author: El Juez Asociado Señor Martin

text:
    Ramón Ruiz Firpo, por sí y representado por su tutor Francisco Ruiz, recurrente y peticionario, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, recurrida.

      Número: O-78-164

      Resuelto: 29 de junio de 1979

      Luis López Gómez, abogado del recurrente; Eliud Rodríguez Santana, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martin

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos conduce a determinar si la inutilidad funcional de un miembro del cuerpo equivale a su “pérdida” o “desmembramiento” para propósitos del Art. 4, inciso (2) de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, según enmendado, 9 L.P.R.A. sec. 2054(2).()

No existe controversia respecto a que el recurrente, Ramón Ruiz Firpo, sufrió una severa lesión cerebral en un accidente de tránsito ocurrido el 9 de septiembre de 1972. Como consecuencia de dicha lesión perdió el uso efectivo de las extremidades del lado izquierdo de su cuerpo. Así, aun sin sufrir daño anatómico directo, el brazo izquierdo y la pierna izquierda del recurrente han quedado tan débiles y tan pobremente coordinados, que han perdido su capacidad para realizar los actos normales del diario vivir.

El recurrente recibió de la recurrida, Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.), los servicios médicos y hospitalarios que son de rigor conforme a su condición física. Alegó, sin embargo, que merecía ser compensado por la pérdida de sus extremidades por entender que dicha compensación procede no sólo cuando ocurre la separación física del órgano afectado, si que también cuando éste resulta incapaz para llevar a cabo sus funciones normales. La compensación le fue negada por los distintos organismos de la A.C.A.A. por el fundamento de que la indemnización que establece el citado inciso (2) del Art. 4 de la Ley, tiene lugar exclusivamente cuando ha ocurrido la pérdida física del miembro. El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, dictó sentencia confirmando las determinaciones administrativas. No conforme el recurrente acude ante nos.

Dictamos resolución concediendo a la A.C.A.A. un plazo para que mostrara causa por la cual no debía compensarse al recurrente por la pérdida funcional de sus extremidades. La recurrida compareció oportunamente ofreciendo argumentos que nos han persuadido.

Es sana norma de hermenéutica estatutaria la que propone interpretar liberalmente los estatutos “reparadores”. Véase R.E. Bernier, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, México, D.F., 1963, pág. 278 et seq. Comoquiera que la ley que analizamos se aprobó con el propósito de corregir una situación especial,() debe ser interpretada de modo que se conduzca tanto como sea posible hacia el logro de su propósito. Ahora bien, es conveniente señalar que al interpretar las coberturas ofrecidas por seguros públicos, resalta con elevado relieve nuestra obligación de no extender por vía de interpretación las protecciones que se consagran en los mismos para que alcancen situaciones que no están contempladas en el esquema de operación del seguro. Vda. de Salazar v. Admor. Fondo del Estado, 76 D.P.R. 108, 120 (1954). Ello puede redundar en el deterioro de la solvencia del programa con el consiguiente perjuicio que ello implica.

Con este principio en mente debemos examinar el estatuto que orienta la controversia en el caso de autos.

Según queda dicho los beneficios concedidos en el inciso (2) del Art. 4 de la Ley se refieren a “desmembra-miento”. “Desmembrar” significa “dividir y apartar los miembros del cuerpo; separar, dividir una cosa de otra”. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 1970, p. 458.() De ahí que al especificar las partidas que habrán de concederse como compensación por desmem-bramiento el estatuto indica con precisión el lugar desde donde debe ocurrir tal separación o desmembramiento al expresar la “pérdida de ambos pies desde el tobillo', pérdida de ambos brazos sobre la muñeca”, etc. (Énfasis nuestro.)

La contención del recurrente tiene origen en la disposición que provee compensación por “pérdida de la vista por ambos ojos” sin que se requiera para que nazca el derecho a la derrama, que el solicitante haya sido privado del órgano visual en sí. Su argumento se desvanece con el pronuncia-miento contenido en el Informe sometido a la Cámara de Representantes de Puerto Rico por sus Comisiones de Gobierno, de lo Judicial y de Hacienda, en torno a la medida en cuestión, del cual extraemos la siguiente explicación:

“3. Beneficios por Desmembramiento. — El plan contempla además, beneficios a pagarse por concepto de ciertos tipos de incapacidad que resulten en desmembramiento de una o más extremidades o en pérdida de la visión por ambos ojos ”22 Diario de Sesiones, procedimientos y debates de la Asamblea Legislativa 1042 (1968). (Énfasis suplido.)

Es fácil concluir que en cuanto al daño a los ojos, sólo se requiere que resulte en pérdida de visión, no en pérdida de los mismos. Es sabido que la pérdida de visión puede ser ocasionada incluso por lesiones cerebrales. Por otro lado, el daño a las extremidades debe ser causado por desmembra-miento, por disposición expresa y clara de la Ley, a los fines de la aplicación del ya mencionado inciso (2) del Art. 4.()

No tenemos duda de que le asiste la razón a la aquí recurrida, Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, al sostener que es necesaria la separación entre el cuerpo y el miembro afectado, salvo en casos de pérdida de visión, para que proceda la compensación que concede el inciso (2) del Art. 4 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles.

A tenor con los fundamentos expuestos se expide el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia confirmando la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en 7 de abril de 1978.

      (1)Dicho artículo dispone:
      “(2) Beneficios por desmembramiento:

      Los siguientes beneficios por desmembramiento se pagarán por la Administración en caso de que ocurran las pérdidas indicadas:
      Pérdida de la vista por ambos ojos.$5,000
      Pérdida de ambos pies desde el tobillo .5,000
      Pérdida de ambos brazos sobre la muñeca.5,000
      Pérdida de un brazo y una pierna.5,000
      Pérdida de un brazo sobre la muñeca. 3,750
      Pérdida de una pierna sobre el tobillo .3,750
      Pérdida de una mano o un pie .2,500
      Pérdida total de la vista por un ojo .2,500
      Pérdida de por lo menos tres dedos de la mano o del pie.1,250
      En caso de que una persona sufra más de una de las pérdidas indicadas anteriormente, la cantidad máxima por todas las pérdidas será de $5,000.”

      (2)Ver Morales v. Lizarríbar, 100 D.P.R. 717, 719-720 (1972).

      (3)Las palabras de una ley, ordena el Art. 15 del Código Civil, “deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”. 31 L.P.R.A. sec. 15.

      (4)Es de rigor señalar además que en el inciso (3) del mismo Art. 4, 9 L.P.R.A. see. 2054 (3), se proveen las condiciones que han de concurrir para que proceda compensar lesiones corporales que incapaciten la víctima sin que se requiera para la aplicación de este inciso que la incapacidad resulte en desmembramiento o pérdida de algún miembro del cuerpo. La controversia en este caso, sin embargo, quedó limitada por estipulación de las partes a la determinación de si la pérdida funcional de un miembro del cuerpo equivale a desmembramiento según lo dispuesto por el Art. 4 (2) de la Ley Núm. 138, 9 L.P.R.A. see. 2054 (2).


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author: El Juez Asociado Señor Mart'in

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text:
    Ovidio Delgado Rivera, peticionario y recurrente, v. Roberto Iglesias Pérez [Alcalde de Carolina] et al., demandados y recurridos.
    Número: O-78-450

      Resuelto: 29 de junio de 1979

      IvánPagán Hernández, abogado del recurrente; Charles H. Dapena Roig, José Enrique Amadeo y Osvaldo A. Villanueva, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Mart'in

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos determinar qué efecto tuvo sobre el Art. 93 de la Ley Municipal() la aprobación de nuestra vigente Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico y la subsiguiente promulgación de su Reglamento,() para resolver la contro-versia que suscita este recurso.

El 30 de setiembre de 1977 el Alcalde de Carolina, Hon. Roberto Iglesias Pérez, le cursó comunicación al demandante Ovidio Delgado Rivera en la que le participaba que procedía a suspenderle de empleo y sueldo arguyendo como razón para su proceder la negligencia del demandante en el desempeño de sus labores. La carta constaba de varios párrafos en los que se hacía un recuento de los hechos que se le imputaban, expresando el último párrafo lo siguiente:

“Obviamente la forma en que usted ha descargado sus obli-gaciones dista mucho de lo que se espera de un funcionario público diligente en sus tareas, por lo que, procedo a suspenderle de empleo y sueldo inmediatamente y le comunico de su derecho a apelar de esta decisión conforme a la Ley #5 de de [sic] 14 de octubre de 1975, dentro de los próximos quince (15) días a partir de la fecha del recibo de esta notificación. De no apelar usted dentro de este término quedará permanentemente destituido del servicio público.”

El 10 de octubre de 1977, el demandante ignoró las instrucciones sobre apelación que le indicara el Alcalde y atendiendo al procedimiento ya descrito, que provee la Ley Municipal, apeló de la decisión de dicho Alcalde ante la Comisión de Querellas Municipales del Municipio de Carolina. Transcurría el tiempo y ante la inacción de la referida Comisión, el recurrente radicó en 19 de abril de 1978 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, petición de mandamus contra el Alcalde de Carolina y la Comisión de Querellas del municipio.

El Tribunal Superior desestimó el recurso entendiendo que la controversia correspondía en primera instancia a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, a tenor con las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, toda vez que a su juicio el procedimiento que establece la Ley Municipal en casos de destituciones quedó sustituido por el que se establece para los mismos casos en la Ley de Personal. Oportunamente, el peticionario ha acudido ante nos en recurso que tituló apelación y que hemos tomado como revisión.

Concedimos a las partes plazo para que nos ilustraran sobre el estado de vigencia del citado Art. 93 de la Ley Municipal y sobre la corrección y eficacia jurídica de las advertencias sobre el derecho de apelación héchasle al recu-rrente por el Alcalde en la carta de despido. Comparecieron ambas partes.

