author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfredo Montañez Ramos, acusado y apelante.

      Número: CR-71-17

      Resuelto: 20 de octubre de 1972

      Torres González & Torres González, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Roberto Arrm-strong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado y convicto de los delitos de epígrafe, el ape-lante fue sentenciado en 10 de febrera de 1970 a reclusión perpetua para ser cumplida concurrentemente con las penas de 6 meses de cárcel, de 2 a 5 años de presidio, y de 3 a 8 años por la comisión de los otros delitos. El veredicto del jurado fue por votación de 9 a 8.

Apunta que el tribunal sentenciador incidió (1) al con-denar al apelante mediante una indentifieación inadecuada, insuficiente, injusta, ilegal y sugestiva; (2) al dar instruc-ciones al jurado distintas a la que el jurado solicitó al regresar a Sala; (3) al ofrecer instrucción sobre la defensa de coartada y de buena reputación; (4) al declarar culpable al apelante en todos los casos, sin que dicha prueba fuera su-ficiente ya que demostraba duda razonable sobre la culpabili-dad del apelante.

(1) Examinemos primero las circunstancias del caso relacionadas con la identificación del apelante acusado de matar a tiros, en la barra del testigo Sierra Crespo, a David Trujillo Díaz, a eso de la media noche del 6 para el 7 de junio de 1969.

Al terminar la presentación de la prueba de cargo que consistió de dos testigos oculares de los hechos, uno solo de los cuales identificó al apelante como el autor de los delitos (el resto de la prueba de cargo fue técnico-médica y de fotografías del lugar, casquillos de bala y un formulario de El Impartial con un escrito al dorso) la defensa planteó la falta de identi-ficación del apelante. El juez sentenciador dictaminó que:

“. . . El Tribunal entiende que el caso de la doctrina de Gómez Incera naturalmente es aplicable en Puerto Eico y es aplicable a los hechos de estos casos. Precisamente los hechos de este caso caen dentro del ámbito de la doctrina establecida por el Tribunal en que el Tribunal Supremo se niega a revocar la sentencia, por el contrario, confirma la sentencia condenatoria porque entiende que a pesar de que el procedimiento que debe seguirse es el de presentar al testigo un número de personas, un ‘line up’, de personas más o menos parecidas para que de ese grupo de personas el testigo señale al que a juicio del testigo fue la que cometió los hechos. Sin embargo, en el caso de Gómez Incera dice el Tribunal que no hubo una identificación sugerida por la Policía porque la identificación que se hizo fue el producto de una observación que hicieron dos testigos de cargo por espacio de alrededor de veinte minutos mientras se cometían los hechos. Claro, en este caso el testigo no ha estado veinte minutos obser-vando al acusado, según su testimonio, pero el elemento del tiempo, el período de tiempo no es el único factor a considerar y una persona puede observar e identificar otra persona a veces mejor en un período menor de tiempo, depende de las circuns-tancias que concurran.
Por ejemplo, en el caso de Gómez Incera los dos testigos están bajo una tensión nerviosa en los momentos que se está cometiendo un atraco, un robo, tienen que estar nerviosos, tiene que estar consternada su capacidad para observar, está hasta cierto punto limitada y quizás en esas circunstancias el Tribunal Supremo entienda que un período de veinte minutos es tiempo razonable para aun una persona estando aterrorizada, nerviosa, pueda observar lo suficientemente bien al acusado para luego identificarlo.
En este caso nosotros entendemos que habiendo el testigo principal de cargo, testigo de nombre Félix Sierra Crespo, obser-vado al acusado según él por segundos durante esa noche, pero que también lo observó por la tarde, a las cuatro de la tarde, cuando el testigo está tranquilo, no tiene porqué estar nervioso, no está ocurriendo nada en ese momento, habla con el acusado aunque muy brevemente, una conversación muy corta, pero es de día, lo ve pegado a él cuando él le hace la pregunta, lo observa tranquilo, no está aterrorizado. Esa circunstancia de que lo está observando de cerca, hablando con él pegado a él, de día, tran-quilo, en unión al hecho de que viste una ropa llamativa, una ropa color orange en combinación la camisa con el pantalón y luego por la noche dentro de la nerviosidad del momento de los disparos lo ve nuevamente, le observa la ropa que es una ropa llamativa, todas esas circunstancias llevan al Tribunal a deter-minar que se trata de una identificación confiable. Tomando en cuenta además que no se trata de una persona que la tienen en el cuartel, o sacan al acusado de una celda sino que llega en un automóvil con un grupo de personas. Claro, es verdad que solo bajan al acusado, pero bajan al acusado del automóvil y el testigo lo señala allí al bajarse del automóvil.” (Énfasis nuestro.)

Sierra Crespo identificó al apelante como el autor de los delitos en este caso el día 8 de junio de 1969. A esos efectos testificó que vio al apelante el domingo 8 de junio de 1969 “En un grupo que traía el C.I.C. El agente que se llama Alejo Maldonado me dice ‘tú conoces a éste’ y yo le dije que ese era el joven”; que Maldonado mandó al apelante pararse frente al carro y entonces el testigo lo vio; que “parado nada más frente al carro, al que Alejo Maldonado sacó fue a éste [refiriéndose al apelante]

Debemos considerar si esta identificación es válida, y no viola el debido procedimiento de ley, a la luz de la doctrina enunciada por este Tribunal en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969) la cual es de aplicación a este caso pues la' referida identificación se realizó con posterioridad a la fecha en que resolvimos el caso de Gómez Incera, supra.

Dijimos en Gómez Incera que:

. . Hasta que se adopten las reglas correspondientes nos parece que siguiendo sustancialmente, en lo que es viable con-forme a nuestro procedimiento, lo dispuesto en el Art. 369 de la Ley de Enjuciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico, antes transcrito, es suficiente garantía. Así el reconoci-miento o identificación se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo al sospechoso o acusado haciéndolo compa-recer en unión con otras personas de circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas o desde un punto en que no pudiese ser vista según lo determinare la persona que está practicando la investigación, el que deba practicar el reconoci-miento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones designándola en caso afirmativo clara y determinadamente.”

En Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967), se sostuvo la identificación del acusado por una señora gravemente herida por él al penetrar en la casa de ella y luego de haber matado al marido de dicha señora, porque el confrontar al acusado en el hospital con la señora herida era imperativo, de inmediata necesidad pues nadie sabía cuánto tiempo perma-necería viva la señora, de manera que el único procedimiento factible era llevar al acusado a la habitación de la señora en el hospital. Es en este caso, y con referencia a las anteriores circunstancias, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que “la violación del debido procedimiento de ley en una confrontación depende de la totalidad de las circuns-tancias relacionadas con la misma. . . .”

En Simmons v. United States, 390 U.S. 877 (1968), se sostuvo la identificación de un acusado por cinco testigos separadamente en una serie de fotografías donde aparecía el acusado acompañado de otras personas. Dijo el tribunal que en este caso la identificación fotográfica era necesaria.

Por supuesto que este problema de la confrontación no puede surgir cuando el acusado es una persona conocida del testigo identificante con anterioridad a la comisión del delito o cuando dicho testigo testifica que observó al acusado durante un tiempo razonablemente largo mientras cometía el delito imputado, de manera que pudiera identificarlo con tal certeza y precisión que no pudiera dar lugar a un irreparable error de identificación, como en Gómez Incera, supra, en Boyd v. State, 472 S.W.2d 125 (Texas 1971) y en Edmisten v. People, 490 P.2d 58 (Col. 1971).

Examinemos a continuación las circunstancias que culminaron en la identificación impugnada a fin de determinar si las mismas justifican concluir que no era necesaria la identificación “en rueda” provista por Gómez Incera, supra.

La prueba demuestra que:

1. — El testigo que identificó al apelante como al autor de los delitos fue Sierra Crespo quien dijo que la relación que existió entre él y el occiso, David Trujillo, consistía en la de “cliente y amigo mío, muy buena persona .... Trabajador y cumplidor . . . me ayudaba cuando yo lo necesitaba ... le dejaba su negocio . . . para que él [Trujillo] residiera allí en ocasiones.”

2. — En el momento de los tiros, en la barra había ocho clientes sentados en los taburetes frente a la barra, otros tres más en otros sitios del establecimiento más dos empleados. Sólo a dos de éstos, amigos del occiso, fueron traídos a testi-ficar por el fiscal y de éstos sólo uno testificó que vio al apelante hacer los disparos al occiso.

3. — La barra estaba con luz de colores algo tenue, “semi-oscura”, según uno de los testigos. Sierra usaba espejuelos (oscuros según dijo el fiscal en el curso de su argumenta-ción) en el momento de ocurrir los disparos. La distancia de donde está Sierra preparando la bebida a donde estaba la persona disparando se estimó en 16 pies.

4. — Sierra testificó que estaba de espaldas a la barra preparando unas bebidas cuando oyó los disparos; que “Tan pronto oí él ruido me bajé, primero solté la bebida y tan pronto salió él.muchacho corriendo yo di la vuelta . . . que no conocía o había visto al apelante antes de ese día”; que no vio entrar al apelante a su establecimiento. (Subrayado nuestro.) Continuó testificando que “Inmediatamente al oir los disparos miré hacia el sitio de donde venían . . . porque el sitio es pequeño .... Todo fue rápido, cuestión de segundos”; que la persona que disparó “Después que terminó . . . salió corriendo, abrió la puerta”; dijo que “Fue pra, pra, pra pra. . . . Y entonces inmediatamente salió corriendo.”; que no objetó el tiempo estimado de esto como de dos segundos; que había visto al apelante, en su establecimiento a las cuatro de la tarde cuando éste le preguntó quién era Trujillo y el testigo se lo señaló. Confrontado con su declaración que anteriormente firmó, en que dijo que “nunca lo había visto” (anteriormente) refiriéndose al apelante, dijo que eso era un error; que en dicha declaración se cometieron dos errores. Mas, sin embargo, uno aparece específicamente corregido en ella mientras que éste de nunca haber visto al apelante antes de los hechos no aparece corregido para que la declaración concordase con su testimonio de que había visto al apelante por la tarde. Se le preguntó al testigo porqué no le dijo al fiscal que incluyera en la declaración el hecho de que había visto al apelante por la tarde del día de los hechos. Contestó: “No me explico como . . . .” Testificó que el apelante vestía por la noche la misma ropa que usaba por la tarde, o sea, camisa “orange” o “brown” en combinación con el pantalón “Más o menos del mismo color o un poquito más oscuro.” Este detalle de la ropa no lo incluyó en su declaración anterior. Testificó que la descripción del autor de los delitos fue “Un hombre joven, tal como lo acabo de decir, le dije que tenía más o menos 20 años ... un hombre alto, delgado, trigueño, . . . .” En su testimonio no hizo referencia, como lo hizo en su declaración, a que el apelante tenía el pelo rizo.

