text:
    Mérida Ocasio Juarbe, demandante y apelante, v. Eastern Airlines, Inc., demandada y apelada.

      Número: CT-89-95

      Resuelto: 5 de febrero de 1990

      Enrique Alcaraz Micheli, abogado de la apelante; Francisco Ponsa-Flores, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante el proceso de certificación establecido por la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la Regla 27 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito nos pide que le aclaremos si la falta de cui-dado en el desalojo de los pasajeros de un avión durante un aterrizaje de emergencia constituye una violación contractual o un acto u omisión negligente compensable mediante acción en daños y perjuicios. En caso de que determiná-ramos que se trata de una violación contractual, tendríamos que decidir qué término prescriptivo es aplicable.

Luego de un cuidadoso examen de la doctrina y la juris-prudencia aplicables, concluimos que los hechos alegados en la demanda podrían originar una causa de acción en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. El término prescriptivo de esta acción es de un (1) año según lo establece el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.

I

En julio de 1985 la Sra. Mérida Ocasio Juarbe compró un pasaje ida y vuelta para California a Eastern Airlines. El 4 de agosto de 1985, en el vuelo de regreso, ruta Miami-San Juan, Eastern Airlines recibió una llamada telefónica en Puerto Rico advirtiéndoles de la colocación de una bomba en el avión.

Ante la gravedad de la situación, se realizó un aterrizaje de emergencia en la isla de Caicos en las Bahamas. Tan pronto como el avión aterrizó, se procedió a desalojar rápida-mente del mismo a todos los pasajeros. Debido a la prontitud con que había que realizar esta operación, se utilizaron las rampas deslizadoras designadas para salidas de emergencia.

Alega la demandante que los empleados de Eastern Airlines no ejercieron el debido cuidado necesario en el manejo de la situación y, como consecuencia de ello, sufrió daños. Éstos ocurrieron cuando otros pasajeros le cayeron encima a la demandante al llegar al final de la rampa deslizadora.

El 20 de agosto de 1987 la señora Ocasio presentó una demanda contra Eastern Airlines en el Tribunal de Distrito federal. Ya había transcurrido dos (2) años desde que ocurrió el accidente. ()

La parte demandada solicitó la desestimación del pleito porque había transcurrido el término prescriptivo de un (1) año establecido por nuestro ordenamiento para acciones en daños y perjuicios. Por su parte, la demandante alegó que no se trataba de una acción en daños y perjuicios, sino una viola-ción al contrato existente entre las partes. ()

El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico acogió el planteamiento de la parte demandada y deses-timó la causa de acción. La demandante apeló al Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito y éste opor-tunamente certificó las preguntas siguientes.

1. Para los fines de determinar el estatuto de prescripción aplicable, ¿los hechos según alegados en la demanda dan lugar a una acción en daños y perjuicios o a una por incumplimiento de contrato?
2. Si la acción es por incumplimiento de contrato, ¿el tér-mino prescriptivo aplicable debe ser el período de quince (15) años establecido por el Artículo 1864 del Código Civil de Puerto Rico, o el término de un año establecido para acciones en daños y perjuicios por ser éste el término más análogo bajo las doctrinas de Olmo [v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981),] y Lozada Torres [v. Collazo, 111 D.P.R. 702 (1981)]? (Traducción nuestra.) Certification, pág. 6.

Acogemos la certificación y procedemos a contestar las preguntas remitidas no sin antes aclarar algunos aspectos sobre el proceso de certificación.

H-1 l-H

Nuevamente nos encontramos ante una controversia de interpretación del Derecho puertorriqueño que puede determinar el resultado del caso ante la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. La certificación constituye un valioso instrumento que tiene disponible el foro federal para obtener una interpretación definitiva del Derecho puertorriqueño en una materia donde no hay precedentes claros y esta cuestión puede determinar el resultado final del asunto. Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988); Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982).

La certificación es un mecanismo que contribuye a mejorar las relaciones entre los foros federales y estatales. Para lograr este objetivo, las cortes federales deben utili-zarlo con prudencia para aclarar cuestiones estatales cuando no existan precedentes_claros para resolver una controversia pendiente ante ese foro. Corr y Robbins, Interjurisdictional Certification and Choice of Law, 41 (Núm. 3) Vanderbilt L. Rev. 411, 413 (1988). .

Consciente de las peculiaridades históricas y jurídicas del Derecho puertorriqueño, la Corte Federal de Apela-ciones para el Primer Circuito ha utilizado adecuadamente el proceso de certificación, demostrando así una sensibilidad y un respeto a nuestro derecho que son aleccionadores. Véase S. Breyer, The Relationship Between the Federal Courts and the Puerto Rico Legal System, LIII Rev. Jur. U.P.R. 307 (1984).

El caso ante nuestra consideración cumple con todos los requisitos de la Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, supra, y nuestra contestación contribuirá a que el foro federal amplíe sus conocimientos sobre las instituciones de nues-tro Derecho.

En primer lugar, la controversia se circunscribe a la naturaleza de la acción y su término prescriptivo según nuestro ordenamiento. Al establecer el tipo de acción y su término prescriptivo, determinamos el resultado del pleito. No existe en nuestra jurisprudencia precedentes suficientemente claros que dispongan de la controversia. Finalmente, hay una relación de hechos claros e incontrovertibles, y la naturaleza de la cuestión certificada excluye la posibilidad de que nuestra opinión constituya una opinión consultiva o que la controversia sea académica. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, pág. 788.