Al aprobar la Asamblea Legislativa la vigente Ley de Personal concentró sus esfuerzos en precisar una política pública de reafirmación del principio de mérito, haciéndolo extensivo a todos los sectores del empleo público. Sobre las bases que ofrece esa declaración de política pública se estableció en la Ley un sistema de personal “completo e integrado que incorpora los más modernos conceptos de la administración de personal.” Exposición de Motivos, Leyes de Puerto Rico 1975, Parte 2, pág. 801. Así pues, resultó elemento fundamental de la nueva legislación los conceptos de integración y de uniformidad, de suerte que los empleados públicos de una u otra entidad gubernamental vieran igualmente garantidos los derechos y prerrogativas que son corolario del principio de mérito, Sec. 2.1, 3 L.P.R.A. see. 1311.() Véase J. R. Feijoó, La nueva ley de personal: problemas en su implementación, 40 Rev. C. Abo. P.R. 257, 262 (1979).

Así, y con ánimo de que el principio de mérito pudiera aplicarse con la mayor efectividad, la Ley delegó funciones operacionales en las autoridades nominadoras que tendrán la responsabilidad de aplicar dicho principio conforme a reglas y normas que se establecerían centralizadamente. See. 4.2, 3 L.P.R.A. see. 1332. El organismo directivo general creado pasó a ser la Oficina Central del Sistema de Administración de Personal, responsable a tenor con el mandato de ley de prescribir las normas generales para la aplicación del prin-cipio de mérito, de asesorar a las agencias en la preparación de sus reglamentos, de aprobar luego los mismos y de evaluar la vigencia del principio de mérito en todo el servicio público. See. 3.3, 3 L.P.R.A. see. 1323. La Oficina Central tiene así ingerencia directa sobre un grupo de agencias que compren-den la Administración Central, que son mayormente las agencias comprendidas anteriormente en el Servicio por Oposición.

Por otro lado, para atender aquellas agencias comprendidas hasta entonces en el Servicio Exento o en el Servicio sin Oposición se creó el concepto de Administradores Individuales. Los Alcaldes participan de esta última calidad ya que fueron incluidos expresamente. See. 5.3 (2), según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1343(2). No obstante, surge de los informes de las Comisiones de Gobierno y de Derechos Civiles del Senado de Puerto Rico en sus recomendaciones para la aprobación del proyecto que se convertiría en la Ley de Personal: “a estas agencias les serán aplicables las reglas y normas generales que apruebe el Director de la Oficina Central para hacer valer el principio de mérito con respecto a las áreas esenciales de clasificación, reclutamiento, selección, ascensos, traslados, descensos, adiestramiento y retención.” Informe de las Comisiones de Gobierno y Derechos Civiles del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1428, pág. 28. Así lo dispuso la Ley en el inciso (1) de su See. 5.7:

“Los Administradores Individuales deberán adoptar para sí un reglamento con relación a las áreas esenciales al principio de mérito, el cual deberá estar en armonía con las disposiciones de las sees. 1331 a 1337 de este título.
El reglamento de cada uno de los Administradores Individuales deberá ser sometido para la aprobación de la Oficina. La Oficina podrá declarar nula cualquier regla sometida por un Adminis-trador Individual que sea contraria a las disposiciones de las sees. 1331 a 1337 de este título, o al Reglamento adoptado por la Oficina en relación con las áreas esenciales al- principio de mérito. . . .” 3 L.P.R.A. see. 1347(1).

El Municipio de Carolina no ha aprobado Reglamento alguno para incorporar las áreas del principio de mérito. Mas comoquiera que de aprobarse alguno, deberá guardar conformidad con la Ley de Personal y con el Reglamento que en su virtud promulgó la Oficina Central, entendemos que deben ser éstos los que, en sustitución del procedimiento provisto en la Ley Municipal, rijan la materia de autos, que como podemos advertir, se refiere al fundamental aspecto del mérito conocido como retención. Sec. 4.1, 3 L.P.R.A. see. 1332. Ver Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819 (1978).

El Reglamento de Personal dispone a esos efectos en su See. 9.2:

“En todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias cuya sanción pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo o la destitución de un empleado, la autoridad nominadora adoptará el siguiente procedimiento:
La autoridad nominadora hará una investigación dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos, y hará una determinación de si procede el tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida disciplinaria for-mulará al empleado cargos por escrito y se le notificará ad-virtiéndole de su derecho a una vista administrativa informal dentro del término de quince (15) días laborables a partir de la fecha del recibo de la notificación de la formulación de cargos. En la vista el empleado afectado tendrá derecho a presentar la prueba que estime necesaria. Luego de la vista, o de transcurrido el término de quince (15) días sin que el empleado haya solicitado la misma, la autoridad nominadora tomará la decisión que entienda conveniente. Si la decisión fuera destituir al empleado o suspenderlo de empleo y sueldo le advertirá al empleado de su derecho de apelación ante la Junta dentro del término de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación.
En aquellos casos de mal uso de fondos públicos o cuando haya motivos razonables de que existe un peligro real para la salud, vida o moral de los empleados o del pueblo en general, se podrá suspender de empleo y sueldo al empleado antes de la vista administrativa.” Oficina Central de Administración de Personal, Reglamento de Personal, see. 9.2, pág. 73, Hato Rey, 1976.

No surge claramente del récord si el señor Alcalde de Carolina satisfizo cumplidamente el procedimiento que como administrador individual debe cumplir de acuerdo con la Ley de Personal y su Reglamento para imponer una sanción disciplinaria. Sí surge con meridiana claridad que la notificación háchale al empleado sobre su derecho de apelación fue imprecisa y errónea. Ante tales circunstancias y reconociendo el estado indefinido He nuestro derecho al momento de suscitarse la controversia de autos, procede que se traslade el recurso a la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal para que proceda ésta a entender sobre los méritos de la apelación interpuesta por el aquí recurrente.

Por tales fundamentos se expide auto de revisión y se dictará sentencia revocando la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 9 de octubre de 1978 y ordenando proceder de conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre con el resultado.

      (1)Reza:
      “Habrá en cada municipio una Comisión compuesta de tres personas, nombradas por el Alcalde, con el consejo y consentimiento de la Asamblea Municipal, para ventilar querellas contra los funcionarios y empleados municipales, con excepción del Alcalde. Cada Comisión será nombrada por el mismo término por el cual hubiese sido electo el Alcalde y sus miembros desempeñarán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de los mismos, a menos que antes hubieren sido destituidos por el Alcalde, por justa causa. Los miembros de cada Comisión recibirán, en calidad de reembolso por gastos, una dieta de diez (10) dólares por cada día de vista o sesión a que asistan y de diez (10) centavos por kilómetro en viajes de ida y vuelta desde el sitio de su residencia hasta el sitio de la reunión y su regreso. La Comisión no podrá actuar a menos que esté constituida por un mínimo de dos de sus miembros, quienes podrán tomar decisiones. Los miembros de la Comisión no podrán ser funcionarios ni empleados municipales, ni podrán ser personas que tengan interés en contratos o convenios con el municipio, ni que tengan nexos familiares con el Alcalde, los asambleístas o los funcionarios municipales. Los funcionarios y empleados municipales podrán ser destituidos por el Alcalde, por justa causa, previa formulación de cargos y previa audiencia señalada con diez (10) días de anticipación. Dicha audiencia se celebrará ante la Comisión del municipio correspondiente y en la misma el funcionario o empleado afectado podrá defenderse de los cargos y estar representado por abogado. Cualquier funcionario o empleado podrá ser suspendido de empleo y sueldo por el Alcalde cuando éste le formule cargos. De la resolución de la Comisión podrá tanto el funcionario o empleado como la parte actora, dentro de los quince (15) días de haberse emitido y notificado dicha resolución, solicitar revisión judicial de la resolución para ante el Tribunal Superior, el cual podrá celebrar un juicio de novo, cuando no exista un récord adecuado de los procedimientos seguidos ante la Comisión.
      “No obstante, lo anterior, el Alcalde puede suspender de empleo y sueldo, como medida disciplinaria, a cualquier empleado por un período de tiempo que no exceda de treinta (30) días en cualquier período de doce (12) meses. En todo caso el Alcalde le comunicará por escrito al empleado afectado las causas de la acción tomada, y éste tendrá derecho de apelación dentro de un término de quince (15) días ante la Comisión para que dicho organismo confirme, modifique o revoque la determinación del Alcalde, previa audiencia celebrada al efecto conforme a lo dispuesto en la presente sección. En estos casos, la decisión de la Comisión será definitiva e inapelable.
      “El Secretario de Justicia o su representante autorizado podrá formular cargos por querellas presentadas por cualquier ciudadano particular o por el Contralor contra cualquier funcionario o empleado, a excepción del Alcalde, por cualesquiera de las faltas administrativas previstas en las sees. 1160, 1259, 1260 y 1621 de este título. Podrá, asimismo, apelar de la decisión de la Comisión, cuando no estuviere conforme con ésta, dentro de los quince (15) días de haberse emitido la misma, ante el Tribunal Superior, el cual revisará el caso a base del récord o, de no ser éste suficiente, podrá ver el caso de nuevo en su fondo. El Tribunal podrá confirmar, revocar o modificar la resolución de la Comisión de la cual se apela, y podrá, asimismo, exonerar o imponer las mismas sanciones que podría imponer la Comisión.
      “Cuando por cualquier razón no existiere la Comisión en algún municipio, o existiere cualquier impedimento para que la misma pueda desempeñar sus funciones y existieren cargos contra cualquier funcionario o empleado del municipio, el Gobernador podrá nombrar una Comisión, ad hoc, compuesta de tres miembros para ventilar dichos cargos.
      “Las querellas por las faltas administrativas previstas en las sees. 1160, 1259, 1260 y 1621 de este título no podrán ser formuladas una vez haya transcurrido un plazo de tres (3) años desde que se hubiere cometido la falta de que se trate.” 21 L.P.R.A. see. 1553.

