaba incompleta.”

En torno al cargo precedente, el Comisionado ex-presa :

“De la prueba admitida, concluimos que el abogado quere-llado asumió una conducta de irresponsabilidad en el cumpli-miento de sus deberes como comisionado especial, labor que se le encomendó en 24 de mayo de 1972 por estipulación de las partes litigantes .... [E]l propio abogado querellado, en su moción ante este Honorable Tribunal, fechada 18 de julio de 1976, admite tácitamente el cargo que indirectamente se le imputa al decir ‘que no fue notificado personalmente para la vista del 12 de noviembre de 1974 ni para ninguna vista posterior a octubre de 1973, ya que desde esa fecha se encuentra fuera de Puerto Rico .. . .’ Dice en esa misma moción ‘que la última comparecencia de este abogado en el caso 70-432 lo fue en mayo de 1973 . . .’ y ‘que al trasladarme a vivir en [síe] los Estados Unidos dejé mis casos pendientes con el Lie. Ara-mis Lozada . . . quien se encargaría de entregar los documen-tos a mis ex-clientes, o a seguir con los mismos a su discre-ción.’ Estas manifestaciones del querellado no le relevan de la responsabilidad que asumió para con la Sala de Bayamón del Tribunal Superior que depositó su confianza en él al desig-narle comisionado especial en el referido caso 70-432; era su deber el solicitar, por razones sumamente meritorias, el que se le relevara de continuar actuando como tal comisionado especial y no abandonar la misión que se le encomendó hasta tanto el tribunal lo hubiera excusado expresamente, con cono-cimiento de las partes litigantes que estipularon su designa-ción. No se trataba de una encomienda que pudiera él pasarla a otro abogado, como alega él que hizo, ya que carecía de autoridad para hacerlo. También, en el curso de la vista de la querella, el querellado admitió a preguntas nuestras, y por esta actuación lo elogiamos, que él se ausentó de Puerto Rico sin ser relevado de sus funciones como comisionado especial. Además, la evidencia documental que alega el abogado quere-llado que fue localizada en su casa ‘debidamente archivada y protegida y ordenada’, debió ser entregada al tribunal antes de irse de Puerto Rico y luego de ser excusado del cumpli-miento de sus deberes como comisionado especial. Finalmente, del Exhibit XIV, que es la Resolución del Tribunal, Sala de Bayamón, de 22 de abril de 1976 surge, contrario a lo alegado por el abogado querellado, que éste ‘tampoco entregó la im-portante documentación que custodiaba’ y que ‘los documen-tos recuperados constituyen un pequeño grupo de nóminas las cuales ... le fueron entregadas por don Víctor Cardona, señor padre del Comisionado. El resto de la prueba documen-tal no pudo ser localizada’.... Repetimos que en este Quinto Cargo no se le imputa al querellado directamente la falta principal en que incurrió: el abandonar su misión judicial como comisionado especial sin solicitud alguna al tribunal para que lo excusara de seguir actuando como tal comisionado y sin orden alguna a esos efectos. La cuestión relativa a la desaparición de algunos documentos a pesar de la Resolución de la Honorable Juez Cerezo de 22 de abril de 1976 (Exh. XIV estipulado, supra) en cuanto a que el querellado ‘no en-tregó la importante documentación que custodiaba’, no nos ha convencido. Tenemos serias dudas de si el querellado en-tregó o no toda la documentación que se le dio. De habérsele dado toda, no tenemos ninguna razón lógica para explicarnos el porqué desee él no entregarla ya que de nada le serviría, y si se le perdió, no creemos que ese sea motivo suficiente para tomar acción en contra suya; menos aún cuando no existe prueba directa de la pérdida alegada.”