HH I — i h-<

Para poder determinar si los hechos acaecidos originan una acción en daños y perjuicios o una acción por incumpli-miento de contrato es necesario examinar la naturaleza de las obligaciones incurridas por la línea aérea y sus pasajeros.

El pasajero que compra un boleto de avión entra en una relación contractual con la línea aérea. De este contrato de transporte surgen obligaciones para la línea aérea y para el pasajero. La obligación principal de la línea aérea es transportar al pasajero y su equipaje al destino escogido, y la del pasajero es pagar la tarifa estipulada por el servicio. Sin embargo, estas no son las únicas obligaciones que surgen del contrato. El Art. 1210 del Código Civil dispone que los contratos obligan a las partes “no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-cias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley”. 31 L.P.R.A. see. 3375.

En Estados Unidos y en Puerto Rico el servicio ofrecido por las líneas aéreas está reglamentado por el Programa Federal de Aviación, 49 U.S.C. see. 1301 et.seq.( ) Las tarifas, las reglas y los reglamentos promulgados al amparo de esta legislación forman parte de los contratos de transportación aérea de pasajeros entre Puerto Rico y Estados Unidos. Firpi v. Pan American World Airways, Inc., 89 D.P.R. 197, 207 (1963). En este sentido, el contrato de transporte aéreo de pasajeros está reglamentado por una ley especial. Véase J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, pág. 472 (Doctrina General del Contrato).

A las líneas aéreas comerciales se les requiere que presenten un certificado de necesidad y conveniencia donde se especifica las rutas que cubrirán y los servicios que ofrecerán. Si debido a una emergencia la línea aérea tiene que aterrizar en un lugar no especificado en su certificado, esto no constituirá una violación al certificado presentado. 49 U.S.C. sec. 1371(e)(5).

Además de reglamentar las rutas a servir, la agen-cia reguladora requiere a las líneas aéreas que mantengan adecuadamente el equipo, que tomen las medidas de seguri-dad pertinentes y que sus empleados operen los aviones de forma cuidadosa y correcta —49 U.S.C. sees. 1421-1426; 14 C.F.R. secs. 21-137; Nader v. Federal Aviation Administration, 440 F.2d 292 (Cir. D.C. 1971); Landy v. Federal Aviation Administration, 635 F.2d 143 (2do Cir. 1980); Gibbs v. United States, 251 F. Supp. 391 (D.C. Tenn. 1965)— de ma-nera que la obligación que tiene una línea aérea de operar en forma cuidadosa y segura surge de la propia reglamentación federal y no de una obligación contractual. Este deber de cuidado por la seguridad exigible a la línea aérea y a sus empleados lo pueden invocar tanto los pasajeros que com-praron su boleto, y quienes por lo tanto contrataron con la línea aérea, como aquellos que volaban gratuitamente.

Las acciones en daños y perjuicios proceden cuando ha habido una violación de un derecho que se concede o la omisión de un deber impuesto por ley. El Art. 1802 del Código Civil, supra, le impone la obligación a quien causa un daño, mediando culpa o negligencia, de repararlo. Este deber general de corrección en relación con los demás ciudadanos es requisito indispensable para la convivencia social ordenada. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 359 (1962). El estándar de conducta para determinar si un acto es o no negligente es la diligencia exigible a la figura mítica del hombre prudente y razonable. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). Según esta norma, “[l]a culpa o negligencia es la falta del debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias”. Ramos v. Carlo, supra, pág. 358.

La conducta de Eastern Airlines tiene que evaluarse según este estándar de conducta. Aun en una situación de emergencia como la de este caso, la conducta debe ser razonable dentro de las circunstancias de emergencia. Banchs v. Colón, 89 D.P.R. 481, 487 (1963).

Por otro lado, “las acciones derivadas de contratos tienen por objeto que se cumplan las promesas contractuales sobre las que las partes de un contrato otorgaron su consentimiento. Surgen éstos de las obligaciones que libremente han convenido los contratantes y nacen de una acción u omisión voluntaria, por lo que resulta incumplida una obligación anteriormente constituida”. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987).

HH <¡

En el casó que nos ocupa había un deber impuesto por ley para ejercer un debido cuidado en el manejo de la situación de emergencia. No hubo ninguna violación al contrato entre las partes, pues la señora Ocasio llegó a su destino según lo estipulado. Una páíada de emergencia, para cumplir con el deber de seguridad qúe le debe la línea aérea a todos sus pasajeros, no es el incumplimiento de una obligación contractual. Sin embargo, el modo en que la línea aérea procedió a desalojar a los pasajeros durante la emergencia podría dar lugar a una acción en daños y perjuicios si ño se cumplió con el deber general de cuidado impuesto por el Art. 1802 del Código Civil, supra. Es por lo antes expuesto que la causa de acción que procedía en el caso de autos era por daños y perjuicios, causa cuyo término de prescripción es de un (1) año.()

En apoyo del argumento contrario que sostiene una viola-ción contractual, la demandante cita a Arroyo v. Caldas, 68 D.P.R. 689 (1948). No obstante, este caso es claramente dis-tinguible del caso de autos. Allí se trataba de una violación contractual porque el objeto del contrato de arrendamiento no estaba en buenas condiciones para su uso y parte de su obligación principal como arrendador era “hacer en ella ... todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en es-tado de servir para el uso a que ha sido destinada”. Art. 1444 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4051. Al no estar el objeto del contrato en condiciones óptimas para lo que se había arrendado, se incumplió la obligación contractual principal, esencia misma del contrato.

