author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. María de Lourdes Miranda Santiago, apelante.

      Número: CR-84-15

      Resuelto: 1ro de junio de 1992
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

María de Lourdes Miranda Santiago fue encontrada culpable por Jurado de asesinato en primer grado, y por tribunal de derecho de poseer ilegalmente un arma de fuego. Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 416. Inconforme, apela la sentencia de noventa y nueve (99) años de reclusión por el asesinato, concurrentes con seis (6) meses por la posesión ilegal del arma.

Suscintamente la prueba de cargo demostró que ella, en mutuo acuerdo con el menor Israel Merced Rosa (Isra), llevó a Jaime Puig Benitez a un estacionamiento de un residencial público para que dicho menor le robara; en el transcurso del asalto, éste le disparó y dio muerte.

Examinemos sus señalamientos.

I

El 6 de octubre de 1983, la apelante Miranda Santiago solicitó infructuosamente la suspensión del juicio señalado para el 10 de dicho mes. Adujo que una noticia de ese día publicada en El Vocero imposibilitaba seleccionar un Ju-rado imparcial en el área de Caguas, y que ello atentaba contra un juicio justo y el debido proceso de ley. Art. II, Secs. 7 y 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

La noticia en cuestión contenía información sobre el procedimiento judicial seguido contra un menor (no identi-ficado) en el Tribunal de Menores, encontrado “culpable” de asesinato en primer grado e infracción a la Ley de Armas. En lo pertinente, disponía:

Se alegó que el menor, en compañía de su amiga María de Lourdes, Santiago, de 20 años, alias “La Paloma”, le dieron muerte de un balazo en la espalda a un oficial de la Guardia Nacional...
Se alega que “La Paloma” llevó a Puig Benitez, para que el menor lo asaltara...
... Esta, alegadamente se vio con el boxeador con quien se puso de acuerdo para cuando volviera “con este tipo que está en el carro”, lo asaltara. El Vocero de Puerto Rico, 6 de octubre de 1983, pág. 26.

Al final, la noticia informaba que el juicio “contra la compinche del menor”, la acusada Miranda Santiago, se celebraría el día 10 de octubre. El Vocero de Puerto Rico, supra.

No erró el tribunal sentenciador. El derecho ajuicio por jurado conlleva un juicio justo por un panel imparcial, basado sólo en evidencia admitida en el recinto judicial y no producto de fuentes externas. Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969). La mera publicación de informaciones noticiosas sobre procesos judiciales no atenta contra la garantía constitucional de juicio justo; recae sobre el acusado la obligación de demostrarlo. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316, 326 (1980); Pueblo v. Maldonado Dipiní, supra, pág. 906. “[L]a publicación de noticias sobre el proceso judicial no constituye de por sí una violación al derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.” Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10, 14 (1976).

Merece una vez más recordar que “[e]n Puerto Rico, donde el territorio es reducido y la población compacta, servida por medios de comunicación y difusión de eficacia máxima, sería imposible formar un Jurado totalmente ignorante y desconocedor .... La justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en juicio”. Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717, 720 (1977). Véase, además, Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 86 (1982).

En este caso no están presentes ningunas de las cir-cunstancias extremas de publicidad adversa susceptibles de generar una atmósfera de prejuicio comunitario, de la cual pueda presumirse que hubo una privación al derecho a ser juzgado por un Jurado imparcial; tampoco la ape-lante Miranda Santiago logró establecerlo. Primero, todos los miembros del Jurado durante el voir dire afirmaron al Juez, al Fiscal y al abogado defensor, que no tenían cono-cimiento personal de los hechos, por sí, por comunicación de alguna persona o por la lectura de una noticia en perió-dico de circulación general. E.N.P., págs. 2-3. No cabe ale-gación de perjuicio por una noticia que ninguno conoció. Y segundo, intrínsecamente notamos que la noticia era del tipo informativo, que relataba una síntesis de la prueba desfilada contra el menor, la cual también oportunamente fue presentada al Jurado en el juicio contra ella. No esta-mos, pues, ante un potencial perjuicio surgido cuando la prensa divulga hechos que no han pasado ni pasarán por el tamiz del juicio y que, por lo tanto, el acusado no ha tenido ni tendrá la oportunidad de confrontarlos en el proceso adversativo. Pueblo v. Pérez Santaliz, supra, págs. 14-15.

A fin de cuentas, la verdadera encuesta en juicios ex-puestos a mucha publicidad es determinar el estado mental que pudo haber imperado entre el Jurado. Lo realmente importante no es si el Jurado conoció o recuerda el caso en particular por los informes de prensa, sino que puede juz-gar imparcialmente.

II

Cuestiona la apelante Miranda Santiago la admisión en evidencia, a pesar de su oportuna objeción, de una declara-ción inculpatoria hecha por el menor Isra, por voz del tes-tigo principal de cargo Mojica Rosado. Aduce que se tra-taba de prueba de referencia inadmisible, a la cual no le aplicaba la excepción de la Regla 62(E) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, porque el concepto de coconspiración re-quiere que el declarante sea una persona susceptible de ser acusada y procesada por el mismo delito por el cual se acusa a la persona contra quien se usa la declaración. Basa su razonamiento en que el declarante Isra era menor de edad y que, bajo la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2201 et seq., no podía acusársele por el mismo delito

Bajo esa tesis, según la Regla 62(E) de Evidencia, supra, “ningún menor puede ser un co-conspirador”. Invoca los casos Pueblo v. López Rivera, 94 D.P.R. 579 (1967), y Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727 (1961). Allí resolvi-mos que cuando un menor estaba implicado, no aplicaba la Regla 156 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que entonces requería la corroboración de la declaración del cómplice, pues dicho menor, por razón de su edad, era incapaz de cometer delitos y no podía ser procesado crimi-nalmente en los tribunales ordinarios. Aunque de su faz el planteamiento es interesante, no tiene razón.

Al revisitar ambos casos —Pueblo v. López Rivera, supra, y Pueblo v. Montalvo Acevedo, supra— notamos que la razón que inspiraba la regla de mirar con sospecha la de-claración de todo cómplice, estaba inspirada en la posibili-dad de que éste actuara movido por alguna promesa de inmunidad o de mejor trato por las autoridades, a cambio de su declaración inculpatoria contra el acusado. Como se trataba de un menor —que no podía ser encausado crimi-nalmente— era inaplicable la regla: no podía presumirse que actuaba bajo promesa de inmunidad o con la esperanza de recibir un trato mejor que el acusado. Pueblo v. López Rivera, supra, pág. 581.

Esa razón de decidir (ratio decidendi) no gobierna el de autos. Todo proceso adjudicativo tiene el propósito de “ ‘hallar la verdad y hacer justicia a las partes. Las reglas procesales y en particular las de evidencia, persiguen viabilizar ese propósito; no obstaculizarlo’ ”. Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647, 653 (1981); J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879, 884 (1981). Al igual que su concordante federal, no podemos equiparar el concepto de conspiración sustantivo de la ley penal con el utilizado en las Reglas de Evidencia; no son iguales.

Debemos notar la distinción entre el delito de “conspiración” y la excepción de un co-conspirador a la regla de prueba de referencia. Como delito, una conspiración comprende más que urna mera empresa común. Incluye también otros elementos, tales como igual estado mental, intento criminal y, si requerido estatutariamente, un acto ostensible. Cuando se establecen es-tos elementos, el delito de. conspiración ha sido probado.
Por otro lado, la excepción del co-conspirador a la regla de prueba de referencia, es simplemente una regla de evidencia basada, hasta cierto punto, en conceptos de la ley de agente-principal. Puede aplicarse tanto en casos civiles como penales .... Su base, una apreciación de sentido común, de que una persona que ha autorizado a otra a hablar o actuar con un fin común será responsable por lo que más tarde, esté o no pre-sente, diga o haga su agente. (Traducción nuestra.) United States v. Trowery, 542 F.2d 623, 626 (3er Cir. 1976). Véase United States v. Gil, 604 F.2d 546 (7mo Cir. 1979).

De acuerdo con este enfoque, para que pueda invocarse con éxito la excepción a la prueba de referencia que hace admisible las declaraciones hechas por un coconspirador, no es necesario que se acuse por el delito de conspiración. United States v. Gil, supra, pág. 549; E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. VIII, pág. 310. Tampoco que el coconspirador pueda ser procesado por el mismo delito que se imputa al acusado contra quien se usa la declaración; más aún, no es preciso que puedan ser cómplices bajo la ley penal. Véase United States v. Kendall, 665 F.2d 126, 130-132 (7mo Cir.), cert. denegado, 455 U.S. 1021 (1982); United States v. Gil, supra, págs. 548-550.

Repetimos, la ley penal sustantiva de conspiración no determina la conspiración necesaria para propósitos evidenciarios. “Aun cuando la regla se refiere a co-conspi-radores, este Comité entiende que el significado de la regla es adelantar la doctrina umversalmente aceptada de que un empresario común (‘joint venturer’) es considerado un co-conspirador para propósitos de esta regla, aunque no se haya formulado acusación de conspiración.” (Traducción nuestra.) Report of Senate Committee on the Judiciary, citado en M.H. Graham, Handbook of Federal Evidence, 2da ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1986, Sec. 801.25.

Concluimos que para cumplir con el concepto de coconspirador requerido por la Regla 62(E) de Evidencia, supra, basta que se trate de una declaración hecha por una persona que actuaba en común acuerdo en la realización de un acto ilegal con la parte contra quien se ofrece. United States v. Gil, supra, págs. 549-550.

En estas circunstancias, para que sean admitidas estas declaraciones se requiere prueba adicional que establezca que existió una conspiración y que el declarante y el acusado formaban parte de ello. United States v. Cawley, 630 F.2d 1345, 1350 (9no Cir. 1980). También hay que demostrar que la declaración fue hecha mientras promovían la conspiración. United States v. Ciampaglia, 628 F.2d 632, 637 (1er Cir. 1980); Chiesa, op. cit., págs. 310-312. Un me-nor de edad, que técnicamente no puede ser coautor o cómplice del delito imputado contra quien se ofrece la declaración, debe estimarse coconspirador para propósitos de la Regla 62(E) de Evidencia, supra. En el caso de autos, una vez el juez de instancia determinó que la declaración del menor Isra cumplía con estos requisitos, quedó demos-trada su admisibilidad.

Aclarado este extremo, examinemos los restantes argu-mentos bajo este mismo señalamiento. Se alega error al permitir que el testigo Mojica Rosado atestara “en forma de opinión” lo que había querido decir el menor Isra cuando afirmó que Miranda Santiago había traído “al pescao”.

