author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Juan Mari Bras y Otros, peticionarios y apelados, v. Alcaide Cárcel Municipal de San Juan y/o Cualquier Otro Alcaide, demandados y apelantes.
    Número: O-71-17

      Resuelto: 21 de marzo de 1972

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procura-dor General Auxiliar, abogados de los apelantes; Enrique González, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos ofrece la oportunidad de resolver si la fijación de carteles, que no son de tipo comercial, sobre la superficie de propiedad pública, constituye un delito bajo el inciso 6 del Art. 517 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 2067(6) que dispone lo siguiente:

“Incurrirá en delito menos grave toda persona que voluntaria-mente cometiere cualquiera de las siguientes violaciones:
6. Poner, pegar, fijar, imprimir, o pintar sobre cualquier propiedad perteneciente al gobierno o municipio, ciudad o pueblo, o consagrada al público, o sobre la propiedad de cualquier persona, sin permiso del dueño, cualquier aviso, anuncio, designación o nombre de cualquier artículo, para ofrecerlo en venta, u otro fin, o cualquier cuadro, letrero o mote, con objeto de llamar la atención hacia el mismo.”

Mediante petición de hábeas corpus, los aquí apelados impugnaron ante el Tribunal Superior la legalidad de su arresto, basado en unas denuncias C en las que se alegaba que, en violación de dicho artículo, habían pegado — algunos en el Puente Dos Hermanos y otros en ciertos postes del alum-brado público pertenecientes a la Autoridad de Fuentes Flu-viales — ciertos pasquines que decían: “Las Playas para el Pueblo — Movimiento Pro Independencia.”

Oídas las partes en cuanto al primero de cuatro funda-mentos de impugnación, a saber: que la denuncia no aducía hechos constitutivos del delito imputado, el Tribunal Superior declaró con lugar el auto solicitado, ordenó la libertad inme-diata de los peticionarios y la cancelación de las fianzas pres-tadas por éstos, por considerar que los hechos alegados no constituyen el delito definido en el Art. 517, inciso 6, del Código Penal. Sostuvo el tribunal a quo:

“. . . [ejntendemos que el Inciso 6 del Art. 517 del Código Penal no prohíbe el que se pongan, peguen, fijen, impriman o pinten sobre cualquier propiedad perteneciente al Gobierno o Municipio, anuncios o cualquier otra literatura no relacionada a artículos de comercio, como en este caso que se trata de pasquines que son de naturaleza política.”

No conformes con dicha resolución, los demandados (alcai-des representados por el Procurador General) apelaron ante nos.

Los demandados, aquí apelantes, no alegan que los carteles aquí envueltos promovieran un interés comercial, ni ponen en duda el que fuesen fijados para fines de difusión política. Su posición es más bien que el Art. 517, inciso 6, del Código Penal incluye como delito la fijación de carteles como los que fueron puestos por los apelados en este caso. Señalan que el tribunal a quo cometió un grave error de enfoque al basar su fallo en la naturaleza del contenido del escrito, ignorando el propósito general que anima el artículo en cuestión, según se desprende de su título (Transgresión) y del Capítulo del Código Penal en que se encuentra (Daños Maliciosos), de proteger los dere-chos de propiedad contra sus transgresores, y que “... [t] anto daño sufre una propiedad cuando se le fija un pasquín político que cuando se le fija un anuncio comercial; la transgresión es la misma en ambos casos”.

Surge de la resolución del tribunal y de las alegaciones de las partes que la controversia gira alrededor de la interpreta-ción del Art. 517 (6) del Código Penal. A ella nos habremos de limitar al disponer de esta controversia sin dejar de aludir, aunque sea someramente, a ciertos principios en el trasfondo del caso referentes al derecho a la libertad de prensa y libre expresión por un lado, y el interés público del Estado de proteger la propiedad gubernamental contra daños o pertur-baciones ajenas por otro.

En nuestro país es de conocimiento común el uso generalizado de carteles, mensajes pintados, pasquines, etc., por individuos o grupos como uno de los medios de diseminación de ideas, inquietudes y protestas, sobre toda clase de temas, incluyendo el mensaje y propagación política. Este medio de difusión constituye un ejercicio de las libertades de palabra y prensa.

Generalmente la dificultad en el uso de este mecanismo de expresión surge no del mensaje, idea o exhortación en sí, sino de su fijación física sobre la propiedad bajo la administración o control gubernamental. La perturbación que ello puede oca-sionar al uso de la propiedad gubernamental y privada ba motivado que se restrinja o desee restringir este tipo de acti-vidad en muchos estados.

El problema específico de la validez constitucional de estatutos y ordenanzas tendentes a proteger la propiedad contra daños o perturbaciones, en vista del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa, no ha sido tratado directamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No obstante ese Tribunal y otros federales inferiores y estatales han elaborado una serie de doctrinas sobre la libertad de ex-presión y prensa en general y sobre el uso de las vías y edificaciones públicas en particular que pueden arrojar luz sobre la controversia aquí planteada en torno a la interpretación del Art. 517, inciso 6, del Código Penal.

En general, una disposición legislativa que tiene como pro-pósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida sólo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para proteger un interés legítimo e importante del estado (legitimate and compelling state interest); Mitchell Family Planning, Inc. v. City of Royal Oak, 40 L.W. 2453 (U.S.D.C. of E. Mich., 5 de enero de 1972). Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una res-tricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarca-dora. Martin v. City of Struthers, 319 U.S. 141 (1942). En cuanto a las vías públicas, la Corte Suprema de los Estados Unidos .. [h] a sostenido inequívocamente que las calles son lugares apropiados para el ejercicio de la libertad de comuni-car información y diseminar opiniones y que, aunque los estados y municipios pueden reglamentar adecuadamente ese privilegio en el interés público, no pueden gravar in justifica-damente ni prohibir su ejercicio en estas vías públicas.” Valentine v. Crestensen, 316 U.S. 52, 54 (1941). Se ha re-suelto que son inconstitucionales ordenanzas que prohíben la repartición de hojas sueltas en residencias privadas a menos que se haya obtenido permiso previo del dueño. Martin v. City of Struthers, supra; Van Nuys Publishing Co. v. Thousand Oaks, 97 Cal. Rptr. 777 (1971); ordenanzas requiriendo una licencia previa para poder repartir hojas sueltas u otro material propagandístico, si el oficial a cargo de otorgar las licencias no tiene su discreción estrictamente limitada de antemano. City of Bowling Green v. Lodico, 228 N.E.2d 325 (Corte Suprema de Ohio, 1967); imposición de arbitrios sobre publicaciones religiosas vendidas sin fines de lucro. Follet v. McCormick, 321 U.S. 573 (1944); Jones v. Opelika, 319 U.S. 105 (1942); y el exigir que toda hoja suelta o publicación similar tenga impreso el nombre y dirección del que la publica. Talley v. California, 362 U.S. 60 (1959).

En Peltz v. City of South Euclid, 228 N.E.2d 320 (1967), la Corte Suprema de Ohio declaró inconstitucional una orde-nanza prohibiendo las carteles con mensajes políticos dentro de vastas zonas del municipio; y en Pace v. Village of Walton Hills, 238 N.E.2d 542 (1968), esa misma corte declaró incons-titucional un reglamento de zonificación municipal que prohi-bía carteles políticos en zonas residenciales.

En Wolin v. Port of New York Authority, 392 F.2d 83, 89 (2d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 940 (1969), la Corte de Circuito Federal para el Segundo Circuito sostuvo que el edificio terminal de autobuses en la Ciudad de Nueva York era un lugar apropiado para el ejercicio de los derechos de expresión y libertad de prensa, a pesar de que el propósito primario del edificio no era ése, sino la transportación de personas. Sostuvo dicha corte, a la página 89:

“La privacidad y quietud de los residentes puede exigir que los pasillos de los edificios de apartamientos estén aislados de la excitación producida por las exhortaciones volátiles, o la callada solemnidad de la administración de la justicia puede requerir que los pasillos de las cortes se mantengan libres de demostraciones. Pero esa conclusión se basa en la sabiduría y la experiencia, ya que las fricciones creadas por cualquier expresión protegida interferiría sobremanera a otros intereses — y no sólo por el hecho de que tenga techo el edificio. Es más, el foro público puede ser, por tradición, tanto una sala de asambleas techada como una plaza a pleno sol.”

En Brayton v. City of Anchorage, 386 P.2d 832 (1963), se reconoció el derecho del municipio a recobrar, en una acción civil, el costo de remover unos cincuenta carteles políticos que habían sido fijados por el demandado en unos postes del alum-brado pertenecientes a la ciudad. Ante la alegación del dere-cho a la libre expresión, el Tribunal Supremo de Alaska sos-tuvo que la ley protege al Estado contra transgresiones a su propiedad reconociéndole el derecho (common law right) a ser indemnizado por los daños resultantes.

Y en People v. Richards, 31 N.Y.S.2d 457 (1941) se sos-tuvo la constitucionalidad de una ordenanza de la administra-ción de un parque prohibiendo la fijación de carteles en el mismo, porque (1) permite la expresión en otras formas y (2) tiene un fin legítimo: la preservación de la tranquilidad en un lugar destinado al sosiego de los ciudadanos.

Para justificar las restricciones a la libre expresión en las vías públicas se han invocado ciertos intereses del Estado o la comunidad entre los cuales se destacan la privacidad del hogar, Breará v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1950); la tran-quilidad en los parques y lugares similares, People v. Richards, supra; la seguridad del tránsito, Peltz v. City of South Euclid, supra; el costo al gobierno de remover los anun-cios, Brayton v. City of Anchorage, supra; el peligro que pueden crear para los trabajadores los carteles en los postes y otros lugares; Brayton v. City of Anchorage, supra; y la estética de la comunidad, Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). Véase el Informe de la Comi-sión de Derechos Civiles, Los derechos de expresión y él uso de las vías públicas en Puerto Rico, 1971, págs. 23-30, en el cual se ataca la prohibición absoluta de fijar carteles, sin im-plicar que el Estado renuncie a la reglamentación razonable, reconociéndose las diferencias que existen entre los distintos lugares y objetos públicos en que se pueden colocar pasquines, ya que hay objetos en que el valor estético o simbólico es máximo (una estatua) y otros en que es mínimo (un poste).