El fiscal que tomó dicha declaración fue preguntado si dejó de poner en esa declaración algún hecho que Sierra le dijera dentro de la investigación. Contestó “Ahí está todo lo que el testigo dijo.” No recordó que Sierra le dijera que el apelante hubiese estado en el establecimiento de Sierra a las cuatro de la tarde el día de los hechos.

El segundo testigo de los hechos, Ramón Rivera Arocho, testificó que llegó a la barra momentos antes de los disparos. Se paró al lado del occiso “. . . en el sitio por donde entran para adentro del negocio, estaba parado pegado a la pared. Yo saqué la cartera porque ya me iba a ir, para pagarle al dueño del negocio, cuando yo estaba mirando el dinero que le iba a dar, al sonar los disparos yo según estaba mirando ahí me bajé, cuando me paré que me miro el pecho estaba herido. Entonces, en la confusión todo el mundo salió corriendo y yo al ver que nadie me asistía ni me llevaba al hospital me salí y el carro mío estaba parado alante, yo lo cogí y fui donde la mamá mía.” Preguntado si pudo ver de dónde procedían esos disparos, contestó “No señor, porque yo estaba mirando el dinero que iba a pagar al dependiente.” Testificó que la luz en la barra era en colores y que hay partes semioscuras en el establecimiento.

Es aparente de lo expuesto que la determinación del juez sentenciador al efecto de que la identificación era confiable y que no procedía la cuestión planteada por la defensa se basa mayormente en el testimonio de Sierra de que durante la tarde de los hechos vio al apelante cuando Sierra está tran-quilo y habla con aquél.

No podemos convenir con el tribunal de instancia en que la identificación en cuestión es confiable. Dos son los funda-mentos que justifican nuestra conclusión.

En primer lugar, no creemos que, a la luz de lo expuesto, era creíble que Sierra hubiese visto al apelante durante la tarde del día de los hechos. Creemos que el testigo Sierra, animado por su afecto hacia el occiso y, ante la posibilidad de que la identificación basada meramente en los dos segundos de duración de los hechos no se considerase confiable, trató de reforzarla con el testimonio de que lo vio por la tarde, hecho que resultó contradictorio con su propio testimonio de que “no conocía o había visto al apelante antes de ese día” así como con su declaración anterior de que “nunca lo había visto”, declaración que firmó y no corrigió en cuanto a esto como lo hizo en cuanto a otro hecho que encontró expuesto en forma errónea. El fiscal que tomó esa declaración corroboró que Sierra no le dijo que hubiera visto antes al apelante y que le pidiese corregir la declaración en ese sentido.

En segundo lugar, aun asumiendo que lo hubiese visto por la tarde, ¿puede decirse con razonable certeza que Sierra vio al apelante disparar? Las siguientes circunstancias más bien indican que no lo pudo ver.

El lugar estaba en una semioscuridad. Sierra usaba espe-juelos oscuros. Quedaba a unos 16 pies de donde disparó el autor de los hechos. El disparar y partir el apelante del lugar tomó dos o tres segundos. Sierra estaba de espaldas cuando sonó el primer disparo. Los otros tres se sucedieron dentro de menos de dos segundos. Al oir el disparo Sierra primero se bajó, luego soltó la bebida que estaba preparando “y tan pronto salió el muchacho corriendo yo di la vuelta.” (Subra-yado nuestro.) De manera que no lo vio disparar sino quizás cuando ya salía corriendo lo que significaba que no lo vio de frente sino, a lo sumo, de lado, si es que en realidad no fue de espaldas. Añádase a esto el natural ingrediente del estruendo y humareda de los disparos y la reacción de temor y de inseguridad que producen aun en el ánimo de los más avezados y la alarma que inmediatamente cundió entre los allí presente pues como testificó Sierra “todo el mundo se levantó . . . todo el mundo se volvió loco y yo salí gritando ‘llamen una ambulancia por favor’.”

Bajo las anteriores circunstancias, es forzoso concluir que Sierra ni pudo identificar al autor de los delitos cuando los cometió ni estaba en condiciones físicas ni mentales para hacerlo y que la identificación que ha tratado de sostener durante su interrogatorio es producto de su deseo de fijar la responsabilidad por los hechos ocurridos en alguna persona en particular.

En vista de lo expuesto, resulta innecesario considerar los restantes apuntamientos. No apareciendo que el apelante ha sido legalmente identificado como el autor de los delitos que se le imputaron en esta causa, deben revocarse las sem tencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en este caso, y absolverse al apelante.

El Juez Asociado, Señor Dávila, emitió opinión concu-rrente en la cual concurren los Jueces Asociados, Señor Her-nández Matos, Ramírez Bages y Torres Rigual. El Juez Asociado, Señor Martín, emitió opinión disidente en la cual concurren los Jueces Asociados, Señores Pérez Pimentel y Martínez Muñoz.

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Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Hernández Matos, Ramírez Bages y Torres Rigual

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1972

En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969) con-sideramos extensamente la cuestión relativa a la falibilidad de la identificación. Es universalmente aceptado lo difícil que resulta identificar a una persona que sólo se ha visto un instante, Allí hicimos referencia a un estudio llevado á cabo en donde se determinó que en sesenta y seis casos, en veintinueve de ellos se identificó erróneamente al acusado. Ver Wigmore, The Science of Judicial Proof, Sec. 250-254 (1937 ed.); Williams & Hammelmann (Identification Parades) 1963 Crim. L. Rev. 479, 545; Borchard, Convicting the Innocent (1932); Crawford, Due Process in Extra Judicial Identification, 24 Wash & Lee L. Rev. 107 (1967); 2 UCLA L. Rev. 552 (1954).

Precisamente lo poco confiable que resulta ser la identifi-cación de una persona por un testigo que la ve por primera vez en momentos cargados de emoción y nerviosismo es lo que genera la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967) que tienen como objetivo garantizar que la identificación de un sospechoso se lleve a cabo en tal forma que garantice su confiabilidad.

La trilogía Wade, Gilbert, Stovall al sostener que una identificación basada en una confrontación sugestiva consti-tuye una violación del debido proceso de ley representa la aportación más importante a la doctrina en las últimas décadas en el procedimiento criminal. Los casos de Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) y Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) aunque más conocidos, no van a la médula de la cuestión envuelta en un proceso criminal, la inocencia o culpa-bilidad de un acusado. Wade, Gilbert y Stovall protegen la integridad misma del proceso judicial. Establecen un proce-dimiento para evitar la convicción de un inocente.

En Pueblo v. Gómez Incera, supra, al enfrentarnos por primera vez con esta cuestión, a la pág. 253, expresamos:

“Conociendo los errores que se pueden cometer en la identifi-cación de una persona que sólo ha sido observada por tiempo limitado, en circunstancias de tensión y nerviosismo que nece-sariamente afectan el sentido de percepción, esta fase del pro-ceso investigativo debe rodearse con las salvaguardas necesarias que eviten que se malogre la justicia. No se debe depender de la identificación que pueda hacer en corte el día del juicio. La identificación en el juicio estaría maculada por los vicios de que adoleció la llevada a cabo en la etapa investigativa. Ver People v. Caruso, supra; IV Wigmore, On Evidence, Sec. 1130 (ed. 1940). Los testigos ya habían determinado que el acusado era el responsable. La identificación durante el juicio resulta una mera formalidad.' Como se expresó en el artículo escrito por Williams and Hammelmann, supra, y que se cita en Wade a la pág. 229: ‘La experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la controversia de la identificación puede (en la ausencia de otra evidencia relevante) para todos los propósitos prácticos ser determinada en ese momento, antes del juicio....”

Es interesante apuntar que la Ley Española de Enjuicia-miento Criminal disponía en su Art. 369 que ‘ [1] a diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al juez pareciere más con-veniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente. En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo.”

A pesar de lo expuesto en Gómez Incera, la policía en el presente caso no siguió la pauta allí recomendada. Por el contrario, señaló al sospechoso diciéndole al testigo “tú cono-ces a éste.” Es preciso destacar que esto ocurrió a pesar de que el sospechoso estaba en un grupo que tenía bajo custodia la policía. Y en vez de presentárselo junto a los otros del grupo, situó al acusado frente al vehículo de la policía para que el testigo lo identificara, haciendo así más obvia la suges-tión. Fácil le hubiera sido ajustarse a las normas sugeridas en Gómez Incera para garantizar que la identificación era confiable.

En forma alguna el caso de Gómez Incera es autoridad para sostener la tesis de que en toda ocasión se puede descar-tar la confrontación en rueda, y aplicar la norma de la “totalidad de las .circunstancias” que allí se empleó para sostener que la identificación era confiable.