Los demás precedentes citados por la parte demandante, Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951); Maldonado v. Municipio de Ponce, 39 D.P.R. 247 (1929), son inaplicables a la situación ante nos. Estos tratan sobre ventas de tumbas que ya habían sido previamente vendidas y comprenden violaciones claras y directas al contrato de com-praventa o arrendamiento que allí se alude. Al expresarnos sobre la situación ilustrada en Maldonado v. Municipio de Ponce, supra, pág. 250, donde para realizar la segunda venta se profanó la tumba ya vendida, dijimos: “El fundamento de la acción fu[e] la profanación por parte del demandado de la tumba previamente vendida y entregada a los demandantes. Cuando el municipio abrió el nicho y trasladó los restos de allí, no solamente cometía un acto dañoso (tort), sino que también quebrantaba el contrato de compraventa.” (Énfasis nuestro.)

En vista de que la acción del presente caso es en daños y perjuicios con un término prescriptivo de un (1) año, es inne-cesario que contestemos la segunda pregunta certificada.

Se dictará la sentencia en conformidad con lo expuesto anteriormente.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García concurren con el resultado sin Opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente por cuanto entiende que la falta de cuidado que observe una línea aérea en relación con sus pasajeros durante la travesía acor-dada en el contrato de transporte celebrado, la cual conducta sea la causa directa dé daños sufridos por estos últimos, constituye una violación al referido contrato de transporte; ello por razón de que el mismo necesariamente conlleva una obligación general de seguridad. En consecuencia, a la ac-ción radicada en el presente caso por la parte demandante no le es de aplicación el término prescriptivo de un (1) año esta-blecido por nuestro ordenamiento en relación con el ejercicio de las acciones de daños y perjuicios.

      (1) No se alegó ni surge del expediente que hubiera algún tipo de interrup-ción extrajudicial del término prescriptivo.

      (2) El contrato a que se refiere la demandante es el boleto comprado a la línea aérea.

      (3) En España se ha reconocido la existencia de un contrato de transporte entre el pasajero y la línea aérea. Sin embargo, la responsabilidad por riesgo en la navegación aérea está regulada por leyes especiales y tratados internacionales que limitan la cuantía de daños a ser compensados y el término para ejercitar la acción. Véase J. Santos Briz, La responsabilidad civil: derecho sustantivo y de-recho procesal, Madrid, Ed. Montecorvo, 1981, págs. 583-589. ■

      (4) Véanse, además, los casos siguientes: Fraticelli v. St. Paul Fire and Marine Insurance Co., 375 F.2d 186 (1er Cir. 1967); Nuñez v. Horn, 336 F. Supp. 447 (P.R. 1970); Lexington Insurance Co. v. Abarca Warehouses Corp., 476 F.2d 44 (1er Cir. 1973).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Albany Insurance Company, demandante, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico y otros, e Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico, tercera demandada y peticionaria; Alliance Assurance Company, Ltd., demandante, v. J.F. Montalvo Wholesales, Inc. et al., demandados y recurridos; Hanover Insurance Company et al., demandantes, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico et al., demandados y recurridos, e Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico, tercera demandada y peticionaria; Ideal Unlimited Services Corporation et al., demandantes, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico et al., demandados y recurridos, e Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico, tercera demandada y peticionaria; Aquellos Aseguradores de Lloyd’s London et al., demandantes, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico et al., demandados y recurridos, e Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico, tercera demandada y peticionaria.

      Número: CE-88-110

      Resuelto: 6 de febrero de 1990

      Pedro Toledo González, abogado de la peticionaria; Benjamín Acosta, Jr., abogado de la Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Éico y de la Alliance Assurance Company, Ltd., re-currida; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Carmen A. Bravo de Riefkohl y Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del Comisionado de Seguros, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

En una póliza de las denominadas Comprehensive General Liability Insurance, que cubre daños causados por un siniestro (occurrence), ¿cuál es el momento decisivo para considerar si existe ó no cubierta: la fecha en que ocurre el daño o cuando se cometió el acto negligente? Este recurso sometido por la Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico (en adelante Eagle) nos permite contestar esta interro-gante y pronunciarnos en una cuestión de importancia en la interpretación de contratos de seguros.

H-i

El 3 de marzo de 1981 un incendio destruyó un edificio conocido como “Expansión Mercado Central Fase I” (en ade-lante el edificio), causando cuantiosas pérdidas. Los deman-dantes recurridos exponen que el siniestro se debió a los actos negligentes de, entre otros, el codemandado Jorge Fuertes Bachman h/n/c J.F.B. Construction Company (en adelante J.F.B.), al construir en 1978 las paredes divisorias éntre los locales del almacén.

La compañía aseguradora Eagle fue incluida como de-mandada y solicitó que el tribunal de instancia dictara sen-tencia sumaria a su favor, alegando que cuando su asegurada construyó las paredes en 1978 la póliza no estaba en vigor. Los demandantes se opusieron alegando que el momento de-terminante para evaluar si existía cubierta de la póliza es la fecha en que se sufre el daño al ocurrir el siniestro y no cuando se lleva a cabo el acto negligente. El tribunal de ins-tancia acogió la teoría de los demandantes y declaró sin lu-gar la moción de sentencia sumaria. La parte demandada, inconforme, acudió ante este Tribunal e insistió en que en una póliza de seguro a todo riesgo (Comprehensive General Liability Insurance) la fecha determinante es cuando se lleva a cabo el acto negligente.

Por la naturaleza del asunto se solicitó que las partes ana-lizaran extensamente el siniestro (occurrence) cubierto por la póliza. Se solicitó, además, la comparecencia del Comisio-nado de Seguros en calidad de amicus curiae. Analizados los argumentos de todas las partes, así como la comparecencia especial del Comisionado de Seguros, estamos en posición de resolver la controversia.