Es innecesario que resolvamos si el Art. 517 del Código Penal atenta inconstitucionalmente contra el derecho de los apelados a la libre expresión y la libertad de prensa. No es necesario hacerlo toda vez la controversia, según se planteó y resolvió por el tribunal a quo, gira sólo alrededor de la interpretación de dicho artículo. Basta señalar que el artículo alegadamente infringido tiende a restringir ese derecho y que, por tratarse de derechos fundamentales de los apelados, cualquier reglamentación de los mismos debe interpretarse restrictivamente. Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276, 280 (1914). En esa forma seguimos la conocida norma “. . . [d]e que los tribunales no deben abordar plantamientos de índole constitucional cuando se puede disponer del caso en armonía con los intereses del apelante y en consonancia con los mejores fines de la justicia.” Pueblo ex rel M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971).

Como se sabe, el Art. 517 del Código Penal proviene y es una traducción del Art. 602 del Código Penal de California, inciso (f) que lee así:

“Trespasses constituting misdemeanor; enumeration.
Every person who willfully commits any trespass by either:
(f) . . . or putting up, affixing, fastening, printing, or painting upon any property belonging to the state, or to any city, county, town, or village, or dedicated to the public, or upon any property of any person, without license from the owner, any notice, advertisement, or designation of, or any name for any commodity, whether for sale or otherwise, or any picture, sign, or device intended to call attention thereto;
is guilty of a misdemeanor.”

Los apelados sostienen que estamos frente a una traduc-ción defectuosa del texto inglés del estatuto de origen, y que es éste el que debe prevalecer sobre el texto castellano. Pueblo v. Fonseca, 62 D.P.R. 433 (1943).

El tribunal sentenciador, al comparar ambos textos, concluyó que la palabra “artículo” de nuestro Código Penal corresponde a commodity en inglés, y que la frase “u otro fin” (or otherwise) se relaciona con la venta de un “artículo” (commodity) y no a mensajes u otra literatura no relacionada a artículos de comercio. Estamos de acuerdo.

De acuerdo con Black’s Law Dictionary (4ta. Edición Revisada, 1968) la palabra “commodity” se define de la siguiente manera;

“In the most comprehensive sense, convenience, accommodation, profit, benefit, advantage, interest, commodiousness.
In the commercial sense, any movable or tangible thing that is produced or used as the subject of barter or sale.”

En la misma fuente (pág. 342) se dice que “commodities” significa:

“Those' things which are useful or serviceable, particularly articles of merchandise movable in trade .... [Citas]
Goods, wares, and merchandise of any kind; movables; articles of trade or commerce. [Citas] ”

La otra frase “u otro fin” corresponde a la. palabra “or otherwise” en el texto inglés. ¿Cuál es su alcance? En Pueblo v. Benítez et al., 19 D.P.R. 246, 255 (1913) utilizamos la norma de interpretación conocida como noscitur a soeiis que nos indica que “... [c] uando en un estatuto las palabras de determinada significación van seguidas de otras palabras de sentido general que no son tan específicas y limitadas, la palabra o palabras generales deberán ser interpretadas en el sentido de que son aplicables a las personas o cosas de igual clase, según se designan las mismas en la determinada palabra o palabras, a menos que aparezca que la intención ha sido distinta.” Véanse Black’s Law Dictionary, 4ta. Edición Revisada, pág. 1209; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 667 (1964).

Esta regla es de aplicación en el presente. Resolvemos, por tanto, que la frase “u otro fin” utilizada en el estatuto se relaciona con “artículos” ■ {“commodities”) y no a mensajes u otra literatura no relacionada a artículos de comercio.

Los demandados-apelantes llaman la atención a que del propio texto surge que la referencia o ofrecer “en venta u otro fin”, se refiere solamente a la “designación” o nombre de cualquier artículo, y no a todo tipo de anuncio, ya que a la frase “cualquier artículo, para ofrecerlo en venta u otro fin” le sigue de inmediato otra frase que dice “. . . o cualquier cuadro, letrero o mote, con objeto de llamar la atención hacia el mismo.” Descansan en que la palabra “o” se define como “una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separa-ción o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas.”, según el Diccionario de la Real Academia, 19na. Ed., pág. 930. Por lo tanto, el uso de dicha conjunción entre las dos frases indica que, si bien la primera se refiere a la venta de un artículo, la segunda frase no está restringida a tales propó-sitos, sino que tiene un sentido general e independiente del de la primera. Así que esa segunda frase, por lo menos, abarca el tipo de aviso fijado por los apelados.

Los apelados sostienen que la última frase del inciso en cuestión (“o cualquier cuadro, letrero o mote con objeto de llamar la atención hacia el mismo.”), cuando dice “el mismo”, se refiere al “artículo” que poco antes se había dicho que se penalizaba “el ofrecerlo en venta u otro fin....” Por lo tanto, esta última frase del inciso también gira en torno al artículo de mercancía y no se aplica a otros tipos de anuncio.

No hemos encontrado jurisprudencia alguna en Puerto Rico que ofrezca una interpretación del inciso 6 del Art. 517. En California sólo aparece un caso, no reportado, citado en el alegato de los apelados, de una corte inferior de California. (“Appelate Department of the Superior Court of California for the County of Los Angeles”). Se trata del caso People of the State of California v. John Richard Haag, Superior Court No. CR.A. 8985, decidido en 15 de abril de 1970, el que envolvia una situación casi idéntica a la de autos.

En ese caso se denunció a Haag por infracción al Art. 602 (f) del Código Penal de California, equivalente al Art. 517, inciso 6, del nuestro, por haber colocado varios carteles en ciertos postes del alumbrado público, en cuyos carteles se instaba al público a reunirse en asamblea para organizar la oposición al “Plan Maestro” que para el área de Venice tenía el Municipio de Los Angeles. Un segundo cargo fue incluido en la denuncia imputándole violación a un ordenanza municipal de Los Angeles que penalizaba el fijar cualquier letrero en un poste del alumbrado público (Código Municipal de Los Angeles, sec. 28.04: “no person shall . . . post or otherwise affix, any hand-bill or sign to or upon any . . . electric light or power . . . post . . .”). La corte de primera instancia determinó culpabilidad por ambos cargos.

En apelación, se revocó la condena bajo el primer cargo porque el inciso (f) del Art. 602 del Código Penal se refería a anuncios de tipo comercial y no a los anuncios políticos, como lo eran los carteles colocados por el apelante. Esta inter-pretación se fundamentó en el uso de la palabra commodity en la forma ya indicada. Por otra parte, se sostuvo que el apelante había infringido la ordenanza, objeto del segundo cargo, ya que ésta se expresa en términos generales y no se restringe a anuncios comerciales. En cuanto a este último cargo, el caso fue devuelto al tribunal de origen para un nuevo juicio por ciertos defectos procesales.

En la forma en que está redactado el Art. 517, inciso (6), no creemos que se corre gran riesgo en afirmar que está sujeto a legítimas dudas sobre las actividades que trata de penalizar. Estamos frente a un estatuto penal. La duda que surge debe resolverse a favor del acusado y de su inmunidad, pero nunca para alcanzar situaciones que no aparecen claramente contempladas por la ley. Esa es la norma básica que hemos seguido en otras ocasiones. Pueblo v. Benítez et al. supra, pág. 258:

“. . . [A] demás, el estatuto que se considera es uno penal y criminal y como tal debe ser estrictamente interpretado. [Citas] Deben dichos estatutos ser estrictamente interpretados, o sea, de modo estricto en aquellas partes que están en contra del acusado pero liberalmente en las que le favorecen. Ninguna persona que-dará sometida a dichos estatutos por meras deducciones, y cuando surgen dudas con respecto a su intervención, tales dudas deberán considerarse únicamente a favor del acusado.”

La resolución apelada será confirmada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino y el Juez Asociado, Señor Torres Rigual, concurre con el resultado.

       Las denuncias son similares con excepción del nombre del acusado y los sitios. El texto lee así:
      “. . . , allí y entonces, ilegal, voluntaria, malicionsamente, a sabiendas y con la intención criminal, en la fecha, hora y sitio arriba indicado se dedicaba a poner o pegar paquines [sic] los cuales se leían la Playa para EL Pueblo, en una propiedad pertenenciente a la Autoridad de Fuentes Fluviales, los cuales los pegaban en un poste del Alumbrado Público, sin el permiso de su dueño, o propietario.”

       Los otros tres fundamentos son: (a) el artículo mencionado es inconstitucional de su faz, ya que viola el derecho a la libre expresión; (b) el artículo se ha aplicado inconstitucionalmente al discriminarse en contra de los independentistas; y (c) la denuncia se radicó a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que es una entidad inexistente en derecho.

       Véase 10 L.P.B.A. see. 311: “Todo periódico, magazine, revista, hoja suelta u otra publicación que se haga por medio de la prensa, lito-grafía, grabado o cualquier otro medio mecánico llevará en sitio ostensible ... el nombre de la persona, personas o corporación que la publique y edite.”

       West’s Annotated California Codes, 1970 edition, Vol. 49; Penal Code, pág. 646.

       Art. 13 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 13; Pueblo v. Zayas, 72 D.P.R. 18 (1951); Pueblo v. Tirado, 68 D.P.R. 289 (1948).

       Sostuvo dicha corte: “We feel that a reading of Subdivision (f) of Section 602 of the Penal Code clearly indicates that said section applies only to notices or advertisements of commodities, i.e., commercial notices. Defendant’s activities do not fall in this category. He was improperly convicted of violating this section. Said conviction is reversed and upon remand, Count I must he dismissed.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    The Wackenhut Corporation y Otros, demandantes y apelantes, v. Hon. Salvador Rodríguez Aponte y Otros, demandados y apelados.
    Número: O-70-81
    Resuelto: 23 de marzo de 1972

      Rodríguez Maduro & Torres Vilá, abogados de The William J. Burns International Detective Agency, Inc. y William Mar-torani Masbernat; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   per curiam :

En 29 de junio de 1965 se aprobó la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico, Ley Núm. 108 de esa fecha, 25 L.P.R.A. see. 285 y ss., Suplemento, cuyo propósito según se desprende de su título es “Reglamentar la profesión de detective privado, las agencias de detectives privados y las agencias de seguridad para la protección de empresas pri-vadas, las escuelas para la enseñanza de detectives privados y fijar penalidades por las violaciones a esta ley.”

Wackenhut Corporation, Marvil International Security Services, Inc., y William J. Burns International Detectives Agencies, Inc., son corporaciones que se dedican a proveer mediante paga guardianes a las empresas privadas y también prestan servicios de investigación. Marvil además provee perros adiestrados para la custodia de propiedades. Robert S. Hopler es Gerente para Puerto Rico de Wackenhut Corporation.

