text:
    Teófilo Colón Molinary, Marcial Maldonado Meléndez y Jesús García Falú, peticionarios y recurrentes, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: O-72-274

      Resuelto: 19 de diciembre de 1974

      Demetrio Fernández, abogado de los peticionarios; Ramón Cando y José A. Sabater, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea novedosas interrogantes en el dinámico campo de las relaciones obrero-patronales en el área poco adjudicada del servicio público, en particular sobre la validez y alcance de un laudo de arbitraje compulsorio legis- latívo rendido en virtud de un convenio colectivo existente entre la Unión de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de P.R. y esta última instrumentalidad, en lo sucesivo denominada Autoridad.

Ante la negativa de la Autoridad de acatar dicho laudo por el fundamento de ser nulo, los peticionarios Teófilo Colón Mo'linary, Marcial Maldonado Meléndez y Jesús García Falú —al amparo del Art. 14 de la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961 (29 L.P.R.A. see. 494) — oportunamente acudieron ante este Tribunal solicitando se pusiera en vigor.

Los hechos relevantes e incontrovertidos que dan margen a la contienda según expuestos en el extenso, minucioso y persuasivo laudo se retrotraen al período comprendido entre el 20 de octubre y 2 de noviembre de 1970, en que los peticio-narios como líderes, conjuntamente con otros 100 ó 150 em-pleados de las oficinas centrales de la Autoridad, propiciaron y participaron en una huelga con el objetivo de demostrar que la agrupación obrera que ellos representaban gozaba del res-paldo mayoritario de los empleados de oficina de la instru-mentalidad.

Por tales actividades, el 2 de noviembre de 1970 los peticionarios fueron destituidos sumariamente por el Director Ejecutivo de la demandada luego de considerar el historial y expediente personal de cada uno de ellos.

En virtud de las disposiciones del Convenio Colectivo vigente, los peticionarios apelaron la determinación de des-titución sumaria para ante el Comité de Querellas, habiendo las partes acordado el 29 de abril de 1971 que el asunto fuera ventilado exclusivamente ante su Presidente Ledo. Joaquín Gallart Mendía.

Previo desfile de prueba de carácter testifical y docu-mental — asistidas las partes de sus respectivos abogados — el 24 de mayo de 1972 el árbitro emitió su laudo, que en la parte dispositiva expresa lo siguiente:

“Deseamos en este punto expresar claramente que a nuestro juicio hay base suficiente en la prueba ofrecida y admitida en estos casos para sostener la destitución sumaria que se decretó contra los cuatro querellantes envueltos en los mismos.
Sin embargo, tomando en conjunto tanto las conclusiones de hecho como las consideraciones legales y de otro orden que se dejan anteriormente expresadas, creemos que se cumplen mejor los fines de la ley y del convenio colectivo que rige las relaciones entre las partes, sustituyendo la acción de despido decretada en tres de los casos por una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un período de un año. Esos tres casos son los de Teófilo Colón Molinary, Marcial Maldonado Meléndez y Jesús García Falú.

Se declara con lugar la moción de desestimación interpuesta en el caso de Luis H. Lebrón Escobar y en la alternativa, o sea, si tuviéramos jurisdicción para entender en su apelación a la cual renunció válidamente al firmar la estipulación del 5 de noviembre de 1969, entendemos que su destitución estuvo justifi-cada y que su historial personal no amerita que se le imponga una sanción menos severa como lo estamos haciendo en los casos de sus otros tres compañeros querellantes.

Se dispone, pues, que los señores Teófilo Colón Molinary, Marcial Maldonado Meléndez y Jesús García Falú sean reinstala-dos en las posiciones que desempeñaban en noviembre 2 de 1970, fecha en que se decretó su destitución.

Como a la fecha en que este laudo se emite ha transcurrido más de un año y medio de haber sido despedidos se le pagará a dichos querellantes, con carácter retroactivo, el tiempo transcurrido desde el 3 de noviembre de 1971 hasta la fecha en que sean restituidos a sus respectivos empleos.” (Énfasis suplido.)

I

Para sostener la nulidad del laudo, la Autoridad parte de la premisa que el árbitro carecía de facultad para emitirlo por exceder los términos del acuerdo de sumisión general con-signado en el Art. VII, pár. 21, que reza así:

“De acuerdo con la prueba que desfile ante el Comité de Querellas en los casos de suspensión de empleo y sueldo o des-pido, el Comité, (1) podrá exonerar totalmente al empleado en cuyo caso ordenará su reposición y el pago completo de los sala-rios dejados de recibir mientras estuvo despedido o suspendido; (2) podrá sostener totalmente la acción tomada por la Autori-dad, o (3) podrá modificar dicha acción ordenando la reposición con paga parcial o sin paga.”

Aduce que la referida disposición limitaba el poder del árbitro a dejar sin efecto el despido y ordenar la reposición de los peticionarios, ya bien con paga o sin paga, única-mente si la prueba ofrecida así lo justificaba, y que, ha-biendo concluido éste que la evidencia ofrecida y admitida era suficiente para apoyar la destitución sumaria de los peti-cionarios, tenía el deber de sostener la acción de despido y no sustituirla por otras sanciones. Para robustecer su posición, la Autoridad expone además, que el laudo es contrario a la política pública de la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961. A tal efecto, destaca la aplicabilidad de los prin-cipios esbozados por este Tribunal en materia de arbitraje en el sentido de que un laudo se rige primeramente por la ley especial y el convenio colectivo, y sólo supletoriamente por ios principios generales de derecho aplicables al arbitraje obrero-patronal, Junta Reí. Trabajo v. Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962); y de que en la determinación de la jurisdicción del árbitro, los contratos de arbitraje serán cui-dadosamente interpretados, Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949).

Contra esta contención los peticionarios señalan y argu-mentan lo siguiente: la facultad del árbitro para variar la pena a tenor con el convenio colectivo y la doctrina jurispru-dencial vigente; que la modificación de la sanción fue de con-formidad con la prueba; que el árbitro eumplió con las exigen-cias impuestas por ley; y que el laudo no es contrario a la política pública. De manera colateral proponen la tesis de que la Ley Núm. 142 antes indicada, es inconstitucional por privar a los peticionarios del derecho a la huelga consagrado en la Carta de Derechos de nuestra ley suprema, a la par que violenta la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.

Reiteran su petición de que otorguemos virtualidad al laudo y nos solicitan, como remedios adicionales compatibles con tal decisión, les reconozcamos daños líquidos consisten-tes de una suma igual a la adeudada en concepto de penalidad, honorarios de abogado e intereses legales desde la fecha del laudo hasta su satisfacción.

r — i HH

El Poder Legislativo eon el endoso del Ejecutivo, el 30 de junio de 1961 aprobó la Ley Núm. 142 reconociendo y garantizando a los empleados de la instrumentalidad demandada el derecho a la negociación colectiva. Se condicionó a la vez la concesión de tal derecho, estableciéndose en la ley — tanto en la etapa de la negociación como la de administración del convenio colectivo — un procedimiento de arbitraje de carácter compulsorio. A tal efecto, se prohibió el uso de la huelga y de varias modalidades de actividades concertadas que teñ-dieran o tuvieran la finalidad de paralizar los servicios de la demandada. Por la razón que más adelante se expone, no es necesario expresar opinión en el caso que nos ocupa, sobre la validez o nulidad — total o parcial — de esta ley.

Al imponer la obligación de que las partes incluyeran en sus convenios colectivos una cláusula sobre solución de dis-putas, quejas y agravios a través de un Comité de Querellas, el legislador dispuso los siguientes criterios:

“Artículo 10. — El Comité de Querellas hará por escrito conclusiones de hecho y rendirá el correspondiente laudo sobre las cuestiones planteadas en la controversia. La decisión será por mayoría y será final y obligatoria para las partes.

Artículo 11. — Cuando la disputa gire únicamente en torno a la interpretación o aplicación de un convenio colectivo, el Comité de Querellas sólo tendrá autoridad para determinar sobre la in-terpretación o aplicación correcta de las cláusulas en disputa.

Artículo 12. — El Comité de Querellas no podrá emitir ninguna decisión que infrinja los derechos de la autoridad de administrar y dirigir su negocio y que interfiera con la administración in-terna de cualquiera unión obrera, excepto cuando tales derechos de la Autoridad y la unión obrera queden limitados por cualquier convenio colectivo en vigor al emitirse él laudo.” (29 L.P.R.A. sees. 490, 491 y 492.) (Énfasis suplido.)

Respecto al aspecto de medidas disciplinarias la aludida pieza legislativa consignó:

“Artículo 16. — Tanto las instrumentalidades como la Unión tienen el deber ineludible de discutir y llegar a un acuerdo sobre su convenio colectivo y no podrán las instrumentalidades, la Unión, cualquier empleado o grupo de empleados interrumpir o disminuir o intentar interrumpir o disminuir los servicios que dichas instrumentalidades prestan al público con motivo de la negociación, concertación, interpretación o aplicación de un con-venio colectivo o como resultado de cualquier disputa obrero patronal. Las partes vendrán obligadas a someter a un árbitro. Jf
“Artículo 17. — Será ilegal que la Autoridad despida, suspenda, reduzca él salario o en cualquier otra forma discrimine contra cualquiera de sus empleados para burlar los propósitos de esta ley pero podrá tomar las medidas disciplinarias que considere necesarias en relación con los empleados que violen lo dispuesto en el Artículo 16 de esta ley. Dichas medidas disciplinarias podrán ser apeladas por el o los perjudicados o por la Unión para ante el Comité de Querellas y la apelación se tramitará y resol-verá como una disputa ordinaria.” (Énfasis suplido.)

