author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    San Juan Hotel Corp. y Carriage 20, Inc., peticionarias, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Miguel A. Giménez Muñoz, Juez, demandado.

      Número: O-70-241

      Resuelto: 26 de noviembre de 1973

      Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas y Manuel González Gierbolini, abogados de las peticionarias; Wilson F. Colberg, abogado de Galería Francesca, Inc.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El Hotel San Juan arrendó dos locales comerciales ubica-dos en la primera planta de su edificio, uno a Galería Francesca, Inc. y otro a Carriage 20, Inc. En su contrato con la primera se expresa que el hotel le concede el derecho exclusivo de operar un establecimiento para la venta de pinturas, esculturas, discos folklóricos, libros y artes gráficas.

En su contrato con Carriage 20, Inc., el hotel concedió a ésta la concesión para vender antigüedades. En junio de 1970 la demandante demandó al hotel y a Carriage 20 y alegó que esta última estaba vendiendo artículos de los incluidos en la concesión exclusiva de la demandante, compitiendo así con ella y solicitó $150,000 por ganancias dejadas de percibir y $100,000 por concepto de daños. También presentó una soli-citud de injunction preliminar solicitando, entre otras cosas, que el tribunal ordenase a las demandadas que cesasen de vender aquellos efectos para cuya venta posee exclusividad la demandante.

Las partes acordaron someter el injunction preliminar y permanente a base de la prueba que desfilaría en la vista. Luego, de celebrada ésta el tribunal de instancia determinó que Carriage 20 se ha dedicado a la venta de antigüedades, para lo cual tiene autorización, como a la venta “de algunos de los efectos u objetos cuyo derecho exclusivo de venta posee la demandante, Galería Francesca, Inc.” Las demandadas alegaron que los esmaltes que Carriage 20 vende no son artes gráficas y que cierto tipo de efectos que pueden resultar ser también pinturas y esculturas constituyen antigüedades. El tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud de injunction permanente y ordenó a Carriage 20, Inc., que cesase la venta de los objetos y efectos cuya venta en carácter de exclu-sividad le fue concedida a la demandante. Le ordenó específi-camente cesar la venta de esmaltes y aunque no lo incluyó en su orden, en el cuerpo de su resolución expresa que la demandante sufrió pérdidas montantes a $8,000 “ya que Carriage 20 ha bajado los precios de los objetos que vende en competencia con la demandante.”

En su solicitud las peticionarias señalan cinco errores. El primero y el segundo se contraen a señalar que erró el tribunal de instancia al concluir que los esmaltes son obras de artes gráficas y que por lo tanto su venta exclusiva perte-nece a la demandante. En el tercer señalamiento expresan que el tribunal erró al fijar daños en $8,000 sin que la prueba lo justificase. En el cuarto se expresa que el tribunal erró al determinar que Carriage 20 no puede vender esmaltes. Este error es una consecuencia de los primeros dos antes mencio-nados. En el quinto se expresa que fue un error dictar el injunction permanente ya que ni la prueba ni el derecho así lo justifican.

En 12 de noviembre de 1970 concedimos a las peticio-narias tiempo necesario para someter la transcripción de evidencia. Eventualmente ésta se elevó y la hemos examinado con detenimiento. En 9 de noviembre de 1972 ordenamos que se elevase la prueba documental admitida en la vista del caso. En 23 de mayo de 1973 emitimos la siguiente Orden Para Mostrar Causa:

“Vista la petición de certiorari presentada en este caso, la resolución y orden del Tribunal de instancia de 2 de octubre de 1970, las tres piezas de transcripción de evidencia, la prueba documental y demás documentos que obran en autos, muestre causas Galería Francesca, Inc. dentro de los próximos quince días, por las cuales no deba dejarse sin efecto la citada resolu-ción y orden del Tribunal Superior de 2 de octubre de 1970, objeto de este recurso.”

Luego de solicitar una prórroga, la cual fue concedida, Galería Francesca, Inc., presentó su escrito en contestación a nuestra orden para mostrar causa.

Vista la transcripción de evidencia, la prueba documental, alegatos y demás documentos que obran en autos, estamos convencidos de que debemos revocar por las siguientes razones:

En primer lugar, cuando en el comercio se habla de “antigüedades” no se incluye en dicho término únicamente objetos genuinamente antiguos. Es fácil comprender que una espada, una armadura, o cualquier objeto de la Edad Media, y aun objetos de siglos posteriores, son en su número, finitos y muy costosos. Estos por lo general se encuentran en museos y en colecciones privadas. Por el contrario, el número de tiendas y el número de objetos que se venden como antigüe-dades son prácticamente infinitos. Esto es así porque en él comercio se denominan antigüedades objetos que aunque son fabricados en el presente se hacen siguiendo los diseños o patrones antiguos. Es por eso que Carriage 20, al igual que toda tienda de antigüedades puede vender toda clase de obje-tos y efectos así considerados como antigüedades, y ésto no quiere decir que conflige con el derecho de Galería Francesca. Por su parte, Galería Francesca tiene derecho a vender los objetos mencionados en su contrato de arrendamiento, y posi-blemente otros, los cuales no son antigüedades.

En segundo lugar, el tribunal de instancia erró al considerar los esmaltes como artes gráficas. Contemporáneamente cuando en el comercio se dice graphic arts, como consta en el contrato de arrendamiento de Galería Francesca, dicho término quiere decir pinturas, dibujos, fotografías y determinadas copias y reproducciones que se producen por diversos métodos. Los esmaltes aquí concernidos no caen dentro del término artes gráficas. Como tan autorizadamente explicaron los testigos Max Karp y Roma Taeni, para la manufactura de la pieza decorativa o de la prenda que se denomina esmalte se utiliza una plancha de metal, generalmente cobre, la cual se cubre con cristal en polvo, en colores y siguiendo el diseño que se haya escogido. Se cuece en un horno construido especialmente para ese fin a una temperatura muy alta. Esa temperatura derrite el cristal y el cristal así derretido y coloreado queda adherido al metal que le sirve de base. En ocasiones hay que hacer esa operación varias veces, especialmente cuando se desea producir un objeto con diversos colores. Este es un trabajo especializado y que requiere paciencia y atención. Los esmaltes pueden ser objetos pequeños que las damas usan sobre su persona como adornos o pueden ser objetos más grandes que ya fijados en las paredes o deposi-tados sobre muebles se utilizan para adornar salones y habi-taciones. Estamos convencidos que la exclusividad de Galería Francesca para vender objetos gráficos no impide a Carriage 20 la venta de esmaltes.

No creemos que de la prueba desfilada se justifica la sentencia en daños. La prueba demostró que Galería Francesca es una operación relativamente pequeña, que sus existencias fluctúan considerablemente y que su dueño atendía otra serie de negocios de mayor importancia. Debido a la creencia que tenía la demandante de que Carriage 20 le había invadido su exclusividad, la demandante entendió que tenía derecho a daños, más habiendo visto que las operaciones comerciales de Carriage 20 son compatibles con las concedidas a Galería Francesca, entendemos que no proceden los daños.

Se revocará la resolución y orden dictadas 'por el tribunal de instancia del 2 de octubre de 1970 en este caso.

       “Licensor hereby grants to Licensee the exclusive right to operate and conduct, and Licensee — hereby agrees to operate and conduct within the Commercial area of the Hotel designated as Shop #105, a concession to sell paintings, sculptures, folkloric records, cultural books, graphic art works.”

      “the privilege to operate and conduct, and Licensee hereby agrees to operate and conduct within the commercial area of the Hotel designated as Shop #101 a concession to sell antiques.”

      El Diccionario Webster define “graphic arts” como sigue:
      “1. any form of visual artistic representation; especially, painting, drawing, photography, etc. 2. now, sometimes, only those arts in which impressions are printed from various kinds of blocks or plates, as etching, litography, dry point, offset, etc.” — Webster’s New World Dictionary.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Sociedad de Gananciales Constituida entre Doña Alberta Burgos Pagán y Don Ángel Ortiz Santiago, etc., demandantes y recurridos, v. Commercial Insurance Co., Colgate Palmolive Company of Puerto Rico et al., Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandadas y recurrente la última.
    Número: R-71-200

      Resuelto: 27 de noviembre de 1973

      Aladino Torres Rivera, abogado de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, recurrente; Guillermo Bauza, Carlos Bauza, Otto Bauza, M. Bauza Rolón y Obdulio Bauza, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Este es un caso de daños y perjuicios en el cual prevaleció en el tribunal de instancia la teoría de la parte demandante al efecto de que la niña de 12 años Carmen Elisa Ortiz quedó afectada con episodios histéricos de conver-sión como consecuencia de un susto al apagarse el televisor que estaba mirando y sentir un estruendo, por acción de un camión que al pasar arrancó el contador de su casa y los cables de energía eléctrica tendidos sobre la calle. El tribunal a quo distribuyó la culpa asignando 60% de responsabilidad a la compañía operadora del camión, y 40% a la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico por no estar las líneas de energía eléctrica a la altura que demandan los reglamentos de seguridad. Sólo ha recurrido la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de la evidencia oral, así como toda la prueba documental y pericial admitida y llegado a la conclusión de que no se estableció en juicio la negligencia de la Autoridad de las Fuentes Fluviales y que incidió el tribunal de instancia en la apreciación de la prueba.

El accidente originad or del alegado trauma ocurre el 3 de abril de 1961. La primera demanda se radica el 3 de octubre de 1961 y en su párrafo segundo describe el accidente con un texto que no ha de variar en las cuatro demandas enmen-dadas que siguen, en el lenguaje siguiente:

“Segundo: Que el día 8 de abril de 1961 y a. eso de las dos de la tarde el camión marca Ford, tablilla 402-765 y en la Calle Europa de la Parada 21 de Santurce, Puerto Rico, debido a la negligencia y falta de cuidado del agente y empleado de la parte demandada, quien manejaba el referido camión al pegarse tanto a su derecha, al caminar en dirección de Sur hacia Norte, chocó contra la casa mencionada- en el número 21 de la Calle Europa, llevándose consigo todos los cables conductores de energía eléc-trica, destrozándolos y causando una fuerte explosión.”

En esta demanda original no se incluye a la Autoridad de las Fuentes Fluviales como parte demandada. Tampoco se le incluye en la primera, segunda y tercera demandas enmen-dadas radicadas el 3 de febrero de 1965; 1ro. de abril de 1965; y 18 de mayo de 1967, respectivamente. No es hasta la “Cuarta Demanda Enmendada” que lleva fecha de 20 de junio de 1967 que se traé por primera vez a pleito a dicha corporación gubernamental, y no se le emplaza hasta el 28 de' febrero de 1969, con una demora de 20 meses. Ya para esta fecha han desaparecido todas las estructuras del vecindario del lugar del accidente en la calle Europa, para dar paso a una obra pública y de nuevas vías de tránsito.