Aparte de que de la exposición narrativa enmendada no surge objeción oportuna —Regla 4 de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV— la expresión era admisible no como opinión, sino como una explicación basada en el conocimiento y percepción del testigo sobre el término (argot) familiarmente usado en este ambiente de subcultura criminal. En materia de derecho probatorio, la tendencia moderna es favorecer la admisibilidad condicional del testimonio en forma de opinión o inferencia de un testigo no pericial cuando éste se fundamenta en su conocimiento personal, está sujeto a ser contrainterrogado y el testimonio sirve de ayuda al juzgador a entender mejor la declaración o el hecho en controversia. Véase su equivalente en la Regla 701 de Evidencia federal, 28 U.S.C.; 3 Weinstein’s Evidence Sec. 701[02], págs. 701-10 a 701-17 (1989); United States v. Walker, 495 F. Supp. 230, 232-233 (W.D. Penn. 1980).

Tampoco incidió el juez sentenciador al preguntar, luego del directo, al testigo de la defensa Nasnai sobre el resultado del procedimiento seguido contra su hermano Isra en el Tribunal de Menores. La pregunta no fue contestada por el testigo debido a la oportuna objeción de la defensa. El Jurado no tuvo ante su consideración prueba alguna que pudiera haber causado perjuicio indebido. La sola pregunta no privó del derecho a un juicio imparcial, pues “la mera posibilidad de que un acusado haya podido sufrir perjuicio a consecuencia de la conducta o del lenguaje usado por el juez, no es suficiente para anular un veredicto condenatorio. El criterio para determinar si los comentarios impropios del juez han privado o no al acu-sado de su derecho a un juicio justo e imparcial, es el efecto que probablemente ha causado en el jurado el lenguaje usado por el juez”. (Escolio omitido.) Pueblo v. Matos, 81 D.P.R. 508, 517 (1959).

Aunque el juez debe actuar con más cautela ante el Jurado, para esclarecer la verdad puede participar activamente. Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436, 440 (1974). Esa intervención no debe ser injustificada, con el propósito de contradecir o desacreditar al acusado o sembrar dudas sobre la teoría y veracidad de los testigos de la defensa. Pueblo v. Matos, supra, págs. 515-517; Pueblo v. Nieves Alvelo, 89 D.P.R. 47, 49 (1963); Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646, 652-653 (1962). Este incidente aislado consistente de una sola pregunta —que no fue contestada— es insuficiente para crear una probabilidad rázonable de perjuicio sustancial.

III

El testigo de cargo Mojica Rosado, durante el contrain-terrogatorio, declaró "que nunca había sido sospechoso en el caso. Que nunca le habían informado que era sospechoso de haber sido el autor de la muerte del Sr. Jaime Puig Benitez”. Exposición narrativa enmendada, pág. 7. Cuando la defensa lo confrontó con su declaración jurada prestada ante el Fiscal investigador, “[n]o pudo explicar [por qué] en la declaración jurada aparecía recibiendo las advertencias como sospechoso del asesinato del Sr. Jaime Puig Benitez”. (Enfasis suprimido y escolio omitido.) Id., pág. 8.

Subsiguientemente, el testigo de la defensa Merced Rosa (Nasnai), le contestó al Fiscal que todo lo que había afirmado en el juicio no lo había dicho en su declaración jurada previa al Fiscal, porque no se lo habían preguntado. El Fiscal entonces lo confrontó con la declaración jurada escrita de la cual surgía que se le había preguntado, si había algo más que quisiera declarar “aunque no se le hu-biese preguntado”, y el testigo había contestado que eso era todo.

Ante estos dos (2) incidentes, la apelante Miranda Santiago argumenta que erró el tribunal al no impartir al Ju-rado una instrucción específica de impugnación por contra-dicción solicitada con relación al testigo de cargo Mojica Rosado al amparo de la Regla 47(A) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV, y sin embargo, a petición del Fiscal conce-dió una sobre impugnación de testimonio por omisión con referencia al testigo de defensa Nasnai.

La norma general sobre instrucciones al Jurado exige que se cubran “los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. ... Ello es así porque corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine los hechos”. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981).

Del testimonio del testigo de cargo Mojica Rosado surgió una incompatibilidad cuando éste negó que hubiese sido sospechoso en el caso y luego, confrontado con la declara-ción jurada, aceptó que se le hicieron las advertencias “como sospechoso de un delito”. Notamos, sin embargo, que no hubo ninguna contradicción entre lo afirmado por dicho testigo en su declaración jurada: realmente no estamos frente una manifestación anterior contradictoria.

La instrucción solicitada por la apelante Miranda Santiago aparece en el Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1976, pág. 20. No erró el tribunal de instancia al negarse a impartirla. La misma sólo es aplicable cuando el testigo ha hecho anteriores manifestaciones que no con-cuerdan con su testimonio en el juicio. Pueblo v. González Colón, supra, pág. 821; Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522, 530 (1969). De la declaración jurada escrita que se produjo para impugnarlo no surge que hubiese afirmado que realmente tuviera conocimiento de que era sospechoso en el caso. La única incompatibilidad surgida es haber ne-gado que se le hubiese informado que era sospechoso, cuando de dicha declaración jurada se desprendía que el fiscal le hizo las advertencias de rigor (Miranda warnings) "como sospechoso sujeto a interrogatorio” y le indicó que figuraba como sospechoso en la investigación pero no de una manifestación anterior contradictoria. Se trata de una incompatibilidad entre lo afirmado por el testigo y lo que surgía de la declaración jurada. La instrucción que corres-pondía era la que versa sobre inconsistencia en lo decla-rado por testigo —Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, supra, pág. 19— y no la de impugnación por manifestaciones contradictorias del testigo.

El error no fue denegar la instrucción solicitada, sino, sua sponte no haber dicho foro ofrecido la instrucción que correspondiera sobre inconsistencia.

“[L]os tribunales de instancia tienen la ineludible responsabilidad de velar [por que] sus instrucciones sean corréctas, claras, precisas, y lógicas.” Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150 (1985). En el presente caso reafirmamos la norma de que “para que una negativa a trasmitir instrucciones solicitadas dé lugar a revocación[, ] la instrucción debe ser correcta, el punto no debe haber sido cubierto en otras instrucciones y lo omitido debe referirse a un punto vital de manera que esa negativa prive al acusado seriamente de una defensa efectiva”. Pueblo v. Saenz Forteza, 100 D.P.R. 956, 963 (1972). Procede que re-voquemos una convicción, si el error en las instrucciones impartidas o en las omitidas por el tribunal son de tal na-turaleza que de no haberse cometido probablemente el re-sultado del juicio hubiera sido distinto o que el error come-tido “violara derechos fundamentales o sustanciales del acusado”. Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730, 740 (1987).

Sin embargo, el error cometido —no impartir una ins-trucción relativa a las inconsistencias en lo declarado por un testigo de cargo— no tiene alcance revocatorio.

En cuanto al testigo de la defensa Merced Rosa (Nas-nai), erró el tribunal de instancia al impartir la instrucción especial solicitada por el Fiscal sobre impugnación del tes-timonio por haber declarado en el juicio sobre hechos que había omitido en la declaración jurada que había prestado ante él. Efectivamente, en el juicio incluyó hechos adicio-nales producto de la información obtenida por preguntas específicas de la defensa y del Fiscal. Como de la prueba presentada no surgía que el testigo hubiese omitido un he-cho esencial al prestar la declaración jurada anterior en comparación con su testimonio del juicio, no procedía esa instrucción especial.

Una impugnación a la veracidad de un testigo por omisión debe versar sobre un hecho esencial. Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 224 (1962). Cuando es natural que el testigo haya declarado sobre un hecho la primera vez, y no lo hizo, ello equivale a una manifestación de inexistencia de ese hecho. 3A Wigmore on Evidence Sec. 1042 (1970). Al compararse la declaración jurada del testigo (.Exhibit 6 del Pueblo) y su testimonio según la exposición narrativa enmendada, encontramos que no existe ninguna omisión sobre un hecho esencial.

Los autos originales no reflejan específicamente las instrucciones generales o especiales impartidas al Jurado. Tampoco que se hubiese objetado la instrucción especial solicitada por el Fiscal. En ausencia de lesión directa a algún derecho fundamental se estima renunciado. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419, 433 (1968); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526, 532 (1961); Pueblo v. Negrón, 79 D.P.R. 296, 302 (1956). En este caso el Jurado tuvo la opor-tunidad en el juicio de aquilatar la credibilidad de ambos testigos. El Jurado observó y oyó sus explicaciones cuando fueron confrontados con sus primeras declaraciones juradas. Aunque el tribunal incidió al impartir la instruc-ción especial solicitada por el Fiscal, el Jurado pudo por su cuenta determinar si en realidad existió contradicción por omisión al escuchar la declaración jurada del testigo de la defensa y su testimonio. A ellos correspondía aquilatar el valor y el grado de credibilidad. No intervendremos con su discreción en ausencia de parcialidad, prejuicio o error manifiesto. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 203 (1964).

IV

Reclama la apelante Miranda Santiago que debió disol-verse el Jurado. Se basa en que luego de haber estado de-liberando alrededor de una hora y media, los miembros del Jurado regresaron a Sala e informaron que habían llegado a un veredicto en el cargo por violación a la Ley de Armas pero no en el de asesinato. Su presidente, Ángel Vergara, indicó que la jurado Blanca Lydia Fonseca había manifes-tado que todos estaban prejuiciados; otro jurado indicó que no estaba de acuerdo y que quería hablar con el juez. Transcripción parcial de incidente, pág. 2. Al preguntársele a la señora Fonseca que explicara por qué entendía que los demás jurados estaban prejuiciados, ella contestó que desde antes de que empezara el juicio ya se estaban ha-ciendo comentarios de lo que iba a pasar y de la decisión que se iba a tomar; según su pensamiento y sentir, la de-cisión estaba tomada de antemano. íd., pág. 5. Otro jurado, Sixto Alvelo, manifestó estar en parte de acuerdo, porque en los días que habían estado reunidos se habían hecho comentarios respecto al caso. íd., pág. 6. Luis F. Vega de-claró que el incidente se suscitó durante la deliberación y que la imputación no era cierta. Ajuicio suyo, los miembros del Jurado estuvieron juzgando la causa de acuerdo con la prueba desfilada y llegaron a una conclusión. Recordó, ade-más, que el señalamiento se hizo luego de llegar a un veredicto. íd., pág. 8. A preguntas del juez, la señora Fon-seca indicó que sólo uno había hecho manifestaciones que demostraron prejuicio y señaló a Vega. El juez inquirió si algún otro estaba de acuerdo con la imputación de prejui-cio, pero ninguno levantó la mano; por el contrario, perma-necieron en silencio. íd., págs. 9-10. El juez preguntó a todos si podían deliberar con mente abierta, “empezar la prueba y llegar a una conclusión como lo estaban haciendo anteriorment[e]”. íd., pág. 11. Todos manifestaron en la afirmativa. Vega, contra quien se había hecho la imputa-ción, manifestó que no podía volver al salón de deliberacio-nes porque la señora Fonseca se negaba a retractarse. El juez lo ilustró de que lo importante realmente era que ac-tuara de acuerdo con su conciencia, en forma justa e im-parcial, sin sentirse presionado de una u otra forma. Lo instruyó que basara su decisión en la prueba y en las ex-plicaciones sobre el derecho aplicable. Finalmente, repitió la instrucción sobre presunción de inocencia e instruyó al Jurado a analizar la prueba y emitir su voto de acuerdo con sus respectivas conciencias. íd., págs. 11-13.