La lectura de las transcritas disposiciones de ley pone de manifiesto que la Asamblea Legislativa confirió claramente al Comité de Querellas instituido en la misma, potestad para dirimir y resolver las controversias que surgieran por determinaciones de la Autoridad despidiendo, suspendiendo o reduciendo el salario o discriminando contra cualquier empleado, aun cuando tales medidas disciplinarias estuvieran basadas en actuaciones serias de los empleados tendentes a disminuir o interrumpir los servicios que tal instrumentalidad presta. De especial significado es el lenguaje del Art. 17, que in fine dispone que las medidas disciplinarias podrán ser apeladas ante el Comité, y que tal apelación “.. . se tramitará y resolverá como una disputa ordinaria.” (Énfasis suplido.)

A tono con la ley, el Convenio Colectivo, en su Art. VII denominado “Procedimiento para Atender y Resolver Contro-versias;’, fijó unas etapas y procedimientos de naturaleza ad-ministrativa y ante el Comité de Querellas para dilucidar las disputas que surgieran entre las partes. En lo concerniente al caso de autos, los párrafos 17, 18 y 21 delinearon el trá-mite para ventilar casos de separación o suspensión de empleo y sueldo, otorgándole facultad al Comité de Querellas para intervenir y decidir los mismos. Rezan así:

“17 — Se entenderá por queja o querella cualquier controver-sia, disputa o diferencia que surja entre la Unión y la Autoridad que envuelva la interpretación o la aplicación de este Convenio, ... o sobre el despido, la suspensión o cualquier otra acción disciplinaria tomada en relación con cualquier empleado . . . .
18 — (a) ........
(b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior [inciso (a)], la Autoridad podrá suspender de empleo o destituir suma-ria o perentoriamente a un empleado (a) cuando éste haya sido suspendido de empleo y sueldo durante....

21 — De acuerdo con la prueba que desfile ante el Comité de Querellas en los casos de suspensión de empleo y sueldo o de despido, el Comité (1) podrá exonerar totalmente al empleado en cuyo caso ordenará su reposición y el pago completo de los salarios dejados de recibir mientras estuvo despedido o suspendido; (2) podrá sostener totalmente la acción tomada por la Autoridad, o (3) podrá modificar dicha acción ordenando la reposición con paga parcial o sin paga.” (Énfasis suplido.)

Del análisis global de estos párrafos del Convenio Colectivo, en especial del número 21, concluimos que el Comité tenía en los casos de suspensión y despido el poder discrecional — con sujeción a la prueba — de exoneración, confirmación o modificación de la sanción disciplinaria impuesta, con la facultad de disponer aquellos remedios económicos expresamente señalados en el Convenio correlativos a la decisión adoptada. El ejercicio de tal potestad es uno de naturaleza sustantiva, consustancial con los fines y propósitos de la ley que establece el arbitraje compulsorio legislativo y dispone en situaciones como la presente, que sean resueltas “. . . como una disputa ordinaria”.

La frase “De acuerdo con la prueba que desfile ante el Comité” recoge una norma de carácter procesal cuyo alcance y significado es el de limitar, que en el proceso cuasi-judicial decisional del Comité, sólo se considere la prueba y eviden-cia aportada durante la ventilación de la controversia. No tiene el efecto de privar al Comité de su poder de aquilatar y evaluar la prueba conforme su más sano criterio, y de esti-mar que la misma demuestra que determinada falta se come-tió, confirmar o variar la sanción disciplinaria. La única res-tricción estriba en que si la prueba refleja y demuestra la certeza y realidad de los hechos que motivaron la acción dis-ciplinaria, el Comité no estará autorizado a dictaminar una total exoneración, aun cuando conserva la facultad de variar o modificar la sanción impuesta por la Autoridad.

En el caso de autos surge diáfanamente claro que el ár-bitro nutrió su criterio de la prueba sometida — cargos impu-tados e historial de los peticionarios — al modificar las me-didas disciplinarias. El que consignara expresamente en el laudo la existencia de prueba para sostener la destitución sumaria no milita en contra de su decisión, pues subsiguien-temente cualificó tal determinación, y a la luz de toda la prueba sostuvo la acción disciplinaria, aunque varió la pena impuesta.

Preciso es señalar que coincidimos con las conclusiones del árbitro de que la Autoridad no violentó ningún precepto constitucional, dentro de la facultad expresa y discrecional que posee, al adoptar medidas disciplinarias distintas a las que en época pasada tomara en otras actividades huelgarias. Tampoco estaba restringida ni obligada a imponer iguales san-ciones disciplinarias a todos los participantes de la acción concertada, ya que dependiendo de la seriedad, naturaleza y extensión de la falta en particular cometida y el historial de cada empleado, podía suspender o destituirlo definitiva o parcialmente, o meramente amonestarlo. Así lo reconoce el párrafo 18(b) del Convenio que enumera lo que obviamente resultan ser faltas o actuaciones serias de los empleados, y de cuyo examen se desprende la existencia — dentro del ámbito de “seriedad” — de algunas faltas de tal naturaleza que justi-ficarían una destitución permanente.

Concluir lo contrario no sólo sería ilógico y en pugna con el principio de equidad de individuación de sanciones, sino que despojaría a la instrumentalidad demandada de las atribuciones que le confiere su ley orgánica, a las cuales obviamente no puede de manera absoluta renunciar. See. 3 de la Ley Núm. 40 del 1ro. de mayo de 1945, según enmen-dada. (22 L.P.R.A. see. 143.)

1 — 1 1 — 1 1 — 1

En ausencia de otras disposiciones de ley o de tipo contractual, resolvemos que son de aplicación a este caso las normas sobre arbitraje diseñadas en nuestro desarrollo doctrinal jurisprudencial. Nada hay en la ley especial ni en su historial que nos sugiera, que en nuestra función de poner en vigor un laudo en casos de esta naturaleza, deba prevalecer un enfoque judicial distinto al que hemos articulado en materia de arbitraje voluntario obreropatronal. El informe Conjunto de las Comisiones de Trabajo y Gobierno Estatal sobre la Ley Núm. 142 tiende a corroborar esta determinación al consignar: “El sistema del Comité de Arbitraje es además el que más se asemeja al procedimiento de quejas y agravios y arbitraje instituido en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo privado vigentes en P.R.” Vol. 14, Parte III: Diario de Sesiones; pág. 1424 (1961).

Corolario de esta conclusión, es innegable la autoridad de un árbitro de variar una sanción disciplinaria si considera que la misma es muy severa y drástica según lo hemos reconocido en Junta Reí. del Trabajo v. Soc. Mario Mercado e Hijos, 74 D.P.R. 403, 407 (1953); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498, 503-4 (1963). También tiene vigencia la norma de que un laudo arbitral no puede anularse por meros errores de criterios de ley o de hechos, según expusimos en los casos de Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477-8 (1946); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, 800; Autoridad sobre Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344, 353 (1961); Junta Reí. Trabajo v. Orange Crush of P.R., 80 D.P.R. 292, 295 (1958); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498, 502-3 (1963).

Reafirmamos nuestra trayectoria judicial — con mayor ra-zón y justificación en casos de arbitraje compulsorio legis-lativo — de sancionar tales procedimientos por constituir un medio apropiado y deseable para resolver las disputas obrero-patronales. Abona a esta conclusión razones de economía pro-cesal y de tipo pecuniario, menos tecnicismos, mayor flexibilidad y la experiencia acumulada. Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846 (1970); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963) y las autoridades citadas en ambos casos.

Reiteramos la regla de autorrestricción judicial de que este Tribunal no revisará laudos de arbitraje respecto al de-recho o ley aplicable, excepto que determinada ley, o las partes — en el acuerdo de sumisión o en el convenio colectivo— exijan que se decida conforme a derecho. J.R.T. v. Sucn. J. Serrallés, 94 D.P.R. 343, 347 (1967); United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966); J.R.T. v. Executive House, Inc., 91 D.P.R. 798, 803 (1965); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, 800; Junta Relaciones del Trabajo v. Escambrón Beach Club, 70 D.P.R. 46 (1949).

Las únicas excepciones para superar esta norma de abstención judicial son las causas de nulidad de un laudo tradicionalmente reconocidas, a saber: la concurrencia de fraude; existencia de conducta impropia; falta del debido procedimiento; ausencia de jurisdicción; omisión de resolver todas las cuestiones en disputa; y que el laudo impida el mejor desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales o que de algún modo violente la política pública. J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, supra; Junta Relaciones del Trabajo v. N. Y. & P.R. S/S Co., supra; Updegroff & McCoy: Arbitration of Labor Disputes, págs. 215-218 (1960). Ausentes las circunstancias apuntadas, seguiremos ceñidos a la norma doctrinal de considerar definitiva y final la decisión de un árbitro, por constituir la regla más sana compatible con la naturaleza inherente del procedimiento de arbitraje laboral.

En virtud de los principios jurídicos expuestos, y bajo los hechos específicos del caso de autos, habiendo el árbitro sostenido la acción disciplinaria de la Autoridad — aun cuando modificó su rigor sustituyendo la destitución permanente por una suspensión de un año sin sueldo — fallamos que el laudo es válido.

IV

Consustancial con la naturaleza similar de un laudo de arbitraje a una sentencia o decreto judicial, y en armonía con lo decidido en Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1970) y J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971), los peticionarios nos solicitan la imposición de daños líquidos tales como la penalidad de ley, intereses y honorarios de abogado. El laudo arbitral no proveyó nada sobre el particular. Estos apoyan tal petición en la premisa de que “... un empleado que tramita su causa de acción a través del arbitraje no puede tener menos derechos que si lo hiciera directamente a través del Tribunal.”