Séptimo: “El querellado, Lie. Andrés Cardona Vázquez, ob-servó una conducta inmoral e impropia y en violación a la res-ponsabilidad social y profesional de los juristas y a la conducta moral que se espera de todo miembro de la profesión legal en Puerto Rico en su relación con su cliente Teodosio Torres Robles. Esta conducta consistió en lo siguiente:

El señor Torres Robles contrató al querellado para que lo representara en el caso de Teodosio Torres Robles y otra v. W. Clay Jackson Enterprises, Inc., Civil Núm. 68-3188, sobre cobro de dinero. Pasados dos años dicho abogado ‘se había desaparecido’, como expresa el querellante. Al visitar en cierta ocasión la ofi-cina del licenciado Cardona Vázquez vio un letrero que decía que procuraran los casos en la oficina del Lie. Aramis Lozada. Al visitar la oficina de dicho abogado éste le informó que él no tenía los casos del licenciado Cardona Vázquez. Por más de cuatro meses estuvo el señor Torres Robles tratándose de comunicar con los padres del licenciado Cardona Vázquez para inquirir sobre su paradero y nada logró. Posteriormente se dirigió al Colegio de Abogados a ver si allí lograban conseguir la dirección del li-cenciado Cardona Vázquez y allí lo que le recomendaron fue que contratara otro abogado en vista de que el suyo no aparecía.

En busca de ayuda don Teodosio Torres fue a Servicios Lega-les de San Juan y éstos, luego de solicitar permiso al tribunal para dejarlos intervenir en el caso, lograron representar a don Teodosio. Dichos abogados realizaron varias gestiones en su beneficio, inclusive gestionar un embargo por la suma de $10,500.00 a favor de don Teodosio en el citado caso.

Sorpresivamente regresó el licenciado Cardona Vázquez y les exigió a los abogados de Servicios Legales que renunciaran al caso, pues él se haría cargo de él. Don Teodosio nunca vio al li-cenciado Cardona Vázquez y se enteró de la venida de él por la moción de renuncia de representación legal que recibió de los licenciados de Servicios Legales.

El día 6 de junio de 1975 Don Teodosio fue al Tribunal a in-quirir sobre el status de su caso y allí le informaron que con mo-tivo del embargo se había expedido el cheque Núm. 989 a nom-bre de él y su esposa por la suma de $7,338.19 como pago parcial de la sentencia ejecutada. Dicho cheque le fue entregado al Lie. Andrés Cardona Vázquez por el Alguacil Nicolás Torres Rentas. Como el licenciado Cardona Vázquez no se comunicó con su cliente, Teodosio Torres Robles, ni le entregó el mencionado che-que, Don Teodosio, luego de asesorarse, procedió a ponerle una cancelación de pago al cheque.

Días después de ponérsele la cancelación de pago al cheque, el querellado envió un escrito al Tribunal Superior señalando que devolvería el cheque tan pronto lo recibiera del Banco donde fue depositado (y de hecho, posteriormente lo devolvió).

Cuando el Lie. Andrés Cardona Vázquez devolvió el cheque, el mismo apareció endosado con los siguientes dos nombres: Teo-dosio Torres Robles y Victoria Vélez de Torres. Ambas personas negaron rotundamente haber firmado el cheque y de hecho el es-tudio caligráfico que se realizó definitivamente concluyó que los endosos que aparecen en el cheque no fueron hechos por las per-sonas de quienes se tomaron muestras caligráficas. Se examina-ron muestras caligráficas del Sr. Teodosio Torres Robles y de la Sra. Victoria Torres de Vélez, hija de Don Teodosio, cuyo nom-bre se expresa erróneamente en el cheque como Victoria Vélez de Torres.

Examinado el cheque en cuestión, en la parte posterior del mismo, aparte de las firmas, se puede leer el sello del Banco donde fue depositado y el nombre de éste: Lincoln First Bank of Rochester. Por tanto, dicha expresión nos lleva necesaria-mente a la conclusión de que el Lie. Andrés Cardona Vázquez re-cogió el cheque y se lo llevó consigo a Rochester Nueva York donde lo depositó. (Por cierto, la última dirección conocida que tuvimos de este abogado es: 20 Rugby Ave., Rochester, New York.)

El Lie. Andrés Cardona Vázquez, aparte de retenerle a su cliente Teodosio Torres Robles una suma de dinero pagada en cheque sin el conocimiento y consentimiento de su cliente, tam-bién le hizo sufrir a éste innumerables molestias por la represen-tación legal negligente que le brindó hasta el punto de abando-narle el caso definitivamente.”