Así las cosas, el Jurado se retiró a continuar la deliberación. La defensa solicitó su disolución. El juez se negó pues estimó aclarada satisfactoriamente la situación. Transcripción parcial de evidencia, pág. 17. Después el Jurado regresó a Sala y su presidente indicó que habían en-contrado a la acusada culpable de asesinato en primer grado (9 a 3), y no culpable (11 a 1) en la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418.

Frente a este cuadro, la tesis de la apelante Miranda Santiago es que el juez debió seguir investigando uno a uno a los demás miembros del Jurado para comprobar la magnitud y certeza de la imputación. No nos persuade.

La garantía constitucional a ser juzgado por un Jurado forma parte del debido proceso. Significa que los miembros del Jurado deben ser indiferentes, esto es, juzgar sin ánimo prevenido. Implica que puedan dejar a un lado cualquier impresión u opinión preconcebida y rendir un veredicto a base de la evidencia admitida en el juicio. Se presume que el Jurado ha actuado de ese modo. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 394 (1970).

Según relacionado el incidente, no hay base suficiente para derrotar esta presunción. La imputación de parciali-dad se hizo sólo contra uno de los miembros del Jurado, y éste al sentirse indignado trajo el asunto para aclararlo. Sólo uno estuvo de acuerdo. Luego de la intervención del juez, todos asintieron de que podrían continuar delibe-rando con mente abierta. El jurado contra quien se hizo la imputación declaró que su conclusión sería conforme a la prueba desfilada y dio a entender que el incidente se debió a que el otro jurado estaba en contra de su posición.

En esas circunstancias, la determinación del juez de instancia de aceptar como cierta la capacidad de imparcia-lidad del Jurado, merece nuestra deferencia; éste estaba en mejor condición para aquilatarla. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982). La naturaleza y extensión de su investigación fue dentro del margen de su discreción. Pueblo v. Prados García, supra, pág. 395. “En Puerto Rico he-mos resuelto que el juez de instancia está en mejor posi-ción que este Tribunal para resolver si se justifica o no disolver el jurado. Si existe base razonable para la actúa-ción del juez no intervendremos con su determinación.” Pueblo v. Vélez Díaz, 105 D.P.R. 386, 389 (1976).

V

Por último, la apelante Miranda Santiago sostiene que no se derrotó la presunción de inocencia; cuestiona, ade-más, la negativa a un nuevo juicio. La prueba presentada estableció más allá de duda razonable su culpabilidad por asesinato en primer grado en la modalidad de asesinato estatutario. Responde por la muerte ocasionada por el me-nor Isra al perpetrar el delito de robo actuando de común acuerdo. Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4002; Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985); Pueblo v. Calderón Laureano, 113 D.P.R. 574, 580 (1982). Quedó probada la existencia de ese común acuerdo para asaltar a Puig Benitez, víctima que ella llevó al lugar. Cuando Puig Benitez se percató de la intención de Isra, trató de escapar. A tal efecto, puso su vehículo en marcha pero Isra, le hizo un disparo mortal.

No nos convence la apelante Miranda Santiago de que se hubiesen violado algunos de sus derechos fundamentales. Actuó correctamente el tribunal de instancia al denegar la moción de nuevo juicio. Pueblo v. Prados García, supra, pág. 394; Pueblo v. Martínez Valentín, 102 D.P.R. 492, 498 (1974).

Se dictará sentencia confirmatoria.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con el resultado sin opinión escrita.

       En su alegato, hábilmente discute como errores: (a) la negativa del tribunal sentenciador a aplazar el juicio para contrarrestar el efecto nocivo de publicidad; (b) admitir prueba de referencia sobre manifestaciones incriminatorias del menor Isra e interrogar a un testigo de la defensa sobre el desenlace de una querella contra dicho menor por los mismos hechos; (c) negar una instrucción especial sobre impugnación de testigo pedida, y concederle una similar al Fiscal; (d) no disolver el Jurado; (e) declararla culpable con prueba que no establece su culpabilidad más allá de duda razonable, y (f) rechazar una solicitud de nuevo juicio.

       El testigo principal Víctor M. Mojica Rosado, en lo esencial, atestó que el 7 de mayo de 1983 (sábado), aproximadamente a las 2:15 a.m., estaba solo en el balcón de su apartamento en el Residencial Juan Jiménez García, en Caguas. Le dieron deseos de fumar. Como no tenía cigarrillos, salió a buscar quien le regalara uno porque sabía que a veces los “muchachos” estaban a esa hora por allí. En la placita cercana encontró reunidos a René Merced Rosa, c/p Nasnai, William Miranda Santiago, c/p Willie Palomo, y Raúl Rivera Rodríguez, c/p Carachuela. Le pidió a Willie un ciga-rrillo y se sentó a hablar con ellos. Minutos después llegó Israel Merced Rosa, c/p Isra, quien se unió al grupo. Más tarde se acercó a la placita un vehículo Maverick, color azul, conducido por un muchacho “trigueño”, del cual se bajó la apelante Miranda Santiago.
      El conductor permaneció dentro del vehículo mientras Miranda Santiago se acercó a ellos, agarró a Isra por un brazo y le dijo que tenía que hablarle; ambos se fueron detrás de un edificio. Luego Miranda Santiago se dirigió al automóvil, se montó y marchó con el conductor. Isra se fue en dirección hacia su casa, después regresó y le preguntó a su hermano Nasnai y al testigo si “ ‘quer[í]an asaltar al tipo que trajo María[, ] al pescao’ ”, Cuando ambos se negaron, Isra dijo que “ ‘iba a meter mano solo’ ”. Explicó que la expresión traer al pescao significaba que “ ‘lo trajo para ser asaltado, para que otro lo cañoneara’ ”. (Énfasis suprimido.) Exposición narrativa enmendada, pág. 4.
      Varios minutos después, regresó el auto Maverick azul y Miranda Santiago permaneció hablando unos minutos con el conductor. Luego se bajó, subió el cristal de la puerta y la cerró. Ella caminó en dirección de su casa, pero por una rata más lejana. En eso Isra dio la vuelta al vehículo y, mientras estaba detrás del baúl, sacó con su mano derecha un revólver de debajo de la camisa, haló el martillo y le gritó al conductor que era un asalto. El conductor aseguró la puerta, prendió el automóvil, le puso el cambio de arranque y, en el momento en que iniciaba su marcha, Isra le disparó. El testigo Mojica Rosado se encontraba a 40 pies de distancia de donde ocurrió el disparo. Al sonar el disparo, todos se marcharon. Cuando arribó al balcón de su casa sintió un leve “cantazo” y cuando llegó a su cuarto oyó uno fuerte. Levantó a su familia, fue al lugar donde estaba detenido el automóvil y vio a una persona acostada en el asiento con un tiro en la espalda.

        Francisco Vieta Delgado, policía, declaró que fue el agente asignado a la investigación. En el contrainterrogatorio admitió que se encontraron unos casquillos de bala en la calle cerca de donde se detuvo el vehículo luego de impactar un poste en la Calle Núm. 1, lo que no era compatible con la versión de que los disparos se hicieron cerca de la placita en la Calle Núm. 2 del residencial. Los casquillos no fueron ocupados, por lo que no se realizó un análisis de balística.
      La Doctora Yocasta Brugal, médica-patóloga forense, testificó que realizó la au-topsia del cadáver de Puig Benitez. La herida de bala causante de la muerte tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba. Por ausencia de residuos de pólvora en la herida, consideró que el disparo se hizo a más de dos pies de distancia.
      Por el Ministerio Fiscal declararon también Gilberto Puig Benitez, agente del C.I.C., hermano del interfecto, y Edgardo Esmuria, policía perito en fotos y huellas.
      La defensa presentó entre sus testigos a Nasnai, Carachuela y a Willie Palomo quienes, en síntesis, negaron que hubiesen estado reunidos en la placita del residen-cial la noche del crimen. Declararon que no sabían nada de la forma en que ocurrie-ron los hechos.

       Dispone:
      “Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una declaración ofrecida contra una parte si la declaración:
      . . . . . . . .
      “(E) es hecha por un co-conspirador de dicha parte durante el curso de la cons-piración y en la consecución del objetivo de ésta.” Regla 62(E) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

license: Public Domain

text:
    El Vocero de Puerto Rico, demandante, v. Comisión Estatal de Elecciones, Juan R. Melecio Machuca, José Ariel Nazario Álvarez, Carlos Canals Mora y Manuel Rodríguez Orellana, demandados; Victoria Muñoz Mendoza, Pedro Roselló González, Fernando Martín García, Antonio J. Colorado Laguna, Carlos Romero Barceló, Víctor García San Inocencio, Miguel Hernández Agosto, Roberto Rexach Benítez, Rubén Berríos Martínez, José Ronaldo Jarabo Álvarez, Zaida Hernández Torres, David Noriega Rodríguez, Héctor Luis Acevedo Pérez, Carlos Díaz Olivo e Hiram Meléndez Rivera, partes interesadas.

      Número: MD-92-10

      Resuelto: 2 de junio de 1992

      Juan R. Marchand Quintero, abogado del demandante; David Rivé Rivera, abogado de los demandados.
   RESOLUCIÓN

Por ser nuestra jurisdicción original una limitada que no incluye el poder entender en recursos de sentencia de-claratoria e injunction como el presente, denegamos el re-curso titulado mandamus presentado por El Vocero de Puerto Rico, sin perjuicio de que pueda presentarlo en el foro de instancia. Art. V, Sec. 5, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

I

Nuevamente El Vocero de Puerto Rico nos pide que ex-pidamos un mandamus, esta vez dirigido contra la Comi-sión Estatal de Elecciones para que cumpla con el deber ministerial impuesto por el Art. 4.001(a) de la Ley Electoral de Puerto Rico* 16 L.P.R.A. sec. 3151(a), y exija a todos los candidatos a elección que sus respectivos estados de situación financiera sean “certificado[s] por un contador público autorizado ...”. íd.