Aun cuando coincidimos que la proposición de los peti-cionarios está en consonancia con nuestra doctrina sobre ar-bitraje obrero-patronal, y que a tenor con el principio de Beauchamp, supra, las penalidades son “. .. una consecuencia inevitable — por ordenarlo así la ley — de la decisión del ár-bitro”, en el caso de autos el pago de una penalidad es im-procedente pues la fuente legal de que dimana su imposición no se prolonga a casos como el presente. Sobre el particular, orientador es el siguiente lenguaje:

“Las fuentes de la ‘penalidad’ civil en los casos de reclama-ciones de salarios son el Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. see. 282, y la sec. 30(a) de la Ley de Salario Mínimo de 1956, 29 L.P.R.A. sec. 246(b) (Supl. 1964, pág. 175). El Art. 13, que ha conservado en este particular el mismo texto desde su aprobación, dice que ‘Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en esta Ley para horas regulares y horas extras de trabajo, tendrá derecho a re-cobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no paga-das, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios ..la sec. 30 (a) dispone que ‘Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compensación inferior a la prescrita en esta ley o en un decreto mandatorio, orden o reglamento de la Junta de Salario Mínimo o en un convenio colectivo o en un con-trato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensa-ción adicional....”

Como podrá verse procede la imposición 1 — cuando el patrono satisfaga una compensación menor que la fijada para horas regu-lares y horas extras de trabajo; y, 2 — cuando se le pague al em-pleado una compensación menor a la prescrita en la Ley de Salario Mínimo, en un decreto mandatorio, en un convenio colec-tivo o en un contrato individual de trabajo....

Por otro lado, conocida es la regla de que las penalidades no se presumen y que la intención de su imposición debe aparecer claramente, Wolf v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R. 537 (1958); Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, 77-78 (1943); West India Oil Co. v. Buscaglia, 61 D.P.R. 782 (1943); Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314 (1943). En ausencia de una intención legislativa expresa no podemos por vía de interpre-tación extender la penalidad a casos que no se encuentran com-prendidos específicamente en estas dos disposiciones legales.” Salgado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 367, 371-373 (1965). (Énfasis suplido.)

Bajo la tesis jurídica correcta de que las penalidades dispuestas en ley, pactadas en un convenio colectivo o incor-poradas en un contrato individual de trabajo, operan ex-prop-rio vigore en un laudo arbitral favorable a un obrero — sin que tales penalidades estén supeditas a que el dictamen sea uno directo y proveniente del foro judicial — resolvimos Beauchamp, supra, que trataba de una reclamación sobre diferencia de salario de acuerdo a un convenio colectivo, propiamente com-prendida en la penalidad establecida en la Sec. 30 de la Ley de Salario Mínimo de 1956 (29 L.P.R.A. see. 246 (a)).

Posteriormente, en la opinión Per Curiam del caso Caribbean, supra — que versaba sobre una reinstalación por un des-pido modificado por el laudo ya que no estaba totalmente jus-tificado — consignamos el siguiente lenguaje que puede haber dado margen a la súplica de los peticionarios:

“En el caso de Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633, opinión del 12 de febrero de 1970, este Tribunal determinó que corresponde el pago adicional igual a la suma adeudada en concepto de salarios, como conclusión necesaria al laudo del árbitro, por ordenarlo así la Ley de Horas y Salarios, 29 L.P.R.A. see. 282, que encarna la política pública del país sobre esta mate-ria, y por considerarse esa ley es parte del contrato de trabajo. En el último párrafo de la opinión se estableció el carácter pros-pectivo de la misma. El laudo de arbitraje en el presente caso se rindió el 29 de enero de 1970, antes de haberse adoptado la doctrina del caso de Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, supra, por lo que no tiene aplicación a este caso. Convenimos con la demandada en que no procede el pago de la penalidad en el presente caso.” Pág. 600.

Si bien la cita previamente transcrita tiende a sugerir que la penalidad procede en casos de reinstalación por despido, de rigor es aclarar que el mismo queda modificado por los términos de la presente opinión. Concluimos que en ausencia de estatuto, convenio colectivo o contrato particular que así lo reconozca, las penalidades por trabajo de hecho realizado, fijadas en el Art. 13 de la Ley Núm. 379 y la See. 30 de la Ley de Salario Mínimo, no se extienden a casos de reposición por despido ya sea en adjudicaciones ante el foro judicial o en procedimientos de arbitraje.

Nada de lo antes expresado debe entenderse como que re-voca la norma consagrada en Beauchamp, la cual hace unas pocas semanas reafirmamos y ampliamos en J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 102 D.P.R. 774 (1974), concediendo doble penalidad, intereses al tipo legal, pago de costas y honora-rios de abogado, por tratarse de un laudo basado en una que-rella de compensación por tiempo doble de trabajo realizado durante ciertos días feriados. Vigorizamos allí nuestra ac-titud judicial hacia los procedimientos administrativos de arbitraje ante dicho organismo, resolviendo que la doctrina de Beauchamp es extensiva a los laudos que la Junta de Rela-ciones del Trabajo de Puerto Rico emita a partir de la fecha expuesta.

Respecto a honorarios de abogado, los peticionarios des-cansan “. . . en lo resuelto en el caso de Beauchamp, supra, y en las disposiciones de la Ley para Regular la Concesión de Honorarios de Abogado en los casos de Reclamaciones de Trabajadores Contra sus Patronos, Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 32 L.P.R.A. secs. 3114-3117.”

Aun cuando hemos fallado que no es de aplicación al caso que nos ocupa lo preceptuado en el Art. 13 de la Ley Núm. 379 y en la Sec. 30 de la Ley de Salario Mínimo — y no obstante no ser propiamente una reclamación de una deuda por servicios prestados — la política pública que inspira la legislación sobre honorarios de abogado y nuestras decisiones al efecto equiparando un laudo arbitral a una adjudicación judicial, nos llevan a concluir, que de ordinario, procede la imposición de honorarios en casos en que el obrero tiene que acudir al foro sustitutivo del judicial a hacer valer sus derechos. De tal resultado no estaría normalmente exenta la Autoridad pues el Art. 2 de la Ley Núm. 402 la considera comprendida en la definición de Patrono.

Sin embargo, preciso es destacar que al igual que las acciones ventiladas en el escenario judicial, la cuantía de honorarios a ser impuesta dependerá de la naturaleza del asunto y demás factores y criterios desarrollados en nuestra jurisprudencia, y ello bajo un sano ejercicio discrecional del árbitro.

La norma que adoptamos debe tener efectos prospectivos en lo que se refiere a honorarios de abogado en los procedimientos de arbitraje. No es extensiva a situaciones en que un laudo reconoce que el patrono estuvo justificado en imponer medidas disciplinarias — por haberse demostrado la ocurrencia de los hechos que dan margen a la misma — y el dictamen meramente sustituye o varía la severidad de la sanción. Contrario sensu, si el laudo exonera totalmente al obrero o empleado, el árbitro conserva la facultad discrecional para fijar honorarios. En armonía con lo dispuesto, en vista de la conclusión expresada en el laudo de que la Autoridad estuvo justificada en suspender a los peticionarios, no procede la condena de honorarios de abogado en dicha etapa como tampoco ante este foro.

Consecuencia lógica e inexorable al trazar rumbos paralelos entre un laudo arbitral y un dictamen judicial es el reconocer que proceden intereses legales. Art. 1649 del Código Civil de 1930 (31 L.P.K.A. see. 4591); Art. 341 vigente del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.K.A. see. 1473). En el caso de autos, los mismos deberán abonarse al interés legal anual sobre la cantidad total de salario regular dejado de percibir correspondiente al período comprendido entre la fecha en que los peticionarios debieron ser reinstalados, 3 de noviembre de 1971 y la fecha de reins-talación efectiva, pero computados a partir de la fecha del laudo, 24 de mayo de 1972, hasta que sean completamente satisfechos.

y

No es necesario que anticipadamente nos pronunciemos sobre los méritos del ataque colateral de inconstitucionalidad que los peticionarios hacen del Art. 16 de la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961 (29 L.P.R.A. see. 496). E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

Conforme lo expuesto, se dictará sentencia poniendo en vigor el laudo.

—O—

RESOLUCION

San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 1975

Se enmienda la opinión de este Tribunal emitida el 19 de diciembre de 1974, en su pág. 15, [pág. 155 de este tomo] para eliminar la siguiente frase:

“y que el laudo impida el mejor desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales....”

Eliminada dicha frase, el párrafo deberá decir como sigue:

“Las únicas excepciones para superar esta norma de absten-ción judicial son las causas de nulidad de un laudo tradicional-mente reconocidas, a saber: la concurrencia de fraude; existencia de conducta impropia; falta del debido procedimiento; ausencia de jurisdicción; omisión de resolver todas las cuestiones en disputa; o que de algún modo violente la política pública, J.R.T. v. Cooperativa de Cafeteros, supra; Junta Relaciones del Trabajo v. New York and Porto Rico Steamship, supra; Updegroff & McCoy: Arbitration of Labor Disputes, págs. 215-218 (1960). Ausentes las circunstancias apuntadas, seguiremos ceñidos a la norma doctrinal de considerar definitiva y final la decisión de un árbitro, por constituir la regla más sana compatible con la naturaleza inherente del procedimiento de arbitraje laboral.”

El Juez Asociado Señor Negrón García expondrá por separado su voto expresando su inconformidad con la enmienda aquí adoptada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

—O—

Voto disidente del Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1975

Disiento respetuosamente del criterio mayoritario del Tribunal que elimina en reconsideración, como causa de nulidad ■de un laudo de arbitraje, el que el mismo “... impida el mejor desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales . . . .”

Las partes convienen en este extremo, tomando como base, y por ende este Tribunal, que la incorporación de dicha causa traerá como consecuencia que los laudos de arbitraje sean cuestionados con mayor frecuencia por carecer dicha norma de elementos definitorios concretos del alcance de su contenido, aduciéndose que no existe jurisprudencia o tratadista que sostenga la misma.