      (2)La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, dispuso en su Sec. 10.7 que en lo referente a la estructuración de la ^Oficina de Personal la misma comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación, pero que las demás disposiciones entrarían en vigor una vez aprobada y promulgada la reglamentación necesaria para instrumentar la misma, lo que sucedió en 14 de octubre de 1976. Ver Leyes de Puerto Rico, 1975, parte 2, pág. 834 y Art. 19 del Reglamento de Personal.

      (3)Dicha Sec. 2.1, donde se manifiesta la política contenida en la Ley, dispone en parte:

        “(2) A fin de asegurar la extensión y el fortalecimiento del principio de mérito a todos los sectores del servicio público puertorriqueño, todos los empleados públicos, sean éstos empleados estatales, municipales, o de corporaciones públicas, estarán cubiertos por un solo sistema de personal, establecido para hacer cumplir el principio de mérito, el cual se conocerá como Sistema de Personal del Servicio Público.” (Énfasis nuestro.)


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Angel Ramírez Valentín, acusado y peticionario.

      Número: O-79-92

      Resuelto: 29 de junio de 1979

      Hermes Acevedo Lebrón, abogado del recurrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El derecho penal, así como la filosofía que lo anima, no ha sido estático en el tiempo. El estud io de la función represiva a través de la historia muestra que el derecho penal ha revestido diversos fundamentos en los distintos tiempos. Los historiadores de esta ciencia suelen afirmar que pueden señalarse cuatro períodos en su transformación: la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública y el período humanitario. E. Cuello Calón, Derecho Penal, México, D. F., 1961, Tomo I, pág. 54. Ahora bien, según fluyen en el tiempo los conceptos del derecho penal y surgen y desarróllanse nuevas ideas en la materia, se perfilan instituciones que guardan características de varias etapas de la evolución. Advertimos así a menudo cómo los caracteres de algunas figuras trascienden de la época de su gestación y se proyectan al futuro localizándose en alguna disposición del ordena-miento.

Nada seguro se sabe acerca del principio que inspiraba la penalidad en los tiempos más remotos; la justicia represiva de éstos apenas se deja entrever a través de las narraciones mitológicas de los antiguos poemas. Afirman los penalistas, sin embargo, que en los primeros grupos humanos, cuando el poder público no poseía aún el vigor necesario para im-ponerse a los particulares, la función penal revestía el aspecto de una venganza. La venganza dio origen a graves males — a sangrientas guerras privadas que produjeron el exterminio de numerosas familias. Alimena, Principii di diritto penale, Nápoles, 1910, Vol. 2, pág. 97, citado por Cuello Calón, op. cit, pág. 55.

Como los vengadores al ejercitar su derecho no reconocían limitación alguna y causaban al ofensor o a su familia todo el mal posible, para evitar las perniciosas consecuencias de una reacción ilimitada, atenuóse ésta por medio del talión, según el cual no podía devolverse al delincuente un mal mayor que el inferido por él a su víctima. Su fórmula fue “ojo por ojo, diente por diente.” Con el transcurso del tiempo apareció otra limitación de la venganza, la composición, mediante la cual el ofensor y su familia rescataban del ofendido y de los suyos,

mediante el pago de una cantidad, el derecho de venganza() Ver R. von Ihering, El Espíritu del Derecho Romano, (abreviatura), Buenos Aires, 1947, págs. 65 et. seq.

No obstante, cuando la historia marca la intervención definitiva del Estado en la actividad penal, para representar ya no solamente el interés particular del perjudicado si que también el interés social de armonía que el delito enerva, el principio de la composición pierde fuerza y efectividad, toda vez que la efectiva compensación de los daños al ofendido por el agresor, no priva al estado, como sabemos, de sus potencialidades punitivas.() Mas no ha sido absoluta la desaparición del principio de compensación del panorama jurídico penal. R. Maurach, Tratado de Derecho Penal (Deutsches Strafrecht), Barcelona, 1962, Vol. 1, págs. 46-47. Sostienen muchos estudiosos que hay ciertos delincuentes ocasionales que cometen pequeños delitos bajo circunstancias que denotan ausencia de peligrosidad en el actor, siendo en estos casos suficiente exigírseles reparación de los daños causados para que se extinga su responsabilidad. H. Silving, Criminal Justice, Buffalo, N.Y., 1971, Vol. I, pág. 120; citando a E. Ferri, Criminal Sociology, traducción al inglés de Kelly y Lisie, 1917, pág. 553. Son esos casos en los que por la naturaleza eminentemente privada del daño, el interés sancionador se satisface con la exclusiva compensación del mal causado.

En esta última posición se entronca nuestra Regla 246 de Procedimiento Criminal, que dispone:

“Solo podrán transigirse aquellos delitos menos graves (misdemeanors) en los que la persona perjudicada pudiere ejercer acción civil por los daños sufridos, pero aun tales delitos no podrán transigirse si se cometieren tumultuosamente, o con la intención de cometer un delito grave {felony) o por o contra un funcionario judicial o funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones.
En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudicada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseimiento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito.”

Atendiendo a estos principios veamos los hechos que dieron lugar a la controversia planteada en el recurso de autos.

El peticionario, Angel Ramírez Valentín, fue acusado del delito de homicidio involuntario por, según se reseña en el pliego acusatorio, causar la muerte de Providencia Grajales Vélez al manejar un vehículo de motor en estado de embria-guez, con negligencia y descuido. Demandado que fuera en daños y perjuicios por los herederos de la Sra. Grajales, transigió la acción por la suma líquida de $16,000. A base de dicha transacción e invocando la citada Regla 246 acudió ante la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior donde se ventilaba el caso de homicidio, solicitando que se archivara la causa previo pago de las costas. En resolución dictada en 12 de febrero de 1979, el Tribunal Superior se negó a acceder a la solicitud del peticionario, acudiendo éste ante nos en solicitud de certiorari. Dimos plazo al Procurador General para que expusiera su parecer respecto a la contención del peticionario y habiendo comparecido aquél, ha quedado la controversia debidamente argumentada y lista para solución. Veamos.

Es preciso consignar, en primer lugar, que la Regla 246 de Procedimiento Criminal no reconoce efectos definitivos a la transacción entre la parte perjudicada y el acusado de delito menos grave, para propósitos del archivo de la acusación penal. La regla confiere discreción al juez, que es quien conoce las circunstancias que han distinguido la acción delictiva de que se trata. Ese requisito, no es cosa baladí y denota en cambio, sabio criterio. El juzgador puede advertir circunstancias concurrentes con el delito que reflejen ele-mentos de perversidad, temeridad o conducta tan crasamente antisocial en el acto delictivo que deban ser corregidos a través de la operación del mecanismo penal. Y además, como señala Quintano Ripollés, las intervenciones judiciales tienen en estos casos el importante cometido de “prevenir transac-ciones inmorales . . . que a menudo revisten el carácter de verdaderos ‘chantages’.” A. Quintano Ripollés, Comentarios al Código Penal, Madrid, 1966, págs. 313 y 443.()

Sin embargo, no es preciso resolver en este caso si el juez de instancia ejerció correctamente su discreción, pues lo fundamental es recordar cuanto hemos sostenido desde Pueblo v. Collazo, 51 D.P.R. 451, 456 (1937), a Ios-efectos de que no todo delito menos grave es susceptible de ser transigido por razón de la previa compensación a la víctima. Ver Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838, 852-853 (1953). Aclaramos desde entonces que en los delitos donde no sólo se lesionan particulares intereses privados, sino que por el contrario se afectan fundamentales postulados sociales y comunitarios el procedimiento criminal es insoslayable. Correctamente determinó el tribunal sentenciador que el homicidio involuntario es uno de esos delitos donde el agravio a la sociedad, que se ve privada de uno de sus miembros, posterga cualquier interés meramente privativo de la familia del interfecto.() La preservación de la vida humana, sana y sosegada, es quizás el objetivo mismo de la colectividad.() Cuando la negligencia, descuido, o temeridad redundan en el insensato final de una vida, grave daño se causa a la sociedad que no se enjuga con el resarcimiento pecuniario de los causahabientes del que ha muerto.()

Más aún, tratándose como se trata de la protección de la vida misma de los ciudadanos, no podemos inducir a que aquél que cuenta con recursos económicos suficientes para resarcir la más exigente reclamación pecuniaria, pueda dar rienda suelta a su desidia, inmune por su poder económico al completo rigor de la Ley.()

Se expide el auto solicitado y a tenor con la Regla 50 de este Tribunal se dictará sentencia confirmando la resolución recurrida y devolviendo el caso al Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, para la continuación de los procedimientos. Se hará constar que nada de lo aquí expuesto debe tenerse como adjudicativo de los méritos de la acusación que se procesa contra el aquí peticionario.

Los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Díaz Cruz concurren con el resultado.

      (1) No se confunda este concepto con la llamada “teoría del resarcimiento” que legitima la imposición de la pena sosteniendo que el culpable, merced a la expiación de la pena, debe resarcir los daños morales o ideales (mal ejemplo, desprecio a las leyes, etc.) que ha ocasionado con su acto punible. L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, 1950, Tomo II, pág. 45.