La petición, incidentalmente, conlleva anular por ultra vires el reglamento aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el 4 de enero de 1988, denominado Reglamento sobre Contenido Mínimo de los Estados de Situación de los Candidatos a Elección (en adelante Reglamento).

En síntesis, El Vocero de Puerto Rico nos dice que dicho reglamento desvirtúa “el requerimiento claro y específico de la Ley Electoral, al permitir que se presenten estados de situación que no son certificados. El Reglamento es nulo en tanto [y] en cuanto pretende hacer aceptables aquellos es-tados de situación ‘compilados’ o ‘revisados’, en los cuales el contador público autorizado no rinde una opinión porque su intervención es de mero receptor de datos y su presen-tación gráfica, sin cotejar la veracidad de la información provista por el candidato”. (Énfasis suplido.) Solicitud de mandamus, págs. 6-7.

II

Distinto al criterio mayoritario, procede asumir jurisdic-ción y, en los méritos, emitir el auto solicitado. Nos explicamos.

Primero, procesalmente, en buena hermenéutica consti-tucional y legal, poseemos jurisdicción original —primera instancia— para conocer de esta petición y ella se proyecta en una dimensión tripartita: de mandamus —Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); PP.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338 (1970); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Martínez v. Vda. de Morales, 72 D.P.R. 210 (1951); Partido Popular v. Gallardo, 56 D.P.R. 706 (1940); Mun. de Quebradillos v. See. Ejecutivo, 27 D.P.R. 147 (1919); Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366 (1906); Palmer v. Guerra, 9 D.P.R. 555 (1905); Delgado v. El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, 7 D.P.R. 410 (1904)— de injunction y de declaración o decreto de ilegalidad.

Segundo, no existe problema alguno en cuanto al as-pecto de la legitimación activa (standing) de El Vocero de Puerto Rico. Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89, 102-103 (1947). Aparte de que así lo hemos re-conocido, ello se desprende del propio deber establecido en la Ley Electoral de Puerto Rico. De lo contrario, ¿cuál sería el propósito legislativo de exigir que se sometan los estados de situación financiera, sino permitir su escrutinio público y divulgación?

Tercero, es cuestión de interés público “que las leyes se pongan en ejecución ... y el mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público ...”. Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 848, 851 (1947).

Cuarto, dentro del esquema constitucional vigente, es este Foro —no la Comisión Estatal de Elecciones ni los tribunales de instancia— el árbitro final de toda controversia. Santa Aponte v. Ferré Aguayo, 105 D.P.R. 670 (1977); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

Si este Tribunal, como máximo Foro, no está dispuesto a asumir jurisdicción y expedir un mandamus para “hacer cumplir la ley”, ¿qué otro tribunal lo hará?

Quinto, es innegable cómo el factor tiempo incide. El pedido goza de urgencia. Tomamos conocimiento judicial de que el 20 de mayo de 1992 este Tribunal (con nuestro disentir) denegó otro recurso de mandamus (El Vocero v. Hernández Agosto, 130 D.P.R. 501 (1992)). Allí, iba dirigido a que todos los legisladores cumplieran con la ley y some-tieran sus informes financieros a la Oficina de Etica Gubernamental. La mayoría, como fundamento, adujo que dicho rotativo podía utilizar los estados financieros some-tidos a la Comisión Estatal de Elecciones como fuente al-terna de información.

“Debemos repetirlo ad nauseam, aunque sólo consista en recordar lo admitido por todo el mundo, porque ningún sistema de derecho puede vivir si, a base de formalismos procesales que son innecesarios, se ahogan las posibilida-des de hacer justicia sustancial.” (Escolio omitido.) Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 123 (1957).

III

Aclarada nuestra jurisdicción, notamos que la contro-versia es una pura de derecho. No requiere prueba alguna.

Incuestionablemente, la Comisión Estatal de Elecciones tiene el deber ministerial de exigir el cumplimiento de la Ley Electoral de Puerto Rico; a su vez, tienen los candida-tos la obligación de someter sus estados de situación certi-ficados por un Contador Público Autorizado. El texto legal es prístino. No estamos ante un asunto que requiera interpretación. No hay, ni debería haber, margen para diferencias. Se trata de un deber de carácter público, donde “la misma ley substituye al requerimiento y la omisión en cumplir el deber requerido es equivalente a una negativa”. Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721, 736 (1924).

Por todos es conocido el principio de que un reglamento contrario a la ley —y cualquier práctica a su amparo:— es nulo. La presentación de un estado financiero certificado por un Contador Público Autorizado garantiza el cumpli-miento de unos requisitos y parámetros mínimos acordes con los principios que informa la buena práctica de contabilidad. No hacerlo, sencillamente, es desnaturalizar el texto y espíritu de la Ley Electoral de Puerto Rico; es dejar en “veremos” la veracidad y utilidad de cualquier in-formación financiera sometida.

Como peticionario, El Vocero de Puerto Rico, bajo el pa-lio constitucional de libertad de prensa y expresión, y en el descargo de su legítima función de mantener a la ciudada-nía informada sobre los asuntos oficiales de gobierno, tiene derecho de acceso y a que la información financiera sea confiable según lo dispone el Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra. Los criterios establecidos por la Co-misión Estatal de Elecciones en el Reglamento dan al traste con ese derecho de acceso a la información. A fin de cuentas, la Comisión Estatal de Elecciones sólo está facul-tada para “establece[r] mediante reglamento el contenido mínimo de los estados de situación” —Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra— no para eximir del requi-sito de certificación por un Contador Público Autorizado.

En resumen, es improcedente la desestimación solici-tada por la Comisión Estatal de Elecciones.

La petición de mandamus es clarísima; sus méritos, evidentes. Sencillamente va dirigida a que dicho orga-nismo cumpla con la Ley Electoral de Puerto Rico. El alto grado de interés público del asunto, la necesidad de una pronta adjudicación y la naturaleza jurídica de la contro-versia —que no exige prueba— hacen de esta petición una óptima que debió ser atendida por este Foro.

       El Reglamento sobre Contenido Mínimo de los Estados de Situación de los Candidatos a Elección que se impugna fue promulgado por la Comisión Estatal de Elecciones el 4 de enero de 1988.


text:
    Francisco Pérez Sánchez et al., demandantes y recurrentes, v. Advisors Mortgage Investors, Inc., demandada y recurrida.

      Número: RE-86-584

      Resuelto: 3 de junio de 1992

      Héctor M. Collazo, abogado de los recurrentes; Carlos R. Ríos Gautier, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Los esposos Francisco Pérez Sánchez y Petra Marcano (en adelante los esposos Pérez Marcano) y otros, solicitaron préstamos hipotecarios a la financiera Advisors Mortgage Investors, Inc. (en adelante Advisors). Tales préstamos fue-ron concedidos y, como parte de las transacciones, se acordó que Advisors retendría parte del dinero con el fin de cancelar las hipotecas que gravaban las propiedades de los esposos Pérez Marcano y los demás solicitantes.

Al mismo tiempo, Pioneer National Title Insurance Company (en adelante Pioneer), a través de Apex Title Insurance Agency, Inc. (en adelante Apex) expidió unas póli-zas de seguro de título y varios resguardos provisionales en algunos de los casos. Tanto las pólizas de seguro de título como los resguardos provisionales se emitieron a favor de Advisors y/o sus cesionarios.

Advisors no cumplió con el compromiso de cancelar la primera hipoteca que gravaba la propiedad de los esposos Pérez Marcano ni la de las otras personas con las que tam-bién se había acordado lo mismo. Por tal razón, los esposos Pérez Marcano se encontraron pagando dos (2) hipotecas en vez de una sola. En cuanto a dos (2) de los demandados, los señores Pérez Sánchez y Serafín Mojica Arroyo, Pioneer pagó y canceló el gravamen que surgía del registro de la propiedad. Ello se debió a que Advisors negoció los paga-rés, los cuales fueron adquiridos por un tercero de buena fe. Frente a los endosatarios de buena fe de los pagarés garantizados por hipoteca, la aseguradora no tenía defen-sas que oponer.

Ante tal situación, los esposos Pérez Marcano, en unión a los otros perjudicados, radicaron demanda en daños y perjuicios en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en contra de Advisors, Pioneer y Apex.

Así las cosas, tanto Pioneer como Apex presentaron cada una por separado una moción de desestimación y/o sentencia sumaria. En ambas mociones se alegó que tanto en las pólizas como en los binders surge que los demandados no realizaron contrato alguno con los demandantes. Se alegó, además, que la responsabilidad de Pioneer y Apex es para con los asegurados, quienes no son los demandantes. Se concluyó, por lo tanto, que los demandantes no tienen standing para reclamarle a los demandados.

Los demandantes, por su parte, se opusieron a la mo-ción de Pioneer y a la de Apex. El tribunal de instancia acogió la moción de sentencia sumaria y dictó sentencia parcial, desestimando la demanda en cuanto a las code-mandadas Pioneer y Apex. Basó su determinación en que no existía controversia sustancial sobre ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, procedía conceder la desestimación de la demanda.

Inconformes con esta determinación, los esposos Pérez Marcano y los demás reclamantes presentaron escrito de revisión ante nos, alegando como único error el siguiente:

Erró el honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, al desestimar la demanda contra la Codemandada PIONEER TITLE INSURANCE y APEX TITLE INSURANCE AGENCY INC. habiendo una controversia real y sustancial entre las par-tes que requiere ser resuelta en un juicio plenario.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

II

La parte demandante argumenta en su escrito de revi-sión que de la ley, ía póliza expedida y las circunstancias especiales que rodean el presente caso surge la legitima-ción activa o capacidad de los demandantes para instar la presente acción en contra de las compañías de seguro. Se ampara en el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 2003, el cual dispone que:

(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del ase-gurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del asegurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las con-diciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.
(2) Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no se estimará por ello que se le prive, subrogán-dose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado.

Añade, además, que la compañía que expide una póliza de seguro de título tiene la responsabilidad de hacer un estudio registral antes de emitir la póliza. En el caso ante nos, alega la parte demandante que la Pioneer expidió una póliza en la que garantizaba que no había un gravamen hipotecario preferente al asegurado. También se hizo cons-tar que la compañía aseguradora tenía la obligación de re-presentar a Advisor en litigios que surgieran como conse-cuencia de dicha póliza. En esto se apoya la parte demandante para afirmar que la obligación de la compañía de representar a Advisor implica que se contempló en la póliza acciones como la de los demandantes en el presente caso, y la responsabilidad de la compañía de seguro ante éstos.