HH hH

Una póliza de seguros a todo riesgo {Comprehensive General Liability Insurance) es aquella en la cual se han “incluido todas las garantías normalmente aplicables a determinado riesgo”. J. Gástelo, Diccionario Básico de Seguros, Madrid, Ed. Mapfre, 1972, pág. 160. Es decir, no se enumeran detalladamente todos aquellos riesgos cubiertos y se provee seguro para aquellos riesgos enumerados y para todo otro que no haya sido descubierto, reconocido o especificado. Sin embargo, esto no significa que sea una póliza que cubra tpdo riesgo sin condiciones, limitaciones o exclusiones. J. Long y D. Gregg, Property and Liability Insurance Handbook, 1965, pág. 493.

Normalmente este tipo de póliza contiene una sola cláusula de cubierta para daños a la propiedad y otra para daños corporales. El lenguaje que contienen estas cláusulas es sumamente importante pues define el alcance de la cubierta. Si la cláusula sobre daños a personas establece que se compensarán los daños físicos o corporales y no los perso-nales, la cubierta se limitara estrictamente a estos y no po-drá indemnizarse otros tipos de perjuicios como libelo, an-gustias mentales, etc.

Una situación similar ocurre con el lenguaje utilizado en la cláusula sobre daños a la propiedad. Usualmente esta cláusula está redactada de manera tal que se compensen aquellos daños sufridos “causados por un accidente”. Én este contexto accidente significa “un evento repentino, inesperado e involuntario, pero identificable en cuanto a lugar y tiempo”. Long y Gregg, op. cit, págs. 466 y 501. Sin embargo, si la cláusula está redactada a base de la ocurrencia de un siniestro (occurrence), su cubierta será más amplia y se compensarán otras reclamaciones tales como enfermedades, exposición a gases tóxicos o enfermedades contagiosas, y actos de omisión como la falta de instalación de una alarma o de un sistema de rociadores. De igual modo, si la cláusula sobre daños a la propiedad está redactada a base de la ocurrencia de un siniestro, la cubierta se extenderá a violaciones a patentes o derechos de autor, consejos erróneos sobre inversiones, diseño estructural defectuoso o pérdida de propiedad debido a error u omisión. Long y Gregg, op. cit, pág. 502.

J — l H-í ) — (

El período de vigencia de la póliza de seguro a todo riesgo (Comprehensive General Liability Insurance) ante nuestra consideración era de un (1) año a partir de 16 de marzo de 1980 y cubría daños por incidentes que ocurrieran durante su período de vigencia. () Al examinar las cláusulas de cubierta, vemos que se dispone lo siguiente:

La compañía aseguradora pagará en beneficio de o por el asegurado toda suma de dinero que el asegurado esté legal-mente obligado a pagar por daños físicos o daños a la propie-dad causados por un siniestro .... (Traducción y énfasis nuestros.) Apéndice IX.

Dentro del campo especializado del derecho de seguros, el término siniestro significa:

... la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. Siniestro es el incendio que origina la destrucción total o parcial de un edificio asegurado; el accidente de circula-ción del que resultan lesiones personales o daños materiales; el naufragio en el que se pierde un buque o las mercancías transportadas; el granizo que destruye una plantación agrí-cola, etc.
Siniestro es, pues, un acontecimiento que, por originar unos daños concretos previstos en la póliza, motiva la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la entidad aseguradora a satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus benefi-ciarios, el capital garantizado en el contrato. J. Castelo Ma-trán, Diccionario Mapfre de Seguros, Madrid, Ed. Mapfre, 1988, pág. 28D.

En este caso la propia póliza, al definir el término, utiliza la definición aceptada por los tratadistas y por la jurispru-dencia, y establece que siniestro es un accidente que incluye la exposición continua y repetida a una condición que resulta en daños físicos o a la propiedad no anticipada ni intencio-nales desde el punto de vista del asegurado.

También define “daños a la propiedad” como un “daño físico o destrucción de propiedad tangible que ocurre du-rante él periodo de vigencia de la póliza”. (Traducción y én-fasis nuestros.) Apéndice IX, pág. 85 et seq. Nótese que aun la propia póliza requiere que “el hecho desencadenante del daño y provocador de responsabilidad ocurra mientras el contrato de seguros esté vigente”.

Al interpretar esta cláusula, procede que también estu-diemos los tratadistas de seguros en Estados Unidos, donde se origina este tipo de póliza. Couch arroja gran luz sobre la controversia planteada, por lo que le citamos en lo perti-nente:

Sec. bh:256 .
La fecha en que se sufre el daño es la importante al deter-minar la existencia de responsabilidad, aun cuando dicho daño sea el resultado de actos anteriores o la extensión del daño no se pueda determinar hasta una fecha posterior.
Como ejemplo del principio de que lo importante es la fecha en que ocurre el daño, aunque la conducta que lo causó hu-biese ocurrido en una fecha anterior, se ha sostenido que no constituye una defensa en una acción contra una póliza de responsabilidad pública por accidente de un contratista, el he-cho de que la negligencia que causó el daño se debió a trabajo de construcción realizado antes de la emisión de la póliza, si el accidente ocurrió dentro del término de la póliza. (Traducción nuestra, escolio omitido y énfasis suplido.)()

También:

Sec. W-8....
Un accidente que por su naturaleza constituye un riesgo cubierto por una póliza de responsabilidad no está cubierto si ocurre antes o después del período de vigencia de la póliza. Dicho de otra manera, si el accidente o el daño ocurriese fuera de la vigencia de la póliza no habría responsabilidad.
Algunos casos giran en torno a si un accidente o daño ocu-rrió en el momento en que se cometió el acto negligente o en el momento en que se sufrió el daño alegado. Parece ser un he-cho aceptado dentro del significado de una póliza de indem- nización que el momento en que ocurre el accidente no es cuando se comete el acto negligente sino cuando el recla-mante sufre el daño.
Esta regla se ha aplicado a pólizas de responsabilidad in-dependientemente de su naturaleza, tales como pólizas que cubren la responsabilidad de un contratista, la responsabili-dad pública, la responsabilidad por productos y la responsabi-lidad profesional.
Sin embargo, el hecho de que un daño ocurra después de expirar la póliza no excluye la indemnización si la póliza se ha extendido más allá del período en que ocurrió el daño. Eviden-temente un daño no está cubierto después de terminar la vi-gencia de la póliza aun cuando surja del trabajo realizado durante la vigencia de la misma. (Traducción nuestra, esco-lios omitidos y énfasis suplido.)()

Appleman también nos ilustra sobre el tema:

. . .[L]a fecha del siniestro en una póliza de indemnización generalmente no se considera el momento en que se llevó a cabo el acto negligente sino realmente la fecha en que la parte querellante sufrió el daño. (Traducción nuestra.)()

Otros tratadistas norteamericanos también sostienen la norma esbozada. R.E. Keeton, Basic Text on Insurance Law, Minnesota, West Publishing Co., 1971, Sec. 5.10(D), págs. 334-335; Anotación, Event as Occurring Within Period of Coverage of “Occurrence” and “Discovery” or “Claims Made” Liability Policies, 37 A.L.R.4th 382, Sec. 2[a] (1985); Anotación, Automobile Liability Insurance: What are Accidents or Injuries ‘Arising Out of Ownership, Maintenance, or Use” of Insured Vehicle, 15 A.L.R.4th 10, Sec. 20[a] (1982); Anotación, Occurrence of Accident or Injury as During, or Before or After, Time Period of Coverage of Liability Policy, 57 A.L.R.2d 1385, Secs. 4 y 6 (1958).

Los tratadistas latinoamericanos comparten la opinión de que lo realmente determinante es la fecha en que ocurrió el siniestro y, por consecuencia, los daños y no la fecha en que se cometió el acto negligente. En Colombia el propio Código de Seguros establece la responsabilidad del asegurado de probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Ello significa que le corresponde probar al asegurado “el acaecimiento del suceso incierto provisto en el contrato de seguros dentro del término de vigencia de la póliza”. B. Zu-leta, El contrato de seguros en el nuevo Código de Comercio, Bogotá, Ed. Temis, 1981. Bajo el estado de derecho en Argentina, es necesario que el siniestro se produzca durante la vigencia material del seguro, esto es: en el lapso por el cual se extendió la garantía. I. Halperín, Lecciones de Seguros, Buenos Aires, Ed. De Palma, 1976. A igual conclusión ha lle-gado la doctrina española. Caño Escudero, 1 Derecho Espa-ñol de Seguros, Madrid, 1983, pág. 516-540.

La jurisprudencia norteamericana estatal también favo-rece esta interpretación. Por ejemplo, en California Union Ins. Co. v. Landmark Ins. Co., 193 Cal. Rptr. 461 (1983), el Tribunal Supremo interpretó una póliza similar y concluyó que: “la fecha de la ocurrencia de un accidente, según los términos de una póliza de indemnización, no es el momento en que se llevó a cabo el acto negligente sino cuando el recla-mante realmente sufrió el daño.” (Traducción nuestra.)

Numerosos casos estatales sostienen el mismo principio. Cf. Remmer v. Glens Falls Indemnity Company, 295 P.2d 19 (Cal. 1956); Maples v. Aetna Cas. and Sur. Co., 148 Cal. Rptr. 80 (1978); Muller Fuel Oil Co. v. Ins. Co. of No. Amer., 232 A.2d 168 (App. N.J. 1967); Bituminous Casualty Corporation v. Horn Lumber Company, 283 F. Supp. 365 (D. Ark. 1968). Aun cuando han interpretado pólizas ambiguas, los tribunales estatales han favorecido al asegurado. Véase Anotación, Event as Occurring Within Period of Coverage of “Occurrence” and “Discovery” or “Claims Made” Liability Policies, supra, Sec. 4[a].

Como regia general, en una póliza a todo riesgo la fecha determinante es cuando efectivamente el reclamante sufre el daño al ocurrir el siniestro y no cuando se llevó a cabo el acto negligente. Aunque generalmente los dos (2) elementos son simultáneos, en ocasiones hay una separación de tiempo, lo que da lugar a controversias como la de autos. Sin embargo, en este caso el momento en que los reclamantes realmente sufrieron los daños que originaron este litigio fue en marzo de 1981, fecha en que ocurrió el siniestro, y para esa fecha la póliza expedida por Eagle estaba en vigor. En estas circunstancias, el tribunal correctamente declinó la petición de la compañía aseguradora.

Por último, el análisis normativo anterior nos permite re-considerar nuestros pronunciamientos en Saavedra v. Joyerías Gordons, Inc., 120 D.P.R. 360 (1988), para adoptar lá doctrina prevaleciente en casi todas las jurisdicciones norte-americanas y en el mundo civilista.

Por las razones antes expuestas, se confirma la resolu-ción del Tribunal Superior y se devuelve el caso a ese foro para que continúen con los procedimientos.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Aso-ciados Señores Negrón García y Ortiz se inhibieron.