Gómez Incera sí es autoridad para sostener que, si por circunstancias fuera del control de la policía se hace impera-tivo prescindir de la presentación en rueda del sospechoso para poder llevar a cabo la investigación, la identificación que así se haga puede ser confiable si de la totalidad de las circunstancias que la rodean surge que no se han vulnerado los derechos del acusado. Pero siempre hay que tener pre-sente, como expresó la Corte de Apelaciones de Nueva York en People v. Ballott, 233 N.E. 103-106 (1969), que “ [E] n au-sencia de circunstancias que obliguen a recurrir a tal procedi-miento, la práctica de que un testigo secretamente observe, para propósitos de identificación, solamente al único sospe-choso que la policía tiene bajo su custodia por el crimen, puede ser ‘tan innecesariamente sugestiva y conducente a una identificación errónea’ e irreparable que conlleve a una negación del debido procedimiento de ley.” Yer además Pre Trial Identification, 55 Minn. L. Rev. 779-790-791 et seq. (1971); Sobel, Criminal Identification, 38 Brooklyn L. Rev. 261-264-275 (1971). En este último artículo se dice a la pág. 264: “No hay duda, sin embargo, de que una rueda de detenidos ecuánimemente dirigida sigue siendo el mejor medio disponible para obtener identificaciones exactas antes del juicio. Cualquier procedimiento de menor exactitud condu-cido cuando existe la oportunidad para una rueda de deteni-dos, tales como da confrontación del testigo con el sospechoso únicamente’ o da identificación a través de fotografías’, deben estar justificadas por circunstancias que hacen impracticable el procedimiento de la rueda de detenidos.” Se han expresado criterios en el sentido que toda identificación que no se haga en rueda viola el debido proceso de ley. Wright v. United States, 404 F.2d 1256, 1262 (D.C. Cir. 1968) (Bazelon, C.J. disintiendo). Ver además Due Process Considerations in Police Showup Practices, 44 N.Y.U. L. Rev. 377 (1969).

Lo anteriormente expuesto sería suficiente para disponer del presente caso y decretar la inadmisibilidad de la identi-ficación ya que como expresó la Corte Suprema de los Estados Unidos en Gilbert v. California, supra, pág. 273: “solamente una regla de exclusión per se en cuanto a tal testimonio puede ser una sanción efectiva para asegurar que las autoridades policíacas respeten el derecho constitucional del acusado ....”

Pero, a los efectos de considerar la posición de la disiden-cia, de que aquí concurren las circunstancias extraordinarias que justifican apartarse de lo pautado en Gómez Incera (presentar al sospechoso en una rueda), todavía se hace imperativo revocar la sentencia.

En el presente caso cuando la defensa planteó al tribunal de instancia que el proceso de identificación del acusado no cumplía con las normas sugeridas en Gómez -Incera, al desesti-mar el planteamiento, el Tribunal expresó:

“Entendemos que no procede la cuestión planteada por la Defensa por lo que se declara sin lugar la misma ya que es una cuestión para el jurado resolver si esa identificación en esa circunstancia le satisface a ellos- en cuanto a que esa era la persona que cometió los hechos que se le imputan en las acusa-ciones formuladas por el Ministerio Público en estos casos.” (T.E. págs. 180-181)

Surge de la transcripción de evidencia que antes del jurado retirarse a deliberar la defensa pidió al tribunal que instru-yera al jurado sobre ese extremo y el tribunal rehusó.

Para que el jurado hiciera una determinación consciente sobre la credibilidad de la prueba presentada relacionada con la identificación del apelante, el juez debió haberlo instruido adecuadamente sobre este extremo. Procedía instruirle que al jurado incumbía determinar si la identificación del acusado había sido establecida más allá de duda razonable; que lo aconsejable es que se presente al sospechoso en unión de otras personas para que el testigo proceda a identificarlo, que en el presente caso no se hizo así, pero que si los jurados entendían que por el hecho del testigo haber declarado que lo había visto por la tarde, era innecesaria la confrontación en rueda, a ellos incumbía determinar si la identificación era confiable. Sin estas instrucciones lo expuesto en la opinión disidente al efecto de que “Los gestos, las inflexiones en la voz, los titubeos, así como la seguridad o certeza demostrada por los testigos ante el jurado deben tener un gran peso para los miembros de este Tribunal, y es por ello que no es difícil hacer caso omiso de ello y sustituir su criterio por el nuestro.” no tiene funda-mento en el récord.

Me parece que es inescapable la conclusión de que el jurado no pudo haber hecho una determinación consciente relacionada con la credibilidad de la prueba sobre la identifi-ción del apelante.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Pérez Pimentel y Martínez Muñoz

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1972

Disiento. En Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), al referirnos al caso de Gómez Incera dijimos:

“En Gómez Incera aparte de sugerir unas normas que deben seguirse en el procedimiento de identificación adoptamos la básica y fundamental doctrina establecida en los casos de Stovall y Simmons al efecto de que la determinación de si se ha violado el debido procedimiento de ley, en el proceso de identificación de un sospechoso, depende de la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación.”

Las normas de Gómez Incera deben seguirse en todo lo que sea posible a los fines de que se cumpla con los requisitos del debido proceso de ley. Estamos contestes en que debe evitarse la práctica de presentar una sola persona ante un testigo para identificación. Pero dichas normas no deben constituir una camisa de fuerza que impida el que se consi-dere la totalidad de las circunstancias que rodearon el proce-dimiento de identificación, lo que podrá suplir la omisión en la observancia de cualesquiera de las normas de Gómez Incera.

Un cuidadoso análisis del testimonio del testigo principal de cargo, Félix Sierra Crespo, con respecto a la identificación del apelante revela los siguientes hechos. Que en la tarde del día de los hechos el apelante había estado en su negocio y había inquirido por el occiso. Que nunca había visto al ape-lante antes de ese día. Que el apelante vestía una ropa llama-tiva, color “orange” combinando la camisa con el pantalón. Que era un hombre joven, de más o menos 20 años de edad, alto, delgado y trigueño. Que por la noche, al ocurrir el tiroteo en su negocio volvió a ver al apelante, aunque un instante, con la misma ropa que vestía por la tarde. Surge de la prueba que dicho sitio de negocio era semioscuro, pero no oscuro; que el apelante estaba situado, mientras disparaba, a unos 16 pies de donde estaba parado el testigo, frente a una vellonera que proyectaba el resplandor de dos bombillas grandes además del de unas bombillas en colores dentro de la vellonera; que había luz además sobre una mesa de billar donde jugaban unos parroquianos consistente de una bombilla fuerte y una lámpara fluorescente; que había una luz rosada en la barra; todo ello en un local pequeño que mide 18 X 24 pies.

No nos olvidemos que el testigo Sierra Crespo está acos-tumbrado a la luz tenue del local. Es bien sabido que el ojo humano es una especie de cámara fotográfica que tiene una abertura ajustable para admitir luz. Esa función de ajuste la ejerce la pupila al dilatarse gradualmente a medida que va aumentando la oscuridad, lográndose así una mayor en-trada de luz. El matador al entrar al interior semioscuro del negocio, necesariamente tenía mayor dificultad que el tes-tigo para ajustar su visión en la oscuridad. Sin embargo, es en esa semioscuridad que se dirige a su víctima, quien se en-contraba sentada en una de las banquetas de la barra, al lado del testigo Ramón Rivera Arocho, procediendo a abalearla con una gran precisión, causándole tres heridas de bala.

Para el testigo Sierra Crespo, el apelante no era un des-conocido, ya que le había visto unas horas antes de ocurrir los hechos, y le volvió a ver, aunque por unos instantes, en la noche de ese mismo día mientras disparaba al occiso. Tan es así que el testigo, con anterioridad al arresto, pudo dar a la policía una descripción del apelante.

Cuando el testigo vio al apelante, por primera vez, en horas de la tarde, aquél estaba tranquilo, sosegado y sereno. La segunda vez que lo ve, o sea, al ocurrir el tiroteo, es in-dudable que las circunstancias le causaron sorpresa, pánico y confusión en un local de luz tenue, en medio de unos hechos que se desarrollaron en un instante. Es bien sabido, que un instante es todo lo que se requiere para reconocer una persona que ya se conoce anteriormente. De esta particularidad podemos los humanos dar fe. El testigo declara no tener duda de que el apelante es la misma persona que había visto en horas de la tarde. Quedó probada aún más su seguridad sobre la identidad del apelante cuando lo identifica al bajarse éste del automóvil de la policía donde venía el apelante en com-pañía de otras personas.

La mayoría concluye que no es creíble la declaración de Sierra Crespo al decir que había visto al apelante la tarde de los hechos. Esta conclusión pasa por alto el hecho de que en la misma madrugada de la comisión del delito el testigo dio a la policía una descripción de la identidad del matador, lo que lógicamente no habría podido hacer si no hubiera visto al acusado por la tarde. Más aún, nos inquieta la afirmación que hace la mayoría al efecto de que el testigo Sierra Crespo, movido por su afecto hacia el occiso, y en ánimo de fijar la responsabilidad sobre alguna persona en particular, declaró con prejuicio contra el apelante al decir en el juicio que “no conocía o había visto al apelante antes de ese día”, y que tales manifestaciones contradecían su declaración anterior ante el fiscal en el sentido de que “nunca lo había visto.” A nuestro juicio tal contradicción es inexistente y por el contrario ambos testimonios son compatibles. El testigo dijo, en efecto, que nunca había visto al apelante, o sea, refiriéndose, a nuestro juicio, a que nunca le había visto antes del día de los hechos. No podemos olvidar que las dos veces que el testigo vio al apelante acontecen el mismo día, no en días distintos. Su memoria, por lo tanto, estaba fresca. La aclaración de “ese día” que hace el testigo en el juicio disipa cualquier duda que pudiera existir en su anterior declaración ante el fiscal. Cabe observar que las manifestaciones del testigo ante el fiscal responden a unas preguntas específicas que éste le hiciera a aquél en aquella ocasión. No teniendo ante nos la naturaleza de las preguntas dirigidas al testigo por el fiscal al tomarle la declaración original no estamos en condiciones de analizar debidamente su declaración ante el fiscal. Cualquier inferencia que ahora podamos hacer de ello en contra de la prueba pre-sentada y no refutada, contradicha ni impugnada, es pura especulación.

Los hechos ya relatados fueron objeto de expresiones ante los miembros del jurado, los que vieron y oyeron los testi-monios, y quienes estuvieron en mejor posición que nosotros para apreciar la veracidad de los mismos. Los gestos, las inflexiones en la voz, los titubeos, así como la seguridad o certeza demostrada por los testigos ante el jurado deben' tener un gran peso para los miembros de este Tribunal, y es por ello que no es difícil hacer caso omiso de ello y sustituir su criterio por el nuestro. La opinión concurrente de los dis-tinguidos compañeros jueces de este Tribunal no concede importancia alguna a la prueba que tuvo ante sí el jurado de que el testigo Sierra Crespo había visto al acusado la tarde del día de los hechos, luego lo volvió a ver un instante en el momento de los hechos, y más aún ofreció a la policía una descripción del acusado en la misma noche de los hechos. Tal prueba ante la consideración del jurado le da confiabilidad a la identificación hecha en el juicio.