      (2)La diferencia entre la pena y la reparación de los daños del delito.apenas existió en el antiguo derecho; en el germánico especialmente, en muchos casos no era posible distinguir claramente qué se paga en concepto de pena y qué en concepto de reparación del daño. Por el contrario, el derecho moderno ha diferenciado claramente las consecuencias penales del delito (penas y medidas de seguridad) de sus consecuen-cias civiles (reparaciones e indemnizaciones).

      (3)La transacción judicialmente aprobada es circunstancia que sobreviene la comisión del delito y anula o extingue la acción penal. En España no existe esta causa de extinción de responsabilidad. Sí se tutela como tal el perdón del ofendido en aquellos delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado. Ver Cuello Calón, Derecho Penal, 9na. ed., México, D.F., 1961, Tomo 1, pág. 626 et seq.

      (4)Es evidente también, que en delitos de la envergadura del homicidio probable-mente resulten agraviados o perjudicados moral o materialmente innumerables sujetos que no necesariamente serán los familiares de la víctima. Ver J. Sáez Jiménez, Enjuiciamiento Criminal, Madrid, 1962, págs. 96-97.

      (5)Sobre los problemas criminales que a la sociedad moderna le plantea el automovilismo, consúltense L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, 1956, Tomo V. pág. 966 etseq., y Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113(1966).

      (6)Similarmente se ha interpretado en California la See. 1377 de su Código Penal de donde procede nuestra Regla 246. People v. O’Rear, 34 Cal. Reptr. 61, 64 (1963). Ver Childs v. State, 165 S.E.2d 577, 579-580 (1968); State v. Garoutte, 388 P.2d 809, 812 (1964); Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-1591 (Supp. 1973), según enmendado, Ch. 58 § 11, [1969] Ariz. Laws 131. Ver además Compounding Crimes: Time For Enforcement! 27 Hastings L.J. 191-192 (1975).

      (7)Véase H. Reed Searle, An Argument For the Public Defender System, 5 Santa Clara Law, 48, 54 (1964).


text:
    Luis Antonio Vázquez Negrón, por sí y en representación de su esposa Yolanda Ortiz Cartagena y de sus hijos menores; Luis Antonio y Juan Luis, éstos de apellidos Vázquez Ortiz, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. El Departamento de Salud del E.L.A. de P.R., Administración del Fondo de Compensación al Paciente; Dr. Alfonso Serrano Vázquez, etc., et al., demandados y recurridos.

      Número: R-78-85

      Resuelto: 29 de junio de 1979

      Samuel Gracia Gracia, abogado de los recurrentes; Dubón González & Berrios y Gilberto Gierbolini, Hijo, abogados del Dr. Alfonso Serrano Vázquez; Roberto Armstrong, Hijo, Procurador General Interino, y Federico Cedo Alzamora, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión planteada en este caso es si un médico que trabaja para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Hospital Subregional de Caguas en donde rendía una tarea regular como ginecólogo y obstetra mediante com-pensación anual de $19,260 está exento de ser demandado por daños ocasionados por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus deberes y funciones profesionales médicas como empleado del Estado, por razón de que ejercía además la práctica privada de la que derivaba salarios ascendentes a $16,000 anuales de un centro obstétrico ginecológico y en adición prestaba servicios médicos en un hospital privado.

La alegada culpa o negligencia del referido médico ocurre en las siguientes circunstancias. Allá para el 25 de enero de 1977, el demandado Dr. Alfonso Serrano Vázquez le practicó a la codemandante Yolanda Ortiz Cartagena una laparoscopía diagnóstica bajo anestesia general. Los demandantes, que resultan ser el esposo, los hijos menores, los padres y los hermanos de la paciente, alegan que como resultado de la negligencia, descuido, falta de circunspección e impericia del Dr. Serrano al llevar a cabo dicha intervención quirúrgica, la paciente Yolanda Ortiz Cartagena sufrió una hipoxia encefalopática() que le causó daños permanentes en el cerebro, daños que la mantienen en estado cuasi vegetal. A base de sus alegaciones los demandantes han entablado la presente reclamación de compensación por los daños y perjuicios sufridos, dirigida, entre otros, contra el Dr. Serrano Vázquez y contra la compañía de seguros que cubre su responsabilidad profesional.

El Dr. Serrano solicitó sentencia sumaria parcial, en la que sostiene que el daño alegado surgió mientras actuaba en el cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado de carácter regular del Hospital Subregional de Caguas, y por tanto no puede ser incluido como parte demandada en una reclamación de daños y perjuicios por así disponerlo el Art. 41.080 de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976,26 L.P.R.A. sees. 4101, 4108. Los demandantes, así como el Estado Libre Asociado, oportunamente se opusieron a dicha moción. No obstante, la sentencia sumaria solicitada por el Dr. Serrano fue declarada con lugar en 6 de febrero de 1978. Al así proceder, la ilustrada sala de instancia incidió.

Veamos el trasfondo legal del problema. En 1976 la Asamblea Legislativa tuvo que enfrentarse “al problema de encarecimiento, escasez y pérdida” del seguro de responsa-bilidad profesional para médicos e instituciones hospitalarias, y por tanto a los “aumentos en los costos de los servicios de salud y serias limitaciones al ejercicio cabal y pleno de la medicina”, lo que tenía consecuencias adversas “para la salud, el bienestar y la estabilidad del pueblo en general.” Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978 (refiriéndose a la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976).

La situación había comenzado a deteriorarse desde el 1974. En marzo de 1975 alcanzó un punto crítico cuando la compañía que aseguraba el 52% del total de médicos asegurados canceló masivamente sus pólizas. Memorando explicativo del Comisionado de Seguros de Puerto Rico en relación con el P. del S. 1788. En 30 de mayo de 1976 se aprobó la Ley Núm. 74 que creó un elaborado esquema reglamentando el seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria. 26 L.P.R. A. see. 4101 et seq.

En 1978 el legislador advirtió que la situación que se intentó controlar dos años antes mediante la Ley Núm. 74 de 1976 se tornó aún más crítica, pues solamente dos compañías de seguros estaban vendiendo pólizas de responsabilidad profesional. Las primas habían continuado en aumento y las condiciones bajo las que se expedían las pólizas ofrecían poca protección a los profesionales y hospitales. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978, supra.{ )

Toda vez que los hechos objeto del caso de autos ocurrieron durante la vigencia de la Ley Núm. 74 de 1976 le daremos más énfasis a dicha pieza legislativa, pero a los fines de que los planteamientos puedan considerarse en su justa perspectiva señalaremos las diferencias más relevantes y aquí pertinentes, que surgen de las modificaciones habidas posteriormente mediante la Ley Núm. 55 de 1978, supra.

Debemos recordar a este punto que en el análisis estatutario la tarea fundamental es buscar la intención del legislador. Lo importante es lo que él ha querido decir independientemente de la forma que haya escogido para decirlo. Municipio v. Fernós, Com., 63 D.P.R. 978, 983 (1944). Según dijimos en Sucn. Giusti v. Tribl. Contribuciones, 70 D.P.R. 117, 136 (1949), “las ideas son prisioneras del lenguaje que las expone.”

La Ley Núm. 74 de 1976 requería que “todo profesional en el cuidado de salud y/o institución para el cuidado de salud [radicara] ante la Administración [del Fondo de Compensación al Paciente] prueba de su responsabilidad financiera” por ciertas sumas allí indicadas. Art. 41.080, 26 L.P.R.A. see. 4108. Eximía de dicha obligación a “aquellos profesionales en el cuidado de salud que exclusivamente prestan sus servicios para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios y aquellas instituciones para el cuidado de salud que pertenezcan al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.” (Énfasis suplido.) Id. En adición, protegía a dichos profesionales que trabajaran exclusivamente para el Estado, etc., de ser demandados por “daños por culpa o negligencia que [causaran] en el desempeño de su profesión mientras [actuaran] en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado[s] del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.” Id.

La enmienda de 1978 al citado Art. 41.080 excluyó de la obligación de someter prueba de responsabilidad financiera, entre otros, a aquellos profesionales “.,. que exclusivamente trabajan para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios y que no ejercen privadamente su profesión ” Ley Núm. 55 de 1978, supra. Extendió además la exclusión como demandado por culpa o negligencia en el desempeño de su profesión “. . . mientras dicho profesional en el cuidado de salud actúa en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado....”

En otras palabras, el Art. 41.080 desde 1978 dispensa a los profesionales médicos que exclusivamente prestan sus servicios al Estado, etc., de cumplir con la obligación de presentar prueba de responsabilidad financiera, y a la vez dispensa a los médicos de ser demandados por culpa o negligencia si al surgir el accidente actuaban en el desempeño de su profesión como funcionarios o empleados del Estado, sin más cualificaciones.

La realidad, sin embargo, es que en 1976 el Art. 41.080 extendía la protección contra demandas sólo al profesional que trabajara “exclusivamente” para el Estado Libre Asociado o sus dependencias.

El término “exclusivamente” quiere decir “con exclusión; sola, únicamente.” Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1970, pág. 595.() Así lo interpretamos en Cámara de Comercio v. Tribl. de Contribuciones, 67 D.P.R. 427,430-431 (1947), obedeciendo al mandato del Código Civil según dispone que “las palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual significación....” 31 L.P.R.A. sec. 15. Ver Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854, 857 (1917). Mas, no obstante, en Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 D.P.R. 137, 147 (1967), al analizar un estatuto de seguridad de empleo, identificamos un claro lenguaje estatutario, un preciso historial legislativo, y varios precedentes persuasivos que nos condujeron a adoptar otra interpretación para el adverbio “exclusivamente”. La Ley que allí interpretábamos— Ley de Seguridad de Empleo — disponía expresamente que sus disposiciones serían “liberalmente interpretadas para cumplir su propósito de promover la seguridad de empleos....” Por eso resolvimos que en el contexto de una de sus secciones la voz “exclusivamente” quería decir "principalmente, en gran medida.” Ninguna de estas circunstancias concurren en el caso de autos. Nada surge del texto de la Ley, ni de su limitado historial ante la Asamblea Legislativa, ni de los informes que forman su expediente en el Departamento de Estado, que sugiera que debamos dar una interpretación amplia y abarcadora a la exclusión que contiene el segundo párrafo de su Art. 41.080, supra. Especialmente en circunstancias en que está presente una condición limitativa al derecho de las personas a solicitar reparación. Tal limitación debe interpretarse restrictivamente. Véase Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968).