Cuando llega el pleito a juicio la prueba de la parte de-mandante cambia la teoría mantenida en las cinco ediciones de la demanda y en vez de sostener que el camión “chocó contra la casa” (lo que podría producir un gran ruido o estruendo) el testigo Torres Campos dice que el truck “no pegó bien [al colmado] pero pegó un poco” (T.E. To. Ill, pág. 15); luego en el contrainterrogatorio declara: (el camión no tocó el negocio) “Pegó casi pero no pegó. Quedó como a 4 pies.” (T.E. To. Ill, pág. 33); la demandante Alberta Burgos, madre de la niña, dice que oyó una explosión bien grande; que la hija perdió el conocimiento, ella la puso en el piso y fue a abrir la puerta del negocio; que entonces vio el truck de Daniel'Rivera pegado hacia la derecha (T.E. To. Ill, pág. 129). Ella no mencionó explosión cuando hizo un relato de lo ocurrido al policía investigador (Informe de Accidente, Exh. 16, de los demandantes).

Miguel Ángel Rivera, chófer del truck, declara que no hubo explosión de clase alguna; que él recogió los cables caídos, envolvió las puntas en cinta eléctrica (tape) que lleva para “cualquier cosa que suceda” y los envolvió en el poste (T.E. To. Ill, pág. 305). El sitio del accidente es parte de la ruta que en el curso de su trabajo recorre este testigo chófer del camión. Nunca hasta ese día se había llevado los alambres, que caen cuando el camión se pega a la casa y arranca el contador.

El perito Ing. Electricista Wilfredo Blanco declara que un desprendimiento y rotura de alambres como el descrito no produce explosión ni ruido, sencillamente deja de fluir la corriente al igual que cuando se desconecta la caja de seguri-dad (T.E. To. IV, pág. 72-74), criterio científico que coincide con el conocimiento general; que la única consecuencia es la interrupción de la luz y fuerza eléctrica de la casa.

Para la fecha del accidente la niña cursaba el séptimo grado en la Escuela Superior “Albert Einstein”, de Santurce. Su historial escolástico ofrecido en evidencia por los propios demandantes demuestra que su actuación académica no fue afectada ni sus estudios interrumpidos por el accidente; man-tuvo el mismo promedio en sus calificaciones y se graduó de cuarto año en 1966, luego de alcanzar nota de “B” en asigna-turas como álgebra, historia general y de Puerto Rico, biolo-gí a, maquinilla, y educación física; y nota de “C” en geo-metría, química, inglés, español, y economía doméstica. (Exh. 10 de los demandantes.) Continuó estudios en el Instituto Tecnológico. A la fecha del juicio tiene 23 años, es empleada del Gobierno de Puerto Rico y trabaja en Servicios Sociales, en la Parada 21. (T.E. To. Ill, págs. 162-163.) La joven demandante Carmen Elisa estuvo presente en Sala por la duración del juicio que fue de siete días, y no declaró.

El 9 de junio de 1967, pasados seis años del accidente, el siquiatra Dr. A. López Cumpiano examina a Carmen Elisa y expide el siguiente certificado:

“Certifico que la Srta. Carmen E. Ortiz Burgos con residencia en el Edificio 5 Apartamento 38, Caserío Manuel A. Pérez en Río Piedras y de 19 años de edad ha estado bajo tratamiento en esta Clínica Externa de Psiquiatría desde el 23 de marzo de 1967. El diagnóstico actual de dicha joven es de una Reacción de Ansiedad de leve a moderada y está bajo medicación actualmente de Mellaril 25 mg. dos veces diarias. >
No hemos podido establecer la relación causal de su condi-ción emocional presente.' Aunque la madre de la paciente la establece a partir de un choque ocurrido el día 3 de abril de 1961 al frente de su casa pero esto es meramente especulativo.
Se expide este certificado a petición escrita de la madre de la paciente y para lo que diere lugar.”

Más luego en el juicio este mismo médico se ha de revocar y dice que la joven padece de neurosis de conversión trazable al accidente. Para establecer nexos de causalidad entre acci-dente y condición de la joven la prueba médica descansa en la explosión informada por la madre como gatillo que desenca-denó la reacción histérica (declaración del Dr. López Cumpiano, T.E. To. III, pág. 552). Si no hubo explosión, como indica la evidencia más confiable, se rompe el vínculo de causalidad (declaración del Dr. López Cumpiano, T.E. To. III, pág. 611). Generalizando sobre el síndrome de conversión declara este médico, a las págs. 579 y 580, To. III, T.E., lo siguiente:

“Vamos a ponerlo así.
En Puerto Rico tenemos que el pueblo nuestro era uno de los pueblos donde más reacción de conversión hay en el mundo.
O sea, es parte de nuestro pueblo.
Bien, han escrito,, vienen siquiatras a escribir lo que llaman el mal de pelea, reacción de ansiedad, un sinnúmero de hombres ahí.
O sea, en nuestra cultura es muy frecuente la reacción de conversión.
Algunos autores dicen que a veces, este, que eso es casi como, o sea, la persona se defiende más para caer en un brote síquico, recurren más a estos mecanismos de conversión, o sea, que una señora salga de momento corriendo, gritando, este, rasgándose la ropa, forcejeando, digo, eso lo hemos visto a diario aquí en Puerto Rico.
O sea, que es parte de nuestra personalidad aquí, puerto-rriqueña.”

- Esta aseveración, en cuanto señala a otra causa excitante como originaria de la condición síquica en esta joven, coincide con otro criterio médico vertido en su historial en el Centro Médico (Exh. 18 de los demandantes) de 14 de sep-tiembre de 1968 que expresa:

“Examen Mental
P.T. (paciente) 20 años, abordable, coherente y lógica, orien-tada en tres esferas [ilegible]. Ansiosa. Dice que a veces se le va la mente y oye que la llaman. Le da por ponerse triste.
P.T. (paciente) es hija única dependiente de madre aunque se liberta y busca madurar por sí sola. Los dolores de cabeza y síntoma ‘nerviosa’ pueden ser una protesta inconsciente a sus deseos de independizarse pero no puede por influencia materna inconsciente.
Diagnóstico
Ansiedad con [ilegible].” (Exh. 18 de los demandantes.)

Aparte de que la evidencia pericial médica, aportada únicamente por la parte demandante adolece de los conflictos intrínsecos señalados y choca con la realidad de que esta joven no sufre perjuicios en su vida escolar, manteniendo su promedio satisfactorio que le permitió graduarse y obtener un empleo gubernamental, no consideramos digna de crédito la prueba que tiende a establecer la ocurrencia de una explosión.

La única negligencia imputada a la Autoridad de las Fuentes Fluviales es que “mantenía los cables eléctricos . . . a una altura menor a la que requiere la Ley.” (párrafo no-veno, cuarta demanda enmendada). Sobre este extremo con-cluyó el tribunal de instancia que dichos alambres estaban a una altura menor de 18 pies que es la señalada en el Reglamento de la Autoridad. La conclusión es especulativa tratando de reconstruir una topografía y unas estructuras ya desaparecidas, y errónea por descartar el detalle de que mientras el camión pasó por ese sitio de la calle Europa conti-nuamente no se llevó los alambres tendidos sobre la calle; es sólo cuando se desvía a la derecha, se pega a la casa y “. . . tumbándole el Contador” que éste se trae los alambres al suelo. (Informe de la policía; declaración del chófer Rivera, T.E. To. Ill, pág. 304.) La dificultad para fijar la altura de los alambres sobre la calle no pudo ser superada por el juez sentenciador quien se limitó a decir que estaban a menos de 18 pies. ¿Cuánto menos? Si lo que faltaban eran centímetros sería inaceptable la adjudicación de negligencia contra la Autoridad habida cuenta de que para zonas urbanas el Código Nacional de Seguridad Eléctrica aprueba una altura de 16 pies. Código citado, ed. 1948, págs. 108-9. En igual forma se pronuncian las Reglas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos sobre Instalación y Conservación de Sumi-nistro de Energía Eléctrica y Líneas de Comunicación (Safety Rules for the Installation & Maintenance for Electric Supply and Communication Lines), editadas en 1961, págs. 56-57.

Las conclusiones del tribunal de instancia son claramente erróneas como lo demuestra el análisis de la evidencia aquí hecha. La prueba conduce a la adopción de un criterio dis-tinto tanto en el aspecto puramente factual, como en el pericial o científico. Rodríguez v. Sáez Rodríguez, 100 D.P.R. 539, 546 (1972); Ruiz Guardiola v. Sears Roebuck (Martín, J.), 100 D.P.R. 817 (1972); Chico de la Rosa v. Goetz (Rigau, J.), 90 D.P.R. 316, 321 (1964); Ortiz Rodríguez v. A.F.F. (Blanco Lugo, J.), 94 D.P.R. 546 (1967); E.L.A. v. Fonalledas Córdova (Blanco Lugo, J.), 84 D,P.R. 573 (1962).

La sentencia revisada dictada el 30 de junio de 1971 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, será revocada, y se declarará sin lugar la demanda en cuanto afecta a la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino;

       En todo caso no sería mayor que el ruido a que nos tienen acostum-brados los aviones que rompen la barrera del sonido o los cohetes de bombas de fiestas patronales.

       El texto del informe de la policía dice:
      “Se querelló la Sra. Alberta Burgos Pagán que frente a su residencia pasaba el auto antes mencionado y al Cafetín ‘Gran Poder’ ubicado en la Calle Europa #21 prop, del querellante aparentemente muy cerca o pegado a diclio negocio tumbándole el Contador de la Luz causándole daños a las neveras que hay en dicho cafetín ya que dejaron de trabajar. Caso sometido al Hon. Juez Torres Marrero quien resolvió el caso Casual.”


author: PER CURIAM:

text:
    Ángel L. Suárez, Inc. y Enrique Acosta, Inc., peticionarias, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Raquel Nigaglioni, Juez, demandado; Balzac Brothers, Inc., interventora.

      Número: O-73-273

      Resuelto: 27 de noviembre de 1973

      R. Rivero Cerrera, abogado de las peticionarias; Pagani, Pérez & Santiago, abogados de la interventora.
   PER CURIAM:

Las corporaciones demandadas, con domicilio legal y únicas oficinas en Fajardo, al ser emplazadas en una acción personal sobre cobro de dinero radicada en la Sala de San Juan del Tribunal Superior, presentaron con igual fecha moción de traslado para la Sala de Humacao y moción para desestimar por falta de hechos que justifiquen la con-cesión de un remedio. Por resolución de 1ro. de agosto de 1973 la Sala de San Juan declaró sin lugar ambas mociones y negó el traslado por entender que la moción para desestimar equivale a la sumisión de parte demandada que implica una renuncia de su derecho a domicilio.