Desde que comenzó a regir dicha ley de detectives privados los apelantes cabildearon tratando de obtener una serie de en-miendas a la misma. En vista de que no lograron sus propó-sitos Wackenhut y Marvil presentaron en el Tribunal de Dis-trito Federal, en San Juan, en 10 septiembre 1965, solicitudes de injunction temporero y de injunction permanente contra el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y otros funcio-narios puertorriqueños para prohibirles que les aplicasen las disposiciones de dicha Ley Núm. 108.

En su acción ante el Tribunal de Distrito Federal, Wack-enhut y Marvil alegaron, en resumen, que la ley es inconsti-tucional por ser arbitraria al:

1. Incluir bajo la categoría de “detectives privados a dos clases de individuos distintos: los guardianes y los detectives.

2. Exigir un requisito idéntico — 1,000 horas de estudios a los dos grupos de individuos antes mencionados.

3. Prohibir el uso de perros entrenados por los guardias a quienes se les exige licencia como detectives privados cuando no prohíbe el uso de dichos perros a los agentes del orden pú-blico ni a los guardianes empleados directamente por las em-presas privadas para su protección.

4. Prohibir que los detectives privados y las agencias cu-biertas por la ley presten servicios en casos que envuelvan con-flictos obreros, o entre obreros y patronos, o en aquellos casos en donde se haya presentado una petición de elección, cuando no prohíbe el empleo de individuos sin licencia como guar-dianes en esos casos.

En 13 septiembre 1965 se celebró una vista ante el Juez de Distrito Federal William C. Mathes, quien, a tenor con lo dispuesto en 29 U.S.C. see. 2284, convocó un Tribunal de Dis-trito de tres jueces para entender en el asunto. En 16 sep-tiembre 1965, a petición de los querellantes, el Juez Mathes emitió una orden temporera prohibiendo a los demandados aplicar la citada Ley Núm. 108 a los querellantes. Dicha or-den estaría en vigor hasta que el Tribunal de Distrito de tres jueces determinase otra cosa.

Se vio el caso ante el Tribunal de Distrito de tres jueces y éste, mediante su opinión emitida por voz del Juez de Circui-to Maris, suspendió todos los procedimientos en dicho caso para darle una oportunidad a los Tribunales de Puerto Rico a que resolviesen sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 108. Dijo dicho Tribunal de tres Jueces:

“Creemos que la doctrina de abstención es especialmente apli-cable en este caso en que se trata de la interpretación y de la constitucionalidad de un estatuto del Estado Libre Asociado de Puerto Eico. La deferencia debida al status de Puerto Rico bajo su convenio con el Congreso de los Estados Unidos dicta que Puerto Rico debe tener la oportunidad de determinar a través de sus tribunales el ámbito de su propia legislación y de pasar juicio sobre esa legislación a la luz de su Constitución y de la Constitución de los Estados Unidos.”

La decisión del Tribunal de Distrito Federal de tres jueces fue confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos en Wackenhut Corporation et al. v. Aponte, 386 U.S. 268 (1967).

En vista de lo anterior Wackenhut y Marvil presentaron en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una Solicitud de Sentencia Declaratoria, para litigar sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 108. Posteriormente William J. Bums International Detectives Agencies) Inc., quien no había sido parte en la acción ante el Tribunal de Distrito Federal, presentó una moción de intervención en el Tribunal Superior de Puerto Rico y la misma fue declarada con lugar. El Tribunal Superior declaró con lugar una moción de entre-dicho provisional a favor de Burns, similar a la que el Tribunal de Distrito Federal había emitido a favor de Wacken-hut y de Marvil. Estas órdenes de entredicho provisional que-daron en vigor hasta la resolución final de este caso.

Estando así las cosas la Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó la Ley Núm. 108 de 1965 mediante la Ley Núm. 126 de 24 junio 1968. Las enmiendas hechas son conside-rabies en extensión y én contenido. Se enmendaron el título y 11 artículos de la ley anterior. A esto hemos de regresar más adelante.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ante el cual se litigó la Solicitud de Sentencia Declaratoria, sostuvo la validez de la ley en todas sus partes, mediante su opinión de 12 septiembre 1969. De dicha decisión apelaron separadamente para ante este Tribunal Wackenhut y Burns. La apelación de Wackenhut fue desestimada por falta de jurisdicción, Recurso 0-69-227. Una moción de Wackenhut para intervenir en la presente apelación fue declarada sin lugar por nosotros en 8 mayo 1970. Igualmente declaramos sin lugar la moción del Procurador General de Puerto Rico para que se desestimase la apelación de Burns. Los apelantes pre-sentaron su alegato en este Tribunal en 15 mayo 1970.

Como en el señalamiento de errores y en la discusión de los mismos que aparece en el alegato de los apelantes, hay cierta repetición y algunas imbricaciones {overlapping), a los fines de hacer una discusión ordenada de los asuntos plantea-dos, hemos hecho la siguiente organización de los mismos:

1. Si son inconstitucionalmente arbitrarias, caprichosas e irrazonables las disposiciones de la ley que:

(a) agrupan a guardianes con investigadores y los clasi-fican como detectives privados,

(b) prohíben a agencias y detectives privados prestar sus servicios en casos de disputas obreras,

(c) prohíben a agencias y detectives privados utilizar canes adiestrados en el desempeño de sus servicios,

(d) autorizan a revocar la licencia de una agencia cuando algún empleado suyo haya sido convicto de determinados delitos.

2. Si es contrario a los derechos constitucionales de la igual protección de las leyes y del debido proceso de ley que a guar-dianes empleados por Agencias de Seguridad se les impongan ciertos requisitos que no son impuestos a personas que trabajan de guardianes o serenos en su capacidad individual.

Examinaremos cada una de estas cuestiones en forma separada. Como .la Ley Núm. 108 fue sustancialmente enmen-dada por la Ley Núm. 126 de 1968 y como la ley así enmen-dada es la que está en vigor tenemos que examinar todas esas cuestiones a la luz del texto vigente de la ley. Debido a las mencionadas enmiendas que la ley sufrió en el 1968 la situa-ción ahora es distinta a la que existía en el 1965 y 1966 cuando Wackenhut y Marvil litigaron en la Corte de Distrito Federal.

Antes de entrar en la discusión de los puntos específicos que levanta el apelante, es conveniente mencionar siquiera las dos premisas mayores que gobiernan este caso. Una consiste en que no hay duda de que el Estado puede reglamentar los negocios que se dedican a prestar servicios de guardianes y la ocupación de detectives privados. Como se ha dicho, es un lugar común expresar que la función policial es una primordialmente gubernamental y que todo lo que le atañe puede ser reglamentado y supervisado por el Estado para evitar que dicha función se degenere o pervierta. Lehon v. Atlanta, 242 U.S. 53 (1916), 61 L.Ed. 145, 149. Más de 25 de los estados federados de la Unión reglamentan esas actividades. Véase Regulation of Private Police, 40 So. Cal. L. Rev. 540 (1967). Hemos podido examinar 16 de esas leyes estatales.

La segunda premisa consiste en que la reglamentación de dichos negocios y de dicha ocupación — como toda reglamenta-ción gubernamental — tiene que mantenerse dentro de los límites de la Constitución de Puerto Rico y de los de aquellas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos que rigen en Puerto Rico.

Veamos ahora los puntos levantados por el apelante.

1. (a) Denominar “detectives privados” a los guardianes. Es cierto que a los guardianes se les incluye en la definición que da la ley de detective privado. Pero esto de por sí no es inconstitucional. Nadie argüiría seriamente que un estatuto sería inconstitucional porque, por ejemplo, incluyese a los médicos y a las enfermeras bajo una sola definición (como por ejemplo, diciendo que son personas dedicadas a atender a los enfermos) siempre que los requisitos para ejercer cada una de dichas profesiones y su reglamentación guardase razonable relación con sus actividades respectivas.

Antes de la enmienda del año 1968, la ley exigía a los guardianes cumplir ciertos requisitos idénticos a los que les exigía a los detectives privados, notablemente haber aprobado un curso de un mínimo de 1,000 horas de estudio y de prác-tica. Pero la enmienda de 1968 varió eso y ahora el curso que se le exige a los guardianes es de solamente 4 semanas. Art. 4(B) de la Ley, 25 L.P.R.A. sec. 285c(B). La ley vigente exige los siguientes requisitos a los guardianes: Ser mayor de 21 años de edad, no haber sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique depravación moral, tener excelente reputación moral, haber prestado fianza, haber pagado $2.00 de licencia, no ser ebrio habitual, ni desequili-brado mental ni haber sido convicto por drogas, suministrar sus huellas digitales, no ser empleado del gobierno y haber aprobado un curso de adiestramiento de 4 semanas.

Cuál era la situación antes de la enmienda de 1968 es. cosa que no tenemos que decidir ahora, pero ciertamente ninguno de los requisitos que en la actualidad la ley exige a los guardianes es inconstitucionalmente irrazonable, arbitrario o caprichoso, salvo lo dicho más adelante en el párrafo (d) de esta opinión sobre el requisito de no haber sido convicto de delito menos grave que implique depravación moral.

(b) Se atacan las disposiciones de la ley que prohíben a los detectives privados y a las agencias cubiertas por la ley prestar servicios en casos que envuelven conflictos entre obre-ros, o entre obreros y patronos o en aquellos casos en donde se haya presentado una petición de elección. Art. 20 de la Ley, 25 L.P.R.A. sec. 285s.

Los males que el Art. 20 desea evitar son bien conocidos entre los que han seguido la historia de los conflictos obrero-patronales. Véase la nota Industrial Policing and Espionage, en 52 Harv. L. Rev. 793. La intervención o presencia de una fuerza privada de guardianes provista por una agencia de seguridad en el ambiente tenso que usualmente prevalece en los conflictos laborales constituye un elemento potencial de violencia. El ejercicio de vigilancia y custodia, siempre, pero especialmente durante momentos de tensión como lo son los conflictos obrero-patronales, es parte de la función policial del estado. Es natural que las partes envueltas en esos conflictos sean de ordinario menos irritadas por la presencia de la poli-cía gubernamental que de una policía privada. A la policía gubernamental se le puede presumir imparcialidad. Los obre-ros no pueden presumirle esa imparcialidad a una policía privada pagada por el patrono. Además, el patrono y la agencia privada que provee los guardianes no sienten las inhibiciones o disuasivos en su conducta que normalmente sienten los agentes, empleados y funcionarios públicos.