La doctrina establecida en los casos de Stovall y Simmons, supra, para la determinación de lo que constituye debido pro-cedimiento de ley en el proceso de identificación es algo amplia. La aplicación de dicha doctrina requiere, lógicamente, una determinación sobre los hechos particulares del caso específico. Tal determinación recae sobre los hombros del juzgador, cuya función envuelve discernimiento, objetividad, imparcialidad, percepción y sentido de justicia.

No obstante el criterio que expresamos en este disenso creemos que debe evitarse en lo que sea posible el que la confrontación que se efectúe en cualquier caso sea tan mar-cadamente sugestiva que resultare en un error irreversible de identificación, lo que claramente constituiría una violación del debido procedimiento de ley.

No tenemos duda, sin embargo, de que la identificación del apelante en el caso de autos cumplió con los requisitos del debido procedimiento de ley y que su convicción estuvo basada en la apreciación de todas las circunstancias que rodearon el proceso de identificación.

En relación con el señalamiento de la opinión concurrente en el sentido de que erró el tribunal sentenciador al no instruir al jurado sobre las normas sugeridas en Gómez Incera, nos parece que la determinación sobre el cumplimiento de dichas normas, a la luz de todas las circunstancias que rodearon el proceso de identificación, por ser una cuestión de derecho, competía resolverla al juez sentenciador quien en efecto la resolvió correctamente.

La sentencia apelada ha debido ser confirmada.

       NOTA DEL COMPILADOR: Los delitos son Asesinato en Primer Grado, infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas y Ataque para Cometer Asesinato.

       Para la fecha indicada la policía debió haber sido debidamente instruida sobre su obligación de poner en práctica la norma de Gómez Incera, supra. Asumimos que ya se han dado las debidas instrucciones al efecto y que se está dando cumplimiento a la misma.

       Véanse, además, United States v. Follette, 410 F.2d 1135 (2d Cir. 1969); State v. Dessureault, 453 P.2d 951 (Ariz. 1969); Columbia Journal of Law and Social Problems, Vol. 6, No. 3, págs. 345, 348-350.

       Con claro y preciso lenguaje lo expresa el Juez McGowan de la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia: “Sabemos por experiencia personal, lo fácil que resulta dar una descripción de alguien a quien hemos visto brevemente, y cuán difícil se nos hace el poder reconocer esa misma persona cuando la encontramos por segunda vez. Estas dificul-tades tienden a aumentar con la tensión emocional que es inevitablemente incidental al crimen.” McGowan, Constitutional Lnterpretation & Criminal Identification, 12 Wm. & Mary L. Rev. 235-239 (1970).
      Contrasta lo antes expuesto con la afirmación que se hace en la opinión disidente al efecto de que “[e]s bien sabido, que un instante es todo lo que se requiere para reconocer una persona que ya se conoce [‘que se ha visto’, sería más preciso] anteriormente.” Compárese además con lo expuesto por el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Sobel, Criminal Identification, 38 Brooklyn L. Rev. 261 (1971): “Muchos jueces han con-cluido que lo más que casi todos los testigos oculares pueden retener en su memoria es el recuerdo de los evidentes dos ojos, una nariz y una boca. Siempre es motivo de preocupación el hecho de que la culpabilidad o inocencia gire exclusivamente alrededor de un testimonio de identificación sin que exista evidencia adicional para relacionar al acusado con el crimen.” y con lo que apuntan Jerome •& Barbara Frank en su obra Not Guilty (1957) a la pág. 61: “No hace mucho un experimentado abogado escribió: ‘Un análisis del testimonio de 20,000 personas a quienes se les pidió que describieran las características físicas del hombre a quien ellos vieron cometer un crimen, reveló que, en general, ellos sobreestimaron la estatura por 5 pulgadas, la edad por 8 años y en un 82% de los casos se equivocaron en el color del pelo’. De manera que en cientos de casos, testigos honestos, completamente seguros de sí mismos, han identificado erróneamente a una persona, pero afortunadamente para la mayor parte de los acusados, cada uno de ellos pudo ofrecer evidencia irrefutable de que él estaba en otro lugar al momento de cometerse el crimen.” y con lo expresado por Borchard en Convicting the Innocent, a la pág. 367: “que el balance emocional de la víctima o del testigo ocular es perturbado en tal forma por su experiencia extraordinaria que sus poderes de percepción se distorcionan y su identificación frecuentemente no es confiable.”

       En Kirby v. Illinois, 405 U.S. 951 (1972) se ratifica esta doctrina.

       Copiamos el incidente completo:
      “Lie. Torees González:
      Entonces, Vuestro Honor, entendemos que en este caso en particular a pesar de la resolución del Honorable Tribunal en el sentido de que admitía que había una adecuada identificación o que era suficiente en derecho por cuestión de tiempo, el jurado no está debidamente orientado en el sentido de lo que en cuanto a la ley debe ser el mínimo de identifica-ción de acuerdo con el caso de El Pueblo de Puerto Rico vs. Tribunal Superior y el caso de Gómez Incera. Entendemos que ....
      Hon. Juez:
      ¿Por qué el compañero no produjo esa instrucción cuando invitamos a hacerlo?
      Lie. Torres González:
      Le aseguro que fue por omisión de mi parte no haberla pedido cuando dio las instrucciones especiales y me levanté y le dije al Tribunal que no tenía especiales creyendo que el Tribunal las habría de dar cuando estable-ciera la duda razonable y la convertiría en general, pero al ver que no la incluyó en las instrucciones en cuanto a duda razonable no tengo más remedio que pedirle al Tribunal que imparta esas instrucciones sobre la identificación cuando no está garantizada por la asistencia de abogado. Solicitamos del Honorable Tribunal se le diga al jurado que aquella identi-ficación que es ajena a representación de abogado y que no se siguen las normas establecidas como el Tribunal Supremo o la ley establece en Puerto Rico que debe hacerse para una adecuada identificación, que deben de tomar en consideración si todo eso se hizo y si no se hizo, si a pesar de no haberse hecho las gestiones que debían la identificación queda adecuada-mente establecida.
      Hon. Juez:
      Esa es una cuestión de derecho que resolvió el Tribunal. Como cuestión de hechos el jurado va a pasar sobre la prueba y va a determinar si fue el acusado quien hizo los disparos o si tienen duda razonable y fundada, esa es la cuestión de hechos que tiene que resolver el jurado.
      Lie. Torres González:
      Cómo va a entender el hecho de que el Fiscal está obligado a demostrar la culpabilidad más allá de duda razonable si él no sabe, el jurado, cómo va a decidir la cuantía de prueba que en cuanto a identificación necesita obligatoriamente demostrar el Fiscal. Yo le pido al Tribunal instruir al jurado de que el Fiscal tiene que demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, qué el Fiscal tiene la obligación de demostrar dentro de la prueba un mínimo de identificación que debe ir no meramente a una mera conjetura o sospecha de lo que pueda la prueba determinar. Fíjese que podría un caso terminar si en lugar de Vuestro Honor resolver esta cuestión sin lugar me la resuelve con lugar no hubiera caso y lo probable si lo pido esa cuestión de derecho ya el Tribunal la resolvió y entiendo que el Tribunal la resolvió tomando en consideración que lo había visto dos veces. Si el jurado encuentra probado que no lo vio por primera vez se desecha esa parte de su declaración y solamente queda la declaración del testigo. ... Si hiciera eso cómo va él a determinar si aquello cumple o no con el mínimo de prueba que tenga el Fiscal la obligación de presentar. Por eso solicito al Tribunal, en la forma que el Tribunal lo crea conveniente, llame al jurado y dé esas instrucciones. Hon. Juez:
      ¿Algo más?
      Lie. Toeres González:
      Eso es todo.
      Hon. Juez:
      Sin lugar la solicitud de la defensa.”

       Que es necesaria una instrucción sobre estos extremos para que el jurado pueda hacer una adjudicación consciente lo demuestra el hecho de que ya se han sugerido instrucciones específicas sobre esta materia. Ver Kestell, Lineups Identification, 5 University of San Francisco L. Rev. 85-103 (1970).

        Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969).

        Stovall v. United States, 388 U.S. 293 (1967).

        Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968).

       El caso de Gómez Incera fue resuelto aproximadamente un mes antes de que se efectuara la identificación que se impugna en este caso. Es conveniente señalar que dicho caso fue objeto de reconsideración, y no fue hasta el 5 de diciembre de 1969, seis meses después de ocurridos los hechos en este caso, que finalmente se dispuso de la reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wilson Cortés Burgos et al., acusado y apelantes.

      Número: M-72-106

      Resuelto: 20 de octubre de 1972

      Luis F. Abreu Elias, Fermín B. Arraiza, Baltazar Quiñones Elias, José Rafael Gelpí y Marcos Feliciano, abogados de los apelantes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, Augusto A. Cirino y Américo Berra, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCION

Vista nuestra Resolución del 6 de septiembre de 1972, no ha lugar a la fijación de fianza solicitada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 1972

La Resolución del Tribunal dictada en estos casos en el día de hoy tiene mi voto concurrente. Di mi voto porque en esta fase del proceso los peticionarios no han demostrado merecer que, en el ejercicio de nuestra discreción, se les fije fianza en apelación. Nuestra ley no dispone un derecho absoluto a la fianza en casos como éste. La Regla 198 de las de Procedi-miento Criminal que es la que pauta esta materia, por el contrario, dispone claramente que no se admitirá fianza en casos de delitos graves en que se imponga pena de prisión. En la parte pertinente la Regla lee:

“[N]o se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso entablado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso.”
Esta regla reconoce la discrecionalidad de la concesión de fianza en apelación. Los criterios que adopta la Regla 198 son los mismos que, junto a varios otros, se siguen en la juris-dicción federal para propósitos similares. Véase Regla 46 (a) (2) de las de Procedimiento Criminal Federal (“... unless it appears that the appeal is frivolous or taken for delay. . . .”) y 18 U.S.C. sec. 3146 (“.... the nature and circumstances of the offense . . . the. accused’s character and mental condition . . . his record of convictions. . . .”).