Expedimos orden para mostrar causa por la que no deba decretarse el traslado solicitado, y los argumentos de la inter-ventora (demandante original) no han cambiado nuestra posición respecto al error en que incurrió la sala de instancia.

En su propósito de simplificar y aligerar los procedimientos la Regla 10.2 de Procedimiento Civil exige que toda defensa de hecho o de derecho contra una demanda se exponga en la alegación correspondiente, pudiendo la parte optar por moción cuando alegue que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Pero a renglón seguido advierte la Regla citada: “. . . No se entenderá renunciada ninguna defensa u objeción por haber sido formulada conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación respondiente o moción.”

Bajo la norma enunciada en la Regla 10.2, aun cuando la parte demandada hubiese radicado una contestación trabando contienda y afectando los propios méritos de la reclamación (en un tiempo forma clásica de sumisión) la simultaneidad- de su defensa contra la demanda y de su objeción al lugar del juicio dejan enteramente a salvo su derecho al traslado.

Se expedirá el auto de certiorari, y se anulará la resolu-ción revisada de 1ro. de agosto de 1973 y se ordenará el tras-lado del caso Civil Núm. 73-2733A de la Sala de San Juan a la de Humacao del Tribunal Superior de Puerto Rico.

       Art. 78, Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. seo. 404).
      “La residencia legal de los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones a todos los fines legales será el pueblo donde tuvieren su centro de operaciones u oficina principal. Los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones que tuvieren oficina o agente en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados en cualquiera de dichos distritos, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”


author: per curiam:

text:
    Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-71-288

      Resuelto: 28 de noviembre de 1973

      Francisco Falú Lebrón, Jorge Márquez Gómez, Santiago Amadiz Jiménez Sabat y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del recurrente.
   per curiam:

Mientras realizaba funciones inherentes a su empleo el trabajador Antonio Rivera Andino resultó lesio-nado en su ojo derecho. Luego de recibir tratamiento médico en el Fondo del Seguro del Estado fue dado de alta con autorización para volver a su trabajo. No conforme con dicha decisión apeló ante la Comisión Industrial. Luego de que el trabajador lesionado fuera sometido a diversos exá-menes médicos y celebrada la correspondiente vista pública la Comisión Industrial determinó que el trabajador' presenta la pérdida de la visión industrial del ojo derecho y le fijó el equivalente de una incapacidad del 25% de las funciones fisiológicas generales, concluyendo además que el trabajador tenía derecho a recibir el 10% adicional que para los casos de pérdida del globo ocular por enucleación, evisceración o atrofia extrema establece el Art. 3 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3.

De esta decisión recurre el Fondo del Seguro del Estado ante nos alegando que la Comisión Industrial erró al conceder el beneficio del 10% adicional a la concesión por incapacidad visual resultante.

La disposición aplicable a los hechos que presenta este caso es el referido Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la que en lo que es aquí pertinente dispone lo siguiente:

“3. Se considerará incapacidad parcial permanente la pérdida de un pie o pierna, una mano, un brazo, un ojo, uno o más dedos, ya sea de los pies o de las manos y cualquiera anquilosis o fractura o dislocación donde haya habido rotura de ligamentos y donde la restauración no sea completa.
Las incapacidades visuales permanentes se determinarán y valorarán por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado conforme al dictamen pericial de un oculista; disponiéndose, que las incapacidades parciales serán determinadas de acuerdo con el porcentaje de la incápacidad total que ellas representen tomando en consideración la eficiencia visual industrial de ambos ojos y aplicando, al efecto, los factores uno y tres, para el peor y mejor ojo respectivamente, y/o cualquier otra guía que se establezca en el futuro y que sea más liberal; y disponiéndose, además, que por la pérdida del globo ocular por enucleación, evisceración o atrofia extrema se indemnizará diez por ciento (10%) de incapacidad total o permanente en adición a la in-capacidad visual resultante.
La pérdida funcional completa y permanente de cualquier miembro que afecte la capacidad industrial del obrero, o su poder adquisitivo, se considerará como pérdida total de dicho miembro tal como si hubiese sido amputado.” (Énfasis suplido.)

En la vista celebrada ante la Comisión Industrial, además de la representación legal del lesionado y la del Fondo del Seguro del Estado, estuvieron presentes los oftal-mólogos Dr. Andrés Montalvo Carroll por la Comisión Industrial y el Dr. Ricardo Fernández por el Fondo del Seguro del Estado. Ambos médicos concurrieron en que el lesionado sufría de afaquia del ojo derecho, o sea, de opacidad del lente cristalino como consecuencia del accidente y que la incapa-cidad resultante debía ser fijada en un 25% de las funciones fisiológicas generales. También convinieron en que el, ojo lesionado no fue enucleado, no estaba eviscerado ni tenía atrofia extrema por lo que no ameritaba que se le conce-diera el 10% adicional que para tales casos fija la ley.-Tam-bién estuvieron acordes ambos oculistas en que una persona qüe sufre afaquia o pérdida del lente cristalino no sufre pérdida total de la visión y puede ver con lentes de contacto. En tales circunstancias aseguran los médicos que queda libe-ralmente compensado con un 25 % de pérdida de las funciones fisiológicas generales.

A pesar del testimonio concluyente de ambos peritos médicos a los efectos de que el lesionado no había sufrido pérdida del globo ocular por enucleación, evisceración o atro-fia extrema la Comisión Industrial .concedió a éste el 10% adicional que concede la ley. en esos casos, cuyo beneficio había sido negado por el Fondo. De la resolución que a esos efectos emitió la Comisión Industrial se desprende que dicha Comisión se sintió obligada por la doctrina sentada por noso-tros en el caso de Plaza González v. Comisión Industrial, 93 D.P.R. 907 (1967).

En el caso de Plaza González se trataba de un obrero que recibió una lesión en un ojo y' que según las determinaciones médicas sufría de “Afaquia Quirúrgica y Coloboma artificial del iris y pequeña cicatriz de herida penetrante de la córnea . lado nasal, ojo derecho”. La Comisión Industrial fijó a dicho obrero al igual que en eh presente' caso una incapacidad de 25% de incapacidad total permanente. Debido a que el obrero no podía ver nada por su ojo lesionado y debido a que conforme al dictamen de varios oculistas éste había sufrido la pérdida funcional y permanente de su ojo derecho lo que indiscutiblemente afectaba su capacidad industrial y su poder adquisitivo, dimos una interpretación liberal al Art. 3 de la Ley de Compensaciones de Accidentes del Trabajo antes transcrito al concluir que la condición del trabajador en aquel caso equivalía a una amputación del ojo teniendo por lo tanto el trabajador derecho a recibir el 10% adicional de incapacidad permanente que fija la ley.

En el presente caso, contrario a lo sucedido en el caso de Plaza González, el obrero no ha sufrido la pérdida funcional completa y permanente de su ojo lesionado por lo que no puede considerarse su situación como equivalente a una amputación dentro del razonamiento de nuestra decisión en el caso de Plaza González.

Siendo ello así, y en vista de la certeza del testimonio de los peritos médicos al efecto de que el obrero lesionado no ha perdido el globo ocular por enucleación, evisceración o atrofia extrema, y habiendo determinado dichos peritos que el obrero lesionado fue liberalmente compensado al asignársele el 25% de incapacidad total permanente,-debemos concluir que erró la Comisión Industrial al concederle al obrero lesionado el 10% adicional que fija la ley.

Se revocará la decisión de la Comisión Industrial.

        Enucleación es la liberación del globo ocular de sus adherencias o envolturas y extirpación total subsiguiente; evisceración es la extracción del contenido del globo ocular dejando intacta la esclerótica; atrofia extrema-es la disminución del volumen y peso del órgano. Véase, Decisión de la Comisión Industrial en el caso de Luciano Pérez, Decisiones de la Comisión Industrial, tomo 14, pág. 286. Véase' además Salvat, Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 8va. ed., págs. 416, 470.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    A. Martínez & Co., demandante y recurrente, v. Long Construction Co. y Leonard D. Long, demandados y recurridos.

      Número: R-72-155

      Resuelto: 3 de diciembre de 1973

      Gustavo Adolfo Del Toro y José Ramón Freyre, abogados de la recurrente; Brown, Newsom & Córdova e Iván Díaz de Aldrey, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Ambas corporaciones litigantes se dedican a la industria de la construcción. La recurrente A. Martínez & Co. aceptó un subcontrato de la recurrida Long Construction Company obligándose a ejecutar para ésta obras y servicios en el edificio conocido como San Juan Darlington por precio convenido de $329,640.00. Terminadas las obras, la subcontratista Martínez reclamó a Long la suma adicional de $37,353.98 por trabajo extra no comprendido en las especificaciones del contrato original. Long Construction aceptó la revisión y liquidación del contrato por Martínez, no obstante expresar que dicha labor extra no aparecía comprobada por las órdenes de cambio aceptadas por la primera, y a su vez dedujo del total recla-mado $12,974.95 por concepto de cargos atrasados debidos por Martínez, que justificó con una lista detallada de los mismos, resultando un balance de $23,386.30 por cuyo importe envió anexo a la carta-liquidación un cheque certificado a su subcontratista con un concepto de endoso al dorso que dice en inglés y parte en español:

“Endorsement of this check acknowledges payment in full as enumerated hereon
“El endoso de este cheque certifica el pago total como se detalla
“Payment in full of contract dated Dec. 7, 1964, between Long Construction Company and A. Martinez & Co., Inc., including all extra work charges of A. Martinez & Co., Inc. and all back charges due by A. Martinez & Co., Inc. to Long Construction Company as per Long Construction Company letter dated December 14, 1967, to A. Martinez & Co., Inc.”

La recurrente Martínez tachó los particulares del trans-crito concepto de endoso los cuales sustituyó con otro que dice:

“Payment on account final liquidation dated Dec. 5, 1966, Ref our 16.248 Long Construction Check #4632 dated Dec. 9, 1966.”

Bajo los endosos el referido cheque muestra una inscrip-ción en sello de goma que lee:

“For Deposit in Account Pay to the order of THE ROYAL BANK OF CANADA Santurce Branch
All prior endorsements guaranteed A. MARTINEZ & CO., INC.”

Martínez retuvo el cheque que depositó en su cuenta bancaria, y escribió a Long que aceptaba el mismo como abono o pago parcial. Eventualmente Martínez inició acción civil recla-mando de Long una diferencia de $14,100.23 que alega subsis-tente de las mutuas liquidaciones y pagos. El tribunal de ins-tancia dictó sentencia sumaria desestimando su demanda, fundada su decisión en la doctrina de acuerdo y pago (accord and satisfaction).