Lo que el legislador ha preferido es que en esos momentos de tensión producidos por los conflictos obreros, en los cuales una imprudencia puede desencadenar pasiones que produzcan tragedias humanas, sea la policía pública y no la privada la encargada de vélar por el orden. Esa preferencia es una que cae dentro del ámbito de la política pública (public policy) que compete al Poder Legislativo ejercer.

El propósito del Art. 20 de la ley surge con claridad del debate legislativo que tuvo lugar en el año 1960 cuando se discutió una enmienda al P. de la C. 433, proyecto que tenía un título igual a la Ley Núm. 108. Se debatía en aquella ocasión sobre la necesidad de incorporar a la legislación una disposición como la del Art. 20. El Representante Aponte expresó en aquella ocasión lo siguiente:

“Lo que razonaba la Comisión al formular esta enmienda, es que pudiere utilizarse una fuerza de detectives o una fuerza de guardianes, fuerza uniformada, fuerza que impresiona, organi-zada, preparada — preparada para las contigencias que usual-mente son atribuíbles a una fuerza policíaca — para ser utilizada contra una organización obrera por un patrono. He ahí por qué la enmienda que ofreció la Comisión prohíbe la intervención de este tipo de actividad en conflictos entre obreros o entre obreros y patronos.” — 13 Diario de Sesiones 1060.

El historial legislativo nos demuestra que el propósito del legislador fue impedir que al surgir un conflicto laboral el patrono contrate los servicios de guardianes de una agencia de seguridad. No es el propósito del Art. 20 prohibir que al surgir un conflicto laboral el patrono continúe utilizando los servicios de guardianes que venía utilizando en funciones normales de vigilancia. El propio artículo expresa que lo que se prohíbe es que se presten esos servicios “en casos que envuelvan conflictos entre obreros, o entre obreros y patronos, o en aquellos casos en donde se haya radicado una petición de elección.” El Art. 20 no es una prohibición absoluta contra el empleo de guardianes, sino que se limita a las situaciones especiales que su texto comprende. Dicho artículo no prohíbe que el patrono continúe utilizando los guardianes que ha venido utilizando normalmente para la custodia de su propiedad. La preocupación del legislador que evidencia dicho Art. 20 es una preocupación legítima del Poder Legislativo y no encontramos que la haya plasmado en una forma arbitraria, caprichosa e irrazonable. La legislación de varios estados demuestra que otras asambleas legislativas estatales también se han preocupado por este problema. Nueva York y Pennsylvania han adoptado medidas iguales a la de Puerto Pico. 19 McKinney’s Consolidated Laws of New York Anno., sec. 84; 22 Purdon’s Pennsylvania Statutes Anno., sec. 26.

(c) La prohibición del uso de perros adiestrados. Art. 19 de la Ley, 25 L.P.R.A. sec. 285r. La única agencia de guardianes que suministraba perros adiestrados era Marvil y no tenemos ante nosotros apelación alguna suya. Sólo tene-mos ante nos la apelación de Burns. Burns no alega que utiliza ni que suministra perros adiestrados en el curso de sus fun-ciones. Por lo tanto, el apelante no tiene ningún título o dere-cho legal que pudiera ser afectado por la confirmación o por la revocación de la sentencia apelada y por consiguiente carece de capacidad jurídica (standing) para solicitarnos que se revise este extremo. Tugwell v. Barreto, 65 D.P.R. 500, 508 (1945); Cortés v. Rivera, 41 D.P.R. 298, 302 (1930). La sen-tencia declaratoria se limita a los derechos realmente afecta-dos por el estatuto en cuestión y como hemos visto la prohibi-ción de utilizar perros no afecta al apelante, quien ni alegó ni probó que los utilizase.

Sin embargo, creemos que es útil expresar que en relación con la prohibición de uso de perros adiestrados que contiene el Art. 19 de la ley, 25 L.P.R.A. sec. 285r, bien puede comprenderse la razón que tuvo el legislador para establecer esta prohibición. Como se sabe, los perros adiestrados que utilizan las Agencias de Seguridad son perros de gran tamaño, temibles y rara es la persona que no se siente intimidada ante ellos. Es natural que esos perros intimiden a los obreros aún en funciones legítimas, tales como caminar en piquetes, celebrar mítines cerca del lugar del trabajo, etc. Este poder de intimidación es mayor entre las mujeres obreras. Es de conocimiento general que gran parte de la industria puertorriqueña, por ser industria de ropa, emplea mujeres. Pero aun entre obreros varones la situación que hemos apuntado puede darse. El mal señalado es uno que el legislador bien puede prevenir.

(d) Revocación de licencia a una agencia cuando algún empleado suyo ha sido convicto de delito público. Art. 17 (c) de la Ley, 25 L.P.R.A. sec. 285p (c). Este señalamiento no tenemos que resolverlo ahora porque en este pleito no se alega que se le haya revocado la licencia a ninguna agencia porque algún empleado suyo haya sido convicto de delito público. El propósito del Art. 17 es que las personas que posean licencias de detectives privados y los guardianes de las agencias de seguridad sean personas de buena conducta, que no sean felones, que no sean personas dadas a cometer delitos, atropellos y abusos pues personas de esas tendencias en cualquier fuerza policial — pública o privada — son una amenaza para la seguridad y la tranquilidad de todos.

Entendemos que el propósito del estatuto es permitir que se revoque una licencia o que se deniegue su renovación cuando el miembro o empleado de la agencia ha cometido un delito actuando bajo las órdenes o con el consentimiento expreso o tácito de los oficiales o directores de la agencia. En este contexto utilizamos la palabra oficiales incluyendo no solamente a los oficiales tradicionales de una corporación (presidente, tesorero, secretario, etc.) sino incluyendo tam-bién aquellos ejecutivos y jefes, de oficina o de campo, que ejercen autoridad sobre los empleados o miembros de una agencia de seguridad. Así también procede la revocación o denegación de renovación de licencias a detectives privados y otras personas que tengan licencia en su capacidad individual cuando ellos cometan delito público.

Aparentemente la ley de Illinois limita la sanción (revoca-ción de licencia, etc.) a cuando el que ha cometido el delito es una persona que posee la licencia o es un socio de una sociedad o es un oficial de una corporación de las dedicadas a estas actividades de policía. 38 Smith-Hurd Illinois Anno. Statutes, sec. 201-16 (c). Igualmente lo hace la ley de North Dakota. 9 North Dakota Century Code Anno., see. 43-30-12. Por el contrario, la ley de Florida contiene una disposición igual a la nuestra. 15B Florida Statutes Anno., sec. 493.14 (c).

2. La ley impone a los guardianes empleados por Agencias de Seguridad ciertos requisitos que no le son impuestos a personas que trabajan de guardianes (watchmen) o serenos (night watchmen) en su capacidad individual. El Art. 31 de la ley, 25 L.P.R.A. sec. 286c, dispone en su segundo párrafo que no serán aplicables las disposiciones de la ley a los serenos o guardianes que se dediquen a tales oficios en su carácter individual.

No hay duda pues de que la Asamblea Legislativa ha clasificado los guardianes en dos clases. Una comprende a los que son empleados o miembros de las Agencias de Seguridad que la Ley Núm. 108 reglamenta y la otra clase la compone los guardianes o serenos que quedan fuera de la ley en virtud de su Art. 31. Sin embargo, esta clasificación no es una que repugna a la conciencia por estar basada en prejuicios o motivaciones ilegítimos o por ser injusta. Al considerar a las personas que trabajan como guardianes o serenos en su capacidad individual como una clase de guardianes distinta a la de los guardianes que son empleados de Agencias de Seguridad, la Legislatura ha reconocido una realidad de nuestro medio social y económico. Una cosa es el empleado que forma parte del cuerpo de guardianes de una Agencia de Seguridad, uniformado, entrenado, motorizado, posiblemente armado y capaz de actuar en grupos y otra cosa es el antiguo guardián o sereno, mucho más antiguo que nuestra incipiente industrialización, que opera sin uniforme, usualmente desarmado y en forma individual. Los problemas de orden público que este último pueda crear son los problemas que cualquier ciudadano puede crear; no así los que pueden crear los guardianes empleados por las agencias profesionales de seguridad. Véase 52 Harv. L. Rev. 793.

Además, cuando el Poder Legislativo ataca un aspecto de un problema no viene obligado a atacarlos todos de una vez. Basta que la acción del Estado tenga una base racional y esté libre de discrímenes maliciosos. Dandridge v. Williams, 397 U.S. 471, 486-487.

En la reglamentación socio-económica no se viola la cláusula de la igual protección de las leyes meramente porque las clasificaciones estatutarias sean imperfectas. Para bregar con los problemas prácticos de gobierno a veces es necesario hacer clasificaciones aunque las líneas de demarcación sean algo crudas y esas determinaciones legislativas no se anularán si las situaciones fácticas lo justifican. Dandridge v. Williams, supra, pág. 485. La clasificación que aquí ha hecho la Asamblea Legislativa cae dentro de lo constitucionalmente permisible.

Por el contrario, hay áreas en las cuales, por su tangencia con la dignidad humana y con el principio de que todo el mundo es igual ante la ley, toda clasificación es inherente-mente sospechosa y está sujeta al más minucioso examen judicial. Estas áreas incluyen las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad. Constitución de Puerto Rico, Sec. 1, Art. II; Graham v. Richardson, 403 U.S. 365, 371-372 (1971).

Hemos pasado juicio sobre los errores señalados a la luz de la ley vigente, luego de las enmiendas del año 1968. La consti-tucionalidad de las partes de la Ley Núm. 108 de 1965 que ya no están en vigor por haber sido enmendadas por la Ley Núm. 126 de 1968 es un problema ahora académico.

Se dictará sentencia de conformidad con lo anterior.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos, Ramírez Bages y Martín, no intervinieron.

       Véase el resumen que de las alegaciones de los demandantes hizo el Tribunal de Distrito Federal en Wackenhut Corp. v. Aponte, 266 F.Supp. 401, a la pág. 403.

         Wackenhut Corp. v. Aponte, 266 F.Supp. 401, 405 (1966).

       Para una expresión reciente de la aplicación de la doctrina de abs-tención a Puerto Rico, véase Fornaris v. Ridge Tool Co., 400 U.S. 41 (1970).

       La Ley de Detectives Privados qué aparece en .el Suplemento al Título 25 de L.P.R.A. contiene,.desde luego, la Ley Núm. 108 de 1965 según fue enmendada por la Ley Núm. 126 de 1968.