El “Memorandum and Order” de la Corte Federal de San Juan del 28 de septiembre de 1972, basado en los criterios de un Juez de Distrito Federal de Illinois reportado en United States ex rel. Keating v. Bensinger, 322 F.Supp. 784 (1971), presume la arbitrariedad de los tribunales de Puerto Rico por el hecho de no expresar razones al denegar fianzas en apela-ción en estos casos.

Esta norma es lesiva a la dignidad de los tribunales esta-tales. No será ésta la única ni la más importante ocasión en que la ley sanciona el que un tribunal haga ciertas determina-ciones sin expresar razones; considérese,-por ejemplo, que los tribunales apelativos pueden negarse a expedir autos como el de revisión o certiorari sin expresar razones ni celebrar vista y que los tribunales (o jurados) normalmente no expresan conclusiones de hecho o de derecho cuando declaran culpable a un acusado.

Pero es que aun aceptando los principios expuestos en Keating, caso que entendemos ha sido apelado al Séptimo Circuito de Apelaciones, los tribunales de Puerto Rico han cumplido esencialmente con los mismos. Tanto el Tribunal Superior de Aguadilla en su Resolución de 23 de septiembre de 1970, como este Tribunal en su Resolución de 6 de septiem-bre de 1972, expresaron las razones por las cuales denegaron la fianza en apelación de los peticionarios: la falta de sustan-cialidad del recurso y la naturaleza del delito.

En la fijación de fianzas la ley ha reconocido tradicional-mente una distinción entre la fase anterior a la sentencia y la fase posterior a la convicción y condena. Compárese la Regla 198 con la Regla 6.1 de las de Procedimiento Criminal. En lo federal se ve también una diferencia en matiz entre las disposiciones 18 U.S.C. see. 3146 (antes del juicio) y 18 U.S.C. see. 3148 (en apelación). Nuestra Constitución reco-noce implícitamente la distinción: Art. II, sec. 11.

Es lógico que así sea. Al ciudadano le favorece la presun-ción de inocencia, aun cuando se ha radicado acusación en su contra y se ha determinado causa probable. Pero, una vez ha mediado un proceso judicial que culmina en una adjudicación de culpabilidad más allá de duda razonable, lo más probable es que la adjudicación haya sido correcta. La política pública de respeto al proceso judicial exige que así se presuma. Presumir la arbitrariedad del tribunal estátal, teniendo espe-cialmente en cuenta que los tribunales federales, general-mente, no deben sustituir sus criterios por los de los tribunales estatales, atenta contra la política pública de respeto y defe-rencia que merece el proceso judicial local.

       NOTA DEL COMPILADOR: Dicha Resolución lee:
      “Vista las mociones de los apelantes de 7 y 29 de agosto de 1972 y el Memorándum y Orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, de agosto de 1972, el Tribunal resuelve lo siguiente:
      1. — Habiéndose denegado la fianza solicitada por el tribunal de instancia previa celebración de vista y denegada la misma por este Tribunal de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 198 de las de Procedi-miento Criminal en razón de que los apuntamientos de error no plantean una cuestión sustancial, y la naturaleza del delito justifican la reclusión de los apelantes mientras se ventila el recurso, y habiendo este Tribunal dictado en esta misma fecha una orden para que se transcriban los incidentes del juicio con preferencia, a la solicitud de fianza contenida en las mociones de 7 y 29 de agosto de 1972, no ha lugar.
      2. — Se ordena al tribunal de instancia que altere el orden de preferencia de la transcripción del récord solicitada de manera que la estenotipista pueda dedicarse a transcribir la prueba del caso con la debida diligencia e ininterrumpidamente. A esos efectos, y de acuerdo con la Regla 200 de las de Procedimento Criminal, y a los fines de expeditar la terminación de dicha transcripción y el perfeccionamiento y disposición del recurso de apelación en este caso, los apelantes deberán designar, dentro de un término de diez días a partir de la fecha de esta resolución, aquellas porciones de la prueba oral prac-ticada cuya transcripción interesen para perfeccionar la apelación, debiendo notificar dicha designación al fiscal dentro de dicho término de manera que éste pueda actuar, si lo considera procedente, como provee la referida Regla Núm. 200.
      (3) La estenotipista en cuestión deberá rendir al tribunal de instancia un informe mensual indicativo del progreso realizado en la transcripción de las porciones de la prueba designadas por los apelantes y dicho tribunal deberá elevar a este Tribunal copia de dicho informe junto con la indicación de las medidas que hubiere tomado, de ser necesarias, para acelerar la terminación del referido trabajo.
      Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que el Juez Asociado, Señor Her-nández Matos, no intervino.
      (Fdo.) José L. Carrasquillo

        Secretario”


author: PER CURIAM :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jaime Batista Maldonado, acusado y apelante.

      Número: CR-70-110

      Resuelto: 24 de octubre de 1972

      Santos P. Amadeo, Enrique Calderón y Manuel García Marrero, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, Américo Serra y Jorge Ríos Torres, Procuradores Gene-rales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM :

El apelante fue convicto del delito de hurto mayor por un jurado mediante votación de nueve a tres. En apelación señala los cuatro errores que a continuación men-cionaremos.

Como primer señalamiento alega que la sentencia es nula porque el veredicto del jurado no fue unánime. Este planteamiento ha sido resuelto repetidamente por este Tribunal en forma adversa para el apelante. Véase Pueblo v. Santos Sotomayor Rodríguez, Cr. 71-71, Sentencia de 11 octubre 1972 y autoridades allí citadas. Véanse también, Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971); Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1968); Pueblo v. Robles, Cr. 71-2, Sentencia de 18 octubre 1971; Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969). El primer error señalado no se cometió.

El segundo señalamiento ataca la suficiencia de la prueba. Este planteamiento carece de mérito. Basta leer la transcripción de evidencia para encontrar que el veredicto está fundado en prueba suficiente. Obviamente el jurado no dio crédito a la declaración bastante evasiva e improbable del acusado y dio crédito a la prueba de cargo.

En el tercer señalamiento se argumenta que la sentencia es nula porque se aplicó en el caso una presunción que viola el debido proceso de ley y en el cuarto señalamiento se argu-menta que la sentencia es nula porque dicha presunción no ha sido aprobada legislativamente o mediante una enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Como estos dos últimos señalamientos están relacionados entre sí los discutiremos conjuntamente.

En este caso se trata del hurto de un vehículo de motor. El vehículo — una camioneta Chevrolet — fue hurtado de la marquesina del hogar de su dueño durante la noche del 18 de mayo de 1969 o durante la madrugada del día siguiente. Habiéndolo dejado allí su dueño la noche del día 18 no amaneció en dicho lugar en la mañana del 19. Más tarde el vehículo fue encontrado abandonado y desmantelado en otro lugar. Le habían sacado la batería, las cinco llantas, cuatro aros de magnesio, las alfombras interiores y otros accesorios. Varios días más tarde el dueño del vehículo notó que un automóvil Chevrolet que estaba estacionado en una estación de gasolina llevaba los neumáticos y los aros antes mencionados que le habían sido hurtados. Como se desprende de la transcripción de evidencia la persona que los tenía en su posesión no pudo dar una explicación satisfactoria de dicha posesión. Se instruyó al jurado en el sentido de que la mera posesión de los objetos hurtados no es por sí sola suficiente para sostener una convicción por el delito de hurto pero que en ausencia de prueba directa sobre el acto de la apropiación ilegal, la posesión por el acusado de la propiedad reciente-mente hurtada unida a otras circunstancias justifica que se someta la cuestión al jurado para la determinación definitiva sobre la responsabilidad criminal. También se le instruyó en el sentido de que en caso de tener el jurado una duda razo-nable en cuanto a la culpabilidad del acusado, entonces el veredicto debía ser de no culpable.

Idéntico planteamiento resolvimos adversamente para el apelante en Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 628 (1968). Allí dijimos:

“Los últimos tres errores se refieren a la suficiencia de la prueba y a la impugnación de lo que se califica como una ‘presun-ción’, la que se refiere a la posesión de objetos hurtados o sustraídos. Reiteradamente hemos resuelto que la posesión de los artículos hurtados no explicada satisfactoriamente, tiende a demostrar la culpabilidad del acusado, y que este hecho, tomado junto con otras circunstancias del caso, puede justificar su convicción. Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157 (1964) y casos allí citados. No se trata, sin embargo, de una ‘presunción’ como afirma el apelante; es una inferencia permisible de los hechos establecidos, cf. Pueblo v. Vélez Matos, 90 D.P.R. 9, 14 (1964).”

El apelante aduce un argumento histórico que no tiene validez. Señala que dicha presunción es una del derecho común anglosajón y que no tiene vigencia legal en Puerto Rico porque aquí no rige dicho derecho común anglosajón.

Si bien es cierto que ésta es una jurisdicción de derecho civil y que aquí no rige el “common law,” García Mercado v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 293, 297 (1970); Vda de Fornaris v. Amer. Surety Co. of N.Y., 93 D.P.R. 29, 47 (1966), nada nos impide adoptar enfoques, reglas o razonamientos de ese derecho, o de cualquiera otro, cuando nos parezcan racionales, justicieros y convenientes.

En adición a lo anterior, conviene también señalar que desde el año 1907, hemos aplicado por analogía determinadas reglas de la Ley de Evidencia a casos criminales. Pueblo v. Rivera, 12 D.P.R. 411, 419 (1907). La norma que aquí se impugna es una inferencia que puede hacerse o concluirse de evidencia indirecta y así lo autoriza el Art. 10 de nuestra Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1630. La prentensión de que cada norma o interpretación de derecho procesal tiene que ser incorporada a nuestra ley legislativamente o mediante enmienda formal a nuestras Reglas de Procedimiento es absurda. Desde tiempo inmemorial se reconoce a los tribunales supremos la facultad de interpretar y aplicar la ley y de producir doctrinas o normas judiciales cuando ésto es necesario o indispensable para llenar las lagunas de la ley.