Notamos que , fue la acreedora Martínez la que inyectó el elemento de condición ilíquida del contrato al valorar y facturar por las obras extras, incluyendo en su estado de cuenta la suma de $37,353.98 por dicha partida. La subcontra-tista no estableció que esta cantidad hubiese sido objeto de mutua aceptación por las partes antes de ser incluida en el estado de cuenta servido .a Long; por el contrario en la liquida-ción que Long acompañó con su cheque se dice que ésta no tenía comprobantes de aceptación de dichos cambios o extras en la ejecución del subcontrato. Si a pesar de ello Long acepta y paga por dicha labor extra, no consideramos opresiva su acción incorporando a la liquidación una partida de $12,974.95 por cargos atrasados con una extensa relación donde se deta-llan y particularizan los mismos.

Nos hemos detenido a fijar la razón del estado ilíquido del contrato y la ausencia de opresión de la deudora sobre su acreedora como factores a estimar cuando se invoca la doctrina de accord and satisfaction. Fue en López v. South Porto Rico Sugar Company, 62 D.P.R. 238 (De Jesús, J., 1943), que se dio carta de naturaleza a dicha norma de dere-eho común que en cierto modo opera en un área de contratación rápida propia de nuestros dias y es más asequible para la terminación en corto plazo de diferencias, incertidumbres y mutuas reclamaciones que el contrato de transacción definido en el Art. 1709 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4821) el cual generalmente nace de un pleito pendiente o a punto de comenzar. Según la sentencia del Tribunal Supremo de España de 17 de octubre de 1924, el contrato de transacción requiere una cuestión anterior que le dé vida, ya sea judicial o extrajudicial, porque no sólo tiene lugar para poner término a un pleito ya comenzado, sino para evitar la provocación de una cuestión judicial. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, ed. 1951, tomo 12, pág. 97.

Por su viabilidad, su liberación de requisitos for-males y la prontitud de su acción suplantando la contienda y la incertidumbre por la concurrencia de opuestas pretensiones, podríase llamar al accord and satisfaction la transacción al instante. Hallándose sin liquidar las partidas de labor extra (órdenes de cambio) reclamadas por Martínez, y la de cargos atrasados reclamados por Long, era flúida e incierta la cuantía representativa del justo balance que saldaría el contrato, y el estado ilíquido es precisamente el campo de acción de la doctrina de acuerdo y pago (accord and satisfaction). En ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del deudor y mediando circunstancias claramente indicativas para el acreedor de que el cheque remitido lo era en pago y saldo total del balance resultante de la liquidación final del contrato, están presentes todos los requisitos de este modo de extinción de las obligaciones acogido en López v. South Porto Rico Sugar Co., supra. La aceptación del cheque por el acreedor bajo estas premisas equivale a dar su conformidad a la liquidación del contrato que lo acompañaba; y su acción unilateral tachando el concepto de endoso sustituyéndolo por otro de su propia redacción y escribiendo una carta en que expresa aceptar el cheque como abono o pago parcial fue un ejercicio inútil. “Está generalmente establecido que si un cheque con anota-ción indicativa de que se ofrece en pago total o transacción de una reclamación disputada o sin liquidar, se envía por el deudor a su acreedor, y estos extremos se aclaran al acreedor, éste último no puede evadir el dilema de devolver el cheque o retenerlo en pago total de su acreencia con simplemente borrar, suprimir o tachar las palabras que expresa dicho con-cepto de endoso.” 1 Am.Jur.2d (Accord & Satisfaction), Sec. 22, pág. 321.

Es obvio que el acreedor que acepta dinero con claro entendimiento de que representa una propuesta para la extinción de la obligación, no puede desvirtuar el acuerdo de pago fraseando a su gusto el recibo o el endoso en el cheque. El contrato de acuerdo y pago (accord and satisfaction), al igual que su paralelo de mayor solemnidad la transacción, es accesorio, consensual, bilateral y oneroso. Scaevola, Código Civil, ed. 1953, tomo 28, págs. 272 y ss. Se perfecciona con la simple retención del cheque por el acreedor que con ello expresa su consentimiento, sin que el acto unilateral de éste tendiente a modificarlo, una vez aceptado el cheque, produzca consecuencias jurídicas. No incidió la sala de instancia al conceder la sentencia sumaria solicitada por la parte recurrida.

Se confirmará la sentencia revisada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

       El texto original de la liquidación hecha por Long es el siguiente:
      “Contract Price . . ;.$329,640.00
      “Extra work that you stated is due but cannot be proven by our approved change orders . . . .. 37,353.98
      "Total amount of billing.$366,993.98
      Less: Payments, previously made by us.$330,632.73
      “Amount you claim.to be due.$ 36,361.25
      “Less: Back charges due us, which are enclosed here- ■ with on 30 legal sheets of paper and fully itemized 12,974.95
      “Balance due you (check enclosed to cover full payment of our entire agreement with you).$ 23,386.30”


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Baring Industries, demandante y recurrida, v. Ángel Rivera, Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.
    Número: R-70-337

      Resuelto: 14 de diciembre de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Elmer Toro Lucchetti y T. H. Parke, Jr., abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrida Baring Industries, una corporación organi-zada bajo las leyes del estado de Florida que se dedica a la venta de equipo de lavanderías embarcó hacia Puerto Rico una planchadora comercial (flatwork ironer) dirigida al “Hotel El Conquistador” en Fajardo. El valor de dicho arte-facto era de $11,491.02.

A la llegada del equipo a Puerto Rico el Secretario de Hacienda determinó que se trataba de un aparato eléctrico el cual pagaba impuestos bajo la Ley de Impuestos sobre Artícu-los de Uso y Consumo de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 4001 et seq., see. 4022. La aquí recurrida por medio de su represen-tante en Puerto Rico pagó el tributo impuéstole ascendente el mismo a la suma de $2,898.13. De dicha suma $2,275.00 correspondían al impuesto sobre la planchadora propiamente, correspondiendo la diferencia a dos motores eléctricos que formaban parte del equipo.

Posteriormente la aquí recurrida Baring Industries soli-citó del Secretario de Hacienda el reintegro de la suma de $2,275.00 aduciendo que el equipo en cuestión no era un equipo eléctrico y sí uno cuya función principal se realiza mediante vapor. Ante la negativa del Secretario de Hacienda a conceder el reintegro solicitado la recurrida radicó demanda ante el Tribunal Superior en solicitud del mismo. En su con-testación a la demanda el Secretario de Hacienda levantó como defensa que la aquí recurrida no tenía capacidad legal para interponer la reclamación en cuestión ya que el contri-buyente lo era el Hotel “El Conquistador”. Alegó además el Secretario que el equipo en cuestión funciona principalmente mediante el uso de electricidad.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda de reintegro luego de determinar que la función principal del equipo en cuestión es el planchado de ropas mediante el uso de vapor y no de electricidad. En cuanto a la capacidad legal de la recurrida para solicitar el reintegro determinó el tribunal que la recurrida sufrió el peso de la contribución lo que le daba derecho a acudir al tribunal a solicitar el reintegro aludido.

Recurre el Secretario de Hacienda ante nos señalando dos errores alegadamente cometidos por el tribunal de instancia. En primer lugar señala que el tribunal erró al determinar que la planchadora no es un aparato eléctrico sujeto al impuesto que establece la ley, lo cual es contrario a la prueba documen-tal presentada que demuestra que ocho motores eléctricos forman parte del equipo en cuestión. En segundo término señala que el tribunal erró al concluir que la recurrida es la contribuyente con capacidad legal para reclamar el rein-tegro de los arbitrios pagados.

No será necesario que entremos en la discusión del primer señalamiento de error ya que el segundo dispone del caso.

El Art. 60(a) (1) de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo (13 L.P.R.A. sec. 4060(a) (1)) establece quién será considerado como el contribuyente cuando se trata de introducciones directas a Puerto Rico. Dicha dis-posición expresa en lo pertinente lo siguiente:

“§ Jp060. Objetos tributables por la see. U010
En el caso de objetos sujetos a los impuestos establecidos en la see. 4010 de este título, la responsabilidad contributiva y el tiempo para el pago del impuesto se regirán por las siguientes reglas:
“(a) Introducciones Directas. En el caso de artículos introducidos en Puerto Rico en cualquier forma:
“(1) Contribuyente. El contribuyente será, excepto según se provee en el apartado (d) de esta sección:
“(a) si el artículo viene consignado directamente a un consignatario — el consignatario;”. (Énfasis suplido.)

La prueba demuestra que el equipo en cuestión vino con-signado directamente al “Hotel El Conquistador” y por tanto el contribuyente. Sobre dicha entidad consignataria recaía la responsabilidad del impuesto. El hecho de que la recurrida Baring Industries pagara el referido impuesto en lugar del contribuyente de acuerdo a un convenio que realizara con éste no convierte a la recurrida en la contribuyente al ocurrir el suceso tributable. Véase Island Properties Co. v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 875, 883 (1961).

La Ley Núm. 232 de 10 de mayo de 1949, según enmen-dada (13 L.P.R.A. see. 261 et seq.), concede al contribuyente el derecho a solicitar el reintegro de contribuciones pagadas o cobradas ilegal o indebidamente o en exceso de la cantidad debida y autoriza al contribuyente para recurrir ante el Tribunal Superior contra una denegatoria de reintegro del Secretario de Hacienda. Island Properties Co. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 883.

Aun bajo la anterior ley que regulaba el procedimiento de reintegro (Ley Núm. 169 de 1943, see. 4, según enmendada por la Núm. 137 de 1945) la cual establecía como requisito jurisdiccional para acudir al antiguo Tribunal de Contribu-ciones que la persona o entidad perjudicada alegare que había sufrido el peso de la contribución, resolvimos que cuando la Legislatura usó las palabras persona o entidad necesaria-mente se refería al contribuyente y no a cualquier persona. Standard Comm. Tob. Co. v. Tribl. Contrib., 71 D.P.R. 749 (1950).

Igualmente en el caso de Pedro A. Pizá, Inc. v. Tribl. Contribuciones y Tes., 72 D.P.R. 320 (1951), resolvimos que son dos los requisitos para instar la acción de reintegro, a saber: (1) el pleito debe ser instado por el contribuyente; (2) éste debe haber sufrido el peso de la contribución. En dicho caso resolvimos que ninguno de los dos reclamantes interesados en el reintegro cumplían con los dos requisitos antes mencionados ya que el contribuyente pasó a otro el peso de la contribución mientras que quien sufrió el peso económico de la contribución no era el contribuyente.

En el caso de autos si bien la recurrida sufrió el peso de la contribución por razón del contrato que hizo con la contribuyente, no era ella la contribuyente a quien el Estado ha autorizado a reclamar el reintegro de la contribución mediante la Ley Núm. 232 de 1949, según enmendada (13 L.P.R.A. see. 261 et seq.).

Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso y se dictará otra desestimando la demanda.