       )En orden alfabético por estados: West’s Anno. (California) Bus. & Prof. Code, sec. 7500 y ss.; Connecticut General Statutes Anno., sec. 29-153 y ss.; 24 Delaware Code Anno., sec. 1301 y ss.; Florida Statutes Anno., sec. 493.01 y ss.; 38 Smith-Hurd Illinois Anno. Stat., sec. 201-1 y ss.; Burn’s Indiana Statutes Anno., sec. 42-1207 y ss.; 5 Annotated Code of Maryland, Art. 56, sec. 75 y ss.; Mass. General Laws Anno., Ch. 147, sec. 22 y ss.; Michigan Compiled Laws Anno., sec. 338.821 y ss.; 45 New Jersey Statutes Anno., sec. 45:19-8 y ss.; 10 New Mexico Statutes Anno., sec. 67-33-1 y ss.; 19 McKinney’s Consolidated Laws of New York Anno., Art. 7, sec. 70 y ss.; General Statutes of North Carolina, Ch. 66, sec. 66-49.1 y ss.; 9 North Dakota Century Code Anno., sec. 43-30-01 y ss.; 22 Purdon’s Penna. Statutes Anno., sec. 11 y ss.; 12B Vernon’s Civil Statutes of Texas Anno., Art. 4413 (29bb).

       Por lo menos once estados tienen disposiciones similares a la nuestra. Excluyen de la reglamentación a las personas que prestan sus servicios como guardianes o serenos en su capacidad individual. 38 Smith-Hurd Illinois Anno. Stat., sec. 201-1; New Jersey Stat. Anno, 45:19-9 (a); 21 Purdon’s Penn. Stat. Anno., sec. 25; Mass. Gen. Laws Anno., Ch. 147, sec. 23(3) ; Michigan Comp. Laws Anno., sec. 338.824; 10 New Mexico Stat. Anno., 67-33-10(A); 5 Anno. Code of Maryland, Art. 56, sec. 75(a); Vernon’s Texas Civil Stat. Anno., Art. 4413 (29bb), sec. 14; 24 Delaware Code Anno., sec. 1301(a); Gen. Stat. of North Carolina, 66-49.2(2) (d); West’s Anno. California Codes, Bus. & Prof. Code, sec. 7522(a).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Julián Pagán Pagán, acusado y apelante.

      Número: CR-71-32

      Resuelto: 23 de marzo de 1972

      Pascual F. Lanauze Ortiz y José I. Vega Otero, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

José Julián Pagán Pagán fue acusado y con-victo de conducir un vehículo de motor en estado de embria-guez — Sec. 5-801, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (9 L.P.R.A. see. 1041). Fue convicto y sentenciado en 2 de agosto de 1968 a pagar una multa de $250, o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar sin exceder 90 días, más la suspensión de la licencia por un año.

Apunta en apelación que la sentencia es contraria a derecho pues habiendo sido acusado de guiar descuidadamente (9 L.P.R.A. see. 871) dicho vehículo en la misma ocasión, fue absuelto, de manera que el elemento de que el apelante con-ducía dicho vehículo era cosa juzgada. No tiene razón.

Los hechos del caso los resume el Procurador General correctamente, así:

“La testigo Olga Wilma Lillo Torres declaró conocer personal-mente al acusado-apelante y a los familiares de éste ya que todos viven en el mismo barrio. El día de los hechos ella conducía un vehículo Vauxhall de su propiedad por la carretera de Ponce a Juana Díaz, cuando el acusado-apelante discurría por el carril izquierdo en otro vehículo y trató de introducirse en el espacio entre el vehículo de la declarante y el que le precedía, provocando con ello un choque donde hubo varios lesionados. La testigo identificó positivamente al apelante como conductor del vehículo que chocó con el de ella. El acusado-apelante se apeó del vehículo que conducía y dirigiéndose a la declarante usó lenguaje soez; despedía fuerte olor a licor y se tambaleaba. Cuando llegó la Policía, el acusado-apelante se le ‘alzó’ al agente y le dijo a su padre que le diera al policía el dinero que le pidiera para que éste le sirviera de testigo.

El policía Ervin Toucet investigó el caso. Dijo conocer al acusado. Al investigarlo en relación con el accidente notó despe-día fuerte olor a licor. Hablaba incoherentemente y lo llevó a tomarle una muestra de sangre. Declaró que un hermano del acusado-apelante de nombre Radamés Pagán le pidió que lo pusiera a él como conductor.

Se estipuló entre el fiscal y la defensa que la muestra de sangre tomada al acusado-apelante dio .19 por ciento de alcohol por peso.

La prueba de la defensa fue al efecto de que el acusado no conducía el vehículo envuelto en el accidente relatado y que quien lo conducía era Radamés Pagán.

El juez de instancia, al apreciar la prueba creyó la del fiscal y declaró al apelante culpable del delito imputado. El día 29 de julio de 1968 fue llamado el caso para el acto de dictar sentencia, pero a moción de la defensa, la lectura de sentencia fue pospuesta para el día 2 de agosto en cuya fecha el apelante planteó que como resultado del mismo accidente, él había sido acusado de conducir temerariamente el vehículo de motor envuelto, siendo enjuiciado en el Tribunal de Distrito y absuelto, por sentencia del 27 de junio de 1968.

En su defensa alegó que al absolvérsele de conducir temera-riamente se adjudicó que él no conducía el vehículo envuelto en el accidente que se le imputaba. El tribunal de instancia rechazó el planteamiento y procedió a la imposición de sentencia conde-nando al acusado a pagar una multa de $250.00 o en su defecto cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar sin exceder de noventa (90) días. Decretó asimismo la suspensión de la licencia de conductor del acusado por el período de un año a partir de dicha fecha.”

Es necesario añadir, sin embargo, que en el tribunal de instancia, el día 29 de julio de 1968, en el momento que se iba a dictar la sentencia, la defensa planteó la cuestión de cosa juzgada. Solicitó se citase al juez Blaimayar Ferrara con el expediente del caso visto ante él. Continuada la vista en 2 de agosto de 1968, admitió el tribunal una estipulación de las partes al efecto de que el caso de conducir descuidadamente se vio ante el juez de distrito, Hon. Juan Blaimayar Ferrara quien se reservó el fallo, luego de visto el caso en 5 de junio de 1968. La sentencia absolutoria se dictó en este caso en 27 de junio de 1968. El tribunal permitió que el Juez Blaimayar testificara que “... Radamés Pagán ... declaró... que él era el que venía guiando el automóvil y que no lo conducía José Julián Pagán Pagán ....”; que “Dentro de la discreción judicial le di el valor que ameritó ese testimonio, a los efectos de que así lo creí, así, y así pronuncié el fallo ....”; que “El fallo fue absolutorio en lo que respecta al acusado José J. Pagán.”

La Regla 64 (f) de las de Procedimiento Criminal dispone que la moción para desestimar la acusación o la denuncia podrá basarse, entre otros fundamentos, en

ii

(f) Que la causa, o alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y lugar del fallo anterior(Énfasis nuestro.)

De acuerdo con la doctrina expuesta en Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 560-561 (1945), se trata en el caso que nos ocupa de la aplicación del estoppel colateral pues se presenta la sentencia en el caso de conducir descuidadamente no como impedimento a la sentencia en el caso que nos ocupa sino como estoppel colateral sobre el principio de que la cuestión de hecho de quién conducía el vehículo fue suscitada y determinada en el caso de conducir descuidadamente de manera que no puede después disputarse entre las mismas partes. Entendemos, sin embargo, que bajo esta doctrina, y en armonía con lo que dispone el inciso (f) de la referida Regla 64, para que opere el estoppel colateral, la determinación de hecho ha debido hacerse en una sentencia anterior. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971); Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 442-444 (1970).

En este caso, el fallo de convicción se dictó en 14 de junio de 1968. La sentencia en este caso se dictó en 2 de agosto de 1968. El fallo absolutorio en el caso de conducir descuidadamente fue dictado en 27 de junio de 1968, o sea, trece días después del fallo condenatorio en el caso ante nos. De manera que cuando el juez apreció la prueba y concluyó que el apelante manejaba el vehículo en este último caso, no se había determinado en forma alguna la cuestión de quién lo conducía al ocurrir el accidente que motivó ambas causas. En consecuencia, la subsiguiente determinación en contrario y al efecto de que no lo conducía el apelante sino que lo conducía su hermano Radamés no podía operar como estoppel colateral en el caso ante nos.

Debe confirmarse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en £ de agosto de 1968.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       "9 L.P.R.A., sec. 871, Art. 2, sec. 5-201, Ley de Vehículos y Tránsito, que en lo pertinente dispone:
      ‘Toda persona que conduzca un vehículo de motor de manera des-cuidada y atolondrada, despreciando desconsideradamente los derechos y la seguridad de otras, o sin el debido cuidado y circunspección, o de una manera que ponga o pueda poner en peligro las vidas o propieda-des, o que mediante el manejo negligente de un vehículo de motor causare daño a otra persona, será culpable de conducción temeraria.’ ”


author: per CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jaime de Jesús Rosado, acusado y apelante.
    Número: CR-71-90
    Resuelto: 23 de marzo de 1972

      Rosa Nilda Ponce Cancel, abogada del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón Velazquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per CURIAM:

El apelante fue acusado de poseer, conducir y transportar ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente una navaja de seguridad conocida como “Gem” en ocasión de usarla no como instrumento propio de su arte, deporte, pro-fesión, ocupación y oficio. Además fue acusado de robo. La prueba testifical demostró que cortó a un individuo en un brazo con dicha navaja, hecho que el apelante admitió en con-trainterrogatorio; que el apelante, junto con otros, sujetaron al lesionado y a la fuerza le extrajeron la cartera con cin-cuenta dólares.

El jurado lo encontró culpable de la infracción al Art. 4 de la Ley de Armas. Se retiró a deliberar con respecto al otro delito imputado. En ese momento la defensa planteó la cues-tión de derecho de que “la denuncia del Art. 4 de la Ley de Armas no imputa delito.” Dejado pendiente el planteamiento, regresó el jurado y rindió un veredicto de culpabilidad del de-lito de acometimiento y agresión grave con circunstancias agravantes.

En cuanto al anterior planteamiento de que la acusación no imputa delito, el juez de instancia lo consideró tardío y consideró, además, que “todo defecto en la alegación de la acusación fueron subsanados por la prueba.” Condenó al ape-lante a la pena de un año de cárcel por el delito menos grave de la infracción a la Ley de Armas, y a la pena de dos años de cárcel por el delito de acometimiento y agresión grave, que es un delito menos grave.