En vista de lo expuesto concluimos que el médico demandado al ejercer la práctica privada a la vez que prestaba sus servicios para el Estado, durante la vigencia de la Ley Núm. 74 de 1976 podía ser incluido como parte demandada en circunstancias como las que presenta este caso. Así, sólo nos resta, para concluir, disponer de sendos planteamientos constitucionales que hacen las partes.

Los demandantes sostienen que según la interpretación que le dio el tribunal sentenciador al citado Art. 41.080, sus derechos constitucionales al debido procedimiento de ley y a la igual protección de las leyes se ven lacerados, por cuanto su resarcimiento de daños no podría ser pleno y tendría que someterse forzosamente a las limitaciones de la Ley de Pleitos contra el Estado. Advertidos, sin embargo, de la correcta interpretación del Art. 41.080 y considerando que el médico demandado no es acreedor a la protección del referido artículo, es innecesario y nos abstenemos por tanto de abordar el señalamiento. Ver, sin embargo, Wright v. Central du Page Hospital Association, 347 N.E.2d 736 (Ill., 1976); Jones v. State Board of Medicine, 555 P.2d 399 (Idaho, 1976).

Por otro lado, el médico demandado sostiene que el Art. 41.080, visto en su correcta perspectiva es inconstitucional ya que viola su derecho a la igual protección de las leyes en cuanto protege exclusivamente a los médicos que sólo laboran con el Estado. El planteamiento es inmeritorio. No se trata aquí de una clasificación de las llamadas sospechosas que requieren un escrutinio particularmente acucioso para determinar su procedencia. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276 in fine et seq. (1975); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972). En cambio, resulta evidente que merecen mayor protección aquellos médicos cuyos ingresos se circunscriben al sueldo con que puede compensarlos el tesoro público. L. A. Tribe, American Constitutional Law, Mineola, N.Y., 1978, sec. 16.4. Se trata, pues, de una clasificación razonable que obedece al principalísimo propósito estatal de enfrentarse a los serios problemas que ponen en riesgo la salud pública. Ver Legislative Purpose, Rationality and Equal Protection, 82 Yale L.J., 123 et seq. (1972).

Se dictará sentencia revocando la sentencia sumaria parcial dictada por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 6 de febrero de 1978 y ordenando se continúen los procedimientos en forma consistente con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)La hipoxia encefalopática es condición que describe la falta de oxígeno en los tejidos del cerebro.

      (2)Conveniente es señalar que el problema que representa la escasez de seguros de responsabilidad profesional médica, no es exclusivo de nuestro país. En los Estados Unidos, por ejemplo, el problema ha sido motivo de grave preocupación en los últimos años. R. E. Keeton, Compensation for Medical Accidents, 121 U. Pa. L. Rev. 590, 595 (1973). Prontamente reaccionaron las legislaturas estatales y para el 1ro de enero de 1977 ya cuarentiún estados había adoptado legislación o enmendado la existente con ánimo de solucionar el problema. W. E. Knepper, Review of 1976 Tort Trends, 26 Def. L.J. 1 (1977).

      (3)Regularmente, recurrimos al diccionario como fuente confiable para de-terminar el significado de una palabra, presumiendo que el legislador lo conoce. Cooperativa Cafeteros v. La Capital, 82 D.P.R. 51, 62-63 (1961). Ahora bien, si del trasfondo e historial legislativo del lenguaje que se interpreta surge que el legislador pretendió usar determinada palabra o frase queriendo describir algo distinto de lo que apunta el diccionario, debe prevalecer ese sentido distinto. Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 359-360 (1961); Sierra, Com. v. San Miguel Fertilizer Corp., 73 D.P.R. 341, 346 (1952).


author: El Juez Asociado Señor Martín del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Roberto Román & Cía., Inc., demandante y recurrida, v. José Negrón Crespo, Inc., The Commonwealth Insurance Company, Companía de Fomento Industrial de Puerto Rico, demandados y recurrente la última.

      Número: R-78-32

      Resuelto: 16 de julio de 1979

      Géigel, Silva, Soler Favale & Arroyo y Medrich Torres Ramos, abogados de la recurrente Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico; María Luisa Colón Guerra, abogada del Comisionado de Seguros de Puerto Rico en su carácter de Administrador-Liquidador de The Commonwealth Insurance Company; Juan Lorenzo Rodríguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico encargó a José Negrón Crespo, Inc. (en adelante “la contra-tista”) la construcción de la Urbanización Industrial núm. L 35-072 en el Barrio Santana de Arecibo, Puerto Rico, por cantidad ajustada alzadamente de $3,398,000, afianzando Commonwealth Insurance Company la ejecución y pago del 100% de la obra. La contratista pactó a su vez con Roberto Román & Cía., Inc. (en adelante “la demandante”) la realización de ciertas labores en el proyecto en cuestión referentes a la limpieza del terreno y su subsiguiente relleno y preparación, adeudándosele por tal concepto la suma de $138,239.35, razón por la cual entabló ésta, en 19 de diciembre de 1977, reclamación contra la contratista, la comitente y la fiadora.

A tenor con el contrato que celebraron la Compañía de Fomento y la contratista, aquélla podría retener a modo de garantía del fiel cumplimiento del contrato el 10% de los pagos que le fuera haciendo a la contratista según progresara el proyecto. Al momento de la interposición de la demanda las sumas retenidas ascendían a $295,489.92 aumentando a $337,315.49 para la fecha del juicio.

La demandante sostiene, sin embargo, que a pesar de que por disposición contractual dichos fondos se han retenido por la Compañía de Fomento para enjugar cualquier daño que ésta sufra por cualquier incumplimiento de la corporación contratista en la realización de la obra, puede la demandante hacer caso omiso del propósito de la retención y por virtud del Art. 1489 del Código Civil, hacer efectiva su acreencia contra dicha Compañía de Fomento con independencia de las resultas de la obra. Así lo entendió también el tribunal sentenciador, acudiendo la Compañía de Fomento en revisión ante nos. Expedimos el auto para revisar.

Ante estos hechos debemos definir con la exactitud que sea posible, cuál es el contenido normativo del Art. 1489 del Código Civil para asegurarnos al aplicarlo, de no conceder garantías o privilegios distintos de los que de él se nutren. Es de rigor, pues, acudir a la ingente ayuda que ofrecen el historial de la norma, las sabias interpretaciones que de ella hace la científica doctrina y las útiles directrices juris-prudenciales.

r — H i — i

El Art. 1489 de nuestro Código Civil, similar al 1597 del Código Civil español dispone:

“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.” 31 L.P.R.A. see. 4130.

El transcrito precepto procede del Código Civil francés() y aparece por primera vez en el derecho hispánico en el Proyecto de García Goyena de 1851. En el Art. 1798 del Código Civil francés, se le dio amparo exclusivamente a la mano de obra y al trabajo del obrero. La jurisprudencia y la glosa francesa, reaccionaron denunciando la parquedad del principio que dejaba desprovistos de protección a los pro-veedores de materiales. El movimiento codificador español recogió la bien fundada crítica que se hiciera en Francia y ya el citado Proyecto de 1851 extendía la protección del precepto a los materialistas. Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, 1951, Tomo XXIV, pág. 158.

Buscando fundamento en su historial hubo de suscitarse controversia doctrinal sobre la naturaleza jurídica del artículo, sosteniendo cierto sector que se trataba de una modalidad de la acción subrogatoria que asiste a todo acreedor por mor del Art. lili del Código Civil español equivalente a nuestro 1064.() De manera dominante, sin embargo, se concibe hoy el precepto que nos ocupa como una verdadera acción directa propia de los materialistas y obreros. Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452, 456 (1969); J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., Madrid, 1977, Tomo 4to, págs. 493-494; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, Común y Foral, Barcelona, 1977 Tomo II, pág. 457. Como señala Muñoz, “el artículo [1489] modifica el principio establecido en el artículo [1064] y concede a los obreros y proveedores de materiales una acción directa contra el dueño de la obra_” L. Muñoz, Comentarios a los Códigos Civiles de España e Hispanoamérica, México, D.F., 1953, pág. 833.

Esta acción directa resulta como excepción al principio general de relatividad eficiente de los contratos que postula que éstos tienen efecto solamente entre los otorgantes y sus causahabientes. Sus consecuencias representan un privilegio para suplidores y obreros. En primer lugar, quedan liberados de la forzosa excusión en los bienes del deudor principal que requiere el Código como paso anterior a la acción subrogatoria. Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 455. Más aún, la acción directa tiene el efecto, que mucho beneficia al materialista y al obrero, de acotar sus reclamaciones frente al comitente dentro del ámbito exclusivo de la relación contractual que dio margen a su acreencia. Así, sus caracteres son los de ser una verdadera medida de ejecución y medio de pago al acreedor, otorgar un derecho de preferencia a los acreedores favorecidos, y la inoponibilidad de excepciones que no surjan del propio acercamiento jurídico de donde surgió inicialmente el crédito que se ejercita. J. Santos Briz, El Contrato de Ejecución de Obra y su Problemática Jurídica, 56 Revista de Derecho Privado 379, 408 n. 61 (1972). A tales efectos, por ejemplo, el comitente no puede invocar frente a la reclamación del materialista la compensación a que tenga derecho como consecuencia de créditos que, producto de relaciones extrañas al contrato de empresa, ostenta contra el contratista. Scaevola, op. cit., pág. 164. Tampoco puede oponer el pago cuando éste se ha efectuado desatendiendo las prescripciones contractuales. C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 826 (1968).