       Los impuestos en cuestión fueron impuestos bajo la See. 4010 alu-dida. Véase 13 L.P.R.A. sees. 4010, 4022.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Rosario Torres, acusado y apelante.
    Numero: CR-73-38
    Resuelto: 18 de diciembre de 1973

      Nora L. Rodríguez, abogada del acusado; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Carmen Celinda Ríos y Magda Haidar de Martí, Procuradoras Generales Auxiliares, aboga-das de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La persecución de los delitos de la época contemporánea como el tráfico de narcóticos, la bolita y las distintas prácticas de terrorismo ha hecho necesario utilizar el agente encubierto e informadores pagados para obtener evidencia incrimina-toria contra este tipo de. delincuentes. Se ha investido al agente encubierto de extraordinario poder sobre la libertad de los seres humanos en quienes recaiga su acusación, exten-diéndole una credibilidad sin precedentes a su testimonio aun cuando falte la más insignificante corroboración con evidencia material.

Bien pronto surgió a la. luz la corrupción e indignidad de agentes que fabricaron casos y se apropiaron los fondos del erario público que se suponía utilizaran en la compra de drogas. Muy poca protección tenían en la ley los ciudadanos falsamente acusados. Algunos tuvieron la suerte de que los propios fiscales que honran su ministerio descubrieran la podredumbre y pidieran el archivo de los casos; y alguno que otro tuvo el beneficio de un juez alerta y acuciador; los menos allegaron los medios de producir una coartada inexpugnable contra la patraña vestida con clámide oficial. Sin duda el legislador tuvo en mente esta tenebrosa amenaza a la limpieza e integridad del proceso judicial cuando insertó en la ley el Art. 523 (24 L.P.R.A. see. 2523, Ley de Sustancias Controla-das) que exige:

“Todo personal de investigaciones que intervenga o participe como encubierto en una transacción de venta de droga y sustan-cias controladas bajo las disposiciones de este Capítulo, deberá prestar ante un Fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse consumado la transacción de venta, una declaración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, a menos que se demuestre justa causa para una demora en someterla dentro del término antes indicado.
Cuando el Tribunal determinare en la vista preliminar que dicha declaración jurada no fue prestada, o que habiéndose pres-tado fuera del término de 120 horas no hubo justa causa para la dilación ni dicha declaración jurada ni el testimonio del agente encubierto podrán ser presentados en evidencia.”

Pero vigente o no esta disposición, para adjudicar credibilidad en casos de esta naturaleza, no hay necesidad de acción por la Legislatura como no la hubo para anular allanamientos y registros en que faltaba.contemporaneidad entre las observa-ciones del declarante en el afidávit para obtener la orden y la fecha de expedición de ésta. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (Dávila, J., 1964); como tampoco hubo necesidad de legislar para descartar como indigna de crédito evidencia producida en declaración jurada seis meses después de reali-zada una venta de bolita, situación sobre la cual se expresó este Tribunal:

“. . . ¿Qué justificación existe para esta demora? Ninguna se ofrece. No hay duda de que si la declaración se hubiese prestado inmediatamente la garantía de veracidad del testimonio del agente sería mayor y más confiable. No puede aducirse que con ello se pone en peligro la efectividad de la investigación confi-dencial que se está realizando pues en forma alguna se revela la identidad del encubierto ante los posibles infractores de la ley en la zona en que se realiza la investigación. Insistimos, ¿por qué esta tardanza? ¿No es preferible que el testimonio se pro-duzca cuando los hechos están más frescos en la memoria, sin que se tenga que depender casi exclusivamente de unos apuntes que tampoco se presentan luego ?

Analizando el contenido del testimonio prestado por el agente se observará de inmediato que se reduce a los particulares míni-mos necesarios para establecer la infracción. Precisamente debido a la situación en que se coloca el acusado es necesario que estos particulares se rodeen de ciertos detalles para que se coloque al juzgador en posición de conferirle a ese testimonio el grado óptimo de credibilidad.” Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 707-8; (Blanco Lugo, J., 1966).

En Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966), expresamos nuestra preocupación por la forma en que se instrumentaban por la policía las investigaciones en que intervenían agentes encu-biertos, y alertamos sobre la necesidad de mejorar el método de investigación para evitar que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia y derive la impresión de que se sanciona el en-causamiento de determinadas personas a quienes se tiene repu-tadas como inveterados infractores de la ley (crime by reputation) Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 352 (Blanco Lugo, J., 1967).

El agente estuvo realizando labor de encubierto en perse-cución del tráfico de drogas en el sector de la Parada 20, Santurce, desde principios de agosto hasta la primera quin-cena de diciembre de 1971 (T.E. pág. 19). Su táctica consistía en solicitar que le vendieran heroína por la cual pagaba simu-lando ser un adicto. Durante ese período de 4 meses declara primero haber realizado nueve o diez transacciones de com-praventa (T.E. pág. 20), y luego dice fueron diez u once (T.E. pág. 22). No conocía al acusado-apelante con quien intervino una sola vez en la siguiente forma: le entregó $25.00 a un tal Papo a quien conocía como traficante, para comprar droga; éste lo llevó donde el apelante .Rosario quien estuvo conforme en el precio de $25.00 por 10 “bolsas” y mandó a Papo a “buscar el material a la casa.” Que éste desapareció y regresó al rato con un sobre amarillo que le entregó al acusado quien sacó “algo” del sobre que no puede precisar el encubierto y se lo echó en el bolsillo izquierdo, devolviendo el sobre a Papo quien lo entregó al agente. (T.E. págs. 13-15.) El sobre contenía el material solicitado.

El único detalle que aparentemente no pudo reconstruir el testigo policía fue el “algo” que en su inmediata presencia, a las 3:80 de la tarde (T.E. pág. 18) el apelante saca del sobre y se echa al bolsillo. No concebimos que entre diez u once transacciones pueda el testigo agente reconstruir con fidelidad sin el auxilio de una declaración jurada hecha a raíz de la intervención con el apelante, la participación de éste en una transacción por la que se le impusieron sentencias concu-rrentes de 5 a 7 años de presidio en cargos de posesión y venta. Es palpable la insuficiencia de la prueba para sostener el cargo de transportación (Pueblo v. Cruz, 101 D.P.R. 803 (1973), pero ahora nos dirigimos a la ausencia de confiabilidad en la declaración del agente secreto.

Habiendo ocurrido los hechos el 23 de agosto de 1971 según el relato del agente encubierto, no es hasta el 21 de enero de 1972 que éste prestó declaración jurada sobre los mismos al fiscal.

La razón que ofrece el agente para su tardanza de 5 meses en revelar la transacción es de una falsedad trans-parente. Dice que de haber prestado la declaración jurada antes del 21 de enero de 1972 (su asignación había terminado a principios de diciembre de 1971) se hubiese expedido orden de arresto y su vida corría peligro. ¿Es ésta una imputación al Fiscal de que divulgaría antes de tiempo la secretividad del sumario de investigación? ¿O se debe a la ignorancia de que no puede haber orden de arresto hasta que el encubierto declare ante un magistrado? ¿O a la final e inaceptable igno-rancia en su oficio de agente secreto de la práctica seguida de no obtener las órdenes de arresto hasta terminada la misión investigativa del encubierto, y sólo minutos antes de iniciar la redada de arrestos? No hay modo de reconciliar su falta de confianza en el fiscal de Distrito a quien niega una declara-ción jurada, con la confianza en su superior a quien dice haber entregado la evidencia material el mismo día. No es este el caso en que el agente ignora que lo propio es dar en breve plazo una declaración al fiscal y de buena fe cree que ha cumplido con entregar la evidencia en el cuartel. Es el caso del que, sabedor de la práctica correcta, aduce excusas inverosímiles y falaces por no haber suministrado la declara-ción jurada, hecho más que suficiente para matizar todo su testimonio en juicio de falto de credibiladad.

Estamos plenamente enterados de la gran utilidad del agente encubierto que se adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más oscuros recintos del crimen organizado y con gran exposición de su vida saca los infrac-tores de la sombra y clandestinidad para traerlos a responder por sus actos en sala de justicia. No estamos, por tanto, pre-conizando, ni siquiera alentando el abandono de este método de investigación y procesamiento. Confiamos en que los hombres seleccionados para esta labor sean de integridad sin tacha. Pero habida cuenta de la enorme influencia que sobre el destino del encausado puede generar el testimonio del agente, en reverencia a la libertad de los seres humanos con quienes interviene, se impone una aumentada exigencia y un mayor rigor en la estimación por las cortes de las actuaciones del agente encubierto. La triste experiencia con agentes ines-crupulosos y prevaricadores ha puesto toda la organización bajo severa evaluación y se hace necesario elevar las normas mínimas de credibilidad. De lo contrario degradaríamos la libertad.

Erró el tribunal de instancia en la apreciación de la prueba por lo que su sentencia debe ser revocada y el apelante absuelto.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre en el resultado.

       Rehusamos intervenir con la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia, entre otros, en Pueblo v. Ramirez Rodriguez, 85 D.P.R. 446 (per curiam) (1962); Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 449 (per
        curiam) (1964); Pueblo v. Nazario, 87 D.P.R. 130 (Belaval, J., 1963); Pueblo v. Muñiz, 86 D.P.R. 553 (per curiam) (1962); Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (Blanco Lugo, J., 1961); Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 228 (Blanco Lugo, J., 1961); Pueblo v. Belén, 96 D.P.R. 669 (per curiam) (1968); Pueblo v. Rivera, 96 D.P.R. 629 (per curiam) (1968); Pueblo v. Figueroa Santiago, 93 D.P.R. 154 (per curiam) (1966).

      Sólo dos decks dieron resultado positivo de heroína.

      Fue absuelto por el tribunal de instancia en el tercer cargo de la acusación que lo es por transportación. (T.E. pág. 32.) Faltó suficiente precisión en la imposición de sentencia (T.E. pág. 34) que dio lugar a error en la minuta de 10 de mayo de 1972 en cuanto al cargo del cual fue exonerado.