— Apunta el apelante que el tribunal de instancia inci-dió al condenarle por la infracción a la Ley de Armas pues la acusación correspondiente no imputa delito.

En Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969), hicimos claro que es requisito ineludible del debido procedimiento de ley que la acusación contenga los hechos del delito que se im-puta al acusado. La prueba no subsana la ausencia en la acu-sación de los elementos esenciales del delito. Véanse, Pueblo v. Trinidad Fernández, 93 D.P.R. 897 (1967); Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966); Pueblo v. Fagot, 92 D.P.R. 227 (1965).

En Rodríguez Muñoz v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 360 (1967), dijimos que cuando la acusación o denuncia adole-ciere de algún defecto substancial, bajo la Regla 38(b) de las de Procedimiento Criminal, el tribunal podrá permitir en cualquier momento antes de la convicción o absolución, las en-miendas necesarias para subsanarla. El caso que nos ocupa es de naturaleza distinta. Además, el fiscal no solicitó en mo-mento alguno la enmienda de la acusación.

El Art. 4 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 414), define el delito de que se trata en este caso así: “Toda persona que posea, porte o conduzca . . . incluyendo además las hojas de navajas de afeitar de seguridad y garrotes cuando éstos se sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito publico o en la tentativa de cometerlo,... será culpable de delito menos grave. . . .” (Énfasis nuestro.)

En cuanto a portar o conducir una navaja de afeitar de seguridad el delito consiste en sacarla, mostrarla o usarla en la comisión de un delito público o en la tentativa de cometerlo. En la acusación, meramente se alegó que el apelante usó la navaja no como instrumento propio de su arte, deporte, pro- fesión, ocupación u oficio. No se alegó o describió delito pú-blico alguno en que la sacare, mostrare o usare. Es evidente, pues, que la acusación en este caso no imputa delito alguno.

Por lo tanto, la sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar dictarse otra ordenando la desestimación de la acusa-ción del delito de infracción al Art. 4 de la Ley de Armas.

2. — Apunta el apelante que la pena impuesta por el delito de acometimiento y agresión grave, debe reducirse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971. Tiene razón. A esos efectos, debe devolverse el caso al tribunal de instancia para que se modifique dicha pena de acuerdo con los términos de la referida ley.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
    Santos Rodríguez et al., demandantes y recurridos, v. Alfredo Sáez Rodríguez et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-67-232

      Resuelto: 24 de marzo de 1972

      Agrait Oliveras & Otero, abogados de los recurrentes; Ángel Manuel Ciordia, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

El accidente que dio origen a este pleito ocu-rrió el último día del año 1959. El juicio se celebró en agosto de 1964. Se falló en junio de 1967. Es un caso sencillo en sus hechos.

Pasadas las seis y media de la tarde un automóvil público que se dirigía de la Central San Vicente al pueblo de Vega Baja tuvo un accidente con una guagua comercial propiedad de la Destilería Serralíés y que de Mayagüez se dirigía a San Juan. El conductor del vehículo público murió en el accidente. Otros' pasajeros resultaron heridos, entre ellos un hijo del conductor. Radicaron demanda para resarcirse. El accidente ocurrió frente a la entrada que tiene Vega Baja por la calle Tulio Otero. La carretera donde ocurre el accidente consiste de un carril que discurre hacia Mayagüez y otro que discurre hacia San Juan. La versión de los hechos según la parte de-mandante, hace responsable a la demandada. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda. Al así hacerlo hizo suya en su totalidad la versión de los demandantes.

De acuerdo con los demandantes, y según dictaminó el juez sentenciador, el automóvil público, un Plymouth, dis-curría en dirección de San Juan a Arecibo e iba a doblar a su izquierda para entrar a Vega Baja por la calle Tulio Otero. En dirección contraria venía la guagua de la Destilería Serra-llés. El conductor del automóvil Plymouth detuvo la marcha y paró su vehículo un poco inclinado hacia su izquierda, sin cruzar la línea blanca que divide los dos carriles de la carre-tera, para permitir que la guagua comercial pasara. Dio el cambio de luces. La guagua comercial era conducida “a velo-cidad exagerada y corría además por el medio de la carretera, o sea, sobre la línea blanca [que divide la carretera] invadiendo de este modo parte del carril que le correspondía al conductor del automóvil Plymouth y donde éste había detenido su auto-móvil para permitir el paso de la guagua antes de él, el conductor del Plymouth cruzar hacia la calle Otero.” “Cuando la guagua se acercaba el occiso exclamó ‘¡Ahí viene ese fan-tasmal’,; instantes después de producirse la exclamación la guagua impactó violentamente el automóvil Plymouth.” Con-cluye además el juez de instancia que la “guagua conducida por el codemandado Sáez embistió contra la parte frontal iz-quierda del automóvil Plymouth con tal fuerza que arrastró éste hacia el carril contrario, o sea, el carril de la izquierda, que es el que correspondía a la guagua comercial de Sáez, el codemandado, atravesándolo en dicho carril quedando la gua-gua incrustada en el frente del automóvil Plymouth y gran parte de su carrocería, incluyendo sus ruedas traseras, en el paseo de la carretera; es decir, el que conduce de Vega Baja hacia San Juan quedó bloqueado totalmente por ambos vehículos.”

El juez funda sus determinaciones principalmente en la declaración del Teniente Pantojas, que investigó el accidente y declaró sobre lo que allí vio.

Sobre esto expresa el juez:

“El sargento de la policía Juan Pantojas García se persona al sitio del accidente a hacer la investigación de rigor. Eran aproxi-madamente las 6:45 P.M. En su inspección ocular encontró, y el Tribunal hace suya esta versión:
(a) partículas de vidrio pegadas en el centro de la carretera;
(b) un corte u hoyo en el pavimento o brea a seis pulgadas de la línea blanca en el carril donde estaba parado el carro del occiso de donde arranca una huella sobre el área de rodaje que venía a morir precisamente debajo de la rueda izquierda delan-tera en el sitio donde quedó finalmente el Plymouth después del impacto;
(c) el aro de dicha goma estaba un poco doblado en su pes-taña y tenía fragmentos de bitumul pegados;
(d) había, además, fango y arena alrededor del área donde estaba el corte.
Todas estas circunstancias son demostrativas de que el auto-móvil Plymouth estaba en su carril detenida su marcha en es-pera de poder cruzar hacia la calle Otero al ser embestido por la guagua Chevrolet.”

Según la versión de la demandada, el Plymouth al llegar a la entrada de Vega Baja dobló súbitamente a la izquierda para entrar por la Calle Otero invadiendo el carril de la gua-gua comercial chocando el Plymouth a la guagua.

La demandada presentó el testimonio del conductor de la guagua de nombre Alfredo Sáez, del Juez de Paz Christian Thillet y de otro testigo llamado Rafael Martínez Vázquez.

La parte demandante presentó en evidencia una fotogra-fía tomada por la policía donde aparecen los vehículos según quedaron luego del accidente. Se marcó Exhibit I de los De-mandantes. La demandada presentó en evidencia una foto tomada al otro día, cuando ya los vehículos habían sido movi-dos, con el propósito de que pudieran observarse mejor las averías sufridas por cada uno de los vehículos. Se marcó Exhibit I de la Demandada.

Sin duda, debido al largo tiempo transcurrido desde que se celebró la vista hasta que se falló el caso, el juez de instan-cia confundió estas dos piezas de evidencia y al aquilatar la prueba hizo constar que no le daba crédito a los testigos de los demandados porque según el juez sentenciador ellos habían declarado que la posición de los vehículos después del acci-dente era la que aparecía en la foto presentada por la parte demandada, cuando de la transcripción de evidencia surge que eso no era así.

Expresa el juez sentenciador:

“El Tribunal no da crédito alguno a los testimonios prestados por el demandado Alfredo Sáez Rodríguez, Juez de Paz Christian Thillet y Rafael Martínez Vázquez en el sentido de que la posi-ción de los vehículos después del accidente es como aparece en el Exhibit I del demandado, o sea, el automóvil totalmente fuera del área de rodaje mirando hacia San Juan y la guagua al frente del mismo con su parte delantera en dirección hacia la carretera número dos. Esta versión es increíble e insostenible. El policía que acudió al sitio de los hechos describió la posición de los ve-hículos después del accidente en la forma que se expresa en la conclusión de hecho número nueve que es la misma posición que revela la fotografía marcada como Exhibit I del demandante, que es una fotografía de la policía.
El accidente ocurrió al anochecer y es evidente que la foto-grafía marcada como Exhibit I del demandante fue de noche. Los testigos del demandado Alfredo Sáez, el Juez de Paz Christian Thillet y Rafael Martínez Vázquez, han apoyado sus testimonios, en cuanto a la posición en que quedaron los vehículos, en la foto-grafía que es el Exhibit I del demandado. Resulta por demás ob-vio que tales testigos no deben merecer crédito por cuanto el Exhibit I del demandado es una fotografía evidentemente tomada de día cuando ya los vehículos habían sido movidos y están en una posición distinta a la del Exhibit I del demandante. Hemos exa-minado con detenimiento ambas fotos. Las personas que apare-cen en la fotografía ofrecida por los demandados son personas distintas a las que aparecen en la fotografía presentada por los demandantes. En esta última aparecen los policías investigadores. En la ofrecida por los demandados no aparecen los policías. En la fotografía de los demandados al fondo se ve el follaje y los montes y se advierte una sombra que se proyecta de este a oeste indica-tiva de que el sol brillaba en los momentos en que fue tomada. En la fotografía presentada por los demandantes no hay follaje ni montañas al fondo de los vehículos ni sombra alguna proyectada por el sol; por el contrario, el conjunto de la fotografía demuestra que ésta fue tomada de noche.”

Examinemos primero el testimonio de Alfredo Sáez, conductor de la guagua asegurada. El abogado de la demandada le pregunta sobre la condición del automóvil Plymouth y le muestra la foto que tenía Identificación 2 de la demandada. El juez aclara que no está presentada en evidencia; el abogado de la parte demandante comenta que la foto muestra dónde pusieron los carros después de moverlos y el propio juez aclara que el testigo “Va a relacionar las condiciones de los automóviles después del choque, no la posición.” Se presenta en evidencia y se marca Exhibit I de la Demandada. A una pregunta del abogado de los demandados mostrándole la foto el testigo contesta: “Quedaron exactamente en ese estado.” El juez interviene una vez más y expresa: “La pregunta es que si esa fotografía, el estado de esos automóviles, cómo com-para con el estado de los automóviles, según los vio allí. No la posición sino el estado.” El testigo contesta: “Me referí al contestar en cuanto al estado. Que estaba en esas mismas con-diciones que muestra la fotografía.” Ver T.E. págs. 63-65, Vol. VI.