      (1) De haberse tratado de un claims-made policy o un discovery policy, la cubierta sería efectiva si el daño es descubierto y traído a la atención de la asegu-radora dentro del período de vigencia de la póliza. 7A Appleman, Insurance Law and Practice (Berdal ed.) Sec. 4491.01 (1979).

      (2) 11 Couch on Insurance 2d (Rev. ed.) Sec. 44:256, págs. 399-400 (1982): “Time when liability attaches.

      “It is the date when harm is sustained which is significant in determining whether liability arises, even though such harm is the consequence of earlier actions or the extent of the harm cannot be determined until some later time.
      “Illustrative of the principle that is the date of harm although the conduct causing the harm had taken place at an earlier date, it is held that it is no defense to an action on a contractor’s public liability accident policy that the negligence which caused the injury was in construction work done prior to the issuance of the policy, if the accident occurred during the policy term.. ¡(Escolio omitido.)

      (3) Couch, supra, Sec. 44:8, págs. 193-195:

        “Occurrence of loss during time of coverage.

      “An accident which, as to its nature, represents a risk covered by a policy of liability insurance is not covered if it occurs either before or after the period of coverage under the policy. Stated differently, no liability exists if the accident or injury occurs outside the time period of coverage of a liability policy.

      “In some of the cases the issue involved was whether an accident or injury occurs at the time the wrongful act is committed or at the time the damage complained of is actually sustained. It appears to be well settled that the time of the occurrence of an accident within the meaning of an indemnity policy is not the time the wrongful act was committed but the time when the complaining party was actually damaged.

        “This rule has been applied to liability policies without distinction as to their character, such as policies covering contractor’s liability, comprehensive personal liability, product liability, and professional liability.
      “But the fact that an injury occurs after the expiration of the policy does not preclude recovery, if the policy has been extended beyond the time when the injury was suffered. And clearly there is no coverage for injury after the policy period terminates even if it arises out of work performed during the policy period .. ..” (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

      (4) Appleman, supra, pág. 5:
      “... [T]he time of the occurence of the accident within an indemnity policy is generally not considered to be the time the wrongful act was committed but the time when the complaining party was actually damaged.”


text:
    Víctor Sánchez Acevedo y otros, demandantes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, demandados, y Lic. María Santana de Cuevas, peticionaria.

      Número: CE-87-420

      Resuelto: 8 de febrero de 1990

      Jorge Vélez Nieves, abogado de la peticionaria; Ángel L. Cintrón Carrasquilla, abogado de Juan A. Hernández Rivera, recu-rrido, y este último, a su vez, abogado de los demandantes.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Los incidentes que originan la controversia ante nos tie-nen su génesis en una disputa entre el Lie. Juan A. Hernán-dez Rivera y la Lie. María Santana de Cuevas, relacionada con los honorarios de abogado generados en casos donde la licenciada Santana de Cuevas comparecía como abogada de récord y el licenciado Hernández Rivera reclamaba que le correspondían tales honorarios.()

HH

Los hechos

El 8 de noviembre de 1983 el Sr. Víctor Sánchez Acevedo, representado por la Lie. María Santana de Cuevas, presentó en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, demanda para recla-mar trescientos mil dólares ($300,000) en daños y perjuicios por impericia médica.() Luego de una serie de trámites pro-cesales, la licenciada Santana de Cuevas presentó una mo-ción al amparo de la Regla 22 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en la cual informó al tribunal que el deman-dante había fallecido el 6 de enero de 1984 y solicitó la susti-tución por su sucesión compuesta por los hijos y la viuda. El 31 de enero de ese mismo año el tribunal aceptó la sustitu-ción.

Luego de extensa actividad procesal, el 26 de marzo de 1986 la licenciada Santana de Cuevas presentó moción para informar cambio de dirección. Con esta moción se inició la polémica que desembocó en la resolución que hoy se encuen-tra ante nuestra consideración.

En una acción poco usual, mediante moción, el licenciado Hernández Rivera, representado por el Lie. Agustín Man-gual Hernández, compareció e informó al tribunal que hasta fines de marzo de 1986 la licenciada Santana de Cuevas se desempeñó como su empleada y que ésta, entre otras respon-sabilidades, tuvo a su cargo el trámite del caso de la sucesión del Sr. Víctor Sánchez Acevedo, en el cual él pactó honorarios contingentes con el causante. Expresó, además, que sin su consentimiento la licenciada Santana de Cuevas se llevó todos los documentos importantes del expediente del caso y rehusó devolverlos. En consideración a estos hechos, soli-citó: (1) la paralización de toda gestión en el caso instado por la licenciada Santana de Cuevas; (2) la celebración de una vista mediante la cual se ordenase a la licenciada traer con-sigo los documentos antes mencionados, y (3) que se orde-nase la devolución de estos documentos al licenciado Her-nández Rivera.

En contestación a esta moción, la licenciada Santana de Cuevas compareció a nombre de la parte demandante y alegó lo siguiente:

1. Son falsas las alegaciones hechas en el párrafo 1 y 2 de dicha moción. Se acompaña declaración jurada de la abogada suscribiente sobre ese particular y se solicita se marque como Exhibit 1 de la demandante.
2. La abogada suscribiente no tiene documento alguno en el presente caso pues el expediente completo del mismo lo tiene precisamente el Lie. Juan A. Hernández Rivera.
3. Ya que la parte demandante le ha manifestado al distin-guido compañero abogado Lie. Juan A. Hernández Rivera que interesa que sea [é]l quien le represente, esta abogada solicita ser relevada de la representación legal en el mismo.
4. El abogado que suscribe dicha moción quien es conoce-dor de la ley debe cesar inmediatamente de radicar este tipo de moción en los casos que representa esta abogada ante el Tribunal General de Justicia pues al menos debió requerir un mínimo de prueba para sustentar sus alegaciones.
5. Entendemos con todo el respeto que desacuerdos entre profesionales no deben traerse frívolamente a consumir el tiempo limitado del Honorable tribunal y retrasar indebida-mente los casos de las partes. Exhibit 15, pág. 43.