       Nuestra Asamblea Legislativa ha dado especial atención a la erosión de la libertad y a los principios de debido proceso tratados en esta opinión. En el Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado, al cabo de vistas públicas celebradas en septiembre de 1970 se hacen las siguientes críticas y recomendaciones:
      “2. Las reglas de evidencia actualmente vigentes no requieren corro-boración de la declaración de un agente encubierto en un proceso criminal contra una persona acusada de violar la Ley de Narcóticos de Puerto Rico o la Ley de la Bolita. Hasta hace algunos años era difícil, si no imposible, para los acusados en estos casos poder presentar una defensa adecuada, cuando había transcurrido un término considerable desde la fecha de la supuesta violación hasta el momento del arresto.
      “Hubo ocasiones en que transcurrieron once meses y medio entre una fecha y otra y a pesar de la posición de indefensión en que se situaba el acusado, bastaba la declaración del agente, la cual de ser creída, como ocurría casi siempre, resultaba en una convicción para la persona, quien no podía recordar, por el tiempo transcurrido, en donde estaba el día y la hora de los supuestos hechos.
      “El caso de Pueblo vs. Ayala Buiz, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1966, vino a aliviar, un poco esta situación injusta para los acusados al establecer ciertos requisitos o guías mínimas en cuanto a los detalles que debería cubrir el testimonio de un agente encubierto, si su declaración ha de merecer crédito, tratando así de garantizar los proce-dimientos criminales en aquellos casos en que el único testigo del delito imputado es un agente encubierto. Pero, a pesar de esta decisión judicial, no se restableció el equilibrio que debe existir entre la presunción de inocencia del acusado y la ventaja obvia en que se coloca el Ministerio Fiscal en la pre-sentación de su prueba que, por lo general, descansa en la sola declara-ción de un agente encubierto.
      “Aunque reconocemos la importancia y necesidad de la institución del agente encubierto en la persecución del tráfico ilegal de drogas narcóticas y del juego de la bolita, se hace necesario reglamentar la misma de tal forma que, al mismo tiempo que se mejoren las técnicas de entrena-miento y de equipo de las personas que van a servir como agentes encu-biertos, se establezca un mecanismo legal que tienda a exigir la presenta-ción de una prueba más confiable contra las personas acusadas.
      “La Comisión desea señalar, a los efectos de la precedente recomenda-ción, que en la pasada Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa, el Senado de Puerto Rico aprobó el P. de. S. 585, presentado por los Sena-dores Alemañy Fernández y Rodríguez Torres, el cual enmienda el Artículo 520 del Código de Enjuiciamiento Civil con el fin de disponer que ‘el testi-monio prestado en juicio por un agente encubierto deberá considerarse con mayor grado de cautela y precaución en aquellos casos donde el tiempo transcurrido entre la fecha de los hechos que se le imputan al acusado y su arresto o donde las circunstancias envueltas en el caso, no permitan al acusado impugnar el testimonio de dicho agente. (Nota: Se refiere a la im-pugnación del testigo mediante evidencia contradictoria o de que su re-putación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala, o mediante evidencia de convicción por delito grave.) En casos cri-minales, el jurado será instruido al respecto.’ ” Revista de Derechos Humanos, Vol. 1 Núm. 2, Junio, 1971, págs. 88-89.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Juan Díaz Díaz, peticionario, v. Emilio Torres Marrero, Alcaide Campamento Penal Limón de Mayagüez, demandado.
    Número: O-72-237
    Resuelto: 21 de diciembre de 1973

      Santos P. Amadeo, abogado del peticionario; Myriam Naveira de Podón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La representación legal de Juan Díaz Díaz ha radicado una moción de reconsideración a una resolución de fecha 30 de agosto de 1973, que declaró sin lugar una petición de hábeas corpus. Al solicitar la reconsideración expresó. que “es necesario que este Tribunal dé las razones por las cuales declaró sin lugar la apelación, o como la llama este Tribunal ‘petición de hábeas corpus’. ” No hay tal apelación. Equivo-cadamente la representación legal del peticionario entiende que hay pendiente el recurso, cuando de los autos surge que no se ha radicado tal escrito contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. Veamos lo ocurrido.

Juan Díaz Díaz por derecho propio, invocando la jurisdic-ción original de este Tribunal, radicó el 4 de agosto de 1972 una petición de hábeas corpus. Alegó que el abogado que lo representó en una causa criminal ante la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior le aconsejó que si se declaraba culpable podría conseguirle dela3ódela5 años que era el máximo de delito de tentativa de robo y que le podía conseguir la probatoria si se declaraba culpable, pues el juez lo tendría en consideración. Alegó que no le cumplieron la promesa y que se le sentenció a una pena excesiva.

Referimos el caso a la Sociedad Para Asistencia Legal “a fin dé que dicha Sociedad proporcione al peticionario la asis-tencia que fuera necesaria.”

La Sociedad radicó el 28 de noviembre de 1972 un informe haciendo constar que el peticionario había radicado otra petición de hábeas corpus ante la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior, y que luego de celebrada una vista fue declarada sin lugar. Acompañó copia de la sentencia dictada por el Tribunal de Aguadilla en la cual se determinó que el abogado que representó -al peticionario no le había hecho promesa alguna al efecto de que le sería impuesto el mínimo de la pena si se declaraba culpable; que el acusado estuvo bajo fianza antes del juicio y que conferenció varias veces con su abogado. Concluye el informe de Asistencia Legal con una solicitud de relevo de la representación del peticionario.

Con fecha 6 de diciembre de 1972 dictamos resolución de-clarando sin lugar la petición de hábeas corpus radicada ante este Tribunal. El 12 de diciembre comparece en autos el abogado Santos P. Amadeo para que se le tuviera como uno de los abogados del peticionario. En dicho escrito el abogado hace constar “que el aquí peticionario ha contratado los ser-vicios profesionales de este letrado para que lo represente en este recurso de hábeas corpus. . . .” Informa que había soli-citado la transcripción de evidencia en la Sala de Aguadilla y que se proponía radicar un escrito adicional al informe que radicó Asistencia Legal. Con fecha 3 de enero de 1973 solicitó la reconsideración de nuestra resolución de 6 de diciembre anterior, declarando sin lugar el escrito radicado por el peti-cionario. Solicitó además prórroga para radicar memorandum en apoyo de la reconsideración.

A la petición de reconsideración radicada y solicitud de prórroga dictamos la siguiente resolución:

“Vistas las mociones radicadas por el Lie. Santos P. Amadeo en las que solicita reconsideración de la resolución de este Tribunal de 6 de diciembre de 1972 y para que se le tenga como uno de los abogados del peticionario en el recurso de epígrafe, el Tribunal se da por enterado de la nueva representación legal del peticionario y le concede un término de treinta (30) días a partir de la fecha de radicación en este Tribunal de la transcrip-ción del record para la radicación del escrito adicional del peti-cionario.”

El 22 de junio de 1973 radicó un alegato que tituló “Alegato del Peticionario Apelante en apoyo del Recurso de Apelación”. En dicho alegato se expresa lo siguiente:

“Que el peticionario-apelante radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla un recurso de Hábeas Corpus (CS72-743) en el que alegaba que no tuvo una asistencia dili-gente y efectiva, sino pro-forma. Que la declaración de culpabili-dad fue hecha bajo falsas promesas en cuanto a las penalidades que se le iban a imponer.
Que aunque no se alegó en la solicitud de hábeas corpus, declarada sin lugar el 2 de mayo de 1972 por el Tribunal inferior, su Magistrado Hon. Roberto Veray Torregrosa, Juez Superior, del record del proceso criminal surge que el peticionario no renunció expresa, inteligente y conscientemente el derecho a juicio por jurado, y, además que la declaración de culpabilidad no fue hecha inteligente y conscientemente.”

Pasó entonces a discutir los errores señalados y terminó solicitando “la- revocación de .las sentencias impuéstales al peticionario apelante por el Tribunal inferior el 30 de junio de 1971.”

El Procurador General con fecha 9 de agosto de 1973 radicó su informe.

Así vemos que el abogado del peticionario, luego de solici-tar prórroga para radicar una moción de reconsideración a nuestra determinación de 6 de diciembre de 1972, en la cual declaramos sin lugar la petición de hábeas corpus radicada ante este Tribunal el 4 de agosto anterior, lo que hace es presentar un alegato, que afirma ser en apoyo de un recurso de apelación en el caso de hábeas corpus radicado en la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior y que tiene el número CS72-743. No aparece que en dicho caso se hubiera presentado “Escrito de Apelación”.

La sentencia fue dictada el 2 de mayo de 1972 y archivada en autos el día 9 siguiente. El siguiente documento que apa-rece radicado en dicho expediente con fecha 12 de diciembre de 1972 es la “Solicitud de Transcripción de Evidencia con Preferencia” de la cual acompañó copia a la Moción radicada ante este Tribunal el mismo día 12 de diciembre de 1972 y en la cual hace constar “que el aquí peticionario ha contratado los servicios profesionales para que lo represente, en recurso a radicarse 'próximamente. . . .” No se radicó apelación contra la sentencia. Como antes consignamos, el peticionario radicó una nueva solicitud de hábeas corpus ante este Tribunal el 4 de agosto siguiente, la cual fue declarada sin lugar.

Es por esa razón que consideramos como una nueva peti-ción de hábeas corpus ante este Tribunal el escrito radicado por la representación del peticionario en el que se alegan fundamentos diferentes a los expuestos en la petición de hábeas corpus radicada en Aguadilla para atacar la sentencia. Y por ser frívolos los dos fundamentos apuntados, la declara-mos sin lugar el 30 de agosto del corriente. Decimos que son frívolos porque según el abogado del peticionario, el juez sentenciador “abdicó la obligación que le impone la jurispru-dencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los casos de este Tribunal de Pueblo v. Juarbe de la Rosa y Pueblo v. Delgado Martínez, supra, de inquirir él personalmente y no a través del abogado del acusado si éste había renunciado inteli-gentemente y conscientemente el derecho a juicio por jurado.” El récord demuestra palmariamente que fue todo lo contrario. El juez personalmente explicó al acusado su derecho a ser juzgado por jurado cumpliendo con lo resuelto en nuestras decisiones citadas por el peticionario. Y, se cercioró además de que el abogado le había ya advertido de la naturaleza y las consecuencias de la renuncia. A continuación lo ocurrido según surge de la transcripción de evidencia:

“Hon. Juez:
Señor Díaz, usted escuchó a su abogado manifestar que re-nuncia al derecho constitucional que le asiste a juicio por jurado en los tres cargos de delitos graves, Tentativa Para Cometer Violación, Tentativa Para Cometer Robo y Escalamiento en Primer Grado.
R. Sí, señor.
P. A usted alguien lo ha amenazado o le ha ofrecido algo para que renuncie a ese derecho ?
R. No, señor, nadie.
P. Usted renuncia a ese derecho de juicio por jurado libre y voluntariamente ?
R. Sí, señor.
P. Está consciente que ese es un derecho que le garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y con-siste en que doce personas del distrito judicial de Aguadilla, que compone los pueblos de Aguada, Rincón, Moca, San Sebastián, Larese Isabela, se sientan ahí en - esas sillas' después de ser escogidos mediante preguntas que le hace la defensa y el fiscal; escuchan la prueba de El Pueblo y la defensa si tiene usted a bien presentar alguna, ya que usted no está obligado a presentar prueba, sino es al fiscal a quien le corresponde probar su culpa-bilidad más allá de toda duda razonable; escuchan las instruc-ciones del juez y luego se retiran a deliberar y por lo menos nueve de ellos tienen que ponerse de acuerdo y votar afirmativa-mente lo mismo para encontrarlo a usted absuelto o culpable en cualquiera de los tres casos. Que de usted renunciar a ese dere-cho, en lugar de ser esas doce personas sería única y exclusiva-mente este juez, quien determine su inocencia o culpabilidad. Usted entiende bien eso ?
R. Sí, señor.
P. Sabe que en lugar de doce personas, sería únicamente este juez, quien va a determinar su culpabilidad o inocencia?
R. Sí, señor.
P. Y a pesar de eso, usted se reafirma en esa renuncia?
R. Sí, señor.
P. A usted nadie lo ha amenazado, ni le ha ofrecido nada para que renuncie a ese derecho?
R. No, señor.
P. Usted lo hace libre y voluntariamente de su parte?
R. Sí, señor.
P. No tiene ninguna duda, su abogado le ha explicado eso también?
R. Sí, señor.
P. Usted entendió lo que su abogado le explicó ?
R. Sí, señor.
P. Fue lo mismo que yo le volví a repetir, la diferencia entre juicio por jurado y juicio por Tribunal de Derecho?
R. Sí, señor.
P. El Tribunal acepta la renuncia a juicio por jurado por entender que la misma es hecha en forma voluntaria e inteli-gente.”