No obstante, es de lapidaria importancia tener presente que la acción concedida por el Art. 1489 “no supone modificación de la situación sustantiva previa que rigiera las relaciones entre comitente y contratista y entre éste y los actores, [ni] su ejercicio lleva aparejado la creación de una nueva relación sustantiva comitente-accionante.” R. de A. Yagüez, Los Créditos Derivados del Contrato de Obra, Madrid, 1969, pág. 83. Válidos argumentos puede esgrimir el comitente en el proceso que conduzcan a establecer el verdadero monto del crédito de que debe responder ya que “la cuantía o existencia del mismo no puede fijarse únicamente por confesión judicial del contratista, pues sólo contra su autor puede esgrimirse lo confesado.” S. del T.S. de España de 29 de junio de 1936.

Este proceso dirigido a precisar el quantum a que tendrá derecho el reclamante es bien resumido por Yagüez en la pág. 96 de su obra:

“Dentro del procedimiento probatorio de esas existencia y cuantía del crédito del contratista contra el comitente, hay que precisar que puesto que este último no puede verse obligado a pagar más de lo que debiera pagar al contratista, lo que realmente deberá determinarse en el proceso será la cuantía ‘real’ del mismo crédito. Decimos ‘real’ porque estimamos que el crédito, que documental-mente puede estar fijado en una cierta cantidad, puede verse alterado, como lo sería en el supuesto de una reclamación por parte del contratista afectada por aumentos o disminuciones procedentes:
a) De un aumento o disminución de la obra proyectada y su correspondiente presupuesto.
b) De la responsabilidad contractual del contratista, que deberá suponer una disminución del crédito que contra el comitente posee, en el supuesto de defectuosa o incompleta ejecución de la obra a él encomendada. Esta responsabilidad deberá ser fijada en el mismo proceso entablado en virtud del artículo 1.597, judicialmente, o como aplicación de una posible y frecuente cláusula penal introducida en el contrato de ejecución de obra que dio origen al crédito del contratista.” (Énfasis suplido.)

Y Muscius Scaevola, con la claridad que le distingue, abunda diciendo:

“Ordinariamente ya lo hemos dicho, en los contratos de construcción de edificios o de decorado de los mismos, o en los de encargo de maquinaria, etc., suelen establecerse cláusulas para garantizar la calidad de los materiales o la sujeción estricta a los planos (una forma determinada) o la estabilidad de la construcción durante mayor tiempo del legal (porque condiciones quitan leyes), o la entrega de la obra en día predeterminado. En estas cláusulas, o bien se reserva el pago del todo o de alguna parte del precio hasta la recepción definitiva de la obra, o se impone por vía de penalidad una multa de un tanto por cada día que se difiera la entrega del edificio o cosa. ¿Afectarán estos aplazamientos o decrecimientos del precio al derecho de los operarios o suministrantes? En nuestro sentir, sin discusión. La clave de la acción del empresario, lo mismo que la de la facultad excepcional de trabajadores y materialistas a reclamar directamente del dueño, es el contrato de obra; esta es la ley fundamental de la relación entre ellos establecida y desenvuelta. Lo que por el susodicho contrato, o por sus novaciones, o por las mejoras extras, adeude el dueño al empresario con calidad de líquido y vencido, es decir, exigible, sobre eso y no sobre otra cosa podrá versar la petición. El privilegio, si así queremos llamarle, carece de dinamismo para agravar las obligaciones del dueño. Si la obra es repelida por no reunir las condiciones estipuladas, al no nacer la obligación de pago, nada deberá el dueño al contratista, y nada tampoco a los que cooperaron a su ejecución con su trabajo y materiales, por contratos directos con el segundo. Si el precio o parte de él quedó diferido hasta el transcurso de cierto tiempo, como garantía de estabilidad de la construcción, o por otros aplazamientos pactados de mutua conveniencia en la economía de ambas partes contratantes, la acción de asalariados y proveedores no será eficaz hasta que el crédito contra el dueño sea exigible. Si el precio a efectivizar resultase menguado por la exacción de las multas convenidas, no habrá de inferirse de esto que la sanción penal recae sobre los que no contrataron con el dueño, ni pudieron incurrir en ellas: mas sí se inferirá que la responsabilidad del dueño (deuda) quedó disminuida, y que con la misma cuerda y la misma abertura de compás se mide la obligación del dueño y el derecho de los beneficiados por el artículo que comentamos.” Q. M. Scaevola, op. cit., págs. 165-166.

Felipe Clemente de Diego, por su parte, al enfrentarse a situación similar a la de autos, concluye en su Dictamen Núm. 28() de la siguiente manera:

“. . . lo que deba y desde cuando lo deba el dueño de la obra al contratista, se ha de decidir por el contrato mismo de obra, ya en cuanto al precio, ya en cuanto a la fianza y fondo de garantía, sin olvidar que éstos, tanto la fianza como el fondo, son garantías afectadas preferentemente a determinadas responsabilidades, que no estando cubiertas no pueden ser invertidas en otras atenciones. En rigor, fueron sustraídas del patrimonio del deudor (contratista), como antes hemos dicho, para responder de determinadas obliga-ciones y no otras; cubiertas aquéllas, ya el sobrante reingresará en el patrimonio del deudor y podrá ser captado por los restantes acreedores.” F. Clemente de Diego, Dictámenes Jurídicos, Barcelona, 1958, Tomo II, págs. 504-505.

Este Tribunal se hizo eco de esa general posición de los comentaristas y, recientemente, en Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. Builders, Inc., 98 D.P.R. 734, 741 (1970), citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de junio de 1928, expresamos:

“... el suplidor no adquiere ante el dueño de la obra más derechos que los que tenía el contratista, de manera que la cantidad adeudada está sujeta necesariamente a liquidación por razón de reajustes o posibles reclamaciones recíprocas que surjan en relación con la obra contratada entre el contratista empresario y el dueño de la misma. Sin embargo, tales reajustes no incluyen la variación del precio del contrato de construcción por convenio privado entre el contratista y el dueño de la obra en perjuicio de los que suministran materiales.”

I — I I — < I — i

Como vemos, la doctrina científica y la jurisprudencia sostienen una posición uniforme respecto a la naturaleza jurídica del citado Art. 1489 del Código Civil que es contraria a la interpretación hecha por la sala de instancia. El legislador estableció en él un fino balance del triangular conflicto de intereses que a menudo se suscita en el contrato de empresa. Concedió al materialista y al obrero el beneficio de una acción directa contra el principal con las ventajas que, tal como hemos reseñado, esa acción conlleva. Mas no llegó a establecer a través del citado precepto una alteración de la naturaleza de la obligación principal, para imponerle al dueño, en quien no necesariamente radica el poder económico, la obligación de aceptar indefenso el perjuicio que acarrea una obra ruinosa o tardía, tornando inoficiosas las garantías que en previsión de ese daño se pactaron en el contrato.

Una solución contraria no sería sino la alteración de ese balance por fíat judicial sin que nos corresponda a nosotros esa tarea. Aplicaríamos una norma distinta de la que “quieta y abstractamente vive en los cuerpos legales.” E. Ruiz Vadillo, La interpretación de las normas jurídicas en el nuevo título preliminar del Código civil español, 4 Documentación Jurídica 1207 et seq. (1974).

Más aún, el hecho de la retención por el comitente puede representar garantía adicional para materialistas y obreros que cuentan con una suma que se mantendrá al margen de la suerte que pueda correr el patrimonio del contratista y permanecerá segura en manos del comitente sólo sujeta a la efectiva realización de la obra.

> I — (

Mas no podemos con lo dicho hasta ahora disponer del recurso.

Surge de los autos que la demanda que interpusiera Roberto Román & Cía., Inc., contra la Compañía de Fomento se presentó en 19 de diciembre de 1975, () contestando ésta en 13 de enero de 1976. En 6 de febrero de 1976, la codemandada Commonwealth Insurance Company se hizo cargo de la obra que fuera abandonada por José Negrón Crespo, Inc., y estando laborando en la misma recibió de la Compañía de Fomento el pago de $351,197.21 ya trabada la controversia de autos. Esta particular circunstancia nos obliga a examinar la doctrina que establecimos en Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 (1969), para determinar si la Compañía de Fomento puede oponer válidamente a la demandante ese pago que hiciera a Commonwealth Insurance.

En Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, dijimos:

“Este carácter directo de la acción produce el importantísimo efecto de sustraer el importe de lo reclamado por el obrero o materialista de las reclamaciones de otros acreedores del contratista, pues desde el instante en que se hace la reclamación al dueño, éste se convierte en deudor de los obreros y materialistas del empresario. Scaevola, op. cit., a la pág. 138, dice al resumir la jurisprudencia francesa sobre el particular ‘. .. desde que el dueño es demandado por los obreros, se convierte en deudor de éstos, dejando de serlo del empresario, hasta el punto de que los acreedores particulares de éste no podrán concurrir con los operarios en la suma debida por el dueño’, y equipara la posición del materialista a la de un edificante de buena fe en los casos de accesión. Al considerar el caso de quiebra o concurso del contratista, otro tanto señala Manresa, op. cit., pág. 935, al decir que ‘Si antes del tal declaración los que pusieron su trabajo o materiales en la obra habían demandado ya al dueño, este crédito no irá a la masa, porque desde el momento de la demanda se debe estimar que el dueño a quien debe es a sus demandantes y no al contratista’.” Pág. 456.