Para una relación de autoridades en casos en que se sostuvo la convicción de los acusados, aunque no hubo prueba directa, porque los acusados no pudieron explicar satisfac-toriamente la posesión por ellos de los artículos hurtados y ese factor junto a otras circunstancias justificó la convicción, véase Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157, 161 (1964).

Tampoco se cometieron los errores apuntados en los señala-mientos tercero y cuarto.

Se confirmará la sentencia apelada en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Margarita Mercado Riera et al., demandantes y recurrentes, v. Mario Mercado Riera y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-71-158

      Resuelto: 24 de octubre de 1972

      Benjamín Ortiz y Charles R. Cuprill, abogados de Mario Mercado Riera, su esposa María Luisa Parra de Mercado, Eufemia Eileen Mercado Parra y su esposo H. Murray O’Hanlon; José M. González Romanacce, abogado de Adriana Luisa Mercado Parra y su esposo Patrick J. Wilson; Carlos E. Colón, abogado de la Sociedad en sindicatura Mario Mercado e hijos; Sara Torres Peralta, abogada de la Sucesión de Adrián Mercado Riera, compuesta de Daysi J. Vda. de Mercado y Adrián, José, María y Luis Alberto Mercado Jiménez.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si procede la defensa de cosa juzgada en una acción de daños y perjuicios porque tales daños pu-dieron y debieron reclamarse en una anterior acción en que se decretó la disolución de una sociedad entre los actuales litigantes debido a las alegadas actuaciones dolosas del recurrido Mario Mercado Riera que se afirma causaron “graves e incalculables perjuicios a la sociedad y a sus socios” (los recurrentes eran socios de dicha sociedad), enumerándose en la sentencia de disolución las numerosas actuaciones perju-diciales del referido recurrido así como la restitución por su parte a la sociedad de varias y sustanciales cuantías de fondos.

Concluimos que debe confirmarse la sentencia del tribunal de instancia que declaró con lugar la defensa de cosa juzgada y, en tal virtud, desestimarse la demanda.

El 26 de mayo de 1967, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, emitió una opinión y sentencia en el pleito Civil Núm. CS-57-2295 decretando la disolución de la Sociedad Mario Mercado e Hijos, compuesta por el socio gestor Mario Mercado Riera y sus hijas Eufemia Eileen y Adriana Luisa con una participación de 57.50%; Margarita Mercado Riera (11.25%); Pastor S. Mandry (10.00%); y la Sucesión de Adrián Mercado Riera (21.25%). En la parte dispositiva de la sentencia de disolución se provee, además, que Mario Mercado Riera pagará a la sociedad las sumas de (a) $207,000 por el uso de una finca para su negocio de caballos, (b) el montante de determinada contribución, y (c) $144,760.79 de intereses adeudados; que la sociedad pagará a los demandantes determinadas cantidades por concepto de intereses y deter-minada cantidad a María Margarita Jiménez Vda. de Mercado.

Figuraron en el mencionado pleito Margarita Mercado Riera y su esposo Salvador S. Mandry Espinosa y Pastor S. Mandry Mercado como demandantes. Como demandados se incluyó a Mario Mercado Riera y su esposa María Luisa Parra Capó, Adrián V. Romano y José Rafael Mercado Jiménez, María Margarita, conocida por Daisy Jiménez Vda. de Mercado, por sí y como madre investida con patria potestad sobre sus menores hijos Mario y Luis Alberto, de apellido Mercado Jiménez, por sí y asistidos de su señora madre con patria potestad sobre ellos, la Sociedad Mario Mercado e Hijos; Eufemia Eileen Mercado Parra y Adriana L. Mercado Parra y sus respectivos esposos H. Murray O’Hanlon y Patrick Wilson.

Así las cosas, el 20 de agosto de 1970 Margarita Mercado Riera, Salvador Mandry y Pastor S. Mandry Mercado ra-dicaron en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, una acción civil contra Mario Mercado Riera en reclamación de daños y perjuicios por la cantidad de $10,927,-661.72, alegadamente causádoles por las actuaciones del de-mandado como socio gestor de Mario Mercado e Hijos (Civil Núm. CS-70-3359). El 25 de septiembre de 1970 se enmendó la demanda a los efectos de hacer alegaciones alternativas de pleito de clase a favor de los miembros de la Sucesión de Adrián Mercado Riera (Daisy Jiménez Vda. de Mercado y los hijos habidos en el matrimonio llamados Adrián, Mario, José y Luis Alberto, de apellidos Mercado Jiménez) o para incluirlos como demandados. Se incluyó, además, a nuevas partes demandadas, de tal modo que las partes demandadas son:

“(1) Mario Mercado Riera y su esposa doña María Luisa Parra de Mercado, por sí, como miembros de la Sucesión de Mario Mercado Parra y socios de la Sociedad Mario Mercado e Hijos, bajo Sindicatura.
(2) Eufemia Eileen Mercado Parra y su esposo H. Murray O’Hanlon como usufructuarios de bienes pertenecientes a la dicha Sociedad Mario Mercado e Hijos.
(3) Adriana Luisa Mercado Parra y su esposo Patrick Wilson como usufructuarios de bienes pertenecientes a la dicha Sociedad Mario Mercado e Hijos.
(4) Jesús M. Guzmán en su carácter de Síndico designado por el Tribunal Superior de Ponce de la Sociedad Mario Mercado e Hijos en liquidación.”

Entre las alegaciones de la demanda en el pleito de daños y perjuicios (Civil Núm. CS-70-3359), se dice que se une y se hace formar parte de la demanda como si literalmente se transcribiera copia fiel y exacta de la sentencia dictada en el pleito de disolución de sociedad (CS-57-2295), la cual se identifica como Exhibit 1. Se hacen en dicha demanda, ade-más, alegaciones específicas sobre las actuaciones dolosas del demandado como socio gestor de la sociedad disuelta que causaron los daños alegados.

Alegaron los demandados, como defensa, que la sentencia dictada en el pleito de disolución de sociedad opera como cosa juzgada sobre el presente pleito de daños y perjuicios. El Tribunal Superior así lo entendió también y dictó sentencia de conformidad desestimando la demanda. Es contra esa determinación que se interpuso el presente recurso de revi-sión.

El tribunal de instancia basó su conclusión en que “No hay duda de que la causa de acción que se pretende ejercitar ahora existía cuando se radicó la demanda original y debió plantearse entonces.”

La defensa de cosa juzgada se incorpora en nuestra juris-dicción en el Art. 1204 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3343). Dispone dicho artículo que:

“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identi-dad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”

Alegan los recurrentes que la defensa de cosa juzgada no puede prosperar por no existir ni identidad de partes ni de causa de acción.

Es evidente de lo ya expuesto que existe identidad de partes entre los litigantes en la acción de disolución de socie-dad y los litigantes en la causa que nos ocupa. Los demandan-tes son los mismos: Margarita Mercado Riera y su esposo Salvador S. Mandry y Pastor S. Mandry Mercado. En el anterior caso de disolución los demandados fueron Mario Mercado Riera y su esposa María Luisa Parra Capó, la Sucesión de Adrián Mercado Riera compuesta por Adrián V., José Rafael, María Margarita, Luis Alberto, todos de apelli-dos Mercado Jiménez, y la viuda Daisy Jiménez Yda. de Mercado, Eufemia Eileen Mercado Parra y su esposo H. Murray O’Hanlon, Adriana L. Mercado Parra y su esposo Patrick Wilson y la Sociedad Mario Mercado e Hijos. En el presente pleito, según se desprende de la demanda enmen-dada, los demandados son Mario Mercado Riera y su esposa María Luisa Parra, Eileen Eufemia Mercado Parra y su esposo H. Murray O’Hanlon, Adriana L. Mercado Parra, y su esposo Patrick Wilson, Jesús M. Guzmán, en su carácter de síndico de Mario Mercado e Hijos. Además, Adrián, María, José y Luis Alberto, todos Mercado Jiménez y la viuda Daisy Jiménez, quienes componen la Sucesión de Adrián Mercado Riera y deben considerarse como demandados ya que, como correctamente concluyó el tribunal de instancia, el presente no puede considerarse como pleito de clase.

No son aplicables los casos de Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951) e Irizarry y. Díaz Ojea, 35 D.P.R. 144 (1926), citados por los recurrentes. En el primero se decidió que una sentencia dictada en un pleito por quebrantamiento de contrato contra la Congregación de la Misión de los Padres Paúles no tiene el efecto de cosa juzgada sobre una acción ulterior por el mismo fundamento contra la Iglesia Católica por no haber identidad de personas. Se trataba en ese caso de dos entidades jurídicas distintas. En el segundo caso citado se trataba de una acción inicial por la esposa que correspondía en realidad a la sociedad de gananciales. En consecuencia, la sentencia dictada en dicho pleito no opera como cosa juzgada sobre una acción posterior iniciada por el marido como Administrador de la sociedad de gananciales. En el presente caso, por el contrario, concurren las mismas partes en la misma calidad con la única excepción de Jesús M. Guzmán, quien es una parte nominal al comparecer como síndico en representación de Mario Mercado e Hijos. Véase Sucn. Zayas Berríos v. Berríos, 90 D.P.R. 551 (1964).

Apuntan los recurrentes que no hay identidad de causas pues en el primer caso la acción la iniciaron varios socios contra la entidad social para lograr su disolución mientras que el presente litigio lo iniciaron los recurrentes que habían sido tales socios en contra del que fue gestor de la sociedad por los daños que sus actuaciones dolosas y culposas ocasiona-ron a los recurrentes y que dieron lugar a la disolución de la sociedad. Afirman, además, que no existe identidad entre las cosas objeto de ambos litigios. Sostienen que en el primero la controversia giraba en torno a la entidad misma, la sociedad; que el objeto del presente caso, por el contrario, es el resarci-miento económico de los daños sufridos por los demandantes.

A los fines de resolver, debemos examinar el estado de nuestra doctrina sobre la referida cuestión.

Sobre la identidad de cosas nos dice Scaevola que:

“Puede tratarse de la absoluta identidad, en el sentido de que el segundo pleito se refiera a la finca u objeto mismo sobre que versó el primero, pero en general basta que se refiera al mismo asunto, aunque en el uno se abordase totalmente y sólo parcial-mente en el otro, y aunque las cosas hayan sufrido disminución o alteración, desde el primero al segundo, que afecte su valor o alguna otra de sus condiciones.” (Énfasis nuestro.) Código Civil, Tomo XX, pág. 5B4 (2da. ed., 1958).