Es claro pues que el juez personalmente le informó al acusado con lujo de detalles la. diferencia entre ser juzgado por un jurado y por tribunal de derecho, cerciorándose así de que fue una decisión libre y voluntaria del acusado, y cumpliendo con todo lo que exige nuestra jurisprudencia.

Analicemos ahora la declaración de culpabilidad. Sostiene el peticionario que “no hubo una declaración de culpabilidad hecha inteligente y concienzudamente. El juez sentenciador no inquirió del peticionario-apelante la edad que tenía, si él estaba afectado de sus facultades mentales, qué preparación escolar tenía, si él sabía los derechos constitucionales que renunciaba al declararse culpable; si sabía que al declararse culpable no podía apelar de la sentencia impuéstale ante este Tribunal, si él tenía récord penal, o sea, su experiencia con la justicia. En otras palabras, el juez sentenciador no inquirió del peticionario-apelante ningún hecho que demostrara si la renuncia fue inteligente y consciente; así como también al peticionario-apelante admitir culpabilidad lo hacía inteligente y conscientemente.” El récord demuestra la incorrección de esta afirmación. A continuación copiamos el incidente relacio-nado con la alegación de culpabilidad del apelante:

“Hon. Juez:

Señor Díaz, usted escuchó manifestar a su abogado, que hace alegación de culpabilidad en el delito de Tentativa Para Cometer Violación, en el otro delito de Tentativa Para Cometer Robo y en la Infracción al Artículo 4 de la Ley de Armas.'
R. Sí, señor.
P. Usted hace eso libre y voluntariamente ?
R. Sí, señor.
P. Alguien lo ha amenazado o le ha hecho oferta de clase alguna para que usted se declare culpable ?
R. No, señor, nadie.
P. Le han prometido probatoria o mínimo para que se declare culpable?
R. No, señor.
P. Usted sabe que el delito de Tentativa Para Cometer Robo conlleva una penalidad de uno a diez años de presidio con trabajo forzoso ?
R. Sí, señor.
P. El delito de Tentativa Para Cometer Violación conlleva una pena máxima de cincuenta años de presidio con trabajo forzoso ?
R. Sí, señor.
P. Por infracción al artículo 4 de la Ley de Armas conlleva > una pena de seis meses a dos años de cárcel. ¿Entiende usted eso?
R. Sí, señor.
P. Entendiendo eso se ratifica usted en la alegación de culpabilidad ?
R. Sí, señor.
P. Usted discutió esto con su abogado ?
R. Sí, señor.
P. Usted habló con él ?
R. Sí, señor.

P. El Tribunal acepta la alegación de culpabilidad en los tres casos por entender que la misma es hecha en forma volun-taria e inteligente.” (Véase T.E. págs. 8 a 10.)

Para sostener su apuntamiento el peticionario a través de su abogado citó los casos de Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 464 (1938) y Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930). El primero de estos dos casos considera la cuestión referente a la renuncia a ser representado por abogado en una causa criminal, y en el segundo se considera la validez de la renuncia hecha por el acusado para que el juicio siguiera ventilándose ante un jurado compuesto de once personas por haberse enfermado uno de los jurados. Ninguno de ellos trata sobre la cuestión que plantea la validez de una declaración de culpa-bilidad.

El acto de declararse culpable es de gran trascendencia en el procedimiento criminal. El acusado mediante su alegación de culpabilidad renuncia a una serie de derechos fundamen-tales que le garantizan la Constitución y las leyes. El Estado queda relevado de la celebración de proceso que puede ser largo y costoso. Es por eso, que el acto debe estar rodeado de todas las garantías, especialmente si se tiene en cuenta que una gran parte de las personas acusadas de delitos graves se declaran culpables. De acuerdo con datos en poder de la Admi-nistración de Tribunales, para el año 1972-73 de los 5,020 casos por delitos graves resueltos en ese año 3,045, ó sea, un 61% lo fueron por alegación de culpabilidad. Es conveniente para una mejor administración de la justicia que el récord revele que al declararse culpable, el acusado lo hace libre y voluntariamente, consciente de los derechos que renuncia y las consecuencias que la alegación conlleva. De esta forma podrá disponerse más rápidamente de cualquier alegación que se formule contra la sentencia posteriormente.

Las vigentes Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 contienen la norma a seguirse en casos en los cuales el acu-sado se declara culpable. La Regla 70 dispone que “[e]l tribunal no aceptará la alegación de culpabilidad sin determi-nar primeramente que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación.” Corresponde esta regla a la Núm. 11 de las de Procedimiento Criminal de la jurisdic-ción federal.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado la cuestión que ahora nos ocupa en una serie de casos recien-tes. Comenzando con Machibroda v. United States, 368 U.S. 487 (1962), siendo el último Fontaine v. United States, 411 U.S. 213 (1973).

McCarthy v. United States, 394 U.S. 459 (1969), expresa que la Regla 11 requiere que el juez inquiera del acusado si comprende la naturaleza de los cargos que contra él penden y si está consciente de su admisión de culpabilidad. Establece que la Regla 11 tiene dos propósitos. Primero “está diseñada para ayudar al juez de distrito en su determinación de que la alegación de culpabilidad de un acusado es en realidad voluntaria, como lo requiere la Constitución.” Segundo, que conste en récord al momento de hacer la alegación de culpabilidad, todos los factores que determinan que fue voluntaria y consciente de, sus consecuencias. Pasa entonces a exponer:

“Estos dos propósitos encuentran su génesis en la naturaleza de la alegación de culpabilidad. Un acusado que hace dicha ale-gación simultáneamente renuncia a varios derechos constitu-cionales, incluyendo su privilegio contra la auto-incriminación compulsoria, su derecho a juicio por jurado y su derecho a ca-rearse con sus acusadores. Para esta renuncia ser válida bajo la Cláusula de Debido Proceso, debe tratarse de ‘una dejación o abandono de un derecho o privilegio conocido.’ Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 (1938). Consecuentemente, si la alega-ción de culpabilidad de un acusado no es igualmente voluntaria e inteligente, se habrá obtenido en violación del debido proceso y sería, por consiguiente, nula. Por otra parte, debido a que una alegación de culpabilidad es una admisión de todos los elementos de una acusación criminal formal, no puede ser realmente volun-taria a menos que el acusado posea ciertos conocimientos res-pecto a la relación de la ley con los hechos.

Así que, además de instruir al juez que examine la compren-sión del acusado de la naturaleza de la acusación y las consecuen-cias de su alegación, la Regla 11 requiere que el juez se satisfaga de que la alegación encuentra base en los hechos del caso. El juez debe determinar ‘que la conducta en que el acusado admite haber incurrido es constitutiva del delito imputado al cuál se ha declarado culpable o de uno en él incluido.’ El requerir este examen de la relación entre la ley y los actos que el acusado admite haber cometido persigue el propósito de ‘proteger a un acusado que se encuentre en la posición de alegar voluntaria-mente con conocimiento de la naturaleza del cargo, pero sin darse cuenta que su conducta en realidad no cae dentro de la acusación’.”

Halliday v. United States, 394 U.S. 831 (1969) le dio efecto prospectivo a McCarthy. Ver además Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238 (1969); Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).

Aunque algunas jurisdicciones estatales han interpretado la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo a que aca-bamos de aludir como que requiere enumerarle al acusado todos los derechos y defensas que renuncia al declararse culpable, In Re Tahl, 460 P.2d 449-456 (Cal. 1969), general-mente se acepta que no es necesario hacerle saber uno por uno todos esos’ derechos. Stinson v. Turner, 473 F.2d 913 (10th Cir. 1973); United States v. Frontero, 452 F.2d 406, 415 (5th Cir. 1971). Sostienen estos últimos que McCarthy y Boykin, al enumerar las garantías constitucionales que se renuncian al declararse culpable lo hicieron con el propósito de hacer resaltar la importancia que tiene una declaración de .culpabilidad.

El procedimiento para determinarvsi una declaración de culpabilidad es voluntaria e inteligentemente hecha no requiere determinado ritual. United States v. Warwar, 478 F.2d 1183 (1st Cir. 1973). Lo que se requiere es que el juez se cerciore de que el acusado está consciente de cuál es el delito y los hechos que se le imputan, le aperciba de su derecho a que su caso se vea ante jurado, y que es el Estado el que tiene que establecer los hechos que le imputan más allá dé duda razonable teniendo el derecho a no declarar y a que se le citen testigos para su defensa; informarle de la pena que el delito por el cual está procesado conlleva, haciéndole saber el mínimo y el máximo, que si se le imputan dos o más cargos las penas pueden imponérsele concurrentemente, o consecutivamente y que si comete un delito posteriormente, la pena por ese delito es más onerosa por ser reincidehte. Y lo más importante que la declaración de culpabilidad sea voluntaria y consciente de sus consecuencias y que no medien promesas de clase alguna. Ver Stinson v. Turner, supra; Eagle Thunder v. United States, 477 F.2d 1326 (8th Cir. 1973); United States v. Warwar, supra; Hinds v. United States, 429 F.2d 1322 (9th Cir. 1970); Flores v. United States, 337 F.Supp. 45 (D.C.P.R. 1971); ABA Standards Relating to Pleas of Guilty (1968 Draft), Judicial Conference of the United States Preliminary Draft of Proposed Amendments to the Federal Rules of Criminal Procedure for the United States District Courts (1971) 52 F.R.D. 409 (1971). Ver Regla 11 (c) pro-puesta; Nota, Plea Bargaining, 56 Minn. L. Rev. 718 (1972); Nota, Restructuring the Plea Bargain, 82 Yale L. J. 286 (1972) ; Thompson, The Judges Responsibility on a Plea of Guilty, 62 W. Va. L. Rev. 213 (1960).