La formulación de derecho por propia naturaleza es dinámica, moldeado a la luz de las variantes que las circunstan-cias en momento dado exigen. Nuevas fronteras del derecho, en particular en el área fluida de las relaciones obrero-patronales hacen imperativo que este Tribunal, con visión de vanguardia, amplíe en toda su extensión los criterios rectores que rigen el campo del arbitraje laboral específicamente el compulsorio legislativo. No puede ser fundamento válido en ningún área del derecho, que la génesis de una norma no esté apoyada propiamente en jurisprudencia o tratadista en particular. La historia del proceso judicial universal derrota tal contención.

Al coincidir este Tribunal con los planteamientos de las partes, debilita la formulación de normas rectoras en el no-vedoso campo del arbitraje compulsorio legislativo, negándose a sí mismo la función que por décadas ha ejercido como arqui-tecto de los procedimientos de arbitraje en nuestro país. La ausencia de sentir legislativo sobre el particular constituye el mejor ejemplo de la gran responsabilidad que hemos tenido.

El cerrar las puertas a la causal del mejor desenvolvi-miento de las relaciones obrero-patronales implica en este caso, como en casos análogos, que los árbitros designados en virtud de un estatuto como el que nos ocupa, poseen facultades irrestringidas no poseídas siquiera por este foro.

       Utilizamos el concepto “arbitraje compulsorio legislativo” para diferenciar la situación en que el mecanismo de arbitraje es de naturaleza obligatoria por así acordarlo las partes, de cuando su carácter imperativo es por razón de una ley especial. El convenio fue suscrito en 5 de junio de 1970 y estuvo vigente desde el 1ro. de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1971.

      Dispone en lo pertinente: “Los laudos de arbitraje emitidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley podrán ser puestos en vigor por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, bien por acción legal entablada por cualquiera de las partes o a través del procedimiento establecido en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en su Art. 9, Sección 2, Inciso (c).”

       Haciendo constar que ello era sin perjuicio ni menoscabo de su impugnación al laudo, el 28 de septiembre de 1972 la demandada comunicó a este Tribunal que el 13 de septiembre de 1972 decidió reponer a los peticionarios Teófilo Colón Molinary y Marcial Maldonado Meléndez en sus empleos a partir del 1ro. de octubre de 1972, ello sin paga atrasada. Conforme la comunicación cursada por el Director Ejecutivo al efecto, la reposición se hizo tomando en consideración los años de servicio que estos dos peticionarios llevaban trabajando para la Autoridad cuando fueron despedidos, a saber 25 y 15 años respectivamente. El peticionario Jesús García Falú continúa destituido.

       Fischbach, Charles P., Past Misconduct in Discharge Cases, 24 The Arbitration Journal, págs. 175-183 (1969).

      En Ríos v. Puerto Rican Cement Corp., 66 D.P.R. 470 (1946), señalamos que “Un laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar a la de una sentencia o decreto judicial”, y en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. P.R. S/S Co., supra, reconocimos su dual naturaleza.

       Abona a la anterior conclusión el siguiente lenguaje de la mencio-nada ley: “En los casos en que la reclamación sea satisfecha extra judicial-mente, las partes, además de cumplir con las disposiciones de ley sobre transacciones, deberán, si no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser pagados por el patrono querellado al abogado del trabajador o empleado querellante, someter su determinación a la corte que hubiera tenido jurisdicción sobre el caso.” (32 L.P.R.A. see. 3115.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Rochester Capital Leasing Corporation, demandante y recurrida, v. Williams International Limited, demandada y recurrente.

      Número: R-69-188

      Resuelto: 23 de diciembre de 1974

      Robert E. Schneider, Jr. y Antonio Monroig Malatrasi, aboga-dos de la recurrente; Joseph W. Kiefer, abogado de la recu-rrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente (“Williams International Limited”) tomó en arrendamiento una máquina compaginadora a la recurrida (“Rochester Capital Leasing Corporation”) por el término de cinco años, renovables por igual plazo a opción de la arren-dataria. Los cánones convenidos fueron de $104.63 mensuales —de prorrogarse el contrato esta suma se reducía — pagaderos a partir del 15 de noviembre de 1962 hasta el 15 de julio de 1967. Al otorgarse el contrato en octubre de 1962, Williams International Limited le pagó a Rochester Capital la suma de $313.89, equivalente a tres de los referidos plazos.

El convenio disponía que en caso de no satisfacerse cual-quier canon dentro de los diez días siguientes a su venci-miento, Rochester Capital podría recurrir a cualquiera de estos remedios o a varios de ellos: declarar vencidos la totalidad de los cánones acordados, sin notificación o reque-rimiento a Williams International; demandar a Williams International por el balance de los cánones vencidos y por vencer; y tomar posesión de la máquina arrendada sin que tuviese que mediar orden judicial o notificación o requerimiento a Williams International. Se pactó además que Williams International le satisfaría a Rochester Capital por concepto de honorarios, de tener que acudir ésta a los tribunales, el 15% de la cantidad reclamada.

El 2 de diciembre de 1964 Rochester Capital demandó a Williams International en cobro de dinero. Embargó, en adi-ción, la máquina compaginadora y una cuenta banearia de la arrendataria. Según estipulación de las partes, habían ven-cido veinticinco mensualidades a la fecha de la radicación de la demanda, montantes a $2,615.75, de las cuales Williams International había pagado veintidós, más el pago inicial de $313.89. Luego la arrendataria pagó dos mensualidades, más, lo que provocó que se enmendase la demanda para reclamar $3,452.79, en vez de $3,766.68, o sea, la diferencia entre el montante de los sesenta cánones ($6,277.80) y la totalidad de lo pagado por Williams International ($2,825.01).

Se declaró con lugar la demanda, ordenándosele a la arrendataria a satisfacerle a Rochester Capital la cantidad de $3,452.79, más el 15% de esta suma para honorarios de abogados y las costas. Williams International solicitó la revisión de la sentencia, alegando fundamentalmente la co-misión de los siguientes errores: concluir que el depósito original representaba una garantía y que por tanto podía utili-zarse únicamente para el pago de las últimas tres mensuali-dades; resolver que, al aceptar el pago de dos mensualidades después de la radicación de la demanda, Rochester Capital no renunció a sus derechos por el alegado incumplimiento del contrato; y abstenerse de fallar que la arrendadora no podía declarar vencida la totalidad de la deuda y a la vez apoderarse del bien arrendado.

I

La naturaleza del primer pago.

El contrato otorgado, interpretado en su conjunto, re-vela que el pago inicial de $313.89 constituyó una garantía, no solo para el pago de los últimos cánones sino para el debido cumplimiento de otras obligaciones de la arrendataria bajo el convenio. Adviértase que la arrendataria se obligó a pa-gar cánones mensuales hasta exactamente tres meses antes de la fecha del vencimiento del contrato. De tener la arrendadora que utilizar dicha suma para excusar el incumplimiento por la arrendataria del pago de cualquier canon, la garantía podía desaparecer. De haber sido tal la intención de las partes el contrato no hubiese dispuesto ciertamente que en caso de falta de pago de cualquier canon dentro de los primeros diez días se podía acudir por la arrendadora a los reme- dios acordados; se hubiese estipulado en vez que podrían invocarse dichos remedios después de vencidos cánones equiva-lentes al depósito original.

El hecho de que un contrato sea de adhesión, aun si tal fuese el caso aquí, significa tan solo que se analizará del modo más favorable a la parte más débil, Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963), pero no que se interpretará de modo irrazonable.

II

La aceptación de pagos después de la radicación de la demanda.

La aceptación por la arrendadora, después de radicada la demanda, de un cheque por el importe de dos de las tres mensualidades vencidas no constituyó una renuncia por ella de los remedios a que tenía derecho en caso de incumplimiento. Quedaba y quedó siempre un plazo por pagar, según la propia estipulación de las partes durante el juicio. (T.E. pág. 17.) Podía, por tanto, la arrendadora ejercer el derecho pactado de declarar vencida la totalidad de la deuda. Véase: F.S.E. v. Peña Plaza, 100 D.P.R. 637 (1972). Los casos de Morales v. Martínez, 40 D.P.R. 724 (1930), Campos v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 370 (1953) e Igartúa v. Ruiz, 73 D.P.R. 354 (1952), son inaplicables al presente. Fuera de que envolvían todos el arrendamiento de bienes inmuebles, en estos litigios se aceptaron pagos después de la demanda equivalentes a lo adeudado.

III

La multiplicidad de remedios. Su conexión, si alguna, con el problema de las cláusulas penales.

Llegamos aquí al planteamiento central del caso. ¿Qué principios rigen el reconocimiento al acreedor de diversos remedios y la oportunidad de su ejercicio conjunto en arrenda-mientos de bienes muebles como el presente?

En el derecho norteamericano existe una decidida tendencia, con excepciones bajo circunstancias determinadas, a invalidar las cláusulas penales. 11 Williston On Contracts, secs. 781 et seq. y sec. 1340; 5 Corbin On Contracts, 376-377; Uniform Commercial Code, West ed., sec. 1-106. La inclusión en un contrato de una opción al acreedor de cobrar lo adeudado y reposeer el bien vendido o arrendado se ha catalogado como la inserción de una cláusula penal. Ricker v. Rombough, 261 P.2d 328 (Cal. 1953). La inclinación de los tribunales en estos casos es a permitir básicamente que el acreedor recobre tan solo los daños de todo género realmente sufridos y nada más.

Tal ha sido igualmente la regla usual del derecho inglés. 1 Chitty On Contracts, Londres, 1968, págs. 1488 et seq.; Treitel, Contracts, Londres, 1962, pág. 612.