Tomemos ahora la declaración del Juez de Paz Christian Thillet. El abogado de la demandada le muestra el Exhibit I de los demandantes y le dice que la observe cuidadosamente y entonces le pregunta que cómo comparaba lo revelado en la foto con la posición de los vehículos según observada por él al llegar al lugar del accidente y contesta: “Esa fue la forma en que estaban cuando yo llegué.” T.E. págs. 2-3, Vol. VI. Y a la pág. 25-26 al declarar el otro testigo Rafael Martínez Váz-quez, el abogado le presenta la foto (Exhibit I Demandante) y le hace la misma pregunta y contesta: “Así como está en la foto, así mismo quedaron.”

Vemos pues que no hay base alguna en la declaración de estos tres testigos, para afirmar que ellos declararon que la posición en que quedaron los vehículos después del accidente era la que aparecía en la foto presentada en evidencia por la parte demandada. Expresamente hicieron constar que la po-sición en que quedaron era la que aparecía en la foto presen-tada por la parte demandante.

Como no hay base para la determinación del juez sentenciador de no dar crédito a los testigos de la parte demandada, procede examinar toda la prueba testifical y documental presentada con el propósito de hacer una determinación de cómo ocurrió el accidente.

El juez sentenciador afirma dio especial crédito a la decla-ración del oficial policíaco Pantojas antes transcrita.

En la fotografía presentada por la propia parte deman-dante (Exhibit I Demandante) no aparece el aro doblado y tampoco se ve la “huella sobre el área de rodaje que venía a morir precisamente debajo de la rueda izquierda delantera en el sitio donde quedó finalmente el Plymouth después del im-pacto.”, a que hace referencia el Sargento Pantojas.

Es interesante notar que este testigo, al declarar ante el fiscal a raíz del accidente, no le mencionó estas observaciones. Es más de un año después de ocurrido el accidente que hace referencia a ellas en una deposición que le tomó la propia parte demandante y que luego repitió en el juicio. Al pregun-társele por qué no le había informado sobre esas observaciones al fiscal, contestó que no se le había preguntado. Confrontado con un informe rendido a raíz del accidente donde expresaba que el Plymouth “al llegar al sitio de los hechos dobló súbita-mente a la izquierda para entrar por la calle Tulio López Ra-mírez invadiendo el carril del auto dos [guagua comercial] que corría en dirección contraria — Oeste a Este — chocando ambos vehículos con los resultados antes expuestos” explicó que en esa ocasión sólo había interrogado al conductor de la guagua comercial. Todas estas circunstancias nos hacen concluir que no merece crédito alguno su testimonio.

En la determinación de hechos Núm. 4 el juez afirma que el conductor de la guagua comercial “testificó que el día de los hechos se había dado el ‘palo’, o sea había ingerido licor.” Nada hay en la deposición prestada por Alfredo Sáez, conductor de la guagua comercial, ni en el testimonio prestado en corte de lo cual puede inferirse que éste admitió que había in-gerido licor el día del accidente.

El juez de paz que estuvo en el sitio junto con el Sargento Pantojas declaró que los cristales rotos aparecían al lado iz-quierdo de la carretera. Declaró que “esos residuos de cris-tales y sucio estaban a la derecha, digo, concentrados en la derecha viniendo de Manatí hacia Vega Baja, o sea a la iz-quierda de Vega Alta hacia Vega Baja, ahora había más restos dispersos pero la mayor parte estaba entre la línea blanca, hacia la izquierda.”

Este testimonio y un examen de las fotografías presentadas en evidencia nos hace llegar a la conclusión que el accidente ocurrió en la forma que lo relata la prueba de la demandada. Es evidente que la guagua comercial fue impactada por la parte izquierda delantera, pero recibiendo el impacto de lado. El Plymouth demuestra el impacto completamente de frente y la forma en que quedaron los vehículos según el Exhibit I de la demandante así lo confirma.

Procede por lo tanto revocar la sentencia recurrida y dic-tar otra declarando sin lugar la demanda.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández no intervino al igual que el Juez Asociado, . Señor Martínez Muñoz.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Comisionado de Seguros de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Lucas F. Serbiá Córdova, Juez, demandado; Caribbean Insurance Company, interventora.

      Número: O-71-197

      Resuelto: 3 de abril de 1972

      Gilberto Gderbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procura-dor General Auxiliar, abogados del peticionario; Elmer Toro

      Luchetti e Isaías Rodríguez Moreno, abogados de la inter-ventora.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si estando pendiente un caso sobre pro-cedimiento de cobro (liquidación) iniciado por el peticionario contra la interventora en el cual se autorizó a ésta a continuar sus operaciones mientras se ventilaba dicha causa, puede el peticionario proceder administrativamente en contra de la in-terventora y ordenarle paralizar sus operaciones debido a varias actuaciones suyas que el peticionario concluyó que cons-tituyen violaciones del Código de Seguros. Creemos que puede cuando se trate de hechos no cubiertos o en controversia en el referido caso.

Además, debemos determinar si la suspensión de los efec-tos de la orden del peticionario constituyó un ejercicio sano y adecuado de la discreción judicial. Concluimos que no y que por lo tanto debe devolverse el caso al tribunal de instancia para que determine si debe o no suspenderse dicha orden mientras se tramita la apelación de la misma, a la luz de los criterios que exponemos a continuación.

Los hechos pertinentes, para un entendimiento de las an-teriores cuestiones, se resumen así:

En el caso Núm. 69-2844, sobre Procedimiento de Cobro (liquidación), radicado por el peticionario contra la interven-tora se expidió por el tribunal de instancia una orden en 19 de mayo de 1969 autorizando a la interventora a continuar su gestión de negocios. De esta orden se recurrió en certiorari a este tribunal el cual por su resolución de 28 de octubre de 1969 dispuso que dicho recurso no procedía.

En 19 de junio de 1970, el peticionario citó a la interven-tora para que compareciera a mostrar causa por la cual no debía imponerle sanciones debido a determinadas violaciones de disposiciones del Código de Seguros. Recurrió la interven-tora, dentro del caso Núm. 69-2844, al tribunal de instancia, para impugnar la facultad del peticionario para celebrar la vista sobre las referidas alegadas violaciones. En 13 de julio de 1970 el Hon. Armindo Cadilla Ginorio dispuso por resolu-ción . . que el Comisionado de Seguros estaba y está facul-tado para expedir la orden que expidió en 19 de junio de 1970 . . . en relación con hechos que hayan ocurrido con pos-terioridad a aquellos sometidos al Comisionado Especial en el presente caso, o que ocurridos antes, no sean los mismos some-tidos al Comisionado Especial en este caso.” (Énfasis nues-tro.) De esta resolución no se recurrió.

Celebradas las vistas administrativas relacionadas con las referidas alegadas violaciones del Código de Seguros, concluyó el peticionario en 15 de septiembre de 1970 que la interven-tora había incurrido en determinadas violaciones y en tal virtud revocó todo certificado de autoridad expedido por el Comisionado a la interventora por cinco años; le prohibió llevar a cabo gestiones o transacción alguna de negocios a su nombre o por su orden; y resolvió que la interventora no podrá disponer, pignorar, empeñar, gravar o enajenar en forma alguna activos en su poder o que vengan a su poder en el futuro pertenecientes o en relación con el negocio de la interventora.

De la anterior determinación del peticionario apeló la interventora al Tribunal Superior, en 25 de septiembre de 1970. En 21 de octubre de ese mismo año radicó una moción solicitando la paralización y suspensión de los efectos de la anterior resolución del peticionario en lo que se resuelve sobre los méritos de dicha moción y en lo que se resuelve en forma final el caso 69-2844.

En 3 de noviembre de 1970 el magistrado Serbiá dictó resolución suspendiendo la resolución del peticionario de 15 de septiembre de 1970 “en lo que el tribunal resuelve en defini-tiva sobre todo lo relacionado con la moción del apelante del 21 de octubre de 1970.” En 29 de junio de 1971 el referido magistrado dictó resolución que, entre otras providencias, dis-pone que: “En tanto se sustancia y se decide el presente caso se decreta la suspensión para todo efecto legal de la resolución del recurrido de 15 de septiembre de 1970, objeto de revisión.” Además, dicha resolución reprodujo determinados pronuncia-mientos del caso 69-2844 que autorizaba a la interventora a continuar sus negocios, y añadió que .. La recurrente Caribbean Insurance Company queda autorizada, hasta entonces, para continuar su gestión de hacer negocios en el expendio de fianzas civiles y criminales, sin que deba permitirse interven-ción alguna en contrario.”

En apoyo de este recurso, el peticionario apunta que el tribunal de instancia incurrió en varios errores, apuntamien-tos que analizamos a continuación.

1. — Apunta el peticionario que el tribunal de instancia incidió al suspender' la resolución administrativa en lo que se resuelve la apelación, sin hacer conclusiones de hecho y de derecho sobre la existencia o no de los factores que deben regir esta controversia y al no balancear adecuadamente el interés privado de la interventora y el interés público y darle el peso debido a las conclusiones del peticionario.

De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Seguros, (Art. 2.260, incisos 8 y 4; 26 L.P.R.A. see. 226 Sup. 1972) la apela-ción radicada en este caso contra la determinación del peti-cionario de 15 de septiembre de 1970 que ordenó la suspensión de los negocios de la interventora, suspendió los efectos de dicha determinación por 30 días a partir de la fecha de la radicación de dicha apelación pudiendo extenderse este período, a petición de la parte afectada, previa vista de la cual se dará aviso con 10 días de anticipación al peticionario y al Secretario de Justicia para que éstos puedan oponerse a dicha prórroga. Es decir, la concesión de la referida prórroga es discrecional en el tribunal.

El estatuto federal (sección 10(d)) del Administrative Procedure Act, 5 U.S.C.A. sec. 705, sólo dispone para la sus-pensión de una acción administrativa por el tribunal al cual se recurre de la misma . . Bajo aquellas condiciones que se requieran y en los extremos necesarios para impedir daño irreparable, . . . Sin embargo, los tribunales federales han establecido que a los fines de ejercer su discreción al resolver sobre tales solicitudes de suspensión los tribunales deben tomar en consideración las siguientes condiciones:

(1) La posibilidad de que el peticionario (en el caso que nos ocupa, la interventora) pueda prevalecer en cuanto a los méritos de la apelación.