Por otra parte, señalan los demandantes que de no traerse al pleito a la compañía de seguro se corren el riesgo de que los asegurados tampoco lo hagan y, a consecuencia de ello, se queden sin remedio adecuado. Ello por razón de que Advisors dejó de hacer negocios y no tiene oficina. No les asiste la razón. Veamos.

III

En primer lugar debemos señalar que el Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, es de aplicación en aquellos casos en que se ha expedido una póliza contra accidentes. En el caso de autos no se gestionó un seguro contra accidentes y sí un seguro de título. Se hace imprescindible, entonces, que definamos lo que se entiende por seguro de título. Appleman, un reconocido tratadista en el área de seguros, explica lo siguiente:

Title insurance policies have been written in this country since about the middle of the 19th century. They have been defined as contracts whereby the insurer, for a valuable consideration, agrees to indemnify the insured in a specified amount against loss through defects of title to, or liens or incumbrances upon realty in which the insured has an interest as purchaser or otherwise. Or, as a New York court has expressed it, a policy of title insurance is the opinion of the insurer concerning the validity of the title, backed by an agreement to make that opinion good if it should prove to be mistaken and a loss should result in consequence. A policy of title insurance has been held to be essentially and solely a contract of indemnity, although it also has been termed a contract of warranty or guaranty. (Es-colios omitidos.) 9 Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 5201, págs. 2-3 (1981).

Como podemos apreciar, la figura del seguro de título que se utiliza en Puerto Rico proviene de Estados Unidos. Con ésta se persigue fundamentalmente el que el título se pueda mercadear. Esto se refiere a “la necesidad de que el título que es objeto del acuerdo causal se ofrezca libre de circunstancias que puedan generar dudas legales, o simplemente fácticas, acerca de su idoneidad para provo-car la transferencia, sin problemas para el adquirente. Acreditar que el título es adecuado, en suma, entendiendo por título ... ‘un antecedente susceptible de transferir el dominio’ ”. E. Vázquez Bote, El denominado seguro de títu-los — Ventajas e inconvenientes de su adopción en el derecho español, XCII Rev. Der. Not. 221, 239 (1976).

La necesidad del seguro de título en Estados Uni-dos surgió del hecho de que en la sociedad norteamericana no existe archivo inmobiliario alguno. A diferencia de Puerto Rico, allá no existe un registro de la propiedad que acredite que el título carece de riesgos. Señala Vázquez Bote, supra, que:

"... el método más común de registro de títulos en los Estados Unidos es el registro de todos los documentos que afecten al título a la propiedad inmueble. Así, la escritura de traspaso (deeds), las hipotecas, las anotaciones de cargas, las sentencias, los procedimientos de adveración (probate) de testamento, las ventas forzosas en cobro de impuestos, los procedimientos hipo-tecarios y muchos tipos de instrumentos y procedimientos lega-les, son simplemente copiados en la Casa de los Tribunales (Court House) del condado. No hay ningún funcionario u orga-nismo que tenga el deber de calificar el estado de la titulación de una parcela inmobiliaria en particular y de conservarla al día.” (Enfasis suprimido.)

No hay lugar a dudas de que en Estados Unidos se impone la investigación del título y la existencia del seguro de título. En Puerto Rico, a pesar de que algunos sostienen que no se justifica en nuestro Derecho el seguro de título, hay quienes aseguran firmemente que el mismo es beneficioso. Por ejemplo, se afirma que la protección que ofrece dicho seguro no se limita al Registro de la Propie-dad, sino que va más allá, como el proveer indemnización por las deudas contributivas sobre la propiedad que no sur-jan del Registro por no estar embargada la finca. En otras palabras, el seguro de título le brinda cierta tranquilidad al asegurado por errores o inadvertencias en el estudio de título. Recordemos que el seguro de título “proporciona co-bertura al asegurado contra el riesgo de que, ‘después de la adquisición’, se descubra que en el título del enajenante ‘ya existía’, en el momento de contratar el seguro, un defecto que podía privar de su derecho al adquirente. No se trata, por tanto, en el verdadero seguro de título, de cubrir el riesgo de que en un momento futuro pueda sobrevenir un hecho nuevo que afecte el derecho del asegurado. El riesgo asegurado dimana de un defecto oculto en el derecho del enajenante, que el sistema de ‘record’ no permite descubrir”. J. Puig Brutau, El seguro a favor del adqui-rente de bienes inmuebles en los Estados Unidos, XCIII-XCIV Rev. Der. Not. 254 (1976).

En el pasado, en Puerto Rico se suscitó una polémica en torno a los seguros de título. J.E. Fernández Seín, Las pó-lizas de seguro de título o de la propiedad en Puerto Rico: ¿Son realmente necesarias?, Tesis, Facultad de Derecho, U.P.R., 1966, pág. 2. La preocupación por este asunto se planteó en la Comisión de Vivienda y Fomento Cooperativo del Senado de Puerto Rico, en vista celebrada el 1ro de septiembre de 1965. En ese entonces el Sr. Ramón Moreno, Jefe de Operaciones de la Administración de Vivienda Federal (F.H.A.) en Puerto Rico, expresó que:

No es que en Puerto Rico fuera una necesidad el Title Insurance para transacciones dentro de Puerto Rico, porque existe el Registro de la Propiedad, que la información que expide sería suficiente (subrayado nuestro) ahora, los compradores de hipo-tecas requieren un Title Policy, un seguro de título, porque ge-neralmente ésos [sic] compradores son de Estados Unidos, y como allá es distinto al sistema nuestro del Registro de la Pro-piedad, y, naturalmente, estas instituciones para poder vender esas hipotecas, tienen wue [sic] proveerles un seguro de título, y para asegurar el título, tiene que haber la investigación de ese título, el Title Search, es una necesidad de mercado.

El Art. 4.100 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 410, define el seguro de título como “el seguro de dueños de propiedad inmueble u otros que tengan interés o gravámenes o cargas sobre la misma, contra pérdida por gravamen, títulos defectuosos o invalidez o reclamación adversa al título, y los servicios correspondientes”. De esta definición se desprende que existe más de una modalidad del seguro de título. Una de ellas es el seguro de dueño o el contrato de seguro con póliza de propietario, el cual se utiliza “para cubrir riesgos en los negocios de transmisión de un ‘interés’ inmobiliario. Abarca, pues, todo aquello que en nuestro medio y en nuestro Derecho significa la constitución y transmisión de un derecho de carácter real, exclusión hecha de la hipoteca en garantía, y otros derechos reales inmobiliarios con igual función (refacción, etc.) que se incluyen en la modalidad de loan policy”. Vázquez Bote, supra, pág. 287. El seguro de dueño también es denominado seguro de dominio.

Otra de las modalidades del seguro de título es el seguro de hipoteca, el cual indemniza al asegurado en caso de pérdida de la prioridad registral de la hipoteca. Esta clase de seguro no protege al dueño de la propiedad, sino al acreedor hipotecario. Así lo indica J.M. Pedowitz, Title Insurance and You: What Every Lawyer Should Know!, ABA Press, (1979), págs. 4-5:

At the outset, the attorney must ascertain that his client, the purchaser, is receiving an owner’s policy of title insurance. In some parts of the country, it is customary for the purchaser to “rely” upon the title insurance company’s willingness to issue a mortgagee a title insurance policy. It cannot be overemphasized that the lender’s policy provides no protection to the purchaser /borrower, even when it is the latter who pays for the policy. While a lender’s title insurance policy relates both to the lien of the mortgage and to the quality of the landowner’s title, it does not do so for the benefit of the landowner. It is possible, moreover, that the quality of the landowner’s title which might be acceptable to a lender would not be acceptable to the landowner, although this possibility becomes remote when the amount of the loan constitutes a high percentage of the total value of the land. Therefore, it is both unsafe and unwise for the purchaser or his attorney to assume that the title insurance company is willing to issue a policy to the owner which contains only those exceptions and exclusions appearing in a lender’s policy.

En resumen, las pólizas de seguro de título se ex-piden por una compañía aseguradora a favor del dueño de una propiedad inmueble o sus acreedores hipotecarios. En el caso del dueño de la propiedad, estas pólizas se usan para garantizarle a éste su título e indemnizarle en caso de que dicho titular sufriera una pérdida o menoscabo en su derecho. Estas son las denominadas “Home Owner’s Policy”.

Ahora bien, las pólizas que se expiden a favor de un acreedor hipotecario son las conocidas como “Mortgagee Policies”, las que garantizan a éste o a su cesionario “el derecho real de hipoteca que tenga sobre la propiedad inmueble hipotecada, consistiendo dicha garantía en una indemnización por el balance de la deuda garantizada por la hipoteca en caso de que surja algún defecto en el título de la propiedad el cual afectará la validez de dicha garantía hipotecaria”. Fernández Seín, supra.

En Puerto Rico la modalidad de seguro de título que ha predominado es la de hipoteca. M.M. Oronoz Rodríguez, en El uso del seguro sobre el título en Puerto Rico, Tesis, Facultad de Derecho, U.P.R., 1965, pág. 2, comenta:

La compraventa de hogares se realiza en la gran mayoría de los casos por medio de empresas de financiamiento que com-pran las hipotecas aseguradas por la Federal Housing Authority. Hay una serie de corporaciones, como Housing Investment Corporation y James T. Barnes Inc., que compran las hipotecas aseguradas por la F.H.A. para luego vendérselas a inversionistas continentales. Estos inversionistas quieren que su dinero goce de toda la protección posible. Sin embargo, cuando un deudor hipotecario deja de pagar por su préstamo, la F.H.A. le paga el monto total de la hipoteca al inversionista, solo [sic] si éste le entrega una casa con un título limpio. Si no existe un título limpio el inversionista no puede recobrar de la F.H.A. Como protección contra esta situación los inversionistas requieren el seguro sobre el título. O sea, el adquirente de la casa tiene que comprar un seguro para que en caso de que el título que esa persona ha adquirido esté viciado, el dinero que el inversionista le prestó para la adquisición de ese hogar esté garantizado. El deudor hipotecario paga por un seguro que solo [sic] protege al acreedor hipotecario. (Enfasis suplido.)

Cabe señalar, además, que al evaluar reclamaciones como la del presente caso, hay que tomar en consideración no sólo si el reclamante es el asegurado, sino también si la aseguradora tiene la misma obligación para con el reclamante que tiene con respecto al asegurado. No podemos olvidar que la póliza cubre solamente al asegurado. Por tal razón se ha señalado que:

Generally, a title policy insures only the named insured and those who succeed him in interest by operation of law; title policies do not run with the land. Pedowitz, op. cit., págs. 70-71.