La cuestión, sin embargo, es tan solo resolvible bajo nuestro propio Código Civil, aunque en algunas de nuestras decisiones se han utilizado indebidamente conceptos derivados de la jurisprudencia norteamericana. Los principios vigentes en otras comunidades son tan solo de interés, por supuesto, para explorar el modo en que otros sistemas jurídicos se enfrentan al problema y ayudar, mediante las técnicas del de-recho comparado, a la natural evolución de los conceptos jurídicos.

Nuestro derecho civil sobre el particular, amparado detalle a detalle en el español, fija normas distintas para el análisis de las obligaciones con cláusula penal. Véanse los Arts. 1106 al 1109 de nuestro Código, 31 L.P.R.A. sees. 3131 a 3134, equivalentes a los Arts. 1152 al 1155 del Código Civil Español. En nuestro derecho es posible pactar obligaciones con cláusula penal. 31 L.P.R.A. see. 3131; Caballero v. Kogan, 73 D.P.R. 666 (1952).

Se le imponen limitaciones y salvaguardas, no obstante, a la facultad de incluir en los contratos este género de cláusulas. El Art. 1108 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3133, dispone, por ejemplo:

“El tribunal o juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.”

También debe recordarse la disposición del Código que le im-pide al acreedor exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena excepto cuando se le haya otorgado, como en la presente situación de hechos, dicho poder. 31 L.P.R.A. see. 3132. La validez de la cláusula penal depende igualmente de que no sea nula la obligación principal, 31 L.P.R.A. see. 3134, y de que sus disposiciones no violen precepto legal alguno de orden público. Espín, La Cláusula Penal en las Obligaciones Contractuales, 30 Rev. de Derecho Privado 145,158-159 (1946).

¿Qué constituye una cláusula penal? A distinción del Código Civil francés, Dalloz, Codes d’Audience, 29a. ed., Art. 1226, ni el código español ni el puertorriqueño provee una definición específica. Es evidente, no obstante, que la fórmula verbal que se emplee en el contrato no es lo que provee normalmente la clave. Hay que precisar primero las funciones que generalmente cumple la cláusula penal y escudriñar su impacto en cada caso específico. S. de 6 de febrero de 1906 (Esp.); Espín, sufra, 150.

Respecto a las funciones de la cláusula penal nos hemos expresado antes, habiendo señalado que “las dos funciones más importantes atribuidas a la cláusula penal es [sic] la de asegurar el cumplimiento de una obligación ... y la de . .. evaluar por anticipado los perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento inadecuado de la obligación ....” Simonet v. Igaravídez, 90 D.P.R. 1, 9 (1964). Véanse: Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, to. 1. vol. 2, págs. 472-474; 3 Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 8a. ed., 120-121.

Debido precisamente a que la cláusula penal no se encamina a reparar los daños sufridos por el acreedor sino que en adición cumple un fin coercitivo y punitivo, la referida cláusula permite, sujeto al principio de moderación de la pena, que las partes convengan que la evaluación de los daños “sobrepase la medida real del daño, de forma que este exceso actúe de modo eficaz como presión sobre el deudor para impulsarle al cumplimiento específico de la obligación ante la amenaza de tener que pagar un resarcimiento que exceda del equivalente pecuniario de la prestación a que se obliga.” Espín, op. cit., 153. Esta naturaleza in terrorem de la cláusula penal, en su función de fianza o garantía, tiene otro importante límite, sin embargo, que urge señalar. La prestación garantizadora puede ser tan desorbitada y excesiva que se convierta en una fianza impropia o caparra. 2 Santamaría, Comentarios al Código Civil, 90.

El Código Civil de España, como se habrá observado, crea una estructura muy flexible para el tratamiento de las cláusulas penales, al estilo del código alemán y del suizo y distinto al código francés y a los sistemas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Marsh, Penal Clauses in Contracts: a Comparative Study, 32 J. Comp. Leg. & Int’l L. (3a Ser.) 66 (1950); Schlesinger, Comparative Law, 2a. ed. 1959, págs. 329 et seq. Esto dificulta el proceso de interpretación, pero facilita la evolución natural del derecho hacia el establecimiento de nor-mas que respondan a las realidades sociales cambiantes, a la par que permite la adecuación de las pautas generales a casos concretos que se funden en hechos diversos.

A la luz de lo anterior, veamos el caso presente. La familiar cláusula relativa al vencimiento total de la deuda en caso de incumplimiento de la deuda es, a lo sumo, una cláusula penal lícita, si es que en verdad se trata de tal tipo de cláusula. El elemento coercitivo se reduce a concederle al acreedor el uso antes de tiempo de los cánones por pagar, lo que significa básicamente que puede usufructuar su interés por el balance del tiempo convenido. La cantidad que se cobra, no obstante, es exactamente la convenida. La cláusula, igual-mente conocida, referente a la reposesión del bien arrendado es también lícita. Tampoco se le debe clasificar a solas, m abstracto, como una cláusula estrictamente de orden penal.

La dificultad aquí estriba en la conjunción y ejerci-cio de los dos remedios. Inicialmente el arrendador optó por intentar cobrar lo adeudado, embargando, además de la cuenta bancaria de la arrendataria hasta cierta cantidad específica, su propia máquina compaginadora. Más tarde, sin embargo, se traslada el equipo a Nueva York donde se trata de vender por la arrendadora, como antes intentó hacerlo en Puerto Rico (T. E. pág. 28), lo que equivale al ejercicio de su opción de reposesión.

El Tribunal Supremo de España, S. de 3 de julio de 1915, 133 Jurisprudencia Civil, 926, ha resuelto, en un caso prácticamente idéntico al presente, que la utilización de ambas cláusulas es legal, pero rehusó alterar la moderación de la pena dictada por el tribunal de instancia.

En el caso de autos no se colocó al Tribunal Superior en condiciones de estimar el grado procedente de moderación de la pena y éste acertadamente no la atenuó. No consta en autos si la máquina compaginadora llegó a venderse y por cuánto. Se ignora la diferencia, si alguna, entre el precio de venta, si ésta ocurrió, y el valor que hubiese tenido la propiedad al finalizar el plazo de arrendamiento pactado. Se sabe que la máquina valía al momento de su arrendamiento $4,650 y que en Puerto Rico se recibió una oferta de solo doscientos dólares por ella después del incumplimiento del contrato por la arrendataria. La arrendataria no ofreció prueba en el juicio sobre los daños que le pudiesen haber causado las actuaciones de la arrendadora. Tampoco exploró si la arrendadora recibió una ganancia excesiva o sentó, como era su obligación, las bases para solicitar la moderación de la pena. En tales circunstancias no hay base en el récord para alterar la sentencia.

Para clarificación ulterior de las pautas a regir en campo tan activo debemos, no obstante, añadir lo siguiente. Aunque cada caso debe estudiarse en sus méritos, la utilización conjunta por un acreedor de una variedad de remedios análogos a los presentes en el caso de arrendamiento de bienes muebles, a distinción de su uso separado, envuelve una operación arriesgada, ya que dicha situación normalmente representa la utilización de una cláusula penal y está sujeta a la doctrina de la moderación de la pena. Esta última doctrina, además, es en extremo lata. El margen de discreción que se les concede a los tribunales de instancia en este tipo de controversia es amplio y los tribunales apelativos en España y Francia, interpretando textos idénticos al de nuestro Código Civil, rehúsan de ordinario intervenir con el ejercicio de dicha discreción. Está establecido que la moderación de la pena no debe llegar al punto de requerirle al acreedor que devuelva lo recibido en exceso al daño sufrido, 8 Manresa, Código Civil Español, 1967, pág. 574, pero en determinadas situaciones la pena puede reducirse a muy poco más de esa base. Con el movimiento creciente hacia una mayor protección del consumidor en diversas partes del mundo no es de extrañar que ocurra un acercamiento cada vez mayor entre los principios del derecho común y el derecho civil en este campo. Nada de lo anterior significa, por supuesto que, al optar bajo un contrato por un remedio dado, el acreedor no pueda tomar las medidas necesarias para el aseguramiento de la sentencia y la minimización de los daños.

Se confirmará la sentencia de que se recurre.


author: per curiam :

text:
    Gallera de Puerto Rico, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Edna Abruña, Juez, demandado; Manuel Díaz Segarra et al., interventores.

      Número: O-74-402

      Resuelto: 30 de diciembre de 1974

      Manuel A. Moreda, abogado de la peticionaria; Ramos, Riera, Ramírez de Arellano, Odell & Limeres, abogados de los inter-ventores.
   per curiam :

Un matrimonio deportista jugó su gallo contra otro en la Gallera de Puerto Rico conocida como Coliseo de Isla Verde. Cuando su gallo ganó, el juez de valla anunció al público que declaraba nula la pelea porque había encontrado agujas de acero insertas en las espuelas del vencedor, prác-tica prohibida en el deporte. Ofendidos por lo que estiman fue una imputación viciosa de fraude, los cónyuges buscan repara-ción a sus daños morales que valoran en $200,000 en acción civil contra la Gallera de quien exigen responsabilidad por los actos del juez de valla, bajo la premisa de ser éste su empleado. La corporación demandada solicitó sentencia sumaria deses-timando la demanda que el tribunal de instancia denegó. Al recurrir expedimos orden para mostrar causa por la que no deba concederse dicha desestimación sumaria fundada en el estado de derecho integrado por los preceptos de la Ley de Gallos de Puerto Rico (15 L.P.R.A. sees. 292 y ss.) y su Reglamento que gobiernan el poder de decisión del juez de valla.