Como vemos, la presentación de la demanda y su subsiguiente notificación al principal, tiene el efecto de convertir al materialista accionante en acreedor directo del principal con prelación al propio contratista.

Commonwealth Insurance como sucesora que fuera de José Negrón Crespo, Inc., por virtud del contrato de fianza que se otorgara, no tiene más derechos frente a las partes que los que tenía su fiada. Tampoco tenía la Compañía de Fomento más obligación para con ella que la que tenía frente a José Negrón Crespo, Inc. Así pues, el pago que se hiciera a Commonwealth Insurance Co., en perjuicio de la reclamación ya interpuesta por el materialista, y con fondos no sujetos contractualmente a contingencia alguna, no puede oponérsele a éste para enervar sus derechos.

Por esos fundamentos, la sentencia del Tribunal Superior que ordenó a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico a satisfacer a la demandante la cantidad de $138,239, intereses, costas y $500 por concepto de honorarios de abogado, deberá confirmarse, imponiéndosele además a la recurrente el pago de las costas de la revisión.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente, concurrente en el resultado, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila.

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Opinión disidente, concurrente en el resultado,

del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 1979

La Compañía de Fomento Industrial contrató a José Negrón Crespo, Inc., para la construcción de la Urbanización Industrial Santana, en Arecibo, por precio alzado de $3,398,000.00 y como requisito de la comitente el contratista obtuvo de la Commonwealth Insurance Company una fianza de ejecución y pago garantizando en un 100% la realización de la obra. José Negrón Crespo, Inc., a su vez subcontrató con la demandante recurrida Roberto Román & Cía., Inc., la parte del desarrollo consistente en limpieza de la finca de 101 cuerdas, amontonamiento de la capa vegetal, corte para relleno de 94,000 metros cúbicos y traslado y compactación de 400,456 metros cúbicos de relleno, al cabo de cuya actividad la contratista general quedó adeudando a la subcontratista Román & Cía, Inc., por labor y materiales suplidos, la cantidad de $138,239.35. Los pagos de Fomento a su contratista se hacían mediante certificaciones acreditativas del progresivo desarrollo de la obra, y como garantía adicional a la fianza de ejecución y pago, Fomento le retenía el 10% de lo pagado, cantidad ésta que para la fecha de radicación de la demanda por el subcontratista, ascendía a $295,489.92, aumentando dichos fondos retenidos a $337,315.49 para la fecha del juicio en 29 de noviembre de 1977. La acción civil fue iniciada el 19 diciembre, 1975 por el subcontratista reclamando el importe de su trabajo y dirigida contra Compañía de Fomento, dueña de la obra, la fiadora Commonwealth Insurance Co. y la contratista general Negrón Crespo, Inc. Fomento negó responsabilidad contractual y presentó demanda de co-parte contra la fiadora Commonwealth. Esta última y su fiada Negrón Crespo, Inc., contestaron la demanda y formularon reconvención contra la subcontratista demandante alegando incumplimiento del subcontrato y daños al inmueble por el método errático en el movimiento de tierra y relleno.

Cuando se inicia el pleito en junio de 1975 no había atrasos en la entrega de la obra y por el contrario ésta se hallaba “sumamente adelantada” y realizada en un 85%, según declaró el Ing. Miguel Rivera Carrasquillo, perito de la co-demandada Compañía de Fomento (E.N.P. pág. Sj.() La reclamación de penalidades por Fomento contra su contratista surge más tarde cuando éste abandonó la obra, y por tal concepto opone a la demanda de la subcontratista un total de $153,000 más $40,000 para corrección de deficiencias que podrían aumentar por deterioro durante la paralización de los trabajos,() partidas que carga a los dineros retenidos a su contratista ascendentes a $337,315.49. Concluyó el juez sentenciador que a la fecha del juicio faltaba por realizar en el proyecto labor ascendente a $52,636.00,() que en tiempo tomaría alrededor de veinte días para terminarlo. Antes de radicar la demanda, la subcontratista Román & Cía., Inc., notificó a Compañía de Fomento la falta de pago de sus labores por la contratista Negrón Crespo, Inc.

Celebrado el juicio, al que no comparecieron ni la fiadora Commonwealth Insurance ni su fiada Negrón Crespo, Inc., el 21 de diciembre de 1977 el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, dictó sentencia estimando la demanda y condenando a Compañía de Fomento a pagar a la subcontratista demandante la suma de $138,239.35, intereses y costas y $500 para honorarios de abogado, y asimismo declaró con lugar la demanda de co-parte de Fomento contra la fiadora Commonwealth Insurance Company. Desestimó la reconvención de ésta y su fiada Negrón Crespo, Inc.

Recurrió en revisión la demandada Compañía de Fomento Industrial y el 2 de noviembre de 1978 expedimos el auto. Su recurso está predicado en el siguiente planteamiento:

“Erró el Honorable Tribunal Superior al concluir que la demandante se convirtió en acreedora directa de los dueños de la obra, Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, desde el instante mismo en que se incoó su reclamación judicial el 19 de diciembre de 1975, y que su crédito no está sujeto a los vaivenes de la responsabilidad del contratista por otros conceptos.”

La decisión gira en torno a la vitalidad y energía en la provisión de justicia social por el Art. 1489 del Código Civil que ordena:

Art. 1489. Acción contra el dueño por personas que ponen trabajo y materiales en obra ajustada por contratista.
“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.” 31 L.P.R.A. see. 4130.

El presente caso ofrece una variación factual y jurídica de la acción directa del suplidor de materiales y servicios al contratista, contra el dueño de la obra, bajo el Art. 1489 del Código Civil que reconocimos en C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 826y ss. (1968), sosteniendo que las penalidades en que incurrió el contratista por su tardanza no son oponibles al derecho de obreros y suministrantes, cuando aquéllas se producen en contrato de construcción distinto al que generó la reclamación de éstos. Seguimos allí la sentencia de 11 de junio de 1928 del Tribunal Supremo de España que al equiparar los suplidores con el acreedor refaccionario, niega al propietario de la obra derecho a oponer a la acción civil del proveedor “las reclamaciones y excepciones nacidas de otros negocios jurídicos habidos con su contratista y cargados en la cuenta de éste, ni podrá enervar la acción directa analizada con obstáculos y apariencias de derechos engendrados a la sombra de otros actos o hechos diferentes del contrato de obras a precio alzado origen de esa acción que en nada atañen a la veracidad del suministro en que la misma se basa.” (Énfasis nuestro.)

La recurrente en su argumento restringe la eficacia de nuestra doctrina en este campo de protección de los obreros y proveedores de materiales en dos aspectos fundamentales: primero, en el efecto instantáneo de interdicto que sobre los dineros adeudados por el dueño de la obra al contratista genera la deducción de la acción directa de operarios y materialistas, aislando y asegurando el importe de su recla-mación, sustrayéndolo de las reclamaciones de otros acreedores del empresario, y convirtiendo al dueño en deudor de dichos reclamantes, aun cuando no fueron parte en el contrato de construcción o de empresa (Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452, 456 (1969)); y, segundo, intenta disminuir el principio de que las penalidades por incum-plimiento y demás reclamaciones de insatisfacción del dueño de la obra contra su contratista por ejecución deficiente, inejecución o abandono de la misma, no son oponibles al preferente derecho de obreros y vendedores de materiales. Sostiene la recurrente Compañía de Fomento que esta norma proclamada en C. Armstrong e Hijos v. Díaz, supra, prohíbe al dueño comitente oponer a tales acreedores las recla-maciones y excepciones nacidas de otros negocios jurídicos habidos con su contratista y cargados a la cuenta de éste, mas permite oponerles aquellas reclamaciones del dueño de la obra contra su contratista nacidas en el propio contrato de empresa para el cual se prestaron los servicios y se sumi-nistraron los materiales quedando la reclamación por éstos diferida hasta una liquidación final en que se adjudiquen las discrepancias entre dueño y constructor y se determine si satisfechas las exigencias del primero queda balance im-pagado del precio alzado del contrato para entonces atender las acreencias de trabajadores y materialistas. Reclama autoridad para su contención en una cita de Scaevola.()

La restricción propuesta por la recurrente no puede detener la corriente de equidad puesta en marcha por dicho Art. 1489 en favor de trabajadores() y materialistas que es signo de nuestra jurisprudencia enunciada en C. Armstrong e Hijos v. Díaz, y Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, y afirmada en Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. Builders, Inc., 98 D.P.R. 734 (1970), con la reserva en este último que ahora rechazamos, de que la reclamación del suplidor sobre el balance adeudado al contratista “está sujeta necesariamente a liquidación por razón de reajustes o posibles reclamaciones recíprocas que surjan en relación con la obra contratada entre el contratista empresario y el dueño de la misma [y que] sin embargo, tales reajustes no incluyen la variación del precio del contrato de construcción por convenio privado entre el contratista y el dueño de la obra en perjuicio de los que suministran materiales.” (S. 11 de junio de 1928.)