Por otra parte, en el caso de autos también se emitieron unos resguardos provisionales a nombre de Advisors. El Art. 11.210 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 1121, define resguardo provisional, en lo pertinente, de la manera siguiente:

(1) El resguardo provisional se utiliza para hacer obligatorio el seguro temporalmente, pendiente de expedición de la póliza. Podrá ser oral o escrito. Ningún resguardo provisional será vá-lido después de la fecha adquirida en relación al mismo después de la expedición de la póliza por la cual se dio, o después de haber transcurrido un período razonable que se establecerá me-diante reglas y reglamentos que promulgará el Comisionado.
(2) Un resguardo provisional incluirá todos los términos usuales de la póliza en relación con la cual se emita dicho resguardo.

En el caso ante nuestra consideración, con relación a la mayor parte de los demandantes, en los resguardos provisionales que se emitieron claramente se indicó que debían cancelarse las hipotecas previas que gravaban las propiedades de los reclamantes para que se procediera a expedir las pólizas de seguro. Como no se cumplió con dicha condición, las pólizas de seguro nunca se expidieron. Con respecto a otros demandantes, se excluyó de la cubierta del seguro los gravámenes anteriores que pesaban sobre la propiedad, así se indica en el “Schedule B” del resguardo provisional. Esto significa que “the exceptions in Schedule B does not constitute affirmative insurance and may in fact be misplaced entirely”. Pedowitz, op. cit., pág. 52. Además, en el tiempo en que estuvieron vigentes los resguardos provisionales, éstos protegían únicamente a la financiera Advisors, quien era la asegurada. De manera que siendo el seguro de título un contrato de indemnización, éste se rige por las reglas generalmente aplicables a los contratos de seguro. 13A Couch on Insurance 2d (Ed. rev.) Sec. 48:111 (1982).

Atales efectos, el Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3374, dispone que los contratos sólo producen efecto entre las partes contratantes y sus herederos. “ ‘Las acciones “ex-contractu” ... sólo pueden ser ejercitadas por una parte contratante en contra de la otra’. La regla general es que en relación con un tercero un contrato es irrele-vante; ya que éste simplemente regula las relaciones entre las partes contratantes y al tercero ni siquiera le afecta.” (Cita omitida.) Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197, 211 (1988). Tomando en consideración este principio estatutario, veámoslo aplicado a la situación de hechos del caso de autos.

La aseguradora Pioneer expidió una póliza de seguro de título de hipoteca y varios resguardos provisionales a nom-bre de Advisors. Esta gestionó dicha póliza con el fin de asegurar su acreencia hipotecaria, puesto que había conce-dido un préstamo a los esposos Pérez Marcano. Advisor acordó con los esposos Pérez Marcano cancelar la primera hipoteca que gravaba la propiedad de los demandantes, sin embargo, no cumplió con dicha obligación. Por tal razón, los esposos Pérez Marcano instaron demanda en daños y perjuicios contra Advisors y Pioneer, entre otros, que hoy nos ocupa. Pioneer, a su vez, presentó moción de desesti-mación y/o sentencia sumaria, alegando que el contrato de seguro negociado fue entre Pioneer y Advisors. Esta última es el asegurado. De manera que no existe vínculo contractual alguno entre Pioneer y los demandantes. Así lo señaló el tribunal de instancia cuando en la sentencia parcial afirmó que “[l]os demandantes no eran parte en el contrato de seguros entre Pioneer y Advisors o sus cesionarios, ni dicha póliza contiene disposición alguna a su favor. No pueden[, ] por lo tanto[, ] reclamar bajo la misma”. En de-recho procedía la desestimación solicitada por Pioneer y Apex. Pasemos ahora a analizar si el vehículo procesal uti-lizado fue el correcto.

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[u]na parte contra la cual se haya formulado una demanda, reconvención o demanda contra coparte, demanda contra tercero, o contra la cual se solicite una sentencia declaratoria podrá, en cualquier momento, presentar una moción basada o no en declaraciones jura-das para que se dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”. Esta regla permite aligerar los procedimientos y contri-buye a la economía procesal. Sin embargo, esto no quiere decir que deba aplicarse a la ligera.

Por tal razón, en Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp. 128 D.P.R. 538, 549 (1991), reiteramos que “ ‘[l]a sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe concederse cuando el derecho del oponente surge con claridad y cuando el promovente ha tenido una oportunidad adecuada de demostrar que el oponente no tiene derecho a que se dicte sentencia en su favor como cuestión de derecho’ ”. Véanse: Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910 (1989); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).

Examinado el expediente y los documentos que obran en el mismo, no cabe la menor duda de que el tribunal tuvo ante sí todos los hechos necesarios para dictar sentencia sumaria parcial, desestimando la reclamación contra Pioneer y Apex. Tanto la póliza de seguro de hipoteca como los resguardos provisionales se emitieron a favor de Advisors y sus cesionarios. Estas pólizas no protegían a los deman-dantes compradores. Como cuestión de hecho, no existe vínculo contractual alguno entre los demandantes y Pioneer. De manera que no habiendo la parte deman-dante controvertido este aspecto, procede la desestimación del pleito en contra de Pioneer, pues “ ‘no existe una legí-tima disputa de hecho a ser dirimida, ... sólo resta aplicar el derecho’...”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 720.

En el presente caso, el incumplimiento del contrato por parte de Advisors al no cancelar las hipotecas originales acarreó serias consecuencias a los demandantes. Esto, sin embargo, lamentablemente no puede tener el efecto de am-pliar la cubierta de una póliza.

En virtud de lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se confirme la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 8 de octubre de 1986 y se de-vuelve el caso a instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opi-nión escrita.

       Aparecen también como demandantes las personas siguientes: Edelmira Burgos, José A. Miranda Escudero y la sociedad de gananciales compuesta por él y su esposa, Juan Castro, Mario González, por sí y en representación de la sociedad de gananciales compuesta por él y su esposa Irma Orellano de González, Zenen Ortiz Morales, por sí y en representación de la sociedad de gananciales compuesta por él y su esposa Esther Orellano de Ortiz, Justo Lanzo Llanos y su esposa Ramonita Ce-sarfo, Isla Home Sales & Investment Co. y Edwin Santiago Guzmán, Serafín Mojica Arroyo y su esposa Carmen Rivera de Mojica, Alejandrina Ramos y su esposo Miguel Pabón, Ismael Rodríguez y su esposa Milagros Ramos, Ana Virginia Quintana Veláz-quez, Juan Rivera de Jesús y su esposa Angélica Pérez, René Santiago Rosado y su esposa María M. González Madera, Gilberto Rosado y Luis Velázquez Ocasio, José Negrón y Carmen Nydia Otero, José R. Estrella Rohena y Nydia Otero García, María M. González, viuda de Santiago y Rafael Rodríguez.

       Fueron también incluidos como demandados Consolidated Mortgage and Finance Corp., Raúl V. Mena, Jorge García, José L. Basora Gil, José L. Basora Benitez, Directores, Oficiales de Advisors Mortgage Investors Inc., Accionistas, Oficiales y Junta de Directores de Advisors, Richard Doe y John Doe, Juan, en representación de cualquier compañía, corporación o sociedad que les puedan responder a los de-mandantes, y a Pedro como cualquier individuo que pueda ser responsable a los demandantes en el presente caso.

       Un binder es “[un] convenio provisional que cubre el asegurado si le ocurre pérdida antes de que la póliza sea oficialmente expedida”. I. Rivera García, Diccio-nario de Términos Jurídicos, Equity Publishing Corp., New Hampshire, 1976, pág. 320.

       Véase Ferrell v. Inter-County Title Guaranty & Mtg. Co., 213 So. 2d 518 (1968).

       Un resguardo provisional es un binder. En 12A Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 7227, págs. 149-151 y 154 (1981), se dice que:
      “The issuance of a binder evidences a complete, temporary, or preliminary contract of insurance effective from that time until issuance of the formal policy or until rejection Of the risk, irrespective of the type of insurance concerned.
      . . . . . . . .
      “Conversely, a binder does not constitute a part of an insurance policy, nor does it create any rights for the insured other than during its effective period.” (Escolios omitidos.)

       La tendencia es la de no proteger extraños al contrato. Sin embargo, si se demuestra qne la compañía que expidió el seguro de título permite que el dueño de la propiedad y el acreedor hipotecario negocien un contrato a sabiendas de la existencia de un defecto en el título y lo oculta, entonces sí le es responsable la compañía al tercero. En Dixon v. Shirley, 558 S.W.2d 112, 117 (1977), se dijo:

        “A title company cannot close its eyes to known irregularities or discrepancies between its title policy and the order for the tittle policy (which in this case was a real estate contract). The title company cannot intentionally or negligently permit parties to a contract to close a real estate transaction at its place of business, at its invitation, knowing all along that the contract for sale called for different property than that set forth in its policy which it issued without full disclosure. The title company invited the parties to close the transaction at its office. Its agents assured the Dixons that the instrument prepared and the title of insurance covered the subject contract. The entire problem of the Dixons’ damages would have been avoided by the title company speaking at a time when its duty to speak was clear.” (Enfasis suplido.)


text:
    Jaime Torres Maldonado, demandante y recurrente, v. J.C. Penney Company, demandada y recurrida.

      Número: RE-87-230

      Resuelto: 3 de junio de 1992

      Julio E. Gil de Lamadrid y Raúl Barreras Morales, abogados del recurrente; David Rivé Rivera, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I

El Sr. Jaime Torres Maldonado tenía una cuenta rota-tiva con J.C. Penney (en adelante Penney). El 11 de julio de 1981 compró en Penney un televisor a color de diecinueve pulgadas (19”) valorado en cuatrocientos cuarenta y ocho dólares ($448). Pagó en efectivo la cantidad de cien dólares ($100) y cargó el resto a su tarjeta de crédito.

El televisor adquirido por el señor Torres Maldonado se dañó en varias ocasiones, aparentemente como resultado de un defecto de fábrica. A pesar de que Penney intentó arreglarlo en repetidas ocasiones, lo cierto es que el señor Torres Maldonado no quedó satisfecho con las reparaciones y decidió devolver el televisor a la tienda. Reclamó a Penney un crédito por el televisor devuelto.

Ante la negativa de Penney de reconocerle el crédito por la devolución del televisor, el señor Torres Maldonado instó querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.). La agencia le ordenó a la tienda que le recono-ciera el crédito al señor Torres Maldonado por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y ocho dólares ($448), precio de venta del televisor.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1983 la agencia de cobro Collection & Manpower Assistance, Inc. notificó mediante carta al señor Torres Maldonado que la cuenta rotativa que él tenía con Penney reflejaba un balance ven-cido de ochenta y cinco dólares con veintitrés centavos ($85.23). Se le apercibió que de no remitir el pago dentro de los próximos diez (10) días de la fecha de la carta que le fuera enviada, se procedería al cobro de la deuda por la vía judicial.