Los que en nuestra sociedad ejercen la facultad de decidir controversias similar a la conferida a los jueces de derecho, han de sentirse libres de aprehensión en todo momento de que sus dictámenes y veredictos puedan provocar reacciones punitivas de las partes afectadas, o de sector alguno. Tan libre del temor a una acción de represalia contra su fallo han de sentirse un juez, como un árbitro, un comisionado especial, el umpire, el jurado en un certamen de ateneo, en fin todo el que tiene la encomienda de decidir en cualquier competencia. No lo es menos el juez de valla en el deporte gallístico. La decisión del árbitro encarna la regla de derecho de dar a cada uno lo que es suyo. Cuando se emite bajo la influencia del miedo, del favor o el castigo, se pierde la esencial pureza y objetividad y queda abolida su utilidad de poner fin al conflicto en nuestro sistema político de continua contraposición de intereses, lucha y pugna de éstos. El árbitro, llámese juez, jurado, comisionado o referee, es rueda de engranaje indispensable en la sociedad de libre competencia. Si aprobamos el grito del fanático maten al umpire, mataremos el juego. Para revestir la decisión de un juez de valla de la necesaria respetabilidad y acatamiento, el legislador dispuso que “ningún Juez de Valla podrá renunciar su puesto ni ningún dueño de gallera podrá suspender a un Juez de Valla sin el consentimiento previo de la Administración de Parques y Recreo Públicos, y Disponiéndose, además, que la Administración de Parques y Recreo Públicos podrá intercambiar los Jueces de Valla cuando a su juicio, sea esto conveniente para el deporte.” Nueva Ley de Gallos de Puerto Rico, 15 L.P.R.A. sec. 294(c). A su vez el Reglamento para Lidias de Gallos en Puerto Rico dispone que “la dirección y decisión de toda pelea corresponde exclusivamente al juez de valla y solamente el dueño de un gallo podrá protestar su decisión ante la Administración de Parques y Recreo Públicos.” 15 R.&R.P.R. see. 294-99; y que “cualquier caso que ocurra en una pelea por accidente o cualquier otro motivo, no previsto en esta Divi-sión, queda el juez de valla facultado para resolverlo.” 15 R.&R.P.R. see. 294-101.

En el marco de su poder de decisión el juez de valla no es empleado ni agente de la gallera en que actúa. Es un árbitro. Procede, por los fundamentos expresados, la terminación de este pleito en que se pretende vincular la gallera con responsabilidad civil por la decisión de su juez de valla.

Por la presente opinión per curiam, se expide el auto de certiorari, se declarará con lugar la moción de sentencia su-maria de la peticionaria Gallera de Puerto Rico, Inc., y se desestimará la demanda en cuanto a dicha corporación; y la resolución denegatoria dictada el 27 de septiembre ultimo por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, será anulada.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Rafael López Vega, demandante y recurrido, v. Francisco Vega Otero, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-68-271

      Resuelto: 30 de diciembre de 1974

      John F. Malley, abogado de la recurrente; Jesús Hernández Sánchez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970), reafirmamos nuestra doctrina jurisprudencial laboral de que la determinación de si una persona que presta servicios en una empresa operando en el comercio interestatal es un ejecutivo, implica el examen de los factores relevantes — naturaleza y funciones del empleo — y la concurrencia de todos los requisitos enunciados y adoptados en el regla-mentó de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (29 Code of Federal Regulations, sec. 541 et seq.). La exclusión de los beneficios de la legislación de carácter laboral debe ser manifiesta y requiere una interpretación restrictiva. Calderón v. Esso Standard Oil Co., 92 D.P.R. 129 (1965).

Debido a la similitud que existe entre la reglamentación federal y la nuestra, igual enfoque ha prevalecido respecto a la aplicación del Reglamento Núm. 13 promulgado por el Se-cretario del Trabajo de Puerto Rico definiendo los términos “ejecutivo”, “administrador” y “profesional” excluidos del término “empleado” por el Art. 19 de la Ley Núm. 379 (29 L.P.R.A. see. 288). López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325, 328 (1970); Marcano Rodríguez v. Pepsi Cola Bot. Co., 95 D.P.R. 445, 448 (1967); Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123, 127 (1961); Piñány. Mayagüez Sugar Co., Inc., 84 D.P.R. 89, 93-95 (1961).

En la querella sobre salarios objeto del presente recurso, el tribunal de instancia condenó a la recurrente Francisco Vega Otero, Inc., a satisfacer al recurrido Rafael López Vega la suma total de $25,183.00 en concepto de horas trabajadas, doble penalidad y honorarios de abogado.

En vista de que la controversia ante nos gira exclusiva-mente en torno a si el querellante ejercía habitualmente su discreción en el desempeño de sus labores, y si estaba facul-tado a emplear o despedir personal, limitaremos nuestro aná-lisis a ambas cuestiones.

Las determinaciones factuales pertinentes que dieron margen al dictamen de que el querellante no era ejecutivo, son las siguientes:

“2. Para facilitar la operación de este negocio la querellada tenía tres oficinas, una en San Juan, otra en Caguas y la tercera en Humacao. La oficina de San Juan era atendida por el Sr. Robert S. Hughes quien desempeñaba el cargo de Gerente General y Vice-presidente. La oficina principal ubicaba en Caguas y era atendida por el Sr. Pedro Jaime Christian c/p Mapé. La oficina de Humacao se estableció allá para el año 1955 y se utili-zaba principalmente, según surge del conjunto de la prueba para atender la transportación de caña de azúcar, mieles, azúcar, fertilizantes, etc. a la firma A. Roig Sucesores de Humacao y Central Roig Refining Co. de Yabucoa. Esta oficina era atendida por el querellante quien fue trasladado desde la oficina principal de Caguas luego de que el Sr. Catalino Carreras, anterior supervisor, renunciara. El personal de la oficina de Humacao consistía de un Superintendente de Transportación, una Secretaria, un capataz, un mensajero y quince o veinte conductores de camiones.

3. Según se ha expresado antes, el querellante era el encargado de la oficina de Humacao. Su labor consistía en comunicarse to-das las mañanas por teléfono con el Sr. Pedro Jaime Christian de la oficina de Caguas para recibir instrucciones con respecto a la labor que habría de realizar durante el día. Luego de organizar el inicio de las labores diarias instruyendo a los obreros sobre las tareas a realizar el querellante iniciaba el trabajo de oficina que consistía en la preparación de informes diarios de carga y descarga; consignar el horario de trabajo de los distintos em-pleados y obreros y la preparación de hojas de despacho para cada conductor. Esta labor la realizaba el querellante el lunes, martes y miércoles de cada semana. El jueves de cada semana lo dedicaba a la preparación de las nóminas y depositando el importe del jornal semanal de cada empleado en el correspon-diente sobre luego de recibir el cheque para el pago de los salarios de la oficina de Caguas y cambiarlo en billetes y moneda frac-cionaria. Además, el querellante constataba la información que aparecía en la copia de la nómina que recibía de Caguas con aquella que retenía en su oficina de Humacao, es decir, consta-taba, con vista del informe diario que quedaba en la oficina de Humacao el cual consistía del récord de las horas diarias traba-jadas por cada obrero. Entre las tareas que el querellante reali-zaba figuraba la labor clerical de oficina; la preparación de fac-turas de cobro; supervisión de las labores realizadas en el solar de estacionamiento de Humacao; transportación de conductores de camiones a la Central Roig de Yabucoa en un vehículo de motor manejado por un empleado de la querellada. Trasmitía instrucciones al capataz que como empleado de la querellada trabajaba en la Central Roig; atendía la llegada y salida de los camiones de arrastre con sus plataformas; se comunicaba perió-dicamente con ejecutivos de Central Roig Refining Co. y de A. Roig Sucesores para atender quejas y realizar para dichas firmas cualesquiera gestión relacionada con la transportación de carga no cubierta por un contrato de servicios que la querellada tenía concertado con las referidas firmas.

4. .......

5. Durante el día domingo de cada semana el demandante trabajaba en la preparación de informes conocidos como “bill of lading” lo cual le tomaba aproximadamente dos horas. Cada dos domingos, esto es, dos veces al mes, se lavaban los camiones y era responsabilidad del querellante supervisar esta labor.

6. El jefe inmediato del querellante lo era Pedro Jaime Christian quien dirigía la oficina de Caguas con el título de Jefe de Operaciones de Transportación de la querellada. A esa oficina el querellante remitía el informe diario de las horas trabajadas y recibía la nómina y el importe en dinero de los jornales para el pago a los distintos obreros y empleados.

7. El querellante intervino en la discusión y firma de algunos convenios colectivos suscritos con la Unión Obrera contratante según surge de la prueba documental ofrecida en evidencia.

8. El salario semanal percibido por el querellante durante el tiempo que trabajó para la querellada fué el siguiente:

(1) De febrero de 1955 a enero 5 de 1957 — $60.00 sema-nales.

(2) De enero 16 de 1957 a 19 de enero de 1962 — $75.00 semanales.

(3) De enero 20 de 1962 a 29 de mayo de 1962 — $80.00 semanales.

11. La prueba presentada por las partes no deja lugar a dudas en el sentido de que el querellante desempeñaba funciones de supervisión de la oficina que la querellada tenía establecida en Humacao. En este sentido cabe señalar que el querellante estaba encargado de la distribución del trabajo, de la supervisión de la labor de los empleados y de la preparación de documentos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la querellada en forma ordenada. Por otro lado, la preponderancia de la prueba demuestra en forma que no deja lugar a dudas que la inmensa mayoría de las tareas realizadas por el querellante no caían propiamente en la esfera ejecutiva. Y ello es así, entre otras razones, porque las gestiones realizadas por el querellante estaban subordinadas a la oficina de Caguas sin que interviniera en la ejecución de sus labores el ejercicio de una discreción casi abso-luta por parte del querellante(Énfasis suplido.)