En el presente caso el récord revela que el acusado no era un analfabeto. Había residido desde los seis años en los Estados Unidos y allá había estudiado hasta el segundo año de escuela superior. Las contestaciones al interrogatorio a que fue sometido en el caso de hábeas corpus visto en Aguadilla demuestra que es poseedor de una mente despierta y coordinada. Ciertamente no demuestra que estuviera privado de sus facultades mentales. El juez le preguntó si la alegación la hacía libre y voluntariamente, si lo habían amenazado o le habían prometido algo para que se declarara culpable. A todas contestó en la negativa. El juez informó el mínimo y el máximo que conllevaba cada delito por los cuales se le acusaba y aun más se cercioró que había discutido el asunto con su abogado. Si a todo esto se añade que previo a la declaración de culpabilidad cuando el acusado renunció a que su caso se viera ante jurado, el juez al examinarlo le informó de los casos que contra él pendían, del derecho que tenía a ser juzgado por doce hombres que tenían que ser vecinos de los pueblos de Aguada, Rincón, Moca, San Sebastián, Lares, Isabela y Aguadilla, que no tenía que presentar prueba, y que al fiscal era al que le correspondía probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Ciertamente se cumplió sustancialmente con los requisitos anteriormente expuestos. No vemos cómo pueda seriamente sostenerse que la alegación de culpabilidad del peticionario se hizo sin determinar primeramente que la misma fue voluntaria, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación. De ahora en adelante los jueces deben tener especial cuidado cuando se hace alegación de culpabilidad, de que del récord surja que se ha cumplido con los requisitos que antes hemos reseñado.

Por todo lo expuesto, procede que se declare sin lugar la moción de reconsideración.

      La Regla 11 de las de Procedimiento Federal establece:
      “A defendant may plead not guilty, guilty or, with the consent of the court nolo contendere. The court may refuse to accept a plea of guilty, and shall not accept such plea or a plea of nolo contendere without first addressing the defendant personally and determining that the plea is made voluntarily with understanding of the nature of the charge and the consequences of the plea. If a defendant refuses to plead or if the court refuses to accept a plea of guilty or if a defendant corporation fails to appear, the court shall enter a plea of not guilty. The court shall not enter a judgment upon a plea of guilty unless it is satisfied that there is a factual basis for the plea.”


text:
    Luis Roberto Figueroa Méndez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Gerardo Carreira Más, Juez, demandado.

      Número-. O-73-257

      Resuelto: 4 de enero de 1974

      Luis Roberto Figueroa Méndez, por derecho propio; Dora Neva-rez de Pagan, abogada del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   per curiam :

El peticionario se declaró culpable de pose-sión y transportación de heroína, ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 10 de marzo de 1971 y fue sentenciado el 8 de abril de 1971, a una pena indeterminada de 5 a 7 años de presidio con trabajos forzados en cada caso, a cumplirse concurrentemente entre sí. Dicha sentencia era firme a la fecha que entró a regir la nueva Ley de Sustancias Contro-ladas. Solicita ante este Tribunal en un escrito titulado “cer-tiorari”, entre otras cosas, que se le modifique la sentencia impuesta por o bajo la anterior Ley de Drogas, y se le sen-tencie bajo las disposiciones de la nueva Ley de Sustancias Controladas, Ley Númi. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sees. 2101 et seq. (suplemento 1973)) y que establece penas más bajas en casos en que no esté envuelta la venta o traspaso de drogas, 24 L.P.R.A. see. 2602.

Las disposiciones aplicables de la nueva Ley de Sustancias Controladas comenzaron a regir el 23 de junio de 1971 dis-poniéndose en su Art. 602 inciso (a) que:

“(a) Las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes derogadas por este Capítulo, que ocurra con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo se seguirá tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la susodicha violación. Si la violación por la cual se ha acusado es similar a las que se incluyen en este Capítulo, se aplicarán las penalidades dispuestas por este Capítulo, si éstas son menores que las penalidades bajo la legislación anterior.” 24 L.P.R.A. 2602(a).

Surge claramente que al peticionario no le aplican las disposiciones de esta nueva ley, la sentencia dictada era firme y por tanto no estaba pendiente la acusación. Inadvertidamente resolvimos lo contrario en Hernández v. Tribunal Superior, O-73-125, Sentencia de 10 de agosto de 1973, citado por el peticionario.

Conscientes de dicho error, el 28 de noviembre de 1973, en el caso de Manuel Estrella Rosario v. Tribunal Superior, O-73-438, mediante Resolución le dimos un no ha lugar a un certiorari donde el peticionario al igual que en este caso, soli-citaba se le modificara.su sentencia a tenor con la nueva Ley de Sustancias Controladas, aun cuando fue sentenciado con anterioridad a dicha ley, siendo dicha sentencia firme, por no estar en proceso de apelación. Al negarnos a expedir el auto expresamos: “Habiendo sido sentenciado.el peticionario el 17 de noviembre de 1970, siendo la fecha de efectividad del Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas la de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2404) y no habiendo estado para dicha fecha pendiente la acusación en este caso, [por ser firme la sentencia] no es de aplicación dicho Artículo 404. (24 L.P.R.A. see. 2602 (a)).” Consistentemente antes y des-pués de nuestra resolución en el caso de Hernández v. Tribunal Superior, supra, hemos aplicado las disposiciones de los Arts. 602(a) y 404 de la Ley de Sustancias Controladas sólo en aquellos casos en que las acusaciones han estado pendientes por no ser firmes las sentencias impuestas.

En vista de lo anterior, se declarará sin lugar el escrito radicado por el peticionario.

Voto del Juez Asociado Señor Dávila con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau, Torres Rigual, Martín, Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1974

Aunque estoy de acuerdo con lo expuesto en la opinión per curiam emitida en el presente caso al declarar sin lugar el escrito radicado por el peticionario, creo pertinente agregar que los jueces de instancia no deben basar sus fallos en las sentencias que se dictan al resolver sin opinión y solamente por sentencia algunos de los innumerables casos que se radi-can ante este Tribunal. Fundándose en la sentencia dictada en Hernández v. Tribunal Superior, O-73-125, algunos jueces de instancia han modificado sentencias dictadas que ya eran firmes bajo la anterior Ley de Drogas, no obstante el hecho de que de la faz de la sentencia dictada en Hernández no aparece la fecha en que fue sentenciado el acusado, a pesar de que reiteradamente este Tribunal, siguiendo lo dispuesto en el Art. 602 de la Ley de Sustancias Controladas, sólo había modificado las sentencias en los casos en que todavía estaban pendientes las acusaciones, o sea, que no fueran firmes.

Las normas, así como la interpretación de cualquier disposición legal, la establece este Tribunal mediante dictamen sostenido por una opinión o por una opinión per curiam, en la cual se consideran ampliamente las cuestiones envueltas y se fundamentan con razonamientos, precedentes explicados y tratadistas reconocidos. El Tribunal resuelve un caso por sentencia cuando el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta resolver la controversia entre las partes. Por eso es que los jueces de instancia no deben fundar sus fallos en dichas sentencias.


author: per CURIAM:

text:
    Vanguard Construction Corp., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Número: O-72-328

      Resuelto: 14 de enero de 1974

      Reichard & Colberg, abogados de la recurrente; E. Delgado Ro-que y Jorge Márquez Gómez, abogados de la demandada.
   per CURIAM:

A la recurrente Vanguard Construction Corporation le fue adjudicada mediante subasta la construcción de una obra pública consistente en la eliminación de aguas pluviales que se acumulaban en el sector Cataño-Amelia del Municipio de Guaynabo. El contrato y todas las especificacio-nes del proyecto fueron radicados en el idioma inglés bajo el tí-tulo de “Construction of Cataño-Amelia Drainage Works.” Con el fin de formalizar la póliza de seguro en protección de los trabajadores, requisito previo indispensable para iniciar la obra, el 21 de febrero de 1969 se personó en las oficinas del Fondo del Seguro del Estado el Ing. Gonzalo de los Reyes en representación de su patrono la recurrente y allí presentó el referido contrato de construcción y una carta del Jefe de la División de Compras y Contratos del Departamento de Obras Públicas dirigida al Administrador del Fondo en la cual notifica a éste la adjudicación de la obra a la recurrente, designándola en el idioma inglés como “Construction of Cataño-Amelia Drainage Works.” En el mismo acto el Ing. De los Reyes llenó la solicitud oficial de póliza titulada “Soli-citud y Datos para la Expedición de Pólizas de Seguro a [sie] Obreros” y en el espacio correspondiente a la descripción del trabajo a realizarse dio la siguiente información en el idioma ingles: “This policy is to cover the construction of the Cataño-Amelia Drainage-Works Project ”

El empleado del Fondo se equivocó al clasificar la obra como “drenaje”, en vez de “alcantarillado pluvial” que era su verdadera naturaleza e impuso una prima de $5.30 por cada $100.00 de nómina que resulta mucho más bajo que el tipo para “alcantarillado pluvial” que es de $12.00 por cada $100.00 de nómina y que computados sobre la nómina total de la recurrente representa una diferencia de casi $57,000.00. Pagó la recurrente la parté exigible de la prima ■ por su seguro en obra de drenaje, y no es hasta el 19 de marzo de 1969 que al revisar la póliza el Fondo del Seguro del Estado se percata del error y notifica a la constructora Vanguard; y subsiguientemente el 14 de mayo de 1969 se formalizó la nueva póliza cubriendo los riesgos de alcantarillado pluvial, cuyas primas pagó bajo protesta la asegurada y recurrió a la Comisión Industrial, donde alegó que habiendo transcurrido el término de 15 días desde la expedición de la póliza original el Administrador del -Fondo estaba impedido de revisar o alterar la misma, tanto por cláusula de la propia póliza como por precepto del Reglamento del Fondo que dispone:

“Dentro del término de 15 días de expedida una póliza, el Ad-ministrador podrá hacer cualquier cambio en los tipos o clasifi-caciones, a los fines de ajustar la póliza a lo dispuesto en este Sub-capítulo o en el Manual de Clasificaciones y Tipos vigente a la fecha de la expedición de la póliza.” 11 R.&R.P.R. 19-11 (f).

No hay que ahondar en cuanto a la causa determinante del error al clasificar la obra e imponer primas, para' decidir si estaba o no en tiempo el Administrador del Fondo para re-clasificar riesgos y reajustar las primas bajo el Reglamento del Fondo (11 R.&R.P.R., 19-11 (f) y (g)) toda vez que la facultad le fue reservada contractualmente sin límite de tiempo en el párrafo primero de las condiciones generales de la póliza que dispone:

“1. — El Administrador del Fondo del Seguro del Estado se reserva el derecho a reclasificar los riesgos de acuerdo con los trabajos finalmente realizados de conformidad con la Ley y Re-glamentos del Fondo del Seguro del Estado.”

Actuó correctamente el Administrador al- reclasificar el riesgo como “Alcantarillado Sanitario o Pluvial” bajo la clave 6306-266 del Manual de Clasificaciones.

Se confirmará la resolución revisada de la Comisión Industrial de Ptierto Rico.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.