Así las cosas, Penney instó demanda en cobro de dinero en el Tribunal de Distrito de Bayamón en contra del señor Torres Maldonado el 4 de enero de 1984. Desistió con per-juicio de dicha acción el 27 de marzo de 1984, alegando que la cuantía envuelta no justificaba la acción, ya que el costo del litigio sería mayor. No obstante, Penney notificó al United Credit Bureau (U.C.B.) sobre la alegada deuda del se-ñor Torres Maldonado. El U.C.B. procedió a redactar un informe de crédito en el que hizo constar lo informado.

Mientras todo esto estaba ocurriendo, el señor Torres Maldonado solicitó un préstamo a la financiera Motoros Bankers, Inc. para adquirir un negocio, el Restaurante Valencia de Bayamón. El préstamo le fue denegado debido a los “atrasos de las obligaciones de crédito.” En el In-forme sobre Denegación de Crédito, Terminación o Cambio se le indicó que la información fue obtenida de un “reporte de una agencia de información de crédito”.

Por tal razón, el 20 de agosto de 1984 el señor Torres Maldonado instó demanda civil en daños y perjuicios en contra de Penney. Alegó que por culpa y/o negligencia de Penney, ésta refirió su nombre y cuenta al U.C.B., “como persona delincuente”, difamando así su buen nombre y perjudicando su crédito. Alegó, además, que a raíz de dicho “informe de delincuencia” le fue denegado el préstamo que solicitó a la financiera, lo que ocasionó que él tuviera que entregar el negocio del restaurante al no poder cumplir con el pago adeudado al vendedor. Reclamó por concepto de daños y perjuicios la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000).

El 20 de febrero de 1986, luego de la celebración de la vista en su fondo, Penney presentó una moción de desestimación. En el memorando en apoyo de dicha moción argumentó que “los elementos para imponerle responsabi-lidad a la demandada en una situación como la que se pre-senta en este caso, están delimitados por el ‘Fair Credit Reporting Act’ ” (en adelante F.C.R.Á.), 15 U.S.C. sec. 1601 y ss. Sostuvo que la ley F.C.R.A., 15 U.S.C. sec. 1681h(e), “establece que ninguna persona natural puede iniciar una acción por difamación, negligencia o invasión a la privaci-dad contra una agencia de informes de crédito (como el ‘United Credit Bureau’ en este caso) ni contra la persona que suple la información a dicha agencia de crédito (como J. C. Penney en este caso), a menos que la información suplida sea falsa, y se haya diseminado con malicia, o in-tención deliberada de peijudicar al demandante”. Alegó, además, que estos criterios de responsabilidad ocupan el campo y prevalecen sobre cualquier ley estatal. Concluyó, por lo tanto, que no procedía una acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.

El tribunal de instancia desestimó la demanda en contra de Penney el 31 de marzo de 1987. Basó su determina-ción en que el demandante “no presentó pruebas admisi-bles para establecer el hecho en que descansa este pleito, a saber: que las financieras que le rechazaron su crédito lo hicieron debido a referencias negativas de crédito emana-das de J. C. Penney Company. Tampoco se estableció, mediante prueba admisible, en qué consistían las referen-cias de crédito de J. C. Penney Company en cuanto al de-mandante Jaime Torres Maldonado, ni tampoco se estable-ció que dichas referencias hubiesen sido falsas o equivocadas”. Concluyó, como cuestión de derecho, que “aún cuando la parte demandante hubiese establecido que la información suplida por la demandada United Credit Bureau era falsa (hecho éste que no fue establecido) tenía que establecer que se hizo con malicia o intención delibe-rada de perjudicar al demandante”.

Inconforme con esta determinación, la parte deman-dante recurrente presentó un escrito de revisión ante nos planteando dos (2) señalamientos de error:

1. Que Penney incurrió en culpa y/o negligencia a tenor con el Art. 1802 del Código Civil, supra.

2. Que los daños sufridos por el demandante recurrente son consecuencia directa de la culpa y/o negligencia de la recurrida Penney.

Decidimos revisar y expedimos el auto solicitado.

II

La ley federal conocida como F.C.R.A. se aprobó con el fin de regular la actividad de dos partes: las agencias de información de crédito y los usuarios de informes del consumidor. A tales efectos, la ley define lo que es una agencia de información de crédito del consumidor de la manera siguiente:

(f) The term “consumer reporting agency” means any person which, for monetary fees, dues, or on a cooperative nonprofit basis, regularly engages in whole or in part in the practice of assembling or evaluating consumer credit information or other information on consumers for the purpose of furnishing consumer reports to third parties, and which uses any means or facility of interstate commerce for the purpose of preparing or furnishing consumer reports. 15 U.S.C. sec. 1681a(f).

Por otra parte, se ha dicho que los usuarios de informes del consumidor son generalmente las aseguradoras, los acreedores y los patronos, quienes compran la información del consumidor para utilizarla con relación a la transacción objeto del informe. Basados en este informe deciden si conceden crédito, le expiden un seguro o le dan el empleo a la parte solicitante. Véase Comentarios, Houghton v. New Jersey Manufacturers Insurance Co.: A Narrow Interpretation of the Scope Provisions of the Fair Credit Reporting Act Threatens Consumer Protection, 71 Minn. L. Rev. 1319, 1322, 1326 y 1329 (1987). De hecho, el Congreso de Estados Unidos reconoció que los usuarios de información del consumidor deben tener disponible información adecuada para poder evaluar los riesgos que conlleva una transacción del consumidor. S. Rep. No. 517, 91st Cong., 1st Sess. 2 (1969). Todo ello con miras a fortalecer el comercio y no imponerle trabas al mismo. Sin embargo, se trató de establecer un balance adecuado, de manera que al fortalecer el comercio no se dejara desprovisto al consumidor de protección frente a las agencias de información del consumidor. Y es que la amenaza de informes erróneos es significativa, ya que esta industria de informes del consumidor expide más de cien millones de estos informes anualmente. Aproximadamente cinco millones de consumidores son víctimas de informes erróneos cada año. Comentarios, supra, pág. 1322.

Teniendo en mente lo anterior, la ley F.C.R.A. define el informe del consumidor de la manera siguiente:

(d) The term “consumer report” means any written, oral, or other communication of any information by a consumer reporting agency bearing on a consumer’s credit worthiness, credit standing, credit capacity, character, general reputation, personal characteristics, or mode of living which is used or expected to be used or collected in whole or in part for the purpose of serving as a factor in establishing the consumer’s eligibility for (1) credit or insurance to be used primarily for personal, family, or household purposes, or (2) employment purposes, or (3) other purposes authorized under section 1681b of this title. The term does not include (A) any report containing information solely as to transactions or experiences between the consumer and the person making the report; (B) any authorization or approval of a specific extension of credit directly or indirectly by the issuer of a credit card or similar device; or (C) any report in which a person who has been requested by a third party to make a specific extension of credit directly or indirectly to a consumer conveys his decision with respect to such request, if the third party advises the consumer of the name and address of the person to whom the request was made and such person makes the disclosures to the consumer required under section 1681m of this title. (Énfasis suplido.) 15 U.S.C. sec. 1681a(d).

De la definición anterior claramente se desprende que se exceptúa como informe del consumidor aquella información basada solamente en las transacciones o experiencias entre el consumidor y la persona que suple la información. Amparados en esta excepción, los tribunales estatales y federales han sostenido que tanto las tiendas por departamento como los bancos, los cuales suplen información al U.C.B. basados en sus récord de crédito con respecto a un cliente suyo, no se convierten en una agencia de información de crédito ni en un usuario de información del consumidor. Mucho menos la información suplida viene a ser un informe del consumidor. Así, en Rush v. Macy’s New York, Inc., 775 F.2d 1554, 1557 (11mo Cir. 1985), se dijo analizando la ley F.C.R.A., 15 U.S.C. sec. 1681a(d), lo siguiente:

This section further provides that the term “consumer report” does not include “any report containing information solely as to transactions or experiences between the consumer and the person making the report”. The information that Macy’s provided to CBI was such a report, based solely on its own credit records of store transaction; thus, it cannot constitute a “consumer report” under the FCRA. (Énfasis en el original y cita omitida.)

En Álvarez Meléndez v. Citibank, 705 F. Supp. 67, 70 (D. P.R. 1988), se mantuvo lo expresado anteriormente al sos-tenerse que:

Parties who do no more than furnish information to a credit reporting agency are therefore not covered by the Act.

Ahora bien, la parte demandada recurrida sostiene que la ley federal, 15 U.S.C. sec. 1681h(e), tiene el efecto de ampliar la cobertura de la misma, extendiendo su protec-ción a toda persona que provea información a una agencia de información de crédito. No le asiste la razón.

La ley federal dispone lo siguiente:

Except as provided in sections 168 In and 1681o of this title, no consumer may bring any action or proceeding in the nature of defamation, invasion of privacy, or negligence with respect to the reporting of information against any consumer reporting agency, any user of information, or any person who furnishes information to a consumer reporting agency, based on information disclosed pursuant to section 1681g, 1681h, or 1681m of this title, except as to false information furnished with malice or willfull intent to injure such consumer. (Énfasis suplido.) 15 U.S.C. sec. 1681h(e).

Esta sección, no cabe duda, concede una inmunidad cualificada a las agencias de información de crédito y a los usuarios de información del consumidor. Solamente se puede instar una acción en su contra si se les prueba malicia. En otras palabras, la mera negligencia no da base para una acción judicial.

Ahora bien, ¿se extiende esta inmunidad cualificada a toda persona que provea información a una agencia de in-formación de crédito? La jurisprudencia ha sostenido lo contrario. De hecho, se afirma que el F.C.R.A., 15 U.S.C. sec. 1681h(e), no crea una causa de acción federal separada o independiente de la estatuida en la ley. Álvarez Meléndez v. Citibank, supra.

Por otra parte, dicha sec. 1681h(e) tiene que leerse en el contexto de la disposición jurisdiccional, la que autoriza a los tribunales a hacer cumplir las obligaciones impuestas por la ley (15 U.S.C. sec. 1681p), y las secciones que limi-tan la responsabilidad civil de las agencias de información de crédito y los usuarios de información del consumidor a actuaciones intencionales maliciosas (15 U.S.C. sees. 1681n y 1681o). Por tal razón, en Álvarez Meléndez v. Citibank, supra, se expresó que:

Moreover, the very title of section 1681h(e) “Limitation of liability” —suggests that the subsection was not intended to create a separate federal cause of action. Thus, the FCRA itself imposes no affirmative duties on sources such as the defendant bank if the information provided is not a consumer report. Parties who do no more than furnish information to a credit reporting agency are therefore not covered by the Act.
Rather, it appears that Congress intended section 1681h(e) to provide immunity from common law actions based on information provided pursuant to the provisions of the Act. Qualified immunity for sources, reporting agencies and users of information is the “quid pro quo for full disclosure”. (Énfasis en el original y cita omitida.)