Por su lenguaje y contenido, preciso es apuntar que la determinación de hecho undécima (11) goza de la naturaleza dual de una determinación factual y conclusión de derecho que se nutre de las determinaciones de hechos que le anteceden. Sin invadir ni menoscabar tales determinaciones, su lectura revela que el recurrido López desarrollaba un número sustancial de gestiones de oficina y supervisión que obviamente requerían el ejercicio de un alto grado de discreción. A tal efecto nota-mos que la única expresión en que la sala sentenciadora funda-menta su conclusión de ausencia de discreción, es en la comuni-cación que todas las mañanas el querellante hacía por teléfono al Sr. Pedro Jaime Christian de la oficina de Caguas, para recibir instrucciones con respecto a la labor que debía reali-zarse durante el día. Sin embargo, se infiere razonablemente de la prueba, que estas instrucciones eran con el solo propó-sito de coordinar con dicha oficina el movimiento y la máxima utilización de los vehículos de arrastre de la querellada en la fase de recogido y distribución de carga, ya que el querellante López no tenía ni podía tener una visión total e integral de todas las actividades de la empresa. T.E. págs. 65-66.

No podemos coincidir con la premisa inarticulada del tribunal sentenciador que por razón de la llamada matutina, las gestiones del querellante estaban a tal grado subordinadas a las órdenes de la oficina de Caguas, que inhibían su dis-creción. Al contrario, sus funciones, el carácter de las actividades que desarrollaba en la oficina de Humacao y la variada fluidez de situaciones diarias que acontecían, tienden a señalar un uso amplio y constante de discernimiento, y no el mero ejercicio discrecional de carácter limitado normalmente inherente en la supervisión de otras personas.

Tomando como base los hechos considerados probados por el tribunal a quo, fallamos que estaba presente el requisito de discrecionalidad.

Respecto al requisito restante — facultad de emplear, des-pedir o recomendar personal — el tribunal no hizo conclusión alguna, debido posiblemente a que consideró que estando au-sente el requisito de “discrecionalidad” ello lo hacía inne-cesario. En vista de que tenemos ante nosotros toda la evi-dencia documental y testifical, estamos en libertad de formular nuestra propia determinación al respecto. García Calderón v. Galiñanes Hnos., 83 D.P.R. 318 (1961). Veamos:

Aun cuando el querellante, a preguntas de su abogado, negó el tener la facultad de contratación y despido o recomen-dación al efecto (T.E. pág. 28), es incontrovertido que el capa-taz que actuaba bajo sus órdenes nombrado Santiago Dávila (T.E. pág. 60), de acuerdo al carácter del trabajo diario que hubiera que realizarse, seleccionaba y contrataba los obreros para las funciones de carga y descarga. (T.E. págs. 37, 38 y 39.) Tampoco está en controversia, por testimonio del propio querellante, que él instruía al capataz que seleccionara deter-minado número de obreros, dejándole a su discreción a quiénes en particular escogía, y posteriormente despedía. (T.E. págs. 67, 68; 201-202.) Surge también de la transcripción, ciertas manifestaciones incompletas del querellante indicativas de que recomendaba las personas a ocupar el puesto de Secretaria en su oficina, siendo indubitado el hecho de que intervino en la selección de quien fuera su esposa. (T.E. pág. 72.)

De la evidencia presentada concluimos que el querellante López tenía los atributos de contratar y despedir obreros. No puede negar tal facultad amparándose en que ello le correspondía al capataz Dávila. Nos preguntamos: ¿Si el capataz estaba directamente bajo sus órdenes y recibía la encomienda de seleccionar o prescindir de los obreros, de dónde emanaba tal autoridad? La única respuesta lógica e indefectible señala hacia el recurrido López quien obviamente delegó a Dávila tales funciones. El criterio rector constituye la existencia de tal autoridad, y no si se utilizó por propia voluntad, delegación o por no haber surgido la oportunidad. Mooney v. Preston Trucking Co., 215 F.Supp. 568, 572 (1963).

Concurriendo en el caso de autos todos los requisitos que encierra la definición de un “ejecutivo”, bajo la ley y el reglamento federal, procede revocar la sentencia de 19 de septiembre de 1968 y en su lugar declarar sin lugar la querella. Fernández, Jr. v. U.T.M., 100 D.P.R. 356 (1972).

No es aplicable al caso de autos la medida de la “regla de mayor beneficio” expuesta en Sánchez v. Best Price Co., Inc., 102 D.P.R. 379 (1974) pues su ámbito está limitado a las materias relacionadas con salario mínimo por horas y a la jornada semanal de trabajo.

      Es incontrovertible que la entidad recurrente es una empresa que opera en el comercio interestatal estando, por tanto, reglamentada por la Ley de Normas Razonables del Trabajo Federal (29 U.S.C.A. see. 201 et seq.). La protección de esta ley no extiende los beneficios provistos por sus Sees. 206 y 207 en cuanto a salario mínimo y horas máximas a las personas empleadas en una capacidad bona, fide de “ejecutivos”, “profesionales” y “administradores”. Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45, 54-55 (1964).

      En síntesis, los requisitos exigidos por el Reglamento Federal para que una persona sea considerada como ejecutivo son:
      (a) Que su deber primordial consista en la dirección de la empresa en que trabaja o en la dirección de un habitualmente reconocido departa-mento o subdivisión de la empresa;

        (b) Que habitual o regularmente dirija el trabajo de dos o más em-pleados de la empresa, departamento o subdivisión;
      (c) Que tenga la autoridad de emplear y despedir otros empleados o cuyas recomendaciones sobre el empleo, despido, mejoramiento, ascenso y cualquier otro cambio de status de otros empleados hayan de recibir especial atención;
      (d) Que habitual y regularmente ejerza facultades discrecionales;
      (e) Que no dedique más del 20% de las horas trabajadas a actividades que no estén directa e íntimamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en los incisos anteriores; disponiéndose que este inciso no será aplicable en el caso de un empleado que esté él solo a cargo de un establecimiento físicamente separado del mismo, o que sea dueño de por lo menos el 20% del interés de la empresa en que esté empleado; y
      (f) Que reciba por sus servicios una compensación fija equivalente a un sueldo semanal no menor de $80.00 (o de $55.00 a la semana si está empleado en Puerto Rico o en las Islas Vírgenes) excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios. Disponiéndose que cualifica como ejecutivo, cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con los primeros dos incisos y que reciba por sus servicios una compensación equivalente a un salario semanal no menor de $125.00, excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios.

      De la sentencia como de la prueba testifical y documental, surge claramente la concurrencia de los restantes requisitos condensados en el escolio anterior.

      Esta posición inconsistente del Sr. López de ser y no ser se trasluce a través de todo el proceso, siendo ejemplarizante una respuesta que dió en el directo en el sentido de que a la fecha del proceso judicial, no sabía la naturaleza del trabajo que iba y había realizado. (T.E. pág. 33.) Para una persona de inteligencia y sentido común promedio, que en ocasiones de manera oportuna obvió o verbalizó adecuadamente preguntas compromete-doras, que firmaba como Superintendente de Transportación de Humacao, que preparaba nóminas, que intervino en la discusión y suscribió dos con-venios colectivos a nombre de la gerencia en unión al presidente y vice-presidente, y desempeñaba otras funciones de supervisión, resulta inexplicable tal respuesta.

      E1 caso de Sánchez, supra, no resuelve que la medida de la “regla de mayor beneficio” sea pertinente en la determinación de si una persona es un ejecutivo. La mención que sobre tal regla se hace al inicio de dicha opinión, debe entenderse con relación a la computación y fórmula para determinar las horas comprendidas en la semana regular de trabajo.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado, Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

text:
    José M. Alonso García etc., et al., recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-74-275

      Resuelto: 31 de diciembre de 1974

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y Antonio Allende Calderón, abogados de los recurrentes.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La compensación por accidente del trabajo es un remedio dirigido a aliviar la reducida capacidad productiva del obrero que sobrevive al accidente, o atender a la necesidad económica de sus dependientes cuando desaparece su proveedor. Los dineros provenientes de dicha compensación no son, por tanto, un bien patrimonial transmisible por reglas de herencia a herederos no dependientes. Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860 (1942); Cepeda v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 801 (1954); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201 (1967). Por el propósito eminentemente social y remedial de la Ley (11 L.P.R.A. secs. 1 y ss.) en caso de no haber dependientes, los herederos no han de beneficiarse ni aun de los pagos por concepto de compensación y dietas ya vencidos y exigióles a la fecha en que muere el trabajador lesionado. El derecho a dietas y compensación para subsistir es de la naturaleza esencial de una pensión alimenticia, uno de los derechos personalismos que se extingue con el individuo. Dichos beneficios van dirigidos a suplir, con fondos públicos, deficiencias en el presupuesto familiar del trabajador o de aquellos que de él dependían y no a enriquecer el acervo privado de quienes nada necesitaban del obrero ex-tinto. Si al morir el trabajador había dietas o plazos de compensación vencidos e impagados, ello reflejaría una injusticia social que no se corrige con entregarle esas cantidades deven-gadas como una regalía o bono a quien no las necesita, sino que se agravaría sacando ese dinero de los recursos generales de que tanta necesidad tiene el Fondo del Seguro del Estado para cumplir su encomienda de ir en auxilio de los obreros que sufran lesiones o se inutilicen por accidentes que proven-gan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o em-pleo y que ocurra en el curso de éste y como consecuencia del mismo o por enfermedad derivada de la ocupación. 11 L.P.R.A. see. 2.