La gravedad de la conducta observada es aparente. Como concluye el Comisionado, “ [e] ntendemos que el abogado querellado cumplió con su misión profesional para con su cliente únicamente hasta obtener la ejecución de la sentencia. No podemos concluir que él le abandonó el caso definitivamente, según se le imputa en el cargo. Lo que sí hizo contrario a las obligaciones y responsabilidades de un abogado para con su cliente, con los tribunales y con la profesión de abogado en general, fue el haberse llevado consigo el cheque #989 de $7,338.19, para Rochester, New York, haberlo endosado y haberlo depositado en su cuenta en un banco de Rochester, acto punible desde el punto de vista criminal; la devolución de dicho cheque no excusa la conducta del abogado querellado. Surge del expediente que dicha devolución fue por virtud de la Orden de 25 de junio de 1975 dictada por el Tribunal. (Exh. XXVIII estipulado.)

“La conducta del querellado no sólo lesionó los mejores intereses de la administración de la justicia, sino que además, causó graves perjuicios a su cliente Torres Robles quien se vio abandonado al irse el querellado hacia Rochester, N.Y., sin notificarle de su traslado y mantenerse en comunicación con dicho cliente quien se vio forzado a recurrir a Servicios Legales de San Juan para que continuaran representándole. Dicha conducta constituye uno de los ejemplos más claros de la violación por parte de un abogado de su obligación de re-presentar al cliente con fidelidad, lealtad y diligencia. Cons-tituye, además, una inexcusable violación de su deber de man-tener a su cliente siempre informado de todo asunto impor-tante que surja en el desarrollo del caso cuya atención le ha sido encomendada.”

Octavo: “El Lie. Andrés Cardona Vázquez observó una con-ducta inmoral e impropia y altamente reprochable en relación a su cliente Teodosio Torres Robles al radicarle, dentro del mismo pleito anteriormente aludido en el Sexto Cargo, una acción en cobro de honorarios. Veamos:

Cuando se le puso la cancelación de pago al aludido cheque núm. 989, dicho abogado informó que devolvería el mismo tan pronto lo recibiera del Banco donde fue depositado, pero en dicho escrito alegó que el señor Torres Robles le adeudaba honorarios. Don Teodosio Torres Robles tuvo que solicitar representación legal para defenderse y fue el Lie. Jorge González Nieves de Ser-vicios Legales de San Juan, quien lo representó en este incidente. Lo que se había acordado entre Don Teodosio y el querellado era dividir en partes iguales cualquier cantidad recuperada sobre $115,000.00. Pero, como sólo se condenó a la demanda [sic] al pago de $10,500.00, el querellado le había dicho a don Teodosio que cobraría los honorarios de la parte demandada. Informó el Lie. Jorge González Nieves, a la Oficina del Procurador General que el señor Torres Robles, posteriormente pagó al querellado la suma de $500.00 por concepto de honorarios de abogado.

Al demandar al Sr. Teodosio Torres Robles en cobro de hono-rarios, el Lie. Andrés Cardona Vázquez violó los criterios que se exigen para radicar este tipo de acción y que son que las mismas se incoen sólo si es para evitar injusticias, imposiciones o fraudes.”

El Comisionado no encontró probado este cargo, pero sí censurable que “. . . luego de la conducta observada por el querellado para con su cliente, a la cual se refiere el Séptimo Cargo, al no defender los intereses de dicho cliente diligen-teniente, en forma responsable, al abandonarlo sin mantenerle informado del desarrollo de su caso y, por el contrario, ha-berse apropiado y depositado en una cuenta bancaria suya, fuera de Puerto Rico, el cheque importe de una sentencia, che-que que endosó fraudulentamente, y proceda más tarde, al cumplir con la orden judicial de devolver el cheque luego de una cancelación de pago (stop payment) dada por su cliente al banco en que fue depositado, proceda a radicar una de-manda en cobro de honorarios en contra de quien podemos de-nominar más correctamente su ‘víctima’ que su ‘cliente’. Defi-nitivamente estamos de acuerdo con el querellado en su dere-cho a demandar a un cliente que no quiere honrar el con-venio de honorarios pactado, pero como dice el Canon [14 que regía para estos hechos] esas demandas solamente deben esta-blecerse ‘para evitar injusticias, imposiciones o fraudes’; nunca en situaciones como en la del cargo [caso] de autos.”