Manresa, por otro lado, señala que:

“Cuando se reclaman derechos (verbigracia, usufructo, posesión, uso, etc.) puede una misma cosa ser objeto de diferentes litigios, salvo el caso de fundarse todos esos derechos en una misma causa ya resuelta, verbigracia, un mismo contrato declarado nulo.” (Énfasis nuestro.) Op. cit., supra, a la pág. 287.

Ambos litigios, sin lugar a dudas, giran en torno al in-cumplimiento por el socio gestor del contrato de sociedad. La especificación que proponen los recurrentes en cuanto al objeto de ambos litigios conlleva una identificación errónea entre el remedio solicitado y la cosa envuelta en los dos pleitos.

La doctrina de cosa juzgada impide que se litigue en un pleito una reclamación que pudo haberse litigado y adjudicado en un pleito anterior entre las mismas partes, y sobre la misma causa de acción. Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953). No existe controversia alguna en cuanto a que la reclama-ción de daños y perjuicios pudo haberse litigado y adjudicado en el anterior pleito de disolución de sociedad. La contro-versia gira en torno a si tuvieron que haberse acumulado. Es decir, si constituyen o no una misma causa de acción.

La jurisprudencia norteamericana no es clara ni uniforme en la fijación de criterios para determinar lo que es una causa de acción a los efectos de la doctrina de res judicata. Véanse, Developments in the Law — Res Judicata, 65 Harv. L. Rev. 818, 824 (1952), Schopflocher, What Is a Single Cause of Action for the Purpose of the Doctrine of Res Judicata? 21 Ore. L. Rev. 319 (1942). Moore señala que son varios los criterios sugeridos para la determinación de lo que es una causa de acción para propósitos de la doctrina de cosa juzgada. Algunos de ellos, apunta, son (1) si el mismo derecho ha sido infringido por la misma violación, (2) si hay una identidad tal que una sentencia diferente en la segunda acción destruiría o afectaría derechos o intereses establecidos por la primera sentencia, (3) identidad de fundamentos, (4) si la misma evidencia sostendría ambas sentencias.

Por otro lado Manresa, en su ya citada obra, a las págs. 237-238 y 240, señala que:

“Para los efectos de la cosa juzgada, la palabra causa tiene un sentido que no es de razón o motivo de un contrato o acto jurídico. Significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pre-tensiones deducidas por las partes.” (Énfasis en el original.)
Si bien, como antes dijimos, es en general posible el ejerci-cio sucesivo de diferentes acciones, podrá constituir lo primera-mente resuelto cosa juzgada para el segundo pleito, cuando la nueva acción estuviera como embebida en la primera, o fuese consecuencia inseparable de la misma: así, desestimada la peti-ción de un supuesto condueño reclamando la copropiedad que se le niega, es lógico que aquél no podrá ejercitar luego la acción para pedir la división de la cosa común, etc.”

Scaevola, en su ya también citada obra, a la pág. 535, informa que “La causa es el motivo de pedir.”

No se puede, sin embargo, identificar el fundamento, razón o motivo de pedir con el remedio solicitado como pretenden los recurrentes. Tal enfoque permitiría a los litigantes escindir sus acciones en tantos pleitos como remedios a que tuviesen derecho. En Millán v. Caribe Motors, 83 D.P.R. 494, 507 (1961), este Tribunal señalo que:

“Se ha dicho que la mejor prueba para determinar si una sentencia anterior es un impedimento para una acción subsi-guiente es inquirir si la misma evidencia sería suficiente para sostener ambas acciones. Si para sostener las distintas acciones se necesita evidencia distinta entonces se trata de causas de acción diferentes y la primera sentencia no es impedimento para litigar la otra causa de acción. Freeman [Law of Judgments, 5th ed.], 687.”

Véase, Hernán Corales Irizarry, etc. v. International Harvester Company of Puerto Rico, R-70-106, Sentencia de 12 de febrero de 1971.

Un análisis del pleito de disolución y de la demanda radicada en el presente pleito de daños y perjuicios, demuestra que ambas reclamaciones se fundan en las actuaciones del socio gestor en violación del contrato de sociedad. La prueba necesaria para establecer ambas reclamaciones es idéntica. Las alegaciones que en la demanda en el actual pleito van dirigidas a sostener la reclamación de daños y perjuicios se fundan en conclusiones de hecho y de derecho emitidas en el pleito de disolución. La única prueba adicional necesaria iría dirigida a establecer la cuantía de los daños reclamados. Lo que se pretende es obtener un remedio adicional. El remedio, sin embargo, no es un elemento integrante de la causa de acción, de manera que no procede una acción de daños basada en un derecho adjudicado en un pleito anterior entre las mismas partes en el cual debieron reclamarse los daños. Bankers Life & Casualty Company v. Kirtley, 338 F.2d 1006, 1011 (8th Cir. 1964); Masterkraft Lamp Company v. Mortex, 183 N.E.2d 12 (App.Ct. Ill. 1962); De Monbrum v. Sheet Metal Workers International Ass’n., 295 P.2d 881, 887 (DC of App. Cal. 1956); Reno Club v. Harrah, 260 P.2d 304, 306 (Nev. 1953); Bond v. Thruston, 98 P.2d 343, 345, 100 P.2d 74 (Nev. 1940). Véanse, además, McCafrey v. Wiley, 230 P.2d 152, 155 (D.C. of App. Cal. 1951); Lane v. Page, 251 P.2d 1078 (Colo. 1952); Blum v. William Goldman Theatres, 174 F.2d 914 (3d Cir. 1948); Kraft v. Forrest Park Realty & Insurance, 142 S.E.2d 402 (Ct. of App. Ga. 1965); y la anotación Decree, granting or refusing injunction as res judicata in action for damages in relation to matter concerning which injunction was asked in first suit, 26 A.L.R.2d 446.

Señalan los recurrentes, citando a Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961), que la defensa de cosa juzgada no se debe aplicar en forma inflexible cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay consideraciones de orden público. Sin embargo, a diferencia de Pérez v. Bauzá en que se trataba de una acción de filiación revestida de interés público, se trata de relaciones puramente privadas entre las partes que no justifican una desviación del efecto normal de la cosa juzgada.

En el pasado, a los fines de hacer cumplida justicia o cuando ha habido envueltas consideraciones de orden público, este Tribunal se ha apartado de la doctrina previamente ex-puesta sobre la identidad de causas. Así, en Millán, supra, en que confirmamos la sentencia declarando con lugar una acción de rescisión de un contrato de venta condicional de un camión y daños y perjuicios con posterioridad a la reposesión del camión por la vendedora basándose en atrasos en los pagos bajo dicho contrato, y nos negamos a aplicar la doctrina de cosa juzgada o la de impedimento colateral, dijimos que:

. . Debido a la naturaleza antes dicha de este procedimiento [el de reposesión] no podemos exigir de manera inflexible que se litiguen en él otras causas de acción ajenas a la reposesión. Las circunstancias de un caso como éste en que además de existir defectos formales fatales en el contrato — por ir contra la ley expresa fundada en motivo de orden público — concurre también el elemento del dolo, justifican apartarse, por excepción, de la norma general del caso de Mattei .... [Mattel v. Maldonado, 70 D.P.R. 468 (1949)].”

Reafirmamos lo dicho en Millán, supra, en nuestra Senten-cia de 12 de febrero de 1971 en Corales Irizarry v. International Harvester Company of Puerto Rico, supra, en la cual dijimos que la orden de reposesión no constituía cosa juzgada en la subsiguiente acción de rescisión de contrato y daños y perjuicios por haber sido vendido el vehículo con vicios ocultos sustanciales.

En Pérez v. Bauzá, supra, dijimos que:

“Sin embargo, los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juzgada cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay envueltas consideraciones de orden público. . . . Según se ha expresado, la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios, pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamental-mente a un principio de conveniencia y orden procesal .... En otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre conside-rarse conjuntamente con el saludable principio de que debe dis-pensarse justicia en cada caso.
Es indudable que la acción de filiación, vehículo que concede la ley para establecer el status familiar del ciudadano, está revestida de un gran interés público, y tiene hasta tangencias constitucionales si se quiere, por lo que con ello afecta la dignidad del individuo.”

Hemos resuelto dos casos en que nos negamos a aplicar la doctrina de cosa juzgada porque, no obstante ser la segunda acción aeumulable a la primera, el no haberla acu-mulado no constituía una renuncia de la reclamación de daños y perjuicios porque es potestativo para el demandante la acumulación de acciones. Dichos casos son los de Blanco v. La Capital, 77 D.P.R. 642, 647 (1954), y Capó v. A. Hartman & Cía., supra. En Blanco concluimos que la sentencia en una acción sobre aclaración de título de un solar no consti-tuía cosa juzgada en otra acción de daños y perjuicios por haberse privado al dueño de dicho solar de su uso durante varios años. Justificamos en este caso el apartarnos de la norma aceptada de aplicar la doctrina de cosa juzgada adu-ciendo al efecto la razón que expusimos en Capó, supra, para no aplicarla a una acción sobre reclamación de frutos que no se acumuló a la acción previa de reivindicación de la finca, razón que citamos previamente, es decir, que tal acumulación es potestativa para el demandante.

Creemos que estos casos deben revocarse. En casos como éstos, y como el que nos ocupa, en que no existen circunstan-cias como en Millán, supra, y Pérez v. Bauzá, supra, lo que debemos determinar es si las dos acciones constituyen o no una misma causa de acción. Por los fundamentos previamente expuestos concluimos que sí.

Por las razones expuestas, debemos confirmar la senten-cia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en este caso, en 13 de mayo de 1971.

El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel, y los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual y Martín, concurren en el resultado. El Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervino.