(2) Daño irreparable a la referida parte a menos que se conceda la suspensión.

(3) Ausencia de daño sustancial a otras partes interesa-das.

(4) Ausencia de daño al interés público. Baggett Transportation Co. v. Hughes Transportation, Inc., 393 F.2d 710, 717 (8th Cir. 1968); Southern Ry. Co. v. Brotherhood of Locomotive Fire. & Eng., 384 F.2d 323, 329 (D.C. Cir. 1967); Brotherhood of Ry. & S.S. Clerks, etc. v. National Med. Bd., 374 F.2d 269, 273 (D.C. Cir. 1966); Unglesby v. Zimny, 250 F.Supp. 714, 716 (D.C. Cal. 1965); Covington v. Schwartz, 230 F.Supp. 249, 252 (D.C. Cal., 1964); Armour and Company v. Freeman, 304 F.2d 404, 406 (D.C. Cir. 1962); The Liberty Nat. Bank and Trust Co. of Oklahoma City v. Board of Governors, 312 F.2d 393 (10th Cir. 1962); Associated Securities Corp. v. Securities & Exch. Com’n, 283 F.2d 773, 774-775 (10th Cir. 1960); Virginia Petroleum Job. Ass’n v. Federal Power Com’n, 259 F.2d 921, 925 (D.C. Cir. 1958).

Arguye el peticionario que al no demostrar la interventora la existencia de dichas condiciones en la vista sobre su solicitud de prórroga de la suspensión de la determinación administrativa, el tribunal abusó de su discreción al prorrogar la referida suspensión.

El citado Art. 2.260 del Código de Seguros no establece condición alguna de modo expreso. Por lo tanto, las condiciones que han de mover la discreción judicial! tienen que ser establecidas por la propia rama judicial a menos que haya de ejercitarse tal discreción sin criterio informado, situación que, a nuestro juicio, no se justifica en esta área ya que la referida discreción ha de ser ejercitada en armonía con el espíritu del estatuto y de manera que contribuya y no derrote los fines de la justicia. Véanse, King v. Mitchell, 214 P.2d 993 (Ore., 1950); Snyder v. Consolidated Highway Co., 72 P.2d 932 (Ore. 1937).

De acuerdo con el Art. 2.260 del Código de Seguros, a los fines de ejercer el tribunal su discreción en cuanto a extender la suspensión de una actuación del peticionario de la cual se recurre al tribunal, éste “. .. deberá oir, no solamente las ale-gaciones del apelante sino, también, los fundamentos del Comisionado de Seguros, para oponerse a que se deje sin efecto su actuación, proveyéndosele esa oportunidad mediante la celebración de una vista.” (Énfasis nuestro.)

De lo expuesto concluimos que las cuatro condiciones previamente relacionadas deben tomarse en consideración en esta jurisdicción en situaciones como la que nos confrontamos en este caso por las siguientes razones:

(a) La vista provista por el Art. 2.260 del Código de Seguros para considerar los fundamentos que tengan el peti-cionario y el Secretario de Justicia para oponerse a la suspen-sión de la actuación administrativa de aquél, necesariamente tiene como propósito dar debida consideración al interés público al ejercer la discreción judicial ya que el negocio de seguros está investido de un substancial interés público siendo el peticionario el funcionario encargado de salvaguardarlo. Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21, 29 (1969); Comisionado v. Anglo Porto Rican, 97 D.P.R. 637, 640 (1969); Maryland Cas’y. Co. v. San Juan Rac’g. Assoc., Inc., 83 D.P.R. 559, 563 (1961).

(b) La suspensión de la actuación administrativa del peticionario es un remedio extraordinario en una materia in-vestida de un interés público sustancial, por lo que dicha sus-pensión sólo se justifica cuando existe una base razonable para creer que el apelante ha de prevalecer en la apelación. South P.R. Sugar Co. v. Corte, 62 D.P.R. 841, 849-850 (1941); White Star Bus Line v. Corte, 52 D.P.R. 837, 842, 846 (1938).

(c) La orden paralizando los efectos de la resolución administrativa no debe dictarse tampoco si no se demuestra que el peticionario sufriría daño irreparable, ya que se trata de una dispensa de los efectos ordinarios que el estatuto atribuye a la orden administrativa. La posibilidad de que existan otros remedios en etapas posteriores para la adecuada compensación del perjudicado es un factor de peso en contra de una alega-ción de daño irreparable. Una mayor probabilidad de que el apelante prevalezca en los méritos puede hacer suficiente un daño que de otro modo no lo sería. Véanse los casos de South P.R. Sugar Co., supra; White Star Bus Line, supra; y Virginia Petroleum Job. Ass’n, v. F.P.C., a la pág. 925, supra.

(d) Como última consideración, en vista de que la parali-zación representa un dictamen en equidad, debe determinarse si ha de ocasionar perjuicio substancial a otras partes intere-sadas en los procedimientos. Virginia Petroleum Job. Ass’n, supra, a la citada pág. 925.

(e) Al adoptar las referidas condiciones para el ejercicio de la discreción judicial al determinar si se paraliza el efecto de una resolución administrativa, no se está violentando la disposición estatutaria. Véase, Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112 (1964).

2. — Apunta la interventora que este recurso es prematuro pues la cuestión que presenta está planteada ante el tribunal de instancia en una moción de reconsideración radicada por el peticionario.

Dijimos en Autoridad Fuentes Fluviales v. Corte, 65 D.P.R. 935, 937-938 (1946), que el que se solicite del tribunal de instancia que reconsidere la resolución que se interesa revisar por certiorari no es de por sí importante; que “.. . Lo que es importante es que se brinde a la corte inferior una oportunidad adecuada de resolver la cuestión que se desea plantear en el recurso de certiorari.... Si la corte ha tenido esa oportunidad huelga la moción de reconsideración. Si la corte no ha tenido esa oportunidad, y la moción de reconside-ración no se la brinda, nada se gana con hacerla.”

El récord demuestra que el planteamiento que hemos con-siderado se le hizo al tribunal de instancia en un memorán-dum del peticionario de 17 de marzo de 1971 de manera que dicho tribunal al dictar su resolución de 29 de junio de 1971 tuvo oportunidad adecuada para considerar el planteamiento en cuestión. De manera que no podemos considerar este re-curso como prematuro.

3. — Apunta el peticionario que incidió el tribunal al ampa-rarse en las decisiones de un pleito independiente en el cual están envueltas cuestiones de hecho y de derecho distintas.

En la resolución recurrida sé reproducen unas órdenes dictadas en el caso Núm. 69-2844 que en síntesis autorizan a la interventora a continuar su gestión de negocios hasta que se resolviera en definitiva dicho caso. Aparentemente el ma-gistrado Serbiá, del tribunal de instancia, entendió que dichas órdenes le obligaban al determinar en este caso si se debía suspender o no la actuación administrativa de manera que la interventora pudiese continuar su actividad mercantil.

Se trata, sin embargo, de procedimientos distintos. El caso Núm. 69-2844 se refiere a una liquidación de la interven-tora por alegadas deficiencias económicas de ésta. En el caso que nos ocupa se trata de distintas violaciones del Código de Seguros, no de dificultades económicas. Específicamente el peticionario concluyó que la interventora no rindió los informes referentes al estado anual de su situación económica, no satisfizo el pago de una factura de gastos de investigación y examen de sus libros, y obligó a sus asegurados a recurrir a los tribunales para el pago de sus legítimas reclamaciones. Por lo tanto, los fundamentos que pudieron servir para per-mitir a la interventora continuar su gestión de negocios en el procedimiento de liquidación pueden no ser suficientes en este procedimiento en vista de los criterios que deben informar el ejercicio de la discreción judicial en estos casos y en vista de las diferencias entre el procedimiento aquí envuelto y el de liquidación.

El hecho de que la interventora haya estado haciendo negocios en virtud de una orden del Tribunal Superior en el procedimiento de liquidación referido y no en virtud de una licencia expedida por el Comisionado en modo alguno altera el análisis hecho. Una conclusión contraria privaría -al Comi-sionado de Seguros de la jurisdicción primaria que sobre tales actividades tiene.

En vista de lo expuesto, se dejan sin efecto las resoluciones del tribunal de instancia emitidas en este caso en 3 de noviem-bre de 1970 y 29 de junio de 1971 y se (devuelve él caso a dicho tribunal para que considere la moción de la interventora soli-citando la prórroga de la suspensión del dictamen del peti-cionario de 15 de septiembre de 1970 en armonía con lo aquí previamente expuesto. En vista de las circunstancias del caso, la vista de la referida moción debe celebrarse, y la moción resolverse, con la mayor prontitud.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Martín, no intervinieron.

         El peso de la prueba recae sobre'la parte promovente. Associates Securities Corp. v. Securities & Exch. Com’n., supra, a la pág. 775.

       La discreción judicial es un tema poco explorado por los estudiosos. Rosenberg, Judicial Discretion of the Trial Court, Viewed From Above, 22 Syracuse L. Rev. 635 (1971). Véanse, además, Pound, Discretion, Dispensation and Mitigation: The Problem of the Individual Special Case, 35 N.Y. U. L. Rev. 925 (1960); Davis, Discretionary Justice, A Preliminary Inquiry (1969).

       Son estos casos de dispensa los que mayormente levantan cuestiones de abuso de discreción. Pound, supra, a la pág. 933.

       Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico, Diario de Sesiones, Vol. 22, Parte 3, pág. 1415, Sesión Ordinaria (1968).

       Véanse, además, Frankfurter, Some Reflections on the Reading of Statutes, 47 Colum. L. Rev. 527 (1957) ; Castán, La Formulación Judicial del Derecho, 2da. Ed. (1954).

       Así se desprende de la Transcripción de Evidencia de dicho caso, radicado por la interventora como Exhibit 14. Véase, además, Couch, On Insurance, 2d; vol. 2, sec. 22.51, a la pág. 735.

       El Art. 2.030, inciso 3, del Código de Seguros (26 L.P.R.A. see. 203), dispone que:
      . “(3) El Comisionado podrá llevar a cabo las investigaciones e inspec-ciones que considere convenientes para determinar si una persona ha violado cualquier disposición de este título o para obtener información útil a la administración legal de cualquier de dichas disposiciones.” Véanse Arts. 2.220-2.260 (26 L.P.R.A. sees. 222-226).