De acuerdo con las citadas alegaciones, la licenciada Santana de Cuevas solicitó la desestimación de la moción pre-sentada por el licenciado Mangual Hernández, que se le per-mitiese renunciar a la representación legal en el caso y que el licenciado Hernández Rivera la asumiera.

Así las cosas, el tribunal citó a todos los abogados a una comparecencia especial para discutir el asunto. Antes de la celebración de la vista, la licenciada Santana de Cuevas pre-sentó una moción en la que retiraba su anterior solicitud de renuncia de representación legal. Indicó que todos los miem-bros de la Sucesión de Víctor Sánchez Acevedo se comunica-ron con ella y le solicitaron que continuase con el caso.

Luego de celebrada la vista y de haberse presentado va-rias mociones relacionadas con este asunto, el 29 de enero de 1987 el tribunal emitió una resolución mediante la cual admi-tió nuevamente a la licenciada Santana de Cuevas como re-presentante legal de la parte demandante y ordenó que se continuase notificando al licenciado Hernández Rivera de los trámites habidos en el caso. También dispuso que, de tener la parte demandante éxito en la reclamación, la mitad de los honorarios contingentes que finalmente fueran devengados se entregasen al licenciado Hernández Rivera y que se le pagase la totalidad de los gastos incurridos por él en la tra-mitación del pleito.

La licenciada Santana de Cuevas solicitó reconsidera-ción, la cual fue denegada. Diez (10) días después de haber sido notificados de esta resolución, la parte demandante y la licenciada Santana de Cuevas presentaron una moción con-junta donde expresaron que la parte demandante deseaba dar por terminado el contrato de representación legal, ya que deseaba contratar otro abogado. Esta moción no se le notificó al licenciado Hernández Rivera. El 27 de marzo de 1987 el tribunal aceptó la renuncia y el 22 de mayo, motu propio, dejó sin efecto la aceptación.()

En su Resolución de 22 de mayo de 1987 el tribunal ex-presó que a los demandantes les iba a ser “sumamente difícil conseguir un abogado que los represente teniendo que com-partir los honorarios” (Exhibit III, pág. 11) con el licenciado Hernández Rivera y que, por otro lado, sería injusto que éste se quedara sin recibir los gastos en que incurrió y los hono-rarios de abogado, cuando fue a su bufete al que llegó el caso. También reconoció que todo este incidente había causado tardanzas innecesarias que dilataron así la adjudicación de la reclamación de los demandantes.

Finalmente, el tribunal condicionó la renuncia de la licen-ciada Santana de Cuevas a que:

(1) [L]os demandantes regresen a ser representados por el Ledo. Juan Hernández Rivera;
(2) sean representados por abogados que acepten cumplir con la orden del Tribunal del 29 de enero de 1987. Exhibit III, pág. 11.

Inconforme con esta resolución, la licenciada Santana de Cuevas presentó ante este Tribunal recurso de certiorari mediante el que planteó la comisión de dos (2) errores:

(1) Erró el tribunal de instancia al no permitirle a los de-mandantes que escojan libremente su representación legal.
(2) Erró el tribunal de instancia al imponer a la representa-ción legal de la parte demandante la obligación de entregar la mitad de los honorarios que devengue al Lie. Juan A. Hernán-dez Rivera.

Decidimos revisar y expedimos el auto para indicar espe-cíficamente que el tribunal debería continuar los procedi-mientos.()

rH H-4

Principios generales sobre derecho a representación profe-sional y los honorarios de abogado

En In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975), reconocimos “la libertad de selección que tiene todo ciudadano de encomendar a un abogado una gestión profesional, y de estimarlo conveniente, retirarle la misma”. En relación con el derecho del cliente a retirar la representación profesional, expresamos que “la protección y búsqueda de la justicia no puede estar sujeta ni detenerse por el fundamento de no haberse satisfecho los honorarios pactados”. (Énfasis suplido.) íd.

De otra parte, en Cornier v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 253, 255 (1968), indicamos que “[e]l crédito por servicios profesionales prestados por un abogado no goza de preferencia conforme al Art. 1825 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5195, y como tal está sujeto a los vaivenes del patrimonio del deudor”.

En cuanto a los honorarios de abogado que se conceden en un caso, éstos son distintos a los pactados entre el abogado y su cliente y sólo proceden cuando una parte ha incurrido en temeridad. Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Su concesión no es compulsoria y no pertenecen al abogado. Los honorarios por temeridad no se conceden para compensar al abogado por la labor realizada. Su cuantificación está relacionada con “‘[(1)] el grado de te-meridad que ha existido[; (2)] la naturaleza del procedi-miento^ (3)] los esfuerzos y actividad profesional que haya tenido que desplegarse[; (4)] la habilidad y reputación de los abogados’”. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). Véanse: Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 D.P.R. 574 (1988); Lozada v. Antonio Roig, Sucrs., 73 D.P.R. 266, 270 (1952); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Cap. VII, págs. 242-248.