Noveno: “El querellado, Andrés Cardona Vázquez, observó una conducta inmoral y reprobable en relación a su cliente el Sr. Barreto Domínguez al no ofrecerle una representación pro-fesional diligente, ni defender sus intereses en el caso para el cual lo contrató. Tampoco le informó jamás sobre las gestiones que realizaba. Dicha conducta fue la siguiente:

En febrero 17 de 1976 el Sr. Justino Barreto Domínguez cursó una carta a esta Oficina para quejarse de la conducta pro-fesional del Lie. Andrés Cardona Vázquez. Dicha carta vino acompañada a su vez con copias de cartas de distintos organis-mos a donde [sic] el señor Barreto había acudido a presentar su queja contra este abogado. Son ellos: La Administración de los Tribunales, el Tribunal Supremo y la Comisión de Etica del Co-legio de Abogados.

El día 26 de octubre de 1976 citamos al señor Justino Ba-rreto a nuestras Oficinas procediendo a tomarle declaración ju-rada el mismo día. Informó en síntesis el quejoso lo siguiente:

Que allá para el 22 de noviembre de 1972 él contrató al Lie. Andrés Cardona Vázquez para que lo representara en una acción de daños y perjuicios con motivo de que a él se le había acusado injustamente por unos empleados del Municipio de Carolina y en vista de que salió absuelto procedió a radicar la correspondiente demanda de daños y perjuicios. (Caso Civil Núm. 73-6767 V.) Alega el señor Barreto que él le pagó al licenciado Cardona Vázquez la suma de setenta y cinco (75) dólares para los gastos iniciales de la tramitación del caso.

Nos informa el señor Barreto Domínguez que el Lie. Andrés Cardona Vázquez ‘le abandonó’ su caso y, de hecho al momento de prestar la declaración jurada ante nos, el querellante igno-raba el status del mismo. Procedimos a recomendarle el que visi-tara la Secretaría del Tribunal correspondiente e inquiriera so-bre su caso. Efectivamente, así lo hizo él, y, a los pocos días nos trajo copia de la Orden y Sentencia en la cual se dispone de su caso, procediéndose al archivo del mismo a tenor con la Regla 11 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia. Es en este momento, al explicársele el significado de los mencionados documentos, que el Sr. Justino Barreto Domín-guez se entera de que su caso había sido archivado.

También nos informó el señor Barreto Domínguez en su decla-ración, que sin saber nada sobre el status de su caso ni del Lie. Andrés Cardona Vázquez, recibió una carta de un tal Lie. Ara-mis Lozada invitándole a pasar por sus Oficinas. El señor Ba-rreto visitó la Oficina del citado abogado y allí se le informó que su caso, entre otros muchos, había sido dejado por el Lie. Andrés Cardona Vázquez en una caja de cartón en aquella oficina. El Lie. Aramis Lozada le hizo entrega del expediente de su caso, luego de firmar el recibo correspondiente. Añade Don Justino que entonces él se llevó el expediente para su casa sin saber qué hacer, pues el abogado nunca le informó de las gestiones que realizó en su beneficio. Apuntó el querellante que le cursó cartas pregun-tándole sobre el status de su caso y nunca se las contestó.”

Sobre este cargo se consideró probado que: “Definitivamente, el querellado dejó a su cliente Barreto Domínguez huérfano de la representación legal que había asumido, habiéndole abandonado su reclamación y sin darle información alguna en relación con la misma, ni contestando sus comunicaciones inquiriendo sobre su caso. Tampoco presentó moción renunciando la representación profesional de su clien-te en la forma en que lo exige el Canon +j:2Q del Código de Etica Profesional, ya en vigor a la fecha de los hechos (desde 24 de diciembre de 1970) [;yque] [e] 1 querellado dejó a su cliente en completo estado de indefensión y le hizo perder todo derecho que pudiera haber tenido — si alguno — a su reclama-ción, habiéndose enterado dicho cliente del archivo definitivo de su caso mucho tiempo después de haber vencido el término para solicitar algún remedio para reactivar dicha reclama-ción.”