Las citas de Scaevola y de Inter-Amer. Builders que preceden constituyen una contradicción jurídica dentro del mayor campo de doctrina que dichas fuentes comprenden. Su preceptiva marca un retroceso a la acción subrogatoria del Art. 1064 del Código Civil() remitiendo a obreros y materia-listas a la acción civil ordinaria que exige previa excusión y persecución de bienes en poder del contratista antes de que puedan afectar el balance a éste adeudado en poder del dueño de la obra, y ata la perspectiva de trabajadores y proveedores de materiales de cobrar lo que se les debe, a las contingencias y azares del desarrollo de la obra por el empresario, situación precisamente abolida por la concesión de acción directa del Art. 1489 contra el dueño por la “cantidad que éste adeude [al contratista ] cuando se hace la reclamación.” Si algún propósito patente se percibe en la creación del remedio especial provisto en este Art. 1489 es el de viabilizar el pronto pago de salarios y materiales liberando sus proveedores de toda atadura con la ejecución y cumplimiento del contrato y con la aceptación de la obra por el dueño. Lo otro sería trasladar a obreros y materialistas, que no fueron parte en el contrato de construcción, la responsabilidad por las deficiencias de ejecución e incumplimiento de prestaciones por el contratista. Las penalidades y sanciones al contratista que incumple, se satisfarían con el sudor del obrero y la propiedad del proveedor.

La plena eficacia del Art. 1489 en su provisión de garantía y aseguramiento de pago de lo debido a trabajadores y materialistas se obtiene con el “importantísimo efecto”() de sustraer el importe de lo reclamado por ellos de las recla-maciones de otros acreedores del contratista, inclusive el dueño de la obra quien desde el instante en que se hace la reclamación adviene deudor de los que suplieron trabajo y bienes a su empresario. Esta garantía inherente a la referida “acción directa” opera sobre y afecta el importe de dinero retenido al contratista por el dueño de la obra y que repre-senta la cantidad que éste adeuda a aquél al momento de incoarse la reclamación, presumiendo hasta ese instante el cabal cumplimiento por el contratista de las condiciones y términos del contrato, sin la erosión de latentes o denunciadas reclamaciones recíprocas entre dueño y contratista. El derecho de los obreros y suplidores de materiales, encarnado en la prioridad y consideración especial que les atribuye el Art. 1489, no ha de esperar a la aceptación de la obra ni a la liquidación final de cuentas y divergencias entre dueño y empresario.

El dictum de Inter-Amer. Builders, supra, tomado del Tribunal Supremo de España de que “el suplidor no adquiere ante el dueño más derechos que los que tenía el contratista, de manera que la cantidad adeudada está sujeta necesariamente a liquidación” y la paralela cita de Scaevola, supra, esc. 3, son incompatibles con la raison d’etre y consecuencia jurídica del citado Art. 1489, y antagónicas a nuestra propia jurispru-dencia que califica la acción directa como remedio equitativo fundado en “consideraciones de orden público — propiciar el pronto pago a quienes ponen su trabajo y materiales en una obra ajena — y de orden moral — evitar el enriquecimiento del dueño y el empresario medíante el fraude o la confabulación — ” Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 455. El propio Muscius Scaevola, cuya contradicción señalamos, es fuente del criterio de Castán Tobeñas() al declarar que “esta acción directa está fundada en motivo de equidad por no ser lícito que dueño o empresario, o ambos, hasta por fraudulenta confabulación, se enriquezcan dañadamente con el esfuerzo o la aportación impagada de operarios y materia-listas.”

La preferencia otorgada a la reclamación de obreros y suplidores de materiales se justifica en la calidad de acreedores refaccionarios que ante la ley merecen. Bonet Ramón() así los equipara, y añade que “[e]l mismo principio que en la accesión de buena fe obliga al dueño del suelo a indemnizar el valor de los materiales incorporados, explica la acción que operarios y materialistas pueden ejercer contra el dueño de la obra, para cobrar de él lo que en circunstancias normales debiera haber cobrado el empresario.”

La evidencia ofrecida en el juicio del presente caso dejó probado que al tiempo de deducir su acción civil la sub-contratista recurrida Roberto Román & Cía., Inc., en recla-mación de lo adeudádole por la empresaria José Negrón Crespo, Inc., la dueña de la obra Compañía de Fomento Industrial le tenía retenida a dicha contratista una cantidad que ampliamente cubre lo reclamado. Toda vez que dicha cantidad no puede sufrir merma en perjuicio del proveedor de trabajo y materiales, pues no son oponibles a su demanda las reclamaciones de Fomento contra su contratista por incumplimiento de contrato ni las defensas afirmativas de falta de aceptación de la obra y ausencia de vínculo contractual con el subcontratista, no incidió el juez sentenciador. El destino que en el contrato de empresa se asigne a los dineros retenidos, tal como costo de terminación de la obra en caso de abandono por el contratista y el cobro de multas y penalidades por tardanzas y otros incumplimientos de los requisitos pactados, contra cuyos riesgos cubre la fianza de ejecución y pago, cede ante la primacía de la acción directa del Art. 1489 investida y saturada de consideraciones de orden público y equidad.

La sentencia revisada debe ser confirmada.

      (1) E1 Art. 1798 del Código Civil francés dispone:
      “Los albañiles, carpinteros y otros obreros que se hayan empleado en la construcción de un edificio o de otras obras hechas por precio alzado, no tienen acción contra aquel para el cual se han hecho las obras más que hasta la cantidad por la que éste resulte deudor para con el contratista, en el momento en que aquéllos interpongan su acción.”

      (2)“Los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.” 31 L.P.R.A. see. 3028.

      (3)Se le consultaba al distinguido comentarista si los proveedores del contratista podían actuar contra la fianza y fondo de garantía que el comitente tenía en su poder como garantía del exacto cumplimiento por el contratista de lo pactado entre ellos.

      (4)En el caso de autos la demandante alegó que acudía a la acción directa contra el principal luego de infructuosamente reclamar el pago al contratista. Sobre el requisito de reclamación previa al contratista ver R. de A. Yagüez, op. cit., págs. 52-53.

      (1)La exposición narrativa de la prueba aparece estipulada y certificada por ambas partes recurrida y recurrente.

      (2)La fiadora Commonwealth Insurance Co. se hizo cargo de terminar la obra pero su gestión fue interrumpida al declarársele en estado de insolvencia y asumir el Comisionado de Seguros la función de Administrador-Liquidador a tenor del Cap. 40 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4001 y ss.

      (3)E1 Ing. Rivera Carrasquillo señala esta cantidad como en reserva, en adición a los $337,315.49 retenidos. (E.N.P. págs. 7 y 9.)

      (4)En su obra Código Civil, Tomo 24, Parte Segunda, págs. 165-166, 2da ed. (1951), expone dicho comentarista:
      “C) Caso de pacto especial en el contrato de obra.
      "Ordinariamente, ya lo hemos dicho, en los contratos de construcción de edificios o de decorado de los mismos, o en los de encargo de maquinaria, etc., suelen establecerse cláusulas para garantizar la calidad de los materiales o la sujeción estricta a los planos (una forma determinada) o la estabilidad de la construcción durante mayor tiempo del legal (porque condiciones quitan leyes), o la entrega de la obra en día predeterminado. En estas cláusulas, o bien se reserva el pago del todo o de alguna parte del precio hasta la recepción definitiva de la obra, o se impone por vía de penalidad una multa de un tanto por cada día que se difiera la entrega del edificio o cosa. ¿Afectarán estos aplazamientos o decrecimientos del precio al derecho de los operarios o suministrantes? En nuestro sentir, sin discusión. La clave de la acción del empresario, lo mismo que la de la facultad excepcional de trabajadores y materia-listas a reclamar directamente del dueño, es el contrato de obra; esta es la ley fundamental de la relación entre ellos establecida y desenvuelta. Lo que por el susodicho contrato, o por sus novaciones, o por las mejoras extras, adeude el dueño al empresario con calidad de líquido y vencido, es decir, exigible sobre eso y no sobre otra cosa podrá versar la petición. El privilegio, si así queremos llamarle, carece de dinamismo para agravar las obligaciones del dueño. Si la obra es repelida por no reunir las condiciones estipuladas, al no nacer la obligación de pago, nada deberá el dueño al contratista, y nada tampoco a los que cooperaron a su ejecución con su trabajo y materiales, por contratos directos con el segundo. Si el precio o parte de él quedó diferido hasta el transcurso de cierto tiempo, como garantía de estabilidad de la construcción, o por otros aplazamientos pactados de mutua conveniencia en la economía de ambas partes contratantes, la acción de asalariados y proveedores no será eficaz hasta que el crédito contra el dueño sea exigible. Si el precio a efectivizar resultase menguado por la exacción de las multas convenidas, no habrá de inferirse de esto que la sanción penal recae sobre los que no contrataron con el dueño, ni pudieron incurrir en ellas; mas sí se inferirá que la responsabilidad del dueño (deuda) quedó disminuida, y que con la misma cuerda y la misma abertura de compás se mide la obligación del dueño y el derecho de los beneficiados por el artículo que comentamos.”

      (5)Fue consistente con la evolución progresista del pensamiento jurídico la inclusión del profesional que rinde servicios entre “los que ponen su trabajo” protegidos por el Art. 1489. Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 765 (1975).

      (6)Art. 1064. Derechos del acreedor que ha perseguido los bienes del deudor.

      “Los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.” 31 L.P.R.A. see. 3028.

        (7)Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 456.

      (8)Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Tomo 4, págs. 462-463, 9na ed. (1961). A la pág. 463(1) Castán cita a Nart en su criterio de que no se trata de una acción “directa excepcional o de concesión forzada, sino de una auténtica, verdadera y ejemplar acción de enriquecimiento injusto, intrínsecamente directa; es un caso claro de vigencia de la actio in rem verso; a través del patrimonio del contratista se enriquece el comitente, mientras se empobrecen correlativamente los operarios o suministradores, no ligados entre sí por causa jurídica alguna.” (Contrato de obra y empresa, loe. cit. pág. 825.)

      (9)Comentarios al Art. 1597 del Código Civil Español (1489 P.R.) en su obra Código Civil Comentado, pág. 1270, 2da ed. (1964).