De otra parte, los honorarios de abogado pactados se rigen por el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y constituyen un contrato de arrendamiento de servicios entre el abogado y su cliente. Su cumplimiento puede ser exigido ante los tribunales en acción independiente del caso que les dio origen. Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4111.

En Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Riguál, 123 D.P.R. 161 (1989), reiteramos que el pacto de honorarios contingentes no está reñido con la ética profesional. También indicamos que bajo circunstancias apropiadas, cuando en un mismo caso intervienen dos (2) o más abogados, el tribunal, al determinar a quién pertenecen o cómo se dividirán los honorarios contigentes, podrá tomar en consideración el valor de la labor realizada por cada uno de los abogados.

H-I HH HH

Aplicación de las normas de derecho a los hechos

En el caso de autos el licenciado Hernández Rivera, quien no era parte y ni siquiera abogado de récord en el caso, introdujo en el mismo una controversia ajena a la planteada entre las partes. Pretendió resolver dentro del caso su disputa con la licenciada Santana de Cuevas sobre los supuestos gastos en que incurrió en la tramitación del mismo y los honorarios contingentes pactados con el causante de la parte demandante. Estas controversias, que nada tenían que ver con la reclamación de la parte demandante, no podían dilucidarse dentro de este pleito sino que tenían que ser objeto de una acción independiente.() Al considerarlas, el tribunal violentó el mandato de garantizarle a las partes “una solución justa, rápida y económica” de la controversia. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Los honorarios reclamados no eran los de temeridad que establece la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil. Erró, por lo tanto, el tribunal de instancia al pretender resolver la controversia entre el licenciado Hernández Rivera y la licenciada Santana de Cuevas como un incidente más dentro de la reclamación de daños y perjuicios de la Sucesión de Víctor Sánchez Acevedo.

En su Resolución de 22 de mayo de 1989, el tribunal con-dicionó la aceptación de la renuncia de representación legal de la licenciada Santana de Cuevas a que la parte deman-dante regresara a ser representada por el licenciado Her-nández Rivera o a que los abogados que escogiera la parte demandante aceptaran cumplir con la orden del tribunal de 29 de enero de 1987, que requería se entregara al licenciado Hernández Rivera el cincuenta (50) por ciento de los honora-rios contingentes que finalmente se devengaran, más los gastos en que incurrió éste en la tramitación del caso.() Esta limitación al derecho de la parte demandante a escoger libre-mente al abogado a quien desea encomendarle la gestiones de su caso estuvo totalmente injustificada. Esté derecho no puede estar supeditado a la resolución de una controversia ajena a la reclamación de la parte demandante. Por lo tanto, erró el tribunal al imponerle estas condiciones a la acepta-ción de la renuncia de representación legal de la licenciada Santana de Cuevas.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se revoca la Resolución de 22 de mayo de 1987 y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que, de aún interesarlo la parte demandante (el cliente), se acepte la renuncia de representación profesional de la licenciada Santana de Cuevas, y se conceda a la parte demandante un término razonable para obtener nueva representación legal sin que ésta esté sujeta a las condiciones expuestas en la orden del tribunal de instancia de 29 de enero de 1987.( ) Los procedimientos continuarán de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebo-llo López se inhibió.

      (1) Debido al resultado al que hemos llegado, no es necesario dilucidar la controversia entre la licenciada Santana de Cuevas y el licenciado Hernández Rivera. De los documentos que obran en el expediente original del caso surge que este es sólo uno de múltiples incidentes de naturaleza análoga planteados en dife-rentes casos que se están litigando en los tribunales de instancia.

      (2) Demandó al Hospital Doctor Pila y su compañía aseguradora John Doe Insurance Co., al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su compañía asegura-dora Fulano de Tal, al Fondo del Seguro del Estado y su compañía aseguradora Richard Doe Insurance Co., al doctor cirujano X y su compañía aseguradora Y Insurance Company, y al doctor anestesiólogo Z y su compañía aseguradora K Insurance Co.

      (3) La moción de renuncia fue resuelta por otro juez por estar la juez a cargo del caso relevada de Sala.

      (4) A pesar de esta advertencia, el caso quedó prácticamente inactivo hasta el 6 de junio de 1989, cuando el tribunal de instancia emitió una orden para que este Tribunal devolviera “los documentos del caso no relacionados con el inci-dente ...”. Orden Interna.
      El 13 de octubre de 1989 el tribunal a quo celebró una vista en la cual, luego de hacer un breve resumen de los últimos incidentes relacionados con este asunto, concluyó que nuestra Resolución de 31 de julio de 1989, que ordenaba la devolución de los documentos, llevaba implícita una orden para que la licenciada Santana de Cuevas continuara representando a la parte demandante y procedió a señalar la vista del caso en su fondo.

      (5) De la petición de certiorari de la licenciada Santana de Cuevas surge que las disputas relacionadas con los honorarios de abogados pactados y gastos en los que se incurrió en casos en que la licenciada Santana de Cuevas era abogada de récord y que el licenciado Hernández Rivera reclama le pertenecen a su bufete, están siendo dilucidadas en una acción independiente presentada en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

      (6) Esta resolución, por ser una determinación de naturaleza interlocutória, no puede ser calificada de final y firme según arguye el recurrido en su alegato.

      (7) La posible controversia sobre honorarios de abogado entre el cliente y los distintos abogados que lo representen no es un incidente que deba resolverse en este caso. Por su parte, los abogados podrán, de estimarlo necesario, utilizar los procedimientos apropiados para lograr el pago de los honorarios que finalmente les correspondan.