Hay una obvia razón de interés y moral pública en que los dineros que no fueron desembolsados a tiempo para los fines legítimos de sufragar gastos de subsistencia del tra-bajador, desaparecido éste, permanezcan en el fondo guberna-mental para aliviar la penuria de otras víctimas de accidente del trabajo.

Doña Juana López Ramos, una maestra de instrucción pública, de 57 años, sufrió un colapso en su trabajo. Su padecimiento de arteriosclerosis e insuficiencia coronaria se había agravado por su trabajo, y aun su subsiguiente muerte por acto propio impulsado por una reacción depresiva neurótica fue también vinculada a su empleo. Le sucedieron tres hijos mayores de edad, y su esposo, ninguno de los cuales pudo establecer su dependencia económica de la extinta. Cuando murió Doña Juana el Fondo del Seguro del Estado no había resuelto todavía el caso de incapacidad (eventualmente fijada en un 50%) que precedió al de muerte. Concluyó la Comisión Industrial que el no haber cobrado la maestra la compensación correspondiente al 50% de sus funciones fisio-lógicas generales se debió a “demora inexcusable” del Fondo y que dicha compensación así como las dietas impagadas en defecto de dependientes son parte de su patrimonio heredi-tario.

Hemos de abordar la cuestión planteada de si son trans-misibles a los herederos aquellos beneficios o plazos de pensión devengados y exigióles, pero impagados al sobrevenir el deceso de la maestra. Bajo la vigencia de la antigua Ley por Accidentes del Trabajo (Núm. 85 de 14 de mayo de 1928) cuando este Tribunal hubo de escoger entre criterios disímiles sobre transmisibilidad hereditaria, en Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., 48 D.P.R. 351 (1935), resolvimos que pertenecía a los herederos aquella parte de la compensación de-vengada (accrued) a la muerte del obrero. Todavía sustentan ese criterio los comentaristas: Schneider, Workmen’s Compensation, To. 11, sec. 2331, pág. 607, ed. tercera; y Larson, Workmen’s Compensation Law, To. 2, sec. 58.40, pág. 10-244. La respetable opinión de estas autoridades se emite dentro de la esfera de derecho común anglosajón que en materia de herencia no sigue nuestra tradición civilista, y frente a situaciones socio-económicas de los Estados Unidos que distan mucho de coincidir con las que prevalecen en nuestra patria.

En cabal observancia de esta legislación reparadora, proviniendo del mismo origen tanto los plazos devengados como los no devengados a la muerte del obrero, compartiendo unos y otros la característica esencial de ser una aportación del Estado para preservar la vida de quien se inutilizó en su trabajo, estos pagos han de considerarse como derechos personalísimos que se extinguen con la muerte.

La decisión en Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., supra, por desvirtuar la naturaleza y propósito de la compensación por accidente del trabajo, y en cuanto es contraria a los razonamientos expuestos en esta opinión debe entenderse revocada. También resulta erróneo el criterio del Adminis-trador que siguiendo a Quiñones informa estar dispuesto a entregar a los herederos aquellos plazos de pensión y dietas devengados por incapacidad de la maestra, durante el periodo comprendido entre el colapso cardiaco y su muerte.

La decisión de la Comisión Industrial será revocada.

El Juez Asociado, Señor Cadilla Ginorio, disintió con opinión en la cual concurren el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Asociados, Señores Martín e Irizarry Yunqué. El Juez Asociado, Señor Negrón García, concurre en la opinión del Tribunal con opinión en la cual concurre el Juez Asociado, Señor Dávila.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado, Señor Negrón García,

con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1974

Concurro con la Opinión del Tribunal que expone elo-cuentemente que el criterio de dependencia es un requisito sine qua non para que prevalezca una reclamación contra el Fondo del Seguro del Estado. La ley gira en una órbita distinta a las disposiciones de herencia establecidas en nuestro Código Civil Revisado y la ausencia de tal requisito derrota una solicitud de pensión o dietas, ya sea en proceso no culmi-nado de desembolso por haber mediado una determinación previa, o pendiente de dictaminar.

La indebida tardanza del Fondo en la tramitación del caso, no puede servir de base para sostener una determinación favorable a los herederos no dependientes que reclaman en el caso de autos, pues la propia ley prevé las situaciones de demora injustificada por parte del Fondo, autorizando como remedio al obrero, patrono “. . . o cualquier parte interesada ... [a] recurrir en. queja ante la Comisión Industrial para que decida el caso . . .”, pudiendo ésta en instancia inicial asumir jurisdicción y resolverlo. Art. 7 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11. L.P.R.A. see. 9); Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 797 (1939).

La doctrina del caso Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., 48 D.P.R. 351 (1935), fue establecida mientras estuvo en vigor la Ley Núm. 85 del 14 de mayo de 1928 — derogada por la número 45, según subsiguientemente enmendada — y su virtualidad se justificó mientras el legislador no delineó claramente el carácter de dependencia. Esta última ley, eliminó la referencia a herederos contenida en su Art. 6, bajo el título Pagos en Forma de Pensiones lo cual en unión a las restantes disposiciones vigentes, robustece la decisión emitida en el día de hoy.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Martín e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1974

Propone la opinión circulada en el presente caso por el Juez Asociado Señor Díaz Cruz y de la cual disiento, que tanto los plazos devengados como los no devengados a la muerte del obrero han de considerarse como derechos personalísimos que se extinguen con su muerte. No creemos que deba revo-carse en ese sentido el caso de Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., 48 D.P.R. 351 (1935). En dicho caso el obrero no tenía dependientes al momento de su muerte y sus here-deros entablaron una reclamación para recobrar lo que el obrero, en vida, no llegó a recibir. Allí concluimos que:

“Como hemos dicho, la mayoría de las autoridades se mani-fiesta en el sentido de que el derecho a la compensación ‘not yet accrued’ termina con la muerte del obrero lesionado. Sin embargo, aquella porción de la compensación ‘already accrued’ a la muerte del obrero constituye un derecho adquirido que puede ser reclamado por los herederos o los representantes de la herencia. Creemos, como la mayoría de los tribunales, que en Puerto Rico puede llegarse a esta conclusión. El propósito evidente de nuestra legislación es beneficiar en primer lugar al obrero que sufre las lesiones y en caso de muerte a las personas que de él dependen; pero esto no quiere decir que una vez adquirido un derecho por la persona directamente lesionada, este derecho, en un caso como el presente en que el obrero no dejó personas que dependieran de él, pueda ser reclamado por sus herederos, albacea o administra-dor de la herencia.”

Entiendo que los plazos no devengados han de considerarse como un derecho personalísimo, pero no así los devengados por constituir un derecho adquirido, los cuales en el caso ante nos, tenía derecho la Sra. López Ramos a recibir en vida. Una de las conclusiones de hecho de la Comisión Industrial fue que, “ [e] n este caso hubo una demora inexcusable por parte del Asegurador para rendir su decisión final en cuanto a la incapacidad que presentaba esta obrera.”

Fue la negligencia del propio Fondo, la que evitó con su dilación, que la Sra. López Ramos en vida pudiera benefi-ciarse de aquello a lo que tenía derecho. Se dice en la Opi-nión que los beneficios que por incapacidad se reciben “van dirigidos a suplir, con fondos públicos, deficiencias en el presupuesto familiar del trabajador o de aquellos que de él dependían y no a enriquecer el acervo privado de quienes nada necesitaban del obrero extinto.” Sin embargo, mientras el Fondo se tomó su tiempo en decidir, eran los herederos recla-mantes quienes se hicieron cargo de su esposa y madre enfer-ma, y quienes cubrieron sus necesidades.

Si bien es cierto que el derecho a una pensión alimenti-cia es uno personalísimo, los alimentos atrasados y no pagados, se convierten en una deuda.

“Realmente en los alimentos atrasados no concurre la razón que ha tenido en cuenta el legislador para prohibir la renuncia, transmisión o compensación de los futuros, la de ser éstos indispensables para atender con ellos a las necesidades ordinarias y precisas de la vida, las cuales tendrían que quedar en otro caso desatendidas. Pero satisfechas ya éstas en cuanto al pasado, las pensiones alimenticias correspondientes a dicho período de tiempo se convierten en una deuda como otra cualquiera del obligado a dar los alimentos, y, por lo tanto, puede ser susceptible de compensación, transmisión y renuncia.” (Bastardillas nuestras.) Manresa, Comentarios al Código Civil, Tomo 1ro., pág. 847, ed. Séptima, año 1956.

Por lo tanto, concluyo que siendo correcto lo expuesto en el caso de Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., 48 D.P.R. 351 (1935), se debe confirmar la Resolución de la Comisión Industrial.

      Arts. 149 y 150 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 568, 569); Castán, Derecho Civil, To. 5, Vol. 2, pág. 258, Octava ed. (1966); Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, To. 4, pág. 706, ed. I960; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, To. 1, pág. 846, ed. Séptima, año 1956; Scaevola, Código Civil, To. 3, pág. 471, 5a. ed.

       Un análisis sereno del lenguaje consignado en el Art. 3 de la ley (11 L.P.R.A. see. 3), demuestra que en casos en que el obrero fallece por causa independiente del accidente del trabajo . . el Administrador . . . deberá, previa la prueba justificada al efecto, conceder y ordenar que se pague cl balance de cualquier compensación perteneciente o que se adeude al obrero o empleado lesionado al tiempo de su muerte, a aquelos que dependieran para su subsistencia del obrero o empleado fallecido, en cuyos derechos quedan expresamente subrogados.”
      En los casos como el que nos ocupa, en que la muerte está relacionada con el accidente, “. . . sin que el obrero o empleado dejare pariente alguno que de él dependiera para su subsistencia, el desembolso se limitará al pago de los gastos del funeral y tales gastos no serán mayores de la suma de trescientos (300) dólares, en adición a aquellos otros gastos de asisten-cia. . . .”