De manera que debemos concluir que la ley federal F.C.R.A. sólo aplica a las agencias de información de crédito y a los usuarios de información del consumidor. Por lo tanto, la actuación de una tienda por departamento de proveer información a una agencia de in-formación de crédito basada en sus récord de crédito con respecto a un cliente suyo no está cobijada por la ley federal F.C.R.A. Y si no está enmarcada dicha acción dentro del ámbito federal, no podemos entonces decir, en el presente caso, que la ley federal F.C.R.A. ocupa el campo. Pero si la actuación de la tienda estuviera cobijada por la ley federal, como podría estarlo en otras situaciones, ésta tampoco ocupa el campo. Así lo establece esta ley, la cual dispone lo siguiente:

This subchapter does not annul, alter, affect, or exempt any person subject to the provisions of this subchapter from complying with the laws of any State with respect to the collection, distribution, or use of any information on consumers, except to the extent that those laws are inconsistent with any provision of this subchapter, and then only to the extent of the inconsistency. 15 U.S.C. sec. 1681t.

Nos resta entonces determinar si procede una acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, y si es necesario que la parte demandante alegue y pruebe la malicia de la parte demandada.

III

Habiéndose determinado que no aplica la ley federal F.C.R.A. al presente caso, el remedio que provee nues-tro ordenamiento jurídico para en caso en que una parte sufre daño a consecuencia de la acción negligente de otra es el Art. 1802 del Código Civil, supra.

De entrada, vale señalar que no procede imponer el deber de probar malicia en una acción al amparo del Art. 1802, supra. Basta probar la existencia de relación causal entre el daño y la acción u omisión negligente que lo produjo. En otras palabras, hay que demostrar en primer término que la parte demandante sufrió un daño. En se-gundo lugar, que la parte demandada actuó negligentemente. Por último, y el más importante, que el daño sufrido fue con toda probabilidad el resultado de la acción u omisión negligente del demandado. A tales efectos, hemos sostenido que la relación causal en nuestra jurisdic-ción se rige por la teoría de la causalidad adecuada. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990); Jiménez v. Pelegrina Espinel, 112 D.P.R. 700 (1982); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 113 D.P.R. 127 (1974). De acuerdo con esta teoría, "no es ‘causa’ toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce, según la expe-riencia general”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, supra, pág. 710. Lo determinante es si era de esperarse la ocurrencia del daño. Apliquemos lo anterior al caso de autos.

El señor Torres Maldonado compró un televisor a Penney, el cual tuvo que llevar a reparar en varias ocasiones.

Ante la imposibilidad de Penney de reparar satisfactoria-mente el televisor, éste decidió devolverlo a la tienda. Re-clamó un crédito por la devolución del televisor, a lo que Penney se negó. Posteriormente, Penney instó demanda en cobro de dinero contra el señor Torres Maldonado por la cantidad de ochenta y cinco dólares con veintitrés centavos ($85.23). Finalmente, desistió con perjuicio de dicha acción.

Por su parte, el señor Torres Maldonado acudió a D.A.Co. para exigirle a Penney que le reconociera el crédito por el televisor devuelto. La agencia así se lo ordenó, mas sin embargo, Penney ya había informado al U.C.B. de los supuestos atrasos del señor Torres Maldonado en su cuenta rotativa con la tienda.

Mientras todo esto ocurría, el señor Torres Maldonado gestionó en dos (2) ocasiones un préstamo, uno con una financiera y otro con el Chase Manhattan Bank, N.A. Am-bos préstamos le fueron denegados por la información que suministró el U.C.B., a los efectos de que tenía atrasos en las obligaciones de crédito. Por tal razón, el señor Torres Maldonado demandó a Penney en daños y perjuicios.

No hay lugar a dudas de que el señor Torres Maldonado sufrió daño como consecuencia de la información errónea suministrada al U.C.B. sobre su capacidad de pago, lo cual afectó su crédito ocasionando que se le denegara en dos (2) ocasiones un préstamo. Ahora bien, ¿se le puede atribuir a Penney el haber suplido esta información al U.C.B., esta-bleciendo así el nexo causal entre la negligencia y el daño sufrido por el señor Torres Maldonado? Entendemos que sí; veamos.

En el expediente hay suficiente prueba circunstancial que demuestra que Penney actuó negligentemente en este caso, provocando dicha negligencia el resultado ya conocido. Recordemos que “la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa”. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 525 (1980).

Analicemos la evidencia según ésta surge de los autos. Primeramente, Penney no reconoció en un principio el cré-dito al señor Torres Maldonado por el televisor entregado, por lo que refirió su cuenta con los supuestos atrasos a una agencia de cobro. Esta le envía una carta al señor Torres Maldonado reclamándole el pago de lo supuestamente adeudado. En vista de que el señor Torres Maldonado no pagaba, se le demandó en cobro de dinero, acción de la cual posteriormente se desistió con perjuicio. Todo esto debemos analizarlo conjuntamente con la carta que envió la Gerente de Cobros de Penney al U.C.B. para solicitar que se le eli-minara del expediente del señor Torres Maldonado el in-forme negativo. No cabe duda que de todos estos hechos se puede deducir que Penney actuó negligentemente al referir al U.C.B. información errónea sobre la cuenta rotativa de éste a los efectos de que estaba atrasado en los pagos.

Por otra parte, cabe señalar que Penney no pudo demos-trar que el señor Torres Maldonado hiciera otras compras en la tienda con su tarjeta de crédito, lo que apoya la con-clusión de que la compra y devolución del televisor fue lo que. generó la cadena de eventos que culminó en la dene-gatoria del préstamo. Tampoco Penney pudo demostrar que el señor Torres Maldonado tuviera préstamo alguno y fuera moroso en el pago del mismo. A su vez, no pudo de-mostrar que éste hiciera compras en otras tiendas por departamento.

Resta entonces hacer la valoración del daño sufrido to-mando en consideración que en materia de daños no basta con alegar el daño sufrido, sino que también hay que probarlo. No obstante, tal determinación no puede hacerse por este Tribunal, puesto que el tribunal de instancia aco-gió la moción de desestimación de la parte demandada, no entrando así a considerar los daños.

En virtud de lo anterior, se dictará sentencia revocando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 31 de marzo de 1987, y se devuelve el caso a instancia para que continúen los procedimientos en forma compatible con todo lo expresado en la opinión y no para que exclusiva-mente se determinen los daños. Esto incluye, claro está, de-terminar la relación causal entre el acto negligente y los daños.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió sin opinión escrita.

       En el Informe de Investigación rendido por el investigador del Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) se indica que el 20 de mayo de 1982, se personó por segunda vez a la tienda querellada J.C. Penney (en adelante Penney) y allí se le informó que le habían dado el crédito al Sr. Jaime Torres Maldonado.

       De acuerdo con lo alegado por el señor Torres Maldonado, éste compró el Restaurante Valencia de Bayamón por la cantidad de nueve mil dólares ($9,000). Abonó tres mil dólares ($3,000), y quedó a deber seis mil dólares ($6,000), pagaderos en o antes del 26 de abril de 1984.

       Posteriormente, solicitó un nuevo préstamo al Chase Manhattan Bank, N.A., el cual también le fue denegado el 24 de agosto de 1984. En la notificación de la denegatoria del préstamo se le informó al señor Torres Maldonado que la decisión del Banco se basó en la información que le suministró el United Credit Bureau de Puerto Rico.

       Reclamó, además, nueve mil dólares ($9,000), por el precio del negocio, diez mil dólares ($10,000), que invirtió en mercancía y equipo para el negocio, costas, intereses legales y veinte mil dólares ($20,000) en honorarios de abogado.

       La Sra. María Teresa Rodríguez, Gerente de Cobros de Penney, en carta de 27 de abril de 1984, le comunicó al señor Torres Maldonado lo siguiente:
      “Según fue requerido por usted, nos comunicamos con la señora Margarita Viera, del United Credit Bureau de Puerto Rico, solicitando el por qué no se había sacado la referencia de la cuenta indicada de su informe de crédito, enviada por J. C.

        Penney desde el pasado 16 de marzo.

      “La señora Viera, prometió corregir su récord en el día de hoy, ya que indica no haber recibido tal reclamación.” (Énfasis suplido.)

        El 31 de octubre de 1984 se eliminó por el U.C.B. la referencia negativa que constaba en el expediente del señor Torres Maldonado.

       Véanse, además: Rush v. Macy’s New York, Inc., 596 F. Supp. 1540 (S.D. Fia. 1984); Mitchell v. First Nat. Bank of Dozier, 505 F. Supp. 176 (M.D. Ala. 1981).

       En H.C. Black, Black’s Law Dictionary, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1979, pág. 1434, se define willful intent de la manera siguiente:
      “A willful act may be described as one done intentionally, knowingly, and purposely, without justifiable excuse, as distinguished from an act done carelessly, thoughtlessly, heedlessly, or inadvertently. A willful act differs essentially from a negligent act ....
      “Premeditated; malicious; done with evil intent, or with a bad motive or purpose, or with indifference to the natural consequences; unlawful; without legal justification.”

       En Mitchell v. First Nat. Bank of Dozier, supra, pág. 178, se sostuvo que:
      “First, the very title of section 1681h(e) —‘Limitation of liability— indicates that this subsection was not intended to create a separate federal cause of action. More importantly, the language of the provision when read carefully points to the same conclusion. In subsection h(e) of section 1681, Congress intended only to limit state common law actions which might be brought by consumers on the basis of information obtained under certain reporting requirements of the FCRA. By subsection h(e), Congress chose to limit those state causes of action, ‘in the nature of defamation, invasion of privacy, or negligence,’ based on information ‘disclosed pursuant to section 1681g, 1681h, or 1681m’ of the FCRA to cases where false information is ‘furnished with malice or willful intent to injure’ the consumer.
      “In short, Congress intended that the section invoked by plaintiff be used as a shield against actions at common law, when the information giving rise to the cause of action is obtained by the complainant pursuant to the provisions of the Act. Congress created an exception to this shield when information is ‘furnished with malice or willful intent to injure,’ but no basis exists for altering the shield of section 1681h(e) into the sword now sought by the plaintiff. Section 1681h(e) addresses itself only to the availability of state causes of action when the basis of those suits rests on information disclosed pursuant to the Act.”

       El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, dispone que:
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligen-cia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perju-dicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”