       ". .......
      Décima: El demandado, Mario Mercado Riera, además de socio mayoritario, a partir del año de 1937 fue designado y ha representado a la sociedad como director y socio gestor de la misma, hasta su disolución.
      Undécima: Conforme la sentencia que motivó la disolución de esta sociedad, el demandado, Mario Mercado Riera, en su carácter de socio gestor, y amparándose en su condición de socio mayoritario, utilizó ‘para lucro personal los recursos de la Sociedad’, ocasionando ‘graves perjuicios con ese motivo tanto a la entidad como a dichos socios.’ (Exhibit I, Deter-minaciones de Derecho 1, inciso (c).)

        Duodécima: Conforme los propios términos de la sentencia aludida, entre otros actos, el demandado Mario Mercado Riera, como socio gestor de la Sociedad Mario Mercado e Hijos, hizo negocios que envolvieron sumas sustanciales de dinero con la corporación Southern Transport, Inc., de la que dicho demandado era su presidente y principal accionista, según la mejor información de los demandantes y de la que también formaban parte como accionistas y directores los codemandados Adriana L. y Eufemia Eileen Mercado Parra y sus respectivos esposos. Los referidos negocios tuvieron el efecto tal como concluyó el Tribunal Superior de Ponce en la sentencia antes citada ‘de permitir al socio gestor operar un negocio pri-vado para beneficio suyo y de sus hijos siendo su cliente exclusivo la Sociedad que era la misma entidad que le había facilitado el equipo nece-sario para tal empresa.’ (Exhibit I, Determinaciones de Hecho, 8.)
      Decimotercera: En la sentencia referida el Tribunal Superior de Ponce concluye ‘que las actividades de la Sucesión de Mario Luis Mercado Parra por sí y/o a través de la Southern Transport, Inc., eran actividades efectuadas por el socio gestor Mario Mercado Riera y para beneficio propio y de sus hijas Eileen y Adriana Luisa.’ (Exhibit I, Determinaciones de Hecho, 8(f).)
      Decimocuarta: Igualmente mediante un ‘método ilegal’, según lo cali-fica el Tribunal Superior de Ponce, en la sentencia citada, Determinaciones de Hecho Núm. 15, pág. 29, el demandado creó una cuenta titulada ‘Fondo de Reserva’, utilizando para ello indebidamente, los beneficios que tenía que haber distribuido, ‘cuenta arbitrariamente controlada por Mario Mercado Riera’, manejada para su propio beneficio y en detrimento de los intereses y ‘beneficios que por disposición contractual tenía que haber distribuido entre los socios en la forma que dispone el contrato.’
      Decimoquinta: La conducta y ‘método ilegal’ del demandado, Mario Mercado Riera, al ‘abrogarse para sí la facultad de disponer por su cuenta de los beneficios no distribuidos pertenecientes a los demás socios, el socio gestor incurrió en una crasa violación del contrato social.’ (Exhibit 1, Determinaciones de Hecho, Núm. 17.)
      Decimosexta: El ‘método ilegal’ aludido, o ‘la crasa violación de ley’ del demandado Mario Mercado Riera, por el concepto aludido, al crear un Fondo de Reserva para su propio beneficio, en conflicto con lo estatuido en el contrato social, ha ocasionado daños económicos a los aquí demandantes, en términos de su participación social de un 21.25% y de pérdida a razón de un 10% anual acumulativo, en una suma aproximada de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS ($4,419,318.60).
      Decimoséptima: Procede igualmente en su día la determinación por este Honorable Tribunal de daños punitivos contra el demandado, Mario Mercado Riera, por una suma adicional de $4,419,318.60, ya que el propio Tribunal Superior de Ponce determinó, tras analizar los ‘métodos ilegales’ del demandado en la dirección de la Sociedad, que en detrimento de las acciones y derechos de los aquí demandantes, ‘la Central Rufina se opera única y exclusivamente para beneficio de Mario Mercado y sus hijas’ y que ‘lo que en realidad Mario Mercado Riera ha hecho es poner a su servicio personal el capital de la Sociedad y en particular el de los socios minori-tarios’, siendo esta situación continua e ininterrumpida por 30 años. (Exhibit I, Determinaciones de Hecho, Núm. 19, pág. 42.)
      Decimoctava: El demandado — Mario Mercado — durante su gestión en la Sociedad Mario Mercado e Hijos, se negó a distribuir en forma razonable los beneficios pertenecientes a los socios mientras ‘Mario Mercado disfrutaba directamente de los beneficios de la Sociedad’, teniendo ‘crédito abierto en la Sociedad a su entera disposición, el cual utilizaba liberalmente para su beneficio personal.’
      DECIMONOVENA: Tal conducta culposa del demandado Mario Mercado causó ‘graves perjuicios económicos.’ (Determinaciones de Derecho, Núm. 3, pág. 54,) a los aquí demandantes, viéndose estos obligados a disponer de otros valores y acciones que en el devenir del tiempo le han ocasionado pérdidas por una suma no menor de doscientos noventitrés mil ciento euarentiún dólares con treinta centavos ($293,141.30), reclamables al aquí demandado, Mario Mercado Riera.
      Vigésima: Así también adeuda el demandado — Mario Mercado Riera ■ — en concepto de principal e intereses a los aquí demandantes, doña Margarita Mercado Riera, Don Salvador Mandry y don Pastor S. Mandry Mercado, la suma de $295,883.22 como resultado de actuaciones culposas y/o crasamente negligentes del demandado, refrendadas por actos y reuniones de la Junta de Directores, declaradas ‘nulas y carentes de eficacia jurídica de clase alguna’ por el Tribunal Superior de Ponce, en la sentencia dictada por éste. (Exhibit I, Determinaciones de Derecho, Núm. 4, pág. 56.) La nulidad de dichas actuaciones del demandado surgen ‘al ignorar toda notificación al socio José Rafael Mercado Jiménez’ y permitir ilegalmente la ingerencia en los asuntos de la Sociedad de dos hijas del demandado, Eufemia Eileen y Adriana Luisa Mercado Parra, quienes no eran dueñas en pleno dominio de interés social alguno. (Exhibit I, Deter-minaciones de Derecho, Núm. 4, pág. 56.) La ingerencia y participación de las codemandadas Eufemia Eileen y Adriana Luisa Mercado Parra con sus respectivos esposos en las transacciones, negociaciones y actuaciones realizadas de común acuerdo con el codemandado Mario Mercado Riera y a sabiendas de que las mismas eran ‘nulas y carentes de eficacia jurídica de clase alguna’ las hicieron beneficiarías de fuertes sumas de dinero, las que en su día podrá determinar este Tribunal, luego de presentada la prueba a tales efectos y cuyas sumas de dinero obtuvieron para sí las codemanda-das con exclusión absoluta de los demandantes a quienes correspondía una participación igual a la que se alega en el hecho cuarto de la demanda y por un total de 42.50%. Alegan los demandantes que estos beneficiarios vienen obligados a restituir la suma indebidamente obtenida por ellos a los demandantes, así como sus intereses desde las fechas respectivas en que recibieron el dinero y hasta su total pago; y alegan asimismo que por estos conceptos causaron daños a los demandantes en una suma no menor de DOSCIENTOS MIL DÓLARES ($200,000.00).
      Vigesimoprimera: La ‘actitud de intransigencia del socio mayori-tario’, según la califica en su sentencia este Honorable Tribunal (Exhibit 1), su conducta dictatorial en el manejo de los asuntos de la Sociedad, el absoluto desprecio hacia los derechos legítimos de los aquí demandantes, ‘la operación real de la Central Rufina como entidad primariamente al servicio del socio gestor y su inmediata familia’, ‘el control a que el socio mayoritario ha mantenido sometido a los socios minoritarios’. — -‘situación que se ha mantenido por treinta años’, además de las graves pérdidas económicas causadas a los aquí demandantes, les ha ocasionado a éstos grandes frus-taciones [sic], inenarrables daños mentales y morales, les ha afectado permanentemente su salud física y emocional, habiendo sido en diversas ocasiones recluidos en hospitales para recibir doloroso tratamiento médico, todo ello debido a la conducta dolosa y crasamente negligente del deman-dado Mario Mercado Riera en el manejo ilegal de los asuntos de la Sociedad Mario Mercado e Hijos. Alegan los demandantes que las co-demandadas Eufemia Eileen y Adriana Luisa Mercado Parra, al grado que participaron con su padre Mario Mercado Riera de los beneficios que éste indebidamente les hizo como resultado de las operaciones de la Central Rufina son también responsables dé los daños que por este concepto se causó a los demandantes y adeudan a éstos las cantidades que indebida-mente tomaron para sí como resultado de estas operaciones, cantidad que determinará el Tribunal en su día luego de presentada la prueba. Se valo-ran por este concepto los daños y perjuicios sufridos por los demandantes en una suma no menor de quinientos mil dólares ($500,000.00) para cada uno de los tres demandantes.
      Vigesimosegunda: Se hace formar parte demandada en esta acción a la Sindicatura de Mario Mercado e Hijos en mérito de que muchas de las actuaciones de dicho Mario Mercado Riera fueron mientras actuaba como socio gestor de dicha Sociedad, pero entendiéndose que no se está haciendo alegación alguna contra los demás socios de la Sociedad Mario Mercado e Hijos y a los fines de que el Síndico de Mario Mercado e Hijos esté debida-mente notificado de esta acción y pueda el Tribunal dictar para su acata-miento las órdenes que correspondan para garantizar los derechos de los demandantes y la efectividad de la sentencia que en su día pueda dictar este Honorable Tribunal a favor de los demandantes.”

       “La calidad en que las partes lo fueron se refiere a su relación con los derechos y acciones que ejercitan, y así cabrá que renueve un litigio el que por derecho propio reclamó una cosa, si luego lo hace como manda-tario, cesionario o heredero de otra persona.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, Vol. II, págs. 243-244 (Quinta Edición, 1950). En el pleito de disolución, como en el presente, los demandados no ostentaban representación alguna, sino su propia persona y patrimonio.

       Véase el Art. 104 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, 32 L.P.R.A. see. 533, inciso 1, vigente cuando se inició la acción de disolu-ción en 9 de octubre de 1957. También son acumulables bajo la Regla 14 de las de Procedimiento Civil de 1958. Véanse, Moore, Federal Practice, Vol. IB, sec. 0.410, págs. 1151-1163, y Capó v. A. Hartman & Cía., 57 D.P.R. 196 (1940).