Décimo: “El Lic. Andrés Cardona Vázquez incurrió en una conducta inmoral e impropia y de falta de respeto y consideración tanto hacia su cliente Dionisio González como hacia el Tribunal y las partes envueltas en el caso de Dionisio González y otro vs. Holsum Bakery y otro, sobre Daños y Perjuicios, Civil Núm. 71-2207. Dicha conducta consistió en lo siguiente:

El Sr. Dionisio González contrató al querellado allá para el año 1971, para que lo representara en una acción de Daños y Perjuicios. Dicho caso se radicó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón como el Civil Núm. 71-2207, supra. El señor González le pagó los gastos propios de la radicación de un caso y en cuanto a honorarios acordaron que él le pagaría la tercera parte ‘de lo que se sacara’. Allá para el año de 1972, un día el licenciado Car-dona Vázquez llamó por teléfono a casa del señor González y le dijo a la esposa de aquel que ‘pronto les daría una sorpresa’, pues él tenía ya una oferta de la Compañía de Seguros. Expresó el señor González, en la declaración jurada que se [le] tomara, en esta Oficina, que efectivamente les dio una sorpresa, pues desde ese día en adelante nunca más supieron de él.

Tanto él como su esposa y otro abogado amigo de los esposos González, el licenciado Márquez Lizardi, trataron e hicieron nu-merosas gestiones para localizar al querellado, pero nada logra-ron. Finalmente un día fueron a la oficina del querellado y allí vieron una nota en la puerta, la que informaba que los casos del licenciado Cardona Vázquez los tenía el Lie. Aramis Lozada. Al comunicarse con el licenciado Lozada, éste les dijo que él no tenía el caso y que el licenciado Cardona Vázquez se había ido para Nueva York.

En cuanto al expediente del caso informó el señor González que él le había hecho entrega al licenciado Cardona Vázquez de toda la información relacionada con el mismo como gastos mé-dicos, de hospitalización, de viajes . . ., etc., y nunca se pudo re-cuperar ninguno de los documentos que le fueron entregados ni el expediente del caso tampoco.”

Sobre el particular se concluyó que “ . . el abogado querellado abandonó, sin justificación alguna, la representación de su cliente, la demandante, desde el comienzo de su representación, habiendo dejado a dicho cliente huérfano de representación legal al desaparecer y no haberle notificado su abandono, ni haberle contestado cartas relacionadas con el caso cuya atención se le encomendó, ni haberle devuelto los documentos evidenciarios que le habían sido confiados, los cuales nunca pudieron localizarse. Su conducta no sólo motivó la imposición de sanciones a su representada y obstruyó la buena y pronta marcha de la justicia, sino que también le causó daños irreparables a dicha representada al extremo de que la reclamación, de naturaleza sencilla, se ha dilatado en ventilarse por un período de años considerable. A la fecha de la vista de la querella, el entonces menor Iván González Román, demandante cuya caída dio lugar a dicha reclamación es, desde hace un año aproximadamente, persona mayor de edad ya que, según se alega en la demanda, él nació en 30 de julio de 1956. 11) El querellado ha incumplido, en relación con el caso que motiva esta querella, con las normas mínimas que se le exige a un abogado en cuanto a sus obligaciones para con su cliente y la conducta moral esperada de todo miembro de la profesión legal. Su irresponsabilidad no sólo ha perjudicado los intereses de un cliente sino que también ha lesionado el buen nombre y prestigio de la clase togada.” [sic\

La suma total de los cargos probados según expuestos re-flejan una conducta profesional incompatible con los prin- cipios establecidos en varios cánones de ética. Su proceder justifica la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado.

Se dictará la correspondiente sentencia.

       Cánones 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 35 del Código de Ética vigente desde el 24 de diciembre de 1970 y el canon número 12 de los anteriores.